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FRAUDE EN CARABINEROS l Jefe de la “mafia de Intendencia” en Carabineros sigue recibiendo sueldo de $3,9 millones y se le tramita indemnización por más de $100 millones


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http://foros.fotech.cl/topic/317853-fraude-en-carabineros-pacogate-general-de-bienestar-manuel-letelier-declara-como-imputado-luego-de-alerta-uaf-por-mas-de-500-millones/?hl=%2Bfraude+%2Bcarabineros&do=findComment&comment=22536250

 

 

 

 

Fraude en Carabineros: Hoy formalizan a otros 17 imputados y cifra de la malversación debería aumentar

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/01/869187/Fraude-en-Carabineros-hoy-formalizan-a-otros-17-y-se-espera-nuevo-computo.html

:emol:

 

Se trata de otros 17 nuevos imputados que aumentarán la cifra de formalizados a 91. Sin embargo, para el 16 de agosto está fijada otra audiencia, que elevará esta cifra a 105.

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En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se realizará hoy una nueva formalización por el fraude en Carabineros que ya alcanza a los $25.772 millones. Se trata de otros 17 nuevos imputados que aumentarán la cifra de formalizados a 91. Sin embargo, para el 16 de agosto está fijada otra audiencia, que elevará esta cifra a 105. Además, en la audiencia de hoy se discutirá una ampliación del plazo de investigación de cuatro meses que culmina este 1 de agosto. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien lidera la indagatoria, dijo en julio pasado que el caso "por cierto, no ha tocado techo". No se descarta que hoy el fiscal entregue un nuevo cómputo del monto defraudado. En esa misma entrevista señaló que en los inicios del caso en octubre del año pasado, "el monto que comenzamos a indagar era importante, alrededor de 60 a 70 millones de pesos, pero jamás pensamos en ese momento que llegaríamos a esta cifra millonaria de los montos malversados que al día de hoy son más de $ 25.500 millones". "Nuestro último arqueo da cuenta de que se han malversado al día de hoy $ 25.772 millones, y es una cifra que -lamentablemente- se avizora va a seguir creciendo. Fíjese que en marzo teníamos $ 16.000 millones, cuatro meses después, en julio, el monto malversado aumentó casi $ 10 mil millones más. Va a depender de los plazos de investigación a qué cifra final llegaremos", añadió en esa oportunidad. Hasta el momento, en el “techo” de la investigación están el general ® Flavio Echeverría, ex director de Finanzas que se encuentra en prisión preventiva; el ex general director Eduardo Gordon y el actual director de Gestión de Personas, general Jorge Serrano. Estos dos últimos fueron interrogados como imputados. Según el fiscal Campos, "van a ser citado más generales, van a ir en aumento estas diligencias". Los delitos que investiga el fiscal son malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Se trata, por lejos, del mayor fraude al fisco en la historia de la Reforma Procesal Penal.

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05 Agosto 2017

 

 

Malversación en Carabineros: ex contralor declaró ante fiscal Campos

 

 

 

 

Ramiro Mendoza fue citado en calidad de testigo para explicar el porqué durante su periodo los controles a Carabineros fallaron y cuáles eran los procedimientos del ente fiscalizador para con la policía uniformada.

 

 

 

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En los próximos días, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, liberará el expediente del caso malversación en Carabineros, tras nueve meses de indagatoria secreta.
Así lo anunció el investigador esta semana en el marco de audiencias de esta causa, que ya suma cientos de tomos y también de imputados entre ex oficiales y civiles.
Existe gran expectativa respecto de dicha carpeta de investigación, de la cual han trascendido solo algunas piezas, ya que está protegida por la reserva del lavado de dinero y en ese sentido ni las defensas ni querellantes han tenido acceso a su contenido.
Una de las diligencias que están en dicho expediente es la declaración del ex contralor Ramiro Mendoza. Fue citado en calidad de testigo para explicar el porqué durante su periodo los controles a Carabineros fallaron y cuáles eran los procedimientos del ente fiscalizador para con la policía uniformada.
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07 Agosto 2017

 

 

 

Carabineros ha desvinculado a 17 funcionarios de Finanzas por fraude

 

 

El jefe de la Dirección de Finanzas de Carabineros, general René Ureta, expuso ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

 

 

 

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Por segunda vez, el jefe de la Dirección de Finanzas de Carabineros, general René Ureta, expuso ante la comisión investigadora del fraude en la policía uniformada de la Cámara de Diputados. El oficial dio cuenta de cómo se están implementando los cambios en la institución, luego de conocerse la malversación de más de $ 25.700 millones.
Entre las medidas que se han implementado están el levantamiento de información respecto de cuentas corrientes de la institución a nivel nacional, cambios de claves de acceso a sistema, restricciones de acceso a las dependencias, implementación de un manual de procedimientos y el mejoramiento de las matrices de riesgo, entre otras.
Junto con esto, el general Ureta informó que desde febrero a la fecha, Carabineros ha desvinculado a 17 personas tras los sumarios efectuados por el fraude. “Estos puestos han sido ocupados por otras 17 personas, quienes cumplen con los requisitos correspondientes”, dijo el oficial. Además, otras 13 personas -civiles- están en procesos de contratación.
En cuanto a las matrices de riesgo, el jefe de la Dirección de Finanzas -unidad donde se originó el fraude, que lideraba el general ® Flavio Echeverría- señaló que ya se han detectado 68 “riesgos asociados” en el Departamento de Presupuesto Institucional, donde 23 son consideradas como “no aceptables”.
Las mismas medidas de control de riesgo se están implementando el Departamento de Tesorería, donde identificaron 67 riesgos asociados, de los cuales 24 están asociados al pago de “indemnización de desahucio”, 18 al pago de remuneraciones, 14 al pago de bono de permanencia y 11 al anticipo de cambio de guarnición.
“Es importante esta información, porque da cuenta que se están aplicando medidas”, dijo el presidente de la comisión, Jaime Pilowsky (DC)
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09 Agosto 2017

 

 

En oficio al Congreso

 

 

Pacogate: Critican “secretismo” del Ministerio del Interior

 

 

Diputado Sergio Espejo describió la postura del gobierno como un "salvavidas de plomo" para el Alto Mando de Carabineros.

 

 

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Integrantes de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el fraude en Carabineros reaccionaron con molestia a la decisión del ministro del Interior, Mario Fernández, de ampararse en normas relativas a la ley de inteligencia y al Código de Justicia Militar para ocultar antecedentes solicitados por la instancia.

 

El hecho se conoció este lunes, previo a la exposición de los generales René Ureta (Director de Finanzas) y Roberto Cabrera (Director de Compras Públicas), ambos invitados a la sesión.

De acuerdo a un oficio enviado por el secretario de Estado, revelar al Congreso la identidad de los oficiales y civiles que han trabajado en el Escalafón de Intendencia de Carabineros desde el año 2004, los nombres y cargos de los funcionarios involucrados en la causa del Ministerio Público y la propia estructura de la Dirección de Finanzas, pondría en riesgo la seguridad nacional.

El gobierno también reservó información respecto a si Carabineros oficializó ante el Ejecutivo las propuestas en materias de inteligencia que el general director, Bruno Villalobos, habría efectuado en su condición de jefe de DIPOLCAR, tal como señaló anteriormente al explicar por qué no fue capaz de detectar el millonario desfalco a través de las herramientas que le entrega la actual normativa.

Ante esto, el presidente de la comisión, Jaime Pilowsky, señaló que “resulta inexplicable que el ministro, frente a dos preguntas por lo menos que hicimos en el oficio, haya declarado secreto lo que es la estructura orgánica no solamente de Finanzas sino que también de Carabineros”.

El parlamentario dijo que particularmente respecto a esos puntos, como detalles de las funciones de los departamentos y direcciones de la institución, “uno puede saber cuál es el incumplimiento que realizaron las distintas personas que ejercieron el cargo” y “determinar las responsabilidades específicas” que existen sobre el fraude.

Por su parte, criticando el “secretismo” de Interior, el diputado Sergio Espejo calificó la respuesta como un “salvavidas de plomo para las autoridades superiores de Carabineros, porque cuando en el marco de una investigación usted comienza a hacer parecer información inocente, cuestiones que son conocidas o que debieran ser conocidas por todos, como materias secretas, acrecienta la duda sobre la responsabilidad de los mandos“.

“Una parte muy importante (de lo solicitado) es información pública. Es tan pública que el director de Finanzas de Carabineros, parte de ella, la presentó hoy día en un Power Point. Es una cosa absolutamente incomprensible que se le de el carácter de secreto a información que en general usted puede encontrar en las memorias institucionales. Francamente es una aberración”, puntualizó.

“ANCLADA EN EL SIGLO 19”

Durante la sesión del lunes, el general René Ureta -quien reemplazó a Flavio Echeverría, otrora mandamás de Finanzas y presunto cabecilla de la organización criminal- dio a conocer las medidas de control implementadas a raíz de la malversación que ya alcanza los $25.700 millones.

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El oficial reveló que 17 funcionarios del área, entre oficiales y civiles, han sido desvinculados de la institución desde febrero de este año, y que su gestión ha reforzado las medidas de seguridad que existían en el edificio Norambuena a objeto de impedir el desplazamiento de personas ajenas al mismo.

Pendiente se encuentra aún la incorporación de un sistema de software ERP y la adjudicación de un órgano auditor externo para supervisar las operaciones financieras de la policía, indicó Ureta.

A su lado, el general Roberto Cabrera contestó a las preguntas de algunos diputados respecto a su trato con empresas cuestionadas. En la lista se encuentra Capellán, de Raúl Fuentes Quintanilla, principal proveedor del Departamento de Transportes de Carabineros que se encuentra formalizado en el denominado “Milicogate”.

Cabrera explicó que la firma no tiene inhabilidades para operar en el portal de Compras Públicas y que actualmente posee un contrato vigente con la institución para reparar carros lanza aguas, el cual termina en diciembre de 2017.

Junto con ello, el uniformado admitió la existencia de “dos o tres casos” en que funcionarios beneficiaron a parientes suyos en compras realizadas por el cuerpo verde oliva, situación que habría motivado su expulsión de las filas.

Para el diputado Leonardo Soto, “esta cultura del descontrol, de la falta de fiscalización interna, donde ocurren cosas insólitas que sorprenden a la ciudadanía, deja entrever una crisis terminal del sistema”.

“Yo creo que ahí (en compras públicas de Carabineros) hay mucho que hacer. Por eso les sugerimos que fueran a la Fiscalía Nacional Económica, para que hicieran bases de licitación distintas, aunque también dicen que no pueden hacerlo por mandato de la ley. La verdad es que eso solo deja entrever que tenemos una institución anclada no en el siglo 20, sino en el siglo 19“, concluyó.

Matías RojasEl Ciudadano

Fuente: http://www.elciudadano.cl/chile/pacogate-critican-secretismo-del-ministerio-del-interior/08/09/

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13 Agosto 2017

 

 

Los secretos testimonios de Villalobos y Blanco

 

 

 

En su única declaración, el general director revela que no fue en marzo, cuando él destapó el caso, sino cuatro meses antes que supo lo que estaba pasando en Carabineros, mientras la ex ministra aborda las acusaciones de uso de gastos reservados.

 

 

 

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La agenda del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, estaba completa el pasado miércoles 10 de mayo. Era un día importante para su investigación estrella. Aunque no necesariamente podía esperar que sus diligencias le entregaran información tan valiosa como la que había recabado con otros protagonistas del millonario fraude en Carabineros, tenía la oportunidad de interrogar a los dos testigos más poderosos de la trama.
En la mañana debía ir hasta la Escuela de Oficiales de Carabineros, en Antonio Varas, para interrogar al general director de la institución, Bruno Villalobos, quien debía responder cuándo se enteró de la crisis y acerca de su reacción. Luego, por la tarde, tendría que desplazarse hasta la sede del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en Agustinas, para tomarle testimonio a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, quien durante su etapa de subsecretaria de Carabineros (2006-2010) podría haber recibido alguna alerta sobre las operaciones malversatorias en la Intendencia. Asimismo, la actual consejera del CDE también tendría que hacerse cargo de versiones que la apuntaban como receptora de gastos reservados de Carabineros en ese período.
Esa jornada comenzaría con el general Villalobos, quien presentó sus credenciales como máxima autoridad de la institución: 38 años de antigüedad, general desde 2007, director de Inteligencia, jefe de la Zona Metropolitana, director de Fronteras y coronel de Seguridad Presidencial de Michelle Bachelet durante su primer mandato.
Quizás la gran revelación de su testimonio -en calidad de testigo- sería su relato cronológico respecto del momento en que se enteró del fraude que afectaba a Carabineros, al menos cinco meses antes de que él mismo diera a conocer los hechos. “Tomé conocimiento de ello a fines del año 2016, más bien como en noviembre del año 2016. El general Altamirano me informa que están con una investigación judicial ordenada por la Fiscalía Regional de Magallanes por un supuesto sobresueldo o pago de remuneración de un capitán de apellido (Felipe) Ávila. Al tomar conocimiento de estos graves hechos para nuestra institución, de inmediato mandé a llamar al general (Gonzalo) Blu por si tenía conocimiento de esto y, por cierto, al hasta ese entonces general (Flavio) Echeverría, de lo que estaba sucediendo”, dijo Villalobos.
Todavía sin sospechar el verdadero rol del general Flavio Echeverría, Villalobos instruyó al general inspector Julio Pineda, director nacional de Personal, la realización de una investigación administrativa. Su orden recae por responsabilidad de mando en el propio Echeverría. “Él mismo designó como fiscal investigador al entonces coronel Jaime Paz”, señaló Echeverría, para explicar que hasta ese minuto toda la fiscalización estaba a cargo de los mismos responsables del fraude.
“Asimismo, dispuse al general (Álvaro) Altamirano que pusiera todo a disposición de la fiscalía para que se investiguen estos hechos, que se conformara un equipo especial y se investigara cada detalle. Todo también para que la Inspectoría de Carabineros de Chile procediera a efectuar indagaciones del caso”, agrega.
A continuación, Villalobos contó que antes de sus vacaciones pidió a sus subalternos recopilar la mayor cantidad de antecedentes sobre esta situación, pero se enteró por medio del general Pineda que la investigación administrativa “no estaba avanzando mucho” con Paz, quien después se revelaría como uno de los principales imputados de la causa. Entonces se dispuso el cambio del fiscal administrativo, pasando dicha investigación al entonces coronel (Ignacio) Villarrubia, que dependía de la Dirección de Personal, pero que posteriormente dejaría la indagatoria por su ascenso a general de la Segunda Zona de Antofagasta.
“Y así fue que la investigación administrativa fluyó notablemente”, añadió Villalobos. “Sin perjuicio de los avances de los cuales yo no tengo injerencia en cuanto a la investigación ordenada y encaminada por el Ministerio Público. Puedo agregar que hoy la investigación administrativa está a cargo del general Rivero en atención a que había un general involucrado, por consiguiente, el fiscal investigador debe ser de mayor jerarquía que el investigado”.
El general director recién comprendió la verdadera gravedad de lo ocurrido a fines de febrero, cuando regresó de vacaciones. “Dispongo el día 6 de marzo de 2017 la baja de nueve oficiales, la mayor parte de la especialidad de Intendencia, como, asimismo, se llamó a retiro al general Echeverría en ese instante por su responsabilidad de mando. Insisto, en ese instante”, remarca Villalobos, quien le consultó en varias ocasiones a Echeverría si había participado de alguna manera de la trama.
“Un hecho que recuerdo es que le pregunté directamente si estaba involucrado en estos hechos investigados o si tenía conocimiento de los mismos, recibiendo siempre la misma respuesta: que no estaba involucrado. Bueno, lo demás ha estado en desarrollo de las investigaciones e instrucciones que está efectuando el Ministerio Público”, indicó el mandamás de Carabineros.
Villalobos también aprovechó su testimonio para dar cuenta de las medidas que ha tomado después del fraude. Hacia el final de su declaración, comenta que “nuestra investigación administrativa sigue su curso hasta el día de hoy” y que el escándalo lo “llevó a plantear una reingeniería al interior de la especialidad de Intendencia de Carabineros de Chile” en conjunto con el ministro del Interior, Mario Fernández.
“Así puedo indicar que junto a los cursos de acción antes dichos se dispuso la reestructuración de Carabineros de Chile, cambiando de modo importante y relevante la forma de los controles y la forma de gestionar los recursos entregados a la institución. Entre otros, es de relevancia indicar el término del escalafón de Intendencia, la contratación de personal civil que integre el escalafón de los servicios de finanzas, la licitación de auditorías externas, el aumento de plazo de prescripción de las faltas administrativas, el disponer la retención de los retiros voluntarios y la creación de asuntos internos, entre otras”, remató.
Después de tres horas, Campos dio por finalizado el interrogatorio. A casi tres meses de aquella, su primera y hasta ahora única declaración, la situación de Villalobos sigue en compás de espera, ya que -según anunció el propio fiscal en entrevista con Reportajes- se materializará una ronda de declaraciones a generales del alto mando que dirige.
La hora de Blanco
15.52 horas del 10 de mayo. Decenas de periodistas aguardan en las afueras del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Al interior, la ex ministra de Justicia Mónica Javiera Blanco Suárez daba inicio ante el fiscal Eugenio Campos -y los oficiales de Carabineros Esteban Díaz y Tulio Muñoz- su declaración en calidad de testigo, por el millonario fraude en la institución.
En el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet la abogada, quien ahora ostenta el cargo de consejera en el CDE, fue subsecretaria de Carabineros, autoridad política que en esa época se relacionaba con la institución en los años donde -según ha establecido la indagatoria- operó “la primera mafia” que se descubrió y a la que se le acusa de malversar más de $ 25 mil millones.
En ese sentido, Blanco explicó a los investigadores que como subsecretaria ella se encargaba de ver los temas reglamentarios del personal de la institución uniformada, decretos de nombramiento, ascensos, retiros de oficiales, lo que se sistematizaba a través de una división jurídica que hacía los estudios y luego ella los aprobaba.
Blanco aseguró que respecto de la malversación que se está investigando, “no tengo ningún conocimiento, ni recuerdo los nombres de las personas que ahora figuran como investigadas y de las cuales me he enterado por medio de los medios de comunicación”.
Descartó que el control del dinero de Carabineros pasara por la repartición que dirigió y apuntó a los controles de la institución y externos: “Es un área que escapa al tema de la subsecretaría, es más, son temas que dependen directamente de la institución y sus controles internos, como además de la propia Contraloría”.
Del dinero fiscal con el que contaba, Blanco dijo que este se rendía al Ministerio de Defensa y al de Interior, y cuando se solicitaban fondos esto se hacía con Hacienda y en estas reuniones participaba el general director de Carabineros, ya que cada uno defendía su propio presupuesto.
A veces, la máxima autoridad de Carabineros, declaró Blanco, envió a algún miembro de su gabinete o su jefe de Finanzas. “Durante mi periodo siempre fue el general Iván Whipple”, sostuvo la abogada. Este último ha declarado como imputado en el caso y en la arista -que tramita la Fiscalía Centro Norte- identificó a la ex ministra como destinataria en listados de gastos reservados.
Al respecto, y sin que se le preguntara -al menos en lo que quedó establecido en esa declaración como testigo-, la ex ministra le dijo al fiscal Campos: “Quiero señalar tajantemente que como Javiera Blanco nunca me tocó recibir dineros por concepto de gastos reservados”.
Aclaró que como subsecretaria de Carabineros “sí tuve acceso a información de cómo estos se ejecutaban, pero en mi calidad de funcionario público y por tema de seguridad y por definición de ley, tengo deber de reserva sobre esta información”.
Reforzó que no tenía acceso a gastos reservados, aunque precisó que “hay otro tema que hay que considerar, que también refiere a la ley, es en cuanto a lo denominado “función crítica”, no recuerdo en estos momentos si en mi caso del cargo de subsecretaria de Carabineros tenía dicha asignación, pero es un concepto distinto al de gastos reservados”.
En una hora y 13 minutos, la declaración se dio por concluida.
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15 Agosto 2017

 

 

 

Fraude en Carabineros: imputado denuncia amenazas al interior de la cárcel

 

 

 

Patricio Rojas acusó que reos iban a “patearle la cara” y que salvó de la agresión gracias a ayuda de gendarme.

 

 

 

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“Yo me encuentro recluido en el centro penitenciario Santiago 1 desde hace casi dos meses, a raíz de los hechos que son investigados en la causa de la Fiscalía de Magallanes, en la cual me encuentro en calidad de imputado”. Así empezó la declaración que entregó el 1 de junio pasado Patricio Rojas Soto, quien fue formalizado como presunto cómplice en la investigación por la millonaria defraudación.
“Desde un tiempo a la fecha, comencé a recibir amenazas en el interior del penal de parte de otros internos, los cuales tienen conocimiento de mi participación dentro del denominado fraude en Carabineros, por lo que asumen que yo soy carabinero y, por tal, me acosan y amenazan por mi supuesta condición de carabinero. Yo he intentado explicarles que era parte de la institución, pero no carabinero, pero ellos no me entienden”, señaló Rojas.
Según su testimonio, la situación se acrecentó unos días antes de ir a declarar ante el fiscal, “cuando me tocó compartir celdas con otros reos de mayor peligrosidad de otro módulo del penal”.
Detalló que dos días antes de prestar su testimonio, “me llaman desde el ‘ASA’ de Santiago 1, el cual es el hospital que mantiene el penal, específicamente la psiquiatrica y mientras me encontraba sentado esperando mi atención entraron tres reos de mayor peligrosidad los cuales me preguntaron porque me encontraba en ese lugar, yo les respondí que era del módulo 12, y ellos de inmediato asumieron que yo era del denominado paco gate”.
Aseguró que “comenzaron a empujarme e intentaron asaltarme. Luego uno de ellos se sube a una silla e intenta patearme la cara, hecho que no se concretó porque me resistí, y ante eso me amenazaron que me iban a encargar con los otros reos, y que me iban a quebrar y a matar. Después de eso apareció un gendarme, él me abrió la puerta y pude salir”.
Rojas denunció sentir miedo por su integridad física y lo que le pudiese ocurrir si se sigue mezclando con el resto de los internos más peligrosos. “Por creer que soy carabinero, quieren golpearme y acosarme”, argumentó.
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15 Agosto 2017

 

 

 

Fraude en Carabineros: el viaje que hizo a Panamá el principal imputado

 

 

 

Echeverría fue a ese país un mes antes de que ser detenido y formalizado. Fiscalía indaga si hay cuentas en paraísos fiscales.

 

 

 

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Panamá estuvo en la mira el año pasado, luego de las filtraciones sobre operaciones en paraísos fiscales de diversos empresarios y políticos de todo el mundo. Por lo mismo, toma importancia que ese país aparezca vinculado a la investigación de la millonaria defraudación efectuada al interior de Carabineros.
Así lo establece un informe de la PDI elaborado el 5 de abril y que forma parte del expediente del caso. El documento fue remitido al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, y en él se detallan los viajes al extranjero realizados por quienes son sindicados por el Ministerio Público como líderes del grupo. Entre ellos, el ex jefe del Departamento de Finanzas de la institución, general ® Flavio Echeverría.
El documento señala que entre el 1 y 9 de febrero de 2017, el ex miembro del alto mando de la policía uniformada viajó a Panamá. Esta fue su última salida de Chile antes de que estallara el caso el 6 de marzo y su posterior detención días más tarde. Además, este viaje lo hizo 10 días después de que en enero declarara por primera vez ante el fiscal Campos, instancia en que negó estar vinculado al fraude.
De acuerdo a un artículo publicado en Reportajes de La Tercera, la fiscalía está indagando si el dinero defraudado llegó a cuentas en paraísos fiscales y este antecedente cobra relevancia. Además, detectó el persecutor un viaje a Europa realizado por los otros imputados. Además, hubo un segundo formalizado que fue a Panamá un año antes que Echeverría, se trata de Juan Moraga Gallegos. De acuerdo a los antecedentes policiales, estuvo en ese país entre el 5 y 16 de enero de 2016.
En este listado de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, también se da cuenta que el coronel ® Jaime Paz, otro de los supuestos líderes del grupo, viajó a Estados Unidos en octubre de 2016; mientras que Héctor Nail (tercero en jerarquía dentro de la agrupación) estuvo en Italia a mediados de ese año. Robinson Carvajal, otro de los vinculados, fue a España e Italia en ese mismo período, lo mismo que Nelson Valenzuela. Todos están formalizados y son parte de las más de 100 personas indagadas por la fiscalía.
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16 Agosto 2017

 

 

 

Carabineros: la alerta que recibió Echeverría antes de que estallara el fraude

 

 

 

Jefe de Inteligencia, general Gonzalo Blu, pidió en diciembre de 2016 que se oficiara a algunos generales, entre ellos el imputado, de la existencia de la investigación.“No sabía de su participación en los hechos”, declaró.

 

 

 

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El 7 de abril, el general Gonzalo Blu Rodríguez se sentó ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. El actual jefe nacional de Inteligencia de la institución fue interrogado como testigo sobre varios temas relacionados con el fraude que supera los $ 25 mil millones, ocurrido al interior de Carabineros; entre ellos, su relación con el principal imputado, el ex jefe de Finanzas de la institución y miembro del Alto Mando, Flavio Echeverría.
En su testimonio reveló que en a fines del año pasado, tres meses antes de que estallara el caso, el oficial en retiro formalizado recibió un oficio que daba cuenta que la fiscalía comenzó a indagar las primeras alertas sobre irregularidades. “Lo del tema que estaba sucediendo en el Departamento de Finanzas y Remuneraciones (…) no estábamos en conocimiento, solo supimos de esto en noviembre de 2016, cuando la dirección de control de drogas me comenta que estaban formando un equipo especial para la investigación de una denuncia que tenía la fiscalía de Punta Arenas”, explicó.
Luego agregó que “Por lo que con esta noticia es que yo tomé un curso de acción cual fue en primer término en el mes de diciembre de 2016 dispongo al general Altamirano que informara por oficio de los sucedido, por cierto sin detalles, ya que ya habia una investigaciónjudicial de por medio, que le informara a mi general Pineda con copia al general Echeverría de lo que estaba sucediendo. Claro está, en ese momento, no sabía de la participación de Echeverría en los hechos investigados”.
Tras esto, señala el alto oficial, se enteró que el entonces jefe de Finanzas había ordenado una indagatoria contable. Blu manifestó que a esa fecha solo sabia de lo ocurrido con un capitán (que se le detectaron depósitos irregulares) y que como Dirección de Inteligencia no “nos inmiscuimos en la labor de la fiscalía”.
También detalló que en diciembre de 2015 le recomedó a Echeverría, quien es su compañero de promoción, que “debía hacer una revisión de su personal, que fiscalizara a su gente, partiendo de su subalterno coronel (Jaime) Paz (también formalizado), ya que este los subrogaba”. Además, descartó ante el fiscal que haya conversado previamente entregándole nombres de oficiales involucrados y es falso que le haya entergado carpetas o antecedentes del coronel Paz u otros vinculados con la malversación. “Con el general Echeverría teníamos vínculos ya que somo compañeros de promoción y buen trato, no nos visitábamos nunca y núnca él había ido a mi casa”, dijo.
Finalmente, agregó un último antecedente: “Quiero dejar en claro un episodio que recuerdo perfectamente, esto sucedió en diciembre de 2016, en el que Echeverría me comentó que esto de lo sucedido en Finanzas y Remuneraciones estaba siendo investigado, el me indicó que esto solo era un tema de error conteble e informática, que tan sólo se trataba de eso, yo confié en él, pero no fue así”.
Generales declaran
El 26 de mayo, a las 16.15, el ex general director Gustavo González Jure se sentó frente al fiscal Eugenio Campos para entregar su relato, en calidad de testigo. “Mi preocupación era en ese momento la realidad del país, la seguridad pública y el orden público. En el caso de Finanzas ya tenía diversos controles internos y externos, como la Contraloría y Dipres, por lo que no era una gran preocupación. Se entendía que estaba todo bien, es más, existía un sistema informático de remuneraciones que minimizaba los riesgos. Claro, ahora me explico lo sucedido, que también los controles no funcionarios por estar involucrados”, declaró González, quien ocupó el cargo entre 2011 y 2015.
El general también fue consultado por el motivo por el cual nombró como jefe de Finanzas a Echeverría. Al respecto, dijo que esto se debió, “entre otros motivos, por el volumen de conocimientos, estudios, ser contador auditor, ser ingeniero comercial y tener MBA, es decir, era el más capacitado para ello (…). Además, recibía los comentarios de que este oficial Echeverría era correcto, de conocimientos claros”. Agregó que en términos de experiencia, “por lejos sobresalía Echeverría, nunca imaginé su conducta posterior”.
La ex autoridad también declaró que “niego rotundamente haber utilizado y recibido dinero mal habido o para otros fines que no fueran los establecidos por ley”. La mañana de ese mismo 26 de mayo también entregó su testimonio el general ® Eduardo Gordon, que precedió a González Jure en el puesto de general director de Carabineros.
Tras relatar su carrera en la institución, fue consultado sobre quién era el encargado de Inteligencia dentro de la policía uniformada. Respondió que “durante mi mandato, el director de Inteligencia fue el general (Bruno) Villalobos”. Este oficial es la actual máxima autoridad de Carabineros.
“Jamás he tomado conocimiento de lo que usted consulta e investiga (…). Tan solo ahora, que me he desayunado con todo lo ocurrido. Es inimaginable, nunca tuve señal de esto, por lo que lo lamento y debe ser investigado”, dijo Gordon, quien añadió que “jamás he recibido dineros mal habidos o que se hayan destinado para algo que no fuera lo establecido por ley”.
Posteriormente, el 19 de julio, Gordon prestó una nueva declaración ante el Ministerio Público. Esta vez, en calidad de imputado. En esa diligencia, se le preguntó por la entrega de $ 21 millones al entonces coronel y actual general Jorge Serrano.
Subsecretario y contralor
El senador PPD Felipe Harboe, quien entre marzo de 2002 y enero de 2006 ocupó el cargo de subsecretario de Carabineros, también entregó su declaración como testigo ante Campos. “No tenía conocimiento alguno referente a la malversación (…) no había forma de que podamos tener conocimiento, son temas de los cuales no tenía ninguna vinculación”, declaró el parlamentario. Al final de su testimonio, Harboe indicó que negaba “tajantemente” haber recibido “dineros de parte de Carabineros mal habidos bajo ningún concepto”.
En tanto, el ex contralor Ramiro Mendoza, cargo que ocupó entre abril de 2007 y abril de 2015, declaró el 27 de mayo y también como testigo. El abogado explicó que se hacía un control de legalidad de los actos y resoluciones administrativas de Carabineros, relativos a compras públicas y otras inversiones con su presupuesto. Indicó que “resolví numerosas presentaciones que decían relación con la condonación o facilidades de pago de recursos dinerarios, correspondientes a pagos mal enterados por parte de la Dirección de Personal de Carabineros, circunstancia que se tornó incremental en los últimos años y que ameritó que se realizaran auditorías dirigidas a determinar las razones por las cuales se estaban pagando mal las remuneraciones en la institución”.
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19 Agosto 2017

 

 

 

Carabineros habilita nuevo centro de detención para imputados por fraude

 

 

 

 

En Lo Espejo se está trabajando en la ampliación del lugar, puesto que Pudahuel Norte está copado. Institución pidió a la Corte de Apelaciones que los implicados vayan a cárceles comunes, lo que no fue aceptado.

 

 

 

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La investigación sobre el fraude en Carabineros no solo ha traído consecuencias en lo administrativo por el desfalco de más de $ 25.700 millones. Se suman a estos problemas que el recinto penitenciario donde los ex uniformados que están en prisión preventiva, la Subcomisaría Pudahuel Norte, está en su máxima capacidad. Esto gatilló que se esté habilitando un nuevo cuartel para futuros imputados en el caso.
El 8 de agosto, la policía uniformada dio cuenta del problema al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez, y se le señaló a través de un oficio, firmado por el director del Departamento de Justicia de la institución, general Juan Carlos Gutiérrez, que los ex efectivos detenidos deben cumplir su reclusión en dos recintos de la institución: el centro de detención Sucre, destinado a ex funcionarios procesados en casos de derechos humanos, y la Subcomisaría Pudahuel Norte, donde se envían uniformados para cumplir la medida cautelar por delitos comunes, como por ejemplo la malversación.
Sobre este último centro se expone que “como consecuencia de las resoluciones judiciales dictadas en el proceso del fraude a Carabineros, ya sea por los Tribunales de Garantía y por esa misma Corte, que han privado de libertad a un número considerable de imputados, se encuentra en la actualidad con su capacidad copada”.
Se agrega que en la causa “eventualmente se decretarán nuevas medidas cautelares de privación de libertad y, sin perjuicio de otras que se dicten en causas que también afecten a ex funcionarios institucionales, Carabineros se encuentra en la imposibilidad material de seguir ingresando nuevos detenidos o procesados a ambos centro de detención, sin afectar los estándares y las condiciones de seguridad de los mismos”.
Cuando se decretaron los primeros arrestos del caso, Sucre fue el recinto habilitado para recibir a los imputados; sin embargo, por ser un lugar para procesados por DD.HH. fueron enviados a Pudahuel Norte. Ahí ya hay 28 detenidos y a estos se suman otros 12 reos por otros ilícitos, superando la capacidad límite (30).
Carabineros también argumentó que, a raíz de que el penal está al tope, se les hace “difícil” hacer cumplir la cautelar de prohibición de comunicarse entre los imputados. Por esto la policía uniformada pidió que se impartan “instrucciones que estime pertinentes” a los tribunales de esta jurisdicción, “para que ante eventuales nuevos ingresos de personal o ex funcionarios, producto de decretarse en su contra alguna medida cautelar privativa de libertad (…), se disponga que dicho ingreso se lleva a cabo en un centro de detención sujeto a la vigilancia de Gendarmería (cárcel con civiles)”. Carabineros planteó como argumento que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Ponciano Salles, ya había enviado a imputados a Santiago 1. El 4 de junio, el coronel ® Fernando Pérez Barría llegó a esta cárcel, pero a un módulo separado de la población penal, aunque posteriormente esta decisión fue revocada y el ex oficial fue trasladado a Pudahuel Norte. El documento señala que “se hace necesario que respecto de esta situación exista una actuación uniforme de los demás magistrados de esta jurisdicción, lo que justifica la petición del presente oficio”.
El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago contestó a Carabineros, el 10 de agosto: “No puedo impartir las instrucciones que se me solicitan, más aún cuando (…), es el juez de la causa quien dispone el lugar donde debe permanecer el detenido”.
Consultada la presidenta del Séptimo Juzgado de Garantía, jueza Carolina Gajardo, dijo que el oficio se recibió ayer y que “si es funcionario de Carabineros (el imputado al momento de cometidos los delitos atribuidos) debe ser derivado a un recinto policial por norma expresa del Código de Justicia Militar”, agregando que “ni la Corte de Apelaciones ni el tribunal tienen facultades para unificar criterios en esta materia”.
Por la ocupación total de Pudahuel Norte, Carabineros comenzó hace unos días a trabajar en la ampliación de la 11a. Comisaría de Lo Espejo (ver fotografía). Allí se está remodelado una parte de este cuartel para habilitarlo como centro de reclusión preventiva para imputados del fraude.
Carabineros evitó referirse al tema, por “motivos de seguridad”, aunque según fuentes policiales el centro cuenta con una capacidad para albergar de 20 a 30 internos. Los trabajos para habilitar esta comisaría debieran culminar en dos semanas, y una vez que concluya la construcción, la policía informará al tribunal que cuenta con este espacio.
Tan al límite está Pudahuel Norte, que algunos imputados están ya en otros lugares: hay dos en la 17a. Comisaría de Las Condes y tres en la 20a. Comisaría de Puente Alto. Incluso, fuentes policiales señalaron que, además de Lo Espejo, se podría comenzar a trabajar en otro cuartel para habilitarlo como lugar de detención.
Para la abogada Bárbara Salinas, quien representa a tres imputados que están en Pudahuel Norte, “esta solicitud de la institución (de enviarlos a cárceles comunes) no me parece, porque los jueces están aplicando la ley y la norma correspondiente establece que estén en recintos de Carabineros. Deberían habilitar los centros policiales que corresponden”.
El abogado del estudio Far y Cía. Alejandro Peña, quien representa a tres imputados que también están en el recinto, dijo que “Carabineros solo debe cumplir los mandatos judiciales establecidos en la ley. Ellos tendrán que habilitar los centros pertinentes, además tienen Sucre, donde han destinado a procesos por derechos humanos, y en ese caso no se ha visto que hayan cuestionado las disposiciones legales, entonces ¿por qué hacer la distinción?”
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25 Agosto 2017

 

 

Se le acusa de ser el líder de la organización que defraudó al Estado en cerca de $27 mil millones

 

 

Jefe de la “mafia de Intendencia” en Carabineros sigue recibiendo sueldo de $3,9 millones y se le tramita indemnización por más de $100 millones

 

 

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Flavio Echeverría Cortés no ha perdido ninguno de los beneficios que le corresponden como general retirado. Junto con el sueldo se le tramita una indemnización por casi 115 millones de pesos y una pensión mensual por sobre $3 millones. Los parlamentarios que integran la comisión investigadora propondrán que los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en hechos delictuales sean degradados.

 

 

El 19 de marzo de este año, el general de Carabineros y jefe de Finanzas de la institución, Flavio Echeverría, fue formalizado por el fiscal Eugenio Campos, que investiga el fraude al interior de la policía uniformada que –según el cálculo más reciente– supera los 27 mil millones de pesos, presuntamente defraudados por un grupo de oficiales rotulados ahora como “la mafia de la Intendencia” y del que, a juicio de la Fiscalía, Echeverría era el líder, como jefe en la jerarquía criminal. Paralelamente, según se reveló la semana pasada, tres generales declararon ante la justicia que Echeverría les habría “mentido” cuando surgieron los primeros indicios del desfalco, diciendo que se trataba de un error informático que estaba en camino de arreglarse.

Pero, según los cálculos a partir de su testimonio publicado en La Tercera, el desfalco en su caso alcanzaría a los $420 millones, por los que arriesgaría una pena de entre 10 y 15 años de cárcel.
Mientras dura la indagatoria, Echeverría se encuentra en prisión preventiva. Aunque no todo es tan malo. Junto a otros nueve oficiales, cumple la reclusión en una comisaría adaptada, conocida como Pudahuel norte, donde está en una celda solo, tiene prohibidos los teléfonos, aunque le incautaron uno en mayo, y cuenta con acceso a la prensa impresa.
Aunque se ha sostenido que Echeverría se encontraría en una especie de “baja temporal”, lo cierto es que hasta la fecha Carabineros no lo ha separado de sus filas a través de conducto disciplinario alguno, sino que a través del conducto regular para oficiales que han permanecido en la institución más de 30 años, y con una hoja de vida impecable.
En los hechos, a Echeverría se le aceptó su renuncia y pasó a retiro el 6 de marzo. Sin embargo, y pese a que ya no trabaja para la institución y en términos concretos está preso, el líder de la mafia en Carabineros recibe sagradamente todos los meses su sueldo en calidad de general de la República.
Este monto corresponde a 3,9 millones de pesos mensuales brutos. Paralelamente, le corresponde una indemnización por años de servicio correspondiente a 30 meses de sueldo, equivalentes a $117 millones de pesos, más una pensión mensual de 3,5 millones correspondientes a su jubilación como afiliado a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).
Estos cálculos corresponden a la estimación promedio de lo que recibe un oficial de su rango, porque oficialmente su retiro, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha concretado.
Para que eso ocurra, el proceso incluye un decreto del Ministerio del Interior que establece su retiro, luego la toma de razón de este acto administrativo por parte de la Contraloría y posteriormente los antecedentes recién llegan a Dipreca. Durante todo ese papeleo, a Echevarría le mantienen su sueldo y su estatus de general.
Nombramiento supremo
Desde la Subsecretaría del Interior, afirman que el decreto que da curso al retiro cumplió con el proceso que habitualmente se hace cuando se trata de un oficial con “nombramiento supremo”, como es este caso.
En el expediente de retiro de Echeverría, cabe destacar que el oficial en rigor no fue dado de baja y se acogió a retiro a comienzos de marzo, poco antes de ser formalizado. De esta manera, en la Subsecretaría del Interior confirman que los antecedentes hicieron el recorrido a partir del 29 de junio, desde la División de Carabineros del Ministerio del Interior a la citada subsecretaría, específicamente a la División Jurídica, donde se hicieron eventuales correcciones. Luego, retornó a la Subsecretaría de Interior, desde donde pasó para la firma de la Presidenta. Con este trámite realizado, el decreto se fue a Contraloría el pasado 10 de agosto para que el organismo que fiscaliza los actos administrativos “tome razón”.
Es después de esta última instancia que el expediente va a Dipreca, donde se calcula el monto de la indemnización y la pensión.
El abogado de Flavio Echeverría, José Luis Andrés, afirma que no hay nada ilegal en el hecho de que su cliente reciba su sueldo o la pensión que le corresponde. “No hay nada irregular. El decreto tendrá su tramitación y cualquier sanción en este caso será a partir de una eventual sentencia condenatoria, cosa que todavía no ocurre”, sostiene.
El diputado del PS Leonardo Soto dice que "las pensiones a personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas, deben ser entregadas con apego a la ley. Pero tenemos que establecer una diferencia entre quienes terminan su carrera de manera intachable y quienes usan el uniforme para cometer actos delictuales o que afectan la integridad de la institución, como en este caso". Soto propone establecer una "degradación" para quienes cometen actos delictuales en el ejercicio de sus funciones.
Evitar el pago
Al interior de Carabineros explican que el sueldo se le sigue pagando, ya que se entiende que, mientras dura el proceso de tramitación del decreto, el general sigue a disposición de la institución, lo que en términos concretos es un privilegio y a la vez una prevención, en el caso de que el decreto sea rechazado y el oficial retirado deba ponerse de nuevo el uniforme.
Altas fuentes de Carabineros afirman, en todo caso, que se está examinando su situación, para cambiarle el retiro por una salida disciplinaria. En cualquier caso, en ninguno de los caminos Echeverría pierde sus beneficios, incluso si resulta condenado por el mayor fraude de la historia.
Paralelamente, en la comisión que investiga el fraude en la Cámara de Diputados, admiten que la situación de que Echeverría siga recibiendo un sueldo, aunque es perfectamente legal, debería cambiar.
El diputado del PS Leonardo Soto dice que "las pensiones a personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas, deben ser entregadas con apego a la ley. Pero tenemos que establecer una diferencia entre quienes terminan su carrera de manera intachable y quienes usan el uniforme para cometer actos delictuales o que afectan la integridad de la institución, como en este caso".
Soto propone establecer una "degradación" para quienes cometen actos delictuales en el ejercicio de sus funciones.
"Así como se asciende a quienes realizan acciones heroicas o quedan seriamente lesionados en actos de servicio, debe ocurrir lo mismo a la inversa: establecer sanciones para quienes cometan delitos en el ejercicio de sus funciones", puntualiza.
El parlamentario afirma que la comisión está cerca de establecer sus conclusiones y además incluirá propuestas de ley como reactivar el proyecto para degradar a militares y Carabineros que cometan delitos, que en principio estaba pensado para efectivos involucrados en violaciones a los derechos humanos, pero que esperan se haga extensivo para personas como las del caso de Flavio Echeverría y los oficiales involucrados en el fraude.
Por su parte, el abogado Hugo Gutiérrez estima que debe buscarse una "solución administrativa para evitar ese pago. En este caso, Echeverría además afectó seriamente la fe pública y la idoneidad de la institución. No hay nada que justifique el pago de una pensión tan abultada hasta el día de su muerte. Es impresentable que el mismo fisco, al que afectó tan seriamente, sea el mismo que le pague de vuelta", apunta.
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