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Arturo

POLÍTICA | Indicación del gobierno permite a partidos tener acciones de sociedades anónimas

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Indicación del gobierno permite a partidos tener acciones de sociedades anónimas
Comisión de Constitución analizó ayer enmiendas del Ejecutivo a proyecto que modifica actual ley que rige a las colectividades.

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La Comisión de Constitución de la Cámara comenzó ayer a discutir las indicaciones que presentó el gobierno -en el marco de la Ley de Partidos Políticos- para regular el patrimonio de las colectividades.

Las enmiendas se volvieron necesarias a raíz de un problema que surgió durante la tramitación de la agenda de probidad y transparencia: además de transformar a los partidos en entidades de derecho público, junto con otorgarles financiamiento del Estado, se les prohibirá recibir aportes de personas jurídicas. La complicación se genera con los recursos que poseen algunas colectividades en el mercado de valores y en bienes inmuebles, ya que, al prohibirse que reciban aportes de personas jurídicas, tampoco podrían obtener dividendos de esas inversiones.

Buscando resolver esto, el Ejecutivo propuso -a través de sus indicaciones- que los partidos puedan “ser titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones financieras”.

El texto establece también que, cuando el valor de estos sea superior a UF 25 mil (alrededor de $640 millones), los partidos deberán constituir un mandato especial de administración.

El permitir este tipo de inversiones se contrapone a lo dispuesto originalmente por el gobierno. En una minuta que la Segpres había socializado a mediados de agosto, se planteaba específicamente que las colectividades podrán invertir únicamente en instrumentos de renta fija y fondos mutuos, y que “no pueden tener directamente acciones de empresas ni derivados financieros”.

Así, el cambio en las indicaciones que se discutieron ayer fue criticado por los diputados, que pidieron al ministro Nicolás Eyzaguirre corregir las enmiendas, por lo que debería llegar con una nueva propuesta hoy.

“Se pidió al gobierno que tuviera una mirada más restrictiva. Me sorprendió que los partidos pudieran colocar su patirmonio en instrumentos de renta variable, como sociedades anónimas abiertas, ya que desde el principio se dijo que no era conveniente, porque se vincula el interéres del partido con el de la Sociedad Anónima”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto (PS).

El diputado añadió que “se puede dar el caso de que el fiscalizador de la Sociedad Anónima en cuestión pueda ser militante del mismo partido, y eso es un conflicto de interés”.

El DC Fuad Chahín coincidió: “El proyecto no resguara los conflictos de interés y tampoco queda claro que se pudiera cerrar la puerta a un financiamiento encubierto”.

Desde el PPD, Daniel Farcas señaló que “es muy inadecuado que después de todo lo que hemos instalado como lógica de la Comisión de Constitución, de establecer una muralla china entre los negocios y la política, se pudieran generar las condiciones para que los partidos invirtieran en aspectos que tuvieran relación con el mundo inmobiliario, con el mundo de las empresas”.

“Le exigimos al gobierno que, de una vez por todas, transparente cuál es su verdadera opinión y qué fondos son los que quieren que se permita invertir. ¿Qué partidos políticos son los que tienen dineros que les permiten invertir en inmobiliarias o rentas de capital?”, agregó el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

Inmuebles
Las indicaciones del gobierno plantean también que “los bienes inmuebles sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal deberán destinarse total o mayoritariamente a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley”. Es decir, actividades propias de las colectividades, tales como colaborar con las labores de sus parlamentarios o contribuir con la formación política de ciudadanos, entre otros.

El punto también fue cuestionado por Chahín, quien acusó una “distorsión” por el hecho de que un partido pueda tener acciones de sociedades anónimas, pero no arrendar sus propias propiedades para financiar la actividad partidaria.

www.latercera.com

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