Jump to content
Sign in to follow this  
racing985

LEY MORDAZA | Comisión mixta rechaza norma que castiga filtración de investigaciones

Recommended Posts

Senado fija sanción penal a fiscales por filtraciones de casos judiciales

 

El martes se aprobó en la Cámara Alta una pena de hasta 541 días de cárcel a quien filtre investigaciones del Ministerio Público. Medida fue ingresada vía indicación del Ejecutivo, a recomendación de la propia Fiscalía y parlamentarios.

 

 

 

A inicios de este año, la plana mayor del Ministerio Público acudió a la Comisión de Constitución del Senado a participar de la tramitación de la llamada “Agenda Corta Antidelincuencia” del Ejecutivo. Esto, para hacervaler la opinión del organismo en materia de persecusión penal de los delitos de “robo, hurto y receptación”, objetivos centrales de la iniciativa.

 

Así, la fiscalía planteó su opinión sobre una serie de herramientas que otorgaría el proyecto a su labor investigativa y persecutora, tales como la protección de testigos y nuevas formas en la toma de declaraciones. En este contexto, fue que la discusión abordó un asunto sensible para la contingencia política: la reserva de las investigaciones que llevan a cabo los fiscales.

 

En este escenario fue que en enero pasado se comenzó a debatir la regulación sobre el secreto de las diligencias. En una de las sesiones de ese mes se acordó ampliar los plazos de reserva de la investigación de la fiscalía: desde los actuales 40 días que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se extendió a 90 días. Asimismo, y a propuesta del propio Ministerio Público, se endurecieron las sanciones a las filtraciones del trabajo de los fiscales, alcanzando “pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”, es decir, de 61 a 541 días.

 

Este criterio fue acogido por la unanimidad de la Comisión de Constitución. El martes de esta semana, en tanto, fue aprobado por la unanimidad de la sala. No hubo debate en el hemiciclo, pues ninguno de los senadores pidió votar por separado los artículos del proyecto. La votación pasó prácticamente desapercibida.

 

Con esto, se acoge una crítica recurrente expresada por los implicados en distintas causas indagadas por la fiscalía relacionadas con el financiamiento irregular de campañas políticas: las filtraciones de las carpetas judiciales de los casos Penta, Soquimich y Corpesca, que han expuesto antecedentes comprometedores de la investigación para personeros de prácticamente todo el espectro político del país.

 

 

 

“Faranduliza el proceso”

 

La idea de sancionar con cárcel las filtraciones fue tomada de común acuerdo entre la fiscalía y los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado, la que es presidida por Alfonso de Urresti (PS) e integrada por Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (Indep.DC), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN).

 

Según el acta de la comisión, a la cual tuvo acceso La Tercera, este debate comenzó a propósito de una indicación presentada por el senador Harboe, en relación a fijar sanciones disciplinarias al fiscal y sus ayudantes “que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales”. Con esto, se abría paso a interpretaciones sobre el “deber de reserva”.

 

“El Honorable Senador señor Espina puntualizó que la situación que plantea la indicación tiene lugar preferentemente cuando se producen filtraciones de la carpeta investigativa”, dice un extracto del acta de la sesión. “Expresó que esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado”, se agrega.

 

Ante esto, el entonces fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, calificó esta situación como “un asunto delicado”.

 

“Se trata de una conducta indebida que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal”, añadió el persecutor.

En una sesión posterior, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, insistió en “establecer alguna forma de sancionar las filtraciones”. En esto coincidió el senador Harboe. Luego, el fiscal Montes sostuvo que muchas de las filtraciones “son realizadas por personal ajeno al Ministerio Público”, luego que expira el plazo de 40 días de reserva.

 

Actualmente, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, en su artículo 64, que “los fiscales deberán abstenerse de dar opiniones acerca de los casos que tuvieren cargo”. En tanto, el artículo 182 del Código Procesal Penal, señala: “Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas”, sin explicitar una sanción sobre las filtraciones.

 

Por lo mismo, el fiscal propuso a la comisión una redacción con un castigo “más contundente”, pues “la regla actual sólo hace una remisión confusa a las reglas del desacato”, explicó.

 

“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”, sentencia la indicación, ingresada por el ministro del Interior y aprobada por la unanimidad de la comisión

.

Dos meses después, la enmienda sería ratificada por la totalidad de la Cámara Alta en su segundo trámite constitucional.

 

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado defiende esta penalización, a propósito del clima de desconfianza generado por casos de corrupción. “Se establece una mayor rigurosidad en relación a la obligación de reserva. Nadie puede llamarse a suspicacias cuando se pide pleno cumplimiento de la ley”, afirmó el senador De Urresti.

 

Por su parte, el senador Araya agrega que “no hay que mirar el cambio bajo suspicacia, porque es norma de carácter general que no aplica solo a las investigaciones políticas. Hay que pensar en los casos de tráfico, lavado de activos y terrorismo, que requieren de reserva”.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

27 Marzo 2016

 

 

ANP por sanción a filtraciones: “La norma requiere de adecuaciones y precisiones para no afectar el trabajo periodístico”

 

 

La norma que tendrá que ser revisada por la Cámara de Diputados, contempla penas de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir de 64 a 540 días, para quienes filtren información en el marco de un caso.

 

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se reunirá esta semana para analizar la polémica indicación aprobada por el Senado, que busca ampliar las sanciones penales a quienes violen el secreto en una investigación judicial.

“Nos preocupa especialmente que se pudiera ver afectado el trabajo periodístico con esta norma. Y, por otra parte, queremos estudiar el alcance de sus efectos legales. Nuestra primera reacción es que la norma requiere de adecuaciones y precisiones para no afectar el trabajo periodístico”, sostuvo el secretario general del organismo, Francisco Moreno, a La Tercera.

Recordemos que la norma que tendrá que ser revisada por la Cámara de Diputados, contempla penas de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es de 64 a 540 días, para quienes filtren información en el marco de un caso.

“Si esta norma alcanza el trabajo de la prensa -y actualmente, insisto, lo hace-, entonces los periodistas quedan expuestos a ser formalizados por el sólo hecho de hacer su trabajo, esto es, publicar información de interés público. Tal como lo entiende el derecho internacional y comparado, estas medidas generan un efecto inhibitorio y de autocensura, con lo cual se afecta seriamente la libertad de información”, comentó sobre este asunto, el abogado y académico de la Universidad de Rutgers, Jorge Contesse.

En esa misma línea opinó el abogado y rector de la UDP, Carlos Peña, quien aseguró que “resulta absurdo establecer una obligación de secreto sobre un oficio, como el periodístico, cuyo deber básico es exactamente opuesto al secreto: divulgar la información que se juzgue de interés público, como es el caso de la comisión de delitos y su investigación”. Y agregó, aludiendo a los argumentos de senadores y diputados que han defendido la norma, que “es verdad que, en ocasiones, la libertad de informar de los medios puede llevar a imputaciones injustas, pero incluso si algo así ocurriera, esa responsabilidad debe ser posterior -y no ex ante- a la información que se divulga”.

Por su parte el Colegio de Periodistas también se pronunció sobre el proyecto. “En este escenario uno tiende a pensar que hay un interés por generar un manto de protección a políticos que están asociados a ciertos sectores”, sostuvo la presidenta del gremio, Javiera Olviares.

fiscal%C3%ADa-a1.jpg

Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/03/27/anp-por-sancion-a-filtraciones-la-norma-requiere-de-adecuaciones-y-precisiones-para-no-afectar-el-trabajo-periodistico/

Share this post


Link to post
Share on other sites

:elmostrador:

 

Persecutores en conflicto con el Senado por aprobación de medida

 

Fiscales dicen que penas de cárcel para filtraciones son un arma para defender a los poderosos

 

por El Mostrador 26 marzo 2016

 

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, sostiene que "es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones", cuando hay políticos y personas que están siendo investigados por financiamiento ilegal de campañas políticas.

 

fiscales_816x544.jpg

 

Una dura respuesta tuvo la Asociación de Fiscales a la indicación aprobada esta semana en el Senado y que establece cárcel a quienes violen el secreto de una investigación y filtren información a los medios de comunicación, lo cual a juicio de los persecutores se busca proteger a "poderosos".

 

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, dijo a La Tercera que actualmente hay políticos y personas que están siendo investigados por financiamiento ilegal de campañas políticas, por lo que "es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones".

 

El Senado aprobó durante esta semana una indicación que señala que "el que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo", lo que equivale a una pena de cárcel que va desde los 61 a los 540 días.

 

La medida fue respaldada en medio de la discusión de la agenda corta antidelincuencia, luego que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta introdujera este artículo que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público.

 

En ese sentido, los senadores llamaron a no levantar suspicacias sobre esta medida a pesar que hay políticos e importantes personeros que están involucrados en casos de financiamiento irregular de la política que están siendo investigados por fiscales.

 

En tanto, desde la Fiscalía Nacional se apresuraron a explicar que la medida no apunta a establecer sanciones a fiscales, sino que a todas las personas que den a conocer información de carácter secreta y que está establecida en el Código Penal.

 

Además, mencionan que la norma aprobada en ningún momento señala a los fiscales como sujeto particular de sanción.

 

A pesar de la postura favorable de quienes intervinieron en la aprobación del artículo, el timonel de los fiscales mantiene una posición crítica porque no apunta al éxito de la investigación, sino que a intereses personales de algunos sectores.

 

"No veo interés público en el tipo penal que se está estableciendo, por cuanto es una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales. No estoy defendiendo que se filtre información, no corresponde, pero eso está hoy suficientemente resguardado, tanto a nivel de sanciones administrativas y penales. El único sentido de introducir un nuevo tipo penal es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado", sostiene Uribe.

 

En tanto, desde el Colegio de Abogados la opinión fue favorable a la iniciativa, ya que desde la visión del presidente del ente gremial, Arturo Alessandri Cohn, “se ha hecho un uso abusivo de la información confidencial y ha habido atentados contra la presunción de inocencia. Esto viene a remediar esta situación, en parte. Las filtraciones pueden distorsionar gravemente los procesos judiciales, y se puede causar un gran daño a personas inocentes. El abogado se debe a su cliente, y existe el secreto profesional. Ha habido una muy mala práctica de filtraciones, perjudicando gravemente la presunción de inocencia”.

 

 

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/26/fiscales-dicen-que-penas-de-carcel-para-filtraciones-son-un-arma-para-defender-a-los-poderosos/

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

28 Marzo 2016

 

 

 

Presidente de la Suprema crítica indicación que sanciona penalmente las filtraciones: “siempre se ha legislado en caliente”

 

 

“Puede ser cierto lo que se dice de que el acto de la formalización o el acto de la publicidad (de las causas) pudiera acarrear o sea una forma de empañar la imagen de cierta persona, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, me llama la atención”, dijo Hugo Dolmestch, para quien el hecho es como “una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido”.

 

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se metió de lleno en la polémica que se levantó a raíz de la indicación que se aprobó en el Senado y que busca sancionar con cárcel a todos aquellos que violen el secreto de una investigación judicial.
“Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido”, afirmó el abogado.
“Me da la impresión de que si se trata de una norma que va a impedir la publicidad -cosa que si bien es cierto en la actual ley existe una forma de control- va a influir en la organización de los tribunales de justicia”, agregó el titular del máximo tribunal del país.
Según precisó Dolmestch, “puede ser cierto lo que se dice de que el acto de la formalización o el acto de la publicidad (de las causas) pudiera acarrear o sea una forma de empañar la imagen de cierta persona, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, me llama la atención”.
Asimismo, el presidente de la Suprema criticó que en “en Chile siempre se ha legislado en caliente”; no obstante, matizar que “son facultades del Parlamento” sacar leyes adelante.
“Salen las leyes cuando están más fuertes los hechos”, afirmó además.
La semana pasada, la indicación ya había recibido el rechazo de parte de los fiscales del Ministerio Público, quienes indicaron que se trata de una iniciativa que busca “presionar a quienes están llevando investigaciones” y que “los únicos beneficiados con esta norma van a ser aquellas personas que ocupan posiciones relevantes dentro de la sociedad”.

 

“Hay que ser muy ingenuos para pensar que esta medida es para proteger la identidad de quienes están imputados por hurto, robo o -incluso- por violencia intrafamiliar”, dijo la semana pasada el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, abogado Claudio Uribe.
hugo-dolmestch1.jpg

 

 

 

Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/03/28/presidente-de-la-suprema/

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

28 Marzo 2016

 

 

 

Fuerte rechazo a ley antifiltraciones: “esto es una traba y una protección, aparentemente, para el sector político”

 

 

“No es que uno llegue y publique la filtración”, dijo la periodista María Olivia Monckeberg, para quien la iniciativa visada en el Senado es “bastante indignante”. En un tono similar se pronunció quien fuera presidente de la llamada comisión anticorrupción, Eduardo Engel. “La agenda de probidad no habría avanzado de igual forma de no haberse conocido los hechos que se están investigando, a veces gracias a filtraciones, por lo cual me opongo a la legislación propuesta, que en los hechos, inhibe la labor periodística”.

 

 

La periodista, autora del libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”, María Olivia Monckeberg, se fue con todo contra la medida anti-filtraciones aprobada en el Senado, y que busca penalizar con cárcel a quienes filtren información respecto de casos judiciales.

“Me parece bastante indignante”, dijo Monckeberg a La Segunda, quien además confesó que este último fin de semana estuvo conversando respecto del tema con abogados y amigos.
La periodista tildó de “terrible” la indicación que ahora debe ser discutida en la Cámara, pues en su opinión “cuando se produce una filtración es porque la información no se está dando a plenitud”.
Según explicó Monckeberg, “no es que uno llegue y publique la filtración. Esto es una traba y una protección, aparentemente, para el sector político”.
“La agenda de probidad no habría avanzado”
En un tono similar al de Monckeberg se pronunció en el mismo diario el expresidente de la llamada comisión anticorrupción, Eduardo Engel.
“La agenda de probidad no habría avanzado de igual forma de no haberse conocido los hechos que se están investigando, a veces gracias a filtraciones, por lo cual me opongo a la legislación propuesta, que en los hechos, inhibe la labor periodística”, manifestó.
Engel dijo que si bien es cierto debe protegerse el principio de la presunción de inocencia y el resguardo de los procesos, “no pareciera existir una análisis serio mostrando que la ley antifiltraciones propuesta contribuiría a este objetivo”.
Este mediodía, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, también mostró su oposición al proyecto que ahora debe ser visto por la Cámara de Diputados..
“Puede ser cierto lo que se dice de que el acto de la formalización o el acto de la publicidad (de las causas) pudiera acarrear o sea una forma de empañar la imagen de cierta persona, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, me llama la atención”.
Mari%E2%95%A0%C3%BCa-Olivia-Mo%E2%95%A0%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Que raro que nadie haya comentado esto, es una ley mordaza hecha a la chilena, ahora los poderosos protegiendose por secretaría, y curiosamente justo cuando hay tanta investigación contra los corruptos políticos en cursos, como diria el Bombo Fica: Sospechosa la wea. :cafe:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

28 Marzo 2016

 

 

Burgos admite que él firmó indicación que penaliza con cárcel las filtraciones

 

“La norma existe, no se ha creado ahora una norma que hable del secreto de la investigaciones, salvo para los intervinientes y el imputado, por cierto. Lo que se ha puesto fue una norma de sanción para quién no guarde ese secreto, eso es lo que se ha hecho”, explicó el jefe de gabinete, esto en medio de los cuestionamientos a la iniciativa que ya fue aprobada por el Senado.

 

 

El ministro del Interior, Jorge Burgos, admitió que fue él quien firmó la indicación que establece penas de cárcel para quienes filtren información de causas judiciales que se encuentren en proceso.

 

“Yo firme la indicación e incluso creo que lo hice como Vicepresidente, porque fue en un periodo en que la Presidenta estaba en el extranjero en alguna reunión internacional”, reconoció el jefe de gabinete.

Según explicó Burgos, “esto surgió en la comisión de Constitución del Senado, bastante unánimemente, la necesidad de que hubiera una norma que asegurara el secreto de las investigaciones, en el periodo que son secretas, porque en nuestro actual proceso tiene un periodo que se resguarda el secreto y después en un periodo del juicio oral que es absolutamente abierto”.

Haciéndose cargo de la polémica, el secretario de Estado aseguró que “la norma existe, no se ha creado ahora una norma que hable del secreto de la investigaciones, salvo para los intervinientes y el imputado, por cierto. Lo que se ha puesto fue una norma de sanción para quién no guarde ese secreto, eso es lo que se ha hecho”.

Asimismo, Burgos descartó que se trate de un proyecto que atente contra el normal funcionamiento de la labor periodística, y además respondió a los cuestionamientos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien habló de que la normativa era como una “especie de vuelta al secreto de sumario”.

“No es secreto de sumario, en eso no concuerdo con el señor presidente con todo el respeto y admiración que le tengo al magistrado Dolmestch, pero el secreto de sumario era propio de un proceso no como el actual, inquisitivo, donde había un juez que investigaba y sancionaba y había un plenario y un juez totalmente distinto. Esta es una norma opinable, pero lo que hace es ponerle una norma de sanción a quienes rompen sin justificación el secreto de la investigación”.

Rechazo de expertos

Consultados por La Segunda, la periodista María Olivia Monckeberg y el expresidente de la comisión de probidad, Eduardo Engel, criticaron la polémica indicación.

“Esto es una traba y una protección, aparentemente, para el sector político”, dijo la autora del libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”, para quien el asunto es “bastante indignante”.

Engel, por su parte, argumentó que “la agenda de probidad no habría avanzado de igual forma de no haberse conocido los hechos que se están investigando, a veces gracias a filtraciones, por lo cual me opongo a la legislación propuesta, que en los hechos, inhibe la labor periodística”.

jorge-burgos-a1-1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

28 Marzo 2016

 

Colegio de Periodistas y ley antifiltraciones: “La democracia se verá aún más dañada de lo que está el día de hoy”

 

 

A pesar que el ministro del Interior aseguró que esta iniciativa no pretende afectar el trabajo de los periodistas, la orden profesional advirtió que la nueva medida “se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos, más que una preocupación real por cuidar las investigaciones”.

 

Frente a la aprobación de la indicación por parte del Senado para ampliar las sanciones penales a quienes revelen información reservada de una investigación judicial, el Colegio de Periodistas cuestionó la decisión, a pesar que el ministro del Interior, Jorge Burgos, negara que la iniciativa pretenda afectar la labor de los periodistas.

“El ámbito de aplicación de la normativa sería a todas las personas, incluidos los periodistas, recrudeciendo penas de manera desproporcionada”, advirtió la organización, según publica Emol.

Asimismo señaló que, “en un contexto en el cual ha sido, precisamente, la prensa la que ha permitido, a través de distintas investigaciones, ir develando ilícitos en el ámbito de la política e intereses privados o permitir que la ciudadanía conozca estos hechos”.

En esa línea, insistió en que si no existiera la presión de los medios que “legítimamente apuestan con convicción por la transparencia, la democracia se verá aún más dañada de lo que está el día de hoy”.

“Una democracia fuerte más que poner trabas a que la ciudadanía se informe sobre temas de interés público profundiza la transparencia a todo nivel, incluso en el actuar del sistema judicial”, agregó.

Además, cuestionó la indicación asegurando que “es una muy mala señal, que sea el sector político, ampliamente cuestionado por la colusión de intereses privados y empresariales, el que avance en esta medida. Se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos, más que una preocupación real por cuidar las investigaciones”.

“La posibilidad de informar y estar informado es un derecho humano”, declaró.

 

Y consignó: “no debe abrirse puerta alguna a su conculcación, pues la democracia se fortalece con transparencia y no con oscurantismo”.

colegio-de-periodistas-LOGO.jpg

Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/03/28/colegio-de-periodistas-y-ley-antifiltraciones-la-democracia-se-vera-aun-mas-danada-de-lo-que-esta-el-dia-de-hoy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

cambio21.jpg

Santiago, 29 de marzo de 2016 | Hora: 00:41:22
La jugada maestra del Senado para salvar su nombre y que lo enfrenta al Poder Judicial

 

Si durante los últimos años el nombre de los parlamentarios quedó en el suelo gracias a su financiamiento irregular, fue gracias a los antecedentes que la prensa logró sacar a la luz. Los afectados, más allá de disculparse, critican las filtraciones y las fallas de la Fiscalía. Ahora el Congreso devolvió la mano y dieron con la fórmula para acallar las críticas y guardar el secreto.

 

 

Una cosa tiene que estar claro; todo lo que conocemos en los casos de financiamiento irregular de la política (Penta-SQM) es gracias a las filtraciones, información de las carpetas investigativas que salen a la luz y llegan a la prensa. Así conocimos cómo por medio de boletas falsas la UDI se financió por años en cada elección, las fallas del Servel y los resquicios del sistema democrático que obligó a implementar una agenda de probidad aprobada en tiempo récord.

Los efectos inmediatos fueron la desacreditación del Congreso y que el nombre de varios parlamentarios quedara irreversiblemente manchado a ojos de la opinión pública.

Desde un principio la Unión Demócrata Independiente (UDI) puso el grito en el cielo por las constantes filtraciones desde la Fiscalía sobre las causas y sobre lo injusto que era, a su visión, que esa información provocara un juicio público.

Teniendo eso en cuenta, se entiende la molestia del mundo político. Y es en este escenario que nace otra polémica que perjudica aún más su imagen. Se trata de la normativa que modifica el Código Orgánico del Ministerio Público que sanciona a los fiscales y todo aquel que filtre información fuera de tribunales.

La modificación eleva las sanciones con hasta 540 días de presidio. Pena que es incluso mayor a varios delitos de connotación social.

Ningún sentido

Los fiscales fueron los primeros en reclamar contra esta modificación planificada en el Senado y que fue agregada como artículo en la agenda antidelincuencia. Claudio Uribe, presidente del gremio, consideró la medida como una burla y que, claramente, son algunos poderosos intentando defenderse.

Para Uribe esta "es una norma para los fiscales innecesaria, porque ya tenemos normas relativas al secreto administrativo y penal. No corresponde que se cree una norma penal tan amplía que cualquiera que entregue alguna información pueda ser objeto de sanción penal. Eso es ir demasiado lejos. Es paradójico que incluso tiene penas más altas que delitos que pueden estar protegidos por esta reserva".

"Yo no puedo estar en la mente de los parlamentarios, pero evidentemente esta norma no está concebida para proteger a los imputados de delitos de robo o hurto, ni siquiera de violencia intrafamiliar. Ésta tiene sentido para proteger a las personas que no quieren que se sepa que están siendo investigadas y ellas son, sobre todo, personas socialmente relevantes. Si no hubiéramos tenido (casos) Penta o SQM esta norma no existiría", agregó.

Corte Suprema con dudas

Las críticas también llegaron desde la Corte Suprema en boca de su presidente, Hugo Dolmestch, quien aseguró que dicha iniciativa podría entenderse como un retroceso del sistema procesal penal imperante.

"Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido", aseguró, detallando que "de todas maneras, me da la impresión de que si se trata de una norma que va a impedir la publicidad -cosa que si bien es cierto en la actual ley existe una forma de control- va a influir en la organización de los tribunales de justicia".

"Puede ser cierto lo que se dice de que el acto de la formalización o el acto de la publicidad (de las causas) pudiera acarrear o sea una forma de empañar la imagen de cierta persona, pero de ahí a sancionar penalmente a quienes incumplan aquello, me llama la atención", agregó.

Ni el cohecho tiene sanciones tan graves

Por su parte, el abogado querellante en estos casos, Mauricio Daza, lamentó que el Congreso avanzara en esta medida que afecta, además, al ejercicio periodístico.

El profesional alertó con que "se puede llegar a la conclusión de que aquí se pretende amparar a personas que están relacionadas con el poder político económico de antecedentes que puedan ser divulgadas en la prensa y que tengan la condición de delitos. Esto no se vincula con el resguardo del proceso criminal de manera alguna".

"La sanción penal que se establece es superior a aquella fijada para el cohecho. Resulta absurdo que se establezca una norma con tal desproporción. Lo que pretenden no es sólo amparar a estos grupos de poder, sino que afectar de forma grave y a mi juicio atentatorio a las garantías fundamentales, del ejercicio del periodismo", opinó.

Finalmente, Daza descartó que una filtración pueda afectar a la investigación y destacó el rol de la prensa que "en los últimos años para revelar un conjunto de acciones ilícitas o cuestionables por parte de nuestras autoridades".

foto_0520160328170241.jpg

Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160328/pags/20160328170241.html

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

29 Marzo 2016

 

 

Vocero Díaz afirma que los medios de comunicación deben ser excluidos de ley antifiltraciones

 

 

“Ellos cumplen una función que también protege un bien jurídico relevante, la gente tiene derecho a estar informado”, opinó el titular de la Segegob en medio de la polémica instalada por la norma que busca penalizar con cárcel a quienes filtren información de causas judiciales. La idea es que la indicación “no se pueda interpretar ni usar, ni para impedir, ni generar ningún manto de protección para nadie”, completó el ministro Marcelo Díaz.

 

 

Cuando la polémica por la indicación que busca penalizar con cárcel a quienes filtren información de las causas judiciales está instalada, sobre todo a la espera de que la Cámara revise con lupa lo aprobado en el Senado, el vocero Marcelo Díaz manifestó en una entrevista radial que el ánimo frente a la iniciativa bajo ninguna circunstancia es que se convierta en “un manto de protección para nadie”.

En entrevista con Radio Cooperativa, el ministro comentó que “Aquí hay que compatibilizar de manera muy clara y me parece legítimo que se haya abierto este debate y que haya quienes quieran repensar lo que se discutió en el Senado, que habla entre el bien jurídico asociado al secreto de las investigaciones (…) con el derecho a la libertad de información”, dijo Díaz en Cooperativa.
En su opinión, la idea es que la indicación “no se pueda interpretar ni usar, ni para impedir, ni generar ningún manto de protección para nadie”.
A propósito de los cuestionamientos respecto de entorpecer la labor periodística, Díaz afirmó que “ésta es una opinión personal, que debiesen estar excluidos de esa norma expresamente los medios de comunicación, entre otras cosas, porque ellos cumplen una función que también protege un bien jurídico relevante, la gente tiene derecho a estar informado”.
“El debate que se instaló ayer va a permitir que cuando la norma llegue a la Cámara se haga un debate sopesado, tranquilo, sereno y que se adopte la mejor decisión y ojalá oyendo a todos los actores”, agregó el secretario de Estado.
Finalmente, expresó que “nos parece razonable que se dé una discusión más profunda en la Cámara que vea cómo se compatibilizan ambos bienes jurídicos, libertad de información, que no vaya a ser que el resultado de esto sea una ley mordaza. Y segundo el sigilo que las investigaciones requieren, entre otras cosas en defensa del propio éxito del resultado de la investigación y la presunción de inocencia”.
gobierno1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

29 Marzo 2016

 

 

Asociación de Fiscales trapea con ley antifiltraciones: “Hay ingenuidad en no ver quiénes podrían beneficiarse”

 

 

El presidente del gremio, Claudio Uribe, calificó derechamente como “absurda” esta norma que “no tiene nada que hacer en la agenda corta antidelincuencia”. Por otra parte recordó que “esto lo conocimos en otras épocas de nuestro país, y era prácticamente la misma justificación”.

 

 

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, criticó tajantemente la iniciativa surgida en la comisión de Constitución del Senado, que dice relación con fijar penas de cárcel contra quienes filtren información de investigaciones judiciales.

 

En conversación con radio ADN, Uribe lamentó que aquí “hay mucho de ingenuidad en no ver quiénes podrían beneficiarse de esta norma”.

Por su parte, calificó derechamente como “absurda” esta norma que “no tiene nada que hacer en la agenda corta antidelincuencia”.

La cabeza de los fiscales no tuvo pelos en la lengua para criticar que “las penas que se establecen son más altas que algunos delitos. Más alto, por ejemplo, que casi todos los delitos de violencia intrafamiliar (…) no puede ser que por dar una entrevista se arriesgue una pena más alta que el que cometió el delito”.

En dicha entrevista radial, Uribe disparó que “no sé por qué el senado se tiene que poner a dar cláses de ética periodística, en relación a cómo se presentan los casos”. No contento con eso, el presidente de los fiscales arremetió por el supuesto intento del Senado de controlar a los medios de comunicación en torno a casos investigados. Sobre aquello dijo que “si no lo hacen de esa forma, bueno, sacamos una ley que les impida informar. Perdón, esto lo conocimos en otras épocas de nuestro país, y era prácticamente la misma justificación”.

“La ciudadanía igual se va a enterar, y si no puede conocer qué es lo que está pasando, menos va a entender cómo funcioan el sistema”, sentenció.

uribe-a1.jpg

Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/03/29/asociacion-de-fiscales-trapea-con-ley-antifiltraciones-hay-ingenuidad-en-no-ver-quienes-podrian-beneficiarse/

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

29 Marzo 2016

 

 

La comentada editorial de Matamala donde le da con todo a los políticos por norma antifiltraciones

 

 

“Seamos claros: sin información es mucho más fácil presionar a fiscales y organismos públicos para sepultar evidencia y hacer languidecer las causas. Es gracias a las llamadas filtraciones y no a pesar de ellas que hoy tenemos reformas a nuestro sistema político. Algunos quieren ocultar esos trapos sucios”, opinó.

 

 

El periodista de CNN Chile, Daniel Matamala, dedicó su último espacio editorial a criticar al mundo político por la indicación -aprobada recientemente en el Senado- que busca penalizar con cárcel a quienes filtren información de casos judiciales.

 

“No hay que ser demasiado suspicaz para entender por qué el Senado aprobó una norma que sanciona a quienes no guarden secreto respecto a investigaciones de la Fiscalía. Una ley tan amplia que puede afectar ya no solo a fiscales, sino que a abogados, periodistas, ciudadanos e incluso testigos o víctimas de un delito. Los políticos intentan protegerse”, lanzó el comunicador.

Matamala argumentó que “las presiones ya amarraron a Impuestos Internos, que lleva un año cavilando si se querella o no contra políticos beneficiados por platas de SQM, y le limaron los dientes a la fiscalía, cuyo máximo jefe reconoce públicamente que quiere acortar y dar pronto término a las indagaciones”.

“El único cabo suelto sigue siendo la opinión publica cuya presión, por dar sólo un ejemplo, forzó a abrir un causa por cohecho contra Pablo Longueira”, agregó.

“Seamos claros: sin información es mucho más fácil presionar a fiscales y organismos públicos para sepultar evidencia y hacer languidecer las causas. Es gracias a las llamadas filtraciones y no a pesar de ellas que hoy tenemos reformas a nuestro sistema político. Algunos quieren ocultar esos trapos sucios”.

“Es labor de todos nosotros, partiendo por la prensa, sacarlos porfiadamente una y otra vez a la luz”.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

31 Marzo 2016

 

 

Fiscales manifiestan rotundo rechazo a la “ley mordaza”

 

 

“El Ministerio Público y los integrantes del consejo general manifiestan su categórico rechazo a cualquier límite al derecho a informar y ser informado o ser informado como así mismo a aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persigue una investigación penal”, afirmó el fiscal Luis Toledo al leer una declaración en representación de los persecutores regionales.

 

 

Leyendo una declaración pública, y en representación de los fiscales regionales, el persecutor Luis Toledo salió a referir la opinión de sus pares respecto de la indicación que busca sancionar con penas de cárcel a quienes filtren información de causas judiciales.

 

“El Ministerio Público y los integrantes del consejo general manifiestan su categórico rechazo a cualquier límite al derecho a informar y ser informado o ser informado como así mismo a aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persigue una investigación penal”, expresó el exfiscal del caso Caval con papel en mano, y luego de una reunión extraordinaria del consejo general con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

“Tanto el Consejo como el Fiscal Nacional manifiestan su irrestricto respeto a la labor de los periodistas y medios de comunicación y su valoración del importante aporte que hacen diariamente entregando información, interpretación y opinión que fortalece el estado democrático de derecho, cuyos valores se encuentran amparados en la Ley 19.733 conocida como Ley de Prensa”, indicó.

“No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que la redacción de la propuesta legislativa puede ser perfeccionada, los integrantes del Consejo aclaran que el Ministerio Público siempre estará disponible a cualquier modificación legal que busque perfeccionar y resguardar las investigaciones penales, evitando filtraciones que pudieren anticipar diligencias o fomentar maniobras distractivas por parte de quienes son investigados. Lo afirmado, en ningún caso, busca restringir o afectar los principios de transparencia y publicidad de nuestro sistema procesal penal, que se manifiestan en las audiencias públicas desarrolladas ante tribunales, ni tampoco afectar el desempeño de la labor de los medios de comunicación”, complementó Toledo.

“El propósito que persigue el Ministerio Público al participar en este debate legislativo es resguardar los interés de una persecución penal eficaz y eficiente”, agregó el fiscal.

Finalmente, y a modo de despejar dudas y hacer frente a las últimas críticas respecto de trato desigual, aseguró que “la fiscalía no actúa sino con criterios técnicos, no políticos en sus decisiones”.

La ley mordaza a los fiscales – The Clinic Online

toledo.jpg

Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/03/31/528085/

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

31 Marzo 2016

 

 

Columna de María Olivia Monckeberg: Alerta ante la nueva mordaza

 

 

En Chile, los periodistas, así como tuvimos que clamar en tiempos de dictadura para defender esos derechos inalienables estamos levantando la voz ante lo que consideramos un atropello que no solo puede dañar seriamente nuestro ejercicio profesional y la posibilidad de ejercer nuestra responsabilidad con la sociedad, sino que corromper por la vía de la censura y la autocensura a todos quienes podrían ser eventualmente castigados por infringir la nueva disposición. “Sin libertad de expresión no hay democracia”, coreábamos en la calle en ese oscuro ayer dictatorial. Volvemos a reiterar esas palabras con energía hoy, convencidos de que un periodismo que investiga y que informa con seriedad es indispensable para la existencia y la calidad de la democracia.

 

 

El intento de aplicar una nueva “ley mordaza” para evitar las filtraciones de las investigaciones de los fiscales que aprobó el Senado -el martes 25 de marzo-, por la unanimidad de sus miembros da para muchas lecturas. En un ambiente como el que vivimos hace ya más de un año, cargado de desconfianza hacia la clase política, no hay una explicación fácil para comprender cómo una instancia tan supuestamente importante en la vida del país como la de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de la República haya acogido con inusitado entusiasmo esa indicación legal que pretende modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Esta daña severamente un derecho fundamental: la libertad de expresión y el acceso de la ciudadanía a la información, piedras angulares de los demás derechos humanos y sociales. Así se entiende en países que suelen ser dados como ejemplo en estas materias, como Estados Unidos que resguarda estos principios en su famosa Primera Enmienda Constitucional. Por estos mismos días, paradójicamente el Gobierno francés impulsa un estatuto para proteger a las personas que filtren información tendiente a descubrir hechos de corrupción.

 

A la vez, como lo dejó en claro en sus impactantes declaraciones el presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, la actuación del Senado significa un gran paso atrás en la administración de justicia: es una vuelta al “secreto del sumario”, dijo él. Y un retorno a todos los silencios y oscuridades de la antigua justicia procesal penal, podríamos agregar. Y qué decir de los avances en materia de transparencia, como lo ha manifestado el profesor Eduardo Engel, quien afirma que con esa disposición no se habrían logrado las propuestas de la Comisión de Probidad. Y, desde luego, las posibilidades de investigación del Ministerio Público se verían castradas, limadas y hasta en ocasiones anuladas. Por algo la Asociación de Fiscales fue la primera en levantar la voz contra la medida apoyada por sus superiores.

¿Qué les pasó a esos senadores Alfonso de Urresti (PS), presidente de la mentada comisión, Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (independiente pro DC), Alberto Espina (RN) para no vislumbrar el alcance de lo que estaban decidiendo? El caso de Hernán Larraín, presidente de la UDI, podría ser diferente porque desde que se inició el destape del caso Penta la UDI apareció enredada a tal punto en los líos de dinero y política que sus dirigentes trataron de limpiar sus responsabilidades culpando a fiscales y periodistas. Y desde un comienzo “las filtraciones” y lo que llaman “la mediatización de la justicia”, fueron blanco predilecto de los ataques gremialistas.

¿Pero qué le ocurrió al Senado completo que aprobó por unanimidad esta penalización de las “filtraciones” que claramente apunta a proteger a los protagonistas de delitos de cuello y corbata? ¿Es que no se dan cuenta que una ciudadanía crítica y alerta no quiere más componendas ni arreglos entre cuatro paredes? Uno se pregunta si estos legisladores tienen conciencia clara de lo que sucede en el país real donde se añora transparencia, verdad y justicia. O si sus preocupaciones y ambiciones no los dejan salir de una burbuja que los mantiene aislados de todo lo que pasa más allá de sus oficinas y salas de sesiones.

Alejandro Guillier, el senador periodista dio una respuesta honesta: “Me pasaron un gol de mediacancha”, dijo en Televisión Nacional el domingo 28. Y reconoció su error que atribuyó a la presión que los parlamentarios tienen en el Congreso. Es posible, suena creíble. Poco o nada han dicho los demás involucrados en tan unánime gesto, salvo tratar de defender lo indefendible, sin hacer contacto con la ciudadanía que los mira atónita.

Uno de los argumentos más escuchados en estos días por los que quieren mandar a la cárcel a todo quien devele un hecho bajo investigación o difunda “una filtración” es que esta insólita medida, que va acompañada de la extensión del plazo para indagar sería que el objetivo es “proteger el éxito de la investigación”. Lo curioso es que no se conoce ni se ha nombrado un caso que haya fracasado por esta razón. Por el contrario, lo más probable es que la investigación sobre Pablo Longueira, ex ministro y ex senador, que justamente en estos días ha llevado al fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, a formalizarlo no habría llegado al punto que llegó si no hubiera sido por “las filtraciones”. Los correos electrónicos que publicaron sucesivamente la revista Qué Pasa, Ciper, The Clinic, La Tercera han sido determinantes. Después de esas “revelaciones” y “divulgaciones” que tanto disgustan a los senadores, el fiscal Gómez – a cargo del caso desde diciembre por voluntad del nuevo fiscal nacional-, se dio una vuelta en el aire: en febrero había dicho que no había razón para investigar a Longueira y que los plazos estarían prescritos. Ante las primeras tandas de correos tuvo que reconocer que estaba investigando para terminar en la formalización del ex coronel de la UDI esta semana, cosa que el acusado encuentra muy injusta porque él se ha negado a prestar declaración. Claro que eso es otro asunto, por lo demás pintoresco, puesto que él mismo se ha negado a hacerlo en dos oportunidades.

Otro argumento equívoco es el que han dado algunos senadores y otros defensores oficiosos de la medida al indicar que es necesaria una penalización así para poder avanzar en la investigación referida a delitos en casos de narcotráfico y de terrorismo. Lo que no saben o no dicen es que esas situaciones ya están suficientemente reguladas por las disposiciones sobre lavado de dinero, donde existen penas de hasta cinco años para los fiscales que violen el secreto de esas causas.

Pero más allá de las explicaciones que van y vienen, esta medida está inserta en un contexto más amplio. Sin ir demasiado lejos, ya a mediados del año pasado en pleno desarrollo de la investigación del caso Soquimich y cuando el proceso referido a la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, estaba bien avanzado empezaron los tironeos entre la Fiscalía Nacional, encabezada entonces por Sabas Chahuán, y el Servicio de Impuestos Internos. Se habló de presiones, salió el ex director Michael Jorrat y el ex director jurídico Cristián Vargas. Y surgieron testimonios que involucran al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en capítulos semiocultos de esa historia de presiones. Pero después de esos agitados episodios, que incluyen entre otras cosas la formalización de Giorgio Martelli, las querellas del SII fueron más esquivas y personalizadas. Los obstáculos para las investigaciones de los fiscales, más arduos.

Más adelante se ha podido apreciar una notoria diferencia en la marcha de estos procesos desde que tomó el timón del Ministerio Público el nuevo fiscal nacional Jorge Abbott, quien ya desde antes de asumir su mandato en diciembre, empezó a manifestar que quería dar otro cariz a la labor de la Fiscalía. Sabas Chahuán a partir del caso Penta había logrado colocar a esa entidad en un sitial de respeto que despertaba la confianza ciudadana. Uno de los objetivos que se propuso el ex fiscal nacional, como lo dejó escrito en la Memoria de su período, fue perseguir los delitos de cuello y corbata. Y con tensiones y problemas, lo había logrado en buena medida.

Por rara coincidencia a los pocos días de aprobarse la polémica indicación que pretende penalizar las filtraciones y a quienes develen y difundan hechos que están bajo investigación, el fiscal Abbott reiteró su interés en que se apuren las causas referidas a Penta y Soquimich.Y otra casualidad -o talvez causalidad- los senadores Felipe Harboe, Alberto Espina, Pedro Araya, integrantes de la Comisión de Constitución han sido entusiastas defensores de esta cuestionada iniciativa del Gobierno incluida en la ley corta antidelincuencia apoyada por la Fiscalía. Los tres fueron clave en noviembre pasado en el nombramiento del fiscal Abbott como primera figura del Ministerio Público.

Como no hay mal que por bien no venga, según dice el refrán, habría que esperar que el coro de voces que se levantó contra esta iniciativa logre detener su aprobación en el Congreso. Ya hay demostraciones de que los diputados no quieren arriesgarse en el poco glorioso camino que asumieron los senadores. Incluso el ministro del Interior Jorge Burgos, quien fue impulsor de la fórmula ha dado señales de arrepentimiento. Y el ministro Vocero Marcelo Díaz salió esta semana a precisar que se preocuparán de que no afecte a los periodistas. Pero el asunto no es solo eso. Aunque la voz fuerte de los afectados y de la ciudadanía expresada en redes sociales está haciendo efecto, no hay que bajar la guardia. Porque de hacerse realidad una penalización como la pretendida la censura y la autocensura llegarán con más fuerza a fiscales y periodistas. Quienes defienden privilegios y silencios no se darán por vencidos en un solo capítulo. La serie continúa y es mucho lo que está en juego. La alerta debe continuar si se quiere vivir en una democracia en serio.

A propósito de este episodio vale la pena recordar lo que sentenció la Corte Suprema de Estados Unidos en 1971, respecto de la polémica suscitada por la filtración y publicación de los documentos del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam en el New York Times, primero, y en el Washington Post, después:

“Una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, una prensa agresiva es algo que debe ser soportado por aquéllos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin de preservar nuestros mayores valores: la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada…”.

Publicación original acá.

sin-mordaza.png

Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/03/31/columna-4/

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

31 Marzo 2016

 

 

La ley mordaza a los fiscales

 

 

Una polémica indicación para sancionar con penas de cárcel las filtraciones de las investigaciones judiciales aprobada en el Senado, desató una avalancha de críticas. El Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, sostuvo que sería como volver al secreto de sumario del antiguo sistema procesal. La indicación se aprobó en medio de los escándalos de corrupción que afectan a la clase política y recuerda a la ley de desacato, que fue derogada en 2001 tras la persecución penal que sufrió la periodista Alejandra Matus, luego de publicar El libro negro de la justicia chilena. Acá, conversamos con ella y abordamos el acalorado debate sobre los riesgos para la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

En abril de 1999, la periodista Alejandra Matus, publicó El libro negro de la justicia chilena, una investigación periodística que denunciaba los vicios y malas prácticas del Poder Judicial. En menos de 24 horas, el entonces ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, presentó un requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado. La justicia ordenó la incautación de los ejemplares. A la mañana siguiente, carabineros ingresaron a las librerías y a la editorial Planeta para llevarse los libros. Luego fueron tras Matus. Junto con la incautación, se emitió una orden de detención en su contra. Alertada de la situación y bajo el consejo de su abogado y hermano, Jean Pierre Matus, la periodista decidió salir del país.
Cerca de las 14:00 horas de ese día, la periodista estaba en el aeropuerto para abordar el avión que la llevó a Buenos Aires. Diez días después viajó a Estados Unidos, donde recibió asilo político. Eran los tiempos en que la libertad de expresión estaba fuertemente restringida cuando se trataba de los “poderosos de siempre”, gracias al artículo 6-b, más conocido como ley de desacato, que protegía a las autoridades de las denuncias de la prensa y que ahora el Senado, pareciera, busca reponer, bajo la amenaza de sanción penal contra quienes filtren antecedentes de las investigaciones judiciales en curso.
Esto, justamente, cuando la Fiscalía investiga a integrantes de clase política, como Pablo Longueira, Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Marco Enríquez-Ominami, entre varios otros, por los delitos de corrupción, financiamiento irregular de campañas políticas, fraude al fisco y cohecho.
La polémica indicación se introdujo en la Agenda Corta Antidelincuencia, que pretende aumentar las penas contra los delitos a la propiedad y dar más facultades a la policía para detener a quienes consideren incurren en conductas sospechosas. La comisión de Constitución del Senado aprobó la indicación al artículo 182 del Código Penal, patrocinada por el Ejecutivo y firmada por el ministro del Interior, Jorge Burgos, por petición de los altos cargos de la Fiscalía, específicamente del Fiscal Nacional(s) Andrés Montes, hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes. En esa línea, la principal autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, ha criticado en varias ocasiones la filtración de antecedentes y antes de ser ratificado por el Senado para asumir el cargo, se comprometió a combatirlas.
De aprobarse la indicación tal como está, se establecerían penas de 61 a 540 días de cárcel por violación de secreto, es decir, cualquier persona involucrada en un proceso de filtración, desde fiscales, funcionarios, abogados o periodistas, podrían arriesgar penas más altas de las que actualmente contempla la ley para el delito de cohecho.
El pasado jueves, sin mediar debate, la sala del Senado aprobó la indicación por unanimidad. El senador y periodista Alejandro Guillier, aseguró que le “pasaron un gol” porque debido a la presión para votar, ni siquiera revisó la indicación. Como tiene suma urgencia, la primera semana de abril iría a tercer trámite legislativo en la Cámara Baja, salvo que se reabra la discusión en el Senado para hacer modificaciones, de lo contrario varios diputados ya anunciaron su rechazo a la medida.
Al igual que entre los diputados, en amplios sectores de la sociedad, la indicación fue interpretada como un retroceso para la libertad de expresión. En las redes sociales fue bautizada como ley mordaza, ya que, en último término buscaría “proteger” a las autoridades cuestionadas, tal como operaba la ley de desacato que se aplicó sobre Matus para censurar su libro. En tanto, los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina, Jorge Pizarro, el ministro Burgos, junto al Ministerio Público, intentaron bajarle el perfil sosteniendo que la indicación no afectaría la labor de la prensa. ¿Pero es así?
En el año 2001, el antiguo sistema procesal escrito -sobre el cual Matus investigó y denunció sus irregularidades -fue modificado por el actual sistema oral para dar mayor transparencia y agilidad a las investigaciones judiciales. La labor persecutoria, que antes estaba radicaba en el juez quien investigaba y fallaba, quedó en manos del Ministerio Público y los fiscales. Precisamente a quienes la clase política ha dirigido sus dardos por incurrir, supuestamente, en filtraciones de los procesos investigativos en su contra y por afectar la presunción de inocencia.
A raíz de la polémica, el presidente de la Corte Suprema, máxima autoridad del Poder Judicial, Hugo Dolmestch, cuestionó la medida e hizo un paralelo con el antiguo sistema de justicia. “Es como volver al secreto de sumario o algo parecido. No me parece las sanciones penales”, sostuvo. A su vez, el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, a través de Twitter, envió un claro mensaje a los parlamentarios: “Más que agenda corta se requiere nuevo Código Penal que tipifique y sancione adecuadamente delitos de cuello y corbata”.

 

Abogados penalistas y expertos en la materia, como Cristian Riego, académico de la Universidad Diego Portales, o Luis Cuello, especialista en libertad de expresión, explican que el secreto de una investigación apunta a la efectividad de la indagatoria, es decir, dar ventajas para que los fiscales investiguen sin que los imputados puedan tomar medidas para obstaculizar la labor de la justicia, pero en ningún caso, tiene que ver con resguardar la presunción de inocencia. De hecho, las audiencias de formalización, donde los fiscales exponen los cargos en contra de los imputados y el juez de garantía fija el plazo de investigación y las medidas cautelares en caso de ser necesarias, son públicas. La publicidad es uno de los pilares del actual sistema de justicia, aclaran.
La avalancha de críticas
Ley-mordaza-a-LOS-FISCALES-foto1-Agradec
Crédito de foto: Agradecimientos a Ediciones B.
Hace 15 años, el bochorno internacional y la presión de los periodistas, junto a la denuncia que presentó Alejandra Matus ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frenó la censura y en 2001, obligó al expresidente Ricardo Lagos, a derogar el desacato y promulgar una nueva ley de prensa, que defiende el ejercicio de la profesión y el derecho a la información de la ciudadanía.
Matus, actualmente académica de la Universidad Diego Portales, sostiene que tras la dura batalla judicial que dio para que El libro negro de la justicia chilena circulara, en estos 15 años se avanzó una enormidad en términos de libertad de expresión, pero que esta indicación podría buscar revertir ese proceso. “Cualquier publicación de The Clinic de hoy día con las leyes de entonces, habría motivado ley de desacato. Intentar revertir ese proceso, sería una pérdida para la democracia chilena”, advierte.
“Los periodistas tienen obligación de informar. Que un funcionario vaya preso por una filtración, equivale a inhibir la publicación de asuntos de relevancia pública. Proponer sanciones penales hace sospechar de querer volver a las medidas de desacato, que en el fondo, lo que buscan es castigar la difusión de información que afecta a personas con poder, porque, por supuesto, no están pensando en el cartel del robo de gallinas de Putaendo. Como sociedad, no debiéramos permitir que esta legislación se apruebe”, afirma Matus.
En todo caso, la aprobación de la medida está cuesta arriba. En la Cámara Baja, los cuestionamientos vinieron desde todos los sectores, del Partido Comunista hasta el UDI, Jaime Bellolio, ya plantearon reparos a la indicación y advirtieron que es necesario resguardar la libertad de prensa. En esa línea, la diputada Karol Cariola sostuvo: “La norma aprobada atenta contra la transparencia que ha exigido el país. Estoy segura que el pueblo de Chile no está dispuesto a que se siga protegiendo a los poderosos de siempre. Esto no se trata de atentar contra el principio de inocencia, sino de proteger la libertad de expresión”.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado Guillermo Ceroni, en conversación con The Clinic, está molesto con la medida y anunció que si la indicación llega a la Sala sin modificaciones, solicitará que pase a revisión en la Comisión. “Es absolutamente inadecuado, en este momento que la opinión pública reclama transparencia, impulsar una medida como ésta. Bajo ningún punto de vista se puede coartar la libertad de prensa, los medios publican información que contribuye y presiona para el avance de las investigaciones que vinculan al dinero y la política”, afirmó.
El Colegio de Periodistas también se pronunció en duros términos y sostuvo que la medida apunta hacia el oscurantismo en desmedro de la facultad de informar. “Esto se podría interpretar como una norma a la medida para generar un manto de protección a los actores que están siendo investigados por corrupción. Si se convierte en ley, a la hora de hacer efectivo el derecho a la información, se vulneraría un derecho humano”, dijo tajante, la presidenta del Colegio Javiera Olivares.
Mauricio Daza, abogado de la ONG Ciudadano Inteligente, uno de los querellantes en el caso SQM, cree que el objetivo de la indicación es evidente y burda: “Es absolutamente absurdo castigar la filtración de una carpeta investigativa con una pena superior a la establecida por la ley en un delito de cohecho. La normativa va en contra del ejercicio adecuado de la libertad de expresión e información que son el núcleo de cualquier democracia en forma. Con esto se atenta contra el desarrollo del periodismo investigativo relacionado con delitos cometidos por políticos o poderosos”.
La Asociación de fiscales, a través de su presidente, Claudio Uribe, también calificó como “absurda” la norma y recordó que este tipo de medidas “las conocimos en otras épocas de nuestro país, y era prácticamente la misma justificación” en alusión a los tiempos que aún regía el desacato. Debido a la polémica generada, el propio ministro Burgos retrocedió y salió a explicar que en el Ejecutivo “siempre habrá apertura para rediscutirlo, no hay inconveniente”.
Por su parte, el destacado abogado Juan Pablo Hermosilla, penalista y experto en derecho a la información, sostuvo a The Clinic que en definitiva “la norma es innecesaria y es una amenaza velada al ejercicio de la libertad de expresión, por un lado, pero por otro, al derecho que tenemos todos a formarnos opinión en temas tan sensibles como el financiamiento ilegal de la política. Esto es un intento de los poderosos por tratar de autoprotegerse. Si se aprueba producirá un hecho absolutamente regresivo desde el punto de vista de la libertad de expresión en Chile”.
La periodista Alejandra Matus, un símbolo en nuestro país de la censura en democracia, finaliza, comentando el rol que han ejercido los medios de comunicación desde que estallaron los escándalos de corrupción el 2014: “A la prensa, especialmente ahora, que se ha diversificado gracias a la emergencia de los medios digitales, no es fácil dictarle prohibición de informar. Ya no es fácil controlar con un par de llamados a los editores para que no publiquen. Tirar una amenaza penal es un camino tentador para los políticos o quien sea que quiere evitar que ciertas cosas se sepan”, asegura.
“La labor de la prensa y sobre todo la labor de los fiscales, quienes han logrado investigar a personas que antes estaban fuera de la acción de la justicia, mientras más transparencia tenga y mayor conocimiento público de esos hechos haya, tanto mejor para la democracia”, concluye Matus.
Ley-mordaza-a-LOS-FISCALES-foto1-agencia

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

31 Marzo 2016

 

 

Columna: Una riesgosa protección del secreto

 

 

Un interesante debate se ha instalado en los últimos días a partir de la indicación aprobada en el Senado, en el marco de la agenda corta antidelincuencia, que sanciona a quienes rompan el secreto de las investigaciones penales.

Desde el punto de vista de los derechos humanos esta discusión no es indiferente. Un punto central a destacar es que hoy en día nuestra legislación ya es lo suficientemente restrictiva respecto a la publicidad del proceso penal.
El Código Procesal Penal en su artículo 182 señala que “las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento” y es claro en extender esta obligación más allá de los fiscales e intervinientes en una causa. “Las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas”, remata la norma vigente.
Por otra parte, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que los fiscales deben abstenerse de emitir opiniones sobre las investigaciones a su cargo, y el Código Penal consigna sanciones específicas para los funcionarios públicos que revelen información reservada.
La modificación que se propone busca hacer efectiva una obligación que ya existe en el Código Procesal Penal, pero lo hace imponiendo un castigo que no parece razonable a juzgar por el alcance que pudiera tener: “El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”. Con esta norma, los medios que han publicado declaraciones judiciales en casos de alta connotación pública, algunas filtradas por los propios abogados intervinientes, podrían ser condenados judicialmente.
Resulta muy riesgoso desde la óptica de los derechos humanos establecer sanciones penales de manera tan general, ya que es evidente que éstas podrían terminar recayendo sobre quienes legítimamente ejercen la labor de informar, es decir los periodistas y los medios de comunicación.
Varios de los que defienden esta indicación han argumentado que su razón de ser es resguardar de mejor manera el principio de presunción de inocencia, necesidad que por cierto compartimos quienes trabajamos en la promoción y protección de los derechos humanos, sin embargo no se puede proteger ese bien jurídico afectando un derecho tan importante para una democracia, como es la libertad de expresión, que comprende el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público.
Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la sociedad y están llamados a ejercerlo con responsabilidad, lo que implica no prejuzgar o emitir juicios anticipados sobre personas que son investigadas por la justicia. Pero no corresponde evitar las conductas contrarias a dichos principios mediante prohibiciones generales.
La libertad de expresión es un derecho valioso que al país le costó demasiado recuperar y afortunadamente está consagrado en la Constitución, las leyes y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Su garantía, por tanto, es una obligación del Estado.
senado-a1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

:latercera:

01 de abril del 2016 / 14:25 Hrs

 

 

 

Sanciones de cárcel por filtraciones: Corte Suprema afirma que "no es necesario ninguna modificación" al sistema actual

 

 

 

El vocero del máximo tribunal, Milton Juica, aseguró que "hoy el sistema está resguardado desde el punto de vista procesal y penal" y que es el Ministerio Público y las policías quienes deben responder por las filtraciones

 

 

El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, se refirió a la indicación que establece una sanción penal para todo aquel que viole el secreto en una investigación judicial, popularmente denominada como “ley mordaza”.

 

El ministro aseguró que a su juicio “no es necesario ningún tipo de modificación en la materia porque actualmente el sistema resguarda esos problemas (…) Hoy por hoy el sistema esta resguardado desde el punto de vista procesal y penal”.

“El Código contempla situaciones de reserva o de secreto, y la principal de ella esta relacionada con una actividad que no es jurisdiccional que es la actividad de investigación que realiza la policía y el Ministerio Público, en al que la ley indica que todas esas actuaciones son secretas para terceros y semisecretas para los imputados o intervinientes cuando lo disponga expresamente el Ministerio Público”, explicó Juica.

“De tal manera – continuó- no debieran trascender hacia el exterior hipotéticamente investigaciones que realiza el fiscal o la policía porque la ley señala que eso es secreto.Eso a su vez tiene una correspondencia penal, porque el código penal establece una sanción de carácter penal para aquellas personas empleados públicos que incumplan la obligación del secreto”.

Sin embargo, el vocero de la Corte Suprema manifestó que “si hay una idea de modificar o se modifica el Código Procesal Penal o el Código Penal, estableciendo un delito especial. Pero el delito existe desde el punto de vista de la divulgación de materias que existen en la investigación del Ministerio Público”.

En este contexto, sobre quienes responden por el secreto de la reserva el ministro dijo que “responde el Ministerio Público y la policía”

“Al Poder Judicial no le corresponde intervenir salvo cuando el imputado o cualquier interviniente frente a una decisión de establecer secreto de alguna actuaciones para ellos, pueda acudir al Tribunal para que el Tribunal pueda disponer que se le entregue la información a esos intervinientes, no a terceros”, explicó Juica.

Por último, el portavoz del máximo tribunal indicó que “cualquier cosa que tienda a enervar la función de la prensa si se hace así en realidad no tiene mucha presentación porque claramente se trata de situaciones de pugna entre derechos y deberes (…) Es un tema complejo”.

2162631.jpg

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-674755-9-sanciones-de-carcel-por-filtraciones-corte-suprema-afirma-que-no-es-necesario.shtml

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

4 Abril 2016

Fernando Paulsen

 

 

Columna: Prohibición, ayer y hoy

 

 

Cuando tomé la decisión de ingresar a la revista Análisis, en1980, nunca me planteé la posibilidad de irme preso por lo que pudiera publicar. Sabía que había riesgo en el ejercicio de la profesión y, sin duda, también sentí miedo cuando, bajo mi firma, se publicaron reportajes que iban a traer consecuencias en el acontecer nacional. Muy pronto esa duda se vino al piso cuando, además de censurar las revistas y suspenderlas por largo tiempo, se comenzó a meter presos a periodistas a destajo. Dos veces estuve preso en Dictadura, en la antigua cárcel de Capuchinos y en la vieja cárcel de Valparaíso. Cuando llegó la democracia, en 1990, me prometí en silencio que nunca más aceptaría una censura irracional a la obligación de informar lo que la gente debiera conocer.
El primer test a este juramento vino en 1997. La jueza de Viña del Mar, Beatriz Pedrals, dispuso la prohibición de informar a todos los medios sobre el caso de un capo del narcotráfico criollo, conocido como el Cabro Carrera. Yo, entonces, era director de La Tercera. Pedí una reunión con el gerente general, Juan Carlos Larraín, a quien le dije que no iba a respetar esa prohibición. El me encontró la razón y me pidió que buscáramos la forma de seguir informando. Internet recién se estaba instalando y también recientemente habíamos estrenado el sitio web del diario. El ingeniero y diseñador Alfonso Gómez, que colaboraba con el diario, me hizo una pregunta clave: ¿Qué pasa si la información prohibida la colocas en un servidor en Nueva York?¿Llega la jurisdicción de la jueza de Viña del Mar hasta Estados Unidos? Le pregunté a mi compadre y abogado, Luis Hermosilla, quien me dijo que lo que no se había intentado nunca, tenía que explorarse en la práctica. Me recomendó colocar una leyenda en la primera página que decía algo así: “Para todas las noticias del país que usted no puede encontrar en Chile: www.latercera.com”.
A los 17 días, la jueza dejó sin efecto la prohibición, luego que el ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner, señalara en los medios que era ridícula una prohibición que podía leerse a diario en los computadores personales de la oficina.
Hoy, 19 años después de esa prohibición de informar, se pretende reiterar la lógica de que, para que los tribunales hagan bien su pega, los periodistas tenemos que hacer mal la nuestra. Lo hacen amenazando en teoría a los funcionarios judiciales, pero basta leer el proyecto de ley para darse cuenta que quien efectivamente es la víctima de la prohibición es quien publica y quien firma.
En democracia, sufriendo las consecuencias de la más mínima de las vigilancias de la prensa y la ciudadanía, desacreditados por acciones ilegales comprobadas y embarcados, varios, en un plan de abierta impunidad para los casos de financiamiento ilegal de campañas políticas, se utiliza el Congreso y sus leyes para acallar lo que denominan “filtraciones”. Los mismos que, en Dictadura, aplaudían cada acto del periodismo independiente de desafiar la censura, en democracia, cuando se supone que el libre flujo de información es más apreciado, recurren a las amenazas legales para evitar que se conozca lo que conviene mantener oculto.
Hoy no estamos en los albores de Internet, sino en su apogeo. El sitio web de www.latercera.com nunca fue cerrado, porque se previó que los intentos de silenciar la verdad se habían replegado, pero no se habían ido. Volvió a ser usado cuando la Corte Suprema, protegiéndose, prohibió la circulación de “El libro negro de la justicia chilena”, de la periodista Alejandra Matus. Se colocó en ese sitio web y se leyó como si estuviera en todos los quioscos del país.
No solo es irracional y grosero lo que se pretende hacer. Además, es inútil. 26 años de democracia han hecho germinar una vocación de intolerancia para medidas autoritarias. Mucho más si son producidas para resguardar a quienes están en el poder por voluntad ciudadana y, precisamente por ello, se les debe vigilar.
Esta ley es un retroceso estúpido. Se están metiendo con quienes han enfrentado las mismas amenazas, proferidas tiempo atrás por personajes mucho más siniestros que los actuales. Y la respuesta de los periodistas, entonces, fue desafiarlas, cuando en ello se jugaba no solo la cárcel, sino la vida también.
No imagino una reacción distinta hoy.
El olvido es la materia prima de la impunidad. Y contra esa impunidad -ayer y hoy- solo hay un antídoto efectivo: la memoria. Que es precisamente lo que hoy se quiere esconder, prohibiendo que se conozca lo que imputados y testigos declaran, hasta que pase el tiempo y poco importen esas declaraciones, porque ya las cosas habrán sido convenientemente zanjadas.
De mí, no esperen que acate en democracia lo que como periodista, junto a muchísimos colegas , no estuvimos dispuestos a acatar en Dictadura.
Vergüenza de proyecto de ley. Vergüenza que tenga el patrocinio del ministerio de Justicia y de Interior.
Les aviso hoy: me cago en su prohibición.
senado-a1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

:latercera:

05 de abril del 2016 / 17:41 Hrs

 

 

 

 

Sanción de cárcel por filtraciones: Senado aprueba nueva indicación que excluye a la prensa

 

 

La enmienda apunta a funcionarios públicos que hayan sido parte de la investigación, particulares a cargo de diligencias ordenadas por un tribunal e intervinientes. Las sanciones van de 20 a 200 UTM, a presidio menor en su grado mínimo.

 

 

Tras las intensas críticas, la Sala del Senado reabrió este martes el debate sobre la norma que sanciona con penas de cárcel las filtraciones en las investigaciones y aprobó por 29 votos a favor y tres abstenciones una nueva enmienda que deja afuera a los periodistas. Esto, en el marco de la votación de la agenda corta antidelincuencia.

 

La polémica se dio cuando el Senado aprobó por unanimidad una indicación redactada por el gobierno a partir de planteamientos del entonces fiscal nacional (S) Andrés Montes y senadores de la comisión de Constitución, que sancionaba con cárcel a toda aquella persona que revelara información reservada de una investigación judicial.

Los autores de la enmienda advertían que las filtraciones de diligencias ponían en riesgo el éxito de la investigación y vulneraban el principio de presunción de inocencia de los imputados. Si bien el Código Penal establece sanciones para los funcionarios públicos, se introdujo una enmienda al artículo 182 del Código Procesal Penal, que fijaba una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a toda persona que revelara datos de las pesquisas.

La medida generó críticas de distintos sectores -entre ellos, la Asociación Nacional de la Prensa, del Colegio de Periodistas y la Corte Suprema-, muchos de los cuales advirtieron que la medida podía atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Tras esto, los senadores y el gobierno retrocedieron y ayer suscribieron un acuerdo para revertir la medida.

De esta manera, la indicación aprobada hoy –y que fue ingresada por la comisión de Constitución- indica que: “Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos, y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas”.

“Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12 respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso”, continúa.

Por último, la norma aprobada señala que “las personas indicadas que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 Unidades Tributarias Mensuales, o presidio menor en su grado mínimo”.

Al respecto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló que a juicio del gobierno la nueva indicación redactada por la comisión de Constitución “soluciona los eventuales problemas interpretativos que algún creían tenía al primera norma”.

“Respecto del texto original que aprobó la comisión a juicio del gobierno nunca estuvo ni en la letra ni en el esparto de quienes participaron en la redacción afectar a terceros (…) ni al derecho de informar de la prensa”, enfatizó el secretario de Estado.

“DOLO DIRECTO”

En tanto, el presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya, aseguró que la norma implica a quienes actúen con “dolo directo”, es decir, “que tengan la intencionalidad con la filtración de hacer fracasar una investigación penal”.

Además, aseguró que la iniciativa no perjudica el periodismo de investigación ya que se refiere “únicamente a procesos penales en curso”.

DISCUSIÓN

Sin embargo, durante el debate hubo algunos legisladores que se mostraron contrarios a la nueva indicación como los senadores independientes Antonio Horvath y Alejandro Guillier, y la parlamentaria de Amplitud, Lily Pérez. Dichos senadores calificaron la nueva norma de “ambigua” y pidieron acotar las personas que están sujetas a esta norma.

“Ampliar esto a muchos funcionarios va contra el sentido de lo que muchos creemos que es necesario en el minuto que estamos viviendo en el país", dijo Lily Pérez.

2276929.jpg

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/04/674-675291-9-sancion-de-carcel-por-filtraciones-senado-aprueba-nueva-indicacion-que-excluye-a.shtml

Share this post


Link to post
Share on other sites

logo.png

 

Ley Mordaza: Senado excluye a periodistas de sanciones pero no a sus fuentes

 

En vista de esta situación, el Colegio de Periodistas hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que rechace esta iniciativa en su tercer trámite, ya que afecta el libre ejercicio de la profesión.

 

Nacional

5 de abril, 2016

Autor: El Dínamo

 

A_UNO_656561-574x314.jpg

 

Tras la polémica generada, el Senado decidió aprobar nuevas modificaciones a la Ley Mordaza que sanciona las filtraciones respecto a procesos judiciales y que surgió tras las revelaciones surgidas por casos como Penta, SQM y Caval en la prensa.

De este modo, por 29 votos a favor y tres abstenciones, los parlamentarios excluyeron a los periodistas de esta disposición y sumó multas para quienes no cumplan con esta normativa.

 

Así, el nuevo documento consigna que los funcionarios públicos que participaron en la investigación, los peritos y las personas que tuvieron acceso a la indagatoria por una orden del Ministerio Público o la Justicia deberán guardar silencio sobre ella, explicó radio Biobío.

 

No obstante, esto también consideraría a la parte querellante, lo que obstaculizaría la chance que las fuentes puedan entregar información a los periodistas, ya que serían sancionados, como lo explicó el senador Pedro Araya.

 

“Un periodista, que por X motivo recibe una información que no es objeto de secreto o que es filtrada, no esta sometido a esta disposición penal. Solo entran en esta disposición y podrán ser sancionados quienes están obligados a guardar el secreto, que son funcionarios públicos, los intervinientes del proceso y los particulares que deben cumplir una diligencia ordenada por el Ministerio Público o el tribunal”, expresó.

 

Quienes no cumplan con esta normativa serán sancionados con una multa que va desde las 20 a las 200 UTM o 541 días de presidio.

 

En vista de esta situación, el Colegio de Periodistas hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que rechace esta iniciativa en su tercer trámite, ya que afecta el libre ejercicio de la profesión.

 

 

Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/04/05/ley-mordaza-senado-excluye-a-periodistas-de-sanciones-pero-no-a-sus-fuentes/?platform=hootsuite

Share this post


Link to post
Share on other sites

:elmostrador:

6 Abril 2016

 

 

El ministro abrió la puerta a posibles ajustes en lo que queda de tramitación

Vocero explica lo inexplicable sobre "ley mordaza" y control de identidad: "Hay que buscar un equilibrio para no afectar los derechos de los ciudadanos"

 

Marcelo Díaz enfrentó las críticas de estas polémicas iniciativas en el contexto de un gobierno de centroizquierda, intentando bajar la presión ciudadana que ha generado rechazo, especialmente entre los votantes de la Nueva Mayoría, y aseguró que durante la discusión legislativa pendiente puede haber cambios.

 

 

Luego de que ayer en el Senado fueran aprobadas dos controvertidas iniciativas legales, aún en tramitación, en el contexto de un gobierno de centroizquierda, el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, salió a dar explicaciones, teniendo en cuenta el enorme rechazo ciudadano, particularmente entre los votantes de la Nueva Mayoría.

Se trata de la denominada "ley mordaza" que sanciona filtraciones a la prensa de procesos judiciales, que aunque excluyó expresamente a los periodistas, sí contempla castigos para fiscales, abogados y otros funcionarios judiciales que sean descubiertos entregando información.
Me parece que hay que evitar de manera categórica cualquier efecto que esto pueda tener sobre la restricción al derecho a la libertad de información o a la libertad de prensa. Desde esa perspectiva es un tema que tenemos que examinar en detalle. No sé si habrá una comisión mixta, evidentemente hay etapas del proceso legislativo que aún están pendientes, pero creo que es un objetivo esencial a cautelar", aseguró el ministro Díaz,
"El rol de la prensa es demasiado importante como para ponerlo en riesgo. El derecho de los ciudadanos a estar informados es un derecho a mi juicio esencial. Forma parte del capítulo de los Derechos Humanos y, desde esa perspectiva, lo que tenemos que asegurar es que cualquier legislación que evacue el Parlamento, respecto de esta y otras materias, no ponga en riesgo esos derechos que son esenciales", insistió.
El vocero de La Moneda aseguró que la intención del gobierno es buscar un equilibrio entre el éxito de las investigaciones judiciales y la cautela de los derechos ciudadanos.
"Sin perjuicio que uno tenga, por ejemplo, en el caso de las investigaciones penales, que asegurar la prueba, la presunción de inocencia, es decir, hay que buscar los equilibrios que permitan que ningún derecho se vea afectado. Entiendo que algo se avanzó en esa dirección el día de ayer. Aún hay tiempo en el proceso legislativo, si es que se estimara conveniente hacer algunos ajustes. Hubo opiniones y un debate importante importante en el Senado el día de ayer. Me imagino que los diputados tendrán sus propias reflexiones al respecto", afirmó el secretario de Estado.
Respecto del control preventivo de identidad que se aprobó con los votos de senadores de la Nueva Mayoría, pero que debe volver a discusión en la Cámara de Diputados antes de eventualmente ser promulgado como ley, Díaz recordó sus opiniones en contra, en 2013, cuando un proyecto muy similar era conocido como la Ley Hinzpeter.
"Yo tengo trayectoria conocida y he tenido opinión respecto de estos temas. Sobre esta materia creo que es bueno que uno lo hable desde lo que ha sido su perspectiva. Tenemos que asegurar, porque la ciudadanía lo demanda, entregarle a la policía, a los fiscales, y a todas las instituciones que están a cargo del combate a la delincuencia, herramientas que permitan que ese combate sea efectivo", dijo.
"Pero hay que hacerlo siempre teniendo a la vista que eso no puede afectar los derechos de los ciudadanos. Hubo una división de opiniones ayer, probablemente en la Cámara ocurra lo mismo", sostuvo.
A_UNO_652041_297e4_816x544.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

:theclinic:

 

The New York Times hace eco de la “Ley mordaza”

 

The Clinic Online 07 Abril, 2016

“Fiscales y periodistas de investigación en Chile por hace más de un año han expuesto una intrincada red de financiamiento ilegal de campañas, sobornos y corrupción, incomodando grandes ejecutivos de negocios y políticos, incluyendo miembros del Congreso y de la familia presidencial”, cuenta el diario estadounidense.

 

169401_1_57044e7926555.jpg?d=700x407

 

La nueva ley antifiltraciones aprobada en el Senado -con algunas modificaciones- no sólo ha causado una fuerte polémica en Chile. El tema fue abordado en un reportaje del diario estadounidense The New York Times, a propósito de los escándalos de corrupción que han azotado al país.

 

“Mientras los casos de corrupción en Chile se multiplican, una “Ley Mordaza” indigna a los periodistas”. Ese fue el título con el que el diario internacional se hizo cargo de la polémica ley.

 

En la nota, el NY Times repasa los diversos casos de corrupción que han afectado al país, mencionando a Penta, SQM, Corpesca, Pablo Longueira, Natalia Compagnon, Laurence Golborne, Jorge Pizarro, entre otros.

 

“Fiscales y periodistas de investigación en Chile por hace más de un año han expuesto una intrincada red de financiamiento ilegal de campañas, sobornos y corrupción, incomodando grandes ejecutivos de negocios y políticos, incluyendo miembros del Congreso y de la familia presidencial”, cuenta el diario estadounidense.

 

“Las revelaciones (…) llevaron al Senado esta semana a aprobar una ley que podría, entre otras cosas, castigar a cualquier que haga pública información sobre investigaciones judiciales en curso, hasta con 541 días de cárcel”, indicó el NYT.

 

“Los periodistas la llamaron una “ley mordaza” que podría restringir la libertad de expresión en un momento en que la élite que controla al país está siendo avergonzada”.

 

Sobre los casos de corrupción, además de mencionar a Penta como uno de los financistas de la UDI, también hace hincapié en SQM, “el gigante de la minería (…) privatizada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que fue vendido al exyerno del dictador, Julio Ponce Lerou. (…) Los investigadores descubrieron que SQM por años han financiado campañas políticas, incluyendo a la Nueva Mayoría, la coalición ahora en el poder”.

 

Además de los casos de los políticos mencionados, el NYT hace eco de los chilenos involucrados en Panama Papers, como Agustín Edwards, Hernán Büchi, Alfredo Ovalle, Iván Zamorano, y Gonzalo Delaveau.

 

“Los detalles de estos escándalos y sus ramificaciones, que aparecen casi a diario, se han convertido en un tema caliente en Chile, aumentado las dudas del sistema político y los líderes del país”, remató la publicación.

 

 

Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/04/07/new-york-times/

Share this post


Link to post
Share on other sites

:biobio:
 
Miércoles 6 abril de 2016 | Publicado a las 12:25 · Actualizado a las 12:55

Alejandro Guillier por “Ley Mordaza”: Ejerce un efecto inhibitorio al entregar información

 

Publicado por Piangella Obrador

Con 29 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado aprobó las modificaciones a la denominada “Ley Mordaza” que castiga a quienes filtren información relevante de algún proceso judicial.
 
alejandro-guillier.jpg
Archivo | Sebastián Rodríguez | Agencia Uno

Con 29 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado aprobó las modificaciones a la denominada “Ley Mordaza” que castiga a quienes filtren información relevante de algún proceso judicial.
 
Estos cambios que acaban de ser aprobados, dejan exento de penas a los periodistas y agrega multas para quienes no cumplan con la disposición.
 
Lee también: Senado aprueba la “Ley Mordaza”: nueva redacción excluye a la prensa y agrega multas
 
En conversación con Expreso Bío Bío, el senador Alejandro Guillier señaló sobre la ley de filtraciones que en muchos casos los fiscales se quejan cuando se revelan temas importantes en su investigación, por lo que había que poner un punto a eso.
 
“Pero como muchas normas que se modifican tienen consecuencias que no estaban en la cabeza del legislador, que tienen que ver con la libertad de expresión porque termina tocando el ejercicio del periodismo de una manera importante y es que no podía criminalizarse al periodista por difundir una información vía filtración”, dijo.
 
Además, señaló que esta ley toca el acceso a la fuente. “Cuando tú generas normas nuevas que amplía el radio de personas que están impedidas de difundir información en caso que un fiscal decrete secreto, incluso personas que no están en las leyes actuales y además le agregas el ítem pena de cárcel, tú estás ejerciendo un efecto inhibitorio en la disposición de entregar información”, señaló.
 
Y agregó que “no es lo mismo difundir una información o filtrarla para destruir una investigación, que para destrabar una investigación de gente que tiene poder, la quiere bloquear para que no se sepa la verdad”, precisó.
 
El legislador señaló que hay que buscar una redacción más fina y tener tiempo para conversar más sobre esta ley que puede ser perjudicialmente dañina para la libertad de expresión.
 
“Nadie sopesó las consecuencias que esto tenía para la libertad de expresión, quiero creer eso que cuando uno está legislando, uno también trata de llegar a acuerdos”, señaló.
 
Escucha la entrevista completa realizada por Rayén Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío:
 
 
 
Fuente: http://www.biobiochile.cl/2016/04/06/alejandro-guillier-por-ley-mordaza-ejerce-un-efecto-inhibitorio-al-entregar-informacion.shtml

Share this post


Link to post
Share on other sites

:elmostrador:

 

En proyecto de Ley Antiterrorista paralelo al del Gobierno

 

Otra “Ley Mordaza” se estudia en la Cámara: cárcel y multas para fuentes y directores de medios que filtren información

 

por Jorge Arellano y Alejandra Carmona 11 abril 2016

 

 

Una iniciativa relativa a fortalecer las investigaciones de delitos terroristas establece, en uno de sus artículos, el presidio menor en su grado medio a máximo a quienes proporcionen o difundan antecedentes de las diligencias de la investigación que tendrían carácter reservado. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general la propuesta de ley, impulsada por parlamentarios de la oposición.

 

A_UNO_631775_703b7_816x544.jpg

 

Solo 24 horas después de que el martes pasado la Sala del Senado aprobara el polémico artículo, en el marco de la agenda corta antidelincuencia, que endurece las penas para los intervinientes que vulneren el secreto de una investigación, los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaron la idea de legislar una norma aún más restrictiva. En el marco de la moción parlamentaria que apunta a fortalecer la indagación de delitos terroristas y aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad, se plantea incluso la pena de cárcel para los directores de medios de comunicación que filtren información.

 

Con votos tanto del oficialismo como de Chile Vamos, el miércoles 6 de abril se aprobó en general –en la instancia legislativa ad hoc– la referida moción impulsada por parlamentarios de la oposición y que había ingresado el 17 de diciembre pasado. El voto en contra del diputado comunista Hugo Gutiérrez –quien reemplazó en la Comisión a la titular Karol Cariola– no fue suficiente para impedir que, entre otros puntos, se aprobara la idea de discutir sobre el duro artículo 3.

 

“Las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice. La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, señala el apartado del texto que fue patrocinado por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la diputada Claudia Nogueira (UDI).

 

El proyecto apunta directamente a los medios de comunicación, por lo que es aún más incisivo que la enmienda de la agenda corta que finalmente fue modificada y terminó dirigiendo la ofensiva hacia las fuentes de la información.

Asimismo, esta iniciativa legal tiene penas mayores que la iniciativa despachada por la Cámara Alta –que apuntó a funcionarios públicos que participen en la investigación, personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por la Fiscalía o por una orden del tribunal, y los intervinientes del proceso penal– a quienes violen el secreto, ya que establece el presidio menor en su grado mínimo para estos.

 

 

Diputados se justifican

 

Varios de los parlamentarios que votaron la idea de legislar el proyecto explicaron a El Mostrador por qué respaldaron la iniciativa legal. Sin embargo, algunos apuntaron al desconocimiento del detalle de la iniciativa o al hecho de que en la votación en particular podrían rechazar alguno de los artículos que pudieran generar controversia.

 

El actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Daniel Farkas (PPD), manifestó la necesidad de ciertas atribuciones especiales en los casos de terrorismo, no obstante lo cual sostuvo que buscará modificar el artículo 3°.

 

“Aprobar la idea de legislar en ningún caso es una carta blanca para que cada uno de los artículos que están estipulados en dicho proyecto sean aprobados. Es más, pueden ser modificados radicalmente. En particular, el artículo 3° yo creo que tenemos que mirarlo con cuidado y que (respecto de) la redacción no me cabe ninguna duda que vamos a buscar una que sea diferente, que recoja lo que están pidiendo los fiscales, pero que equilibre y que en ningún caso tenga ese tipo de sanciones. Creo que hay que entregarles facultades a los fiscales para este tipo de delitos y garantizar la reserva, pero ver cómo compatibilizarlo con otros valores importantes que también están expuestos”, dijo Farcas.

 

 

“… En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, señala el apartado del texto que fue patrocinado por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la diputada Claudia Nogueira (UDI).

 

 

Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) aseguró que durante la votación del miércoles él no se encontraba en la Comisión, ya que tenía a esa hora agendada una reunión con organizaciones sociales, por lo que no tuvo opción para rechazar la moción. “Ese articulado sufrió reparos por las propias policías, por el Ministerio Público, y todos entendíamos que era una norma más vulneratoria de las libertades de información y de prensa que la misma indicación que se le ha denominado ‘mordaza’ o ‘filtraciones’ de Ley Antidelincuencia, establece incluso penas más altas y específicas hacia los que dirigen medios de prensa, por lo tanto, es un retroceso gigantesco respecto de todo el debate que ha existido en el último tiempo y, sin duda, es una indicación que no debiera ser aprobada”.

 

El diputado Arturo Squella (UDI) señaló que cree que el artículo 3° merece revisión, pero que votó a favor del proyecto pensando que “hoy día es importante que los fiscales y quienes estén investigando puedan tener la posibilidad excepcionalmente de mantener la investigación en reserva por un tiempo, cuando lo amerita, y la puedan resguardar”.

 

El único voto en contra fue el de Hugo Gutiérrez, quien tuvo duras palabras para los objetivos que busca la moción. “Aquí lo central debió haber sido la defensa del principio de publicidad, más allá de la libertad de prensa. En la actuación de todos los órganos del Estado la publicidad debe ser la regla; y el secreto, la excepción. La élite política desea blindar su posición de falsa pulcritud, lesionando este principio fundamental”, señaló Gutiérrez, al tiempo que lanzó más dardos al proyecto:

 

“¿Cuántas veces han salido en televisión los nombres, rostros e información de involucrados e ilícitos que provienen de comunas vulnerables? ¿En esos casos nadie se acuerda del principio de inocencia y protección a la honra?”, se preguntó.

 

 

Proyecto paralelo y artículos polémicos

 

El proyecto al que se le da el visto bueno para ser discutido en particular, fue además aprobado el mismo día en que el ministro del Interior, Jorge Burgos, anunció en La Tercera que el Ejecutivo pondría urgencia a la iniciativa legal que modifica la Ley Antiterrorista, texto que ingresó al Congreso en 2014 y que se encuentra alojado en el Senado.

 

Varios parlamentarios explicaron que parte del espíritu de la propuesta de ley impulsada por los diputados de la oposición apuntaba a instalar una presión sobre La Moneda para que apurara la iniciativa legal sobre la temática que había quedada dormida en el Congreso, sin las aplicaciones de las urgencias necesarias. Sin embargo, algunos cuestionan el hecho de que no tenía ningún sentido “duplicar el trabajo legislativo”, más aún cuando en el Senado se expresaron las posiciones de la Comisión Antiterrorista que ya había trabajado en la Cámara Baja.

 

El 9 de marzo pasado, en una de las sesiones dedicadas a discutir sobre el proyecto, participó la asesora en temas de Seguridad y Terrorismo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Nelly Salvo, quien indicó –según consignan las actas de la instancia– que la voluntad de Jorge Burgos era tramitar con celeridad la Ley Antiterrorista, considerando las demás iniciativas que puedan servir de complemento o aporte.

 

Además, indicó entonces que la demora en presentar indicaciones se debe a que la prioridad ha estado centrada en la tramitación de la denominada “Ley de Agenda Corta”, tras lo cual se espera avanzar en la “Ley Antiterrorista”, teniendo en cuenta las indicaciones tanto del Ejecutivo como aquellas emanadas de los parlamentarios.

 

En la sesión del miércoles 6 de abril de la Comisión de Seguridad expusieron sobre el proyecto el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, entre otros, quienes plantearon sus reparos por ciertos aspectos de la iniciativa, la que finalmente igual fue aprobada casi por unanimidad.

 

Cuando el proyecto fue ingresado, los parlamentarios presentaron, entre sus argumentos, la necesidad de dotar al Ministerio Público de herramientas investigativas y probatorias, en pos de una institucionalidad que permita hacer frente al fenómeno.

 

En ese contexto, otro de los artículos que podría generar controversia dice relación con la opción de que el persecutor pueda autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos o para que determinados informantes de dichos servicios actúen como tales.

 

Específicamente, el artículo 4° del proyecto aprobado en general señala al respecto: "Para llevar a cabo su cometido, el Fiscal designado podrá hacer uso de todos los mecanismos investigativos y medios de prueba que disponga el Código Procesal Penal y las leyes 18.314 y 12.927, independiente del cuerpo legal por el cual se formalice en definitiva a quienes resulten imputados. Asimismo, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos, y a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en tal calidad”.

 

 

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/11/otra-ley-mordaza-se-estudia-en-la-camara-carcel-y-multas-para-fuentes-y-directores-de-medios-que-filtren-informacion/

Share this post


Link to post
Share on other sites

T13

14:38 hrs. Lunes 11, Abril 2016

 

 

Gobierno descarta respaldo a proyecto que busca sancionar a medios que filtren información

 

Ministro del Interior remarcó que norma de diputados de oposición y aprobada por comisión de Seguridad de la Cámara "no está en el proyecto del Ejecutivo".

 

http://www.t13.cl/noticia/politica/gobierno-descarta-respaldo-proyecto-busca-sancionar-medios-filtren-informacion

Share this post


Link to post
Share on other sites

:publimetro:

Lunes 11 de Abril de 2016

 

 

 

Vocero de Gobierno no descarta nuevas modificaciones a "Ley Mordaza"

 

 

 

La polémica norma, aprobada este martes en el Senado, busca impedir la filtración de antecedentes de investigaciones judiciales.

 

 

Este miércoles el ministro secretario general de Gobierno Marcelo Díaz aseguró en rueda de prensa que existe la posibilidad que el ejecutivo presente nuevas modificaciones a la denominada "Ley Mordaza" una vez ingrese esta a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el vocero aseguró "hay que evitar de manera absoluta y categórica cualquier efecto que esto tuviese sobre la restricción al derecho a la libertad de información o la libertad de prensa y, desde esa perspectiva, creo que es un tema que tenemos que examinar con detalle".
Luego de ser aprobada durante la semana pasada en el Senado, las críticas de diversos sectores a la norma antifiltración impulsaron que la misma fuera cambiada en reuniones entre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la ministra de Justicia Javiera Blanco y legisladores de la Comisión de Constitución. Este martes la Cámara Alta ratificó con amplia mayoría estas modificaciones y despachó el trámite a la Cámara de Diputados.
Sobre el futuro de la norma y un posible desenlace en comisión mixta, Díaz indicó que "evidentemente hay momentos del proceso legislativo que aún están pendientes, pero yo creo que ese es un objetivo esencial a cautelar. El rol de la prensa es demasiado importante como para ponerlo en riesgo".
"Lo que tenemos que asegurar es que cualquier legislación que evacue el parlamento respecto de esta u otras materias no pongan en riesgo esos derechos que son esenciales", afirmó.
Finalmente, el vocero de Gobierno respaldó la discusión e indicó que esta debe "buscar un equilibrio que permita que ningún derecho se vea afectado y entiendo que algo se avanzó en el Senado el día de ayer y aún hay tiempo en el proceso legislativo si es que se estimara conveniente hacer algunos ajustes".ç
A_UNO_652039.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×