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CASO CASCADAS | Los otros flancos abiertos que mantienen Julio Ponce y SQM


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02 Diciembre 2016

 

Rol de algunos de ellos en investigación del Caso Cascadas despertó curiosidades

 

 

 

Los "guatones" de la DC y el vínculo embrional con SQM que revelan las carpetas de la investigación del Ministerio Público

 

 

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Roberto León, Gabriel Silber, Marcelo Rozas, Jorge Pizarro y Carlos Tudela son todos del sector que lidera Gutenberg Martínez. Tienen, directa o indirectamente, vínculos con la minera que aún controla Julio Ponce Lerou. Los dos primeros –junto a los diputados Ricardo Rincón y Fuad Chahin– impulsaron la comisión investigadora del Caso Cascadas, donde focalizaron su acción contra Piñera y la investigación de la SVS que sancionó al ex yerno de Augusto Pinochet. Boletas de hijos, parejas, rectificaciones ante el SII y un abordaje acotado de la Comisión de Ética de la Cámara, figuran entre los hechos que incomodan al partido que preside Carolina Goic.

 

 

“León es uno de los que ha insistido”, comentaba un reconocido diputado DC a fines de 2013, en los meses previos a que se presentara en la Sala de la Cámara Baja el proyecto para constituir la comisión investigadora a propósito del escándalo que había estallado en septiembre del señalado año, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra el controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, y su círculo cercano, por operaciones en bolsa que les habrían generado ganancias personales a ellos y perjuicios a los minoritarios de las sociedades que conforman la cadena de control de la minera no metálica.
Era León el más insistente y Jorge Burgos, diputado entonces, quien influía en la bancada DC para sopesar con más tiempo la decisión de involucrarse directamente en el caso.
Las revelaciones posteriores de boletas por servicios no justificados a SQM que involucraban al hijo homónimo de Roberto León, Roberto León Araya (formalizado por delitos tributarios el 31 de agosto pasado), abrieron las primeras sospechas sobre los vínculos existentes entre distintos personeros DC con Ponce y, en particular, refrendados por el activo rol que tuvieron algunos parlamentarios de ese partido en la comisión investigadora.
Esa comisión apuntaba –más que al rol de Ponce en el escándalo y sus vínculos políticos– a la influencia que pudo tener Sebastián Piñera (en ese momento Presidente de la República) en la investigación de la SVS y, de manera puntual, por la venta que hizo de sus acciones de las Cascada en 2008, justamente a Ponce y que no fueron parte de las operaciones cuestionadas por la entidad fiscalizadora.
A León se suma el diputado Gabriel Silber, también guatón, y Ricardo Rincón, que, sin pertenecer a ese sector, siguió la misma línea de conducta. A este grupo se suman los vínculos con SQM del ex embajador Marcelo Rozas –asesor por más de dos décadas de dicha compañía–, el lobbista Carlos Tudela y las asesorías verbales de los hijos del ex presidente de la DC, Jorge Pizarro –también 'guatón'– a la misma empresa.
La investigación que ha venido realizando el Ministerio Público por el financiamiento de la política realizado por SQM ha puesto en incómoda posición a distintos personeros de ese partido, en particular a León y otro ‘guatón’, Pizarro, cuyos hijos emitieron boletas desde una sociedad formada por ellos, Ventus, por asesorías “verbales”. De hecho, el caso terminó provocando en mayo de 2015 el anuncio del hijo del senador de la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro Cristi, de renunciar a la vicepresidencia ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, rol que había asumido en marzo de 2014.
León ante la Comisión de Ética
Pero es quizás León el más cuestionado por su vínculo con SQM, debido principalmente a su rol inicial en la comisión investigadora y por las boletas, por un total de $ 157 millones, que su hijo emitió entre 2009 y 2014 a la compañía a cambio de servicios entregados indirectamente y en forma verbal a través de otro ‘guatón’, el ex embajador y antiguo operador político de su partido, Marcelo Rozas.
En medio de estos cuestionamientos, el propio León concurrió en forma voluntaria ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, donde pidió revisar su caso y comprometió la entrega de todos los antecedentes, incluidas las boletas de su hijo ante SQM. León pidió por escrito a dicha instancia, en marzo de 2015, que revisaran su caso, apuntando a la necesidad de revertir la sensación mediática de que su actuación en la Comisión Cascada estaría ligada a los trabajos de su hijo a la minera no metálica.
Asegurando que buscaba aclarar las cosas y que no tenía nada que ocultar, León se presentó ante la comisión que integran otros parlamentarios, recibiendo los cuestionamientos de legisladores respecto de si correspondía acudir a dicha instancia. En ella León se quejó del trato que ha recibido de los medios, dijo sentirse acusado y ofreció entregar boletas de su hijo y toda la información de su rol en la comisión investigadora.
Sin embargo, la comisión abordó una vez el caso y acordó recibir los antecedentes de León para luego analizarlos. Dichos antecedentes de la primera sesión de dicho comité de Ética fueron entregados al Ministerio Público y adjuntados a la carpeta de investigación en junio de 2016, casi un año después de haber sido visto el caso en la comisión que preside el RN Germán Verdugo.
Según revela el acta de la sesión en que acudió a plantear su caso León, este entregó una versión inicial y los integrantes le solicitaron tiempo para analizar el caso. El Ministerio Público le pidió al comité que entregara los antecedentes y estos develan las advertencias éticas a que se exponía León ante dicha instancia.
En su parte final, el acta indica que si León no había informado ante la comisión investigadora del Caso Cascadas sobre los vínculos de su hijo con la empresa, sería cuestionable. “Frente a una consulta de procedimiento, la Secretaría propone esperar cómo se desarrollen los hechos antes de efectuar un pronunciamiento. Se estima, a su parecer técnico, que hay dos cuestiones que la comisión debe dilucidar; la primera es saber qué relación tiene con los hechos investigados por la comisión del caso Cascada un oficio solicitado por el diputado León antes de su creación y constitución, y lo segundo, determinar si el diputado León sabía que su hijo estaba contratado por Soquimich y si tal relación se hizo o no presente durante su participación en esa instancia, pues si sabía podría estar afecto a un conflicto de intereses que debía hacerse público”.
Justamente, como el propio Rincón y Silber han dicho ante la Fiscalía, León no advirtió de los vínculos de su hijo, aunque –según fuentes cercanas al parlamentario– tiene total convicción de que carecía de impedimento para hacer las gestiones que realizó ante la SVS.
Los cuestionamientos a su intervención en el caso se amplían al revisar la resolución de la propia Comisión de Ética un mes después que León pidiera que vieran su caso, pero a propósito de una solicitud de los diputados Nicolás Monckeberg y Alejandro Santana, ambos del partido de Piñera, Renovación Nacional (RN), e integrantes de la comisión investigadora del Caso Cascadas, pues se acercaba la fecha en que debían votar el informe final. El 7 de abril de 2015 la Comisión de Ética emitió una resolución, recordando los condicionantes éticos que debe tomar cada parlamentario al actuar.
En el punto 15 dicha resolución recuerda que las letras b) e i) del número 1 del artículo 346 del Reglamento de la Corporación “obliga a los diputados a abstenerse de participar, directa o indirectamente, en cualquier proceso decisorio que favorezca sus intereses o los de su cónyuge y parientes que indica”. León no votó en la comisión, solo asistió tres veces, pero, además de su asistencia, los oficios enviados a la SVS abrieron la primera parte de la actuación de parlamentarios oficialistas ante la superintendencia, a la que cuestionaron en sus conclusiones de la investigación del caso.
Sin embargo, hasta ahora dicho comité detuvo la vista del caso planteado por el propio León. Según explica el presidente de la comisión, el RN Germán Verdugo, desde hace tiempo que el comité de Ética decidió no abordar casos mientras los tribunales no zanjen las causas.
“Si no hay ningún tipo de infracción penal, mal podríamos sancionar éticamente”, dice Verdugo, advirtiendo que la suspensión de la vista del caso viene de una norma de carácter general de la Corporación y que hace ya un tiempo la comisión decidió esperar resultados de las resoluciones de los tribunales.
La información es confirmada por fuentes de dicha comisión, las que aluden a casos ocurridos en el pasado –como la disputa entre Andrónico Luksic y Gaspar Rivas–, en que se optó por postergar la vista de las causas éticas a la espera de fallos de la justicia, y la premisa se volvió a aplicar a León.
Eso sí, las fuentes advierten que la censura ética a León podría ser una alternativa cierta en caso de que se confirme que no advirtió a sus pares de la comisión investigadora acerca de las labores de su hijo para SQM.
De acuerdo a cercanos a León, es contradictorio que, si tiene conflictos de interés, acuda voluntariamente a la Comisión de Ética para que vean su caso. Sin embargo, hay antecedentes que lo complican.
Conoce a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y factótum de Julio Ponce y a quien incluso le ayudó con terrenos en Curicó. En las pocas ocasiones en que ha hablado del tema, León ha alabado personalmente a Contesse y reconocido gestiones ante organismos públicos en su favor. No obstante, se defiende afirmando que no le interesa Julio Ponce, que no lo conoce y que no fue un operador en favor del empresario en la comisión investigadora .
Según la información recogida por Ciper, el 17 de octubre de 2013, pocos días después que se conocieran las formulaciones de cargos de la SVS a Ponce y su círculo cercano, incluyendo al hijo de Contesse, León se reúne con este y luego (a comienzos de noviembre) envía los oficios a la superintendencia e insiste en ellos hasta después de iniciada la comisión.
León, como confirma un parlamentario de su partido, era uno de los más interesados en que esta se formara a fines de 2013, cuando el caso ardía, pero Jorge Burgos ponía paños fríos. Luego Rincón explicaría ante la Fiscalía el por qué del retraso en la DC para solicitar la comisión: “(…) Se estimó en la bancada que durante el año 2013 en pleno Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no era conveniente formar la comisión, considerando que la SVS, al ser una Superintendencia dependiente del Presidente de la República, no nos daba la seguridad de permitirnos acceder a toda la información. En cambio, con el cambio de Gobierno, se daban mejores condiciones para requerir la constitución de la comisión. Por esto, en el año 2014 se optó por requerir la formación de la comisión”. En el anuncio de la solicitud de creación de dicha instancia participaron entonces no solo el que la presidiría, el también DC Fuad Chahin, sino asimismo Rincón, Silber y el propio diputado León.
León alega inocencia y advierte que no participó como integrante de la comisión más que tres veces y que en el pasado votó en contra de un articulado que favorecía a SQM en cuanto a la invariabilidad tributaria. El mismo Rincón ratifica ante el Ministerio Público la versión, pero asegurando que sí le habría llamado la atención que se integrara a dicha instancia, pues no era un típico parlamentario “fiscalizador”.
En la misma declaración, Rincón confirma ante los fiscales, al igual que Silber, que León no informó ante la bancada ni la comisión investigadora que su hijo tenía boletas emitidas a SQM. “En esa época no creo haber sabido”, declaró a los persecutores.
Sin embargo, Rincón también ha sido cuestionado por su rol en dicha comisión: fue por lejos el más interesado en verificar el rol de Piñera y, en particular, en cuestionar al titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez, coincidiendo con el relato de Ponce y del abogado de Roberto Guzmán (socio, abogado y cercano a Ponce Lerou), Gabriel Zaliasnik, que fue el único abogado parte de la causa de la SVS que acudió a la comisión investigadora.
Rincón, que niega haber recibido –él o sus cercanos y/o familiares– pagos de SQM, sí revela que también se reunió con Contesse en 2012, a propósito de algún resquemor de la empresa con su hermana, entonces senadora, Ximena Rincón, que acaba de dejar el gabinete de Bachelet.
La Fiscalía le pregunta si al 2013 conocía a Contesse o Ponce Lerou. “Los conocía desde las cenas de la minería, donde iban como muchas personas del sector. Agosto es el mes de la minería y todos los años en Casa Piedra se hace esta cena. En ese tipo de reuniones los vi. En otra oportunidad me invitó el Sr. Contesse a las oficinas de SQM, creo que en el año 2012, para conocer la opinión de mi hermana Ximena, quien se había opuesto a la licitación de litio. Contesse me manifestó su preocupación porque estimaba que mi hermana sentía animadversión por este proceso y yo le expliqué que eso no era real”, declaró Rincón. En esa misma declaración ante la Fiscalía, el 7 de septiembre pasado, Rincón dice que no sabía que León conocía a Contesse.
El diputado integrante de la misma comisión investigadora y de RN, al igual que el referido presidente del comité de Ética, acudió a declarar al Ministerio Público el 1 de agosto pasado y allí entregó antecedentes adicionales respeto del rol de los parlamentarios DC en la comisión investigadora del caso Cascada, deslizando la extraña conducta que percibió en los parlamentarios oficialistas.
En su relato ante el Ministerio Público el 1 de agosto de este año, afirma que en una sesión a él le correspondió presidirla y que en tal día pudo verificar las minutas de los parlamentarios y concluyó que había gran simetría entre las consultas de ellos, además de un nivel de conocimiento sorprendentemente acabado del caso.
“En una de las sesiones me correspondió presidir la misma pues quien la presidía tuvo que salir. Al sentarme en su lugar, pude ver una minuta con preguntas que se la iban formulando a (Carlos) Pavez. Lo que me llamó la atención fue que la minuta contenía un conjunto de preguntas que luego iban siendo hechas por otros parlamentarios, de manera que pude concluir que era una misma minuta compartida por varios parlamentarios y que estaban actuando coordinadamente”, dijo Monckeberg en su declaración.
Otros guatones
Los vínculos entre legisladores DC vinculados a SQM proliferan y así lo ha revelado la investigación del Ministerio Público. En la declaración que da Carlos Tudela a la Fiscalía el 6 de septiembre pasado, este revela que fue asesor de Roberto León y Ricardo Rincón y que “inicialmente, antes de la ley de Lobby (aprobada a comienzos de marzo de 2014) se registró como persona natural para representar a dichos parlamentarios”.
Tudela es también ‘guatón’ y a comienzos de los 80 tuvo un estudio jurídico con la ex senadora Soledad Alvear, casada con el líder del sector, Gutenberg Martínez. Asegura que su asesoría a estos parlamentarios era de análisis político en “distintas situaciones”, acompañamiento a comisiones y al trabajo distrital. Tudela es investigado por el Ministerio Público por boletas emitidas en 2013 a SQM Salar.
En su declaración, Tudela entrega una llamativa explicación para sus asesorías a SQM. Nunca habló con Contesse ni con Ponce y su asesoría ‘verbal’ a la empresa se acordó con la secretaria del primero, Katherine Bischof, quien lo llamó para pedirle esta labor. Dice que no sabía que ella era solo secretaria, que se enteró después de haber entregado el servicio por cinco meses, que hablaban hasta 45 minutos por teléfono y por esa vía traspasaba su asesoría, que en lo fundamental apuntaba a la labor de la Comisión de Minería de la Cámara Baja. Y que fue la misma que terminó la relación laboral por igual vía. Incluso, asegura que Bischof no le comentó cómo llegó a él a pedirle ese trabajo.
Y aunque aseguró que no eran habituales asesorías por teléfono y verbales, afirmó que elaboraron informes escritos de todas las asesorías, con posterioridad a la entrega del servicio y en especial cuando el SII les preguntó si tenían respaldo de los servicios prestados.
Tudela, además, tuvo un pequeño rol en favor de otro DC –y ‘guaton’– cuyos hijos prestaron también servicios a SQM: Jorge Pizarro.
El ex presidente de la DC, senador por la Región de Coquimbo, ha sido asimismo cuestionado, pues sus hijos emitieron boletas a SQM a través de la sociedad Ventus. Una de esas boletas fue cobrada por el hijo de Carlos Tudela, quien era además el que cobraba los cheques de las asesorías de Tudela y sus dos hijos por 3 millones brutos mensuales. Este dinero era cobrado por el hijo de Tudela y luego entregado en efectivo a su padre.
Tudela es consultado por el episodio con los Pizarro en el Ministerio Público, a cuya familia conoce de larga data. “Es que nunca supe de la existencia de Ventus. Cuando me llama uno de los hijos de Pizarro, no recuerdo cuál fue, y me dijo: 'Tío, me puede retirar la factura'. Yo le dije a mi hijo Carlos que lo retiraba. Ahí me enteré (de asesorías de los hijos de Pizarro a SQM)”, afirmó.
Tudela agrega que no preguntó de qué eran esos pagos, que no sabía de las asesorías de los Pizarro y que el cheque retirado por su hijo, él se lo entregó a Sebastián Pizarro, a quien tampoco le preguntó si asesoraba a SQM.
Justamente los Pizarro amplían el espectro DC que ha participado de asesorías a SQM. Los hermanos Sebastián, Jorge y Benjamín formaron, a fines de 2009, la consultora Ventus, que tuvo corta duración, así como pocas asesorías y trabajos.
Entre los principales servicios aparecen los prestados a SQM. En su declaración al Ministerio Público el 8 de agosto pasado, Sebastián relata el inicio de la sociedad y reconoce que a fines de 2010 se contacta con el amigo de su padre, Marcelo Rozas, respecto del cual sabía que era asesor de SQM, aunque siempre niega conocer de qué trataban dichas labores. Solo dice que le pidió ayudarlos a acercarse a SQM.
Rozas le consigue una reunión con Contesse. Esto ocurre el 14 de abril de 2011. Acude junto a Francisco Villalón, quien participaría de las labores de Ventus, según fueran consiguiendo trabajos. Algo que finalmente no ocurrió, pues –como señala la querella del Servicio de Impuestos Internos contra los hermanos Pizarro Cristi del 6 de mayo de este año– Ventus emitió una sola boleta a una empresa distinta de SQM; es decir, casi no tuvo clientes, excepto la minera.
Dice Pizarro que Contesse tuvo mucho interés en sus propuestas sobre manejo de crisis y responsabilidad social empresarial, y que a los pocos días fue llamado por Rozas, quien le confirmó el acuerdo para hacer asesorías, aunque con una fórmula llamativa: no haría asesorías escritas sino verbales, y no serían a SQM ni a Contesse sino a Rozas, quien usaría como insumo dicho servicio para el que él prestaba hace dos décadas a la compañía.
La interrogación de Sebastián Pizarro
Ante el fiscal, Sebastián Pizarro dice que no le llamó la atención esa forma de trabajo. Explica que los servicios comenzaron a prestarse a mediados de abril de 2011 y hasta mediados de 2012, pese a que el contrato establecía como fecha de término diciembre de 2013. Dicho contrato además no especificaba que las asesorías serían indirectas a través de Rozas, y Pizarro afirma que no preguntó nunca si ellas habían servido o llegado a SQM, puesto que le bastaba la palabra de Rozas.
La Fiscalía le indaga, en el transcurso de su declaración, cómo es que el mismo 14 de abril, el día de la reunión con Contesse y pese a que él mismo dice que no acordaron nada y que Rozas solo lo llamó “días después” para confirmarle que se aprobó un contrato de asesorías, SQM emitió una orden de compra en favor de Ventus, que la factura de esta se recibió en SQM al día siguiente, el 15 de abril de 2011, y que incluso la copia de la factura N°1 de Ventus está fechada el 12 de abril de 2011.
“Desconozco el procedimiento interno de SQM. Lo cierto es que nosotros emitimos la primera factura en abril cuando empezamos a prestar el servicio, y cuyo monto fue cobrado en el mes de mayo”.
Inquieren acerca de si él hizo la factura y Pizarro contesta que sí. Luego le consultan por qué la factura N°1 está antedatada a la fecha de la reunión con Contesse. “Lo desconozco. Tengo que haberla antedatado o me debo haber equivocado en la fecha”, responde.
Le preguntan por qué el 21 de abril aparece copia de vale vista para Ventus, apenas una semana después de la reunión con Contesse, y Pizarro repite el libreto: “Desconozco los procedimientos internos de SQM”.
Sebastián emitía las boletas de Ventus a SQM, las retiraba y las depositaba en la cuenta de su empresa. También su hermano Benjamín emitió cuatro boletas por casi $ 14 millones a Ventus, pese a que no prestó servicios a SQM. Según Sebastián, su hermano los apoyó inicialmente en Ventus con diseño, imagen corporativa y pagina web, además de “apoyo administrativo”.
Aunque Sebastián llevaba la empresa, no recuerda por qué su hermano solo emitió dos boletas. De las otras señaló que “habría que preguntarle al contador”. Además debió responder por la transferencia de $ 5 millones a su hermano Jorge, destinados a cubrir un viaje desde Estados Unidos a Chile, lo que fue rectificado al SII al confirmar que no tenía respaldo de esos gastos.
Al final, Pizarro enfrenta el cuestionamiento de por qué dijo al SII, el 8 de abril de 2011, que la factura 14 no fue cobrada a SQM porque el trabajo “fue deficiente”. Ante el Ministerio Público dice que “me debo haber equivocado, porque en ese momento no tenía todos los antecedentes”, y que “sí le puedo confirmar que a esa altura el servicio era deficiente”. Lo cierto es que la factura sí fue cobrada.
Pizarro alude en su declaración a Marcelo Rozas. El ex embajador llevaba más de dos décadas asesorando a SQM y pertenece igualmente al grupo de los ‘guatones’ de la DC. Rozas también fue formalizado por el Ministerio Público por las boletas emitidas por él a SQM ($ 523 millones entre 2009 y 2014), por su pareja Michelle Reymond ($ 155 millones) y por su hijo Daniel Rozas ($ 59 millones).
Este último declaró ante el Ministerio Público que nunca elaboró informes escritos y que su asesoría a SQM era, al igual que lo hecho por Roberto León Araya y los hermanos Pizarro, en forma verbal. Daniel Rozas dijo ante el referido organismo que no sabía de otro dato que llamó la atención de la Fiscalía: que el contador de León Araya, Daniel Muñoz, también emitía las boletas de Rozas.

 

En su declaración, Rozas Reymond desconoció cada uno de los informes escritos que figuran adjuntos a las boletas que emitió a la minera no metálica.
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13 Diciembre 2016

 

 

Fiscalía busca conectar a Aldo Motta con Julio Ponce en operaciones “Cascadas”

 

 

 

Persecutor espera información bancaria y de correos que vinculen directamente al ex gerente con el controlador de las cascadas. Fiscalía logró un último plazo de 15 días para la investigación antes de presentar una acusación y preparar el juicio oral.

 

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La respuesta a dos diligencias clave, que buscan establecer una coordinación entre Aldo Motta, ex gerente general de las sociedades cascadas, con el expresidente de SQM, Julio Ponce, para la realización de operaciones bursátiles ficticias en dichas sociedades, espera la Fiscalía Centro Norte.
Durante una audiencia de aumento de plazo de investigación realizada ayer, el persecutor detalló que aguardan un peritaje computacional de la misma Fiscalía al correo electrónico de Aldo Motta. Esto en la búsqueda de mensajes que lo relacionen con Ponce en las operaciones bursátiles que fueron sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en 2014.
Según la fiscal Macarena Cañas, los correos de Aldo Motta “desaparecieron”, por lo que espera que el análisis de los servidores donde se almacenan pueda arrojar más información. “La expectativa es encontrar información que los vincule”, dijo Cañas.
La segunda diligencia es una aclaración que pidieron a los bancos Itaú, BCI y Santander, de las cuentas de los investigados en la causa. Particularmente, afirmó Cañas, buscan traspasos de dinero entre Motta y Ponce, que den cuenta de una coordinación en las operaciones bursátiles que investigan.
En junio de este año, la Fiscalía solicitó acceso a las cuentas bancarias de ex ejecutivos y directores de las cascadas. Si bien los bancos respondieron, en el organismo aseguran que la entrega de información no fue del todo satisfactoria.
“La información que enviaron no se ajusta a la contestación completa que pedimos”, agregó Cañas.
Esa misma diligencia fue rechazada anteriormente por las defensas de Motta y Ponce, argumentando que excedían los años de operaciones investigados por la Fiscalía. Aunque estas diligencias fueron catalogadas como una “expedición de pesca” por la defensa de Ponce, el tribunal accedió de igual manera a levantar el secreto bancario.
Otra de las diligencias que aguarda el equipo de fiscales liderado por el jefe regional Centro Norte, Andrés Montes, es un análisis de la SVS al último informe del Ceal de la Universidad Católica de Valparaíso, que daba cuenta de incongruencias en la información financiera proporcionada por las sociedades cascadas durante la gestión de Motta. El abogado de este último acompañó un informe en derecho desestimando el peritaje del Ceal por contener errores evidentes en su análisis.
Tanto el peritaje como el análisis de Motta fueron remitidos a la SVS y se espera que en los próximos días el regulador responda el oficio. “Queremos saber si, según la información que reportó el Ceal, se afectó el correcto funcionamiento del mercado”, aseguró la fiscal Cañas.
La otra diligencia que espera ser recibida pronto es un oficio enviado a Habitat para que detalle la nómina de compra y venta de acciones de cascadas y SQM entre marzo de 2009 y noviembre de 2011. La AFP se comprometió a responder cuanto antes.
Por último, faltan algunas declaraciones que ya fueron citadas. Hasta la fecha, se han tomado declaraciones a cerca de 150 personas, agregó la persecutora.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que teniendo la información de las diligencias bancarias y de correo electrónico, la formalización y posterior juicio de Julio Ponce sería inminente.
Plazos
Aunque la Fiscalía pidió ayer los últimos 30 días para investigar, el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, sólo accedió a ampliarlo por 15 días.
El magistrado criticó la falta de diligencia y rapidez de la Fiscalía y subrayó que la investigación completa casi 4 años de indagatorias, siendo que la ley fija un tope para investigar de dos años.
“El Estado debe ser eficiente (…) el acusador debió ser altamente exigente con los bancos, siendo que se le dio acceso en junio”, dijo el juez Sánchez, añadiendo que la extensión del plazo de investigación es contrario a la presunción de inocencia que estipula la ley.
Una vez concluida la etapa de investigación en 15 días, la Fiscalía tiene otros 10 días para presentar una acusación, previo a la preparación del juicio oral.
Las mismas fuentes confirmaron que la alternativa de formalizar a Julio Ponce apunta a que sea juzgado, tras agrupar las acusaciones, en el marco del mismo juicio oral contra Aldo Motta.
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15 Diciembre 2016

 

 

Los otros flancos abiertos que mantienen Julio Ponce y SQM

 

 

 

El controlador indirecto de la minera podría ser formalizado por el caso cascadas. La minera mantiene investigaciones en curso por financiamiento irregular de la política.

 

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Los litigios abiertos sobre la minera y sus controladores mantienen a SQM en el foco de atención, más allá de la venta de Pampa.
Por una parte, Julio Ponce, controlador de las cascadas e indirectamente de la minera, podría ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte en la arista penal del caso cascadas. Este martes, cuando se realizó la última extensión de plazo para la indagatoria que dirige el fiscal Andrés Montes, los persecu- tores argumentaron que están buscando indicios que vinculen a Aldo Motta, ex gerente de las cascadas y ya formalizado en la causa, con Ponce, en posibles manipulaciones bursátiles en la compra y venta de algunas de las acciones que multó la SVS en 2014. Para ello, están revisando correos electrónicos y movimientos en cuentas corrientes.
Sin embargo, hasta ahora, y tras cuatro años de indagatorias, la fiscalía no ha logrado dar con esa vinculación. De encontrarlos, Ponce y Motta podrían ser llevados a un mismo juicio oral.
Cercanos a la investigación comentan que no hay certeza de que ello ocurra y que la fiscalía, de hacerlo, lo hará solo una vez que esté altamente convencida.
La minera
Aunque SQM ha tratado este año de alejarse de la contingencia por casos judiciales y concentrarse en su operación minera y nuevos proyectos, no ha sido fácil.
Además de los dos juicios arbitrales que enfrenta con Corfo, quienes piden terminar el contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama por “incumplimientos graves”, la misma empresa pidió un tercer litigio este año para revisar todo el contrato entre ambas partes y con lo que Corfo debería devolver a SQM cerca de US$ 3,8 millones de rentas que pagaron de más.
Este mismo tema también es investigado por la Fiscalía Centro Norte, lo que podría abrir un nuevo escenario judicial.
Sin embargo, lo que más complica a SQM es la vinculación con el financiamiento irregular de campañas políticas, principalmente a través de su ex gerente general Patricio Contesse. Esto también tiene implicancias en EE.UU., donde los accionistas demandaron por eventuales perjuicios a la compañía.
En los estados de resultados, la propia empresa comenta una querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez por “supuesto cohecho-soborno y lavado de activos invocando Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y otras normas”.
A pesar de que SQM ha ligado toda la responsabilidad de los hechos a su ex ejecutivo, la empresa también se arriesga a responder como persona jurídica.
Y es el mismo Patricio Contesse el que mantiene otro flanco con su ex empleador.
El año pasado pidió más de $ 4.000 millones por indemnización por los 25 años de servicio y otros impagos estipulados en su contrato.
Aunque la minera trató de negociar directamente con el ex ejecutivo, no tuvo éxito, y tampoco su argumento de que la acción estaba prescrita, luego de que fuera la propia Corte de Apelaciones la que rechazara ese argumento, con lo que el juicio se reactivó en el tribunal laboral de primera instancia.
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