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Arturo

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL | Salud revalúa modelo de concesiones como opción para el próximo gobierno

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Salud revalúa modelo de concesiones como opción para el próximo gobierno
La ministra Castillo, en su defensa a la acusación constitucional, planteó que "no es necesariamente mejor" el modelo estatal o el privado. Dijo que está evaluando la calidad y eficiencia de los cinco recintos externalizados, como fórmula para la próxima administración.

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“No es necesariamente mejor construir mediante la modalidad de concesión o que el Estado lo haga. Lo que le importa a la comunidad es que exista un hospital, y la autoridad deberá resolver caso a caso cuál es la mejor manera de proveerlo”, plantea el escrito de defensa de la Ministra de Salud, Carmen Castillo, que busca rebatir los fundamentos de la acusación constitucional presentada en su contra.

El documento, de 114 páginas, formula reparos a los postulados de la oposición, y aborda, entre varios ítemes, los plazos de la Ley Ricarte Soto, el cumplimiento del Auge y la ejecución presupuestaria. Y sobre la inversión en infraestructura y la conveniencia de externalizar las obras, afirma que “nuestro foco debe estar en las personas y en cómo podamos proveerles el mejor servicio posible con los recursos disponibles. Para ello no existe una sola receta”.

Se añade, además, que el ministerio está revisando la experiencia de los recintos desarrollados bajo el modelo público-privado. “Esperamos evaluar en un plazo prudente los cinco hospitales que ya están concesionados, teniendo en mente la mejor calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad”.

Al respecto, Castillo dijo ayer que en el sector hospitalario “siempre hemos tenido concesiones en observación, no existe esa limitación”. Agregó que se busca “no cerrarnos a la posibilidad, pero tenemos claro que durante este gobierno no es posible iniciar una concesión, dado que al menos demora 18 meses iniciar procesos y estaríamos terminando”.

Las conclusiones que se sacarán de los que ya existen, explicó, servirá a la próxima administración. “La parte hospitalaria y construcción de atención primaria nos obliga a pensar en una fórmula que quede para el próximo gobierno” y que por ahora “estamos trabajando con el sistema tradicional”.

Tras conocer la postura de Salud, el gerente de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Piaggio, enfatizó que “primó la sensatez, y esto demuestra que había una discusión más bien ideológica y no más bien orientadas a obtener soluciones más concretas”.

Piaggo, planteó también que “para las personas es indiferente si el hospital se hace vía concesión o fondos públicos. Lo que busca la gente es tener una infraestructura de calidad y por eso celebramos y estamos muy de acuerdo con lo expresado por la ministra, en términos de que no se cierra a reimpulsar o restudiar el sistema de concesiones para infraestructura hospitalaria”.

Defensa de la acusación
Flanqueada por los ministros de la Secretaria General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y el vocero, Marcelo Díaz, Castillo negó faltas a la Carta Fundamental y a las leyes. Mientras, su abogado, Javier Couso, defendió su gestión y argumentó una inadmisibilidad jurídica de la acusación, criticando “falta de conocimiento” en el uso de la herramienta y su redacción, “a la rápida”. “Esta acusación carece de un mínimo estándar de fundamentación y con ello viola la Constitución”. Precisó, además, que “no puede ser admitida, no cumple los requisitos formales que exige la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y vulnera los principios del debido proceso”.

Entre los cuestionamientos de fondo, Salud informó que el endeudamiento responde, en parte, al Auge y al alza en el precio de los medicamentos y que se logrará llegar al 85% de la ejecución presupuestaria.

La diputada independiente Karla Rubilar sostuvo que los argumentos de la defensa para “ningunear” la acusación fueron “básicos”.
El presidente de la instancia, Lautaro Carmona (PC), en cambio, dijo que “el abogado se refirió jurídicamente y en detalle a cada uno de los capítulos y eso ayuda a tomar decisiones”.

Castillo, planteó que lo spuntos de defensa fueron “de gran potencia” y que “para nosotros no hay sustento” para continuar con la acusación.

Ahora, la comisión tiene seis días para elaborar el informe que debe votar la Cámara.

www.latercera.com

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