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CONVENIO 169 | Ministro Barraza: Retiro del Convenio 169 sería una bofetada a pueblos indígenas


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:latercera:

19 Enero 2018

 

 

 

Eventual retiro de Chile del Convenio 169 inquieta a pueblos originarios

 

 

 

Según la norma, este 2018 el gobierno de Piñera deberá analizar si renueva su aplicación en Chile a partir de septiembre de 2019. Sin embargo, la implementación del tratado no tendría conforme al próximo mandatario.

 

 

 

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“Sin el Convenio 169 estaríamos mucho más desprotegidos y sin la posibilidad de reclamar a nivel internacional. Solo tendríamos la Ley Indígena, que no habla de soberanía ni de pueblo, es una legislación muy débil”, comenta Carolina Sagredo, abogada del Consejo de Pueblos Atacameños, que en estos días defiende la demanda de la comunidad de Socaire. Sus habitantes se tomaron el acceso a la laguna del Salar de Aguas Calientes para defenderlo de la afectación masiva de los turistas.
La comunidad aimara reclama ese territorio como ancestral, pero que hoy figuran como propiedad del Estado. “El 169 es una herramienta clave para reclamar los derechos ancestrales”, precisa Sagredo. Precisamente el Convenio 169 de la OIT, que establece una serie de obligaciones que deben cumplir los Estados suscritos en favor de los pueblos originarios, así como la consulta obligatoria en temas que les competen (ver recuadro) podría llegar a su fin en Chile el próximo 2019, si el gobierno de Piñera decide no ratificar el tratado.
Según establece el propio convenio suscrito por Chile en septiembre de 2008 (en el primer gobierno de Bachelet) y que entró en vigencia en septiembre de 2009, cada 10 años debe ser ratificado por el país firmante. Según Andrés Molina, diputado electo por Evópoli en La Araucanía y ex intendente de esa región, Piñera como presidente electo “no estaría conforme con su aplicación”, dice Molina. La postura del mandatario es apoyada por la Multigremial de La Araucanía y el propio Molina en orden a revisar su continuidad. “Cuando se suscribió el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado una sensación de no participación entre lo propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados”, señaló Molina.
Agregó que apoya una eventual salida del convenio, pues “este retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por mientras la gente se nos muere”. Según el diputado electo, los privados que quieren invertir en La Araucanía sí considerarían la opinión del pueblo mapuche “mediante el contacto directo y a través de los propios proyectos de evaluación ambiental, donde está considerada la participación”.
Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, señala que “la idea de desahuciar el convenio, que se ha hecho presente en la derecha, es un retroceso tremendo. No porque las consultas indígenas se hayan implementado mal: por el incumplimiento de los estándares que el propio convenio establece, significa que tengamos que retirarnos. Eso es como querer retirarse de cualquier convenio de DD.HH. porque en Chile se transgreden los DD.HH. No tiene sentido”. Millaleo advierte que un eventual desahucio del convenio “por cierto es un riesgo y estaremos alerta para ver qué pasa con eso. Es una posibilidad que tiene muy preocupado al mundo indígena”.
La polémica ya está instalada también en el ombligo del mundo. “Salirnos del 169 es permitir que los privados destruyan el patrimonio natural de todos los pueblos originarios y de la gente más pobre en regiones, porque además esas empresas tributan en Santiago”, enfatiza José Rapu, integrante de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (Codeipa).
Para Hugo Alcamán, presidente de la corporación de profesionales mapuche (Enama), el Convenio 169, que Chile demoró 18 años en suscribir, tiene un peso histórico innegable “pues reconoce, en primer lugar, que los pueblos originarios existimos. Plantear su no renovación por parte de políticos y dirigentes gremiales en La Araucanía es de una enorme irresponsabilidad, es una negación que va a profundizar el conflicto”.
Plantea que por ignorancia el empresariado ve el Convenio 169 y el proceso de consulta como un obstáculo al desarrollo. “Para nada es un retroceso económico; por el contrario, se pierde la oportunidad de contar con una economía paralela indígena, en linea con el desarrollo sustentable. El problema es que a muchos les cuesta aceptar la diversidad en beneficio de todos”.
Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación indígena, explica que el retiro de un convenio internacional como el 169 “es una atribución exclusiva del Presidente, el que luego recoge la opinión de ambas cámaras. Pero en mi opinión salirse del convenio, o “denunciar” el convenio -que es el término jurídico correcto para tratados internacionales- no tiene sentido. El momento para discutirlo fue hasta el 2008 y hoy políticamente es inviable, pues no solo regula proyectos productivos sino una serie de materias sociales relevantes para las comunidades. Sería como denunciar la Biblia”.
Según señala el propio convenio, si un miembro no hace uso de su derecho a “denuncia” quedará obligado durante un nuevo período de 10 años.

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/eventual-retiro-chile-del-convenio-169-inquieta-pueblos-originarios/

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:cooperativa:

20 Enero 2018

 

 

Ministro Barraza: Retiro del Convenio 169 sería una bofetada a pueblos indígenas

 

 

 

 

El titular de Desarrollo Social cuestionó la idea de que Chile se aparte del acuerdo convenido con la OIT, como piden algunas voces.

 

Este año se cumple una década de su ratificación, lo que permite revisar su aplicación.

 

 

 

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El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, consideró que el eventual retiro de Chile del Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo sería una "nueva bofetada" contra los pueblos indígenas del país, en respuesta a quienes argumentan que la norma es un obstáculo para proyectos económicos.

Esto a propósito de que este año el acuerdo cumple una década desde su aprobación por el Congreso Nacional en 2008, periodo que permite al país suspender o denunciar su aplicación.

"No puede existir una dicotomía entre el desarrollo económico y el respeto de los derechos de los pueblos. El Convenio 169 entrega una oportunidad de diálogo político y social, y retirarlo sería una nueva bofetada a los pueblos indígenas", manifestó el secretario de Estado durante el seminario "Convenio 169 y su aplicación en Chile", realizado en La Serena.

En ese sentido, apuntó que "el Estado y las empresas han avanzado en mejorar estos procesos de Consulta y la mayoría de los retrasos tiene que ver muchas veces con falencias técnicas de los proyectos, que no logran conectar e integrar las necesidades de los pueblos".

"La única forma de avanzar en un diálogo político efectivo con los pueblos Indígenas es respetar los acuerdos y el 169 se aprobó con acuerdo de todas las fuerzas políticas del congreso el 2008. Debemos hacernos responsables de lo que hemos aprobado", sentenció Barraza.

La preocupación del titular de Desarrollo Social radica en la intención manifestada desde ciertos sectores de que el futuro Gobierno de Sebastián Piñera retire a Chile del acuerdo que en septiembre de este año cumple una década desde que fue ratificado en el Congreso.

¿De qué trata el convenio?

 

El convenio establece el deber del Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, y regula, además, materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios, fijando ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, entre otros aspectos.

También, en otras materias, se refiere a la conservación de las culturas indígenas y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles.


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