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SQM - CORFO | Caso SQM: Asesora de Longueira quiere juicio ahora y pide a la Corte no paralizar SQM

SQM CORFO diputados comision investigadora Caso SQM

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19 respuestas a este tema

#1
ChicaLiberty

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Historia del topic acá

http://foros.fotech....pagina-3/page-3

 

 

:pulso:

03 Julio 2018

 

 

 

Definen los nombres de los diputados que conformaran la Comisión Investigadora por acuerdo entre SQM y Corfo

 

 

 

La Cámara dará inicio a la comisión que buscará esclarecer todo el proceso detrás de la licitación del litio.

 

 

 

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Los diputados podrán comenzarán a esclarecer el proceso en que se llevó el acuerdo entre SQM y Corfo tras haber conformado la comisión aprobada el 6 de junio pasado. La iniciativa respalda por 68 parlamentarios y aprobada con 94 votos se centraría en el rol de Julio Ponce Lerou, el impacto medio ambiental y las repercusiones en el mercado del mineral no metálico.

 

La comisión la integrará el diputado Pablo Vidal (RD), Daniel Núñez (PC), Gabriel Silber (DC), Esteban Velásquez (FRVS), Marcela Hernando (PRSD); Los UDI Gastón von Mülenbrock, Sandra Amar y Gustavo Sanhueza; Los RN Eduardo Durán, Francisco Eguiguren y Camila Flores; Los PS Marcelo Díaz y Juan Santana.

 

 

 

Fuente:  http://www.latercera...m-corfo/229509/


Editado por ChicaLiberty, 25 julio 2018 - 17:16 hrs..




#2
ChicaLiberty

ChicaLiberty
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:latercera:

06 Julio 2018

 

 

 

Las horas clave de la acusación a Contesse

 

 

Ocho años de pena ha contemplado solicitar el Ministerio Público en la acusación contra el exgerente de SQM. Cinco por delitos tributarios y tres por soborno. Sin embargo, el equipo de fiscales se encuentra en pleno trabajo y aún evalúa la consideración de atenuantes.

 

 

 

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Existe un borrador de la acusación que se presentará en el caso SQM. Uno que incluso ya ha sido objeto de análisis técnico por el equipo de persecutores y unidades tributarias. Pero la última palabra la tendrá el fiscal Pablo Gómez que, por estos días se encuentra trabajando a toda máquina con su equipo para presentar un extenso documento donde se incluye a los 17 formalizados en la causa.
 
Este lunes, a las 24 horas, vence el plazo para que el Ministerio Público concrete el siguiente paso en la causa, que consiste en que el fiscal relate al tribunal la relación de los hechos que se atribuyen a los imputados, su calificación jurídica, los medios de pruebas que se usarán en el juicio para acreditar los hechos y la participación de cada acusado. En este documento, además, es donde se solicitan las penas que el fiscal estima debe aplicar el tribunal.
 
Hasta hace algunas semanas, el fiscal y su equipo estimaban en ocho años las penas que solicitarían al tribunal para el principal imputado en el caso: el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.
 
Según los aprontes, se solicitan cinco años de pena en virtud de los delitos tributarios consumados y reiterados. Y otros tres por el cargo de soborno, también reiterado. La cifra contemplaría un atenuante -que la mayoría de los imputados posee-, que es irreprochable conducta anterior. Y además, la prescripción de algunos de los hechos contemplados en la arista tributaria.
 
Pese a que conocedores de la acusación explican que ese es el rango sobre el cual se está elaborando el documento contra el exgerente, las mismas fuentes agregan que el dinamismo de estas causas termina por plantear escenarios diferentes hasta el último momento. Por ello, quienes han sido testigos del trabajo de Gómez, resaltan que estos últimos días de redacción de la acusación terminan siendo clave antes de su presentación.
 
El fiscal Gómez ha declinado descartar o afirmar públicamente que reconocerá la colaboración sustancial de Contesse. Esto, porque si bien el exgerente terminó prestando declaración como imputado en la causa, y hasta afirmó las imputaciones en contra de Marco Enríquez-Ominami, al interior del Ministerio Público había opiniones distintas respecto de si eso se trataba realmente de una colaboración.
 
El punto de discordia pasaba porque el exejecutivo de la minera tenía comprometida una serie de declaraciones, pero luego de tres sesiones, y habiendo agendado una cuarta, Contesse simplemente la canceló.
 
Así, de reconocer esa atenuante, la solicitud de pena podría ser rebajada a seis años de cárcel.
 
En los mismos cálculos preliminares, la fiscalía contemplaba solicitar para el exministro Pablo Longueira una pena de seis años en total: tres por delitos tributarios y otros tres por cohecho. En ese mismo grupo, para la excolaboradora de Longueira, Carmen Luz Valdivielso, se piden tres años, pero solo por los delitos tributarios.
 
“Hemos trabajado durante todo este tiempo acopiando antecedentes de la investigación para ahondar las imputaciones, y hemos trabajado avanzando en la redacción de la acusación”, dijo la fiscal Carmen Gloria Segura el viernes 29, tras informar el cierre de la investigación.
 
Luego de la acusación, todavía existe espacio para ultimar acuerdos. Y según la mirada técnica de algunos intervinientes, solo Contesse arriesga pena efectiva. Sin embargo, el exgerente pasó tres años de arresto domiciliario, lo que se resta de su pena final, y hasta podría optar a beneficios sin cárcel.
 
Este lunes, además, tal como anunció el Ministerio Público, en paralelo a la presentación de la acusación, se deberá solicitar el desafuero del senador Jorge Pizarro, otro acusado en la causa.
 
 
 
 


#3
PauloS

PauloS
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Qué horas claves ni ocho cuartos.

 

Si ya el circulo piñerista tiene todo arreglado con los fiscales.

 

Serán las mismas "horas claves" de los Penta y de Wagner. = libres de polvo y paja



#4
Gene Hunt

Gene Hunt
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#5
ChicaLiberty

ChicaLiberty
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:latercera:

07 Julio 2018

 

 

 

Caso SQM: Fiscalía pedirá cárcel para Longueira y Contesse

 

 

 

Para el excandidato presidencial se pedirán seis años por el delito de cohecho, mientras que para el exejecutivo, cinco años por delitos tributarios reiterados y tres por soborno.

 

 

 

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Este lunes, en el marco del caso SQM, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, solicitará penas de cárcel tanto para el exministro Pablo Longueira como para el exgerente general de la minera, Patricio Contesse. Según radio Bío-Bío, los cargos imputados serán: soborno, cohecho y delitos tributarios. Para el excandidato presidencial se pedirán seis años por el delito de cohecho, mientras que para el exejecutivo, cinco años por delitos tributarios reiterados y tres por soborno.
 
El pasado 29 de junio, Gómez informó del cierre de la investigación que incluye a 17 formalizados. Aparte de los ya mencionados, se suman el exsenador Fulvio Rossi, el actual parlamentario, Jorge Pizarro, y el excandidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez Ominami.
 
Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma manifestó que “Pablo Longueira señaló desde el día 1 que él iba a probar su inocencia en materia de cohecho, y es ahora cuando lo tiene que hacer. En otros casos se señalaron muchas condenas previas y en la práctica eso no ocurrió, por tanto es posible que aquí ocurra lo mismo. Por lo tanto yo prefiero de verdad, esperar”.
 
Por otro lado, el abogado querellante del caso, Mauricio Daza, reconoció que “no espera demasiado” de la investigación a cargo del fiscal Gómez, y señaló que no descarta que las partes querellantes soliciten la reapertura de la indagatoria.
 
 
 
 


#6
HarveY

HarveY

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Así con el corrupto fiscal intimo amigo de Piñera :patetico:

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#7
ChicaLiberty

ChicaLiberty
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:latercera:

09 Julio 2018

 

 

Piden desafuero para Jorge Pizarro

 

 

Ministerio Público dice que senador DC es autor de "sendos delitos tributarios".

 

 

 

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El fiscal Pablo Gómez concretó el paso previo para acusar al senador DC: solicitar que sus privilegios parlamentarios sean cesados para someterlo a la solicitud de penas, cargos y relación de hecho ante el tribunal del casi SQM.
 
En su solicitud, el fiscal señala que “habiéndose cerrado la investigación con fecha 29 de junio de 2018″ y existiendo, en concepto del Ministerio Público, “antecedentes serios y suficientes para formular acusación en contra de don Jorge Pizarro Soto, Senador de la República, por su intervención, durante los años 2011 a 2013, como autor de sendos delitos tributarios de facilitación de facturas ideológicamente falsas, figura prevista y sancionada en el art. 97 N° 4 inciso final y declaración inexacta de impuesto, tipificada en el inciso primero del mismo precepto”.
 
Señala que solicita “acoger la solicitud de desafuero y dar lugar a la formación de causa en contra del H. Senador don Jorge Pizarro Soto, para todos los efectos legales, en relación a los hechos por los cuales fue formalizado. 2) Comunicar la resolución recaída en la presente solicitud de desafuero al Honorable Senado de la República y al 8° Juzgado de Garantía de Santiago, de conformidad a las normas legales citadas”.
 
 
 
 
 


#8
ChicaLiberty

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:pulso:

09 Julio 2018

 

 

 

Sichel afirma que el Estado está obligado a cumplir el acuerdo entre Corfo y SQM

 

 

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel y el ministro de Economía, José Ramón Valente expusieron ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza dicho acuerdo.

 

 

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Con la participación del ministro de Economía, José Ramón Valente, y del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, se inició el ciclo de audiencias y el trabajo efectivo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar los alcances del acuerdo entre esta institución pública y SQM, para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

El ministro Valente estimó que Chile tiene que aprovechar la ventana de valor que presenta el litio a nivel internacional y atraer recursos a través de su explotación, tanto para las comunidades afectadas como para el país en su conjunto.

 

Afirmó que, como gobierno, se vieron involucrados en el tema cuando el contrato ya estaba hecho y en etapa de toma de razón en la Contraloría y recalcó que pensar hoy en qué se pudo haber hecho mejor cae en la ciencia ficción. En todo caso valoró el acuerdo.

“Si usted me pregunta si este contrato es una mejor situación para el Estado de Chile y para los chilenos respecto de lo que tenía antes de que se empezara a negociar esto, que fue el 2013, sin duda que esto es una mucho mejor condición de la que se tenía antes de 2013. Entonces, en ese plano y contestándole de esa forma, sobre la base de algo concreto, la respuesta es sí”, afirmó.

En tanto Sebastián Sichel, acompañado del equipo legal de la Corfo, expuso parte de la historia del proceso de explotación del litio y la relación entre la corporación con Albemarle y SQM.

Según informó Sichel, el nuevo convenio pasa por definir la adquisición de activos en el Salar; la instalación de auditores externos y veedores ambientales, hasta 2030; promover un incentivo al valor agregado; nuevas rentas de arrendamiento; aumento en la cuota de litio; un aporte de I+D; y la constitución de un Instituto del Litio.

Frente a variadas consultas de los legisladores, explicó que cualquier incumplimiento contractual requiere necesariamente pasar por el tribunal arbitral y que el Estado está obligado a los acuerdos que allí se determinen.

“No hay otra forma jurídica de poner término al contrato por ninguna de las causales aquí expuestas y eso es relevante cuando uno ejerce la profesión, porque este es el tribunal al cual se sometió la competencia estatal (…). Es el árbitro quien propuso las bases de conciliación, otra vez, independiente de cómo se haya llegado a ellas y, por lo tanto, el Estado se obliga con la suscripción del contrato, perdón, con la suscripción de las bases del acuerdo con el árbitro. De ahí surge la obligación estatal. La participación del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría son hechos posteriores”, precisó.

Recalcó que, en caso de querer cambiar esa condición, igual el Estado está obligado al pago de las indemnizaciones que surgen de la suscripción del contrato y que podrían llegar, si por ejemplo se tratara de una expropiación o de una de solicitud de arbitraje no fundado, de montos por US$24 mil millones, que corresponde al valor de ganancia neta que se generan los contratos para el Estado.

En este plano, dijo que se ha sido sumamente proactivo de pedirle a las instituciones del Estado que reaccionen rápido frente a los incumplimientos y adelantó que la Corfo, junto con solicitar información a entidades especializadas, ha impulsado la creación de dos instancias tendientes a mejorar la fiscalización del cumplimiento de los contratos.

 

 

 

Fuente:  http://www.latercera...rfo-sqm/236773/



#9
ChicaLiberty

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:latercera:

09 Julio 2018

 

 

 

Caso SQM: las penas que la Fiscalía pide para Longueira, Rossi y Enríquez Ominami

 

 

 

Solo como autor de cohecho, el ex ministro de Economía arriesga 818 días de presidio menor en su grado medio, y una multa de más de $200 millones.

 

 

 

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Soborno, cohecho y delitos tributarios son algunos de los cargos por los que están acusados varios políticos en el marco del caso SQM. La Tercera tuvo acceso a las penas que pide el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, que incluyen reclusión penal, millonarias multas y no poder desempeñar cargos públicos.
 
Para el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez – Ominami, la Fiscalía pide 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 20 UTA (asciende a $11.443.440), además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos y oficios públicos mientras dure la condena.
 
Fulvio Rossi, autor de delito tributario, arriesga 818 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 10 UTA (5.727.480). Al igual que Enríquez – Ominami, no podrá desempeñar cargos público.
 
En el caso del ex ministro y senador Pablo Longueria, en su calidad de autor de delito tributario, el Ministerio Público solicita 818 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 UTA (asciende a $11.443.440). Como autor de cohecho, 818 días de presidio menor en su grado medio, una multa de $242.222.220 y cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal para ocupar cargos públicos.
 
El ex diputado Roberto León (DC), acusado del delito tributario en caracter reiterado y consumado, arriesga una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 10 UTA ($5.727.480). También quedaría inahibilitado de ejercer cargos públicos mientras dure la condena.
 
En el caso de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, arriesga 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de $1.193.096.787 -que corresponde al 50% del tributo eludido- y otra de $88.752.235, que corresponde al 100% de lo defraudado, como autor del delito tributario consumado y reiterado. Además se pide su inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.
 
Además como autor del delito consumado y reiterado de soborno, la Fiscalía solicita 818 días de reclusión menor en su grado medio, cino años y un día de inhabilitación absoluta y temporal mientras dure la condena y una multa de $242.222.220.
 
 
 
 


#10
ChicaLiberty

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:cooperativacl:

09 Julio 2018

 

 

 

Fiscalía pidió que Presidente Piñera, ministros y ex autoridades declaren en caso SQM

 

 

 

Ministerio Público solicitó que declaren, en calidad de testigos, parte del gabinete, el ex ministro Peñailillo y parlamentarios de diversos partidos.   Este lunes se presentó la acusación contra 16 imputados por el caso SQM entre los que hay varios políticos.

 

 

 

 

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La Fiscalía solicitó que declare el Presidente Sebastián Piñera en calidad de testigo, en el marco del caso SQM, cuya acusación fue presentada este lunes contra 16 imputados por soborno, cohecho y delitos tributarios, entre otros.

Según la acusación, el Presidente tendrá que declarar "acerca de los antecedentes previos, coetáneas y posteriores a la incorporación del artículo transitorio incorporado al mensaje presidencial y demás circunstancias materia de la investigación".

 

 

 

Caso SQM: Fiscalía pide que declaren como testigos el presidente Sebastián Piñera,

y parte de sus ministros, el ex jefe de gabinete de Bachelet, Rodrigo Peñailillo,

y parlamentarios de distintos partidos @Cooperativa

 
 

Además se pide la declaración de más de 600 personas, entre las que están algunos ministros del actual Gobierno, como el titular de Hacienda, Felipe Larraín y su par de la cartera del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Además, se incluye en la declaración al ex Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet y al ex ministro de Minería, Laurence Golborne.

Entre otros nombres citados a declarar está la ex alcaldesa Carolina Tohá, la actual jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei e incluso los diputados Gabriel Silber (DC) y Gabriel Boric (MA).

Entre los citados, además está el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

Todos los mencionados podrían declarar si pasan el filtro de la preparación del juicio oral. 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.cooperat...-09/175853.html

 


#11
ChicaLiberty

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:pulso:

09 Julio 2018

 

 

 

Asesorías de Ponce: fiscal Montes de la CMF investigará rol fiduciario del directorio de SQM

 

 

 

Ante una consulta de la Corfo, el regulador determinó que el rol de la mesa directiva debe ser analizado por la Unidad de Investigación. En tanto, la firma accedió a exhibir actas y el contrato a Corfo.

 

 

 

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Dos semanas tardó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en responder la solicitud presentada por Corfo, en la que pedía un pronunciamiento sobre las asesorías de los hermanos Ponce Lerou al directorio de SQM. Sin embargo, la Comisión decidió que el tema debe ser analizado más a fondo, por lo que consideró que los antecedentes enviados por la Corporación ameritaban ser vistos por el fiscal Andrés Montes y la Unidad de Investigación que éste comanda.
 
Con esto, la unidad revisará la denuncia puntual sobre el directorio de SQM y el rol fiduciario que le corresponde, considerando que Corfo planteó que la ley de sociedades anónimas establece que los miembros de la mesa deben velar por el interés social de la compañía y no por los accionistas que los escogieron, y que las asesorías al directorio podrían afectar la reputación la empresa.
 
“Para estos efectos, se hace presenten que en caso de contar con antecedentes adicionales a los planteados en su presentación, estos deberán ser proporcionados directamente a la referida Unidad de Investigación”, dice el documento.
 
En el requerimiento que hizo la entidad dirigida por Sebastián Sichel a la CMF -y que fue el mismo día en que SQM informó que Julio Ponce declinaba ser asesor- pedía que se pronunciara sobre otros tres temas: sobre la utilidad que reportaba a SQM la contratación de los asesores; si fuera cierto lo anterior, si pudo el directorio lograr la misma utilidad con otras personas; y si se configura algún supuesto fáctico de influencia decisiva por parte de Julio Ponce.
 
Sobre los anteriores temas, el regulador indicó que “ha estado monitoreando la situación requiriendo antecedentes a SQM”, los que en estos momentos están en análisis.
 
Otra de las diligencias de fiscalización que hizo la Corfo fue solicitar información de los contratos a SQM. Luego de que fuera necesario dos veces un oficio de la Corporación, la empresa finalmente respondió, señalando que pueden “exhibir” las actas y los contratos, una vez que se ejecuten y bajo reserva.
 
“El único éxito nuestro es cuando podamos acceder específicamente a ellos, entonces ahora tenemos que formalizar esta oferta y espera que llegue el contrato para ver qué funciones va a cumplir”, comentó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel. El directivo, junto con el ministro de Economía, José Ramón Valente, participó ayer de la sesión de la comisión investigadora sobre este tema en la Cámara de Diputados. En la instancia se debatió la opción de invitar a la expresidenta Michelle Bachelet y al actual Presidente Sebastián Piñera.
 
 
 
 


#12
HarveY

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Fiscalía pide que Sebastián Piñera declare como testigo en caso SQM

 

Entre los acusados destacan Pablo Longueira, Patricio Contesse, Marco Enríquez-Ominami, el ex tesorero del PPD Luis Matte Lira, el senador DC Jorge Pizarro y el ex senador Fulvio Rossi, entre otros.

 

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El Ministerio Público solicitó que Sebastián Piñera declare, en calidad de testigo, en el caso SQM, donde 16 imputados, donde destacan Pablo Longueira y Patricio Contesse, enfrentan acusaciones de soborno, cohecho y delitos tributarios.

 

Según la acusación presentada a la Justicia, Piñera tendrá que declarar “acerca de los antecedentes previos, coetáneas y posteriores a la incorporación del artículo transitorio incorporado al mensaje presidencial y demás circunstancias materia de la investigación”.

 

Por su parte, radio Cooperativa consignó que le pedirá la declaración de más de 600 personas, donde destacan los ministro Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg.

 

A ellos se suma Cristián Larroulet, Laurence Golborne, la ex alcaldesa Carolina Tohá, Evelyn Matthei y los diputados Gabriel Boric y Gabriel Silber. Además está considerado el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

 

Esto, luego que el fiscal Pablo Gómez presentara ante el Octavo Juzgado de Garantía la acusación contra 16 personas en el caso SQM, por ilícitos como soborno, cohecho y delitos tributarios, entre otros.

 

Gómez explicó que “lo que hemos hecho en el escrito de acusación es pedir el máximo de las penas posibles dentro de las reglas de determinación de la pena que están establecidas en la ley. Lo que ustedes van a ver en el escrito de acusación es el máximo posible de penas aplicadas a cada uno de los sujetos”.

 

“Hay personas de las que pedimos, por ejemplo, en el caso del señor (Patricio) Contesse, 7 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito reiterado tributario y lo hemos hecho también respecto de otras personas, pero siempre en el máximo posible”, sostuvo.

 

Entre los acusados destacan Pablo Longueira, Patricio Contesse, Marco Enríquez-Ominami, el ex tesorero del PPD Luis Matte Lira, el senador DC Jorge Pizarro y el ex senador Fulvio Rossi, entre otros.

 

https://www.eldinamo...go-en-caso-sqm/



#13
ChicaLiberty

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:latercera:

10 Julio 2018

 

 

 

Gobierno confirma que Presidente Piñera declarará en calidad de testigo por caso SQM
 
 
 
La acusación fue presentada ayer por la fiscalía contra 16 imputados por soborno, cohecho y delitos tributarios, y se pidió la declaración de más de 600 personas.
 
 
 
 
(NOTA:  En página de fuente, se puede ver un video)
 
 
 

Esta mañana, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a la solicitud de la fiscalía para que el Presidente Sebastián Piñera declare en calidad de testigo en el marco de la investigación del caso SQM.

La secretaria de Estado aseguró que el Mandatario “tal como lo hizo en tiempos pasados en el mismo caso, tal como es su propia convicción y como lo hacen todos los chilenos frente a la igualdad ante la ley, el Presidente Sebastián Piñera va a colaborar con la justicia”.

De este modo, el jefe de Estado según indica la acusación, deberá declarar sobre “los antecedentes previos, coetáneos, y posteriores a la incorporación del artículo transitorio incorporado al mensaje presidencial y demás circunstancias materia de la investigación”.

Esta fue presentada ayer contra 16 imputados por soborno, cohecho y delitos tributarios en el marco del caso SQM. Además, se pidió la declaración de más de 600 personas, entre ellas están algunos ministros del actual gobierno, como el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y su par del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

Entre otros de los citados está la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, diputados Gabriel Silver y Gabriel Botric, y el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

 

 

 

Fuente:  http://www.latercera...aso-sqm/237738/



#14
ChicaLiberty

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10 Julio 2018

 

 

SQM: los detalles del allanamiento que Longueira no perdona

 

 

 

Efectivos de la PDI llegaron a la misma hora de ese 24 de enero de 2017, a la casa del exministro, a su oficina de Los Leones y al departamento de su exasesora, “Titi” Valdivielso. En pijamas y a gritos, Longueira y su señora increparon al fiscal Gómez quien comandó la diligencia en su morada. A juicio de ellos, la incautación no aportó nada a la causa.

 

 

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La mujer de Pablo Longueira llamó alterada a su hijo Juan Pablo, para pedirle que partiera de inmediato a la oficina que su padre posee en avenida Los Leones. Alcanzó a decirle esa mañana del 24 de enero de 2017, que la PDI también iría hasta allá, que lo sabían porque el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, estaba allí, con ellos, en su casa de San Damián, y que ya les habían avisado que también había policías en la oficina, y que Alejandro Espinoza, su abogado, estaba casi llegando para conversar con el fiscal.
 
La tensión flotaba en el ambiente al interior de la casa de los Longueira-Brikmann. Todos estaban en pijamas mientras los oficiales de la PDI solicitaban los computadores personales de la familia. Se llevaron incluso el de uno de los hijos que no estaba esa mañana, Cristián, que tiene 20 años, el que según escritos judiciales, aún no ha sido devuelto. En la morada también se encontraban, al momento de la incautación, otros tres hijos del exministro: Matías, Trinidad y María Cecilia. Esta última -recuerdan quienes han escuchado el relato de la familia – resiente que la diligencia afectó el examen de grado que dio justo al día siguiente del episodio.
 
La incautación -que estaba autorizada por el juez Álvaro Arriaga del Octavo Juzgado de Garantía- contemplaba también llegar hasta el departamento de Carmen Luz Valdivielso. Ella vive con su madre y ambas guiaron a los efectivos de la Brigrada de Delitos Funcionarios (Bridec) por sus habitaciones.
 
Para todos los inmuebles se solicitaba en la orden “la entrada, registro e incautación de correos electrónicos y evidencia documental”, relacionada al exministro.
 
Según describen sobre lo ocurrido esa mañana, la rabia de Longueira era menor a la de su mujer. Los gritos en su casa -algunos afirman que con garabatos, mientras otros que solo se trató de recriminaciones- fueron directamente para el fiscal Gómez. Porque lo que todavía resienten en el entorno de Longueira es que, de haber solicitado el fiscal la información, su defensa se la habría pasado sin resistencia. Y que, con todo, esa información no ha sido relevante en la causa. Su abogado, incluso, acusa que esos computadores estuvieron sin ser revisados por varios meses. “Luego de cuatro meses de esa urgente diligencia el fiscal Gomez me pide los cargadores de dichos computadores para revisarlos”, afirma Espinoza.
 
A través de un comunicado, el exministro habló hoy para referirse a la acusación en su contra concretada en el lunes. Fue duro con el fiscal Gómez. “Llegó la hora de que los fiscales respondan”,sostuvo, para luego revelar que al igual que en el caso Penta, a él se le ofreció recalificar el delito de cohecho que lo une a Pablo Contesse en la causa, pero que al no aceptarlo, en señal de revancha, Gómez llegó a su casa con orden de incautación.
 
“A los días de negarnos a aceptar una salida alternativa en una evidente actitud de revancha, encono e intimidación, el fiscal allanó personalmente mi casa particular de madrugada, mientras aún dormíamos, para llevarse dos computadores que ofrecimos entregar voluntariamente y que, una vez incautados, estuvieron meses sin revisar”, dice la declaración del exsenador.
 
Consultado al respecto, el fiscal Gómez sostuvo que “no tiene ningún sentido referirme a los dichos de un sujeto que hoy día está acusado. Sus dichos se sostienen en la realidad que hoy está viviendo… La fiscalía no toma revanchas”.
 
 
 
 


#15
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11 Julio 2018

 

 

 

Contesse contraataca: Pide reapertura del caso SQM y apunta al SII y a las otras empresas que rectificaron platas políticas

 

 

 

A través de una serie de diligencia, que incluye la solicitud al SII de antecedentes de empresas como Copec, Ripley, Cencosud y OAS, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, busca demostrar que según el criterio aplicado por el organismo fiscalizador "la conducta atribuida a mi representado no es imputable objetivamente, por cuanto fue desarrollada –como lo demuestran estos casos y el actuar del mismo Servicio de Impuestos Internos- dentro del riesgo permitido, configurando una conducta socialmente adecuada, y no una conducta que revista caracteres de delito ni perseguible por el Ministerio Público".

 

 

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Tras la decisión del fiscal regional del Valparaíso, Pablo Gómez, de cerrar la investigación del caso SQM y acusar al ex ministro Pablo Longueira por el delito de cohecho, y al ex gerente general de SQM Patricio Contesse por soborno, además de presentar las acusaciones contra 16 imputados de la causa, entre ellos, el senador Jorge Pizarro y el ex senador Fulvio Rossi, además del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, Contesse solicitó esta jornada la reapertura de la causa con el argumento de que existen diligencias pendientes que fueron solicitadas oportunamente al Ministerio Público y que son de “gran relevancia para el debido ejercicio del derecho a defensa”.
 
A través de los abogados Samuel Donoso y Andrea Rivera, se pidió que se cite a declarar a los funcionarios fiscalizadores del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos, en lo específico a quienes formaban parte del Comité encargado de la evaluación del caso que terminó con la presentación de la acción penal ejercida por el SII en contra de funcionarios de SQM.
 
Según los representantes de Contesse la idea es “conocer los criterios usados por el SII en la interposición de denuncias y querellas en contra de mi representado, y no así en contra de otras grandes empresas que rectificaron impuestos, bajo el contexto de un llamado que hizo el mismo SII durante marzo del año 2015. Asimismo, para la defensa esta diligencia es relevante toda vez que nos permitirá preparar más adecuadamente el interrogatorio o contrainterrogatorio de estos funcionarios del SII, los cuales serán testigos en el juicio oral”.
 
Lo anterior coincide con lo declarado por Contesse ante Gómez cuando, como publicó La Tercera, sostuvo que buscó financiar, a través de aportes irregulares, la actividad política y que “no solo SQM aportó a la política de esta forma, muchas otras empresas también lo hicieron”.
 
En el escrito, al que accedió La Tercera PM, se solicita además que se cite a declarar a una serie de testigos, entre ellas Pauline de Vidts Sabelle, quien fue Vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de SQM, y que refirió que existía una relación de amistad entre Contesse y Longueira e inclusive al actual fiscal nacional Jorge Abbott y el ministro Hernán Larraín para que aborden las características del actual delito de cohecho y la exposición que realizó al respecto en las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que buscan modificar este ilícito.
 
Empresas
 
Junto con requerir que se revise un peritaje de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que en su informe Pericial Tributario de fecha 18 de enero de 2017 (incorporado a la carpeta de investigación un año después), “establece que la modificación introducida por la Ley Nº 20.469 del año 2010, a la normativa vinculada al impuesto específico a la actividad minera, no produjo ningún beneficio económico para SQM y sus filiales (sino que todo lo contrario, ello importó un mayor gravamen)”, se piden una serie de diligencias al Laboratorio de Criminalística de la PDI, para que se corrobore si la nueva ley presentó un ahorro, o un mayor gravamen, en la carga impositiva para la empresa SQM Salar S.A., en el período 2010-2016, teniendo en especial consideración, el pago del impuesto específico a la actividad minera (IEAM), efectuado por SQM Salar S.A. el año 2010.
 
Pero no sólo eso. El requerimiento incluye que se oficie al SII, a fin de que remita la información puesta a disposición de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) de las Actas de Denuncia e Informes de Recopilación de Antecedentes de una serie de empresas:  Forestal Arauco S.A, Asesorías IMBC Limitada, la empresa Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. y Empresas Copec S.A., la Constructora OAS S.A  Agencia en Chile, Inversiones Siemel S.A., Abastible S.A., Banco de Crédito e Inversiones, Ripley Corp S.A., Itaú Corpbanca S.A., Watt’s S.A., CAP S.A.,y  Cencosud Retail S.A. La lista podría ampliarse a Inversiones Caburgua, y otras.
 
Según el documento elaborado por Donoso “la importancia de contar con estos documentos en la presente investigación, radica en que dichos Informes de Recopilación de Antecedentes y Actas de Denuncia corresponden a casos similares, e incluso idénticos, a los de mí representado, de aquello que se ha denominado el ‘financiamiento ilegal de la política’, pero en ellos, a diferencia del caso de mi defendido, de manera arbitraria y contrario al principio de igualdad ante la ley, el Servicio de Impuestos Internos decidió no ejercer la acción penal, sino que se satisfizo con el cobro de los impuestos, intereses y multas, lo que puede ser indiciario de que las conductas imputadas a mi representado, no obstante, ser extremadamente similares, hoy en día, no configurarían delito para el SII”.
 
Agrega que “lo anterior es de suma importancia para demostrar que la conducta atribuida a mi representado no es imputable objetivamente, por cuanto fue desarrollada –como lo demuestran estos casos y el actuar del mismo Servicio de Impuestos Internos- dentro del riesgo permitido, configurando una conducta socialmente adecuada, y no una conducta que revista caracteres de delito ni perseguible por el Ministerio Público“.

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.latercera...liticas/239330/



#16
ChicaLiberty

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11 Julio 2018

 

 

 

Abogados, peritos e informes: Cuánto gastó Corfo en el histórico arbitraje con SQM

 

 

La Tercera PM accedió a la información por transparencia. Fueron más de mil millones en el proceso.

 

 

 

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2 DE AGOSTO DEL 2017/SANTIAGO CORFO, JUNTO AL PROGRAMA NACIONAL DE MINERÍA ALTA LEY Y AL MINISTERIO DE MINERÍA, REALIZAN EL PRIMER SUMMIT DE RELAVES MINEROS, QUE SE ENMARCA EN EL MES DE LA MINERÍA. MINISTRA DE MINERIA, AURORA WILLIAMS

 

 

El 17 de enero de 2018, luego de cuatro años desde que se inició el proceso de arbitraje entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), se firmó un acuerdo que estableció la modificación de los contratos por la explotación del Salar de Atacama, extendiendo su vigencia hasta el año 2030, y que cambió el gobierno corporativo de la compañía, forzando la salida del principal accionista de Pampa Calichera, Julio Ponce.

 
El convenio que impulsó el exvicepresidente ejecutivo de la entidad estatal, Eduardo Bitran, dejó abierta la posibilidad de retorno a Julio Ponce, quien, como publicó Pulso hace un mes, estuvo a un paso de regresar como asesor externo, lo que finalmente se frustró, quedando sólo su hermano, Eugenio, en esta categoría. La situación generó la molestia de Bitran, pero uno de los abogados externos, Felipe Bulnes, explicó que esa posibilidad siempre estuvo sobre la mesa. Los últimos mails sobre los detalles del acuerdo que intercambiaron Corfo y SQM son, de hecho, desde la casilla de Bulnes.
 
La asesoría legal del estudio Bulnes Urrutia y Bustamante, y la que realizó Ignacio Vargas M. y Asociados a Corfo durante el proceso arbitral, fue uno de los ítems en que más gastó la Corporación entre los años 2014 y 2018, desembolsando un total de $533.038.495 según la información obtenida por ley de Transparencia por La Tercera PM. De hecho, el mayor gasto se produjo este año: $328.770.151.
 
Pero no fue lo único en que la entidad fiscal debió invertir. Según se explica en la respuesta a la solicitud realizada por este medio sobre el total de recursos destinados al arbitraje, hubo gastos que el tribunal ordenó y otros que en su minuto fueron considerados necesarios para el desarrollo de juicio.
 
Así, por ejemplo, hubo peritajes ordenados por el tribunal con las empresas y personas naturales como KPMG Auditores Consultores Ltda, Andrea Butelman-Inv. Maya, Sergio Westphal, Eduardo Saavedra, Hugo Mladineo y Pedro Castro, que implicaron destinar entre 2016 y 2017 $172.499.616.
 
También hubo requerimientos de informes en derecho a Polit-Zúñiga, Marcelo Olivares, Estudio Quintanilla, Ramiro Mendoza, Estudio Núñe, Rivero, Tomasello y Colombo, que significaron un gasto entre 2015 y 2018 de $130.272.392.
En tanto, en asesorías estratégicas consistentes en Estudio y análisis de costo y gastos logísticos, Digitación de información, Auditorías externas a los estados de pago, Asesoría estratégica territorial, Asesoría estratégica territorial y Servicios de Auditoría se pagaron $153.991.852 entre los años 2015 y 2017. En ese mismo periodo, en gastos reembolsables como trámites notariales, el costo fue de 15.937.377.
 
En total, entre 2014 y 2018, Corfo invirtió $1.005.757.732 en el proceso y obtuvo la facultad de vigilar el cumplimiento de contratos y normas ambientales además del compromiso de la empresa SQM de generar para el Estado, la región y la comunidad US$8.300 millones entre 2018 y 2030.
 
 
 
 
 
 


#17
ChicaLiberty

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12 Julio 2018

 

 

Mayor competidor en litio de Salar de Atacama cuestiona a SQM por millonario plan ambiental

 

 

Para Albemarle el mayor problema se suscitaría con a extracción de salmuera del Salar de Atacama que haría SQM, y su responsabilidad en la mantención del ecosistema con la extracción de salmuera.

 

 

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ZONA DEL SALAR DE LLAMARA EN QUE OPERA LA MINERA SQM. 

 

 

 

El pasado lunes, Albemarle (ex Rockwood) presentó una serie de cuestionamientos al Programa de Cumplimiento de SQM Salar en el marco del proceso sancionatorio que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en diciembre de 2016 abriera por seis incumplimientos en su proyecto ubicado en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta.
 
Tal es la gravedad de las infracciones que acusa la autoridad ambiental que la minera no metálica incluso arriesga perder su Resolución de Calificación Ambiental, ser clausurada, o pagar una multa de hasta 27 mil Unidades Tributarias Anuales equivalentes a US$23 millones.
 
A fin de evitar el pago de la sanción, la compañía presentó un costoso plan de compensación, según el cual la minera ligada a Julio Ponce Lerou se comprometió a ejecutar obras por un total de $9.960 millones.
 
Sin embargo, para Albemarle la propuesta planteada por SQM mantiene “deficiencias” que deben ser subsanadas y que no permiten su aprobación. Más aún. Según la canadiense la propuesta de la minera no metálica “no cumple con la finalidad de proteger el medio ambiente”.
 
No obstante para la compañía el mayor problema se suscitaría con a extracción de salmuera del Salar de Atacama que haría SQM, y su responsabilidad en la mantención del ecosistema.
 
“SQM podría eludir la activación de su Plan de Alerta Temprana. Adicionalmente, podría darse la situación no prevista de que se activara el PAT de Albermarle, y que, producto de las medidas contempladas en éste de reducción de caudal de extracción, no se activara el PAT de SQM, aun cuando ésta tiene un porcentaje de responsabilidad en el efecto sinérgico de los niveles del Núcleo del Salar”, añadió Albemarle.
 
En otras palabras, Albemarle –añadió– que “al tener un PAT técnicamente adecuado, podría verse obligado a reducir su caudal de extracción en un mayor porcentaje del que le correspondería, mientras que SQM podría no llegar a activar su Plan de Contingencias dadas las deficiencias”.
 
Por lo mismo, la compañía propuso a la autoridad que exija otros puntos de monitoreos más cercanos a la operación propia en que se emplaza SQM.
 
Propuestas de SQM
 
Entre las acciones que propuso SQM a la autoridad ambiental se encuentra la restricción de los niveles de extracción de salmuera sobre el Salar de Atacama. Esto como una medida de compensación que duraría todo el periodo en que se desarrolla el PdC. Desde el 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2020.
 
SQM apuntó a una reducción del caudal total de extracción neta de salmuera respecto del caudal anterior en 3.773.319 m3. Además aumenta la frecuencia de monitoreo de indicadores de estado de planes de contingencia y sector Peine de mensual a diaria. Igualmente considera someter al SEIA los ajustes incorporando a los planes de contingencia del proyecto, mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

 

 

 

 

Fuente:  http://www.latercera...biental/240390/



#18
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17 Julio 2018

 

 

 

Caso SQM: Declaran admisible solicitud de desafuero de senador Pizarro

 

 

 

Además, como informó esta tarde la Corte de Apelaciones de Santiago, suspendió el procedimiento en contra del resto de los acusados en esta causa.

 

 

 

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La tarde de este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible la solicitud de desafuero de senador Jorge Pizarro, en el marco de la investigación del caso SQM.

Pizarro es indagado por delitos tributarios ligados con la presunta facilitación de facturas  falsas y de declaración de impuesto inexactas.

Según los antecedentes que ha recopilado el Ministerio Público, a través de la empresa de sus hijos, habría facturado a la minera un total de $45 millones.

Con esta determinación, se concreta el paso previo para que el fiscal Pablo Gómez pueda acusar al legislador y así iniciar el proceso para la solicitud de penas, cargos y relación de hecho ante el tribunal.

Además, como informó el tribunal de alzada durante esta jornada, suspendió el procedimiento en contra del resto de los acusados en esta causa.

 

 

AHORA #CasoSQM: Corte de #Santiago declara admisible solicitud de desafuero de senador Jorge Pizarro

y suspende procedimiento de resto de los acusados en la causa.

 

 

 

Fuente:  https://www.latercer...pizarro/246575/



#19
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21 Julio 2018

 

 

 

Defensa de Longueira pide sanciones contra fiscal Gómez

 

 

En el escrito remitido directamente a Jorge Abbott se acusa al persecutor del caso SQM de imputar a su defendido, en diversos medios de comunicación, hechos falsos que no están contenidos en la formalización ni en la acusación.

 

 

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Un reclamo formal y una solicitud de sumario administrativo, “aplicando en su oportunidad las sanciones que en derecho correspondan”, interpuso la defensa de Pablo Longueira contra el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez.
 
En el escrito presentado por el abogado Alejandro Espinoza y remitido directamente al fiscal nacional Jorge Abbott, se acusa al persecutor de imputar a su defendido, en diversos medios de comunicación, hechos falsos que no están contenidos en la formalización ni en la acusación. Así, se pide a la máxima autoridad del Ministerio Público “adoptar en forma inmediata y urgente las medidas a efecto de asegurar el ejercicio objetivo e imparcial de la acción penal pública” y “el respeto al principio del debido proceso”.
 
La arremetida de la defensa de Longueira contra Gómez se da a 11 días de que el fiscal acusara, el 9 de julio, al exsenador de la UDI y a otras quince personas en el marco del caso SQM.
 
En el caso del exparlamentario gremialista, la fiscalía le imputó delitos tributarios y cohecho y está pidiendo en su contra una pena de cuatro años y seis meses, además de una multa cifrada en 250 millones de pesos y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
 
Un día después de la acusación presentada por Gómez, Longueira emitió una declaración pública advirtiendo un ánimo revanchista del fiscal por haberse negado a una salida alternativa. Hoy Espinoza también recurrió al Colegio de Abogados para interponer un recurso de amparo profesional contra el persecutor.
 
 
 
Revisa acá la presentación de la defensa de Longueira ante el Fiscal Nacional:
 
 
 
 
 
 
 
 
 


#20
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22 Julio 2018

 

 

 

Los negocios y lobbies de Longueira después de SQM

 

 

 

El otrora líder UDI, exministro y exsenador Pablo Longueira dejó atrás la política y hoy es un hombre completamente del mundo privado. Mientras la fiscalía lo ha cercado en el caso SQM, sus negocios se reestructuraron. Sus fundaciones cerraron y ya no vende seguros. Su foco ahora está en el lobby y los negocios inmobiliarios que tiene con Ebco.

 

 

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Tras seis meses de reclusión domiciliaria nocturna, Pablo Longueira Montes viajó a fines de diciembre de 2016 junto a su familia y el exsecretario general de la UDI y actual subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, a uno de los lugares más bellos y desolados de Chile: la costa del Parque Nacional Laguna San Rafael, en Aysén.
 
La expedición que realizaron la semana entre Navidad y Año Nuevo al istmo de Ofqui tenía un doble objetivo. Por un lado, era el primer viaje que realizaba con su esposa e hijos, luego de que su defensa lograra revertir el 21 de diciembre de ese mismo año las medidas cautelares que le impuso el tribunal de garantías en el marco del caso SQM, en el que el exministro de Economía está acusado por cohecho y delitos tributarios. Pero también se trataba de un viaje de negocios.
 
Un par de años antes, casi a la par de que estallara el escándalo de financiamiento ilegal de la política, Longueira había comenzado a fraguar uno de sus planes más anhelados y ambiciosos: la creación de un “proyecto de turismo sustentable” en la Región de Aysén, en el borde costero de Campo de Hielo Norte. Este contemplaba la construcción de una red de campamentos turísticos; la instalación de un andarivel hasta la cima del monte San Valentín, el más alto de la región; un mirador en la base del glaciar Exploradores y la construcción de un canal artificial de dos kilómetros para la navegación de embarcaciones de pequeño calado en el istmo de Ofqui. Se trataba, en esto último, de retomar un antiguo y controvertido proyecto iniciado en 1935 y que al poco tiempo quedó abandonado, para facilitar la navegación entre Puerto Montt y Punta Arenas para naves medianas y pequeñas, evitando surcar con mal tiempo las peligrosas aguas del Golfo de Penas.
 
Con la ayuda de Terrazas y de la exsubsecretaria de Turismo del primer gobierno de Sebastián Piñera, Jacqueline Plass, el extimonel de la UDI había comenzado a dar forma a ese sueño. Mientras el estudio Barros&Errázuriz lo ayudaba con la preparación de los estatutos de la fundación “Grupo Austral”, se lanzó de lleno a la tarea de recaudar los cerca de 10 millones de dólares que, de acuerdo con sus estimaciones, podría llegar a costar lo que sería el “Parque Austral”.
 
Las gestiones de Longueira abarcaron no solo a los dueños de grandes fortunas, para entusiasmarlos de invertir en el proyecto, sino también a algunos ambientalistas para que dieran apoyo técnico y seguridades sobre la intervención que se pretendía hacer en un área protegida y declarada, además, reserva de la biosfera. Incluso habló del tema con dos expresidentes de la República.
 
El paso del exparlamentario y exhombre fuerte de la UDI para exponer sobre el “Parque Austral” quedaría registrado por Ley de Lobby en audiencias con el ministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Pablo Badenier; con el comandante en jefe de la Fach, Jorge Robles; con el entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y con quien fuera gerente de Áreas Protegidas de la Conaf, Pablo Aizman.
 
El objetivo de Longueira era tener listo a fines de 2017 el grupo de socios fundadores, quienes tenían que colocar a lo menos un aporte de 15 mil UF, ya fuera de manera individual o grupal. Todo ello para cumplir con los cálculos de formar un fondo de 750 mil UF (más de $ 20.388 millones) para viabilizar el proyecto.
 
Pero nada de esto llegó a concretarse. El 13 de junio del año pasado, un reportaje de investigación de Ahora Noticias puso en relieve tanto el proyecto de Longueira como su situación judicial en el caso SQM.
 
De un momento a otro, el nombre del principal motor de esta iniciativa se convertía en uno de sus principales problemas.
 
El proyecto quedó congelado. Los estatutos de la fundación que manejaría los fondos del futuro “Parque Austral” no se terminaron de redactar y muchos de quienes en privado habían manifestado su interés de participar optaron por tomar distancia. Se desconoce si alguno llegó a invertir dinero en la idea.
 
El fracasado “Parque Austral” es tal vez el proyecto más conocido en los que se ha involucrado Longueira desde que decidió alejarse de la política y privatizarse en 2013, tras bajar su candidatura presidencial en medio de un cuadro de depresión, sin embargo, está lejos de ser el único.
 
Fue en esa época, cuando aún no se sabía que su entorno había recibido $ 730 millones de la empresa minera no metálica SQM para financiar campañas políticas, que Longueira comenzó a reordenar parte de sus sociedades para dedicarse de lleno a sus negocios. Con dispar resultado.
 
Desde entonces, Longueira, quien fuera uno de los “coroneles”, como se denominaba al grupo de dirigentes que controlaba las decisiones al interior de la UDI, no ha vuelto a ir a la sede del partido. Tampoco se ha hecho presente en los últimos consejos generales de la colectividad, ni siquiera a través de cartas o mensajes. Quienes lo han visto, afirman que está “feliz” fuera de la vida política y cada vez más vinculado al trabajo como ingeniero civil y a sus negocios privados.
 
Las pocas intervenciones públicas que ha tenido en política en el último tiempo, a través de cinco videos y cadenas de WhatsApp, como las que hizo en abril de 2017 para apoyar el proceso de refichaje de militantes de la UDI, los habría hecho de motu proprio, sin coordinarse previamente con la directiva del partido al que renunció en marzo de 2016, aseguran parlamentarios gremialistas.
 
Su distanciamiento de la vida partidista le implicó varios costos. Las cuatro cartas que apoyó como candidatos al Congreso, entre los que estaba su propio hermano, quedaron fuera de la plantilla de la UDI. El hecho marcó una fisura en la relación de Longueira con la actual timonel del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, y dejó de manifiesto que la ascendencia que una vez tuvo en las decisiones del partido ya no existe.
 
Un expresidente de la UDI lo resume así: Pablo Longueira está muy desligado de la vida política. El 98% de su tiempo lo dedica a sus actividades privadas y a su defensa en el caso SQM.
 
Si bien respaldó la llegada de Van Rysselberghe a la presidencia de la UDI en diciembre de 2016, muchos dirigentes y parlamentarios gremialistas no lo habían vuelto a ver en persona hasta el 12 de junio pasado, cuando coincidieron en el matrimonio del senador gremialista Iván Moreira con Isabel Marinovic.
 
Incluso, en mayo pasado, al matrimonio de su hijo Juan Pablo, los políticos que asistieron como invitados eran contados con los dedos de la mano. Los senadores Juan Antonio Coloma y Víctor Pérez, y el diputado Patricio Melero, eran algunos de ellos. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, uno de los más cercanos a Longueira, no pudo asistir por problemas de agenda, pero llamó para felicitar a los novios.
 
Longueira en su reinvención fuera de la política, aseguran sus cercanos, ha vuelto a contactarse con el mundo de los ingenieros, de los empresarios de la construcción e inmobiliarias.
 
LB y el plan de salida
 
Dicen entre sus cercanos que ya en 2009 Longueira planeaba retirarse de la política y volverse un hombre privado. Que incluso le escribió una carta al entonces presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, donde decía que apenas terminara su período en el Senado en 2013, concretaría su salida. Pero entremedio asumió como ministro de Economía y después, cuando se acercaba el plazo autoimpuesto, ya era el candidato presidencial de la derecha. Su plan de retiro parecía alejarse. Fue entonces que colapsó.
 
Dos semanas después de ganar las primarias, se bajó de la carrera a La Moneda aduciendo una profunda depresión. Súbitamente desapareció del mapa. A los cuatro meses reapareció brevemente en público, cuando fue a votar como un ciudadano más. Y entonces vino su primer movimiento empresarial ya fuera de la política: en diciembre de 2013 creó junto a su esposa, Cecilia Brinkmann, con un capital de apenas $ 100 mil, la sociedad Asesorías e Inversiones LB SpA, dedicada al corretaje de propiedades y las asesorías empresariales.
 
Su origen fue silencioso, aunque no tardaría en salir a la luz en medio del escándalo del financiamiento ilegal de la política: al menos $ 75 millones de pesos habría recibido a través de esa empresa desde SQM, pagos que la misma minera no metálica calificó como “atípicos” y de “alto riesgo”. De hecho, su factura N° 1 fue por una asesoría prestada a la empresa controlada por Julio Ponce, y tanto esa como otras 14 facturas emitidas entre enero de 2014 y marzo de 2015 forman parte de la acusación del fiscal Pablo Gómez contra Longueira por delito tributario y cohecho. También registra pagos por más de $ 27 millones de Aguas Andinas, aunque esos no habrían sido rectificados por la sanitaria.
 
La empresa fue la principal vía que Longueira articuló para abrirse un nuevo camino en el mundo privado; su propia ruta, independiente del resto de su familia y sus antiguos emprendimientos. Solo estarían él y su esposa paisajista, pero incluso ella pronto se bajaría, pues el giro de LB poco tenía que ver con su rubro. Brinkmann centró su atención en un vivero que ambos instalaron en su propiedad en Villarrica y en la sociedad Paisajismo Cuatro Estaciones SpA, creada en 2016 junto al mayor de sus hijos y una sobrina. Él, en cambio, transformó a LB en su principal actividad y vehículo de inversión.
 
Aunque la idea era desarrollarlo mediante una fundación que nunca se concretó, en todas las gestiones que Longueira realizó frente a diversas instituciones para sacar adelante “Parque Austral”, figura vinculado a LB. Pero no solo le ha servido para gestionar intereses propios. Los registros de la Ley de Lobby revelan que a nombre de su consultora ha participado, además, como lobbista para varios proyectos que involucran a otros socios. Y no solo lo ha hecho ante autoridades, sino que también ha actuado como gestor territorial frente a comunidades y organizaciones sociales. En negocios inmobiliarios y energéticos, principalmente, áreas en las que se ha ido metiendo cada vez más de la mano de un viejo amigo al que le intentó vender un seguro, pero que no se lo compró por ser muy caro.
 
 
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El socio Ebco
 
Primero fueron compañeros de curso en el Colegio San Ignacio y luego en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, pero aun así Hernán Besomi cuenta que con Pablo Longueira no eran ni tan amigos. Que llevaban varios años sin verse, y que en algún momento, entre 2014 y 2016, el exministro se le acercó para ofrecerle seguros para el Grupo Ebco, el holding inmobiliario que posee junto a Germán Eguiguren. Porque en medio de su reinvención, Longueira también había incursionado en ese rubro junto a su amigo Cristián Leay en sociedad con Juan Enrique Vilajuana y Luis Alberto Alcalde, mediante la corredora Ágora.
 
Lo de los seguros, en todo caso, duró poco: en abril de 2016 la dupla Longueira-Leay se retiró. Fue apenas un mes después de que se revelara que una indicación clave en la Ley de Royalty que Longueira impulsó como senador y que benefició a SQM con beneficios tributarios fuera redactada en la oficina del exgerente general de esa empresa, Patricio Contesse, y enviada a su correo electrónico. También había quedado en el camino LCH&H, la fallida consultora que Longueira armó a mediados de 2014 con el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el abogado Luis Hermosilla. Pero seguía con LB.
 
Aunque no le compró ningún seguro, Besomi y Longueira empezaron a conversar de forma regular, hasta que el primero lo invitó a sumarse a algunos proyectos. “Le pasé unos planos para que revisara los cálculos de ingeniería y lo hizo muy bien. Así partimos trabajando juntos. Ahora lo veo muy feliz calculando planos, midiendo pendientes”, cuenta Besomi a Reportajes.
 
A través de LB, Longueira se sumó como socio a Inmobiliaria Imas, una sociedad del Grupo Ebco con la cual tienen en carpeta dos proyectos inmobiliarios en exclusivos sectores de Vitacura. Ahí, el exhombre fuerte de la UDI tiene una participación accionaria menor al 10%.
 
Pero no es el único negocio con Besomi. En varios proyectos, Longueira participa de forma independiente, no como accionista, sino como un trabajador contra pago de remuneraciones. En algunos su rol tiene que ver con temas de evaluación e ingeniería en proyectos inmobiliarios. Pero en otros, Longueira ha explotado sus redes y sus habilidades como articulador para destrabar proyectos o allanar su camino. Así ha ocurrido, por ejemplo, con iniciativas energéticas en etapa temprana que Ebco pretende desarrollar en las regiones del Biobío y el Maule.
 
La veta del lobby
 
El 9 de mayo, Pablo Longueira ingresó al Ministerio de Bienes Nacionales y por una hora conversó con el ministro Felipe Ward. No era una reunión política, sino de negocios. Según quedó registrado, Longueira le llevaba una propuesta para sanear títulos de dominio de todos los recintos deportivos en zonas agrícolas del país. Muy en la línea de “Juega Chile”, el programa que el ministerio lanzó poco después y que busca regularizar la propiedad de canchas y otras instalaciones deportivas a favor de clubes y organizaciones sociales.
 
Ward dice que Longueira no representaba a nadie más que a sí mismo en esa reunión, pero Besomi cuenta que parte de sus proyectos en Ebco incluyen ese tipo acciones para integrarlos con la comunidad. Que incluso ya lo hicieron con una cancha de fútbol junto a las instalaciones de Megacentro Carrascal, en Cerro Navia, donde antes estaba la planta de Fanaloza.
 
Esa fue la última de las 16 audiencias en que Longueira figura gestionando intereses privados ante autoridades en los registros de la Ley de Lobby entre 2015 y 2018.
 
Solo en uno de los registros figura abiertamente representando a Ebco: cuando en mayo de 2017 se reunió a nombre de Imas con el jefe jurídico de la División de Vialidad del MOP para tratar el tema “consolidación vial en Huechuraba”. Pero hay también varias reuniones en que trató temas vinculados a proyectos del grupo inmobiliario y que aparece registrado solo como persona natural, como ocurrió en el Parque Metropolitano, en mayo del año pasado; en la Intendencia Metropolitana, en septiembre de 2017, o con el seremi de Vivienda, hace apenas tres meses.
 
En otras dos oportunidades figura representando intereses de la empresa Andacor S.A., dueña del centro de esquí El Colorado. Ambas fueron en 2016, en la Municipalidad de Lo Barnechea. En abril de este año volvió a ese lugar a reunirse con el director de Obras para discutir sobre la “situación del sitio en Calle Morros Bayos”, ubicado en el complejo de alta montaña, pero esta vez registra haber ido por iniciativa propia.
 
Las Azaleas, las fundaciones y los viejos negocios
 
A Longueira aún se le ve a veces en su base de operaciones en Nueva Los Leones N° 281, en Providencia, aunque cada vez menos. Ninguna de sus dos fundaciones (Chile Justo y Web) sigue operativa: las liquidó a comienzos de 2018 por el impacto negativo que tuvo sobre ellas la investigación del caso SQM. Pero muchos de sus intereses familiares siguen allí, aunque reestructurados.
 
En su círculo aseguran que se retiró de Las Azaleas, la sociedad que ocupó desde 2006 como vehículo de inversión junto a su familia, para dejarla solo a sus cinco hijos. Pero no se fue del todo: ahora es el gerente general y es quien administra los negocios que aún quedan bajo ese paraguas.
 
Su firma agrícola vendió el campo en el que explotaba avellanos y hoy está inactiva, y su socio y amigo Cristián Leay cuenta que hace unos tres años que se habrían retirado de la importadora y exportadora Imex, aunque no hay registros en el Diario Oficial de esa salida. Allí, ambos participaban a través de la sociedad conjunta que tenían desde 2009, Comercial L y L -la misma con la que incursionaron en los seguros-, que aún sigue vigente.
 
También continúan invirtiendo juntos en sus negocios mineros a través la Compañía Minera Maagal, que, según registros del Sernageomin, es dueña de la mina El Bronce, en Freirina, donde explotan un yacimiento de cobre, y que además posee seis pertenencias mineras constituidas y dos en trámite en Vallenar.
 
 
 






También se etiquetó con una o más de estas palabras clave: SQM CORFO, diputados, comision, investigadora, Caso SQM

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