gonzalo duran

En la acción judicial, dada a conocer por BioBioChile, se acusa a un grupo de funcionarios públicos que habrían favorecido a la empresa Inversiones S&Z, que mantenía contratos con la Empresa Nacional de Energía para el retiro de residuos producidos en una fundición de la región de Atacama. Un documento, al que tuvo acceso BioBioChile, revela que la Empresa Nacional de Minería (Enami) presentó una querella criminal en contra quienes resulten responsables de un fraude al Fisco, cuya cifra podría superar los 12 millones de dólares. La acción judicial fue presentada por el abogado Gabriel Zaliasnik en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, y se indica que una serie de funcionarios habrían favorecido a Inversiones S&Z, firma que mantenía contratos con la Enami para el retiro de residuos producidos en la Fundición Paipote, Región de Atacama. Se detalla que los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 por anomalías como procesos licitatorios irregulares e inadecuado resguardo de los intereses de Enami en la fijación de los contratos. Esto derivó en que Inversiones S&Z pudo firmar al menos 3 contratos, a pesar de no contar con la “idoneidad” requerida. A la vez, en la querella se sostiene que por la ausencia de control, la empresa retiraba desde la fundición desechos distintos a los que establecen los acuerdos comerciales. PortalMinero.com Los hechos denunciados se dieron a conocer desde el 9 de septiembre de 2018, cuando S&Z informó a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) un supuesto incumplimiento contractual por parte de la Enami. A raíz de esto, Cochilco emitió un oficio en el que se apuntaban varias conclusiones “relativas, en general, a la falta de probidad de los funcionarios públicos que participaron en dichas operaciones, no resguardando los intereses de ENAMI”. En correos electrónicos del personal a cargo de la seguridad del recinto afirmaron que empleados de la compañía merodeaban por el lugar retirando residuos desde la fundición que contenían concentración de cobre, ubicados en lugares prohibidos. El documento detalla que el pasado 24 de septuiembre personal de Paipote detectó nuevamente “la presencia de una gran cantidad de cobre metalizado entre los ladrillos que estaban siendo retirados por trabajadores de Inversiones S&Z, procediéndose a retener dicho acopio al interior de la fundición y a reforzar la seguridad al interior del recinto”. A través de un comunicado de prensa, Enami informó que “seguiremos trabajando con el firme compromiso de reflejar en cada una de nuestras acciones la rectitud, transparencia, excelencia y trazabilidad de nuestros procesos, de manera de poder cumplir cabalmente con nuestro fin último cual es apoyar el fomento de la pequeña y mediana minería chilena”. https://www.cnnchile.com/pais/enami-fraude-fisco-querella-fundicion-paipote_20191211/

La compañía acordó presentar una denuncia y luego una querella al Ministerio Público. Como resultado de una investigación interna, la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) reveló que la existencia de posibles irregularidades en sus operaciones internas. Esto, en el contexto de la celebración y ejecución de contratos con una empresa privada, lo que habría ocurrido entre los años 2015 y 2017. Esto, según informó Enami, podría implicar pérdidas considerables para la empresa, cuya cuantía se está analizando. La indagatoria interna se realizó en agosto de 2019. Los antecedentes fueron confirmados posteriormente por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), ente encargado de fiscalizar a la compañía. Dada la gravedad de los hechos, el directorio de Enami, que preside el ministro de Minería, Baldo Prokurica, acordó presentar primero una denuncia y luego una querella a efectos de que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones puedan determinar la eventual responsabilidad penal respecto de los mismos. En esta línea, Enami expresó que la administración actual de la compañía se puso a disposición de los órganos de investigación para prestar la colaboración necesaria en estos hechos, reafirmando su compromiso con la transparencia y probidad en la gestión. Transparencia “Como Empresa Nacional de Minería, seguiremos trabajando con el firme compromiso de reflejar en cada una de nuestras acciones la rectitud, transparencia, excelencia y trazabilidad de nuestros procesos, de manera de poder cumplir cabalmente con nuestro fin último cual es apoyar el fomento de la pequeña y mediana minería chilena”, expresó la firma a través de un comunicado. El directorio de Enami está integrado, además del titular de Minería, por el subsecretario de la misma cartera, Ricardo Irarrázabal; Hermann González Bravo, En representación del ministro de Hacienda; Patricio Céspedes, designado por la Sociedad de Minería (Sonami); Karin Jurgensen, designada por el Presidente de la República; Jorge Riesco, en representación de Sonami; Juanita Galaz Palma, designada por el Presidente de la República; Miguel Alberto Zauschkevich Domeyko; en representación del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCH); el exsubsecretario de Minería Francisco Orrego, también designado por el Presidente; y Juan Correa Amunátegui, en representación de Corfo. https://www.latercera.com/pulso/not...laridades-ejecucion-contratos-privado/929829/

Según el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, cuando la policía detiene a implicados en actos graves, “muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña y quedan libres”. Ocho saqueos a supermercados, un incendio en una caseta de un peaje en Malloa, daños en las estaciones de Metro, un incendio a un camión de transporte de sustancias peligrosas en La Calera y tres ataques a cuarteles policiales. Estos son algunos de los 16 eventos violentos ocurridos el lunes y registrados en el balance que elabora el Ministerio del Interior, en base a los reportes de Carabineros y la PDI. De acuerdo a las cifras (ver infografía), desde que comenzaron las manifestaciones en el país -el pasado 18 de octubre- se han registrado en total 2.488 hechos de este tipo. El peak alcanzado el 21 de octubre, con 350 eventos graves, ha ido manifestando una tendencia a la baja de acuerdo a las autoridades, aunque con alzas intermitentes. De hecho, el pasado sábado y domingo se registraron 10 hechos violentos, por lo que fue el fin de semana con menos desmanes desde que comenzó la crisis. Respecto de esta tendencia, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que “si analizamos ese segmento, claramente hay una disminución en los últimos días. El martes 26 de noviembre muestra un punto alto, donde se produjeron 99 hechos. A partir de ese momento ha ido disminuyendo sistemáticamente el número de hechos con estas características”. La autoridad también indicó que en las últimas jornadas se ha apreciado un cambio en el perfil de quienes protagonizan hechos de violencia y que la forma de combatir los desmanes es deteniendo a los autores. En este punto, Ubilla realizó una crítica directa a la labor de la fiscalía. “Muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña y básicamente quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a los controles, quedan apercibidos al Artículo 26 (citados), pero el objetivo nuestro es volver a insistir, mejorar las pruebas, aumentar la cantidad de información que hay para ponerla en manos de la fiscalía, a fin de lograr su detención”, indicó. El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, respondió indicando que “el subsecretario Ubilla debiera coordinarse mejor con la policía y preguntarle mejor qué está pasando. Se han hecho más de 20 mil controles de detención, y si las personas quedan apercibidas, debiera darse una vuelta en (tribunales de) garantía y verá una cantidad grande de audiencia”. Agregó que “le pediría que cada uno se dedique a su rol, la responsabilidad de controlar el orden público es del Poder Ejecutivo y aquí lo que pareciera es tener una cortina de humo, eludir las responsabilidades propias y trasladarlas al Ministerio Público”. En tanto, el senador PPD Felipe Harboe pidió al gobierno reunirse con las instituciones encargadas de esta materia para resolver sus diferencias. Dijo, además, no tener “antecedentes respecto de las críticas que se le hacen al Ministerio Público. El gobierno debería dejar de instalar estas sensaciones. Antes, la culpa fue del Congreso, luego de los jueces y ahora de los fiscales”. Por su parte, el senador UDI Iván Moreira solicitó a través de Twitter que el “fiscal nacional Abbott renuncie por su inoperancia. Ha tenido incapacidad para afrontar esta crisis al no impedir que los violentistas y saqueadores vayan a la cárcel. No podemos tener un fiscal sentado detrás del escritorio”. La Cámara, a solicitud de la diputada UDI María José Hoffmann, ayer citó para el 10 de diciembre, a las 17.00, una sesión especial para analizar la labor del Ministerio Público. Otras cifras Respecto a la evolución del orden público de los últimos días, Ubilla dijo que “Carabineros con el apoyo de la PDI han cumplido una función muy significativa esta semana, que es detener a un gran número de personas. Menos hechos graves y más detenidos. Y eso es importante, porque la información que se maneja es que estos hechos graves suceden en lugares que llamamos emblemáticos, se repiten en el mismo sector de la misma ciudad y la hipótesis que hay detrás de esto es que son las mismas personas”. Según Ubilla, las razones por las que los eventos graves han bajado se pueden deber a que “se está trabajando sobre lugares revictimizados, por lo cual hay un conocimiento y forma de llegar de manera anticipada”. Además, señaló que las manifestaciones han disminuido de manera significativa. En relación a la tendencia a la baja de los eventos graves, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida aseguró que se debe a que ha existido una “apertura en avanzar en cambios sustanciales en materia de seguridad social y hemos avanzado en disminuir el costo de vida de adultos mayores y la clase media”. Eso, dice Fuenzalida, “ha logrado ir dejando solos a los grupos más violentos”. El balance del Ministerio del Interior también da cuenta de policías y militares que han resultado lesionados. El peak fue el 13 de noviembre, con 347 funcionarios heridos. Desde el 29 de noviembre, no supera los 57 afectados por día. En relación a los civiles lesionados, la cifra no supera los 77 heridos por día. Solo se elevó el 23 y 24 de octubre, fechas en que se registraron 102 y 101 civiles afectados, respectivamente. El transporte público, en tanto, también se ha comenzado a normalizar. Metro informó que a partir del lunes 9 de diciembre la red extenderá sus servicios hasta las 22.00 y la Línea 2 estará completamente operativa. Por otra parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó ayer que reforzarán sus servicios especiales por las principales avenidas de la capital, entre las 22.30 y las 23.59, para facilitar el trasladado de personas en un horario donde Metro se encuentra cerrado. (Para ampliar la infografía, haz click aquí o en la imagen) https://www.latercera.com/nacional/...ja-gobierno-critica-labor-la-fiscalia/925562/

Nuevo gerente general de Chuquicamata, Nicolás Rivera, fue mandatado para analizar unos pagos por bonos de producción en la división de la región de Antofagasta. Desde la minera confirmaron que desarrolla permanentemente la revisión de sus procesos de compensaciones. Una nueva investigación interna enfrenta Codelco Chile. Ahora, nuevamente relacionada con Chuquicamata. Esta vez, la indagación se relaciona con el pago de bonos de producción a algunos de sus trabajadores, que de acuerdo con algunas denuncias internas, se relacionan con el sobrepago de este tipo de estímulos, respecto de los cuales se habría alterado los parámetros de cobro. La acción estaría siendo liderada por el gerente general de la división, Nicolás Rivera, quien asumió ese cargo el 1 de septiembre, junto con una serie de cambios a nivel gerencial que partieron por el nombramiento de Octavio Araneda en la presidencia ejecutiva, en reemplazo de Nelson Pizarro. De acuerdo con las denuncias a las que tuvo acceso PULSO, y que manejan fuentes sindicales de la corporación, el sobrepago se relacionaba con las cifras de producción y estímulos asociados a ellos. Mientras los cumplimientos reales de las metas estaban entre 97% y 101%, el pago era por entre 104% y 105%. Eso generaba que los bonos, que recibían unos 1.000 trabajadores, fueran alrededor de $300 mil más que lo que debía ser. Eso, mensualmente. Esta práctica, aseguran las fuentes sindicales, se habría dado durante incluso ocho años en algunos casos. Las mismas fuentes aseguran que esta información llegó incluso al directorio de la corporación, que este jueves -en una reunión que, además, aprobó los estados financieros al tercer trimestre- habría analizado los antecedentes y habría solicitado antecedentes adicionales. Consultado Codelco, la empresa declinó referirse a los detalles del proceso. Sin embargo, explicó que los contratos colectivos entre la división y sus sindicatos contemplan este tipo de incentivos, los que se vienen pagando desde hace casi 20 años. Además, que los procesos de auditoría son normales y que estas revisiones se realizan de manera permanente. “Desde 2002, los instrumentos colectivos de División Chuquicamata contemplan bonos de incentivo a la producción. Uno de ellos es el Bono de Repartición de Gananciales, cuyo pago depende del cumplimiento de las metas de producción. Si esas metas no se cumplen, incluso por razones como contingencias climáticas, el bono no se paga”, señalaron desde Codelco, de manera oficial. “La compañía desarrolla permanentemente la revisión de sus procesos de compensaciones. En efecto, actualmente se están auditando estos procedimientos en todas las divisiones, revisión que no ha concluido”, agregó la corporación. Cambios gerenciales En septiembre, además de la llegada de Nicolás Rivera a Chuquicamata -antes cumplía ese mismo rol en El Teniente- el entonces gerente general de Chuquicamata, Mauricio Barraza Gallardo, fue designado como vicepresidente de Operaciones Centro Sur en reemplazo de Octavio Araneda, quien asumió como presidente ejecutivo de la empresa. En El Teniente, fue designado Andrés Music, quien se desempeñaba como gerente general de Ministro Hales. https://www.latercera.com/pulso/not...encia-codelco-encarga-nueva-auditoria/922337/