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ChicaLiberty

LEY DE PROBIDAD | Iván Moreira es el primer senador en presentar la nueva declaración de intereses y patrimonios

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13 Marzo 2017

 

 

Los contratos parlamentarios al filo de la Constitución

 

 

 

La nueva Ley de Probidad obligará a los parlamentarios a vender su participación en empresas que sean proveedoras del Estado, algo que ya estaba prohibido en el artículo 60 de la Constitución. Varios legisladores mantienen, a través de sus sociedades, negocios con entes estatales. Y algunos dicen que ya las vendieron.

 

 

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“Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado (…) la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte”.
Aunque la redacción del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Chile sobre inhabilidades de los parlamentarios es bastante clara, en la práctica ha sido letra muerta. No hay registro de que alguna vez se haya aplicado dicha disposición, que data de los años 40, y en el Congreso muchos de sus miembros parecen desconocer los alcances de la prohibición de hacer negocios con el Estado. Según abogados constitucionalistas, esta norma no se ha utilizado debido a que para hacerlo se requiere que al menos 10 legisladores presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra uno de sus pares, lo que de acuerdo a los expertos es difícil de cumplir (ver página 4).
Sin embargo, la inhabilidad constitucional podría finalmente comenzar a hacerse realidad este año gracias a la nueva Ley 20.880 de Probidad y Prevención de los Conflictos de Interés, que obliga a los parlamentarios -así como al presidente, ministros, subsecretarios y jefes de servicio- a enajenar o renunciar a “su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado”.
La Tercera indagó la participación en sociedades de los 120 diputados y 38 senadores, tanto las que informan en sus declaraciones de patrimonio e intereses como las que figuran inscritas en el Diario Oficial. Luego, con los RUT de estas sociedades, se revisó en el portal de Mercado Público si estas empresas han suscrito contratos con el Estado en fechas posteriores a que asumieran sus cargos en el Congreso. Resultado: al menos una decena de parlamentarios registran, a través de sus sociedades, vínculos comerciales con organismos estatales.
Arriendos y avisos radiales
Entre los casos de contratos que suman más de $ 10 millones se cuentan, por ejemplo, el del senador PPD Eugenio Tuma y su hermano el diputado PPD Joaquín Tuma, ambos representantes de La Araucanía. Ellos, como dueños de la empresa familiar Flamingo S.A., desde 2008 arriendan un inmueble a la Seremi de Transportes de Temuco. El contrato, por un monto de 960 UF al año ($ 25.440.000), se renueva anualmente a través de documentos firmados por el subsecretario de Transportes y por María Soledad Tuma Fagres, representante legal de Flamingo S.A. e hija del diputado Joaquín Tuma.
Eugenio Tuma además figura como principal propietario de Inmobiliaria e Inversiones Nuevas Raíces S.A., de la cual tiene un 92,5% de los derechos, según su última declaración de patrimonio de 2016. A través de esta sociedad controla desde hace una década el 50% de Radio Las Colinas, emisora que registra desde 2013 a la fecha contratos con la Municipalidad de Carahue, para emitir programas de información comunal, por $ 11.400.000 al año. La radio también vende espacios de difusión a otros organismos del Estado, como a la Subsecretaría de Salud Pública y al Gobierno Regional de la Araucanía. En 2014 y 2015 registra contratos con estas entidades por un total de $ 7.463.742.
Otra empresa en que Tuma tiene participación a través de Nuevas Raíces es Forestal Monte Raíces, de la que es dueño en un 50%. Esta sociedad tiene contratos en 2010 y 2011 para venta de madera y leña con la Dirección de Vialidad de la IX Región por $ 17.516.326 en total, otro con la Municipalidad de Freire por $ 5.434.400 y uno con la Subsecretaría de Salud por $ 1.870.000.
El senador Tuma asegura que el año pasado se desprendió de su participación en Nuevas Raíces, Forestal Monte Raíces y Flamingo S.A. para cumplir con la nueva ley de probidad. “No podemos participar en sociedades que tienen contratos con el Estado. Yo no tengo ninguna participación en ninguna sociedad que tenga contratos con el Estado. Ninguna. Es más, no tengo ninguna participación en ninguna sociedad”, afirma. Dice que este mes actualizará su declaración de patrimonio para mostrar que se desprendió de esas empresas.
Sin embargo, hasta el minuto, en el archivo del Diario Oficial no se registra que haya vendido su participación en esas sociedades, salvo un movimiento del 6 de enero de 2017, cuando Nuevas Raíces S.A. transfirió sus acciones en Radio Las Colinas a Samia Zeidan, esposa del senador.
Lácteos y cecinas
Otro caso de vínculos con proveedores del Estado es el del diputado PPD Enrique Jaramillo. Él declara en su informe de patrimonio e intereses su participación en la Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada (Colun). En dicha cooperativa tiene $ 525 millones, según su declaración. Se trata de una empresa enorme con innumerables contratos con organismos estatales. Por ejemplo: solo en la primera semana de marzo de este año registra 80 contratos con el Estado por más de $ 20 millones.
Sobre el impedimento constitucional a tener sociedades de este tipo, el legislador PPD aseguró que “no hay ningún conflicto en esto, porque mantengo estas cuotas de participación hace más de 50 años. Si hubiese conflicto, ya me habrían echado de mi cargo o habría tenido que venderlo o disfrazarlo, como lo hacen otros”. Jaramillo también mantiene participación minoritaria en la cooperativa Cooprel, que entre 2011 y 2016 registra contratos por $ 31 millones con las municipalidades de Río Bueno y La Unión, por instalaciones eléctricas.
Otro parlamentario relacionado con una gran empresa que gana licitaciones con el Estado es el diputado de Amplitud Pedro Pablo Browne. Tras asumir en el Congreso el 2010, y utilizando como vehículo terceras sociedades, mantuvo su participación en la constructora Brotec S.A., cuyo directorio preside su padre, Pedro Browne Covarrubias. Si bien se desprendió del 3,15% de la propiedad de Brotec que mantenía mediante Asesoría e Inversiones Cerro La Cruz, aún es dueño del 16,6% de Inversiones y Asesorías B.U. Ltda., sociedad que comparte con sus cinco hermanos. Esta sociedad compró en diciembre de 2014 el 68,18% de los derechos de Inmobiliaria e Inversiones Los Peumos Ltda. por $ 11.750 millones. Los Peumos, a su vez, es dueña del 15% de Brotec.
En Mercado Público, Brotec Constructora, uno de los brazos de Brotec S.A., registra estos últimos años contratos con el Estado por $ 43 mil millones. Obras de envergadura, por ejemplo, la construcción del nuevo edificio institucional del Ministerio Público, proyecto que adjudicó el MOP el 2013 por $ 13.840 millones o el parque fluvial Renato Poblete, adjudicado el 2012 por $ 14.269 millones.
Consultado por esta participación, el diputado Browne descarta que tenga incompatibilidades entre los contratos de su empresa y su rol de parlamentario. “Yo tengo del orden del 1,76% (de Brotec). Pero no como persona natural, sino a través de las sociedades. Lo que los abogados siempre me plantearon, yo lo pregunté en algún minuto, es que yo no tengo una relación directa, yo soy dueño de una sociedad y esa sociedad participa en otra sociedad y esa es accionista. Entonces los abogados me dijeron que no aplicaba (la inhabilidad)”. Browne explica que tendrá que revisar la nueva ley para ver si tiene que desprenderse de sus acciones, pero que, en cualquier caso, este es su último año como diputado.
Quien afirma que sí se deshizo de su participación empresarial es el diputado y precandidato presidencial José Antonio Kast (ex UDI). A través de la sociedad Cecinas Bavaria Limitada, mantuvo desde 2007 más de 300 contratos con el Estado. Kast ingresó como socio a su empresa familiar en 1988 con una participación del 20%. De ahí en adelante, él y su hermano, Christian Kast, son quienes aparecen en los registros del Diario Oficial como los dueños de la empresa. Aunque siempre registraba una participación como persona natural cercana al 0,1%, Kast, quien es diputado desde 2002, mantuvo cerca del 10% de la propiedad a través de otras sociedades como Empresa e Inversiones Bavaria Limitada de 2004 y Empresa e Inversiones Bavaria S.A, creada el 2005. Luego, esta última compañía fue traspasada a una empresa llamada Foods & Merchandising Investments Inc. También creó con su hermano Distribuidora Buin Limitada.
En el Diario Oficial figura que el 29 de diciembre de 2015 cedió su 0,1% como persona natural a su sobrino Cristián Kast Prett. El diputado afirma que también se desprendió de la participación indirecta para cumplir con la nueva legislación: “De todas las sociedades que digan relación con Cecinas Bavaria me retiré el año 2015”, afirma Kast. Sobre los posibles conflictos que puedan surgir con el artículo 60 de la Constitución, el diputado dice que deben ser analizados en detalle: “La interpretación que yo he mirado siempre y que ha estado vigente, al menos para mí, es que no había ninguna incompatibilidad”.
Escuela de negocios IEDE
Un último ejemplo es el del diputado DC Pablo Lorenzini, parlamentario desde 1998 y quien según su declaración de patrimonio participa en Inmobiliaria e Inversiones Las Cibeles Chile S.A. Se trata del otro nombre de la escuela de negocios IEDE creada en 1995. En 2004 Lorenzini registra junto a varias personas la creación de Inmobiliaria Las Cibeles S.A., otra sociedad vinculada al centro de estudios. El organismo durante 2006 vendió cursos de capacitación a entidades del Estado por $ 24 millones en total. Este instituto, a través de otros RUT, pero con igual domicilio comercial, mantiene contratos vigentes con el Estado.
A fines de 2006 se venden los activos a Laureate Chile, holding que controla las universidades Andrés Bello, Las Américas y el Instituto AIEP. Las Cibeles Chile mantiene en arriendo a Laureate la sede de IEDE en calle General del Canto en Providencia. Según explica Lorenzini, IEDE fue un proyecto que tuvo como académico, pero que tiene sólo un 1,4% de la sociedad y que no ha encontrado la oportunidad para vender.

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/los-contratos-parlamentarios-al-filo-la-constitucion/

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13 Marzo 2017

 

 

Ex presidente del Tribunal Constitucional: “No es lícito que un parlamentario celebre contratos con el Estado”

 

 

 

José Luis Cea Egaña asegura que existe “escasa jurisprudencia” relacionada con esta infracción. Según Cea, los contratos de un parlamentario con el Estado “comprometen su independencia”.

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Por ocho años, el jurista José Luis Cea ejerció como ministro del Tribunal Constitucional (TC). Sobre el artículo 60 de la Carta Fundamental, que ordena el cese del cargo de los parlamentarios que tengan contratos con el Estado, dice que es una norma que data de las reformas del año 43 y que se reforzó en el texto de 1980, pero que “es una disposición muy poco aplicada, prácticamente no hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es una disposición bastante virgen, podríamos decir”.

¿Cómo se debe interpretar este artículo de la Constitución?

Hay que entender la Constitución cabalmente y no se pueden hacer esquives o situaciones que permitan eludir el mandato constitucional, porque eso afecta la independencia de los parlamentarios en sus funciones. Es muy fácil obtener servicios o beneficios a través de sociedades o de interpósitas personas. Ese es el sentido que han tenido todas las disposiciones contra la corrupción que se han aplicado en los últimos años.

¿Hay diferencia si los contratos son con empresas del Estado o con municipalidades?

Se configura el principio. La municipalidad es un órgano del Estado. Evidentemente se estaría configurando una infracción. No es razonable, no es lícito y no es conveniente tampoco que un parlamentario, a través de interpósita persona o de una persona jurídica de derecho privado de la cual es socia, celebre contratos con el Estado, porque evidentemente eso favorece al parlamentario y compromete su independencia frente a los conflictos de interés.

Si una empresa tienen millonarios contratos con el Estado y un parlamentario mantiene participación del 1% o 2% en esa firma. ¿Se le debe aplicar el mismo rigor de la norma?

El porcentaje de participación en el capital o en la dirección de la empresa no tiene absolutamente ninguna importancia. Puede ser un porcentaje mayoritario o ínfimo. La Constitución cree que aun en el caso de la menor participación ya hay un conflicto de interés que tiene que ser salvado evitando que el parlamentario pierda su independencia. En ese caso también se aplica la norma.

¿Qué pasos hay que seguir para aplicar esta figura?

Esta es una cuestión interna, de acuerdo con el reglamento de la Cámara. Tienen que haber informes de la comisión de Etica respectiva del Congreso, para conocer en primera instancia (el caso). Hay que acreditar los hechos en primer lugar, hay que cumplir un debido proceso. Pero quien conoce de la finalidad del parlamentario es el Tribunal Constitucional antes que nada. Es una labor privativa o exclusiva del TC. Ahora la aplicación, como le digo, ha sido muy escasa, porque los sistemas se defienden, los parlamentarios evitan en lo posible que la comisión de Ética pueda llevar el asunto a conocimiento del pleno. Hay que indagar por qué se aplica tan poco la norma, esa es la pregunta.

 

 

 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/jose-luis-cea-egana-ex-presidente-del-tribunal-constitucional-no-licito-parlamentario-celebre-contratos-estado/

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14 Marzo 2017

 

 

Contraloría detecta que 2.400 autoridades no hicieron su declaración de intereses a tiempo

 

 

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Arriesgan multas que van de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones) e incluso la destitución del cargo para quienes no declaren o falseen sus datos.

 

 

 

La Contraloría General de la República detectó que cerca de 2.400 autoridades y funcionarios no hicieron su declaración de intereses y patrimonios en el tiempo estipulado: 30 días después que asumieron sus cargos.

Esto, a partir del 2 de septiembre cuando comenzó a regir nueva Ley de Probidad.
El órgano contralor informó que esas personas no cumplieron con el principio de oportunidad, por lo cual está despachando "oficios de apercibimiento a los sujetos obligados", como un ultimátum para que declaren.
Arriesgan multas que van de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones) e incluso la destitución del cargo para quienes no declaren o falseen sus datos, consigna hoy El Mercurio.
"No implica la aplicación inmediata de una multa, sino que previamente corresponde la emisión de un oficio de apercibimiento, que entrega al infractor 10 días hábiles para corregir la situación anómala. Por lo tanto, a la fecha no existen sanciones cursadas", aclaran en la Contraloría.
De las 10 mil declaraciones presentadas, 2.660 ya fueron revisadas por Contraloría y publicadas en internet. Entre estas figuran las de 31 ministros y subsecretarios que ingresaron o salieron del gobierno a contar de septiembre y que tuvieron que transparentar más datos que los acostumbrados, como el patrimonio de los cónyuges y los valores, acciones y derechos que poseen en Chile y en el exterior.
Entre las 10 mil declaraciones ya presentadas, destaca la de Jaime Campos, ministro de Justicia, quien dice tener $170 millones en una inmobiliaria y tres mineras, además de $156 millones en valores en los bancos Santander y Chile y en Quiñenco, y un Mercedes Benz de $18 millones.
Al respecto, el matutino pone el foco en que hay dos potenciales conflictos de interés: el paso de Campos como miembro del directorio del laboratorio Drag Pharma y su participación en el estudio jurídico Zúñiga, Matus, Campos Abogados.
Esto, le valió a Campos una polémica apenas se instaló en Justicia, pues parlamentarios de oposición advirtieron que su socio Francisco Zúñiga representa a Morpho, empresa sindicada por el Registro Civil como responsable del error que cambió el padrón electoral.
El secretario de Estado se defendió señalando que su vínculo con el estudio era el de "una comunidad de techo".
En tanto, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, declara $148 millones en sociedades e informó el patrimonio de su cónyuge, Andrés Donoso, quien comparte las sociedades con Krauss y suma $2.277 millones.
Por su parte, el ex ministro de Minería y actual coordinador de la campaña de Ricardo Lagos, Máximo Pacheco, declara $6.124 millones en sociedades, además de inversiones en un banco suizo.

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:latercera:

29 Marzo 2017

 

 

 

Iván Moreira es el primer senador en presentar la nueva declaración de intereses y patrimonios

 

 

 

 

En un acto de transparencia, el parlamentario prefirió adelantarse a la fecha de vencimiento del plazo que culmina este viernes a las 24 horas.

 

 

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El senador por Los Lagos, Iván Moreira, será el primer parlamentario que hará pública su declaración de Intereses y Patrimonios bajo la nueva Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés y que entró en vigencia en septiembre de 2016.
Según explican cercanos al senador, su intención es dar una señal de transparencia en medio de cuestionamientos a organismos públicos, lo que coincide con la investigación en su contra por el caso Penta en cuya etapa de acusación hoy se tramita su desafuero en la Corte de Apelaciones.
Las mismas fuentes agregan que Moreira ya envió llenó su formulario de declaración, y que éste será liberado y puesto al conocimiento público mañana.
“No se trata de ninguna competencia por la transparencia o la probidad: yo solo he dado cumplimiento a la ley y no lo iba a hacer en el último día. El cumplimiento de la ley se debe hacer lo antes posible, sobretodo porque hoy día tenemos la mirada en las instituciones del Estado. Ha habido situaciones que han generado desconfianza, y por eso, lo que he hecho es solo presentar mi declaración de patrimonio como corresponde”, dijo el parlamentario a La Tercera.
La acción del senador ocurre a tres días de vencer el plazo máximo para que todos los funcionarios públicos presenten sus declaraciones bajo la nueva normativa impulsada por la Comisión Engel, el que culmina este viernes a las 24 horas.

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