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El veredicto de Donald Trump sobre Jamal Khashoggi https://www.nytimes.com/es/2018/11/24/opinion-chappatte-trump-khashoggi/

Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump The New York Times tomó la decisión inusual de publicar una columna de opinión anónima. Lo hicimos así a petición del autor, un funcionario de alto rango en el gobierno de Donald Trump cuya identidad conocemos y cuyo empleo estaría en riesgo por divulgar su nombre. Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores. El presidente Trump enfrenta un desafío a su mandato como el que ningún otro líder estadounidense moderno ha enfrentado. No se trata solamente del alcance que la investigación del fiscal especial pueda tener. O que el país esté terriblemente dividido sobre el liderazgo de Trump; ni siquiera que su partido pueda perder la Cámara de Representantes ante una oposición empeñada en derrocarlo. El dilema —que él no comprende del todo— es que muchos de los funcionarios de alto rango en su propio gobierno trabajan con diligencia desde dentro para frenar partes de su programa político y sus peores inclinaciones. Lo sé bien, pues yo soy uno de ellos. Para ser claros, la nuestra no es una “resistencia” popular de izquierda. Queremos que el gobierno tenga éxito y pensamos que muchas de sus políticas ya han convertido a Estados Unidos en un país más seguro y más próspero. No obstante, creemos que nuestro deber primordial es con este país, y el presidente sigue actuando de una manera que es perjudicial para el bienestar de nuestra república. Es por eso que muchos de los funcionarios que fuimos designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y, al mismo tiempo, contrarrestar sus impulsos más equivocados hasta que deje el cargo La raíz del problema es la falta de moral del presidente. Cualquier persona que trabaje con él sabe que no está anclado a ningún principio básico discernible que guíe la forma en que toma decisiones. Aunque fue electo como republicano, el presidente muestra poca afinidad hacia los ideales adoptados desde hace mucho tiempo por los conservadores: libertad de pensamiento, libertad de mercado y personas libres. En el mejor de los casos, ha invocado esos ideales en ambientes controlados; en el peor, los ha atacado directamente. Además de la mercadotecnia masiva que hace a la noción de que la prensa es el “enemigo del pueblo”, los impulsos del presidente Trump generalmente están en contra del comercio y de la democracia. No me malinterpreten. Hay puntos brillantes que la casi incesante cobertura negativa del gobierno no ha captado: desregulación efectiva, una reforma fiscal histórica, un Ejército fortalecido, entre otros. Pero estos éxitos han llegado a pesar del —y no gracias al— estilo de liderazgo del presidente, que es irreflexivo, conflictivo, mezquino e ineficaz. Desde la Casa Blanca hasta los departamentos y las agencias del poder ejecutivo, los funcionarios de alto rango admitirán en privado su desconfianza diaria ante los comentarios y las acciones del comandante jefe. La mayoría está trabajando para aislar sus impulsos de sus caprichos. Las reuniones con él se descarrilan y se salen del tema, él se involucra en diatribas repetitivas y su impulsividad deriva en decisiones a medias, mal informadas y en ocasiones imprudentes, de las que posteriormente se tiene que retractar. “En verdad no hay manera de saber si cambiará de opinión de un minuto a otro”, se quejó hace poco ante mí un alto funcionario, exasperado por una reunión en el Despacho Oval en la que el presidente realizó cambios en una importante decisión política que había tomado solo una semana antes. La conducta errática sería más preocupante de no ser por los héroes anónimos en y alrededor de la Casa Blanca. Algunos de sus asistentes han sido tildados como villanos por los medios pero, en privado, han hecho grandes esfuerzos para contener las malas decisiones en el Ala Oeste, aunque claramente no siempre tienen éxito. Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadounidenses deberían saber que hay adultos que se hacen cargo. Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo y tratamos de hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hace. El resultado es una presidencia de dos vías. Por ejemplo, la política exterior. En público y en privado, el presidente Trump exhibe una preferencia por los autócratas y dictadores, como el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong-un, y muestra poco aprecio por los lazos que nos unen con naciones aliadas que tienen una forma similar de pensamiento. Sin embargo, quienes son observadores han notado que el resto del gobierno opera por otro camino, uno en el que países como Rusia son denunciados por su injerencia y son sancionados apropiadamente, y en el que los aliados alrededor del mundo son considerados como iguales, no ridiculizados como rivales. Por ejemplo, sobre Rusia, el presidente se mostró reacio a expulsar a muchos de los espías de Putin como castigo por el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. Se quejó durante semanas de que altos miembros del gabinete lo dejaban atrapado en más confrontaciones con Rusia y expresó frustración por el hecho de que Estados Unidos continuara imponiendo sanciones a ese país por su comportamiento maligno. Sin embargo, su equipo de seguridad nacional tenía motivos para hacerlo —dichas acciones tenían que ser tomadas, para obligar a Moscú a rendir cuentas—. Esto no es obra del llamado Estado profundo (deep state) —una teoría de conspiración que afirma que existen instituciones dentro del gobierno que permanecen en el poder de manera permanente—. Es la obra de un Estado estable. Dada la inestabilidad de la que muchos han sido testigos, hubo rumores dentro del gabinete sobre invocar la Enmienda 25, la que daría inicio a un complejo proceso para destituir al presidente. Sin embargo, nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para dirigir el rumbo del gobierno en la dirección correcta hasta que —de una manera u otra— llegue a su fin. La mayor preocupación no es lo que Trump ha hecho a la figura presidencial, sino lo que nosotros como nación hemos permitido que nos haga. Nos hemos hundido con él y hemos permitido que nuestro discurso fuera despojado de la civilidad. El senador John McCain lo dijo de la mejor manera en su carta de despedida. Todos los estadounidenses deberían prestar atención a sus palabras y liberarse de la trampa del tribalismo, con el objetivo mayor de unirnos a través de nuestros valores compartidos y del amor a esta gran nación. El senador McCain ya no está con nosotros, pero siempre contaremos con su ejemplo: un faro que nos guía para restaurar el orgullo en la vida pública y en nuestro diálogo nacional. Trump puede temer a los hombres dignos, pero nosotros debemos venerarlos. Hay una resistencia silenciosa dentro del gobierno compuesta por personas que han decidido poner al país antes que todo. Aunque la diferencia real la harán los ciudadanos comunes que se pongan por encima de la política, quienes se unan con los adversarios y decidan eliminar las etiquetas para portar una sola: la de estadounidenses El autor es un alto funcionario en el gobierno de Trump. https://www.nytimes.com/es/2018/09/05/resistencia-gobierno-trump/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=3&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage

Días de furia en la Casa Blanca por la columna de opinión anónima y la ‘resistencia silenciosa’ WASHINGTON — El presidente Donald Trump buscaba reafirmar el mando de su gobierno el miércoles luego de la divulgación de una “resistencia silenciosa” de algunos de sus propios asesores, quienes en secreto y deliberadamente han tratado de frustrar desde dentro lo que un funcionario definió como sus “decisiones imprudentes”. La lucha surrealista entre Trump y por lo menos algunos miembros de su equipo ha caracterizado su mandato desde el inicio, pero esta semana se dio a conocer públicamente de una manera en la que sembró dudas sobre la capacidad del mandatario para gobernar, y las responsabilidades y deberes de las personas que trabajan para él. El miércoles, The New York Times publicó una columna de opinión sin firma escrita por un funcionario del gobierno que afirma que “héroes anónimos” de su equipo “trabajan con diligencia desde dentro para frenar partes de su programa político y sus peores inclinaciones”. La columna de opinión se publicó un día después del lanzamiento de Fear, el nuevo libro de Bob Woodward, editor asociado de The Washington Post. El volumen divulga los esfuerzos de algunos funcionarios para bloquear de manera subrepticia al presidente cuando creen que puede estar actuando de manera peligrosa. El libro y la columna esbozan un retrato colectivo que sugiere que Trump no está enteramente a cargo de la Casa Blanca, donde está rodeado de asesores que lo consideran tan volátil y temperamental que desaparecen documentos de su escritorio con la esperanza de evitar que emita órdenes precipitadas. Mientras que para sus adversarios esos esfuerzos son heroicos y patrióticos, sus seguidores se quejan de un golpe de Estado virtual que entra en conflicto con la Constitución y la voluntad del pueblo estadounidense. Trump montó en cólera después de leer la columna de opinión, mientras John Kelly, su jefe de Gabinete, y otros funcionarios entraban y salían frenéticamente de la oficina de prensa tratando de buscar cómo responder. Los asesores le dijeron a Trump que se trataba de los mismos soplones que hablaban con la prensa todos los días, pero de inmediato se inició la cacería del autor de dicha columna y se concentró en unos seis nombres. Los asistentes de presidencia mencionaron que suponían que lo había escrito alguien que trabajaba en el gobierno, pero no en la Casa Blanca como tal, aunque no podían estar seguros. Trump lanzó ataques furibundos en eventos públicos y en Twitter. Arremetió contra lo que llamó el “editorial cobarde” del funcionario anónimo y desestimó el trabajo de Woodward al calificarlo como “una absoluta pieza de ficción” que estaba “totalmente desacreditada”. Denunció que eran informaciones de un medio noticioso que ha buscado destruir su presidencia. “No les gusta Donald Trump y a mí tampoco me gustan ellos porque son gente muy deshonesta”, dijo el presidente durante una reunión con alguaciles. Después, Trump publicó un mensaje en Twitter que simplemente decía: “¿TRAICIÓN?”, seguido de otro con el mensaje: “¡Si ese anónimo COBARDE de verdad existe, The New York Times debe, por razones de seguridad nacional, entregarlo al gobierno de inmediato!” El funcionario anónimo, cuya identidad conoce el departamento de la sección editorial del Times, pero no su personal de noticias, describió el liderazgo del presidente como “irreflexivo, conflictivo, mezquino e ineficaz” y citó a los “adultos que se hacen cargo” y se esmeran por evitar el desastre. Quien escribió la columna de opinión relató que en el gabinete se había hablado sobre si se debía invocar la Enmienda 25 para declarar a Trump incapaz de cumplir con sus deberes, pero nadie quiso precipitar una crisis constitucional. “Queremos que el gobierno tenga éxito y pensamos que muchas de sus políticas ya han convertido a Estados Unidos en un país más seguro y más próspero”, escribió. “No obstante, creemos que nuestro deber primordial es con este país, y el presidente sigue actuando de una manera que es perjudicial para el bienestar de nuestra república”. Cuando Trump declaró en Twitter que prohibiría la participación de soldados transgénero en el Ejército, el secretario de Defensa Jim Mattis frenó el asunto e insistió en que primero se analizaría. El senador republicano de Tennessee Bob Corker, crítico de Trump, dijo el año pasado que los asesores del mandatario intentaban evitar que tomara decisiones apresuradas. Apenas el mes pasado se publicó el libro de Omarosa Manigault Newman, una asistente de la Casa Blanca que fue despedida por el jefe de gabinete, John Kelly, quien escribió que un “ejército de personas” estaban “trabajando en silencio” para evitar que el presidente afecte a la nación. “Muchos en este ejército silencioso son de su partido, su gobierno e incluso de su propia familia”, escribió la exasistente Algunas personas leales a Trump dijeron que esto equivale a una toma inconstitucional del poder por parte de miembros del personal que no fueron electos por votación popular. “El problema es que hay personas que asumieron cargos en este gobierno no para servir al país, sino para servirse a sí mismas y, en su mente, proteger al país del presidente, pero esa no es su función”, explicó Corey Lewandowski, exgerente de campaña de Trump que sigue siendo cercano al mandatario. “El pueblo de Estados Unidos votó para que Donald Trump fuera presidente e implementara sus políticas”. La descripción de la gestión de Trump por parte de quien escribió la columna de opinión se refleja también en el recuento de Woodward, así como en reportajes en los últimos veinte meses de muchas organizaciones de noticias y otros autores. “Las reuniones con él se descarrilan y se salen del tema, él se involucra en diatribas repetitivas y su impulsividad deriva en decisiones a medias, mal informadas y en ocasiones imprudentes, de las que posteriormente se tiene que retractar”, escribió en la columna. La sección de Opinión del Times se maneja aparte del departamento de Noticias. Los editores de las columnas de opinión escribieron que tomaron la inusual decisión de publicar una columna sin identificar al autor debido a la importancia del tema. “Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”, escribieron. https://www.nytimes.com/es/2018/09/07/dias-de-furia-en-la-casa-blanca-por-la-columna-de-opinion-anonima-y-la-resistencia-silenciosa/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=2&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage

‘Habla inglés perfecto’: el comentario racial de Trump a un agente fronterizo WASHINGTON — Supuestamente, iba a ser un reconocimiento de la Casa Blanca al heroísmo de los agentes migratorios que ponen su vida en riesgo para proteger a los estadounidenses. Sin embargo, el 20 de agosto, el presidente Donald Trump parecía estar enfocado en otro asunto: la etnicidad de uno de los hombres a los cuales estaba homenajeando. “Habla inglés perfecto”, espetó Trump mientras animaba a Adrián Anzaldúa a que lo acompañara en el podio de la sala este. Anzaldúa es un agente de la Patrulla Fronteriza que forma parte de un binomio canino en Texas. Es estadounidense de origen latino. Hace poco arrestó a un traficante de personas en Laredo, Texas, que intentó ingresar de manera ilegal a 78 personas dentro de un tráiler. “Ven. Quiero preguntarte acerca de esas 78 vidas”, dijo Trump, cuestionando a Anzaldúa. “Salvaste a 78 personas. Así que, ¿cómo te sientes de que haya habido personas en ese tráiler?”. Si Anzaldúa se sintió ofendido, no lo demostró. Él sonrió y caminó hacia el atril, después ofreció un breve recuento de cómo recibió una alerta sobre el tráiler, “hizo correr al perro” para que lo registrara y, posteriormente, abrió el cerrojo para encontrar a “muchos sujetos”. “Fantástico trabajo, qué gran trabajo hizo”, dijo Trump y agregó con tono irónico: “Mañana él anunciará que buscará ser candidato a un cargo público”. Este fue el ejemplo más reciente de cómo el presidente hace comentarios en público con tintes raciales, esta ocasión durante un evento destinado para destacar su difícil postura respecto a la inmigración. Esto sucedió tan solo unos días después de que una exasistente, Omarosa Manigault Newman, afirmó en un libro revelador que Trump había sido grabado cuando usó un término racista para referirse a los afroestadounidenses, una acusación que él ha negado, pero su secretario de prensa no negó por completo. Héctor Garza, un colega de Anzaldúa y quien es el vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza —que respaldó a Trump durante la elección de 2016—, dijo que está orgulloso de su amigo y no consideró negativas las declaraciones del presidente sobre sus habilidades con el idioma. Garza dijo que Anzaldúa tiene un récord espectacular —incluido el premio a mejor perro por detenciones relacionadas con narcóticos—. El propósito expreso de la ceremonia del lunes era honrar a funcionarios y agentes de inmigración, pero Trump la convirtió en un ataque político a los demócratas y argumentó que si quedan en control del Congreso darán entrada al caos y al crimen. El mandatario dijo que aquellos que se han pronunciado a favor de abolir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) son “extremistas de fronteras abiertas”. En un discurso en el que manifestó falsamente que su muro fronterizo estaba en construcción y aludió a récords no especificados que él dijo que su administración había roto respecto al cumplimiento de la ley migratoria, Trump alabó a los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y del ICE como “patriotas increíblemente valientes”. Trump dijo que los demócratas y progresistas que han criticado las tácticas del ICE son débiles y malagradecidos por los sacrificios que los funcionarios de los cuerpos de seguridad realizan para proteger las fronteras del país y retirar a aquellos que violan la ley. “Son personas increíbles; hacen un trabajo excepcional”, dijo el presidente a los agentes uniformados, alguaciles y funcionarios de todo el país. “No son valorados lo suficiente, pero les diré que el 99 por ciento lo entendemos, de verdad, lo entendemos. Los amamos. Siempre estaremos de su lado. Nunca los decepcionaremos”. Trump en repetidas ocasiones se refirió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como “CBC” —es conocida por su sigla CBP—. “El muro se está volviendo más largo y alto y fuerte cada día”, di,jo Trump aunque ninguno de los muros que él solicitó ha sido construido y el Congreso ha prohibido gastar recursos destinados a barreras en la frontera en los prototipos que el presidente ha considerado. “Estamos construyendo el muro, paso a paso, y no es fácil porque tenemos una pequeña oposición llamada los demócratas. Creo que a ellos no les importa el crimen. No les importa el crimen. Es muy triste”. El objetivo de Trump era atacar lo que se ha convertido en un amplio tema de discusión entre legisladores que se oponen a su postura migratoria, particularmente la política de tolerancia cero que ha llevado a la separación de niños migrantes de sus padres. Esos legisladores alzan cada vez más la voz para pedir una renovación del ICE, la agencia encargada de deportar a inmigrantes que enfrentan el proceso de expulsión. Los principales activistas a favor de eliminar al ICE dice que no están interesados en cambiar la ley migratoria o abrir las fronteras de Estados Unidos —aunque algunos liberales sí apoyan esos objetivos—. En vez de eso, argumentan que la reputación del ICE está tan manchada por la crisis de la separación familiar y las políticas de Trump que solo una reorganización drástica puede corregir el rumbo. “Todos estamos de acuerdo en una cosa y esa es que el ICE se ha convertido en un tren sin control que no implementa ni hace cumplir la ley de una manera humanitaria o en la tradición que caracteriza a Estados Unidos”, dijo el representante demócrata por Nueva York Adriano Espaillat, quien ha sido patrocinador de la legislación para desmantelar al ICE y formar una comisión para repensar como una agencia sustituta debería trabajar. Espaillat y otros demócratas de la Cámara de Representantes están a favor de crear dos nuevas agencias para remplazar al ICE como está actualmente constituido: una que vigilaría de manera agresiva actos como tráfico de drogas y de personas; otra que pudiera manejar de manera más estrecha con solicitantes de asilo y otros inmigrantes dentro del país. https://www.nytimes.com/es/2018/08/21/trump-ice-inmigracion/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=2&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage

Así se ha sufrido (y se sufre) el desgaste del rescate a Grecia El país heleno pone fin hoy a ocho años de servidumbre de la Troika, pero la soberanía se conquista sobre una tierra ya muy cansada. Este lunes, 20 de agosto, ha expirado el tercer programa de rescate a Grecia. Eso supone que Atenas se desliga de la Troika y se ve obligada a caminar sin muletas, a autofinanciarse nuevamente, después de haber recibido durante ocho años créditos internacionales para evitar la bancarrota. La alegría por la prueba superada se entremezcla con la incertidumbre: hay buenos números, la curva ascendente es innegable, pero el desgaste ha sido tan brutal que los ciudadanos no tienen fuerzas para cantar victoria ni saben cuándo les vendrán, de nuevo, mal dadas. No se fían, así que mejor no celebrar. Los ingresos se han reducido un cuarto en los hogares griegos, el paro ha llegado a cotas del 25% en estos años, las pensiones se han rebajado una quincena de veces, unos 400.000 jóvenes talentos se han marchado en busca de un futuro mejor... Sobre tierra arrasada toca recomponerse. Cómo están ahora las cosas Las esperanzas en Grecia son tímidas, pero esperanzas son, al fin y al cabo. Se han sucedido tres rescates desde 2010 y, 289.000 millones de euros después, ya no hay que pedir más dinero a los acreedores (la santísima trinidad compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). Casi todo el dinero recibido ha ido destinado a pagar deuda, pero aún queda un pequeño colchón de 24.100 millones de liquidez en el que el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras (Syriza) confía para poder avanzar sin sobresaltos. Ese margen de caja es el equivalente a lo que necesita el país en 22 meses. Atenas ha recuperado su soberanía económica, aunque no deje de atender las recomendaciones de Bruselas y los compromisos firmados para poder caminar libre, que no son pocos. Entre las servidumbres, están las de someterse cuatro veces al año a los controles de la Troika -para confirmar que las reformas pactadas no se relajan-, lograr un superávit primario (antes de pagar la deuda) del 3,5% hasta 2022 y del 2% hasta 2060, y culminar reformas esenciales como la de las pensiones, la administración, las privatizaciones de empresas públicas y la lucha contra la economía sumergida. Lo que la crisis se llevó El nuevo tiempo post-rescate arranca sobre una base inestable, la de un país al límite de sus fuerzas, donde la clase trabajadora nuevamente ha sido la más perjudicada por las decisiones políticas. Para empezar, la población ha envejecido notablemente, debido al éxodo de jóvenes que han buscado fuera las oportunidades que su tierra les negaba. La fuga de cerebros desde 2010 se calcula entre las 350.000 y las 400.000 personas. La cifra es escandalosa en un país que no llega a los 11 millones de habitantes, un 3% largo, casi todo jóvenes y con formación superior. La tasa de desempleo llegó a rozar el 28% en 2013, el año más brutal de la crisis, aunque ahora, por primera vez, ha bajado de la barrera del 20%, hasta el 19,5%. Un millón de parados dejó el desastre. Ahora, los empleos que se generan están lejos de ser los de antaño: son de baja calidad y escaso salario, de corta duración y se localizan en el sector servicios; el turismo, recuperado, que augura un 2018 de récord, es el que sigue salvando la estadística. Como ocurre en España, el desempleo juvenil es un problema gigantesco: el paro en la horquilla de edad entre los 20 y los 35 años prácticamente duplica la media nacional. Las pensiones han bajado también un promedio de un 40%, con una quincena de devaluaciones, en una tendencia que no se detiene: ya está pactada hasta la bajada del año que viene. Ese dinero ha sido esencial para mantener a las familias, a los jóvenes con cargas (hijos, hipotecas) a las que hacer frente. Un tercio de la población se encuentra oficialmente por debajo del umbral de la pobreza tras estos ocho años de rescate. En 2007 un griego tenía el mismo poder adquisitivo que un español, pero hoy tiene un 40% menos de capacidad económica que alguien en nuestro país. Su comparación ahora hay que hacerla en la cola de la lista: sólo Rumanía y Bulgaria están en peor situación, según datos de Eurostat. La tasa de préstamos fallidos se acerca al 23%, se han multiplicado por ocho en la última década. El Gobierno tiene que lidiar con todo ello sabiendo que, a día hoy, cuenta con una deuda del 180% del producto interior bruto (PIB) nacional. Un lastre para varias generaciones, como coincide en señalar la prensa local. Al menos, ese PIB suma cinco trimestres consecutivos al alza y se espera que esté por encima de la media de crecimiento de la zona euro a finales de 2019. Por ahora crece a un ritmo del 2,3% (dato del primer trimestre de 2018), y los cálculos de la Comisión Europea son que mantenga al menos un 1,9% en todo el año y un 2% en 2019, añade el FMI. No son vaticinios que auguren el desastre, pero como en la calle no acaban de verse los brotes verdes, es complicado que cunda la euforia. Lo que ven los griegos es una presión fiscal insólita que sobre todo aplasta los hombros de la clase media (empleados, autónomos, pequeños empresarios) y que no se va a levantar en breve, empleos con derechos desvaídos que vienen para quedarse, abuelos que ya no pueden comprar más que para sí mismos y nietos que llaman por Skype, pero ni sueñan con regresar. "Ni un regalo para mis nietos" Los sufridores griegos tienen el cielo ganado en estos años: sube el IVA, baja la pensión, recortan el salario del funcionario, congelan sueldos, "ajustan" la sanidad pública y los servicios de transporte... Durante años, se han manifestado en la calle contra la tijera de Europa y, luego, contra la tijera de su propio Ejecutivo, que no pudo hacer otra cosa sino claudicar ante las exigencias de los acreedores. Ya no toman las calles, la famosa Plaza Sintagmade la capital ateniense, pero el enfado sigue, rumiado, de puertas para adentro. La BBC, por ejemplo, ha hablado con Tassos Smetopoulos, un voluntario que comanda un comedor social en el centro de Atenas. Reconoce que la estadística del país mejora, pero a su entender "el rescate puede que acabe sobre el papel, pero no en la realidad". Lo ve cada día, con casos como el de una mujer de 54 años identificada como Fotini que lleva tres años sin empleo. "No veo que la crisis llegue a su fin (...). Estamos estresados y enfadados porque no tenemos trabajo. Me da vergüenza no poder comprarles un regalo a mis nietos. Sólo queremos vivir cómodamente en nuestros propios hogares y así poder mirar a nuestros niños a los ojos", señala. Yorgos Vagelakos, un obrero jubilado de 75 años, ha explicado a la agencia Reuters que antes de los rescates llevaba a casa una pensión de 1.250 euros. Hoy recibe 685 euros al mes y sus deudas están creciendo. Ya no puede mantener a las familias de sus dos hijos, como hacía en estos años, y apenas puede cubrir las necesidades de su hogar, suyas y de su esposa. "Me levanto cada mañana en una pesadilla", dice. "¿Cómo administraré mis finanzas y mis responsabilidades? Ese es el pensamiento que me ronda cada día", se duele. (Puedes seguir leyendo tras la foto...). "Grecia sale de los rescates pero los jubilados nos quedamos. Las pensiones sufrirán un nuevo tijeretazo y el impuesto sobre la renta aumentará. Todo eso me da miedo. No creo que el Gobierno pueda hacer algo para evitar el recorte. Tiene las manos atadas", señala, por su parte, Damianós Manóloglu, un jubilado de 81 años que regentó durante décadas un restaurante en Atenas, en declaraciones a la agencia EFE. Una bofetada Matina Tetsiou, separada y madre de dos chicos, perdió su trabajo como empleada de una estación de servicio en 2014, relata a AFP. Entonces tuvo que recurrir a la ayuda financiera de su padre, empleado de una gran empresa. "El seguro de desempleo era modesto y pude cuidar de la familia gracias a la tienda comunitaria de mi barrio", confiesa. Matina parece cansada, pero se considera "afortunada" de haber conseguido a fines de 2016 un contrato a tiempo parcial en otra gasolinera, aunque sólo le da para "alimentar a sus hijos". Sigue viviendo en casa de su madre y no puede pagar sus deudas ni la seguridad social, ni un préstamo bancario suscrito en 2005 -en plena euforia financiera- para emprender su propia empresa de venta de muebles de cocina, que cerró tres años después. "La crisis fue como una bofetada: habíamos crecido con la ventaja de vivir en un país europeo y de pronto todo se hundió", añade Panagiota Kalliakmani, una joven entrevistada por la misma agencia, que aspiraba a trabajar como química, para lo que estudió, pero que, como muchos griegos, tuvo que adaptarse a la austeridad y ahora es cocinera. (Puedes seguir leyendo tras la foto...). Después de graduarse en 2010 en la Universidad de Tesalónica, Panagiota quería ser investigadora, pero todos los programas de investigación se fueron reduciendo. Entonces se planteó estudiar medicina legal. Pero los locales de la policía de Tesalónica dedicados a esta materia también cerraron debido a los recortes. Tampoco logró entrar en una empresa farmacéutica, pues todos los laboratorios se trasladaron a Bulgaria. Así fue como le quedó la opción de dar clases particulares a los alumnos de secundaria, "aunque la gente cada vez paga menos". Tras un contrato de un año en una escuela, en 2015 Panagiota fue despedida. Ahora se siente realmente "rezagada", sobre todo luego de que una de sus amigas se fue a Irlanda para trabajar de moza y que su hermano economista encontró trabajo en Bruselas, "de donde ya no quiere volver". Vasilis Giselis, un camarero de 20 años cuya historia ha difundido EFE, cree que en Grecia nada puede cambiar si no cambian los propios ciudadanos, y que el mal que sufre el país no es un problema de los últimos años, sino de errores acumulados (como el clientelismo) durante al menos cuatro décadas, con los Gobiernos de PASOK y Nueva Democracia. "Yo aprendí a resolver mis problemas solo, a buscar trabajo y a ganarme la vida... No espero ayuda de Syriza. Creo que para que cambie el país, primero tenemos que cambiar nosotros, ayudarnos unos a otros y no esperar que vayamos a obtener algo sin antes ofrecer", sostiene este joven. No obstante, su intención, dice, es quedarse en su país. ¿Y cómo queda Tsipras? Alexis Tsipras encandiló a la Europa progresista, con su llegada al poder en Grecia, en septiembre de 2015, para atajar los desastres previos de los conservadores. Su ascenso supuso una explosión de alegría y de confianza, pero con el paso de los meses, hasta a él mismo se le fueron acabando las promesas, se le fueron borrando las sonrisas. La realidad era la que era. "Te tapas la nariz y lo asumes... Sabes que no hay alternativa", decía en una entrevista a The Guardian. Estaba claro: rescate o rescate. A quienes le acusaban de haber mentido al pueblo griego, les responde: "Se nos puede acusar de habernos engañado a nosotros mismos". Hoy, con el fin del rescate, puede lucir los galones, sobre todo, de superviviente. Hasta ha cumplido con su promesa de ponerse corbata para festejar el momento. Le ha durado un rato. No está para muchos gestos teatrales. Como explica María Antonia Sánchez-Vallejo en El País, "los recortes, las críticas y los errores" dibujan una "amarga realidad aplastante" y lo convierten en "alguien replegado sobre sí mismo, equidistante del fervor que desató en su día". Los enormes fuegos sufridos en las últimas semanas de julio, con más de 90 muertos y un importante escándalo por fallos en cadena en su gestión, han acabado de dañar su imagen, más allá del desgaste generado por las deudas y los rescates. Ni siquiera las palmadas en el hombro procedentes de la UE y los mastodontes de la economía mundial le mejoran la popularidad, baja como nunca. (Puedes seguir leyendo tras la foto...). Según los sondeos más recientes, los conservadores de Nueva Democracia sacarían hoy entre cinco y diez puntos más que el Syriza del primer ministro. Las elecciones deben celebrarse el año que viene. Y no hablamos de un partido limpio, que pueda erigirse en renovador y salvador de patrias, no, porque Nueva Democracia, con Andonis Samarás (2012-2015), fue uno de los que no pudo controlar la economía nacional. La prensa local anuncia que en el discurso de Tsipras para dar por cerrado el rescate se podrán escuchar compromisos de futuro importantes y que es incluso posible que se produzca una crisis de gobierno para airear su gabinete e introducir nuevos rostros que ilusionen a la ciudadanía. Por ahora se descarta un adelanto electoral, porque entre otras cosas hay una revisión constitucional pendiente. Como explica a la BBC el profesor Kevin Featherstone, director del Observatorio Helénico de la London School of Economics, "Grecia ha ayudado a salvaguardar el futuro de la eurozona al aceptar los términos del programa de rescate y esa es una herencia valiosa" en términos políticos. Tsipras "ha mantenido una sociedad en funcionamiento, una democracia en marcha, es un testimonio de la solidez de Grecia como un estado moderno (...) Grecia ha salvado el euro, eso vale algo", concluye. https://www.huffingtonpost.es/2018/08/20/asi-se-ha-sufrido-y-se-sufre-el-desgaste-del-rescate-a-grecia_a_23505430/?utm_hp_ref=es-homepage

La prensa libre te necesita En 1787, el año en que la Constitución de Estados Unidos fue aprobada, es ampliamente conocido que Thomas Jefferson le escribió a un amigo: “Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”. De cualquier modo, así es como él se sentía antes de convertirse en presidente. Veinte años después, tras enfrentarse a la supervisión de la prensa desde el interior de la Casa Blanca, se mostraba menos seguro de su valor. “Ahora no se puede creer nada que sea visto en un periódico”, escribió. “La verdad misma se hace sospechosa cuando aparece en ese vehículo contaminado”. La incomodidad de Jefferson era, y sigue siendo, entendible. Reportar las noticias en una sociedad abierta es una misión entrelazada con el conflicto. Su incomodidad también ilustra la necesidad por el derecho que él ayudó a consagrar. Como los padres fundadores creían con base en su propia experiencia, un público bien informado tiene las mejores herramientas para eliminar la corrupción y, a largo plazo, promover la libertad y la justicia. “La discusión pública es un deber político”, indicó la Corte Suprema en 1964. Esa discusión “debe ser desinhibida, vigorosa y totalmente abierta” y “puede incluir ataques vehementes, cáusticos y en ocasiones poco placenteros y agudos contra el gobierno y los funcionarios”. En 2018, los ataques más dañinos provienen de funcionarios del gobierno. Criticar a los medios —por darles menos o más importancia a las noticias, por equivocarse en algo— es completamente correcto. Los reporteros y editores son humanos y cometen errores. Corregirlos es crucial para nuestro trabajo. Sin embargo, insistir en que las verdades que no te gustan son “noticias falsas” es peligroso para el alma de la democracia. Y decir que los periodistas son los “enemigos del pueblo” es peligroso. En 2018, los ataques más dañinos provienen de funcionarios del gobierno. Criticar a los medios —por darles menos o más importancia a las noticias, por equivocarse en algo— es completamente correcto. Los reporteros y editores son humanos y cometen errores. Corregirlos es crucial para nuestro trabajo. Sin embargo, insistir en que las verdades que no te gustan son “noticias falsas” es peligroso para el alma de la democracia. Y decir que los periodistas son los “enemigos del pueblo” es peligroso. Para responder a un llamado hecho la semana pasada por The Boston Globe, The New York Times se une a más de doscientos periódicos, desde diarios en grandes áreas metropolitanas hasta pequeños semanarios locales, para recordarles a los lectores sobre el valor de la prensa libre en Estados Unidos. Estos editoriales reafirman una institución estadounidense fundamental. Si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete a los periódicos locales de tu ciudad. Reconoce su labor cuando creas que han hecho un buen trabajo y critícalos cuando pienses que pueden hacerlo mejor. Todos estamos juntos en esto. En este enlace puedes leer fragmentos de los editoriales publicados en inglés por más de doscientos diarios de Estados Unidos que alzan la voz para recordar el valor de la libertad de prensa. https://www.nytimes.com/es/2018/08/16/estados-unidos-libertad-de-prensa/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=5&pgtype=collection

Una reforma que despierta los fantasmas militares de Argentina BUENOS AIRES — El 24 de julio, el presidente Mauricio Macri anunció una reforma a las Fuerzas Armadas Argentinas. Los cambios, justificó el gobierno, se debían a la necesidad de modernizar el ejército para atender los desafíos actuales —las amenazas del terrorismo y el narcotráfico—, pero también permitirán la intervención militar en la seguridad interna. Con un decreto, Macri revirtió un consenso político que se había instaurado en la Argentina desde que volvió la democracia hace más de treinta años. Oscar Aguad, ministro de Defensa de Macri, se apresuró a aclarar que la reforma no implica la intervención militar en las protestas sociales ni que comenzarían a patrullar las calles. Los militares, en cambio, estarán para defender las fronteras y custodiar “objetivos estratégicos”. Suena, en apariencia, razonable. Pero en el caso de la Argentina no lo es. En un país donde de 1976 a 1983 gobernó una dictadura militar, el papel del ejército es un asunto sensible. Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la junta militar hizo de la desaparición, la tortura y el exterminio un modo de gobierno. Organizaciones de derechos humanos estiman que el Estado militar fue responsable de asesinar a aproximadamente 30.000 personas. El papel del ejército es un tema medular en la vida democrática del país. Argentina ha hecho más que sus vecinos para castigar los crímenes cometidos durante su gobierno militar: desde 2006, 856 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y hasta el año pasado había 2480 imputados. Quizás el centro de detención más emblemático de las atrocidades de esa Argentina militar, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada —en donde unas 5000 personas fueron secuestradas y torturadas—, se convirtió en un museo de la memoria pensado en promover y preservar los derechos humanos. Una vez que regresó la democracia, desprestigiadas por su historia sangrienta en el poder y sin perspectivas de guerras externas, las fuerzas armadas entraron en decadencia. En buena medida, el debate actual sobre el ejército se debe a hundimiento, en noviembre de 2017, del ARA San Juan, uno de los tres submarinos de la mermada Marina argentina. La tragedia, en la que murieron 44 personas, puso en evidencia la falta de recursos de las fuerzas armadas y la ausencia de una función concreta. Para algunos se trataba de una señal inequívoca para aumentar el presupuesto del ejército y expandir sus funciones; para otros, era buen momento para discutir su utilidad e incluso plantear la posibilidad de eliminarlas por completo. Sin duda la Argentina se enfrenta en los últimos años a desafíos regionales complejos —la creciente influencia del narcotráfico y la violencia que genera—, pero la carga histórica de las fuerzas armadas en el país hace que el decreto presidencial de Macri sea un mal cálculo político: como Alemania, que sigue cargando con su pasado nazi, la Argentina no puede eludir sus fantasmas militares y autoritarios que legaron uno de los episodios más funestos de América Latina en el siglo XX. El año pasado, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de reducir la sentencia de un militar condenado por crímenes de lesa humanidad provocó protestas masivas. El fallo, llamado 2×1 —que habría sentado un precedente para reducir las sentencias a cientos de militares implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura— fue revertido solo unos días después por el Congreso. En el país no hay muchos consensos, pero el costo político de ir contra los derechos humanos puede ser alto. A solo tres días del decreto, la oposición convocó para el 8 de agosto a una sesión especial en la Cámara de Diputados que podría rechazar el plan de reforma y alrededor de 50.000 personas marcharon para protestar contra la reforma. La marcha es un elemento esencial en la vida política argentina y uno de los mecanismos civiles más efectivos. Los argentinos marchamos todo el tiempo, siempre con una amplia agenda de reclamos, la convicción absoluta de que la calle es de los ciudadanos y la certeza de que a través de la protesta se logran cambios políticos. Mientras que en México se desconoce el paradero de más de 30.000 personas, la desaparición de una persona desató una crisis política el año pasado en Argentina: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. El activista que fue encontrado sin vida casi tres meses después de su desaparición, se convirtió en un lamento masivo que llenó las calles y redes sociales. La reestructuración de las fuerzas armadas de la semana pasada cambia una reglamentación de 2006 que limitaba la acción del ejercito a la defensa del país frente agresiones externas perpetuadas por otros Estados. El cambio apunta a que ahora puedan participar en operaciones contra organizaciones criminales transnacionales. Pero que su misión sea intervenir en cuestiones tan etéreas como “objetivos estratégicos” y combatir “agresiones externas” genera inquietud sobre la forma en que se definirán esos objetivos y esas agresiones, como advirtió un grupo de expertos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El temor es que se podrían interpretar algunas protestas civiles como “agresiones” o los reclamos sociales del momento —por ejemplo, los de las comunidades indígenas en zonas de yacimientos hidrocarburíferos— como “objetivos estratégicos”. Por si fuera poco, la reforma se da en un momento en el que la militarización de la seguridad interna está cada vez mas desacreditada en América Latina. Poco más de una década de utilizar al ejército para combatir a los carteles de narcotráfico en México ha generado más de 10.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la población, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura y abuso sexual. La reforma que revaloriza el papel de las fuerzas armadas no tiene como propósito reinstaurar una dictadura y posiblemente tampoco busque reprimir las protestas sociales que tanto valoramos los argentinos. Pero las reservas sobre el decreto no son “prejuicios paranoicos propios de vetustas concepciones ideológicas de la izquierda vernácula”, como advierte un editorial del diario argentino La Nación. De 1930 hasta la década de los ochenta el ejército tomó a la fuerza el poder seis veces e impuso la violencia como método para perpetuarse en el gobierno. El activismo por los derechos humanos desde que se recuperó la democracia fue la característica distintiva de Argentina respecto de otras naciones con pasados totalitarios, como Brasil, Chile y Uruguay. Por eso es comprensible que seamos renuentes a la participación de los militares en ámbitos más amplios de la vida pública. Si algo sabemos los argentinos es que el ejército puede desbordar sus límites con facilidad. En plena represión, mientras la dictadura argentina lanzaba una campaña que decía que “los argentinos somos derechos y humanos”, secuestraba, torturaba y ejecutaba miles de opositores. Cuando la junta militar dejó el poder, la frase “Nunca más” fue un grito para la nueva Argentina que se alejaba del autoritarismo y empezaba a investigar los crímenes de la dictadura. El gobierno de Mauricio Macri no debe olvidar que nunca más realmente es nunca más. https://www.nytimes.com/es/2018/08/02/opinion-timerman-argentina-fuerzas-armadas/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es

La justicia investiga a niños secuestrados: los crímenes invisibilizados de la dictadura Por Mario López M. Una herida abierta la constituye la desaparición de más de 1.200 compatriotas cuyo paradero aún se ignora. Pero donde esa llaga sangra con más fuerza es en el caso de aquellas mujeres que llevaban un hijo en sus vientres al momento de ser secuestradas. Algunos de esos niños no alcanzaron a ver la luz del día, fueron masacrados junto a sus madres antes de nacer. Otros se sospecha que sí sobrevivieron, pero se ignora dónde están. También existió, por razones económicas, una red de adopciones ilegales. Hoy los tribunales indagan estos casos. Al menos 5.000 mujeres sobrevivientes de prisión política en dictadura sufrieron agresiones sexuales. De ellas, 3.400 declararon ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo informe dedica una sección completa a la brutalidad sexual ejercida contra las mujeres presas. 316 de las afectadas reconocieron expresamente haber sido violadas. Cambio21 conoció casos de mujeres que quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones de que fueron objeto. El destino de los hijos fue diverso. Trescientos siete casos de menores de edad asesinados se registraron por la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991. Muchos se encuentran en las listas de detenidos desaparecidos. Algunos, con el tiempo, aparecieron sepultados ilegalmente en fosas comunes. Otros de manera accidental, permitiendo descubrir no sólo qué les sucedió, sino quienes fueron sus asesinos. Un crimen acallado Nuestra sociedad hasta hoy ha invisibilizado estas tragedias. ¿Pudor? ¿Protección a las víctimas? ¿Complicidad? Cuál sea el motivo, desde enero del presente año el juez Mario Carroza ha iniciado una silenciosa pero exhaustiva investigación sobre la sustracción de menores centrada en los años de la dictadura. Incluso más allá de los casos de mujeres abusadas en prisión política. Producto de nuevas denuncias interpuestas ante tribunales, la investigación abarca hasta el año 2000. Al parecer en nuestro país el secuestro de niños, como un método represivo no fue generalizado, como aconteció en Argentina o en Uruguay. No solo se sospecha del secuestros de hijos o hijas de prisioneras políticas, algunas hechas desaparecer o asesinadas. También se ha podido acreditar que las condiciones de esa época permitieron el actuar de verdaderas bandas delictuales dedicadas a “sustraer” niños para enviarlos al extranjero con fines económicos. Así consta de libelos judiciales patrocinadas por el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, quien que ha presentado denuncias a nombre de las madres. También se sospecha que de conocerse el Informe Valech, mantenido hasta hoy en secreto, muchos que participaron de la dictadura cívico-militar temen que se conozca su colaboración o silencio culpable. Son los mismos que dicen defender la vida del que está por nacer y que callaron y callan por los crímenes cometidos contra niños, algunos que ni siquiera alcanzaron a nacer. Los “hijos de la Patria” La ex presa política, Nieves Ayress, relató a Cambio21 que tras pasar por diversos centros de torturas donde fue abusada sexualmente, llegó en marzo de 1974 al Centro Penitenciario Femenino del Buen Pastor: “El mes de abril me di cuenta que estaba embarazada, y esto lo confirmó un doctor de apellido Mery, un médico militar que ejercía en la Universidad Católica, y quien me dijo que yo debiera estar orgullosa de tener un ‘hijo de la patria’. Mi embarazo causó gran controversia (…) Un grupo de esposas de militares vino a visitarme, y me prometieron la libertad si yo no hacía más declaraciones sobre mi embarazo y mi tortura, y hasta me amenazaron con quitarme mi hijo una vez que naciera”, recuerda. Las religiosas a cargo del lugar “ofrecían ayudarme a pedir permiso para un aborto. Era muy duro para mujer aceptar el estar embarazada producto de una violación, en mi caso era aún más terrible por lo que vivía a diario (…) Yo estaba muy mal físicamente, y si me hacía un aborto clandestino en la prisión me podía morir, y por tal motivo decidí tener el hijo. Después de haber sobrevivido meses de tortura y detención, no les iba a dar el gusto a los militares de morirme. Sin embargo, a fines de abril o mayo, comencé a tener mucho dolor en el vientre, y a perder coágulos de sangre. Aborté en forma espontánea. No recibí atención médica durante la pérdida, salvo de las compañeras presas del área médica”, relató a nuestro medio. No hay certeza de cuántos niños nacieron producto de estas violaciones, sin embargo al menos dos casos han sido expresamente reconocidos por sus madres y cuyas identidades han sido resguardadas. Testimonios desgarradores de los hijos e hijas dan cuenta de fantasmas que les persiguen hasta hoy: “¿tendré los rasgos de quien violó a mi madre?”, se pregunta una de las hijas que nacieron producto de esa brutalidad, como consignó un Informe Especial, a cargo de la periodista Consuelo Saavedra: “Los hijos invisibles de la dictadura”. Judicialmente se conoce el caso de un represor que inscribió a una menor a su nombre, el teniente Hernán Valle, DINA. En la oportunidad presentó dos testigos de la paternidad, Silvya Pérez y Hernán Blanche, quienes también aparecen ligados a organismos represivos. Tras inscribirla, la abandonó. La madre de la menor jamás fue consignada en actas o documento alguno. Valle se llevó a la tumba el secreto. La hija ha buscado por años saber quién fue su madre. Llegaron embarazadas, nunca volvieron Varias jóvenes embarazadas al momento de ser secuestradas, perdieron a sus bebés producto de las torturas. Reinalda Pereira, de 29 años y que estaba embarazada de 5 meses, fue detenida el 15 de diciembre de 1976. Fue asesinada junto al hijo que llevaba en el vientre en el cuartel Simón Bolívar. Así lo reconoció a Cambio21 Jorgelino Vergara, el mocito del director de la DINA, Manuel Contreras, quien durante un tiempo fue asignado a ese centro de exterminio: “estaba embarazada, eso lo sabían los agentes y quienes la torturaron, tenía unos meses de embarazo esa pobre mujer, la mataron a golpes, esos fueron (Ricardo) Lawrence y (Germán) Barriga. A ella y al niño los molieron a golpes”, relató. Sigue desaparecida. Otras, con un avanzado estado de gravidez, fueron hechas desaparecer y cuyos cuerpos y el de los hijos -presumiblemente nacidos en cautiverio-, jamás se han encontrado. El caso más cercano a esa realidad es el de Michelle Peña, una joven de 27 años, que se encontraba embarazada de ocho meses y medio al momento de su secuestro por la Dina. “Yo estuve aquí, Michelle Peña. Agosto de 1975”, escribió en una muralla de Villa Grimaldi. Faltaban solo 15 días para que diera a luz. El ejército dijo que la había lanzado al mar… pero nada se ha dicho aún sobre el destino del hijo que llevaba en el vientre… Su madre, Gregoria, quien tenía en aquella época un local frente a las Fiscalías Militares indicó a Cambio21: “Michelle fue trasladada antes del parto al Hospital Militar y luego al Hospital de la Fuerza Aérea, en donde habría nacido su hijo. Yo conocía a muchos de los que allí trabajaban (…) en mi desesperación solicité a uno de ellos (que) me ayudara a buscarla. Días después me informó que Michelle estaba bien”. El sargento 1° y enfermero del Ejército de la Brigada de Sanidad de la DINA Vicente Álvarez, en declaración policial realizada el 6 de junio del 2005, agrega otro dato: “a fines de junio (1975) llegó a la Clínica Santa Lucía una mujer, en avanzado estado de gravidez, a punto de dar a luz. Recuerdo que fue atendida por uno (…) de los doctores de la Brigada de Sanidad de la DINA que estaban en la clínica ese día”. Michelle, después de esa visita a la clínica de la DINA habría sido devuelta a Villa Grimaldi. Solo los secuestradores, torturadores y asesinos conocen toda la verdad. No solo prisioneras Según fuentes judiciales, la adopción ilegal de niños y niñas durante la dictadura, se estima en miles, la gran mayoría enviados al extranjero. Un testimonio que consigna Página12 de Argentina, señala que “El 9 de julio de 1977 (…) Margarita Escobar llegó a tener a su hija al hospital Paula Jaraquemada de Santiago. Alcanzó a ver a su bebé unos instantes antes de que se la llevaran. 40 años después, relata que durante horas nadie le dio información sobre su hija y que cada tanto la inyectaban para mantenerla dormida. ‘Cada vez que despertaba volvía a preguntar por ella, hasta que una matrona me dijo: tu guagua (bebé) nació muerta’. Pidió verla para darle un beso pero no la dejaron. Después de eso ‘nadie me dio ningún papel, me mandaron para la casa. No sé cómo llegué; estaba totalmente dopada’, recuerda”. Hoy son cientos las madres que han iniciado el penoso y dramático camino de buscar a aquellos hijos e hijas. La ciencia y la tecnología han avanzado. ADN y redes sociales se han convertido en sus aliados en la búsqueda. Otro testimonio, esta vez de María Orellana, señala que en 1985 dio a luz a un niño al que llamó Cristián. “Alcancé a escuchar que era un varón; después me aplicaron una inyección y no supe más”, relata. Durante días pidió ver a su hijo pero nadie le dio respuesta hasta que le informaron que había muerto. Tampoco la dejaron verlo. “Quédate con el recuerdo de tu guagüita, va a ser muy cruel que la veas”, relata que le dijeron en el hospital. No hay testimonios escritos en los hospitales de aquellos nacimientos o presuntas muertes, tampoco se les entregaron a las madres certificados de defunción o algún papel en que constara qué sucedió con esos hijos o hijas. Menos recuperaron sus cuerpos “No hay nada, es como si yo no hubiera pasado por ese hospital”, recuerda María. De la barbarie a la esperanza Tan brutal como real son los testimonios, algunos públicos y otros privados que conoció nuestro medio. A los casos que acontecieron en prisiones clandestinas en nuestro país en la dictadura y cuyos hechores fueron agentes del Estado, se suman otros, profesionales muchos que participaron de estas redes ilegales de adopción. Se trata de algunos médicos, matronas, asistentes sociales, religiosos, e incluso funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción. “En general los casos tienen relación con madres de escasos recursos que dieron a luz a sus hijos o hijas y luego fueron engañadas por funcionarios de los hospitales respecto a que estaban muertos o enfermos o murieron con posterioridad y nunca más supieron de sus hijos”, señala el abogado Pablo Rivera. No existen registros oficiales que den cuenta de la cantidad de niños que han sido enviados al extranjero. Lo que sí se conoce, es que entre 1973 y 1987 se registraron 26.611 casos de adopciones en nuestro país, pero se ignora cuántos de ellos fueron llevados al exterior. Nuevamente recurriendo a fuentes judiciales, se sabe que el magistrado Mario Carroza ha podido determinar que al menos 2.021 fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros miles habrían llegado a Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Perú. El valor pagado por cada niño, se señala, equivalía a entre tres mil y cinco mil dólares de hoy, unos $3.200.000. Como se recordará, hasta 1988 la ley permitía borrar los orígenes de las familias biológicas de los niños entregados en adopción. “Hijos y madres del silencio”, es un sitio en redes sociales, específicamente en Facebook que reúne a cerca de 3.000 personas. Se trata de hijos que buscan conocer su origen biológico y madres que quieren reencontrase con hijos que les fueran sustraídos. Hay testimonios que dan cuenta de cerca de 90 casos de “reencuentros” gracias a la labor de la agrupación que ha puesto su empeño en que esto se haga público, incluso que se les permita acceder a archivos que hospitales u otras instituciones pudieran mantener. Las redes sociales y los bancos genéticos internacionales hoy abren la posibilidad de poder determinar qué sucedió con esos niños y niñas. Es probable que muchos ni siquiera sepan que fueron adoptados. No solo no es tarea fácil dar con ellos sino que también resulta dramático que ese hijo o hija no quiera o no resista conocer esa realidad. El caso Lejderman Un caso ocultado por años sacudió a nuestro país no hace mucho tiempo. El llamado “Caso Lejderman” destapó una historia que involucró al ex comandante en jefe del Ejército, Emilio Cheyre, quien entregó de manera irregular a un menor a un convento. Era el hijo de un matrimonio de extranjeros asesinados en dictadura y que se encontraban desaparecidos. Recién en 2006 se hizo público el relato de ese hijo que permitió conocer el destino del matrimonio Lejderman Ávalos y que enfrentó en un público cara a cara a Cheyre con el niño sobreviviente, ya convertido en un hombre. El general Emilio Cheyre fue además citado en la querella. Tanto él como el Ejército negaron conocimiento. Una patrulla de militares dio con el lugar donde se encontraba el matrimonio Lejderman Ávalos en diciembre de 1973, en el norte del país. Huían con su hijo hacia Argentina perseguidos por militares. Ernesto, el hijo sobreviviente del matrimonio mexicano-argentino, tenía entonces solo dos años y medio. Fueron abatidos por una patrulla militar que los capturó y ejecutó de manera cruel. El niño fue llevado al regimiento donde estaba destinado el entonces teniente Juan Emilio Cheyre, quien lo entregó en un convento de monjas, desde donde sería más tarde rescatado por familiares del menor y llevado a Argentina. Ernesto sobrevivió, conoció y relató su historia. Muchos otros niños y niñas quizás no las conocen y nunca lo sabrán. La justicia ha comenzado a abrir esas historias que muchos responsables no querrán que se sepan. https://cambio21.cl/cambio21/la-justicia-investiga-a-nios-secuestrados-los-crmenes-invisibilizados-de-la-dictadura-5b4041a6cd49b01d0a770cf3

Cuatro violadores de derechos humanos de la dictadura aún están prófugos luego de detención de un ex Coronel. Vea las fotos de los fugitivos Por Alfredo Peña Este domingo fue detenido en un supermercado en Pucón, Juan Eduardo Rubilar Ottone, un ex Coronel del Ejército, que actuó reprimiendo en la última parte de la dictadura y tiene en su criminal currículo, haber participado en los asesinatos de cuatro personas y estaba bajo las órdenes de Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI. Rubilar Ottone, (foto inmediatamente abajo) conocido con la chapa de “Capitán Lira”, fue condenado a una pena de 15 años y un día por cuatro homicidios cometidos durante la dictadura militar. La detención se produjo al interior del supermercado Eltit de Camino Internacional a eso de las 13:15 horas. Quienes observaron la detención señalaron que el detenido era un hombre de edad que usaba barba. También señalan que no presentó resistencia a la detención. Juan Eduardo Rubilar se encontraba prófugo desde el 2015 en una causa que lleva el Ministro Mario Carroza. Rubilar fue miembro de la CNI y se encuentra condenado a 15 años y 4 días por el asesinato del militante comunista Enzo Muñoz Arévalo, el profesor militante del MIR Héctor Patricio Sobarzo Nuñez, ocurrido el 2 de julio de 1984 en Santiago. Juan Manuel Varas Silva, mecánico, militante del MIR y Ana Alicia Delgado Tapia ingeniero agrónoma, militante del Partido Comunista asesinados el 3 de julio de 1984. Los violadores de derechos humanos que están fugitivos de la justicia Hace algunos meses, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) comenzó a viralizar una campaña en las redes sociales con la finalidad de dar con el paradero de cinco hombres condenados por ser violadores de derechos humanos durante la dictadura. Con la detención de Rubilar, estos prófugos quedaron en cuatro. Los violadores de DD.HH. eran tres ex militares y dos ex carabineros que participaron como agentes del aparato de represión del régimen de Pinochet. Juan Eduardo Rubilar Ottone, (el detenido) Juan Carlos Orellana Morales, Ricardo Lawrence Mires, Pedro Javier Guzmán Olivares y Andrés Leopoldo Flores Sabella tienen pendiente el cumplimiento de condenas de entre 10 a 25 años de cárcel, según lo establecido por los Tribunales de Justicia. Las organizaciones de derechos humanos realizaron un llamado a la ciudadanía a dar con los “violadores de los derechos humanos y genocidas” que se encuentran en estado de “prófugos de la justicia” hace varios meses. Además de solicitar que cualquier información fidedigna sea entregada a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Estos son las imágenes de los prófugos que entregaron las organizaciones de derechos humanos: https://cambio21.cl/politica/cuatro-violadores-de-derechos-humanos-de-la-dictadura-an-estn-prfugos-luego-de-detencin-de-un-ex-coronel-vea-las-fotos-de-los-fugitivos-5b43b4a2aa2d7438727b90a3

Theresa May impone a su Gobierno un Brexit blando The deal is done. El acuerdo está hecho. Ese el titular que ha escogido la cadena británica BBC para una noticia largamente esperada. Dos años después del referéndum, Theresa May ha logrado una posición común de su Gobierno en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Ejecutivo opta por un Brexit blando y propone la creación de una zona de libre comercio con el club comunitario. El acuerdo se ha logrado tras doce horas de reunión en la residencia de campo en Chequers. "Nuestra proposición creará una zona de libre comercio entre el Reino Unido y la UE con una serie de reglas comunes para los bienes industriales y los productos agrícolas", ha señalado May en un comunicado. El acuerdo ha sido resumido en un vídeo animado con 12 puntos básicos del acuerdo en la cuenta oficial del Gobierno británico en Twitter @10DowningStreet. La próxima semana se conocerán más detalles del acuerdo. Estos son los 12 puntos del acuerdo: Abandonar la UE el 29 de marzo de 2019. Acabar con la libre circulación de personas y recuperar nuestras fronteras. No enviar vastas sumas de dinero cada año a la UE. Libertad para alcanzar tratados de libre alrededor del mundo. Una zona de libre comercio entre el Reino Unido y la UE con una serie de reglas comunes para bienes industriales y productos agrícolas. Compromiso para mantener altos estándares de calidad, derechos laborales y medio ambiente. Capacidad de bloqueo por parte del Parlamento en todas las nuevas regulaciones. Abandonar la política agrícola común y la política pesquera. Restablecimiento de la supremacía de los tribunales británicos, acabando con la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Reino Unido. Sin controles fronterizos entre Irlanda e Irlanda del Norte, ni entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Continuar con una estrecha colaboración en materia de seguridad con la UE. Una política exterior y de defensa independiente, que trabaje mano a mano con la UE y otros aliados. https://www.huffingtonpost.es/2018/07/06/theresa-may-impone-a-su-gobierno-un-brexit-blando_a_23476540/?utm_hp_ref=es-internacional

¿Elecciones anticipadas para acabar con la crisis en Nicaragua? "Nada está descartado, pero antes tiene que cesar la violencia Nicaragua se apresta a completar tres meses de protestas antigubernamentales que han dejado numerosos muertos: 212 al pasado 19 de junio, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 309 en las últimas estimaciones de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Y la situación no da signos de resolverse: al menos una persona más perdió la vida este miércoles, cuando la policía nicaragüense, acompañada por civiles armados, recurrió a la fuerza para acabar con el bloqueo de la carretera Panamericana en La Trinidad, 127 kilómetros al noroeste de la capital, y al menos tres murieron el jueves en una operación similar en el barrio leonés de Subtiaba. Para muchos, se trata de nuevos ejemplo de la "respuesta represiva" del Estado nicaragüense que ha sido duramente criticada por la CIDH, pues según la organización se ha caracterizado por el "uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo la fuerza letal (…) de manera deliberada", entre otras graves violaciones de derechos humanos. Y según el secretario privado del presidente Daniel Ortega, Paul Oquist, es por eso que, antes de hablar de posibles salidas a la crisis, como elecciones anticipadas, es necesario que cese toda la violencia, "venga de donde venga". En una extensa entrevista con BBC Mundo celebrada en Londres a mediados de esta semana, sin embargo, el también ministro para Políticas Nacionales del gobierno de Nicaragua no descartó completamente la posibilidad. Y tampoco negó categóricamente las violaciones de derechos humanos por parte del Estado nicaragüense. Nicaragua está viviendo momentos bastante difíciles: centenares de muertos desde que iniciaron las protestas, las proyecciones de crecimiento económico recortadas de un 4,5% a un 1% según el Banco Central y en general una situación bastante compleja, con mucha violencia. ¿Cuál es la responsabilidad tiene el gobierno nicaragüense en todo esto? Hay responsabilidad de violencia por todos lados, ha habido muertos por todos lados, ha habido excesos por todos lados. Y el gran desafío del pueblo nicaragüense es que cese la violencia venga de donde venga. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44730307

Un escándalo fiscal desangra a Sudáfrica PRETORIA, Sudáfrica – El encargado de los impuestos en Sudáfrica se armaba de valor. Amonestar y suplicar al presidente Jacob Zuma para que presentara sus impuestos —ya no se diga pagar la totalidad de ellos— era siempre una tarea desgastante. Y cada vez era peor. Uno de los hijos del presidente, un sobrino e incontables aliados comerciales tenían también serios problemas fiscales, según dijeron cuatro exfuncionarios de alto nivel, lo que alarmó a los investigadores y los dejó preguntándose qué hacer. La joven democracia de Sudáfrica había dependido de la buena fe —y los impuestos— de su pueblo desde el final del apartheid, así que los riesgos eran evidentes. Si el líder del Congreso Nacional Africano (ANC), sus parientes y sus influyentes socios podían evadir sus obligaciones fiscales, el resto del país también podría eludirlas, lo que causaría estragos en la capacidad del gobierno para funcionar en el nivel más básico. El comisionado fiscal, Ivan Pillay, dijo que trató de ser discreto, por ello visitó al presidente varias veces entre 2012 y 2014 para invitarlo a cumplir con sus obligaciones. “Si me estoy interponiendo, solo dígamelo y me iré”, dijo Pillay en una entrevista inusual en la que recordó sus conversaciones con Zuma. “No me gustará, pero lo haré. Soy un miembro disciplinado del ANC”. Zuma objetaba, insistiendo en que no había necesidad de que renunciara, dijo Pillay. En vez de ello, el presidente lidió él mismo con la situación unos cuantos meses después: remplazó abruptamente a Pillay con una persona leal a él que llevó a cabo una arrasadora purga en la agencia tributaria, dando pie a un ardiente escándalo nacional que amenaza a Sudáfrica de maneras inesperadas. Mediante un bombardeo de noticias falsas y aseveraciones manipuladas por parte de una de las agencias de auditoría más importantes del mundo, KPMG, Zuma logró boicotear el escrutinio a sus propios impuestos, los asuntos de su familia y las finanzas de sus aliados, de acuerdo con Pillay y otros tres exfuncionarios fiscales de alto nivel que confirmaron su relato. Luego, el presidente y sus aliados fueron aún más lejos. Usaron la agitación en la agencia tributaria para hacerse de un mayor control del erario y se enriquecieron todavía más con un enorme costo para el país, de acuerdo con funcionarios gubernamentales que ahora intentan reparar el daño. La agencia tributaria nacional alguna vez fue un éxito extraordinario, incluso para el partido que ayudó a vencer al apartheid. Solo unos cuantos años después de haber ayudado a abrir paso a la democracia, el ANC pasó de luchar por la liberación a los trabajos mundanos de gobernar y convenció a millones de sudafricanos de hacer lo inimaginable: pagar sus impuestos. Como un indicador del apoyo al novato gobierno, la recaudación fiscal aumentaba año tras año, y en cierto momento superó algunos estándares de democracias mucho más ricas y bien establecidas, incluyendo a Estados Unidos. La combativa agencia, el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, se ganó el aplauso del Banco Mundial, la Universidad de Princeton y otros selectos rincones del mundo. “Era la joya de la corona del Estado”, dijo Dennis Davis, un juez del Tribunal Superior que dirigió una revisión reciente del sistema fiscal y participó en un pánel a mediados de la década de los noventa para ayudar a Nelson Mandela a establecer la agencia tributaria. “Lo que ha ocurrido después”, añadió, “es una historia verdaderamente triste”. La versión sudafricana del servicio de recaudación de impuestos es quizá un entorno improbable para una saga nacional que involucra a espías, amantes desdeñados, burdeles secretos, agentes dobles y uno de los más grandes escándalos periodísticos de la era posterior al apartheid. Sin embargo, la historia muestra cómo un ANC cada vez más corrupto ha minado su propio éxito y ha traicionado a la misma gente que lo llevó al poder. El drama está lejos de haber terminado. En la Sudáfrica actual —que pende precariamente de facciones contrarias al interior del ANC— el nuevo presidente del país, Cyril Ramaphosa, batalla para afirmar su autoridad y cumplir con su promesa de terminar con la corrupción. Ahora está profundamente ocupado en una caótica lucha para eliminar de la agencia tributaria el legado de su antecesor, Zuma, y ganar de nuevo la confianza de una nación enojada. Con la corrupción y la guerra política consumiendo a la agencia, cada vez más sudafricanos simplemente están dejando de pagar impuestos, una acción peligrosa en un país donde decenas de millones dependen de los servicios gubernamentales, debilitados por la corrupción y los malos manejos. En la opinión de muchos expertos, la capacidad del gobierno —y del país— de corregirse está en riesgo. El desmantelamiento de la agencia tributaria se dio ante la vista de la asombrada nación, lo que socavó en tal medida la menguante confianza del pueblo, que ahora los funcionarios se preguntan cómo podrán restaurarla. Una vez que Zuma quitó del cargo de comisionado a Pillay a finales de 2014, puso en él a un aliado que había sido cercano al presidente y su familia durante décadas. Casi de inmediato, comenzaron a fluir filtraciones explosivas del interior de la agencia tributaria, poniendo sal y pimienta a las páginas de un importante diario sudafricano. Los artículos sostenían que Pillay había aprobado la creación de una “unidad rebelde” ilegal que había plantado micrófonos ocultos en el hogar de Zuma para interceptar sus conversaciones. Las noticias se volvieron más picantes cada semana: se había pagado un soborno a un exjefe de espías de la era del apartheid para que guardara silencio sobre el espionaje ilegal. La unidad rebelde incluso había establecido un burdel como fachada, afirmaban los reporteros. Conforme surgían los impactantes detalles, el nuevo comisionado fiscal de Zuma, Tom Moyane, pidió a KPMG investigar y le dio un contrato de casi 2 millones de dólares para descubrir la verdad. Un año después, KPMG presentó sus resultados, que confirmaban abusos de poder generalizados. El problema es que no está claro si algo de ello es cierto. El periódico, The Sunday Times, se retractó más tarde de esos artículos; también se obligó a KPMG a desestimar públicamente sus propias conclusiones y a admitir que básicamente había copiado un memorando de los abogados de su cliente y había presentado los alegatos como si fueran sus propios hallazgos de una investigación completa. “Quien paga a los músicos toca el son, desafortunadamente”, dijo Bobby Johnston, expresidente de la Bolsa de Johannesburgo, que forma parte de un pánel que investiga a KPMG. Las retracciones llegaron demasiado tarde para la agencia tributaria. Pillay y los líderes de la llamada unidad rebelde habían renunciado o habían sido obligados a irse, lo que redujo la capacidad de la agencia para investigar y perseguir a los evasores de impuestos, de acuerdo con funcionarios actuales y expertos fiscales independientes. Aún más dañino fue que las historias sensacionalistas de corrupción e intrigas en el interior de lo que alguna vez fue un aparador de la buena gestión por parte del ANC contribuyeron a la caída brusca de la recaudación fiscal: de 6000 millones de dólares por debajo de lo que el gobierno había esperado en los dos años presupuestales anteriores. Los déficits han dejado al país con menos recursos para abordar sus necesidades más apremiantes —vivienda, educación, salud—, en una sociedad con una desigualdad cada vez mayor bajo el ANC. Además, en un agudo golpe en contra de los empobrecidos sudafricanos que votaron para que el partido llegara al poder y que lo han mantenido ahí durante décadas, los déficits han forzado al gobierno a elevar el impuesto al valor agregado de algunos productos por primera vez desde el fin del apartheid, una medida que seguramente a quienes más dañará será a los pobres. KPMG enfrenta dos investigaciones en Sudáfrica y hace unas cuantas semanas el auditor general del país dio fin a todos los contratos con la firma. El destino de la agencia tributaria sigue en el aire. “La tragedia es que el Servicio de Impuestos de Sudáfrica era una institución de clase mundial”, dijo Ismail Momoniat, el subdirector general de Hacienda para las políticas fiscales y del sector financiero. https://www.nytimes.com/es/2018/06/14/escandalo-fiscal-sudafrica-zuma/

Análisis: Trump, las teorías de conspiración y la verdad Cuando era candidato, Donald Trump aseguraba que el gobierno estadounidense supo con anticipación de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Sugirió que Antonin Scalia, un juez de la Suprema Corte que murió mientras dormía hace dos años, había sido asesinado. Y, durante años, Trump impulsó la idea de que el expresidente Barack Obama había nacido en Kenia y no en Honolulú, lo que presuntamente lo hacía inelegible para la presidencia. Nada de eso era cierto. Hace unas semanas, Trump dio vuelo a nuevas acusaciones no confirmadas, pero que cumplen con su discurso político: que un elemento “criminal” del supuesto “Estado profundo” dentro del gobierno de Obama había plantado a un espía en su campaña presidencial para ayudar a su rival, Hillary Clinton, a ganar. Fue un plan al que bautizó “Spygate”. Es el más reciente indicio de cómo un hombre que durante décadas ha promovido teorías de conspiración las ha llevado de sectores políticos marginales directo hasta el Despacho Oval .Ahora que es presidente, las historias sin fundamento de Trump sobre planes secretos de intereses poderosos parecen estar surtiendo efecto. Entre los críticos, han avivado el temor de que se erosione la confianza pública en las instituciones, se socave la idea de la verdad objetiva y se siembren sospechas generalizadas sobre el gobierno y los medios noticiosos, a modo de eco de las posturas de Trump. “El efecto en la vida de la nación de un presidente que inventa teorías de conspiración para distraer la atención de investigaciones legítimas y otras cosas que no le gustan es corrosivo”, dijo Jon Meacham, biógrafo e historiador presidencial. “La brillantez diabólica de la estrategia de desinformación de Trump es que mucha gente va a escuchar acusaciones y las refutaciones y pensará que deben tener algo de cierto, puesto que es el presidente de Estados Unidos quien las menciona”. La disposición que tiene Trump a pintar sospechas como si fueran hechos tiene implicaciones más allá de la investigación especial sobre si Rusia tuvo injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016 y de si la campaña de Trump colaboró para ese fin con Moscú. Hacerlo es un ingrediente clave del arsenal comunicativo del presidente, un discurso impetuoso alimentado por las redes sociales, que profiere acusaciones dudosas e insinuaciones oscuras, y el cual le permite promover su propia versión de la realidad. Aquellos que estudian la vida de Trump y su estilo comunicativo argumentan que la idea de las conspiraciones y complots es una parte esencial de su estrategia para evadir la responsabilidad y para atacar a sus detractores, reales o percibidos, incluidos los medios noticiosos. “Es el desviador de culpas al mando”, dijo Gwenda Blair, una biógrafa de Trump. “Nos ha hecho dar por sentado que hay un discurso que tiene tantas capas de contenido sin sustancia y que no es comprobable que ya no hay manera de desarmarlo por completo”. Al igual que la mayoría de las teorías de conspiración, la última impulsada por Trump, sobre el supuesto espía, tiene una pizca de verdad. Varias organizaciones noticiosas —entre ellas The New York Times— han dado a conocer que un informante del FBI contactó a algunos ayudantes de la campaña de Trump pues, según sugería la evidencia, habían tenido acercamientos sospechosos con los rusos. El informante hizo contacto como parte de una investigación de 2016 sobre la posible intervención electoral de Moscú. Sin embargo, Trump sazonó eso al decir que el informante era un espía enviado por Obama, supuestamente porque era parte del Departamento de Justicia en su administración. A decir de Trump, tanto esa dependencia como quienes trabajan en los servicios de inteligencia querían detener su candidatura. Exasesores del presidente Trump, que hablaron con la condición de mantener su anonimato pues no quieren avergonzarlo, dijeron que la paranoia lo predispuso a creer que los eventos fueron echados a andar por fuerzas nefarias y escondidas. Pero también dijeron que el oportunismo político alimenta su tendencia a promover teorías de conspiración. Por ejemplo, dos exasesores dijeron que Trump resistió la tentación durante meses de usar el término “Estado profundo” —aquella teoría de que hay un grupo con integrantes de varias ramas del gobierno que a escondidas manipulan todo lo que sucede en una administración—, en parte porque creía que lo hacía parecer demasiado raro. No obstante, a decir de los exasistentes, Trump se dio cuenta de que usar el término funcionaba bien en los medios noticiosos conservadores, así que comenzó a hacerlo a partir de noviembre. Parece que la estrategia ha dado resultados. En varias encuestas de los últimos meses ha caído la aprobación pública de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, a medida que el presidente la ha convertido en su blanco de ataques. Y un sondeo de la Universidad Monmouth también reveló que una mayoría de estadounidenses, sin importar a qué partido pertenecen, sí cree que hay un Estado profundo manejando las políticas de su país. Sam Nunberg, un exasistente de Trump que trabajaba para él cuando comenzó a defender declaraciones falsas sobre el lugar de nacimiento de Obama, dijo que el presidente ha hecho eco a los medios que ven y escuchan sus seguidores más aguerridos. “En el panorama de los medios noticiosos, InfoWars y Fox News son los lugares de donde el presidente obtiene respaldo, y estas teorías se promulgan ahí”, dijo Nunberg, quien dijo no creer que Spygate pueda calificarse como teoría de conspiración. El discurso de Trump sobre las conspiraciones también ha ganado terreno entre los tradicionalistas dentro del Partido Republicano, aunque alguna vez las rechazaron. Erick Erickson, fundador del sitio web conservador RedState dijo que las historias inventadas del presidente también atienden el deseo popular de tener una explicación fácil sobre eventos que el público en general no puede controlar. “Mucha gente en verdad quiere creer en las conspiraciones porque es mucho más fácil pensar que hay una fuerza malévola a cargo que aceptar que nuestro gobierno es dirigido por idiotas”, dijo Erickson en una entrevista. https://www.nytimes.com/es/2018/06/02/trump-spygate-analisis/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=3&module=toppers&region=rank&pgtype=Homepage

Las paltas y el negocio detrás del agro Estas pautas de consumo “hipster” generan una presión en los flujos de energía y materia, que exige la expansión de la demanda de alimentos hacia otras latitudes y la subsecuente explotación de bienes comunes naturales que esa producción conlleva. Particularmente en el caso de Petorca, se trata de grandes cantidades de agua exportadas por medio de las paltas que los países importadores se ahorran de utilizar para fines agrícolas. La nueva puesta en agenda de la grave problemática vivenciada en la provincia de Petorca tiene un componente novedoso. Las denuncias hechas en diversos medios de comunicación internacionales ha coincidido con el abismante aumento del precio de la palta en el mercado chileno. Esto ha permitido un malestar social (temporal y de moda, lo sabemos) sobre la producción de este alimento en el país. El elemento que siempre aparece con fuerza cuando se habla sobre el conflicto de Petorca es el modelo privatizador de aguas, que ha permitido la sobre-explotación de las cuencas de los ríos Ligua y Petorca. En este sentido, la demanda de movimientos como Modatima de poner fin al modelo de lucro, usura y exclusión amparado por el Código de Aguas (1981), ha aparecido con claridad en diferentes momentos del conflicto. Pero hay otro aspecto que hasta el momento no se había logrado colocar con fuerza en la agenda política, el modelo agro-exportador chilensis. La agricultura de exportación suele no generar inmediatas oposiciones entre los habitantes, comparado con otras actividades contemporáneas que generan significativos impactos socio-ecológicos, como la explotación minera, las plantas industriales contaminantes o los proyectos hidroeléctricos. Al final de cuentas, el sentido común y la propia propaganda del agronegocio, nos avisa que se trata de una actividad económica cuyo foco es producir alimentos, una función vital e ineludible para la sociedad. No obstante, el objetivo de producir alimentos viene siendo sistemáticamente subordinado a los procesos de mercantilización agrícola, cuyo centro es garantizar ganancias a lo largo de toda la cadena de producción y circulación de los productos, desde las semillas hasta los supermercados. Esta transformación a nivel global implica: a) un protagonismo del sector químico y la biotecnología en la actividad agrícola, junto a la progresiva sustitución de productos agrícolas por agroindustriales, b) establecimiento de oligopolios mundiales en cada una de las fases de producción, circulación, comercialización y consumo de alimentos y c) procesos de acaparamiento y concentración de tierras en países del Sur global. ¿Dónde entra la palta en este panorama mundial de la agricultura? Estos cambios en la agricultura son acompañados de un cambio en el régimen alimentario de los países, que genera una polarización en las pautas de consumo de alimentos a nivel global. Mientras avanza la tendencia de que los pobres del mundo (tanto en los países del centro como de la periferia) basen su dieta en el consumo de alimentos procesados con alto contenido en grasas, azúcares y de baja calidad nutricional, los sectores medios y altos sobre todo de los países del Norte consolidan dietas que incluyen el consumo de vegetales y frutas todo el año sin límite estacional, y en especial nuevos alimentos “especiales”, sea por su exclusividad y/o propiedades nutricionales. Esto último ha consolidado el lucrativo negocio de los llamados “super-alimentos” entre los que se cuenta la quinoa, el açaí, la chia y la palta. En el caso de Chile, sólo entre los meses de enero y octubre del 2017, la exportaron de paltas alcanzó un valor de 289 millones de dólares. Estas pautas de consumo “hipster” generan una presión en los flujos de energía y materia, que exige la expansión de la demanda de alimentos hacia otras latitudes y la subsecuente explotación de bienes comunes naturales que esa producción conlleva. Particularmente en el caso de Petorca, se trata de grandes cantidades de agua exportadas por medio de las paltas que los países importadores se ahorran de utilizar para fines agrícolas. Frente a este escenario, la situación de la provincia de Petorca evidencia de manera dramática las consecuencias que la estrategia de “Chile: Potencia Alimentaria” exportadora genera en los territorios del país. Ríos que se convierten recuerdos, la pérdida de soberanía alimentaria de los/as campesinos/as, la imposibilidad de una vida digna debido al precario acceso al agua, son algunas características ya conocidas del paisaje de una “escasez” políticamente producida y económica conveniente en Petorca. ¿Cómo enfrentar esta situación? La respuesta del agronegocio es continuar con la explotación predatoria de los territorios sin considerar sus equilibrios socio-ecológicos. Una de sus grandes “soluciones” a largo plazo tiene que ver con la construcción de un gran canal de regadío que trasladaría agua desde el norte de la región del Bio-Bio hasta Huasco, en la región de Atacama (un total aproximado de 1.540 kilómetros). Esta “Carretera Hídrica” impulsada por la iniciativa “Reguemos Chile” pretende disponibilizar agua para regar un millón de nuevas hectáreas en 7 regiones del país. De esta forma, la falta de agua dejaría de ser un problema y así se podrían mantener situaciones absurdas como las de la provincia de Petorca, un territorio con clima semiárido en donde el 60% del total de la superficie cultivada está plantada con una especie como el palto, que realiza un consumo intensivo de agua (Catastro frutícola, 2017). Los impulsores de este proyecto, estiman que permitiría que las exportaciones agrícolas pasen de 35 a 64 millones de dólares anuales. En lo que se refiere a los recursos para esta obra, sus impulsores estiman preliminarmente que se requiere una inversión entre 15 mil y 20 mil millones de dólares para los 5 tramos del proyecto, lo que involucraría un financiamiento público-privada según el modelo de concesiones. ¿Es esta la prioridad para resolver la situación de abandono y despojo que afecta a regiones como Petorca? Los conflictos, a pesar del sufrimiento y la digna rabia que muchas veces evidencian, son momentos creativos. Son espacio-tiempos en que aparecen cuestionamientos en torno a problemáticas que parecían “naturales” o “normales” hasta ese momento. Una de las cuestiones de fondo en el conflicto de Petorca, es la discusión olvidada y censurada sobre la cuestión de la tierra y el modelo agrícola chileno. Resulta fundamental cuestionarnos: ¿cómo promover una agricultura que no atente contra los equilibrios de la dinámica socio-ecológica en los territorios? ¿Producir alimentos para qué y para quiénes? Un dato nos puede iluminar en ese camino. Como algunos estudios vienen mencionando, el agronegocio de monocultivo y la gran producción agroindustrial sólo proveen el 30% de los alimentos, a pesar de que acaparan las mejores tierras de cultivo que representan el 75% de la tierra a nivel mundial. Son los/as campesinos/as del mundo quienes proveen el 70% de los alimentos restantes en el 25% de la tierra (Grupo ETC, 2017). Es decir, el agronegocio no sólo tiene grandes impactos socio-ecológicos sino que además no es efectivo en su auto-proclamado objetivo de alimentar al mundo. Necesitamos caminar hacia otras alternativas al modelo agro-exportador vigente en Chile. Requerimos una agricultura que respete y restaure la dinámica socio-ecológica, y no una que pretenda la extracción infinita de nuestros bienes comunes naturales. Una agricultura que permita el florecimiento de la vida y no su destrucción por medio de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas. Un camino donde la agroecología como práctica y la soberanía alimentaria sean nuestros principios orientadores, como viene colocando la Vía Campesina. Esta reflexión tiene que ver con construir nuestras prioridades colectivas en la producción de alimentos. Y ese debate nos compete a todos/as, no sólo a las/os habitantes de Petorca. http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/01/las-paltas-y-el-negocio-detras-del-agro/