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  1. Suprema da luz verde a expulsión de migrantes, aunque hijos tengan nacionalidad chilena Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos. Una docena de niños, niñas y adolescentes fueron afectados por una reciente resolución de la Corte Suprema, que rechazó un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de personas en situación migratoria irregular cuyos hijos, en algunos casos, ya tienen nacionalidad chilena. Organizaciones no gubernamentales del sector han denunciado la situación compleja que deben enfrentar madres inmigrantes, quienes estando radicadas en el país, dieron a luz hijos chilenos y ahora se enfrentan a la noticia de la expulsión, pese a haber entregado la documentación correspondiente. El coordinador de litigación especializada del INDH, Alexis Aguirre, indicó que la resolución de la Corte Suprema es desproporcionada y que no ha tomado en cuenta el interés superior del niño. Además, precisó que en estos procesos migratorios se debe escuchar a los propios menores con el fin de saber su opinión sobre lo que está ocurriendo. En esa línea, Aguirre señaló que “nuestro objetivo es que estas expulsiones se dejen sin efecto” y recalcó que “no se ha tomado en cuenta algo fundamental que es el interés superior del niño, en el sentido que la medida de expulsión no solamente afecta al extranjero que es obligado abandonar el país, sino también al grupo familiar, donde se incluye a niños con nacionalidad chilena”. El argumento del máximo tribunal para rechazar el recurso de amparo es que la autoridad administrativa ya había evaluado las circunstancias al momento de dictaminar la sanción migratoria. El fallo indica que pese a los vínculos familiares, este arraigo o el interés superior del niño no resultan suficientes para dejar sin efecto la medida de expulsión, incluso si existiese algún integrante menor de edad con nacionalidad chilena. En el texto de la resolución también se desglosa que la expulsión se da porque la sanción administrativa fue debidamente fundada. Al respecto, Aguirre sostuvo que seguirán insistiendo con este tipo de recursos, para que el interés superior del niño sea considerado por los organismos estatales: “Esto es una obligación del Estado, a través de la Convención de Derechos del Niño, teniendo en cuenta también que muchas veces el menor es capaz de expresar sus propias opiniones. En ese sentido, el Estado debe procurar que esto sea considerado en los procesos migratorios, con el objeto de que estas obligaciones sean estimadas por la autoridad administrativa y el Poder Judicial”, argumentó. Al respecto, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó que están analizando y solicitando más antecedentes a organismos de Gobierno relacionados al tema, sobre cómo se están llevando a cabo los procesos de expulsión. “En algunos casos hemos tenido información y, desafortunadamente, en otros no. En esas circunstancias donde no hemos conocido o ha habido atisbo que involucre una vulneración a los Derechos Humanos, lo que hemos hecho es poner en antecedente al INDH, el encargado de ejercer eventuales acciones contra decisiones que se puedan adoptar desde la política migratoria, pero efectivamente estamos atentos a eso. Hemos recibido denuncias que hemos reconducido a dicho organismo competente”, subrayó. Cabe señalar que el dictamen de la Corte Suprema no fue unánime. De los cinco ministros deliberantes, dos votaron en contra: el magistrado Jorge Dahm y el abogado integrante Antonio Barra. Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes calificó el hecho como un “exilio forzado a niños chilenos hijos de inmigrantes”, ya que a las madres se las está expulsando de manera ilegal, según la organización. Por esto, representantes de la organización anunciaron que tomarán acciones legales y presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://radio.uchile.cl/2019/06/08/corte-suprema-da-luz-verde-a-expulsion-de-migrantes-aunque-hijos-tengan-nacionalidad-chilena/?fbclid=IwAR0UhmeFOsI2YD_0acaT6mqCXvCVB_lFXRPSzNi1RKX6YhpN_CPDQsYKBc4
  2. La Corte Suprema suspendió el pleno de remoción por el sumario administrativo contra los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua suspendidos por presunto tráfico de influencias hasta que se pueda resolver la implicancia de cinco ministros de la Corte Suprema. Previamente, tras dos meses de investigación sumaria, la ministra instructora Rosa María Maggi había pedido a la Corte Suprema abrir un cuaderno remoción y sanción con cuatro meses de suspensión y medio goce de sueldo a los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, por incumplimiento de obligaciones funcionarias y faltas a la probidad. Pero dicho proceso quedó truncado luego que Isidro Solís, defensor del ministro Vásquez, pidiera la inhabilidad de los cinco supremos que promovieron la remoción inmediata, cuya solicitud fue acogida a trámite durante este viernes. “Estas son normas procesales que están establecidas para todos los procedimientos, y el hecho de que uno, de acuerdo a la ley, pueda pedir la inhabilitación de un juez no es un demérito, ni es una formulación de un cargo determinado, no es otra cosa que el ejercicio de un derecho”, comentó Solís tras presentar el requerimiento ayer jueves. En concreto, la movida de la defensa apunta a los supremos que el 17 de abril promovieron un pleno extraordinario para discutir la remoción inmediata de los implicados, donde ocho de los 17 integrantes del tribunal máximo del país estuvieron por abrir de inmediato el proceso. Por su parte, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, confirmó la determinación del tribunal este viernes y adelantó que, de prosperar la petición de Solís, se tendrá que conformar la sala de la Suprema con el quorum que exista. “Y si no es suficiente tendrán que aplicarse las normas legales para que lo integren probablemente ministros antiguos de la Corte de Santiago”, subrayó. Para zanjar la solicitud, se le pidió informe en un plazo de tres días a los cinco ministros integrantes de la Tercera Sala del máximo tribunal, tras lo cual se discutirá si quedan o no inhabilitados. Recién tras ello se pasará a discutir el fondo del asunto, respecto a la remoción de los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua indagados por tráfico de influencias, para lo cual se tendrá que fijar una nueva fecha y hora. El escándalo comenzó el pasado 22 de marzo, con la suspensión del ministro Elgueta, horas antes que la Fiscalía de O’Higgins pidiera su formalización por enriquecimiento ilícito y prevaricación. Posteriormente, el 4 de abril, el pleno de la Corte Suprema sumó a esta medida a los ministros Vásquez y Albornoz. https://www.biobiochile.cl/noticias...icion-de-inhabilidad-de-cinco-ministros.shtml
  3. Contralor Bermúdez ficha a un DC como su nuevo jefe de gabinete El contralor Jorge Bermúdez fichó al abogado Tomás Mackenney como su nuevo jefe de Gabinete tras la polémica salida de su mano derecha en la institución, Carlos Peña. La nueva designación fue confirmada justo después que ayer martes Peña desistiera de su nombramiento en el Ministerio del Interior, donde asumiría en reemplazo de Ximena Risco, quien se desempeñó como jefa de la División Jurídica de esa cartera hasta fines de mayo. Mackenney, democrata cristiano que renunció a su militancia para asumir el cargo, es hijo de Carlos Mackenney, presidente del Consejo de Defensa del Estado en el periodo 2005-2011 y amigo de la expresidenta Michelle Bachelet. Desde octubre hasta la fecha, con un perfil profesional especializado en derecho administrativo, trabajaba en el bufete Chaves Awad Contreras Schürmann, desde donde saltó a la Contraloria como nuevo jefe de gabinete de Bermúdez. Hasta el 11 de marzo de 2018, además, trabajó como asesor de Jorge Burgos (DC) en su paso por el Ministerio de Defensa e Interior. Con todo, el contralor optó por un falangista pese a que en su equipo ya cuenta con varios frenteamplistas, en un momento político clave de su gestión: este miércoles tendrá que declarar ante la Comisión de Constitución de la Cámara a petición de la UDI, que incluso analiza impulsar una Comisión Investigadora a raíz de las supuestas irregularidades en el cálculo de los déficit en los municipios. Para ello, probablemente el gremialismo necesite el apoyo de la DC para la creación y sacar adelante el trámite de dicha instancia parlamentaria. https://www.biobiochile.cl/noticias...-a-un-dc-como-su-nuevo-jefe-de-gabinete.shtml
  4. Van Rysselberghe dispara contra Bermúdez: "No podemos tener un contralor que, por miedo a que se filtre algo, esté dispuesto a crucificar" En tanto, desde la municipalidad de La Florida también dispararon: "Nos parece de la mayor gravedad el actuar descontrolado que estamos presenciando, en donde una institución como la Contraloría construye falsas verdades". Patricio Barra, quien se desempeñaba como jefe de la Dirección de Análisis Contable (DAC) de la Contraloría General de la República hasta que fue despedido por el contralor Jorge Bermúdez el 31 de mayo recién pasado, se había reunido con su ex jefe el 28 de febrero pasado para hacerle ver a su ex empleador que los auditores no estaban utilizando una única fórmula contable para hacer los cálculos de déficit y superávit de algunos municipios. En aquella reunión también participaron Ignacio Tapia (entonces jefe del Área de Estudios Financieros) y Pablo Soto (jefe del Área de Información Contable y de apoyo a la Planificación, de la DAC). Ambos también fueron cesados. “Nosotros le dijimos que le íbamos a mostrar las anomalías del cálculo en la auditoría y déficit de Viña del Mar y su reacción fue: ‘Y me van a decir que la auditoría de déficit de La Florida está mal también’. Ahí Bermúdez golpeó la mesa con su puño. Nosotros no habíamos levantado el tema de La Florida, ni siquiera habíamos hecho los cálculos en ese caso, pero él puso el tema gritándonos ‘¿ustedes no han visto que Carter (Rodolfo, alcalde de La Florida) puso un inserto a página completa en el diario en mi contra? Se imaginan las consecuencias para mí si se filtra que el cálculo está mal’. La preocupación de Bermúdez siempre estuvo en cubrir los casos de esos dos municipios (Viña del Mar y La Florida), al menos a nosotros jamás nos preguntó o planteó algo respecto de los otros municipios con el problema”, contó Patricio Barra a La Tercera. Al respecto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que “no podemos tener un contralor, que por miedo a que se filtre algo, esté dispuesto a crucificar”, dijo en T13 Radio. “Esto que pasa ahora es gravísimo, porque podemos tener un contralor que despide gente porque le llevan la contra”, sostuvo la timonel del partido. “Nosotros vemos que acá hay una obsesión, por parte del Contralor, de ir tras municipios que no son de izquierda”, cerró en la emisora. Responden desde La Florida Y desde la Municipalidad de La Florida muy poco esperaron para responderle a Bermúdez. Mediante un comunicado, el municipio capitalino expresó que “hoy sabemos, lamentablemente, luego de haber sido acusados públicamente y con mala intención por parte del contralor, que las cifras no eran accidentalmente equivocadas. Jorge Bermúdez supo desde hace meses los errores que habían, y en vez de corregirlos, optó por ignorarlos y perseverar en el daño generado”. “Le dijimos a Jorge Bermúdez Soto en, a lo menos dos ocasiones, que la auditoria que se nos practicó adolecía de fallas serias, y que los montos señalados por el informe eran absurdos. Nunca se nos escuchó ni se nos respondió. Hoy sabemos, desde su entorno más próximo, que lo que verdaderamente le preocupa al Contralor es su imagen personal y no la verdad de los informes que su institución emite”, añade la nota. “Al señor Bermúdez no le ha parecido relevante reconocer el error, ni mucho menos repararlo. Ha despedido a todo aquel que, incluso en la misma Contraloría le ha representado su equivocación”, recalca la municipalidad floridana. “Desconocemos qué anima a Jorge Bermúdez en contra de este municipio y -en particular- en contra de su Alcalde, Rodolfo Carter, pero nos parece de la mayor gravedad el actuar descontrolado que estamos presenciando, en donde una institución como la contraloría construye falsas verdades, y utiliza todo el poder que el Estado de Derecho le ha dado para causas personales de dudosa procedencia”, cierra. https://www.latercera.com/nacional/...udez-contralor-filtre-algo-crucificar/684027/
  5. El Contralor Jorge Bermúdez despidió al jefe de la División de Análisis Contable y a dos funcionarios de esta unidad que denunciaron los problemas en la Contraloría General de la República para calcular y fiscalizar el déficit contable de los municipios. A través de un comunicado del organismo, se indicó que se trata del jefe de la división, Patricio Barra. Sin embargo fuentes consultadas por Radio Bío-Bío informaron que además fueron despedidos los subjefes intermedios, Pablo Soto e Ignacio Tapia. El 28 de febrero pasado, en una reunión encabezada por el contralor Bermúdez, los tres altos funcionarios de la institución expusieron que los déficit establecidos en varios municipios del país, podían resultar distintos según la fórmula aplicada por la Contraloría y que, en algunos casos, no estaban apegados a la Ley Orgánica de Municipalidades. Los presuntos errores en las auditorías se conocieron luego que el ente contralor le atribuyó a la Municipalidad de Viña del Mar un déficit de más de 17.500 millones de pesos. Entre otros municipios que se habrían visto afectados por el cálculo, aparecen los de las comunas de Illapel, Calama, Coquimbo y Melipilla. En la oportunidad, y a través de un comunicado, la Contraloría aclaró que en todas las auditorias realizadas por el organismo se “indican los elementos a considerar para determinar el déficit” y que “sin perjuicio de lo anterior, admite modalidades de cálculo que se deben adaptar a la realidad de cada caso, según la fiabilidad de la información”. El despido de los tres profesionales habría vulnerado la norma, contemplada en el artículo 90-B del estatuto interno, que protege a quienes denuncian eventuales actos de corrupción. Sin embargo, fuentes internas de la Contraloría indicaron que los exonerados no son objeto de un sumario administrativo que habría impedido sus despidos. Además en el último comunicado se destacó que en el caso del jefe de división “son cargos de exclusiva confianza y están en permanente evaluación. En consecuencia, el contralor general ejerció la facultad de pedir la renuncia del sr. Barra por pérdida de confianza”. La Radio habló con Barra, quien hoy lunes se mantuvo en su cargo porque aún debe ser notificado de la resolución de Bermúdez que declara la vacancia de su cargo. El ingeniero civil adelantó que pretende recurrir a la justicia ordinaria e insistió que su despido es una represalia por revelar los errores en los cálculos de déficit en los municipios que cometió la Contraloría. “Quiero negar en forma categórica que esto se trate de una pérdida de confianza. Esto es lisa y llanamente una represalia por no encubrir las irregularidades en las auditorías de déficit municipal detectadas por mi equipo, que desde hace ya varios meses le hemos representado a la autoridad máxima de esta organización”, indicó. Patricio Barra desempeñaba el cargo de jefe de la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la República desde el 2011, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con un magíster en la misma casa de estudios y cercano a la subcontralora Dorothy Pérez, según fuentes internas de la institución. https://www.biobiochile.cl/noticias...enuncio-irregularidades-en-el-organismo.shtml
  6. Ocho de los 19 ministros que integran la Corte Suprema estarían inhabilitados para resolver el futuro en el Poder Judicial de los tres jueces de Rancagua suspendidos por tráfico de influencias. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó de “dolorosa” la situación que afecta a los tribunales y fiscales a la región de O’Higgins. Este viernes, el pleno de la Corte Suprema conocerá el informe de la ministra Rosa María Maggi, que propone sanción máxima (cuatro meses de suspensión y la apertura de un proceso de remoción) para los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Los cargos implican graves faltas a la probidad administrativa por recibir préstamos de otros jueces, de amigos que tenían procesos pendientes en sus tribunales, por cambiar integración de salas, entre otras situaciones. Se espera que mañana en la Suprema pongan fecha para la audiencia que resolverá el futuro de los tres ministros. Mientras, este jueves el abogado Isidro Solis, defensa del juez Vásquez, pidió alegatos para esa audiencia. El jurista reconoció que hay integrantes de la Corte Suprema que ya emitieron su opinión y que podrían ser recusados. Es decir, que queden inhabilitados para fallar. Nueve a ocho El pasado 17 de abril, a petición de los integrantes de la tercera sala de la Corte Suprema, se desarrolló un pleno para resolver la expulsión de los tres ministros investigados, bajo el considerando tercero del Artículo 80 de la Constitución. La moción fue rechazada por nueve votos a ocho. Es decir, ya habría una opinión previa de ocho supremos por abrir un proceso de remoción, situación que -eventualmente- deberían fallar por segunda vez, lo que impide la ley. Crisis en el Poder Judicial Al ministro Larraín le causa “un cierto dolor” el conflicto que afecta al los jueces y fiscales, pero destacó la “tranquilidad” de que las instituciones hayan funcionado en este caso. De forma paralela, el Juzgado de Garantía de Rancagua resuelve este viernes si aplica el sobreseimiento a la querella que interpuso Sebastián Davalos Bachelet contra los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya, por eventual filtración de antecedentes en el caso Caval. https://www.biobiochile.cl/noticias...-resolver-destino-de-jueces-de-rancagua.shtml
  7. https://es.scribd.com/document/411781467/Minuta-de-formalizacio-n#from_embed https://es.scribd.com/document/411781467/Minuta-de-formalizacio-n#from_embed Encargado de Diálogos Participativos del gobierno de Bachelet gestionó cartas falsas para tráfico de migrantes Pablo Parraguez Infiesta tuvo a su cargo la implementación de las consultas ciudadanas para la elaboración de políticas públicas durante el mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Pero al mismo tiempo que el experto en Desarrollo Local realizaba estas labores también gestionaba cartas de invitación falsas para la red que permitió la entrada a Chile de casi 400 ciudadanos chinos de forma irregular. Entre 2014 y 2017, Parraguez fue miembro de la División de Organizaciones Sociales, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Quien aparece señalado como el líder de “la red más grande de trata de personas que ha existido en la historia de Chile”, Álex Brito Ortiz, tenía un socio. A través de “Gestiones Integrales Spa” gestionaba “directa o indirectamente ante la Cancillería diversas solicitudes de visa de turismo para ciudadanos chinos”, ayudado por el Gerente General de esa empresa: Pablo Parraguez Infiesta, de acuerdo con la minuta de formalización de la causa 1800604774-9-1. Así como Brito tiene un largo historial en la Cancillería, que data de hace más de 30 años, Parraguez Infiesta (que el 13 de junio cumplirá 35 años de edad) también tiene una estrecha vinculación con la administración estatal. Se tituló en el año 2009 en la Universidad de Valparaíso como Licenciado en Ciencias Socioeconómicas y ese mismo año comenzó a trabajar en la Municipalidad de Independencia como Coordinador del proyecto Sistema de Alarmas Comunitarias, que se desarrollaba en conjunto con el Ministerio del Interior. Más tarde estuvo a cargo del programa Senda Previene en esa misma comuna y también dirigió la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, según detalla él mismo en su perfil de Linkedin, estuvo vinculado a esa municipalidad hasta el año 2013 y en 2014 da el salto a un cargo nacional a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). Llega a esta oficina de la mano del ex líder estudiantil Camilo Ballesteros (PC), quien en abril de 2014 asumió la dirección de la División de Organizaciones Sociales (DOS) y en mayo de ese mismo año le encarga la elaboración e implementación de metodologías de diálogos participativos y cuentas públicas, así como convertirse en el relator de capacitación a dirigentes sociales en actividades de la división en terreno. Su cargo aparece en el listado de contrataciones a honorarios de este organismo en 2014, donde se detalla que recibía un salario de $1.444.444. El objetivo de este proyecto, según se lee en un informe elaborado por Parraguez luego de una visita a Tarapacá/Iquique era “abrir espacios reales para la incidencia de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas”. Tuvo diversas reuniones en municipios de la Región Metropolitana y en el resto del país. Como cuando se juntó con representantes de organizaciones territoriales y funcionales de la Región del Maule para recoger sugerencias en cuanto a la conformación de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) y la implementación de la Ley de Participación Ciudadana que, afirmó durante el encuentro, era una de lasprioridades del Programa de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. “Para nosotros es muy importante que las políticas públicas, hoy más que nada, tengan sentir ciudadano. La Ley de Participación Ciudadana, 20.500, fue una ley que si bien fue creada durante el pasado gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, no fue creada con participación ciudadana y es un poco irrisorio y contraproducente que no se haya hecho con participación. Entonces el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha considerado que se debe realizar una modificación. Estamos trabajando la evaluación a nivel país, en todas las regiones de Chile, para escuchar a los dirigentes, saber su opinión y que esta ley contemple la voz ciudadana dentro de su política pública”, dijo Parraguez en la ocasión. Las jornadas de diálogos participativos incluso trascendieron las fronteras de Chile.En un informe elaborado por Segegob, y presentado ante la Cámara de Diputados, se mencionan los viajes de la DOS por el voto chileno en el exterior. Al menos cuatro viajes realizó el director de la organización Camilo Ballesteros. Fue a Brasil, México, Holanda y Francia. A los dos primeros países fue en noviembre de 2014, y a Europa en junio de 2015. Parraguez lo acompañó en su travesía por el viejo continente. El especialista en Desarrollo Local estuvo a cargo de la elaboración del informe Diálogo Participativo que surgió de la reunión realizada el 13 de junio de 2015 en la Embajada de Chile en Francia. En su perfil de Facebook se pueden ver fotos suyas de esa fecha junto a la Torre Eiffel, y también en Ámsterdam. La Segegob de entonces justificó los viajes argumentando que una de las tareas de la DOS es contribuir a la «vinculación, interlocución y comunicación» entre el Gobierno y las agrupaciones sociales, «favoreciendo el asociacionismo». En 2016 continuó llevando a cabo estos encuentros ciudadanos, de nuevo en Chile. El 2 mayo de 2016 estuvo en la Provincia de Talagante para hablar sobre temas energéticos, “como la distribución de la energía, la cuenta y los cortes de luz, y también la Política Energética 2050, la que fue elaborada a través de un proceso de participación ciudadana”, según informó el gobierno en esa ocasión. Además, expuso sobre el Proceso Constituyente que se estaba llevando a cabo en el país. Uno de los ejes del mandato de la ex Presidenta Bachelet que tenían como objetivo hacer una nueva Carta Magna. Con este mismo fin, más de 80 dirigentes de Macul se reunieron, el 30 de mayo, en una “jornada participativa territorial”. La presentación del Proceso Constituyente estuvo a cargo de Parraguez, en representación de la DOS, quien en su exposición“invitó a todos las dirigentes a participar de este proceso, indicándoles todos los pasos de la fase participativa del mismo”. El gestor de las cartas de invitación falsas En paralelo a sus funciones en el Ejecutivo, Parraguez oficiaba como «número 2″ en la red de tráfico de migrantes. Su papel era ser “gestor de cartas de invitación falsas. Al ser ex funcionario público, conoce además el funcionamiento interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. De este modo, gestionaba la obtención de las cartas de invitación ideológicamente falsas, a efectos de llevar a cabo la tramitación de las visas de turistas para los ciudadanos chinos. También firmó cartas personalmente”, según afirma el documento de formalización. Así, por ejemplo, en el mismo mes de mayo de 2016, mientras lideraba los encuentros ciudadanos en Macul y en Talagante, de acuerdo con la minuta de formalización, gestionaba cartas de invitación falsas para la entrada al país de 13 ciudadanos chinos. Solo un par de semanas separaban su trabajo en la Segegob y sus otras «labores» en le esquema de tráfico. Aquellos migrantes son parte de un total de 47 que ingresaron por medio de misivas en las que Parraguez estuvo involucrado. Actualmente, en su perfil de Linkedin, en donde aparece posando junto a la fuente de agua del Patio de los Cañones de La Moneda, Parraguez se identifica como Gerente Comercial en Global Transfer Servicios Financiero, una de las empresas que figura como aliada, según su web, de “Gestiones Integrales Spa”, cargo en el que estaría desde abril de 2018. Otros aliados de Gestiones Integrales serían las firmas de manejo de desperdicios Bricks&Sticks y Bradam Group, LLC. Todo esto, de acuerdo con la información disponible en su web. En esta línea se presentó como invitado a la sesión ordinaria N° 1107 del Concejo Municipal de La Serena, para presentar un proyecto de una “planta de tratamiento de residuos”. El ahora ex funcionario señaló frente a los concejales que requería un terreno de ocho hectáreas para procesar 200 mil toneladas de basura al año, con una inversión de 220 millones de dólares. Esta planta generaría subproductos como: diesel para aviones, asfalto, agua no potable, gas natural y energía eléctrica. Este proyecto además lo presentó con una empresa canadiense, cuyo nombre no se especifica en la minuta del Concejo. Se consigna que Parraguez «hace presente que por confiabilidad para seguir avanzando en el proyecto la empresa canadiense exige un documento de intencionalidad para viajar a Chile». Hoy, Parraguez está siendo juzgado por el delito de tráfico de migrantes y se encuentra sujeto a una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno de 22:00 horas a 06:00 horas, en su domicilio ubicado en Huechuraba. https://ellibero.cl/actualidad/enca...iono-cartas-falsas-para-trafico-de-migrantes/
  8. Colegio de Abogados ofició a presidente del máximo tribunal y pidió que se indague la situación en los tribunales individualizados así como en otras jurisdicciones del país. Un oficio acompañado de una denuncia. El 15 mayo el documento llegó a la Oficina de Partes de la Corte Suprema.Iba dirigido a su presidente, Haroldo Brito. El Consejo del Colegio de Abogados había acordado, por unanimidad, poner en conocimiento de la máxima autoridad del Poder Judicial una serie de antecedentes entregados por sus asociados José Joaquín Ugarte Godoy y Fernando Ugarte Vial, relacionados con dos magistradas civiles de Santiago que habrían realizado “numerosos nombramientos de la misma persona en cargos remunerados”, consigna el texto.Los abogados denunciaron ante el máximo tribunal a las juezas en abril, en medio de la polémica que levantó la situación de tres ministros de la Corte de Rancagua, suspendidos e indagados administrativamente por tráfico de influencias, nombramientos irregulares, entre otros hechos. Uno de ellos incluso fue formalizado en una investigación penal ese mes por prevaricación y enriquecimiento injustificado.Después acudieron al organismo gremial, el que —en su comunicación a Brito— expresa “la necesidad de prevenir irregularidades y malas prácticas de miembros del Poder Judicial”, por lo que decidió hacer presente “la gravedad de la denuncia” y la relevancia de que sea investigada y “se apliquen las sanciones que resulten procedentes”.Por ello, el Colegio solicita que se pida cuenta a la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el estado de la denuncia y que se investigue si las prácticas denunciadas pudieran estar ocurriendo en otros tribunales de Letras con competencia civil del país.“A esos efectos pedimos que, en particular, se requiera a todos los juzgados de Letras con competencia en lo civil que informen a esa Exma. Corte (Suprema)” sobre dos asuntos en particular. Primero, el nombre de los jueces árbitros y los jueces partidores que han sido designados por dichos tribunales en los últimos tres años y el número de veces que han sido designados en caso de repetirse las designaciones.Y, en segundo lugar, si el secretario del tribunal ha sido designado como actuario o ministro de fe en algún arbitraje y, para cada caso en que así haya ocurrido, qué tribunal efectuó la designación del árbitro que lo nombró como tal, y quién fue el árbitro que lo designó como actuario. Alessandri: “Nos llegó la primera denuncia” “El Mercurio” contactó al presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri C., quien confirmó el envío del oficio, recordando que el 9 de abril la Orden, mediante una declaración pública, informó a todos sus asociados que “las denuncias pueden ser canalizadas a través nuestro” y que pocos días atrás el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, abordó las medidas de probidad y transparencia adoptadas por el Poder Judicial para avanzar en una política de “puertas abiertas”, lo que destacó. “Nos llegó la primera denuncia”, dijo, y agregó que, como Colegio, “nos pareció grave y revela —a nuestro juicio— posibles irregularidades y malas prácticas, por lo que acordamos poner los antecedentes en manos de la Corte Suprema”.Y, apuntó el presidente de la Orden, “nos parece que este tipo de denuncias son justamente las cosas que deben investigarse a fondo (...) que el Poder Judicial debiera recibirlas con mucho interés”.Como la denuncia de los abogados Ugarte Godoy y Ugarte Vial se presentó ante la Corte Suprema, solo llegó al tribunal de alzada capitalino los primeros días de mayo. Ahora, tras ello, se pidió al ministro visitador del 21° Juzgado Civil de Santiago reunir más antecedentes.Los hechos expuestos en la presentación que alude a las magistradas surgen, explica Alessandri, de una causa civil en tramitación y “el problema que denuncian estos dos abogados es un problema que ellos están viendo profesionalmente; ellos están, por así decirlo, cobrando sus honorarios —muy legítimo, porque tienen un asunto profesional—, pero en el fondo esto es un coletazo”. “El coletazo” de una herencia Si bien el presidente de la Orden dijo no poder entregar más información sobre ese proceso, el relato de los hechos denunciados estaba ya ayer en la Corte Suprema, en la de Apelaciones de Santiago y en el Colegio de Abogados. Y, según ese relato, el “coletazo” surge en una causa por una herencia en la que la magistrada María Sofía Gutiérrez Bermedo, del 12° Juzgado Civil de Santiago, es parte y cuya tramitación lleva su par Patricia Castro Pardo, del 21° Juzgado Civil de la misma ciudad.Mientras que por otra de las partes involucradas en el juicio están los abogados Ugarte Godoy y Ugarte Vial, quienes dicen —en su denuncia— que la magistrada Castro nombró como administradora proindiviso a Gladys Apara y que luego vieron que era habitualmente designada por esta jueza y por Gutiérrez. Se reúne información, pero no hay indagación En el documento, consignan que Castro ha designado a Apara para que se desempeñe como partidora o sirva otros cargos remunerados en, al menos, 19 oportunidades entre 2014 y 2016, sin perjuicio de que pueda haber habido más designaciones antes y después.Y, reseñan, otras seis veces para tareas similares por Gutiérrez, lo que da cuenta —dice la denuncia— que, “al igual que en el caso anterior, de que la relación entre la jueza de este tribunal y la señora Apara Riadi es probablemente de confianza, de cercanía”.Indicándose además, entre varios otros antecedentes: “Resulta sorprente que una jueza de la República, que actúa como litigante en un juicio, haga designar como administradora proindiviso a una persona muy cercana a ella, de su exclusiva confianza —eventualente amiga—, a quien la misma jueza ha designado como partidora varias veces, y consiga de ella que le gire cheques por casi $220 millones, sabiendo que es ilegal e improcedente, porque ni siquiera hay partidor”.Consultado uno de los denunciantes, Fernando Ugarte Vial, declinó hacer comentarios; mientras que desde el Poder Judicial se precisó que aún no hay ninguna investigación abierta, pero que sí se recaba información. https://digital.elmercurio.com/2019/05/17/C/5S3JN8B7
  9. A fines de 2017 la Contraloría se convirtió en flamante miembro de la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Conformada por solo tres países, es la responsable de revisar las cuentas de sus programas en distintos continentes. CIPER accedió a un informe interno del ente de control que dirige Jorge Bermúdez, el que evidencia severos cuestionamientos a las competencias de casi todos los jefes del equipo chileno a cargo de esa delicada misión. La Contraloría debe remitir a la ONU su primer informe en junio. A nombramientos fallidos en al menos dos cargos de alta responsabilidad, se suman contrataciones de auditores “sobre la hora”, los mismos que fueron rechazados con anterioridad por no cumplir con el perfil exigido por la institución. “Sensación de que el trabajo se hace ‘al lote’ y en forma improvisada”. Esa es solo una de las duras descripciones que contiene un informe interno de la Contraloría General de la República –al que accedió CIPER– y que da cuenta de los graves problemas que ha tenido el propio organismo de control para llevar adelante una de las tareas más relevantes que le ha correspondido realizar en sus 90 años de existencia: la auditoría a los estados financieros de Naciones Unidas (ONU). Esa misión comenzó en julio del año pasado, después de que el organismo multinacional escogiera a la Contraloría chilena para revisar sus cuentas. La responsabilidad es grande: el presupuesto total de la ONU aprobado por los estados miembro para el periodo 2018–2019 alcanza los US$5.396 millones. A un solo un mes de que se cumpla el plazo para que la Contraloría despache a la ONU su primer trabajo de revisión de cuentas (fijado para junio próximo), las críticas apuntan a la falta de competencia de los miembros del equipo designado para esta tarea por el contralor Jorge Bermúdez. Los cuestionamientos adquirieron fuerza después de que muchos de esos reparos quedaran plasmados en el mencionado informe interno, titulado “Proceso de Diagnóstico y Asesoramiento”, que data de enero pasado. La indagación de CIPER detectó también que recién en abril de este año –a diez meses de iniciado el trabajo de revisión de los estados financieros de la ONU y con los plazos encima para la entrega del informe de junio–, la Contraloría contrató a diez nuevos auditores. Para esa selección, utilizó una base de datos de candidatos que meses antes habían sido rechazados por el propio organismo para ocupar esas mismas plazas por no cumplir con criterios definidos como “excluyentes” para el perfil buscado. El 2 de noviembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó a la institución contralora chilena –previa votación en la que compitió con su par de Sierra Leona– miembro integrante de la Junta de Auditores de la organización internacional. Fue un día de celebración en la Contraloría, en especial para quien, desde diciembre de 2015, lidera la institución fiscalizadora: Jorge Bermúdez Soto. Contralor Jorge Bermüdez La Junta de Auditores de Naciones Unidas es una unidad especial compuesta por solo tres países y tiene la responsabilidad de ejecutar las revisiones financieras de las cuentas de todos los fondos y programas que el organismo internacional ejecuta en distintas partes del mundo. Ese 2 de noviembre tocaba festejar porque la investidura que cayó sobre la Contraloría era inédita y porque se había comenzado a fraguar muchos meses antes, a través de una intensa agenda de lobby con reuniones en la Cancillería y conversaciones con varios contralores de distintos países miembros de la ONU. Era la irrupción de la Contraloría, con Jorge Bermúdez al mando, en las ligas mayores de la escena internacional. Hoy, es el contralor chileno quien ocupa, junto a los de India y Alemania, uno de los tres asientos reservados para los máximos auditores del organismo internacional. A un año y medio de ese hito los iniciales ánimos festivos dieron paso a un ambiente tenso, marcado por la pugna entre el contralor Bermúdez y la subcontralora Dorothy Pérez Gutiérrez. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte está investigando una denuncia contra Bermúdez y su círculo de asesores más cercanos, presentada por Pérez el pasado 26 de abril, por fraude al Fisco, tráfico de influencias y prevaricación, por el supuesto ocultamiento de irregularidades en el Servicio Nacional de Geología y Minería para favorecer una funcionaria de confianza del contralor (vea la nota de Biobío que difundió la información). La fiscalía ya estaba investigando otra denuncia de la subcontralora por violación de correos electrónicos en un sumario interno de la Contraloría. Bermúdez y Pérez mantienen un fuerte enfrentamiento desde que el primero intentó remover de su cargo a la segunda, pero un fallo judicial repuso a la subcontralora en su cargo. Así, los cuestionamientos a la operación en la ONU que surgen ahora profundizan el enrarecido clima laboral que se vive en la institución. La Contraloría tomó formalmente el encargo de la ONU el 1 de julio de 2018, con un mandato que se extiende por seis años, hasta 2024. Pocos meses después de asumir la responsabilidad, se desató la primera polémica. El 17 de agosto, solo un mes y medio después del inicio del trabajo en la Junta de Auditores, un grupo de funcionarios del nuevo departamento Contraloría-ONU que se encontraba en terreno en África, asistió a un safari en la reserva Masai Mara de Kenia. De acuerdo a la denuncia realizada por una funcionaria de ese departamento, que luego fue apartada de su cargo, la actividad turística se inició en horario laboral (un viernes a las 13:00). Por esa situación, se abrió un sumario a fines de diciembre pasado y sus resultados aún no se conocen. Antecedentes que CIPER tuvo a la vista indican que ese no fue el único safari al que asistieron funcionarios de la Contraloría. Una segunda actividad turística se realizó entre el viernes 26 y el domingo 28 de octubre de 2018 en la misma reserva africana. En ella participaron cinco personas y el itinerario habría sido idéntico al de los funcionarios que hicieron la visita en agosto, afectando la jornada de trabajo. El tema de los safaris no es el único que empaña la hasta ahora breve experiencia de 10 meses de la Contraloría a cargo de las cuentas de la ONU. Tampoco el más grave. El informe de diagnóstico al que accedió CIPER da cuenta de que el trabajo presenta una serie de falencias que podrían comprometer la calidad de sus resultados. Elaborado por la sicóloga Itzel Echiburú, funcionaria a contrata de la Secretaría General de la Contraloría, el documento da cuenta de la escasa preparación y experiencia en materia de auditoría financiera de los líderes de los siete equipos conformados para revisar la ejecución presupuestaria de los programas de Naciones Unidas. Entre ellos figura solo una contadora auditora. Los otros seis jefes de equipo –dos arquitectos, dos administradores públicos y dos abogados– nada tienen que ver con finanzas y contabilidad. Sus nombramientos fueron visados por Jorge Bermúdez, quien también designó a una abogada de su confianza, María Francisca del Fierro, como responsable de coordinar a esos equipos desde Santiago. La indagación de CIPER –basada en la revisión de la nómina de funcionarios a contrata disponible en la web y a información entregada por la Contraloría– indica que a la fecha son 55 los funcionarios asignados al Departamento de Auditoría Externa ONU. El costo total de esa planilla supera los $140 millones al mes. Al ser un trabajo ad honorem –salvo por los pasajes, viáticos y otros costos de operación con cargo a la ONU– el pago de esa nómina es asumido por la Contraloría. Jorge Bermúdez y Dorothy Pérez El informe de diagnóstico de Echiburú –que utilizó como insumo entrevistas en profundidad a funcionarios que conforman los equipos del departamento Contraloría-ONU– devela que existe una percepción común entre los auditores que participan de esa unidad de que “no se están cumpliendo las premisas básicas de la auditoría financiera” y de que los jefes “desconocen completamente las metodologías”. Lo más delicado del documento dice relación con que, tal como está planteada, la estructura y composición del departamento creado para cumplir con el mandato de la ONU, “no asegura el cumplimiento de objetivos”. #SoyCiperista Apoya el periodismo independiente Ver lista de donaciones EN BUSCA DE LA NOMINACIÓN El nombramiento de la Contraloría como miembro de la Junta de Auditores de Naciones Unidas fue el epílogo de un trabajo de meses liderado por el contralor Bermúdez. La última vez que un país de Sudamérica participó en esa junta fue hace 40 años, con Colombia en ese rol. En 2017, a propósito del aniversario número 90 de la Contraloría, Jorge Bermúdez definió como desafío prioritario levantar una candidatura para formar parte de esa instancia internacional. Desde entonces, el lobby se desplegó por dos cuerdas. A nivel nacional, Bermúdez y sus asesores se reunieron en varias oportunidades con la Cancillería en busca del respaldo oficial del gobierno. Un rol protagónico le cupo a Jorge Bermúdez en esas gestiones. Su huella y los tintes de personalismo que adquirió la candidatura de la Contraloría quedaron plasmados en una invitación extendida al organismo de control a mediados de octubre de 2017 por el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. En ella se lee: “Almuerzo con ocasión de la candidatura del Contralor General de la República Sr. Jorge Bermúdez a la Junta de Auditores de Naciones Unidas”. El evento tuvo lugar en el salón Orlando Letelier del Ministerio de Relaciones Exteriores y asistieron cerca de 40 personas, entre ellas varios embajadores. A nivel internacional, las tratativas se centraron en conseguir el beneplácito de las contralorías de distintos países miembros de Naciones Unidas, de modo que fueran esas instituciones las que recomendaran la candidatura chilena frente a sus propias cancillerías. Los puentes se tendieron principalmente a través de cartas firmadas por Bermúdez: “Solicitamos su amable colaboración y apoyo, para que en la medida de sus posibilidades puedan promover nuestro interés frente al gobierno de su país”, se lee en una de las cartas tipo enviadas en junio de 2017 a los organismos contralores de países como Cuba, Alemania y Australia, entre varios otros. Las gestiones de la Contraloría se intensificaron en agosto, luego de que se conociera de la candidatura que ese mes presentó su par de Sierra Leona. Fue entonces cuando, en respuesta a la arremetida del país africano, se decidió imprimir y repartir un folleto a color de cuatro páginas, en inglés y en español, para redoblar esfuerzos. Para ese mes, la Contraloría ya se había comunicado con sus pares de Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, España, Indonesia, Japón, Kiribati, México, Paraguay, Perú, República Checa, República Dominicana, Tailandia y Vietnam, logrando granjearse el apoyo de la mayoría de esos países. En 2 de noviembre de 2017, en el marco de la 72º Asamblea General de Naciones Unidas y con la concurrencia de 190 estados miembros, la Contraloría General de la República logró su objetivo. Ni fácil ni tan rotunda fue la victoria. Los 190 países expresaron su preferencia así: 97 votos para Chile; 91 votos para Sierra Leona (más una abstención y un nulo). La elección de la Contraloría de Chile significó que Jorge Bermúdez lograra un asiento como miembro oficial de la Junta de Auditores de Naciones Unidas, donde comparte mesa con el contralor y auditor general de la India, Rajiv Mehrishi, y con el presidente del tribunal federal de cuentas de Alemania, Kay Scheller. Tocaba ahora, conformar los equipos. RIPIOS INICIALES Cristhian Möller, un funcionario de buen desempeño como jefe de auditoría de la Contraloría Regional de Aisén, fue el escogido por Jorge Bermúdez para ocupar el puesto de director del nuevo Departamento Contraloría-ONU ante la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Su cargo implicaba residencia permanente en Nueva York, desde donde debía coordinar el trabajo en terreno de los nuevos equipos de auditoría externa de la Contraloría. Möller, constructor civil, llegó al puesto luego de que el 25 de enero de 2018 la Contraloría anunciara que Bermúdez había decidido declarar desierta la convocatoria pública que el organismo abrió para llenar el cargo. Antes de su traslado a Nueva York, Cristhian Möller asistió a reuniones de entrenamiento y capacitación en Alemania, Estados Unidos e India, y fue presentado oficialmente ante las autoridades de la Junta de Auditores como el director del nuevo departamento Contraloría-ONU. Sorpresa causó entre varios funcionarios de la Contraloría chilena una comunicación interna del organismo fechada el 8 de mayo de 2018, a menos de dos meses de que el organismo tomara formalmente posición de su rol en Naciones Unidas. En ella se indicaba que Jorge Bermúdez había decidido sacar a Cristhian Möller de su cargo y designar en su reemplazo al contador auditor Víctor Henríquez. Fue el primer traspié de la Contraloría en su nueva tarea. Tras ser removido de un cargo que no alcanzó a asumir, el constructor civil fue reubicado como jefe de auditoría en la Contraloría Regional de Coquimbo. El pasado 3 de mayo, CIPER solicitó entrevista con Jorge Bermúdez. Desde la Contraloría indicaron que el contralor tenía un viaje programado para la noche del 6 de mayo y que, por tanto, no podía atender a esa solicitud. Quien sí respondió a las preguntas de CIPER fue el jefe de la División de Auditoría del organismo de control, también responsable de vigilar el funcionamiento del trabajo del departamento Contraloría-ONU, Eduardo Díaz. Consultado sobre la salida de Cristhian Möller, Díaz indicó que en esa etapa inicial de implementación, había que abordar una serie de desafíos relacionados con establecer la estructura de funcionamiento del trabajo con Naciones Unidas y que, luego de una “evaluación base”, el contralor Jorge Bermúdez –quien fue el que lo designó en el cargo–decidió reubicarlo. Los motivos del traslado de Möller aún no son del todo claros. Parte del equipo de la Junta de Auditores. Cristhian Möller sostiene la bandera con su mano derecha. EL SAFARI DE LA DISCORDIA Para responder a sus responsabilidades en Naciones Unidas, la Contraloría conformó siete equipos de trabajo, cada uno liderado por un jefe o “team leader”, quienes en términos jerárquicos deben rendirle cuentas a la abogada María Francisca del Fierro, designada por Jorge Bermúdez como jefa del Departamento Contraloría-ONU en Santiago. Antigua funcionaria de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Bermúdez conoció a del Fierro cuando éste asesoró en 2014 a esa entidad antes de asumir como contralor. El jefe de Auditoría del organismo contralor, Eduardo Díaz, indicó a CIPER que los “team leader” y los miembros de los equipos fueron escogidos por un comité liderado por el contralor y que en esta etapa inicial de reclutamiento se privilegió a funcionarios de la propia Contraloría que contaran con la confianza, desde el punto de vista “técnico y profesional”, de Jorge Bermúdez. Inicialmente, el ente de control dispuso una dotación de 30 personas para llevar a cabo la tarea. Hoy, la planilla alcanza a 55 funcionarios (India cuenta con un equipo de 100 personas aproximadamente y Alemania con uno de 60). Son 14 los fondos y programas de Naciones Unidas que deben ser auditados en terreno por el equipo chileno. Se cuentan entre ellos la caja común de pensiones del personal de Naciones Unidas; el programa ONU Mujeres y el Fondo Mundial para el Medioambiente. A poco de asumir las tareas, comenzaron los primeros roces entre algunos miembros del departamento Contraloría-ONU. La primera grieta se produjo luego de que una de las líderes de equipo, la contadora auditora Macarena Martínez, le hiciera ver a su jefa Francisca del Fierro que la persona contratada para realizar la auditoría de los sistemas informáticos del fondo de pensiones de la ONU (auditoría que Martínez lidera) no contaba con las competencias necesarias. El ingeniero a cargo fue despedido tres meses más tarde, habiendo recibido, además de su salario, viáticos por cerca de US$15 mil (cerca de $10,3 millones al cambio actual). Fue también Martínez quien informó a sus superiores del safari en Kenia que realizaron cuatro funcionarios cuando cumplían labores en terreno. La denuncia fue respaldada con documentos que dan cuenta de que el comienzo de la actividad turística se programó aún en jornada laboral (ver nota de Biobío Chile). En esa actividad también participó uno de los hombres de mayor confianza y asesor directo del contralor Bermúdez, el abogado Alejandro Valenzuela Marín. La ida de Valenzuela a Kenia (llegó el 1 de agosto) y su participación en el safari, levantó polvo entre algunos auditores del equipo y también entre varios funcionarios de la Contraloría en Santiago. Ello, porque Valenzuela, quien fue alumno de Bermúdez en la Universidad Católica de Valparaíso, no es parte permanente de ninguno de los equipos que audita a la ONU. – ¿A qué fue Valenzuela a África? –Además de prestar asesoría legal, el objetivo de su visita era colaborar con retroalimentación respecto de si lo que estábamos planificando era tal como lo habíamos dimensionado o no –indicó a CIPER Eduardo Díaz. En el segundo safari a la reserva Masai Mara (26 al 28 de octubre) participaron cinco funcionarios del Departamento Contraloría-ONU. Las denuncias de Martínez incomodaron al círculo cercano del contralor Bermúdez, en especial a la jefa del Departamento, María Francisca del Fierro. El 27 de diciembre, Macarena Martínez fue removida de sus labores como líder del equipo que audita el fondo de pensiones de la ONU. De izquierda a derecha: Mussa Juma Assad, contralor de Tanzania; Rajiv Mehrishi, contralor de India, y Jorge Bermúdez. La versión de la Contraloría es otra: sus autoridades señalan que luego de que Martínez fuese notificada por Del Fierro de que dejaría de ser “team leader” para asumir como encargada del comité de inversiones, la profesional habría amenazado con “demandar” al departamento y a su jefatura por “corrupción” al “existir turismo en horario laboral y contrataciones de personal no idóneo”. Eso es lo que se lee en un documento de la Contraloría al que CIPER accedió. Según esa versión, fue María Francisca del Fierro la que presentó esos antecedentes al Consejo Superior de Integridad del organismo, instancia que decidió abrir un sumario. A mediados de febrero de este año, Macarena Martínez, quien a fines de diciembre acusó de acoso laboral a Del Fierro, tuvo que ser reintegrada a sus labores como “team leader” por orden de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. SE REQUIEREN AUDITORES Desde la propia Contraloría reconocen que la implementación de las tareas de auditoría mandatadas por la ONU no ha sido fácil, pero explican que eso responde a la puesta en marcha de cualquier proyecto de esta envergadura. Así y todo, recalcan que desde el inicio los equipos a cargo del trabajo han elaborado más de 100 Memorándum de Observaciones de Auditoría y más de 150 Memorándum de Seguimiento. A las críticas que han despertado al interior de la Contraloría la fallida designación de Cristhian Möller; la contratación de un ingeniero que estuvo trabajando varias semanas en Nueva York sin contar con las competencias técnicas ni lingüísticas; las actividades turísticas y la ida de Alejandro Valenzuela a Kenia (quien se sumó a uno de los safaris), se suman graves cuestionamientos a seis de los siete jefes de los equipos que deben auditar en terreno las cuentas del organismo internacional. Ninguno de esos seis líderes de unidad cuenta con título de contador auditor o similar. Pese a no tener experiencia contable ni en auditoría de sistemas, la mayoría de ellos, sin embargo, firma sus correos identificándose como auditores, junto al logo de la Contraloría y el de la ONU. –El equipo de auditores, independiente de su profesión, desarrolla labores de auditoría. Si forman parte del equipo de auditoría, entonces operan como auditores –explicó Eduardo Díaz. Pero los “team leader” no son los únicos que firman como auditores. CIPER tuvo a la vista el pie de firma de un correo electrónico que evidencia que uno de los lingüistas contratados por la Contraloría para traducir los informes que deben ser reportados a Naciones Unidas también lo hace. CIPER también detectó que la primera alerta sobre la idoneidad del personal y jefaturas del departamento Contraloría-ONU se encendió meses antes del informe de enero de Itzel Echiburú. Esa alerta fue recibida en Santiago el 5 de noviembre de 2018, luego de que la jefa subrogante de uno de los equipos que auditaba un programa de la ONU en La Haya, Carol Delgado, enviara un reporte de actividades con la siguiente observación: “Se requiere la participación de un auditor financiero con manejo del idioma inglés, que reemplace al/los abogados que participan actualmente en la revisión, toda vez que, tanto por el corto tiempo para la revisión de este programa, como por la especialización profesional en materias financieras, no resulta conveniente por eficiencia y eficacia en la ejecución de la misma, que el grupo auditor lo integren dos abogados, como ocurre actualmente. En consecuencia, el equipo debería estar integrado por tres auditores financieros como mínimo”. LAS COSAS SE HACEN “AL LOTE” Las alarmas se volvieron a encender dos meses más tarde. Con motivo de la denuncia por acoso laboral de Macarena Martínez contra María Francisca del Fierro, el Comité de No Discriminación de la Contraloría le encargó a la sicóloga y funcionaria del organismo, Iztel Echiburú, la realización de un diagnóstico que diera cuenta de la situación al interior del Departamento Contraloría-ONU. Ese comité está conformado por cuatro miembros, entre ellos la subcontralora Dorothy Pérez. El informe de Echiburú fue dado a conocer a mediados de enero. Para su elaboración, la sicóloga tomó como insumos evaluaciones sicolaborales de varios integrantes de los equipos de auditoría y realizó diez entrevistas individuales y en profundidad a los miembros del departamento Contraloría-ONU. El informe revela que la calidad del trabajo que la Contraloría de Chile realiza para Naciones Unidas está en riesgo. En uno de sus pasajes se lee: “Entre los integrantes existe la sensación de que la planificación de la unidad no se realizó/realiza correctamente, en cuanto han cambiado varios de sus integrantes durante el corto periodo de existencia del departamento; con que existiría brecha entre los objetivos de proyecto y la actual estructura y composición del equipo para asegurar su cumplimiento, lo que se manifiesta sobre todo en la percepción de que existen falencias técnicas desde la perspectiva de la auditoría financiera y sus metodologías, internacionalmente definidas”. A ellos se suman menciones recurrentes por parte de casi todos los entrevistados para el informe respecto de que existe “poca claridad del rol de los directores del proyecto”; que “el trabajo se hace al ‘lote’ y de forma improvisada”; que los jefes de equipo “desconocen completamente las metodologías de una auditoría financiera y que tampoco les interesa aprender lo básico” y que “no se están cumpliendo las premisas básicas de la auditoría financiera en el departamento”. La preocupación de varios de los entrevistados se concentra en la “imagen que está quedando de la Contraloría General de la República”, entre otras cosas porque “la definición de la estructura y conformación del departamento no asegura el cumplimiento de objetivos”. CIPER se contactó vía email con la secretaria ejecutiva de la Junta de Auditores de Naciones Unidas, Anjana Das (encargada de coordinar y facilitar el trabajo de los funcionarios de los tres países que conforman esa instancia), para consultarle sobre su percepción sobre las labores realizadas a la fecha por el departamento Contraloría-ONU. Su respuesta fue que ella no era la encargada de evaluar ese trabajo y que esa responsabilidad recaía en el contralor general de Chile, Jorge Bermúdez. Sobre la denuncia de acoso presentada por Macarena Martínez contra su jefa y responsable del departamento Contraloría-ONU, María Francisca del Fierro, el informe de Echiburú concluye que: “Tras analizarse el contexto y dinámica grupal, se observan comportamientos por parte de la jefatura que se sustentan en su mirada personal de lo que implica este proyecto, lo que no atañe en forma exclusiva a la persona denunciante, por tanto no se trataría de comportamientos hacia un determinado integrante, característica fundamental del acoso laboral”. CONCURSO DESIERTO En una decisión que pudo haber sido motivada por el informe de la sicóloga Itzel Echiburú, la Contraloría abrió en febrero pasado un concurso público para reclutar a cinco auditores financieros y a otros tres auditores de sistemas, para ingresar a contrata y con grado 13 a formar parte del equipo que audita a la ONU. Fuera o no ese el motivo, hay un hecho cierto: los plazos para la entrega de la Contraloría del primer informe grueso a Naciones Unidas apremian. El informe debe estar listo a fines de este mes para que sea revisado formalmente por los otros miembros de la Junta de Auditores y luego remitido, en junio, al cuartel general de Naciones Unidas en Nueva York. La indagación de CIPER detectó que recién en abril se integraron diez nuevos auditores al equipo Contraloría-ONU y que el reclutamiento se hizo utilizando una base de datos de candidatos que fueron rechazados en una primera instancia por no cumplir con los requisitos exigidos en las bases. Cuando se abrió la convocatoria en febrero para reclutar a nuevos auditores financieros y de sistemas, la Contraloría recibió una avalancha de postulaciones. Fueron cerca de 1.500. El 18 de marzo la entidad declaró desierto el concurso: “Se revisaron los antecedentes curriculares de cada postulante no existiendo ninguno que cumpliera con los criterios definidos como excluyentes”, se lee en un documento de la Contraloría. Entre los criterios excluyentes figuraban contar con experiencia técnica en auditorías y manejo avanzado, escrito y hablado, del idioma inglés, el que debía acreditarse con certificados. La investigación de CIPER arrojó que para llenar esas plazas se “recicló” la base de datos de los 1.500 postulantes de la convocatoria de febrero, los mismos que no habían cumplido con los criterios “definidos como excluyentes”. Y que para validar ese nuevo proceso de reclutamiento, se rebajó el grado de ingreso de esos profesionales a la Contraloría (de 13 a 15), es decir, se les ofreció una remuneración menor. –¿Bajo qué procedimiento ingresaron entonces los diez nuevos auditores al departamento Contraloría-ONU? –Como no pudimos conseguir profesionales que cumplieran con los requisitos establecidos para ingresar al departamento con grado 13 y necesitábamos constituirnos para hacer la revisión de la segunda parte de la auditoría, optamos por la medida más eficiente que era tomar la base de datos con los curriculum de los postulantes de la primera convocatoria y llamar nuevamente a entrevistas, pero ofreciendo el grado 15 como grado de ingreso– explicó el jefe de auditoría de la Contraloría, Eduardo Díaz. –¿Si se baja la calidad del perfil de profesionales buscado, no compromete eso el trabajo que están haciendo? –No es que estas personas no tengan los requisitos mínimos para cumplir con el estándar requerido. Solo que no cumplieron para ingresar con grado 13 de acuerdo a las bases de la convocatoria, específicamente por el tema de inglés, pero sí con grado 15 –insistió Díaz, señalando que los nuevos auditores pasaron por un proceso de entrevistas a cargo de una comisión compuesta por María Francisca del Fierro y otros profesionales del organismo de control. Sobre el informe de diagnóstico de la sicóloga Echiburú, Eduardo Díaz indicó que se están implementando todas las recomendaciones sugeridas en ese documento. Una de ellas decía relación con “evaluar la conformación completa del equipo” y de considerarse “que hay integrantes que no se condicen con las necesidades técnicas del proyecto, se sugiere analizar la posibilidad de movilidad interna CGR (Contraloría General de la República) previa retroalimentación con cada uno”. Esa recomendación, a la fecha, no ha tenido eco. Los equipos del departamento Contraloría-ONU se mantienen casi intactos, incluidos los cuestionados “team leader”, quienes, según Díaz, serán evaluados al término de la entrega del primer gran informe (en junio próximo) para confirmar o no su continuidad. “No son cargos permanentes”, recalca. https://ciperchile.cl/2019/05/15/la...raloria-a-cargo-de-auditar-a-naciones-unidas/
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