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NACIONAL | COPIAPO| La comunidad colla que vive en toma


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:latercera:

06 de agosto del 2016 / 23:55 Hrs

 

 

 

La comunidad colla que vive en toma

 

 

 

Un terreno tomado divide a dos agrupaciones indígenas que se acusan mutuamente de engaños. El caso ha escalado y ya involucra al dueño de las tierras, a la fiscalía -que comenzó una investigación- y a Conadi, que debe mediar entre los comuneros.

 

 

Piedra Luna es una comunidad colla asentada en el fundo Santa Luisa, ubicado en la comuna de Copiapó, Región de Atacama. Se constituyeron en noviembre del 2013 con 22 miembros. Hoy son 36. El problema es que esos terrenos no son suyos, se los tomaron cuando decidieron abandonar su comunidad original, Serranía Poblete.

La toma abarca 123 hectáreas. Mario Olivares (65), líder de Piedra Luna, vive allí junto a su mujer. El trabaja como guardia de seguridad y en sus días libres pasa el tiempo en su casa de material ligero. Olivares cuenta que el “80% de las personas que pertenecen a Piedra Luna se incorporó después de haber sido engañadas”. Olivares apunta a Ramón Robles, presidente de Serranía Poblete, constituida en noviembre de 2004 y asentada en 101 hectáreas, a cinco kilómetros del predio tomado. El lugar donde habitan los miembros de Serranía Poblete sí es un terreno fiscal, cedido por Bienes Nacionales e inscrito en enero de 2010.
Allí radica el lío que enfrenta a uno de los nueve pueblos reconocidos por la Ley Indígena. Que tiene a un empresario pidiendo que le devuelvan sus tierras, y en el que ya tomó cartas la justicia y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Instigación
Olivares y otros comuneros de Piedra Luna acusan a Robles de instigar la toma en los terrenos privados. Dicen que “metió” en Serranía Poblete a gente que no era colla, y que por ello muchos reales descendientes de esta etnia quedaron fuera de las tierras que la Conadi entregó a los familiares directos de Gerónina Alcota, la primera colla que se asentó en el lugar, en 1925.
“Yo pagué $ 700 mil por entrar ahí, pero nunca me lo permitieron y no me devolvieron el dinero. Hace dos años me aburrí y busqué dónde instalar mi casa”, asegura el fundador de Piedra Luna, mostrando un recibo de “cuota por incorporación”.
Otro comunero de la toma, que prefirió resguardar su identidad, agrega con impotencia: “Cómo es posible que mi familia y yo no tengamos dónde instalarnos. En nuestros terrenos ubicaron a cualquiera y nos dejaron afuera”.
El aludido, sin embargo, Ramón Robles, niega haber cometido alguna irregularidad y afirma que las críticas lo fortalecen. “Todo lo que dicen de mí es falso, no han podido demostrar nada, y si es así, que acudan a la justicia a denunciarme”.
Claudio Araya, representante de Conadi en Atacama, señala que “los reclamos son situaciones cotidianas entre las comunidades, pero nadie lo expone formalmente. Hay varias quejas, pero nadie lo denuncia”.
Los terrenos tomados en Piedra Luna pertenecen desde 1985 a dos empresas agrícolas, representadas legalmente por Eugenio Bernales. Fueron adquiridos por una familia que era dueña de la Hacienda Ramadilla desde 1895.
Bernales exhibe títulos y planos antiguos, inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Copiapó. “Son documentos que permiten apreciar la ocupación ilegal. Debido a esto, presentamos una querella, que fue acogida, por usurpación, en mayo de 2014”, relata.
Y añade que “pese a ello, han seguido instalando construcciones y cercos. Hicieron casas sin pudor”. Aunque se trata de un terreno privado, los comuneros no tuvieron problemas para constituirse como comunidad en la Conadi. Según funcionarios del organismo, “para constituir una comunidad indígena no es necesario ser propietario del lugar, sólo pertenecer a una etnia, pero eso no los acredita como dueños del terreno”, explican.
“Supongamos que este terreno es de alguien. La ley dice bien claro que el Estado debe comprarnos esas tierras o ubicarnos en otro sitio donde nosotros queramos”, afirma Olivares, quien insiste en que el lugar le pertenece por el hecho de ser colla.
El Ministerio Público tampoco está ajeno al tema. El fiscal de Copiapó, Luis Miranda, precisó que en vista de los antecedentes “emitimos una solicitud para que se realice un peritaje topográfico, que nos indique los deslindes, lotes y en qué parte se encuentra cada morada a lo largo del terreno. El peritaje debería durar entre 20 y 30 días”.
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