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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | Mujeres que matan (en defensa propia) hoy


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:latercera:

02 Septiembre 2017

 

 

 

Violencia intrafamiliar: tasa de casos en Isla de Pascua cuadruplica la del país

 

 

Organización de mujeres de la zona criticó falta de voluntad para hacer cambios legislativos que mejoren su situación. Desde el gobierno dijeron que “hemos llevado a cabo acciones en terreno para fomentar” las denuncias.

 

 

 

 

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“Tenemos una lamentable realidad: si comparamos la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) a nivel país o V Región, es cuatro veces mayor la que tenemos en Isla de Pascua. Es el delito más frecuente y va aumentando conforme pasa el tiempo”. Así describe Tiare Paoa, coordinadora del Centro de la Mujer de Isla de Pascua, la situación que vive la población insular en relación a este ilícito.
Y las cifras lo avalan: según registros de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2016 la tasa de denuncias por ese ilícito fue de 22 por cada mil habitantes en Rapa Nui. En cambio, a nivel nacional la tasa por este delito ascendió a 5,2 (ver infografía). Esto significa que en el territorio insular los índices se cuadruplican. De acuerdo con los mismos registros, desde 2005 hasta 2016 hubo en la isla 1.834 denuncias. A nivel nacional, en tanto, durante el mismo periodo hubo 1.274.475 denuncias por VIF. De ellas, 93.452 son de 2016.
Para enfrentar esta situación, desde 2008 los isleños cuentan con un Centro de la Mujer. “Es un programa del Servicio Nacional de la Mujer que se ejecuta en conjunto con la Municipalidad de Isla de Pascua. Busca dar atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar”, dijo Paoa. Sin embargo, aseguró que hay “varios problemas en torno a la intervención en este ilícito”. Entre ellos, señaló que no tienen un abogado, figura con la que todos los Centros de la Mujer en el país cuentan para entregar patrocinios gratuitos a las mujeres en estos casos. “Esto implica que en las denuncias de VIF que tienen lesiones o por amenazas de muerte, la mujer va a la audiencia con el fiscal como representante del Estado, pero no tiene la posibilidad de acudir con un abogado querellante para entregar ese tipo de protección”, dijo.
En relación a por qué se da este alto índice de agresión en la isla, explicó que “en la sociedad existen ciertas creencias que van legitimando esta diferencia de género y que hacen que las mujeres seamos más violentadas y vulnerables. Pero hay mujeres violentas también, lo que pasa es que en general los hombres tienden a no denunciar”. Agregó que la tendencia tiene que ver con algo histórico: “El pueblo Rapa Nui a lo largo de su historia se ha visto expuesto a violencias culturales, políticas, y eso ha hecho que haya estado muy fragmentado en términos sociales”.
Según Jocelyn Fuentes, parte de la agrupación del Centro de Mujeres de la isla, “no hay una voluntad real de las instituciones para cambiar la situación. Cada vez que hay que alzar la voz nos juntamos, hacemos marchas y velatones, pero estamos tan lejos que parece que el gobierno no nos ve. La Ley Pascua tiene dos artículos que nos dejan en la indefensión”.
Se refiere los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, que en 1966 creó el Departamento de Isla de Pascua, y que benefician a responsables de ciertos delitos en ese territorio, entre ellos los de carácter sexual, con la rebaja en un grado de la pena (si el autor es natural de la isla) y con la posibilidad de que el condenado cumpla hasta dos tercios de su sanción fuera de la cárcel. Por ejemplo, si alguien es condenado por violación en el continente, la pena parte en los cinco años y un día de cárcel, mientras que si ocurre en la isla, ésta parte en tres años.
En este contexto, la senadora Lily Pérez (Amplitud) ingresó un proyecto de ley para derogar ambos artículos. “Iniciativas anteriores no han tenido mayor avance luego de ser presentadas. No existe voluntad de que avancen en el trámite legislativo. Tengo la impresión de que la razón de fondo es el poco interés de alterar una situación que resulta cómoda para algunos, dando la espalda a las víctimas de delitos graves y de violencia intrafamiliar que viven en la isla”.
Sobre las cifras, dijo que dan cuenta de que hay un fenómeno de delincuencia diferente al resto del país. “Demuestran que durante años la indiferencia de las autoridades ha hecho que crezca la violencia contra la mujer y los niños en la isla, basándose en un concepto errado de la idiosincrasia rapanui”, indicó.
En tanto, el senador PPD Ricardo Lagos Weber, quien ingresó un proyecto de ley en el mismo sentido en 2016, dijo que “debe cambiar esta situación frente a la cual algunas mujeres se ven vulneradas. Sin embargo, también es real que de acuerdo al convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, cualquier modificación legal a alguna de sus costumbres debe ser aprobada mediante una consulta ciudadana a que debe llamar el gobierno”.
Versión del gobierno
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, explicó que “en la preocupación constante por mejorar el abordaje de la violencia, la dirección regional de Valparaíso ha realizado un trabajo con la organización de mujeres de la Isla de Pascua, y en ese marco esperamos seguir mejorando líneas de trabajo con ellas”. Añadió que “en relación al acceso a la justicia, la Corporación de Asistencia Judicial cuenta con representación en la zona y puede tramitar causas de violencia intrafamiliar”.
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito indicaron que “hemos llevado a cabo acciones en terreno para fomentar la denuncia de estos hechos. De todos modos, es importante resaltar que las cifras se han mantenido estables en la última década”.
Agregaron que “un factor importante en la isla es que esta comuna aún no constituye su Consejo Comunal de Seguridad Pública, que desde noviembre de 2016 pasó a ser ley. Una vez que esté constituido podremos analizar de manera formal, en conjunto con las policías, las problemáticas de VIF y microtráfico que afectan no solo a la isla. En base a este análisis, podremos proponer soluciones y proyectos que se adapten a sus particularidades específicas”.
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18 Septiembre 2017

 

 

 

Violencia intrafamiliar: el 41% de las víctimas son adultos mayores

 

 

 

Según el Poder Judicial, entre 2012 y 2016 hubo 31 mil afectados por este delito en Chile. La medida de protección más decretada para la tercera edad fue “prohibición de acercamiento”.

 

 

 

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De 31.686 víctimas de violencia intrafamiliar ( VIF) en Chile entre 2012 y 2016, 13.020 fueron adultos mayores. La cifra equivale a un 41% del total de afectados por este delito durante ese periodo (ver infografía). Estos antecedentes fueron entregados por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, a la Cámara de Diputados el 13 de junio pasado.
De acuerdo con las mismas cifras, de los 13 mil adultos mayores agredidos, a 1.632 de ellos los Tribunales de Familia les ordenaron una medida de protección a su favor por ser vulnerados en sus derechos.
Entre los tipos de medidas decretadas destaca la prohibición de acercamiento a la víctima, con 906 casos durante el periodo analizado. La segunda medida que más decretaron las Cortes de Apelaciones a nivel nacional fue la de rondas de vigilancia por parte de Carabineros, con 731 casos. Finalmente, la tercera fue la que ordena al agresor abandonar el domicilio, con 569 casos.
Otro dato relevante, según información entregada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) al diputado Nicolás Monckeberg, es que a junio de 2017 la lista de espera de casos derivados de los Tribunales de Familia al Senama para ingresar a uno de los 12 Establecimientos de Larga Estadía (Eleam) a nivel nacional, era de 80 personas. En estas situaciones, el promedio de espera es de tres a cuatro meses aproximadamente, desde que se recepciona la solicitud de ingreso a la residencia.
Para el director nacional del Senama, Rubén Valenzuela, una de las razones que explica que más del 40% de los delitos de VIF tengan como víctimas a adultos mayores tiene que ver con que hoy las personas denuncian más que antes.
“Tradicionalmente, las personas mayores no denunciaban estas situaciones de violencia intrafamiliar, se naturalizaban o normalizaban estos hechos, incluso se invalidaban, dando una imagen negativa de la vejez. Sin embargo, en el último tiempo los propios adultos mayores se han empoderado y han tomado conciencia de sus derechos, atreviéndose a visibilizar o denunciar estas situaciones, como así también la comunidad, especialmente los vecinos o las redes locales que trabajan con la población adulta mayor”, dijo Valenzuela.
Consultado sobre la cantidad de adultos mayores que ingresan a centros del Senama por este motivo, el director del servicio dijo que “según los ingresos, a los 12 Establecimientos de Larga Estadía, hay 65 cupos a nivel nacional para ingresos por VIF o maltrato, incluyendo las derivaciones de los Tribunales de Familia, por situación de violencia intrafamiliar a adultos mayores, los cuales son ocupados regularmente, incluso existen listas de espera.
Respecto a si la medida de protección de prohibición de acercarse a la víctima es o no efectiva, Valenzuela explicó que lo es, en la medida que sea respetada. “Muchas veces se plantea como la única alternativa para cesar la violencia. Sin embargo, si el agresor es la única red que tiene la persona mayor y se decreta la prohibición, hay que considerar que el mayor podría quedar en la indefensión”, indicó.
Requerimiento
La recopilación de antecedentes enviados por el presidente de la Corte Suprema a la Cámara se hizo basado en un requerimiento de información realizado por el diputado Monckeberg, integrante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor del Parlamento.
“Las cifras de maltrato a los adultos mayores son preocupantes y muchas veces no se conocen, hay una gran cifra negra oculta y a veces son imprecisas. Con nuestros adultos mayores tenemos otro Sename en crisis, con la diferencia de que este drama está aún más invisibilizado y cada día el porcentaje de abandonados o maltratados crece”, dijo.
En ese sentido, explicó que el gran problema es que los adultos mayores son dependientes, y “con tal de no ser desvinculados de su entorno familiar muchas veces no denuncian, y si lo hacen siempre es con temor a represalias o enfrentamientos con el victimario, quienes usualmente son familiares o personas que tienen a cargo su cuidado, de los cuales dependen en lo afectivo, económico y muchas veces en lo físico”.
En la misma línea, la diputada Marcela Sabat dijo que “los agresores por lo general no son los cónyuges sino personas que los tienen a su cuidado, especialmente familiares. Ahí no solo se abusa de ellos físicamente sino también patrimonialmente, forzándolos a entregar sus pensiones o engañándolos para que transfieran sus propiedades”. La parlamentaria, además, criticó la efectividad de la medida de prohibición de acercamiento . “No es muy efectiva, por la incapacidad técnica y operativa de las policías de monitorearla. Por ello es importante que se permita el uso de monitoreo telemático que eleve las alertas”.
En tanto, la diputada independiente Karla Rubilar, también integrante de la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara, dijo que “la realidad es que es bastante adversa la situación a la que se están enfrentando nuestros adultos mayores. Y va a ir siendo una cuestión de mayor relevancia con el envejecimiento de la población. Tenemos que tomar medidas para que esto no siga pasando”.
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30 Septiembre 2017

 

 

 

Mujeres que matan (en defensa propia) hoy

 

 

 

En la unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intra Familiar de la Fiscalía Nacional dicen que han empezado a ocupar un enfoque de género cada vez que una mujer víctima de violencia termina intentando matar o matando a su pareja. Por ahora hay dos casos similares que contrastan fuertemente: una mujer en Mejillones que hoy cumple su condena en libertad y una de Valdivia que fue sentenciada a 10 años de cárcel.

 

 

 

 

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Le habían dado 10 años de prisión efectiva. Blanca Paredes (55) estaba en su hogar de la calle O’Higgins, en el puerto de Mejillones, Región de Antofagasta, cuando lo arriesgó todo y decidió que ya era suficiente. Alcanzó un cuchillo parrillero que tenía sobre su velador y mientras Víctor Flores (63), su marido, dormía, se lo enterró en el cuello, en la zona cervical. Apenas se despertó, Flores vio cómo le salía sangre por la boca. Se puso pantuflas y caminó hasta llegar al hospital, a una cuadra de su casa.
Eran las cinco de la madrugada, el 31 de mayo de 2016.
A pesar de que estuvo al borde de la muerte, Flores sobrevivió. Paredes pasó a prisión preventiva por parricidio frustrado y casi un año después, en abril, fue condenada a 10 años de cárcel. La sentencia decía: “La víctima resultó con una herida penetrante cervical y shock hipovolémico, además, con lesiones de los vasos cervicales y yugulares externos y solución de continuidad de la unión faringoesofágica, de modo que de no haber mediado atención médica oportuna y eficaz, dichas lesiones le habrían provocado la muerte, tal como se determinó pericialmente”.
Que Flores haya estado a punto de morir importó poco en Mejillones. La ciudad se conmovió con la historia de Paredes y se movilizó. La gente salió a la calle, se juntaron 1.300 firmas para que se anulara el juicio, e incluso el alcalde de la ciudad, Sergio Vega, fue parte de la campaña para que Blanca Paredes recibiera otra condena. “Lo ideal sería que se le diera una pena en libertad vigilada de unos cinco años, pero arriesgar hasta 15 años de cárcel creemos que es demasiado”, dijo el alcalde luego de la sentencia.
Paredes había trabajado 10 años, entre 2004 y 2014, en la Municipalidad de Mejillones. Marcela Pizarro fue su jefa en la unidad del programa “Puente”. Y en su declaración describió el trabajo de Paredes ahí: atender a familias en estado de vulneración, hacer denuncias de violencia intrafamiliar, medidas de protección para niños. Pizarro destacó como inusual que Paredes tenía prejuicios en temas de violencia contra la mujer. “Esta decía que era por culpa de las mujeres, que algo habían hecho”, dice la funcionaria en la sentencia. Pizarro aseguraba que Paredes normalizaba la violencia, que en situaciones de abuso decía que era “porque se maquillaban mucho o llevaban la falda muy corta. Tenía conceptos machistas muy asimilados”, remataba Pizarro.
El juicio de Paredes finalmente se anuló, luego de que la defensa presentara diversas pruebas del historial de violencia intrafamiliar que le había tocado vivir a Paredes. La sentencia del segundo juicio, emitida hace un par de meses, fue mucho más favorable para la mujer: cuatro años de libertad vigilada.
Luego de esta sentencia, la Fiscalía Nacional emitió un comunicado en el que prácticamente apoyaba la decisión del tribunal. Un extracto de la declaración de la fiscalía dice: “La imputada durante el juicio renunció a su derecho a guardar silencio y dijo que durante 35 años soportó agresiones y malos tratos de su esposo, tanto hacia ella como a los hijos en común. En un extenso relato, la mujer dio cuenta detallada de los malos tratos tanto hacia ella como a sus hijos, así como de situaciones de infidelidades y de otros hijos que tuvo fuera del matrimonio. Durante el juicio declararon familiares de la imputada, como hermana e hijos, que ratificaron estas situaciones de violencia intrafamiliar”.
La declaración de la fiscalía no fue casualidad. Luis Torres, el director de la unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intra Familiar del Ministerio Público, dice que el enfoque para perseguir este tipo de crímenes en la fiscalía ha cambiado, que si hace algunos años por este tipo de parricidios se pedían penas similares a la de un homicidio común, ahora la fiscalía está adoptando un enfoque de género para perseguir estos casos. Y pone un ejemplo emblemático, como el de Karina Sepúlveda, de Puente Alto, quien en 2011 mató a su marido después de 18 años de violencia y abusos por parte de él. Hubo dos juicios contra ella y las dos veces fue absuelta. Después de la primera sentencia, la fiscalía pidió la anulación del juicio, y una vez conseguido ir a una segunda instancia, pidió una pena de 15 años de cárcel para Sepúlveda.
A pesar de que Sepúlveda acreditó maltrato físico y psicológico y de que en su cuerpo tenía 64 cicatrices producto de ese maltrato, debió cumplir 15 meses de prisión preventiva en la Cárcel de San Miguel.
Torres dice: “El caso de Mejillones, en primera instancia, es un caso como el de Karina Sepúlveda, donde la fiscalía no aplicó enfoque de género para perseguirla, a pesar del historial de violencia que sufrió. En el caso de Sepúlveda, el tipo incluso era un lanza internacional”.
Según Torres, después de la primera condena a Paredes, después de las manifestaciones en Mejillones, la fiscalía cambió el foco para el segundo juicio. “Dijimos, acá no nos puede volver a pasar esto. Revisamos todo y la mujer efectivamente había estado expuesta a un ciclo permanente de violencia. Tomamos contacto con la regional y logramos que en un segundo juicio fuera condenada a cuatro años con libertad vigilada. Conversamos con la defensa y el tribunal y llegamos a un acuerdo. Finalmente, la pena que se impuso era la que pedía la defensa y nosotros no nos opusimos. Esa era la pena que correspondía”.
El problema tras las cifras
Según los datos recopilados por la fiscalía, en 2016 en Chile hubo 96 condenas por parricidios, los que, para efecto de las cifras, incluyen el asesinato o el intento de asesinato de un familiar directo o pareja (cónyuge o conviviente) masculino. De los 96 parricidios, en 38 ocasiones fue una mujer quien mató o intentó matar a su cónyuge, conviviente o ex cónyuge.
Para Torres, tras virtualmente cada uno de estos casos, ha habido un historial de violencia contra la mujer, quien termina intentando ejercer justicia por sus propios medios. Torres describe el perfil de quienes terminan atentando contra sus parejas: “Son víctimas que generan una relación de dependencia económica con sus agresores, que son dueñas de casa y tienen tres o cuatro hijos, que no pueden agarrar sus cosas e irse. La gente ABC1 tiene otro tipo de barreras que no son económicas, sino que sociales. El qué dirán, el mantener un estatus. Ahí es donde hay que entrar a evaluar con peritajes psicológicos sobre los grados de violencia ejercidos por sus parejas. Por eso estamos haciendo un trabajo fuerte en formación en perspectiva de género dentro de la fiscalía”. Torres dice que ahora se intenta perseguir este tipo de crímenes de manera más proporcionada. “Antes era ‘mujer mata a marido’ y se pedían 20 años. Ahora se debe pedir lo que ella realmente le debe a la sociedad. Por ahora, yo lo tengo claro, pero los fiscales en Parinacota, no. O en Castro. Tenemos que transmitirles esto a los fiscales de Arica a Punta Arenas”.
Para Camila Maturana, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, todavía falta para que la justicia chilena tome realmente en cuenta el historial de violencia sufrido por las mujeres que terminan atentando contra sus parejas. “Para los órganos del Estado ha resultado complejo comprender el contexto de abuso permanente que viven las mujeres que dan fin a la vida de sus parejas”, dice Maturana, quien, a través de Humana, ha seguido varios casos de este tipo. “Para mí, sigue habiendo una respuesta judicial particularmente dura contra las mujeres en estas situaciones y no se ocupan todas las herramientas jurídicas que se disponen para que las eventuales penas sean menores. Cada vez que me ha tocado ver estos casos, las mujeres frasean una idea similar: ‘Era él o yo’. Esa es la sensación”.
Maturana dice que el sistema judicial sigue empujando a las mujeres a cometer este tipo de delito extremo, porque no reciben suficiente protección del Estado cuando son ellas las que son sujeto de violencia. “Cada vez que se ingresa una primera causa de violencia intrafamiliar, los tribunales, en casi todas las ocasiones, optan por una suspensión del procedimiento”, explica Maturana. “Eso, en otras palabras, es eximir de responsabilidad al agresor, sin contar que, cuando las mujeres son agredidas fuera de un contrato familiar, el Estado no protege. En este tema, la única institución de gobierno que ha hecho un buen trabajo en la defensa de las mujeres es la Defensoría Penal Pública”.
Así como los parricidios de cónyuge o conviviente mujer a cónyuge o conviviente hombre llegaron a 38 el año pasado, los femicidios llegaron a 101 casos. En el número también se incluyen los femicidios frustrados. Un caso como el de Nabila Rifo entraría en esta estadística, con la diferencia de que, aunque el hecho ocurrió en 2016, la condena fue en 2017. “Para nosotros lo importante es el hecho y la condena”, dice Luis Torres. “Y no la desglosamos si hay parricidio tentado, frustrado o consumado. Eso lo consideramos cuando hacemos un estudio, pero para efectos de las estadísticas que tiene la fiscalía, contamos las condenas. En un segundo momento hay que entrar a hacer un desglose, pero en parricidios o femicidios no lo hemos hecho”.
Es decir, en Chile no hay números exactos de los femicidios o parricidios consumados que ocurren cada año, aunque Torres sí tiene una certeza: los números son mayores a los que se entregan anualmente en el boletín de la fiscalía. “Muchas veces el hombre que mata a su mujer se termina suicidando. Y como no hay condena, ese caso no entra en la estadística. Esa causa queda sobreseída, porque el responsable está muerto”.
Las cifras, aunque aproximadas, son relevantes desde el punto de vista de que los parricidios tienen una muy alta probabilidad de estar vinculados a una violencia de género sistemática dentro de la pareja. El convencimiento de que ‘era él o yo’ del que habla Maturana.
Torres se suma a esta concepción de la justicia: “No es que estos delitos no tengan que sancionarse, al contrario, pero hay que ubicarlos adecuadamente. Porque de lo contrario, estás cometiendo una injusticia tremenda. Si te han golpeado, violado, humillado por 20 años, tus condiciones se han visto disminuidas respecto de mí o de ti, que no hemos vivido eso. Son decisiones que se toman de manera muy extrema”.
El caso abierto de Valdivia
El 21 de enero del año pasado, pese a que tenía prohibición de acercarse a su pareja, Cristián Sepúlveda (34) llegó a la casa de Constanza Silva, hoy de 38. Silva llamó a carabineros, pero antes de que llegaran, en medio de una discusión, le clavó a Sepúlveda un cuchillo en el pecho. Sepúlveda salió de la casa y se desplomó en una calle de la Población Perú, en Valdivia. Murió ahí mismo.
La pareja tenía una hija de dos años.
Sepúlveda mantenía una causa vigente por violencia intrafamiliar en la Fiscalía de Valdivia, además de antecedentes de detenciones anteriores por los delitos de violación de morada flagrante, porte ilegal de arma cortante flagrante, abuso sexual, amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar flagrante, lesiones leves en riña flagrante, además de amenazas y lesiones menos graves.
El día después del parricidio, Constanza Silva enfrentó las cámaras de la tevé valdiviana. Choqueada todavía, dijo: “Me trataba mal. Me pegaba todos los días borracho y yo no aguanté más esto”.
Luego, Silva relató que Sepúlveda había llegado borracho el día en que se enfrentó a él, que le había roto la puerta de la casa y que, además, había intentado atentar contra su abuela.
Lo último que dijo, entre sollozos, antes de entrar al control de detención fue: “Era mi vida o la de él”.
A pesar de que Luis Torres dice que actualmente la fiscalía está enfrentando este tipo de delitos con un enfoque de género, la fiscal Tatiana Esquivel pidió una pena de 15 años de presidio para Silva. El tribunal que dictó la sentencia en junio pasado estimó que la pena fuera de 10 años y un día. A Silva se le reconoció irreprochable conducta anterior, el no tener condenas y la colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, apela a la ley de femicidio de 2010, en la que se estipuló la figura de ‘necesidad exculpante o miedo insuperable’. Maturana explica: “Cada vez que se indaga en estos casos, las mujeres han sufrido de violencia crónica. Pero la justicia no siempre está aplicando la figura de miedo insuperable, que es lo que ocurre en todos los casos que me ha tocado seguir”.
Al igual que en el caso de Blanca Paredes, en Mejillones, la defensa de Constanza Silva, en Valdivia, pidió la anulación del juicio. Queda ver si la justicia accede y si Silva, quien vivió una historia de violencia similar a la de Paredes, puede finalmente cumplir su condena en libertad
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