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PROYECTO EDUCACION SUPERIOR | Ignacio Sánchez: “El próximo gobierno tendrá que corregir los errores que se cometan en educación superior”

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Historia del topic acá

http://foros.fotech.cl/topic/324310-reforma-educacion-superior-estado-entrega-6-mil-millones-a-ues-regionales-mientras-la-u-de-chile-recibe-15-mil-millones/?hl=%2Beducacion+%2Bsuperior&do=findComment&comment=22859298

 

 

 

 

 

:latercera:

06 Diciembre 2017

 

 

 

Senadores aprueban proyecto que consagra gratuidad en la educación superior

 

 

En su segundo trámite legislativo, la comisión de Educación aprobó en general y de forma unánime la iniciativa que ahora pasará a la Sala del Senado.

 

 

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De manera unánime, la comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de Educación Superior, una de las principales reformas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo y que ahora pasará a la Sala de la Cámara Alta, consagra en forma permanente la gratuidad para los alumnos universitarios y de la educación técnico profesional más vulnerables, beneficio que hasta ahora sólo se ha ido aprobando año tras año a través de una glosa de la Ley de Presupuesto.
El proyecto fue respaldado por los cinco senadores de la comisión, entre ellos Ena Von Baer (UDI) y Andrés Allamand (RN). Esto, luego de que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se mostrara a favor de la gratuidad para el 90% de los jóvenes más vulnerables de la educación técnica.
En este contexto, el ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, hizo “un llamado a que honremos la palabra empeñada y votemos favorablemente este proyecto, que garantiza la gratuidad universal, para darles una buena noticia a las familias que están esperando esta señal”.
“El proyecto de educación superior, como la ha señalado la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, asegura la gratuidad universal, que es la promesa que ella adquirió con los chilenos y chilenas, y particularmente con las familias de muchos jóvenes”, añadió el secretario de Estado.
El titular de la Segpres, explicó que la implementación de la futura ley “tiene que ir construyéndose paso a paso. Y en la medida que se van cumpliendo determinas condiciones, se agregarán nuevos grupos de jóvenes y de familias para ir accediendo a la gratuidad universal, que está asegurada en el articulado permanente del proyecto”.

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GRATUIDAD....MI COLEGIO CAMBIO DE CALIDAD POR ORDEN MINISTERIAL...PERO IGUAL SEGUIMOS PAGANDO.....RICA TU GRATUIDAD....NO LO ENTIENDO.....

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GRATUIDAD....MI COLEGIO CAMBIO DE CALIDAD POR ORDEN MINISTERIAL...PERO IGUAL SEGUIMOS PAGANDO.....RICA TU GRATUIDAD....NO LO ENTIENDO.....

Me imagino que tu colegio es subvencionado verdad? De ser así, es deber del mismo acogerse o no a las leyes del ministerio y pasar a ser sin fines de lucro :paso:

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GRATUIDAD....MI COLEGIO CAMBIO DE CALIDAD POR ORDEN MINISTERIAL...PERO IGUAL SEGUIMOS PAGANDO.....RICA TU GRATUIDAD....NO LO ENTIENDO.....

 

Quizas paso a ser fundacion :ji:

 

Y no todas las fundaciones son gratis, solo no lucran con lo que ganan :paso:

 

---

 

Me parece tan gracioso lo inconsecuente q son los fachos, hicieron la guerra a la gratuidad desde el 2011, le hicieron la guerra a la gratuidad en este periodo (recordemos q la llevaron al TC y por culpa de la derecha no pudo aplicarse antes la gratuidad en la educacion tecnica) y ahora q el imputado de candidato q tienen lanza el oferton del año 2 semanas antes de la segunda vuelta prometiendo gratuidad, votan a favor ipr5g3.jpg

 

No les da verguenza ir contra lo q ustedes mismos predicaban hace solo UN MES!! ipr5g3.jpg

Edited by HarveY

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"Super pequeño porcentaje}" de 257 mil jovenes estudiando gratis, la cual aumentará a 360 mil el otro año :negra5:

Edited by HarveY

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:latercera:

10 Diciembre 2017

 

 

 

Aldo Valle, rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del Consejo de Rectores: “La administración del sistema de admisión debe seguir en manos del Cruch”

 

 

 

Las autoridades universitarias se reúnen hoy para analizar las indicaciones que el Mineduc propuso al proyecto de Educación Superior. Una de las principales críticas apunta a la idea del gobierno de que una subsecretaría se haga cargo del nuevo sistema común de acceso.

 

 

 

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En medio de la rendición de la PSU y del proceso de selección 2018, se abrió el debate sobre la necesidad de hacer cambios al test que se utiliza para la admisión a las universidades. En paralelo, el gobierno puso urgencia al proyecto de educación superior y uno de los puntos de discrepancia con el Consejo de Rectores (Cruch) es la propuesta del Ejecutivo de que la nueva subsecretaría se haga cargo del futuro sistema común de acceso. En este contexto, rectores de universidades del Cruch, privadas y centros de formación técnica e institutos profesionales, proponen que la elaboración de la PSU sea licitada y no quede automáticamente en manos del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, que hasta ahora tiene a cargo esa labor.

Hoy el Cruch sesiona de forma extraordinaria para analizar el proyecto del gobierno y evaluar sus pasos a seguir. En entrevista con La Tercera, el vicepresidente del consejo y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, analizó este escenario.

Hay críticas que apuntan a que el Cruch no quiere hacer cambios a la PSU. ¿Es así?

El consejo ha dado inicio a un proceso de evaluación de la validez predictiva de los distintos instrumentos de medición y selección, lo que incluye ciertamente a la PSU. Las conclusiones y propuestas de revisión y cambios, validados técnicamente, deben ser analizados por el plenario del Cruch y traducirse en acuerdos. Nuestra disposición es acoger las propuestas de cambios al sistema y a la PSU.

¿Ustedes accedieron a crear un comité de expertos para evaluar cambios ante las presiones del Demre?

El Cruch no acepta presiones y menos actuará conforme a ellas. Lo cierto es que el Demre ha hecho propuestas, no presiones, que al igual que otras, serán parte de ese proceso que antes señalé, que debe implementar el Sistema Único de Admisión (SUA) y corresponde al Cruch concluirlo, adoptando los acuerdos pertinentes. Estamos abiertos a escuchar otras opiniones y llamo a tener confianza y serenidad sobre este proceso.

¿Debería existir un sistema de admisión único administrado por el Mineduc?

No estamos de acuerdo en que el sistema de admisión quede en manos del Poder Ejecutivo en ejercicio. Ello pone en riesgo la autonomía de las instituciones en un componente muy sensible del sistema de educación superior. Siempre hemos dicho que el proyecto de ley confunde decisión pública con decisión del gobierno. Somos partidarios de un sistema en que las instituciones tengan la decisión tanto respecto de los instrumentos, los procedimientos y la administración del proceso de admisión, con participación de la autoridad pública.

¿El Cruch tiene un contrato o convenio con la U. de Chile para hacerse cargo de la prueba?

La relación del Cruch con la U. de Chile en materia de admisión responde a una larga tradición. Se funda, por lo mismo, en la convergencia fundamental de que es necesario que el país cuente con un sistema de admisión confiable, transparente, de carácter nacional y que garantice un proceso de selección imparcial, donde solo se evalúa y decide el ingreso sobre la base del mérito y el esfuerzo de cada postulante. Hemos tenido diferencias, pero siempre se resuelven en el contexto antes señalado. Una consecuencia de ello es que la U. de Chile contribuye anualmente al financiamiento del SUA.

¿Debería el Cruch evaluar cada cierto tiempo el desempeño del Demre y la posibilidad de contar con más organismos técnicos?

La evaluación se produce cada año y no tenemos dudas sobre el desempeño del Demre, su profesionalismo y sentido público. Eso no obsta ni es incompatible con la necesidad de una contraparte técnica integrada por expertos nacionales y extranjeros, que respondan a una voluntad externa al propio Demre para validar dicho desempeño constantemente. Pero esta relación es diferente a un acto de licitación. El Cruch debe conservar la decisión sobre el carácter de la relación con el organismo que elabora las pruebas y su aplicación, así como en la determinación del mismo.

El gobierno puso urgencia al proyecto. ¿Cómo toman eso?

Está muy bien dar urgencia al proyecto de reforma a la educación superior, pero no estoy de acuerdo en que se debilite el marco regulatorio para las universidades privadas, especialmente si van participar del financiamiento público en cualquiera de sus formas, menoscabando a las que se incorporan a la gratuidad en relación con las otras. Los recursos públicos, sea que se otorguen mediante becas o créditos, deben garantizar fines públicos y ello no está claro en el proyecto antes, ni menos después de las indicaciones. Tampoco estoy de acuerdo con que las vacantes, los aranceles y el sistema de acceso sean decididos por el Poder Ejecutivo, sin los contrapesos y equilibrios que las instituciones requerimos para salvaguardar nuestra autonomía y la de nuestros proyectos educativos y de desarrollo. Esto contraviene una larga y valiosa tradición tanto en la institucionalidad pública como en la cultura del sistema de educación superior del país.

El gobierno propone que la nueva subsecretaría se haga cargo del sistema común de acceso para todas las instituciones. ¿Qué le parece?

La administración del sistema de admisión debe continuar en manos del Cruch y el proyecto de ley debe regular ciertos aspectos como la apertura o incorporación al mismo, estableciendo condiciones objetivas.

Hay rectores que señalan que si esta facultad quedara en manos de la subsecretaría, la elaboración de la prueba de selección debería licitarse y no mantenerse directamente en el Demre. ¿Cuál es su opinión?

No estoy de acuerdo con la licitación de su administración, lo que acontecería si la ley reserva este sistema a la potestad reglamentaria del gobierno en ejercicio. Este es uno de los efectos, no reconocidos ni declarados por el gobierno, que puede tener el proyecto si se aprueba tal como está.

 

 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/aldo-valle-rector-la-u-valparaiso-vicepresidente-del-consejo-rectores-la-administracion-del-sistema-admision-seguir-manos-del-cruch/

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Me imagino que tu colegio es subvencionado verdad? De ser así, es deber del mismo acogerse o no a las leyes del ministerio y pasar a ser sin fines de lucro :paso:

 

Si, el colegio se acogio a los cambios indicados por el ministerio....y si...somos fines de lucro....pero por el nivel de pago....la gratuidad la veremos en unos 20 años mas...AHORA somos CORPORACION.

 

Quizas paso a ser fundacion :ji:

 

Y no todas las fundaciones son gratis, solo no lucran con lo que ganan :paso:

 

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Me parece tan gracioso lo inconsecuente q son los fachos, hicieron la guerra a la gratuidad desde el 2011, le hicieron la guerra a la gratuidad en este periodo (recordemos q la llevaron al TC y por culpa de la derecha no pudo aplicarse antes la gratuidad en la educacion tecnica) y ahora q el imputado de candidato q tienen lanza el oferton del año 2 semanas antes de la segunda vuelta prometiendo gratuidad, votan a favor ipr5g3.jpg

 

No les da verguenza ir contra lo q ustedes mismos predicaban hace solo UN MES!! ipr5g3.jpg

 

Me estas tirando palos a mi????....

Edited by kappa

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13 Diciembre 2017

 

 

 

Senado aprueba en general proyecto de educación superior

 

 

 

La iniciativa quedó con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 28 de diciembre.

 

 

 

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Este miércoles, la Sala del Senado respaldó unánimemente la idea de legislar el proyecto de Educación Superior.
La iniciativa quedó con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 28 de diciembre.
Sobre este tema el senador Carlos Montes sostuvo que Chile Vamos ya aceptó “un camino” y que es un logro ideológico, político e institucional para la Presidenta Michelle Bachelet.
“La derecha lo que hace (al apoyar el proyecto) es aceptar que el modelo de educación no está acorde a los tiempos y que hay que buscar otros modelos”, dijo el parlamentario.
Y agregó: “Ellos están aceptando la gratuidad, y eso significa que están aceptando que la educación es un derecho, que tiene que haber igualdad de acceso, que no depende de la billetera de cada uno, no es que salimos todos a competir”.

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15 Diciembre 2017

 

 

Cinco ministros del TC votaron por no revisar constitucionalidad de la glosa de gratuidad

 

 

Pese a que hubo ministros que solicitaron analizar los requisitos para la gratuidad, especialmente en materia de lucro para IP y CFT, la propuesta se rechazó por 5-4.

 

 

 

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En una sesión extraordinaria, nueve de los 10 ministros del Tribunal Constitucional (TC) analizaron ayer si correspondía revisar la constitucionalidad de las glosas de gratuidad de la Ley de Presupuestos. Esto a solicitud de uno de sus integrantes.
Por cinco votos contra cuatro se resolvió que no correspondía revisar el fondo de la norma, ya que la mayoría concluyó que la materia no correspondía a una Ley Orgánica Constitucional, única área en la que el TC se puede pronunciar sin que exista una presentación puntual.
Pese a que una parte del tribunal apuntaba a revisar el requisito de no lucro para los CFT e IP, y la excepción que existe para las universidades estatales -a las que no se le exige tener cuatro años de acreditación como al resto de las instituciones adscritas a la gratuidad-, con el rechazo de la mayoría no se pudo concretar esa solicitud.
La intención del TC de evaluar la constitucionalidad de las glosas de gratuidad tomó por sorpresa al gobierno, ya que no existía requerimiento de algún parlamentario para que el tribunal se pronunciara. “Llama la atención (esta revisión) como les llama la atención a ustedes también, pero está dentro de las atribuciones que tiene el tribunal. Esperamos que ahora el fallo del TC no sea adverso a esta materia”, afirmó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
La secretaria de Estado añadió que “hace dos años la derecha impugnó esta consideración, el TC falló en favor a lo que decía la derecha y después tuvimos que llegar a un acuerdo para poder lograr que los IP y CFT pasaran a ser organismos sin fines de lucro para poder entrar en gratuidad”.
La vocera de Gobierno, Paula Narváez, fue consultada por este tema y manifestó que “nosotros no adelantamos juicios, esperemos que el TC lleve adelante el análisis que corresponde en función de las facultades que tiene”.
Narváez agregó que “evidentemente para nosotros como gobierno lo importante aquí es cautelar lo que fue aprobado en el Congreso, que es muy relevante, porque va a permitir avanzar en gratuidad a las personas del nivel socioeconómico que pertenecen al 60% (más vulnerable), eso es lo más relevante y esperamos que el TC tenga esas consideraciones también”.
El diputado de la UDI Jaime Bellolio destacó que el Tribunal Constitucional “es un órgano independiente y debe velar porque sus fallos se cumplan, y en ese sentido está bien que quieran hacer revisiones”.
Sin embargo, Bellolio advirtió que “(los ministros) no pueden tomar cualquier proyecto de ley y revisarlo porque sí. En este tipo de materias el TC debe actuar a petición de partes y no de forma preventiva”.
Pese a que la votación del TC se realizó por iniciativa de algunos ministros y no por una presentación de la oposición, la diputada de la DC Yasna Provoste señaló que “nuevamente hay un intento de la derecha de meterse en el tema gratuidad. El Parlamento ya se ha expresado al respecto y ello debería respetarse. Nosotros defenderemos que esta norma, que fue aprobada en el Presupuesto, se aplique tal como mayoritariamente se aprobó”.

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:latercera:

15 Diciembre 2017

 

 

 

Cuatro Ues. que cumplen requisitos decidieron no sumarse a la gratuidad

 

 

Hoy finaliza el plazo para que instituciones que adscriban al beneficio en 2018 informen al Mineduc. Al menos dos nuevos IP y CFT serán parte de la política pública impulsada por el gobierno en 2015.

 

 

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Hasta hoy tienen plazo todas las instituciones de educación superior para manifestar su decisión de adscribirse a la gratuidad en 2018. Y pese a cumplir con los requisitos en materia de acreditación y ausencia de lucro para que sus estudiantes sean parte del beneficio, hay universidades que no se van a sumar por tercer año consecutivo.
Es el caso de la U. Adolfo Ibáñez. “Independientemente de la tramitación de la ley de educación superior, las condiciones iniciales no han cambiado. La gratuidad afecta la independencia económica de la universidad y eso ha sido una realidad en las instituciones que optaron por gratuidad y permanentemente se quejan de que no les llegan los recursos o que son insuficientes, y que por tanto van contra su proyecto educativo”, afirma el rector, Andrés Benítez.
En ese sentido, añade que en la U. Adolfo Ibáñez “sin gratuidad hemos podido tener los mismos alumnos y subir los puntajes, lo que habla de que hay un sector de la población que está apostando a la calidad más que a la gratuidad”.
Argumento similar es el que manifiesta el rector José Antonio Guzmán, de la U. de los Andes, otro de los cuatro planteles que optó continuar fuera del beneficio.
“La gratuidad, tal como está concebida hasta ahora, mantiene abiertas muchas interrogantes y gran incertidumbre acerca de los flujos futuros de financiamiento. Las instituciones que se han adherido al régimen de la glosa presupuestaria han tenido problemas importantes”, dice Guzmán.
La crítica hacia los problemas de financiamiento que se desprendería de la gratuidad es común entre estos planteles, lo que genera un ambiente de incertidumbre debido a los cambios que se han generado en las fórmulas de cálculo de los aranceles.
“Quienes se han suscrito a la gratuidad han debido enfrentar serios problemas financieros, con consecuencias variadas como la disminución de presupuestos en el desarrollo de áreas, contracción en la planta académica y de investigadores, o el cierre de centros o institutos. Además se suma la incertidumbre por los cambios en las fórmulas de cálculo. Por todo lo anterior, hemos decidido mantenernos al margen de este mecanismo”, explica Hugo Lavados, rector de U. San Sebastián.
Ese plantel tiene becas internas con copago cero para los alumnos que cumplan con excelencia académica y condiciones socioeconómicas vulnerables, además de porcentajes variables del arancel como forma de ayuda. “No estamos tratando de suplir la gratuidad, porque estamos convencidos de que los alumnos que nos prefieren ya saben las condiciones al postular”, afirma Lavados.
Su par de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, explica que “si nos sumáramos a la gratuidad bajo las condiciones actuales seríamos tremendamente irresponsables y pondríamos en riesgo la estabilidad financiera institucional por cuanto los déficit en vez de ir disminuyendo han ido aumentando con los años”. Esta situación, agrega, ha generado que las instituciones “pongan en riesgo su estabilidad financiera y se arriesguen a deteriorar la calidad”.
Para compensar el hecho de no contar con el beneficio, en la U. Mayor cuentan con “un sistema propio de becas y créditos para nuestros estudiantes asociado a mérito y vulnerabilidad”, según su rector.
Siguiendo la línea disidente de estas cuatro universidades, en el caso de los IP y CFT uno de los planteles que contaba con todos los requisitos para sumarse a la gratuidad es el IP Aiep, que depende del grupo educacional Laureate, el que según su rector Fernando Martínez, aún no toma la decisión por aspectos que tienen que ver con la autonomía.
“Tenemos una serie de reparos en torno a los efectos del proyecto de educación superior en la autonomía institucional, así como también en relación con la sostenibilidad de las instituciones que adhieran en el largo plazo a esta política”, indica Martínez.
Por otro lado, en 2018 habrá nuevas instituciones que se sumarán al beneficio, como el IP Guillermo Subercaseuaux, el que siempre se ha constituido como una institución sin fin de lucro, y ahora podrá acceder al beneficio gracias a que aumentó su acreditación de tres a cinco años. Según cálculos de su rector, Mario Merino, la política beneficiaría al 60% de la matrícula, lo que equivale a 2.300 alumnos aproximadamente.
“El martes ya enviamos la carta al ministerio para manifestar nuestra intención de adscribirnos al sistema. Dada la condición socioeconómica de una cantidad importante de nuestros alumnos siempre tuvimos la expectativa de poder participar y esperamos que ahora nuestra solicitud sea acogida”, dice Merino.
Mismo camino es el que quiere seguir el CFT de la UC Valparaíso, que acaba de acreditarse por cuatro años. En octubre, según detalla su director general Benito Barros, ya entregaron los documentos necesarios para convertirse en una entidad sin fines de lucro.
“Si somos aceptados se podría ver beneficiado el 80% de nuestros estudiantes, lo que debe ser a una cifra cercana a los tres mil alumnos”, indica el directivo

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:latercera:

20 Diciembre 2017

 

 

 

Cruch propone exigir puntaje mínimo para la gratuidad

 

 

 

Rectores estiman que estudiantes universitarios beneficiados deberían tener al menos 475 puntos en la PSU.

 

 

 

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El Consejo de Rectores (Cruch) está elaborando una propuesta de cambios al proyecto de reforma a la educación superior que impulsa el gobierno. Una de las ideas apunta a que los beneficiados con la gratuidad deberían cumplir un requisito académico.
La iniciativa del Ejecutivo está en la Comisión de Educación del Senado y se abrió un período para presentar indicaciones, que vence a fines de diciembre. Y para enero se proyecta la discusión en particular.
En ese contexto, el Consejo está elaborando una propuesta y, en un documento que resume el trabajo realizado en la última sesión extraordinaria del Cruch, al que accedió La Tercera, se indica que “en relación a los requisitos de la gratuidad para los estudiantes, se deben establecer exigencias académicas. En consecuencia, un mínimo de 475 puntos PSU, con consideraciones respecto de la región y el tipo de carrera (técnica o profesional)”.
De acuerdo con lo conversado el 11 de diciembre en mesas de trabajo, los rectores que participaron en el análisis del área de financiamiento del proyecto que está en el Congreso consideran, por un lado, que pese a tratarse de un derecho social se debe resguardar el uso de los recursos públicos. Y proponen establecer un piso mínimo de ingreso, dejando fuera de este requisito a los que se matriculan vía Pace y a quienes asisten a CFT e IP.
Además, que la gratuidad esté asociada a calidad y según explicó el rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, “nos parece que un puntaje de 475 para carreras universitarias garantiza de mejor forma la condición de calidad asociada al beneficio”. Y agregó que “mientras más bajos son los puntajes en la PSU es más probable que los estudiantes no puedan terminar su carrera por razones académicas y eso es malo para ellos, aunque no paguen, y malo para el país”.
Otro de los puntos que interesa al Cruch es que se pueda evitar que “instituciones de bajo compromiso público puedan expandir matrícula sin restricciones”.
En esa misma línea, el rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, indicó que “mi gran preocupación es que hay universidades que no cuenten con un sistema de admisión y que entren estudiantes de muy bajo puntaje, que después de dos o tres años se retiren por mal rendimiento generando un impacto familiar”. “Hay que evitar que las instituciones que no tienen un requisito de entrada piensen en un ingreso masivo para financiarse con estudiantes que pueden no tener éxito”, indicó.
En materia de financiamiento, y respecto de los aranceles regulados, el documento del Cruch dice que la comisión de expertos que va a proponer el cálculo de dichos valores “debe tener un carácter decisorio”.
De acuerdo a lo que explicó Elórtegui, “como está el proyecto hoy, la comisión de expertos no tiene poder de decisión y es más bien consultivo. Las decisiones están en una instancia política como es la Subsecretaría de Educación Superior y no en el organismo técnico correspondiente lo que debería ser modificado”.

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:latercera:

21 Diciembre 2017

 

 

Gratuidad: 246.821 alumnos podrían acceder al beneficio el próximo año

 

 

 

De ellos, 34 mil corresponden a jóvenes que pertenecen al sexto decil.

 

 

 

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El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer hoy los resultados de los 494.188 estudiantes que completaron el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (Fuas), en octubre pasado.
En base a estos resultados, el Mineduc tiene ahora información de cuántos estudiantes cumplen con los requisitos para acceder a la gratuidad, becas y créditos estatales.
Son 246.821 los nuevos jóvenes que pueden acceder a la gratuidad, quienes también cumplen con los requisitos para poder acceder a becas y créditos. De ellos, 34 mil corresponden al sexto decil, grupo que desde 2018 podrá sumarse a la política pública que ya beneficia a 262.160 personas.
Según informó el Mineduc, quienes fueron caracterizados dentro de las familias del 60% de menores ingresos del país, podrían acceder a gratuidad en 2018, “en la medida en que se matriculen en una de las instituciones adscritas a esta política, cuyo listado está disponible en www.gratuidad.cl y será actualizado el 2 de enero”.
La información de la asignación oficial de ayudas estudiantiles estará disponible el 20 de febrero, una vez que el Mineduc haya revisado el cumplimiento de los requisitos académicos y de matrícula de los postulantes.
En tanto, hoy la U. Central comunicó que no ingresará a la gratuidad el próximo año y mediante un comunicado indicaron que “este año continuaremos realizando los análisis e implementaremos las acciones que se requieran, de modo de poder realizar los ajustes necesarios que permitirían sustentar el ingreso a la gratuidad a contar del año 2019, de un modo compatible con los deberes de asegurar la viabilidad de nuestro proyecto educativo”.

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Hoy me puse a ver los deciles y por mi que se lleve la gratuidad hasta el 8vo decil, muchos diran que es mucho lo que ganan pero creo que ahi se cumpliria con ayudar a la mayoria de la clase media. Yo soy de los que creen en gratuidad universal, porque no me gusta los que jovenes se vean forzados a presiones economicas para decidir que hacer con su vida sea pobre o rico, pero si no se puede hasta el 80% estaria bien, recien estamos entrando en la clase media "media" que se le llama.

 

- 1º decil: desde $0 a $48.750 ingresos por persona

- 2º decil: $48.751 a $74.969 ingresos por persona

- 3º decil: $74.970 a $100.709 ingresos por persona

- 4º decil: $100.710 a $125.558 ingresos por persona

- 5º decil: $125.559 a $154.166 ingresos por persona

- 6º decil: $154.167 a $193.104 ingresos por persona

- 7º decil: $193.105 a $250.663 ingresos por persona

- 8º decil: $250.664 a $352.743 ingresos por persona

- 9º decil: $352.744 a $611.728 ingresos por persona

- 10º decil: $611.729 y más

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/10/23/880299/Conoce-a-que-decil-perteneces-para-postular-a-la-gratuidad-y-becas-de-la-educacion-superior.html

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:cooperativacl:

25 Diciembre 2017

 

 

Gratuidad: Contraloría detectó beneficio a titulados y a quienes excedieron tiempo de la carrera

 

 

 

Mineduc no cuenta con registro para asegurar que personas con un título profesional no accedan al beneficio, según el órgano fiscalizador.

Ambas son falencias respecto del control de los requisitos que deben cumplir los estudiantes.
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La Contraloría General de la República detectó que el Ministerio de Educación no cuenta con un registro para asegurar que las personas con un título profesional previo no accedan a la gratuidad, además de casos de otorgamientos pese a haber un exceso de la duración formal de las carreras.

En el informe final del organismo fiscalizador sobre la asignación de gratuidad en el 2016 -el primero en que se aplicó la política y donde sólo participaron universidades-, se detectó una serie de falencias respecto del control de los requisitos que deben cumplir los diversos estudiantes, consigna el diario El Mercurio.

Según determinó, la Subsecretaría de Educación "no tiene un control o registro de los títulos profesionales y técnicos de manera íntegra y completa, lo que les impidió verificar completamente" si los jóvenes podían acceder o no a la gratuidad.

De hecho, se asegura que la base de datos que entregó la Subsecretaría a la Contraloría "es incompleta o errónea, debido a que no contiene todos los antecedentes sobre los títulos otorgados con anterioridad a 2007", señala el rotativo.

Debido a este hecho, detectó la Contraloría, se le asignó gratuidad a al menos 86 personas que ya contaban un título profesional, lo que implicó un desembolso de 204 millones de pesos.

La respuesta de la Subsecretaría

En relación con estos casos, la Subsecretaría de Educación respondió que la "información relativa a los títulos, utilizada para la asignación, fue actualizada con distintas fechas, entre 2015 y agosto de 2016", y añadió que, respecto de 38 casos y con la información que estaba disponible en ese entonces, "sólo se encontró un RUT con información de título, que corresponde a un técnico de nivel superior".

Asimismo, pidieron tener en consideración "la temporalidad con la cual se actualiza la información de títulos que proporcionan las instituciones de educación superior al Registro Civil y la oportunidad con que dicha información se requiere para procesar la asignación de beneficios", indica el diario.

Gratuidad pese a exceder duración de las carreras

 

Contraloría detectó, además, que 27 jóvenes pudieron estudiar gratis a pesar de que habían excedido la duración formal de sus carreras, indica El Mercurio.

Asimismo, en la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y en la Universidad de Concepción, "se verificó la existencia de alumnos regulares por un semestre que fueron beneficiados por el año completo", por un monto total superior a los 580 millones de pesos.

Sólo la PUCV respondió ante Contraloría, indicando que los alumnos "pormenorizados cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios de gratuidad por el año completo", concluye el matutino.

Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/universidades/gratuidad-contraloria-detecto-beneficio-a-titulados-y-a-quienes/2017-12-25/103907.html

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:latercera:

31 Diciembre 2017

 

 

 

Ignacio Sánchez: “El próximo gobierno tendrá que corregir los errores que se cometan en educación superior”

 

 

 

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile lamenta que la reforma se esté tramitando de manera apresurada, así como que el gobierno busque despacharla antes del 30 de enero.

 

 

 

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Este año, la Pontificia Universidad Católica de Chile cumple 130 años y, además de enfrentar este aniversario con un alto prestigio internacional, al ser elegida como la mejor casa de estudios de Latinoamérica por el ranking QS, las celebraciones tendrán un factor especial: la visita del Papa Francisco a la casa central el próximo 17 de enero. A las 19.00 de ese día, el Sumo Pontífice se encontrará con el mundo educacional del país en una actividad que enorgullece a su rector, Ignacio Sánchez. En entrevista con La Tercera, la autoridad universitaria analizó los temas más importantes en relación al proyecto de educación superior e hizo un balance de la gestión del actual gobierno.

El Ejecutivo puso urgencia al proyecto de educación superior y busca que sea despachado por el Congreso antes del 30 de enero. ¿Qué le parece?
Vamos a enfrentar un mes de enero en donde si se quiere sacar adelante el proyecto antes del término de ese periodo se va a tener que trabajar con mucha dedicación, con muchas horas, porque las indicaciones son muchas, tanto del Ejecutivo como las que han ido recogiendo los senadores. En otros proyectos de ley hemos visto que cuando se legisla apresuradamente después hay que corregir errores, errores que son humanos y razonables de cometer cuando no está el período de reflexión necesario. Me parece que cuatro semanas es un tiempo excesivamente corto. Entiendo que para algunas personas sea necesario sacar este proyecto antes del término de gobierno, que prefieren hacerlo con esta conformación del Parlamento y no partir de cero en una discusión parlamentaria futura, pero hay que poner una cuota de cautela en el sentido de con qué grado de profundidad, pertinencia y seguridad se está legislando.

¿Cree que si el proyecto se termina de tramitar apresuradamente, el próximo gobierno va a tener que corregirlo con posterioridad?
Yo creo que ya esta misma administración ha corregido algunas cosas por legislar a la carrera, como ocurrió con la Ley de Inclusión. Y mi temor es que si se aprueba el proyecto de reforma de educación superior en enero, se cometan errores que tendrán que corregirse en el próximo gobierno. Siempre que se legisla así se pueden cometer errores que después tendrán que ser corregidos, y yo creo que esta no va a ser la excepción. El siguiente gobierno va a tener que corregir los errores que se cometan en educación superior por legislar a la carrera. Temo que se aprueben normas que entren en contradicción con otras o que no tengan la constitucionalidad apropiada, como ya hemos visto en educación durante este gobierno.

¿Cómo evalúa la gestión de esta administración en materia de educación superior?
Mi evaluación del trabajo del gobierno en este sentido es negativa. Al año y medio de gestión se presentó el proyecto de educación superior, el que fue muy insuficiente, muy rechazado por prácticamente todos los sectores y que hizo que tuviese que cambiarse de manera muy significativa. Y finalmente, en el término del gobierno estamos legislando con premura y escasez de tiempo para un proyecto de ley que es extraordinariamente importante. Siento también que el tema de la gratuidad ha influido muy transversalmente en el debate educacional y, por lo tanto, ha dejado de lado un debate que tiene que ver con la inversión en el desarrollo de las instituciones y en su calidad. Entonces, no puedo tener una mirada positiva.

¿Cree que el error ha sido concentrarse en la gratuidad?
Siento que la gratuidad es un aporte fundamental para las familias de los sectores más vulnerables y creo que es innegable que estos estudiantes se sienten más acogidos, más tranquilos y dispuestos a concentrarse en sus estudios y no en factores económicos, y me parece que ese es un aporte real. Pero lo que yo discuto es que nos hayamos focalizado solo en ese aspecto y que cuando tengamos que decidir entre seguir subiendo los deciles, no se atiendan otras necesidades educacionales fundamentales para el desarrollo del país. No todos los recursos se pueden poner en el tema de la gratuidad. Llegar al 60% más vulnerable es un umbral razonable y debemos combinar eso con becas y créditos, para poder financiar a todo el sistema universitario.

Y en relación al financiamiento de la educación superior, ¿estima que el proyecto responde a las necesidades de las instituciones?
El proyecto de ley dice que mientras se logre el desarrollo económico que permita otorgar gratuidad al 7°, 8° y 9° decil, habría una fijación de los valores que las instituciones pueden cobrar a los estudiantes que no cuenten con gratuidad, y se permitiría un tope del 60% más del arancel regulado para esos grupos. Eso que aparece como algo lejano sería desde 2019. Esta fijación de aranceles para los estudiantes que no están en gratuidad puede no aparecer como un detrimento económico para las instituciones en el primer año que se produzca, pero después de dos o tres años, cuando se quedan detenidos esos valores, va a empezar a dañar fuertemente a esas instituciones. Y lo que hemos dicho desde la universidad es que nos parece que no puede fijarse un arancel para los estudiantes que están fuera de la gratuidad.

¿Y qué pasaría con instituciones que decidieran hacer cobros excesivos?
En ese sentido se podrá regular a esas entidades, pero poner tope prácticamente a todos los aranceles universitarios por mientras el país migre hacia la gratuidad total, a mí me parece que va a dañar fuertemente el crecimiento y el desarrollo de las instituciones.

¿Qué impacto podría tener esta reforma si no queda bien hecha?
Una reforma a la educación superior tiene que tener en su base el hecho de que tiene que mirar a 30, 40 años plazo. La que estamos haciendo hoy día reemplaza a la del año 1981. Entonces, estamos trabajando en una reforma para que nos acompañe en los próximos 30 años y no para que haya que reformarla en cinco años más de nuevo. Tenemos que pensar en el impacto que tendrá en nuestras instituciones y yo siento que cuando no se resguarda el crecimiento de los establecimientos, se está hipotecando el desarrollo de la educación superior para los próximos 20 años.

¿Qué piensa en materia de reglamentación del sistema?
Una regulación que asfixie a las instituciones no puede ser y, en ese sentido, en el proyecto la Superintendencia de Educación Superior tiene funciones que son muy extremas y que afectan al desarrollo del sistema y la investigación, porque se limita la relación que las instituciones puedan tener con las empresas para el desarrollo de proyectos.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ignacio-sanchez-proximo-gobierno-tendra-corregir-los-errores-se-cometan-educacion-superior/

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