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DD.HH | El fin del caso Hornos de Lonquén (Pagina 2)


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36 respuestas a este tema

#21
Bleach

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Esas preguntas tienes que hacerlas a los cómplices pasivos ( en realidad, bien activos en esos años) de la dictadura que incluso varios, forman parte del actual gobierno.  Juan Antonio Coloma, Patricio Melero, Cristián Larroulet, Joaquín Lavín, Carlos Bombal, por nombrar algunos. 

Si, aunque agregaria a los complices pasivos de la nueva mayoria.





#22
PauloS

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Si, aunque agregaria a los complices pasivos de la nueva mayoria.

 

Aunque yo haría una distinción:  entre cómplices activos y pasivos.  Más bien, los de la Concerta entran en este último grupo.



#23
Bleach

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Aunque yo haría una distinción:  entre cómplices activos y pasivos.  Más bien, los de la Concerta entran en este último grupo.

No se, la DC estuvo muy metida y parte de otros partidos también, muchos estuvieron dandole la espalda a Allende y hoy les ponen flores, obviamente no hay que generalizar, pero los que fueron, fueron.



#24
Gonzalín

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#25
HarveY

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Detienen en Pucón a ex CNI prófugo condenado por cuatro homicidios en dictadura

 

Tras estar prófugo desde 2015, en Pucón se detuvo a Juan Eduardo Rubilar Ottone, ex coronel del Ejército condenado por casos de homicidio investigadas por el ministro en visita para causas de derechos humanos Mario Carroza.

 

La detención, según informa el medio local La Voz, se produjo cerca de las 13 horas del día domingo pasado al interior del supermercado Eltit de Camino Internacional.

 

La Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la Policía de Investigaciones realizó el operativo, al que Rubilar no habría opuesto resistencia.

 

Rubilar, quien utilizaba la chapa de “Capitán Lira” comandó una brigada antisubersiva bajo las órdenes de Álvaro Corbalán y enfrenta una condena de 15 años y un día por 4 homicidios.



#26
FOX_AFTA

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Cuatro violadores de derechos humanos de la dictadura aún están prófugos luego de detención de un ex Coronel. Vea las fotos de los fugitivos

 

 

 

 

Por Alfredo Peña


Este domingo fue detenido en un supermercado en Pucón, Juan Eduardo Rubilar Ottone, un ex Coronel del Ejército, que actuó reprimiendo en la última parte de la dictadura y tiene en su criminal currículo, haber participado en los asesinatos de cuatro personas y estaba bajo las órdenes de Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI.

Rubilar Ottone, (foto inmediatamente abajo) conocido con la chapa de “Capitán Lira”, fue condenado a una pena de 15 años y un día por cuatro homicidios cometidos durante la dictadura militar.


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La detención se produjo al interior del supermercado Eltit de Camino Internacional a eso de las 13:15 horas. Quienes observaron la detención señalaron que el detenido era un hombre de edad que usaba barba. También señalan que no presentó resistencia a la detención.

Juan Eduardo Rubilar se encontraba prófugo desde el 2015 en una causa que lleva el Ministro Mario Carroza. Rubilar fue miembro de la CNI y se encuentra condenado a 15 años y 4 días por el asesinato del militante comunista Enzo Muñoz Arévalo, el profesor militante del MIR Héctor Patricio Sobarzo Nuñez, ocurrido el 2 de julio de 1984 en Santiago. Juan Manuel Varas Silva, mecánico, militante del MIR y Ana Alicia Delgado Tapia ingeniero agrónoma, militante del Partido Comunista asesinados el 3 de julio de 1984.


Los violadores de derechos humanos que están fugitivos de la justicia



Hace algunos meses, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) comenzó a viralizar una campaña en las redes sociales con la finalidad de dar con el paradero de cinco hombres condenados por ser violadores de derechos humanos durante la dictadura.

Con la detención de Rubilar, estos prófugos quedaron en cuatro.

Los violadores de DD.HH. eran tres ex militares y dos ex carabineros que participaron como agentes del aparato de represión del régimen de Pinochet. Juan Eduardo Rubilar Ottone, (el detenido) Juan Carlos Orellana Morales, Ricardo Lawrence Mires, Pedro Javier Guzmán Olivares y Andrés Leopoldo Flores Sabella tienen pendiente el cumplimiento de condenas de entre 10 a 25 años de cárcel, según lo establecido por los Tribunales de Justicia.

Las organizaciones de derechos humanos realizaron un llamado a la ciudadanía a dar con los “violadores de los derechos humanos y genocidas” que se encuentran en estado de “prófugos de la justicia” hace varios meses. Además de solicitar que cualquier información fidedigna sea entregada a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Estos son las imágenes de los prófugos que entregaron las organizaciones de derechos humanos:


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https://cambio21.cl/...a2d7438727b90a3



#27
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La justicia investiga a niños secuestrados: los crímenes invisibilizados de la dictadura

 

 

Por Mario López M.


Una herida abierta la constituye la desaparición de más de 1.200 compatriotas cuyo paradero aún se ignora. Pero donde esa llaga sangra con más fuerza es en el caso de aquellas mujeres que llevaban un hijo en sus vientres al momento de ser secuestradas.

Algunos de esos niños no alcanzaron a ver la luz del día, fueron masacrados junto a sus madres antes de nacer. Otros se sospecha que sí sobrevivieron, pero se ignora dónde están. También existió, por razones económicas, una red de adopciones ilegales. Hoy los tribunales indagan estos casos.  

Al menos 5.000 mujeres sobrevivientes de prisión política en dictadura sufrieron agresiones sexuales. De ellas, 3.400 declararon ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo informe dedica una sección completa a la brutalidad sexual ejercida contra las mujeres presas. 316 de las afectadas reconocieron expresamente haber sido violadas. Cambio21 conoció casos de mujeres que quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones de que fueron objeto. El destino de los hijos fue diverso.

Trescientos siete casos de menores de edad asesinados se registraron por la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991. Muchos se encuentran en las listas de detenidos desaparecidos. Algunos, con el tiempo, aparecieron sepultados ilegalmente en fosas comunes. Otros de manera accidental, permitiendo descubrir no sólo qué les sucedió, sino quienes fueron sus asesinos. 

Un crimen acallado

Nuestra sociedad hasta hoy ha invisibilizado estas tragedias. ¿Pudor? ¿Protección a las víctimas? ¿Complicidad? Cuál sea el motivo, desde enero del presente año el juez Mario Carroza ha iniciado una silenciosa pero exhaustiva investigación sobre la sustracción de menores centrada en los años de la dictadura. Incluso más allá de los casos de mujeres abusadas en prisión política. Producto de nuevas denuncias interpuestas ante tribunales, la investigación abarca hasta el año 2000. 

Al parecer en nuestro país el secuestro de niños, como un método represivo no fue generalizado, como aconteció en Argentina o en Uruguay. No solo se sospecha del secuestros de hijos o hijas de prisioneras políticas, algunas hechas desaparecer o asesinadas. También se ha podido acreditar que las condiciones de esa época permitieron el actuar de verdaderas bandas delictuales dedicadas a “sustraer” niños para enviarlos al extranjero con fines económicos. Así consta de libelos judiciales patrocinadas por el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos Pablo Rivera, quien que ha presentado denuncias a nombre de las madres.

También se sospecha que de conocerse el Informe Valech, mantenido hasta hoy en secreto, muchos que participaron de la dictadura cívico-militar temen que se conozca su colaboración o silencio culpable. Son los mismos que dicen defender la vida del que está por nacer y que callaron y callan por los crímenes cometidos contra niños, algunos que ni siquiera alcanzaron a nacer. 


Los “hijos de la Patria” 

La ex presa política, Nieves Ayress, relató a Cambio21 que tras pasar por diversos centros de torturas donde fue abusada sexualmente, llegó en marzo de 1974 al Centro Penitenciario Femenino del Buen Pastor: “El mes de abril me di cuenta que estaba embarazada, y esto lo confirmó un doctor de apellido Mery, un médico militar que ejercía en la Universidad Católica, y quien me dijo que yo debiera estar orgullosa de tener un ‘hijo de la patria’. Mi embarazo causó gran controversia (…) Un grupo de esposas de militares vino a visitarme, y me prometieron la libertad si yo no hacía más declaraciones sobre mi embarazo y mi tortura, y hasta me amenazaron con quitarme mi hijo una vez que naciera”, recuerda. 

Las religiosas a cargo del lugar “ofrecían ayudarme a pedir permiso para un aborto. Era muy duro para mujer aceptar el estar embarazada producto de una violación, en mi caso era aún más terrible por lo que vivía a diario (…) Yo estaba muy mal físicamente, y si me hacía un aborto clandestino en la prisión me podía morir, y por tal motivo decidí tener el hijo. Después de haber sobrevivido meses de tortura y detención, no les iba a dar el gusto a los militares de morirme. Sin embargo, a fines de abril o mayo, comencé a tener mucho dolor en el vientre, y a perder coágulos de sangre. Aborté en forma espontánea. No recibí atención médica durante la pérdida, salvo de las compañeras presas del área médica”, relató a nuestro medio.

No hay certeza de cuántos niños nacieron producto de estas violaciones, sin embargo al menos dos casos han sido expresamente reconocidos por sus madres y cuyas identidades han sido resguardadas. Testimonios desgarradores de los hijos e hijas dan cuenta de fantasmas que les persiguen hasta hoy: “¿tendré los rasgos de quien violó a mi madre?”, se pregunta una de las hijas que nacieron producto de esa brutalidad, como consignó un Informe Especial, a cargo de la periodista Consuelo Saavedra: “Los hijos invisibles de la dictadura”. 

Judicialmente se conoce el caso de un represor que inscribió a una menor a su nombre, el teniente Hernán Valle, DINA. En la oportunidad presentó dos testigos de la paternidad, Silvya Pérez y Hernán Blanche, quienes también aparecen ligados a organismos represivos. Tras inscribirla, la abandonó. La madre de la menor jamás fue consignada en actas o documento alguno. Valle se llevó a la tumba el secreto. La hija ha buscado por años saber quién fue su madre. 

Llegaron embarazadas, nunca volvieron



Varias jóvenes embarazadas al momento de ser secuestradas, perdieron a sus bebés producto de las torturas. Reinalda Pereira, de 29 años y que estaba embarazada de 5 meses, fue detenida el 15 de diciembre de 1976. Fue asesinada junto al hijo que llevaba en el vientre en el cuartel Simón Bolívar. Así lo reconoció a Cambio21 Jorgelino Vergara, el mocito del director de la DINA,  Manuel Contreras, quien durante un tiempo fue asignado a ese centro de exterminio: “estaba embarazada, eso lo sabían los agentes y quienes la torturaron, tenía unos meses de embarazo esa pobre mujer, la mataron a golpes, esos fueron (Ricardo) Lawrence y (Germán) Barriga. A ella y al niño los molieron a golpes”, relató. Sigue desaparecida. 

Otras, con un avanzado estado de gravidez, fueron hechas desaparecer y cuyos cuerpos y el de los hijos -presumiblemente nacidos en cautiverio-, jamás se han encontrado. El caso más cercano a esa realidad es el de Michelle Peña, una joven de 27 años, que se encontraba embarazada de ocho meses y medio al momento de su secuestro por la Dina. “Yo estuve aquí, Michelle Peña. Agosto de 1975”, escribió en una muralla de Villa Grimaldi. Faltaban solo 15 días para que diera a luz. El ejército dijo que la había lanzado al mar… pero nada se ha dicho aún sobre el destino del hijo que llevaba en el vientre… 

Su madre, Gregoria, quien tenía en aquella época un local frente a las Fiscalías Militares indicó a Cambio21: “Michelle fue trasladada antes del parto al Hospital Militar y luego al Hospital de la Fuerza Aérea, en donde habría nacido su hijo. Yo conocía a muchos de los que allí trabajaban (…) en mi desesperación solicité a uno de ellos (que) me ayudara a buscarla. Días después me informó que Michelle estaba bien”. 

El sargento 1° y enfermero del Ejército de la Brigada de Sanidad de la DINA Vicente Álvarez, en declaración policial realizada el 6 de junio del 2005, agrega otro dato: “a fines de junio (1975) llegó a la Clínica Santa Lucía una mujer, en avanzado estado de gravidez, a punto de dar a luz. Recuerdo que fue atendida por uno (…) de los doctores de la Brigada de Sanidad de la DINA que estaban en la clínica ese día”. Michelle, después de esa visita a la clínica de la DINA habría sido devuelta a Villa Grimaldi. Solo los secuestradores, torturadores y asesinos conocen toda la verdad. 

No solo prisioneras



Según fuentes judiciales, la adopción ilegal de niños y niñas durante la dictadura, se estima en miles, la gran mayoría enviados al extranjero. Un testimonio que consigna Página12 de Argentina, señala que “El 9 de julio de 1977 (…) Margarita Escobar llegó a tener a su hija al hospital Paula Jaraquemada de Santiago. Alcanzó a ver a su bebé unos instantes antes de que se la llevaran. 40 años después, relata que durante horas nadie le dio información sobre su hija y que cada tanto la inyectaban para mantenerla dormida. ‘Cada vez que despertaba volvía a preguntar por ella, hasta que una matrona me dijo: tu guagua (bebé) nació muerta’. Pidió verla para darle un beso pero no la dejaron. Después de eso ‘nadie me dio ningún papel, me mandaron para la casa. No sé cómo llegué; estaba totalmente dopada’, recuerda”.

Hoy son cientos las madres que han iniciado el penoso y dramático camino de buscar a aquellos hijos e hijas. La ciencia y la tecnología han avanzado. ADN y redes sociales se han convertido en sus aliados en la búsqueda. Otro testimonio, esta vez de María Orellana, señala que en 1985 dio a luz a un niño al que llamó Cristián. “Alcancé a escuchar que era un varón; después me aplicaron una inyección y no supe más”, relata. Durante días pidió ver a su hijo pero nadie le dio respuesta hasta que le informaron que había muerto. Tampoco la dejaron verlo. “Quédate con el recuerdo de tu guagüita, va a ser muy cruel que la veas”, relata que le dijeron en el hospital.

No hay testimonios escritos en los hospitales de aquellos nacimientos o presuntas muertes, tampoco se les entregaron a las madres certificados de defunción o algún papel en que constara qué sucedió con esos hijos o hijas. Menos recuperaron sus cuerpos “No hay nada, es como si yo no hubiera pasado por ese hospital”, recuerda María. 

De la barbarie a la esperanza



Tan brutal como real son los testimonios, algunos públicos y otros privados que conoció nuestro medio. A los casos que acontecieron en prisiones clandestinas en nuestro país en la dictadura y cuyos hechores fueron agentes del Estado, se suman otros, profesionales muchos que participaron de estas redes ilegales de adopción. Se trata de algunos médicos, matronas, asistentes sociales, religiosos, e incluso funcionarios de municipios u hospitales, que detectaban a madres vulnerables y luego sustraían a los niños o lograban bajo engaños que fueran dados en adopción. 

“En general los casos tienen relación con madres de escasos recursos que dieron a luz a sus hijos o hijas y luego fueron engañadas por funcionarios de los hospitales respecto a que estaban muertos o enfermos o murieron con posterioridad y nunca más supieron de sus hijos”, señala el abogado Pablo Rivera. No existen registros oficiales que den cuenta de la cantidad de niños que han sido enviados al extranjero. Lo que sí se conoce, es que entre 1973 y 1987 se registraron 26.611 casos de adopciones en nuestro país, pero se ignora cuántos de ellos fueron llevados al exterior. 

Nuevamente recurriendo a fuentes judiciales, se sabe que el magistrado Mario Carroza ha podido determinar que al menos 2.021 fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros miles habrían llegado a Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Perú. El valor pagado por cada niño, se señala, equivalía a entre tres mil y cinco mil dólares de hoy, unos $3.200.000.

Como se recordará, hasta 1988 la ley permitía borrar los orígenes de las familias biológicas de los niños entregados en adopción. “Hijos y madres del silencio”, es un sitio en redes sociales, específicamente en Facebook que reúne a cerca de 3.000 personas. Se trata de hijos que buscan conocer su origen biológico y madres que quieren reencontrase con hijos que les fueran sustraídos. Hay testimonios que dan cuenta de cerca de 90 casos de “reencuentros” gracias a la labor de la agrupación que ha puesto su empeño en que esto se haga público, incluso que se les permita acceder a archivos que hospitales u otras instituciones pudieran mantener.

Las redes sociales y los bancos genéticos internacionales hoy abren la posibilidad de poder determinar qué sucedió con esos niños y niñas. Es probable que muchos ni siquiera sepan que fueron adoptados. No solo no es tarea fácil dar con ellos sino que también resulta dramático que ese hijo o hija no quiera o no resista conocer esa realidad.

El caso Lejderman



Un caso ocultado por años sacudió a nuestro país no hace mucho tiempo. El llamado “Caso Lejderman” destapó una historia que involucró al ex comandante en jefe del Ejército, Emilio Cheyre, quien entregó de manera irregular a un menor a un convento. Era el hijo de un matrimonio de extranjeros asesinados en dictadura y que se encontraban desaparecidos.

Recién en 2006 se hizo público el relato de ese hijo que permitió conocer el destino del matrimonio Lejderman Ávalos y que enfrentó en un público cara a cara a Cheyre con el niño sobreviviente, ya convertido en un hombre. El general Emilio Cheyre fue además citado en la querella. Tanto él como el Ejército negaron conocimiento. 

Una patrulla de militares dio con el lugar donde se encontraba el matrimonio Lejderman Ávalos en diciembre de 1973, en el norte del país. Huían con su hijo hacia Argentina perseguidos por militares. Ernesto, el hijo sobreviviente del matrimonio mexicano-argentino, tenía entonces solo dos años y medio. Fueron abatidos por una patrulla militar que los capturó y ejecutó de manera cruel. El niño fue llevado al regimiento donde estaba destinado el entonces teniente Juan Emilio Cheyre, quien lo entregó en un convento de monjas, desde donde sería más tarde rescatado por familiares del menor y llevado a Argentina.

Ernesto sobrevivió, conoció y relató su historia. Muchos otros niños y niñas quizás no las conocen y nunca lo sabrán. La justicia ha comenzado a abrir esas historias que muchos responsables no querrán que se sepan.

 

https://cambio21.cl/...d49b01d0a770cf3



#28
ChicaLiberty

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09 Julio 2018

 

 

Justicia dictó nuevo procesamiento contra Miguel Krassnoff

 

 

 

El ex brigadier es acusado de la detención ilegal y torturas contra la ex mirista María Isabel Romero.  La mujer fue detenida en Concepción, luego pasó por Colonia Dignidad y por Villa Grimaldi.

 

 

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Miguel Krassnoff fue careado con su víctima el 5 de enero de 2018.

 

 

 

El Primer Juzgado Civil de Concepción dictó auto de procesamiento contra el brigadier ® del Ejército Miguel Krassnoff como autor de los delitos de detención ilegal y tortura contra la ex mirista María Isabel Romero perpetrados a contar de julio de 1975, en Santiago.

La jueza Margarita Sanhueza encausó a Krassnoff Martchenko, ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en calidad de autor directo de los delitos, apoyada en informes del Servicio Médico Legal; de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones; del Instituto Nacional de Derechos Humanos; la declaración de Luis Morén Brito y de otros testigos.

El pasado 5 de enero de 2018, Krassnoff fue careado con María Isabel Romero, hoy tras el exilio en Bélgica, y allí ella indicó que "la justicia llega tarde en mi caso, pero algún día tenía que suceder. Krassnoff me hizo trasladar desde Colonia Dignidad hasta Villa Grimaldi".

 

Los hechos establecidos

 

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la carpeta investigativa, determinó que "el 28 de junio de 1975, la integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) María Isabel Romero, fue detenida ilegalmente por agentes policiales en la localidad de Chaimávida, Concepción, siendo conducida a un interrogatorio secreto".

Posteriormente, fue entregada a una brigada operativa dependiente de la DINA, quienes la trasladaron a Santiago, incomunicándola en Villa Grimaldi en donde se le aplicaron tormentos y usaron de un rigor innecesario con el objeto de obtener información, para luego mantenerla detenida en otros lugares furtivos que para esos efectos había dispuesto el gobierno de la época.

En septiembre de 1976, fue dejada en libertad sin imputación de delito alguno y sin haberla puesto a disposición de autoridad competente ni conducido a lugares legales de detención.

 

 

 

 

Fuente:  https://www.cooperat...-09/194029.html



#29
ChicaLiberty

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18 Julio 2018

 

 

“Se merecen un destino digno”: Hija de detenida desaparecida cuestiona trato a fragmentos óseos hallados en sede de AFDD
 
 
A través de una carta enviada al ministro Mario Carroza, Marcela Meza Lagos, pide justicia para los restos humanos encontrados en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
 
 
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Desde Gotemburgo y a través de una carta dirigida al ministro en visita Mario Carroza que fue entregada el pasado 9 de julio, Marcela Meza Lagos, hija de Gloria Lagos Nilsson, asegura que “las emociones y frustraciones han ido cambiando” tras el hallazgo de fragmentos humanos en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

“El estupor de los primeros días, el dolor y la sorpresa sin igual, se mezclaba con la irracional esperanza de que esos restos fueran de algún ser querido. No puedo negarle Don Mario que mi esperanza desesperanzada veía un final a la espera desgarradora de mi madre. Por unos instantes fui nuevamente esa niña de ocho años que gritaba desesperadamente mientras se llevaban a su madre”, expresa.

Recordando que ya no es más esa pequeña, sostiene que no logra “entender que fragmentos óseos humanos hayan estado 23 años dentro de una agrupación que sabe mejor que nadie de la búsqueda y de la espera”.

Como da cuenta un reportaje publicado hace algunos días por La Tercera, de los 80 fragmentos contenidos en tres bolsas, 10 correspondían a humanos: una pequeña parte de un cráneo, un trozo de una mandíbula inferior, apófisis mastoide, cinco dientes y un fragmento de mandíbula con diente molar.

Ante aquello y considerando que desde la agrupación indicaron que los fragmentos- según los análisis del Grupo de Antropología Forense- son anteriores a 1973, Lagos manifiesta que estos “sean de la época que sean, se merecían un trato adecuado según las leyes pertinentes. Pero se merecen sobretodo un destino digno. Así como tanto añoro y espero, fervientemente, algún día tenga mi madre”.

“Como hija de una detenida desaparecida, embarazada, Gloria Esther Lagos Nilsson, no puedo más que clamar por toda la verdad, venga de donde venga y que asuman su responsabilidad afecte a quien le afecte!”, culmina.

 

Críticas a la agrupación

 

El hallazgo de estos fragmentos sigue agigantando la ola de críticas hacia la AFDD . Desde diferentes sectores aseguran que la directiva ha actuado “negligentemente” al no entregarlos y periciarlos como corresponde.

Cecilia Hayder, quien ha sido cuestionada por ser hija del capitán de Ejército Osvaldo Heyder Goycolea, asevera que “no es justo que estos estuvieran 23 años olvidados. Si corresponden a antes de la dictadura ¿No tenían familiares? No se sabe si estos fragmentos corresponden a una o más personas. Era un ser humano, si ellas se jactan de buscar restos por todo Chile ¿No pensaron que la o las personas que están ahí tenían familiares?”. 

“No me parece justo ni digno que estuvieran en una bolsa olvidados. No creo en las explicaciones que han dado. Lo más justo es que reconozcan que se equivocaron, porque acá los detenidos desaparecidos no tienen dueño, son de todos los chilenos. Si ellas se quieren apoderar, fantástico, pero que luchen, hay que ser consecuente con lo que uno habla. Yo no pongo en duda que puedan ser de antes de la dictadura, pueden ser, pero creo que acá lo principal es reconocer que era o eran seres humanos. Nadie se ha preocupado”, agrega.

Felipe Henríquez Órdenes, familiar de ejecutados políticos, va más allá y pide la salida de la directiva de la agrupación, pues considera que lo sucedido constituye negligencias graves. “Tengo la peor opinión, porque una agrupación que se ha dedicado a la búsqueda de restos no puede, por ningún motivo, guardarlos en un cajón oscuro y tenebroso durante 23 años“, comenta.

Además añade que “la gravedad en el asunto está en que estuvieron ocultos en la sede en bolsas de plástico, porque ni siquiera tuvieron el decoro de dejarlos en cajas con carbono 14. Cuando me enfrento a ellas, lo que busco es que pongan sus cargos a disposición, lo que no significa que los derechos humanos se vayan a acabar, significa que esta dirigencia se tiene que acabar, porque tiene que haber nuevas elecciones internas con parámetros correctos”.

Consultada sobre este asunto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, asegura que el hecho es “un problema interno de la agrupación y cada agrupación es autónoma. Esperamos que esto se solucione, nada más”. 

Contactada por La Tercera, Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, aseveró que este caso “fue entregado al ministro como corresponde” y que en estos momentos están abocados a “detener la ofensiva de impunidad que está llevando adelante el gobierno. Eso es lo que a mí y a esta agrupación hoy nos preocupa, porque eso es lo que define el país que construimos”.

 
 
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#30
Bleach

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De a poco se le va cayendo la careta a esa fundacion preocupada de la politica y no de los ddhh.


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#31
Evaristo

Evaristo

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Mentira esta weá, ctm :paciencia:



#32
ChicaLiberty

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OPERACION CONDOR

Historia del topic acá

http://foros.fotech....r#entry21851681

 

 

 

 

:latercera:

20 Julio 2018

 

 

Fallo del TC reabre debate por casos de violaciones a los DD.HH.

 

 

Tribunal Constitucional rechazó, con observaciones, requerimiento presentado por operación Cóndor.

 

 

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El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por la defensa del exoficial del Ejército y miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), René Riveros Valderrama, acusado de homicidio calificado en el marco de la llamada “operación Cóndor”, argumentando que en el proceso que llevó adelante en Chile el ministro en visita Mario Carroza bajo el antiguo sistema de procedimiento penal se vulneraron derechos fundamentales.

 
Estas afirmaciones fueron rechazadas por el TC, el que indicó en su sentencia que “los preceptos legales reprochados no recibirán aplicación, atendido el estado de plenario de la causa penal; que varios de los preceptos legales impugnados ya fueron aplicados sin que le hubiese generado menoscabo en el ejercicio de sus derechos por los reproches abstractos que aquí se hicieron, especialmente en lo relativo al secreto del sumario y a las declaraciones judiciales. Y, finalmente, porque un conjunto importante de normas legales que se solicita su inaplicabilidad, se corresponde con garantías para el inculpado, incluso, varias de ellas con derechos constitucionales que expresamente la disponen. En consecuencia, a partir de estos criterios mínimos y sin recurrir a otros elementos argumentativos adicionales, estimamos que el presente requerimiento es improcedente, por lo cual debe rechazarse”.
 
 
El debate por contienda
 
Sin embargo, el rechazo tuvo cinco votos a favor y tres en contra de los ministros Iván Aróstica (presidente), Juan José Romero Guzmán y José Ignacio Vásquez Márquez, quienes estuvieron por acoger el requerimiento argumentando que las reglas procesales “obligan a los jueces a ponerlas en práctica de una forma que no se condice con los estándares actuales de justicia y racionalidad”.
 
Sumado a esto, dos de los cinco jueces que estuvieron por rechazar el requerimiento -María Luisa Brahm y Cristian Letelier- realizaron observaciones en el sentido de que “el juez natural responsable de la gestión judicial pendiente se encuentra ante un mandato legal expreso de aplicación de las normas y garantías procesales del actual Código Procesal Penal, a fin de cautelar debidamente los derechos de las partes del proceso consagrados tanto en la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, como en las garantías de un justo y racional procedimiento desarrolladas en aquel cuerpo legal”.
 
Un fallo “esperable”, reconoce el abogado Jorge Montero, defensor de René Riveros, quien de todas formas valora el voto minoritario, pues su “fundamento ha sido contundente, lógico y abre un espacio para madurar esto y puedan, en definitiva, aplicarse en los casos de derechos humanos, el valor de la justicia y el valor de las garantías constitucionales que no se están respetando en este momento, sin lugar a dudas”, asegura el jurista.
 
El abogado agrega que en el caso específico de este requerimiento “debió haberse inhabilitado el ministro (Nelson) Pozo, por sus opiniones en otros casos y porque él dictó sentencias en la materia cuando fue miembro del Poder Judicial”.
 
En contraparte, la diputada y otrora abogada de víctimas de delitos de lesa humanidad, Carmen Hertz, asegura que los “recursos de inaplicabilidad son completamente contrarios las normas internacionales que Chile ha firmado”, y que solo se trata de “acciones dilatorias” que “buscan establecer una denegación de justicia”, señaló.
 
 
 
 
 

Editado por ChicaLiberty, 24 julio 2018 - 14:19 hrs..


#33
HarveY

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Justicia dicta acusación en contra de militares por secuestro y sustracción de menores. Fueron asesinados

 

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La justicia tarda pero llega, aunque ya no sea, por el transcurso del tiempo, muy justicia.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó acusación en dos investigaciones que sustancia por los delitos de secuestro calificado y sustracción de menores de edad, ilícitos perpetrados por miembros del Ejército, quienes actuaban como agentes del Estado entre septiembre y octubre de 1973, en las comunas de Pirque y San Bernardo.

En el primer caso (causa rol 62-2011), la ministra Cifuentes presentó acusación en contra de Eduardo Octavio Silva Bravo, Juan Carlos Nielsen Stambuk, Jorge Eduardo Romero Campos, Alfonso Faúndez Norambuena, Osvaldo Andrés Magaña Bau, Óscar Hernán Vergara Cruces, Roberto Arcángel Rozas Aguilera y Sergio Heriberto Ávila Quiroga como autores de los delitos de secuestro calificado de Francisco Eugenio Viera Ovalle y de sustracción de menor agravada de Héctor Enrique Hernández Garcés.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita logró establecer los siguientes hechos:

a) Que, el día 27 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo detuvieron, sin derecho, a Héctor Enrique Hernández Garcés, de 17 años, estudiante del DUOC, en su domicilio ubicado en calle Alfonso Donoso N° 401, Población Sur, comuna de San Bernardo.

b) Que, acto seguido, Hernández Garcés fue trasladado al Campo de Prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, lugar en el que se le mantuvo encerrado, sin derecho y sometido a malos tratos (torturas).

c) Que, asimismo, a fines de septiembre de 1973, al interior del fundo "Principal" de la comuna de Pirque, militares de dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo detuvieron, sin derecho, a Francisco Eugenio Viera Ovalle, estudiante de la Universidad Técnica del Estado.

d) Que, acto seguido, Viera Ovalle también fue trasladado al Campo de Prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, lugar en el que se le mantuvo encerrado, sin derecho, y se le sometió a malos tratos.

e) Que, en la época de los hechos, el referido Campo de Prisioneros se encontraba a cargo de los Capitanes de Ejército Eduardo Octavio Silva Bravo, Juan Carlos Nielsen Stambuk y Jorge Eduardo Romero Campos, y del Teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena.

f) Que, en el contexto temporal antes indicado, cumplieron funciones en el mencionado Campo de Prisioneros, como interrogadores, el Subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau y Oficiales de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, entre ellos, Sergio Heriberto Ávila Quiroga, Oscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.

g) Que, finalmente, entre el 6 y el 11 de octubre de 1973, al interior del citado Campo de Prisioneros, Héctor Enrique Hernández Garcés y Francisco Eugenio Viera Ovalle, en lugar de ser puestos a disposición de la autoridad administrativa o judicial correspondiente, fueron ejecutados, al margen del ordenamiento jurídico, mediante múltiples disparos con arma de fuego.

En la segunda resolución (causa rol 11-2012"), la ministra responsabilizó como autores del delito de secuestro calificado de Luis Heriberto Contreras Escanilla y de sustracción de menor edad de Luis Heriberto Contreras Peñaloza a Alfonso Faúndez Norambuena, Osvaldo Andrés Magaña Bau, Óscar Hernán Vergara Cruces, Roberto Arcángel Rozas Aguilera y Sergio Heriberto Ávila Quiroga.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita logró establecer los siguientes hechos:

a) Que, el día 10 de noviembre de 1973, en horas de la noche, militares de dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo, detuvieron, sin derecho, a Luis Heriberto Contreras Escanilla, en su domicilio, ubicado en Pasaje Porto Alegre N° 5742 de la Población Brasilia de la comuna de San Miguel.

b) Que, acto seguido, la referida patrulla militar detuvo, sin derecho, al hijo de Contreras  Escanilla, Luis Heriberto Contreras Peñaloza, de 16 años, en un inmueble de la Población Carbomet, sector Nos, comuna de San Bernardo.

c) Que, posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados al Campo de Prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, lugar en que se les mantuvo encerrados, sin derecho, y se les sometió a interrogatorios y malos tratos.

d) Que, en esa época, el Campo de Prisioneros del Cerro Chena se encontraba a cargo del Teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena.

e) Que, asimismo, en el contexto temporal antes indicado, cumplieron funciones en el mencionado Campo de Prisioneros, como interrogadores, el Subteniente de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, el Teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.

f) Que, el día 15 de noviembre de 1973, al interior del referido Campo de Prisioneros, Luis Contreras Escanilla, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad administrativa o judicial correspondiente, fue ejecutado, al margen del ordenamiento jurídico, mediante múltiples disparos con arma de fuego.

Los criminales tendrán derecho a defensa, aquella que les negaron a sus víctimas y, de llegar a condenarlos, debieran engrosar la lista de delincuentes presos en Punta Peuco o en Colina I, siempre que el actual gobierno no los perdone, porque ya "ancianos" no saben lo que hicieron con esos niños.

 

https://cambio21.cl/...a2d7448a52a8125



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ChicaLiberty

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27 Julio 2018

 

 

 

Caso Lonquén: Carabineros condenados a 15 años deberán cumplir condena en Colina I

 

 

Los policías en retiro fueron condenados por el crimen de 15 personas durante la dictadura.

 

 

 

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La orden de reclusión fue dictada hoy viernes 27 por los homicidios calificados cometidos el 7 octubre de 1973.
 
 
Cinco carabineros en retiro fueron condenados por homicidio calificado de 15 personas durante dictadura en la Isla de Maipo.

La ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó la reclusión de los ex uniformados que deberán cumplir la condena en Colina I.

David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González y Juan José Villegas Navarro, fueron condenados a 15 años de cárcel.

La orden de reclusión fue dictada hoy viernes 27 por los homicidios calificados cometidos el 7 octubre de 1973.

 

 

 

 

Caso Lonquén: Ministra Marianela Cifuentes dicta orden de ingreso a Colina I

para 5 carabineros en retiro condenados por homicidio calificado 15 víctimas https://

bit.ly/2Oksa7g 

 
 
 
 
 
 

 

 



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Inauguran exposición sobre detenidos desaparecidos del pueblo mapuche en el Museo de la Memoria

 

La muestra, que sitúa la mirada en la violación a los derechos humanos del pueblo mapuche, podrá ser visitada de manera gratuita hasta el 28 de octubre, de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas, en la Galería de la Memoria.

 

El sentimiento de vacío, ausencia y pérdida experimentado por los familiares de detenidos desaparecidos mapuche se respira en cada pieza que conforma Layelewün -estar sintiendo la ausencia en mapuzungún-, exposición del artista Danilo Espinoza que se acaba de inaugurar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana 501) con entrada liberada al público.

 

Esta exhibición busca situar la mirada en la problemática de la violación a los derechos humanos al pueblo mapuche durante la dictadura militar chilena. De esta manera, la muestra invita a recordar y conectar al público con personas y biografías, y a mantener viva la memoria de sus familias, de su comunidad y de un país entero.

 

Las obras que forman parte de Layelewün fueron realizadas a partir de la recopilación de testimonios e imágenes de álbumes fotográficos de familiares de detenidos desaparecidos mapuche, con el fin de reconstruir la identidad biográfica de algunos de los más de 50 mapuche registrados como víctimas de desaparición forzada en dictadura, provenientes, principalmente, de las regiones del BíoBio, la Araucanía y los Ríos.

 

A partir de este trabajo de investigación y documentación, Espinoza dio paso a la elaboración de una serie de obras gráficas elaboradas con humo sobre papel. El humo es incorporado en la producción de las piezas como el elemento principal en la configuración de las imágenes, rescatando, por una parte, el humo como un elemento que siempre ha estado presente en los rituales y en la vida cotidiana mapuche y, por otra, como una representación de la memoria y el olvido, asuntos centrales en la problemática de los detenidos desaparecidos.

 

En la actualidad sigue existiendo una deuda pendiente en esta materia, que comenzó con la conquista española y que se mantuvo tras la independencia de Chile. Este ejercicio de memoria a través del arte se centra en una de las etapas de esta historia de violencia y olvido sobre la cual se sabe muy poco, y que comienza el 11 de septiembre de 1973 cuando terratenientes, militares y carabineros iniciaron una persecución contra los mapuche que habían recuperado tierras posterior a la Reforma Agraria.

 

Lucrecia Conget, jefa del área de Museografía del Museo de la Memoria señala que “la exposición de Danilo Espinoza permite vincularse con la historia reciente de nuestro país de una manera diversa y poco común, logrando proponer, a través de su técnica, ciertas connotaciones de la historia que no logran hacerse presentes en una fotografía, por ejemplo, ahí radica lo especial de su trabajo”.

 

Layelewün llega al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el año de las Memorias Indígenas, temática anual que está desarrollando la institución y que ha buscado dedicar las muestras temporales, conversatorios y acciones culturales a poner en valor las memorias indígenas, con el objeto de visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile contra los pueblos originarios durante la dictadura.

 

La muestra, que forma parte del proyecto Ñamen. Desaparecer, Venir en Olvido del mismo artista, podrá ser visitada de manera gratuita hasta el 28 de octubre, de martes a domingo y de 10:00 a 18:00 horas en la Galería de la Memoria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

 

 

http://www.eldesconc...-de-la-memoria/



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Historia del topic acá

http://foros.fotech....aravana +muerte

 

 

 

 

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05 Agosto 2018

 

 

Derechos Humanos: Comisión de libertades fija cita extraordinaria

 

 

 

Corte Suprema ordenó revisar caso de copiloto del helicóptero Puma en el caso Caravana de la Muerte.

 

 

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“Se acoge el recurso de amparo deducido por el abogado Maximiliano Murath Mansilla en favor de Emilio Robert de la Mahotiere González, y en contra de la Comisión de Libertad Condicional y, en consecuencia, se ordena a la comisión que evalúe nuevamente la postulación del amparado”.
 
Fue debido a esta resolución, contenida en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmada por la Corte Suprema, que la Comisión de Libertad Condicional convocó a una sesión extraordinaria para analizar por segunda vez los informes de comportamiento y sicológicos del coronel ® Robert de la Mahotiere González.
 
La orden de revisar el caso fue interpretado por fuentes judiciales como un llamado de atención a la labor que realiza la Comisión de Libertad Condicional y la antesala para la revisión de nuevos casos.
 
“Nos reuniremos la próxima semana para analizar este tema”, aseguró el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Tomás Gray, presidente de la comisión que también integran 10 jueces de tribunales orales y de garantía. El encuentro se concretará este martes.
 
Emilio Robert de la Mahotiere González (81) es un excoronel y piloto del Ejército que fue condenado a cumplir tres años y un día de cárcel por homicidio y secuestro calificado en calidad de cómplice o encubridor.
 
Según la condena, Robert de la Mahotiere, a fines de septiembre de 1973, fue copiloto y miembro de la tripulación del helicóptero modelo Puma que transportó a distintas guarniciones del país y al fallecido general Sergio Arellano Stark, quien encabezó la llamada “Caravana de la Muerte”.
 
Críticas internas
 
La orden de la corte de revisar este caso, al igual que la postura del máximo tribunal de desoír los argumentos contenidos en los informes de la comisión, causaron preocupación entre los miembros de la instancia que evalúa la entrega de beneficios carcelarios.
 
“Estamos sorprendidos de la decisión de la corte”, aseguró uno de los jueces miembro de esta instancia.
 
Otro integrante de esta comisión asegura que uno de los principales problemas es la antigua normativa que regula la entrega de estos beneficios, la cual dataría de 1920.
 
Del mismo modo, calificaron como “inentendible” que los tribunales superiores no consideren los informes sicológicos, y en especial el arrepentimiento en casos de violaciones a los derechos humanos.
 
Según consta en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los informes sicológicos en que la Comisión de Libertad Condicional fundamentó su negativa, califica como “fundamental” ese análisis en el cual se debe dar “cuenta de la conciencia de delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio, de modo que se procure, por una parte, constatar que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes y programas de reinserción social”.
 
Otro punto que generó críticas fue la postura que, a partir de ahora, tendrá la Corte Suprema en relación al cumplimiento de acuerdos internacionales, como el Estatuto de Roma o recomendaciones de la Corte Interamericana de DD.HH., que detalló que “el otorgamiento indebido de beneficios puede conducir a una forma de impunidad”.
 
 
 
 


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07 Agosto 2018

 

 

El fin del caso Hornos de Lonquén

 

 

 

A 40 años del hallazgo de osamentas en una mina de cal, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI detuvo a los cinco condenados por esta indagatoria. La diligencia significó el cierre definitivo de la causa.

 

 

 

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LOS HORNOS DE LONQUÉN TRAS EL HALLAZGO DE LAS OSAMENTAS.

 

 

Hace 40 años, el hallazgo que hizo un campesino dio inicio a una de las causas más emblemáticas por delitos de derechos humanos perpetrados durante el régimen militar. El 30 de noviembre de 1978, Inocencio de los Ángeles, un hombre de tercera edad que se reconocía como ermitaño, encontró osamentas humanas al interior de los hornos de cal ubicados en el sector de Lonquén, al poniente de la Región Metropolitana.

 
Se trataba de los restos de 15 hombres fusilados el 7 de octubre de 1973, por ocho carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo. Pese a que los hechos y las identidades tardarían años en ser acreditados, el descubrimiento marcó al régimen militar: en el país se estaban violando los derechos humanos y quienes estaban a cargo, en la mayoría de los casos, eran agentes del Estado.
Inocencio, denunció el hecho al sacerdote Gonzalo Aguirre, de la Vicaría de la Solidaridad, con quien confirmó in situ el hallazgo. El hecho denunciado impulsó la creación de una comisión que se encargaría después de relacionar los restos que halló el ermitaño con los 15 desaparecidos que había en el sector: Sergio Maureira Lillo (46) junto a sus hijos Sergio (27), José (26), Segundo (24) y Rodolfo (22); Carlos Hernández Flores (39) y sus hermanos Nelson (32) y Óscar (30), y Enrique Astudillo Álvarez (51) con sus dos hijos, Ramón (27) y Omar (19).
 
Los 15 nombres se transformaron en el primer eslabón de una causa que no vería su final sino hasta cuatro décadas después: el 26 de julio pasado, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI detener a los exuniformados Félix Sagredo (82), Justo Romo (69), David Coliqueo (73), Juan Villegas (74) y Jacinto Torres (73). Todos ellos fueron condenados a 15 años de cárcel como responsables de los homicidios.
 
Pero ese día no ingresaron a la cárcel de Colina I todos los responsables. La muerte se adelantó para Manuel Muñoz, José Belmar y Lautaro Castro, o Marcelo, como se llamó desde el año 2000, luego de cambiar su nombre ante el Registro Civil. Castro, que falleció el 9 de diciembre de 2017 en el Hospital de Dipreca mientras cumplía condena por otros crímenes de derechos humanos, ocupaba el cargo de subteniente y fue el jefe de unidad que ordenó los fusilamientos. Su muerte, según confidenció el resto de los involucrados, se llevaría sus libertades. Siempre tuvieron la esperanza de que Molina asumiera toda la responsabilidad y los absolviera.
 
Las muertes
 
Isla de Maipo es una localidad rural de 36 mil habitantes, según el Censo de 2017. En 1973, detallan sus habitantes más antiguos, vivía mucho menos gente, hasta el punto en que todos se conocían. La tenencia de Carabineros a cargo del lugar no contaba con más de 10 efectivos.
 
A eso de las 22 horas del 7 de octubre del 73, el grupo de policías, armados con sus fusiles Sig, ingresó al Fundo Naguayán para detener a gran parte de los integrantes de las familias Maureira, Hernández y Astudillo, quienes habitaban y trabajaban en el predio. Les informaron que serían trasladados hasta la sede policial. La versión que les dieron es que estaban siendo requeridos para hacerles consultas. No había de qué preocuparse, pues serían liberados.
 
La investigación judicial nunca indagó los motivos de la detención, aunque entre familiares y habitantes de la zona se insiste en que las víctimas fueron denunciadas por los dueños del fundo, con quienes mantenían diferencias desde el periodo de la Unidad Popular (1970-1973).
 
En los calabozos de la tenencia se encontrarían con Miguel Brant (20), José Herrera (17), Manuel Navarro (20) e Iván Ordóñez (17). El grupo de jóvenes estaba detenido desde el mediodía, luego de ser descubiertos consumiendo alcohol en la Plaza de Armas de Isla de Maipo. Ninguno de ellos eran familiares de los detenidos en el fundo.
 
A las seis de la madrugada del día siguiente, los 15 hombres fueron divididos y obligados a subir al jeep de la tenencia y a la camioneta cedida para la ocasión por José Celsi Perrot, propietario de
 
Naguayán. Les dijeron que serían enviados al Estadio Nacional, principal centro de detención durante los primeros días del régimen militar. Sin embargo, el subteniente Molina había decidido que el destino sería distinto: a solo 14 kilómetros de Isla de Maipo, la abandonada mina de cal de Lonquén se convertía en un lugar emblemático para la historia de los derechos humanos en Chile.
 
Un mes antes de estos hechos, algunos de los efectivos que habían detenidos a los hombres se involucraron en el asesinato de dos campesinos en el Puente Naltahua. En esa oportunidad, al igual que ahora, la excusa había sido la misma. Por eso, los funcionarios a cargo del traslado, más que sospechas, tenían la convicción de que el final para ese grupo de hombres estaba cerca.
 
“Apenas supieron de las verdaderas intenciones, algunos de los efectivos dicen haberse shockeado con la situación. Iban a matar a personas que conocían. Aunque plantearon que no tenían más alternativas, dado el carácter de Molina. Las amenazas eran claras: de no cumplir con la orden, eran ellos quienes pasarían a la otra línea”, explica el subcomisario Manuel Barros, de la Brigada de DD.HH. de la PDI.
 
En el lugar se produciría un forcejeo entre víctimas y victimarios, lo que adelantó las ejecuciones, según relata el subcomisario Barros. “Les piden que no los maten, varios de ellos se enfrentan a golpes con algunos carabineros. Algunos disparos se producen en zonas del cuerpo asociadas a ese forcejeo”.
 
Los 15 cuerpos fueron arrojados a la profundidad de los nueve metros que tenían los hornos. Aún quedaban algunos con vida. Cuando los efectivos se fueron del lugar, según sus propias declaraciones, todavía se oían gritos y lamentos de los sobrevivientes a las balas y la caída.

 

 

 

 

Fuente:  https://www.latercer...lonquen/273409/






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