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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/322800-caso-sqm-fiscal-gomez-reformalizar-al-senador-jorge-pizarro-y-al-ex-asesor-de-meo/?hl=%2Bcaso&do=findComment&comment=22799971 http://foros.fotech.cl/topic/321810-proclamado-l-pinera-pinera-acusa-debilidad-y-ambiguedad-del-gobierno-por-retiro-de-ley-antiterrorista-a-comuneros-en-huelga-pagina-11/?p=22785641 02 Octubre 2017 SQM: Piñera reconoce vínculo con María Inés Alliende y dice que facturas fueron aprobadas por Servel La profesional declaró ante las fiscales del caso SQM Paola Castiglione y Carmen Gloria Segura haber omitido una boleta a la minera no metálica para pagar el servicio prestado por la productora Pandemia Producciones Limitada. El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reconoció tener nexos con la periodista y empresaria María Inés Alliende: "(Ella) trabajó para nuestra campaña y eso está reconocido", pero aclaró que "las facturas que nos presentó a nosotros fueron informadas, registradas y aprobadas por el Servel". La profesional declaró ante las fiscales del caso SQM Paola Castiglione y Carmen Gloria Segura haber omitido una boleta a la minera no metálica para pagar el servicio prestado por la productora Pandemia Producciones Limitada. "Como productora hicimos algunas actividades para el candidato presidencial Sebastián Piñera tanto para la campaña entre la primera y segunda vuelta de fines del año 2009 y principios del 2010, como para algunas actividades del cambio de mando", indicó el ex mandatario en radios ADN, Concierto, Futuro y Rock & Pop. "Nuestra campaña se ajustó a la ley (...) El Mercurio lo que hace es reproducir lo que dice una persona (...) pero no porque lo reproduzca un medio, eso pasa a ser verdad", remató Piñera. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/02/sqm-pinera-reconoce-vinculo-con-maria-ines-alliende-y-dice-que-facturas-fueron-aprobadas-por-servel/
  2. 08 Sptiembre 2017 Los cuestionamientos a la gestión del Servicio Nacional del Adulto Mayor Como en el Sename: el vínculo DC con el servicio que supervisaba el hogar donde murieron 31 ancianos en menos de un año Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, al nombrar a un nuevo director en abril del año pasado se mantuvo el criterio de nominar a un militante de la Democracia Cristiana, aunque fuera el responsable directo del programa que presentó serias fallas, expresadas en estos fallecimientos que exceden el promedio del resto de los operadores a lo largo del país. Mientras, la directora anterior, del mismo partido y que firmó el convenio con una entidad que desapareció del mapa, hoy es candidata a diputada en la zona de La Araucanía. “Estoy seguro que será una excelente oportunidad para disfrutar en un entorno distinto de los 15 años de nuestro servicio”, así termina la invitación extendida por Rubén Valenzuela Fuica, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) a los funcionarios de la dirección central para la fiesta que hoy, desde las 9:00 horas, la repartición programó en el Resort Rosa Agustina en Olmué, donde un paquete para pasar el día cuesta $48.900 pesos, sin incluir los traslados desde Santiago. Valenzuela Fuica es sociólogo de la Universidad de Chile y militante de la Democracia Cristiana, que ha transitado de la facción conocida como los “chascones” hacia la que se identifica dentro del partido como los “colorines”, en su caso, cercano al diputado y candidato a senador por La Araucanía, Fuad Chahin. Igual que la anterior directora del Senama, Rayén Inglés, que por estos días hace campaña para convertirse en diputada por la provincia de Malleco, acompañada de Chahin. Teniendo en cuenta el contexto de los últimos acontecimientos, en el Senama, que está de aniversario, no hay mucho que celebrar. Un informe de la Contraloría, fechado en febrero de este año, concluyó que en poco menos de 12 meses, entre 2015 y 2016, 31 ancianos murieron en el hogar Cordillera de Los Andes, de Puente Alto, que opera bajo la administración de un gestor privado, actualmente la Fundación La Familia de María, pero cuando ocurrieron los hechos estaba a cargo, mediante un convenio con el Estado, la fundación Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (Amsca), una entidad sobre la que actualmente no existe prácticamente rastro alguno. No hay teléfono ni página web, y la última sede registrada corresponde a un inmueble en Rancagua. Su director, Antonio Lepe, consultado por El Mercurio, rechazó todas las acusaciones hechas por el Senama en relación con la responsabilidad en los fallecimientos. Además de estas personas muertas, no están disponibles las fichas clínicas. Todas se extraviaron. Cabe destacar que el hogar es el más grande del país en su tipo, con capacidad para 98 personas yen el que, durante el período cuestionado, vivieron en promedio 82 personas. Parálisis burocrática El convenio entre Amsca y el Senama comenzó a regir el 1 de julio de 2015, pero se aprobó el 15 de junio. A través de este, el administrador privado recibió desde el Estado, en tres cuotas, un total de $517.448.676. De esta cifra, la Contraloría cuestiona el uso de $117 millones y fracción. Entre ellos, más de $14 millones detallados como “almuerzo de los funcionarios” y el arriendo de un chofer. En el verano de 2016, el Senama, recibió denuncias sobre el pésimo estado de los residentes en el hogar. En enero del mismo año se hizo una supervisión de emergencia a partir de fotografías de tres ancianos con lesiones. Después de la inspección, el Servicio Nacional del Adulto Mayor “sugirió” al operador definir con mayor claridad el rol de los enfermeros y la directora técnica en “asuntos médico legales”. En efecto, según determinó la supervisión, no existía un registro fidedigno de las fichas clínicas de los residentes, como tampoco de las personas fallecidas. Semanas después, a raíz de la muerte de una mujer residente, el 17 de febrero de 2016, personal del Senama vuelve a concurrir al hogar ubicado en calle Santa Rosa 637 de la comuna al sur oriente de Santiago. En esta inspección consignaron que había, entre otras cosas, falta de cuidadores, basura clínica en contenedores abiertos, falta de aseo y mantención en general, además de ningún protocolo detallado para caídas o accidentes. El 10 de marzo de 2016 hubo una tercera visita, y nada cambió. El personal del Senama percibió, en el lugar donde habitan los residentes, un fuerte olor a orina y deposiciones. Asimismo, observó que los adultos mayores no estaban mudados y el personal a cargo no era el apropiado, porque estaba en gran parte constituido por alumnos en práctica. El 26 de abril asume Valenzuela como director del servicio. Entre las medidas que adopta, está presentar una denuncia por posibles delitos en la Fiscalía Local de Puente Alto, terminar anticipadamente el contrato con Amsca, buscar otro operador para la residencia y el inicio de un sumario administrativo al interior del servicio. Pero lo que parece a simple vista una gestión eficiente ante la dramática situación que queda en evidencia, es en buena medida un conjunto de medidas tomadas a destiempo. Rubén Valenzuela, mientras ocurrían estos hechos, era el jefe de la división a cargo del programa que controla los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), del cual dependía el recinto de Puente Alto. En efecto, uno de los hechos que consigna el documento es que, a través de un oficio del 15 de diciembre de 2015, la Coordinadora Regional del Senama informa a la dirección nacional, encabezada por Rayén Inglés, de todas las irregularidades en la residencia, como por ejemplo las serias deficiencias en la alimentación de los ancianos, algunos en evidente estado de desnutrición y sin las sondas que requieren para alimentarse. Pero con todas las observaciones, descritas incluso por el propio personal del servicio, el convenio entre Senama y Amsca concluye recién el 30 de mayo de 2016, poco menos de dos meses antes de que se cumpliera el plazo estipulado por contrato de 12 meses. “Sí, yo era jefe de división de Gestión Territorial, donde están todos los programas de participación y cuidado, incluyendo estos programas. Pero los programas de Elam no estaban en la práctica a mi cargo”, asegura Valenzuela. El director afirma que la primera noticia de irregularidades llegó en un “memo” en diciembre de 2015, el oficio que está detallado en el informe de Contraloría, pero que ese no es el instrumento oficial para terminar un contrato, sino otro tipo de informes de operación, de los prestadores privados. “Los informes se entregan periódicamente y hasta ese momento, los informes de la coordinación metropolitana no mostraban irregularidades. Si nosotros tenemos dos informes negativos terminamos el convenio inmediatamente. Todos los programas son distintos y tienen su propia guía de operación y en este caso los informes de la coordinación regional no indicaban que hubiera problemas, solo un memo que no es el instrumento oficial”, afirma Valenzuela. Por eso, entonces, el convenio solo cesó formalmente en mayo de 2016. El yerno de Rincón a cargo de los sumarios Desde el interior del servicio reclaman que los sumarios administrativos no han tenido ningún avance al cabo de estos meses. Tanto el ordenado por el propio servicio, a comienzos de 2016, como el que pidió Contraloría en su informe fechado en febrero de 2017. Lo cierto es que aun cuando había certeza de las irregularidades, el director reconoce que el convenio por más de 500 millones se pagó en las cuatro cuotas correspondientes, a razón de $450 mil pesos por adulto mayor aproximadamente. Además, estos operadores privados están facultados para disponer del 85% del monto de las pensiones de los residentes. El destino de este monto también está cuestionado por Contraloría. Según enfatiza Rubén Valenzuela, de los 117 millones cuestionados del convenio con Amsca, “se han recuperado poco más de 40, por eso hemos puesto los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado”. Lo que ocurre con la primera investigación administrativa interna, es para algunos la prueba de cómo influye la filiación política del personal en el funcionamiento del servicio. El encargado de instruirlo es el sociólogo Felipe Díaz Rain, casado con Valentina Latorre Rincón, hija de la ex ministra Ximena Rincón y del ex diputado Juan Carlos Latorre, poderosos militantes de la Democracia Cristiana, el mismo partido de Rayén Inglés, que fue la directora mientras se firmó el convenio con Amsca. Tampoco desde el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Marcos Barraza (PC), se tuvo en cuenta, al nombrar al nuevo director, que Valenzuela era el responsable último del programa bajo el cual operaba el recinto de Puente Alto. Otra prueba –según fuentes al interior del servicio– de que la institución es un fiel reflejo del cuoteo político al interior de servicios públicos. Rubén Valenzuela, explica que los sumarios no tengan avance, en el hecho de que “los procedimientos llevan su propia investigación porque son materias que hay que ir definiendo. Estamos persiguiendo un tema delictivo y también las responsabilidades administrativas”, aclara. Dinero sin rastro El operador del hogar Cordillera de Los Andes, antes de Amsca, era el Hogar de Cristo, pero de acuerdo a Valenzuela, en 2015 la organización no quiso seguir haciéndose cargo del recinto y la licitación fue declarada desierta, por falta de interés. Por eso, el escogido fue Amsca. “El Hogar de Cristo no quiso seguir con el convenio, claramente tenía una ventaja por sobre Amsca. Pero el servicio, por otro lado, no tiene la capacidad de administrarlo directamente”, precisa. Lo cierto es que aun cuando había certeza de las irregularidades, el director reconoce que el convenio por más de 500 millones se pagó en las cuatro cuotas correspondientes, a razón de $450 mil pesos por adulto mayor aproximadamente. Además, estos operadores privados están facultados para disponer del 85% del monto de las pensiones de los residentes. El destino de este monto también está cuestionado por Contraloría. Según enfatiza Rubén Valenzuela, de los 117 millones cuestionados del convenio con Amsca, “se han recuperado poco más de 40, por eso hemos puesto los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado”. El organismo encargado de cautelar el dinero fiscal, presentó una demanda contra Amsca. Precisamente sobre la entrega de recursos fiscales a esta entidad privada, la Contraloría estableció lo siguiente: “El SENAMA no exigió al operador AMSCA, en ninguna de las transferencias de recursos efectuadas durante el 2015, la entrega del comprobante de ingreso que dé cuenta de la recepción de los fondos por parte del operador, situación que fue ratificada mediante correo electrónico del auditor interno del servicio el 14 de septiembre de 2016, señalando expresamente que 'Comprobantes de ingreso no tenemos; en el anexo N° 1 el ejecutor indica los montos recibidos de SENAMA y ahí se lleva el control de estos'", consigna el informe. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/08/como-en-el-sename-el-vinculo-dc-con-el-servicio-que-supervisaba-el-hogar-donde-murieron-31-ancianos-en-menos-de-un-ano/
  3. 02 Diciembre 2016 Rol de algunos de ellos en investigación del Caso Cascadas despertó curiosidades Los "guatones" de la DC y el vínculo embrional con SQM que revelan las carpetas de la investigación del Ministerio Público Roberto León, Gabriel Silber, Marcelo Rozas, Jorge Pizarro y Carlos Tudela son todos del sector que lidera Gutenberg Martínez. Tienen, directa o indirectamente, vínculos con la minera que aún controla Julio Ponce Lerou. Los dos primeros –junto a los diputados Ricardo Rincón y Fuad Chahin– impulsaron la comisión investigadora del Caso Cascadas, donde focalizaron su acción contra Piñera y la investigación de la SVS que sancionó al ex yerno de Augusto Pinochet. Boletas de hijos, parejas, rectificaciones ante el SII y un abordaje acotado de la Comisión de Ética de la Cámara, figuran entre los hechos que incomodan al partido que preside Carolina Goic. “León es uno de los que ha insistido”, comentaba un reconocido diputado DC a fines de 2013, en los meses previos a que se presentara en la Sala de la Cámara Baja el proyecto para constituir la comisión investigadora a propósito del escándalo que había estallado en septiembre del señalado año, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra el controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, y su círculo cercano, por operaciones en bolsa que les habrían generado ganancias personales a ellos y perjuicios a los minoritarios de las sociedades que conforman la cadena de control de la minera no metálica. Era León el más insistente y Jorge Burgos, diputado entonces, quien influía en la bancada DC para sopesar con más tiempo la decisión de involucrarse directamente en el caso. Las revelaciones posteriores de boletas por servicios no justificados a SQM que involucraban al hijo homónimo de Roberto León, Roberto León Araya (formalizado por delitos tributarios el 31 de agosto pasado), abrieron las primeras sospechas sobre los vínculos existentes entre distintos personeros DC con Ponce y, en particular, refrendados por el activo rol que tuvieron algunos parlamentarios de ese partido en la comisión investigadora. Esa comisión apuntaba –más que al rol de Ponce en el escándalo y sus vínculos políticos– a la influencia que pudo tener Sebastián Piñera (en ese momento Presidente de la República) en la investigación de la SVS y, de manera puntual, por la venta que hizo de sus acciones de las Cascada en 2008, justamente a Ponce y que no fueron parte de las operaciones cuestionadas por la entidad fiscalizadora. A León se suma el diputado Gabriel Silber, también guatón, y Ricardo Rincón, que, sin pertenecer a ese sector, siguió la misma línea de conducta. A este grupo se suman los vínculos con SQM del ex embajador Marcelo Rozas –asesor por más de dos décadas de dicha compañía–, el lobbista Carlos Tudela y las asesorías verbales de los hijos del ex presidente de la DC, Jorge Pizarro –también 'guatón'– a la misma empresa. La investigación que ha venido realizando el Ministerio Público por el financiamiento de la política realizado por SQM ha puesto en incómoda posición a distintos personeros de ese partido, en particular a León y otro ‘guatón’, Pizarro, cuyos hijos emitieron boletas desde una sociedad formada por ellos, Ventus, por asesorías “verbales”. De hecho, el caso terminó provocando en mayo de 2015 el anuncio del hijo del senador de la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro Cristi, de renunciar a la vicepresidencia ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, rol que había asumido en marzo de 2014. León ante la Comisión de Ética Pero es quizás León el más cuestionado por su vínculo con SQM, debido principalmente a su rol inicial en la comisión investigadora y por las boletas, por un total de $ 157 millones, que su hijo emitió entre 2009 y 2014 a la compañía a cambio de servicios entregados indirectamente y en forma verbal a través de otro ‘guatón’, el ex embajador y antiguo operador político de su partido, Marcelo Rozas. En medio de estos cuestionamientos, el propio León concurrió en forma voluntaria ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, donde pidió revisar su caso y comprometió la entrega de todos los antecedentes, incluidas las boletas de su hijo ante SQM. León pidió por escrito a dicha instancia, en marzo de 2015, que revisaran su caso, apuntando a la necesidad de revertir la sensación mediática de que su actuación en la Comisión Cascada estaría ligada a los trabajos de su hijo a la minera no metálica. Asegurando que buscaba aclarar las cosas y que no tenía nada que ocultar, León se presentó ante la comisión que integran otros parlamentarios, recibiendo los cuestionamientos de legisladores respecto de si correspondía acudir a dicha instancia. En ella León se quejó del trato que ha recibido de los medios, dijo sentirse acusado y ofreció entregar boletas de su hijo y toda la información de su rol en la comisión investigadora. Sin embargo, la comisión abordó una vez el caso y acordó recibir los antecedentes de León para luego analizarlos. Dichos antecedentes de la primera sesión de dicho comité de Ética fueron entregados al Ministerio Público y adjuntados a la carpeta de investigación en junio de 2016, casi un año después de haber sido visto el caso en la comisión que preside el RN Germán Verdugo. Según revela el acta de la sesión en que acudió a plantear su caso León, este entregó una versión inicial y los integrantes le solicitaron tiempo para analizar el caso. El Ministerio Público le pidió al comité que entregara los antecedentes y estos develan las advertencias éticas a que se exponía León ante dicha instancia. En su parte final, el acta indica que si León no había informado ante la comisión investigadora del Caso Cascadas sobre los vínculos de su hijo con la empresa, sería cuestionable. “Frente a una consulta de procedimiento, la Secretaría propone esperar cómo se desarrollen los hechos antes de efectuar un pronunciamiento. Se estima, a su parecer técnico, que hay dos cuestiones que la comisión debe dilucidar; la primera es saber qué relación tiene con los hechos investigados por la comisión del caso Cascada un oficio solicitado por el diputado León antes de su creación y constitución, y lo segundo, determinar si el diputado León sabía que su hijo estaba contratado por Soquimich y si tal relación se hizo o no presente durante su participación en esa instancia, pues si sabía podría estar afecto a un conflicto de intereses que debía hacerse público”. Justamente, como el propio Rincón y Silber han dicho ante la Fiscalía, León no advirtió de los vínculos de su hijo, aunque –según fuentes cercanas al parlamentario– tiene total convicción de que carecía de impedimento para hacer las gestiones que realizó ante la SVS. Los cuestionamientos a su intervención en el caso se amplían al revisar la resolución de la propia Comisión de Ética un mes después que León pidiera que vieran su caso, pero a propósito de una solicitud de los diputados Nicolás Monckeberg y Alejandro Santana, ambos del partido de Piñera, Renovación Nacional (RN), e integrantes de la comisión investigadora del Caso Cascadas, pues se acercaba la fecha en que debían votar el informe final. El 7 de abril de 2015 la Comisión de Ética emitió una resolución, recordando los condicionantes éticos que debe tomar cada parlamentario al actuar. En el punto 15 dicha resolución recuerda que las letras b) e i) del número 1 del artículo 346 del Reglamento de la Corporación “obliga a los diputados a abstenerse de participar, directa o indirectamente, en cualquier proceso decisorio que favorezca sus intereses o los de su cónyuge y parientes que indica”. León no votó en la comisión, solo asistió tres veces, pero, además de su asistencia, los oficios enviados a la SVS abrieron la primera parte de la actuación de parlamentarios oficialistas ante la superintendencia, a la que cuestionaron en sus conclusiones de la investigación del caso. Sin embargo, hasta ahora dicho comité detuvo la vista del caso planteado por el propio León. Según explica el presidente de la comisión, el RN Germán Verdugo, desde hace tiempo que el comité de Ética decidió no abordar casos mientras los tribunales no zanjen las causas. “Si no hay ningún tipo de infracción penal, mal podríamos sancionar éticamente”, dice Verdugo, advirtiendo que la suspensión de la vista del caso viene de una norma de carácter general de la Corporación y que hace ya un tiempo la comisión decidió esperar resultados de las resoluciones de los tribunales. La información es confirmada por fuentes de dicha comisión, las que aluden a casos ocurridos en el pasado –como la disputa entre Andrónico Luksic y Gaspar Rivas–, en que se optó por postergar la vista de las causas éticas a la espera de fallos de la justicia, y la premisa se volvió a aplicar a León. Eso sí, las fuentes advierten que la censura ética a León podría ser una alternativa cierta en caso de que se confirme que no advirtió a sus pares de la comisión investigadora acerca de las labores de su hijo para SQM. De acuerdo a cercanos a León, es contradictorio que, si tiene conflictos de interés, acuda voluntariamente a la Comisión de Ética para que vean su caso. Sin embargo, hay antecedentes que lo complican. Conoce a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y factótum de Julio Ponce y a quien incluso le ayudó con terrenos en Curicó. En las pocas ocasiones en que ha hablado del tema, León ha alabado personalmente a Contesse y reconocido gestiones ante organismos públicos en su favor. No obstante, se defiende afirmando que no le interesa Julio Ponce, que no lo conoce y que no fue un operador en favor del empresario en la comisión investigadora . Según la información recogida por Ciper, el 17 de octubre de 2013, pocos días después que se conocieran las formulaciones de cargos de la SVS a Ponce y su círculo cercano, incluyendo al hijo de Contesse, León se reúne con este y luego (a comienzos de noviembre) envía los oficios a la superintendencia e insiste en ellos hasta después de iniciada la comisión. León, como confirma un parlamentario de su partido, era uno de los más interesados en que esta se formara a fines de 2013, cuando el caso ardía, pero Jorge Burgos ponía paños fríos. Luego Rincón explicaría ante la Fiscalía el por qué del retraso en la DC para solicitar la comisión: “(…) Se estimó en la bancada que durante el año 2013 en pleno Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no era conveniente formar la comisión, considerando que la SVS, al ser una Superintendencia dependiente del Presidente de la República, no nos daba la seguridad de permitirnos acceder a toda la información. En cambio, con el cambio de Gobierno, se daban mejores condiciones para requerir la constitución de la comisión. Por esto, en el año 2014 se optó por requerir la formación de la comisión”. En el anuncio de la solicitud de creación de dicha instancia participaron entonces no solo el que la presidiría, el también DC Fuad Chahin, sino asimismo Rincón, Silber y el propio diputado León. León alega inocencia y advierte que no participó como integrante de la comisión más que tres veces y que en el pasado votó en contra de un articulado que favorecía a SQM en cuanto a la invariabilidad tributaria. El mismo Rincón ratifica ante el Ministerio Público la versión, pero asegurando que sí le habría llamado la atención que se integrara a dicha instancia, pues no era un típico parlamentario “fiscalizador”. En la misma declaración, Rincón confirma ante los fiscales, al igual que Silber, que León no informó ante la bancada ni la comisión investigadora que su hijo tenía boletas emitidas a SQM. “En esa época no creo haber sabido”, declaró a los persecutores. Sin embargo, Rincón también ha sido cuestionado por su rol en dicha comisión: fue por lejos el más interesado en verificar el rol de Piñera y, en particular, en cuestionar al titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez, coincidiendo con el relato de Ponce y del abogado de Roberto Guzmán (socio, abogado y cercano a Ponce Lerou), Gabriel Zaliasnik, que fue el único abogado parte de la causa de la SVS que acudió a la comisión investigadora. Rincón, que niega haber recibido –él o sus cercanos y/o familiares– pagos de SQM, sí revela que también se reunió con Contesse en 2012, a propósito de algún resquemor de la empresa con su hermana, entonces senadora, Ximena Rincón, que acaba de dejar el gabinete de Bachelet. La Fiscalía le pregunta si al 2013 conocía a Contesse o Ponce Lerou. “Los conocía desde las cenas de la minería, donde iban como muchas personas del sector. Agosto es el mes de la minería y todos los años en Casa Piedra se hace esta cena. En ese tipo de reuniones los vi. En otra oportunidad me invitó el Sr. Contesse a las oficinas de SQM, creo que en el año 2012, para conocer la opinión de mi hermana Ximena, quien se había opuesto a la licitación de litio. Contesse me manifestó su preocupación porque estimaba que mi hermana sentía animadversión por este proceso y yo le expliqué que eso no era real”, declaró Rincón. En esa misma declaración ante la Fiscalía, el 7 de septiembre pasado, Rincón dice que no sabía que León conocía a Contesse. El diputado integrante de la misma comisión investigadora y de RN, al igual que el referido presidente del comité de Ética, acudió a declarar al Ministerio Público el 1 de agosto pasado y allí entregó antecedentes adicionales respeto del rol de los parlamentarios DC en la comisión investigadora del caso Cascada, deslizando la extraña conducta que percibió en los parlamentarios oficialistas. En su relato ante el Ministerio Público el 1 de agosto de este año, afirma que en una sesión a él le correspondió presidirla y que en tal día pudo verificar las minutas de los parlamentarios y concluyó que había gran simetría entre las consultas de ellos, además de un nivel de conocimiento sorprendentemente acabado del caso. “En una de las sesiones me correspondió presidir la misma pues quien la presidía tuvo que salir. Al sentarme en su lugar, pude ver una minuta con preguntas que se la iban formulando a (Carlos) Pavez. Lo que me llamó la atención fue que la minuta contenía un conjunto de preguntas que luego iban siendo hechas por otros parlamentarios, de manera que pude concluir que era una misma minuta compartida por varios parlamentarios y que estaban actuando coordinadamente”, dijo Monckeberg en su declaración. Otros guatones Los vínculos entre legisladores DC vinculados a SQM proliferan y así lo ha revelado la investigación del Ministerio Público. En la declaración que da Carlos Tudela a la Fiscalía el 6 de septiembre pasado, este revela que fue asesor de Roberto León y Ricardo Rincón y que “inicialmente, antes de la ley de Lobby (aprobada a comienzos de marzo de 2014) se registró como persona natural para representar a dichos parlamentarios”. Tudela es también ‘guatón’ y a comienzos de los 80 tuvo un estudio jurídico con la ex senadora Soledad Alvear, casada con el líder del sector, Gutenberg Martínez. Asegura que su asesoría a estos parlamentarios era de análisis político en “distintas situaciones”, acompañamiento a comisiones y al trabajo distrital. Tudela es investigado por el Ministerio Público por boletas emitidas en 2013 a SQM Salar. En su declaración, Tudela entrega una llamativa explicación para sus asesorías a SQM. Nunca habló con Contesse ni con Ponce y su asesoría ‘verbal’ a la empresa se acordó con la secretaria del primero, Katherine Bischof, quien lo llamó para pedirle esta labor. Dice que no sabía que ella era solo secretaria, que se enteró después de haber entregado el servicio por cinco meses, que hablaban hasta 45 minutos por teléfono y por esa vía traspasaba su asesoría, que en lo fundamental apuntaba a la labor de la Comisión de Minería de la Cámara Baja. Y que fue la misma que terminó la relación laboral por igual vía. Incluso, asegura que Bischof no le comentó cómo llegó a él a pedirle ese trabajo. Y aunque aseguró que no eran habituales asesorías por teléfono y verbales, afirmó que elaboraron informes escritos de todas las asesorías, con posterioridad a la entrega del servicio y en especial cuando el SII les preguntó si tenían respaldo de los servicios prestados. Tudela, además, tuvo un pequeño rol en favor de otro DC –y ‘guaton’– cuyos hijos prestaron también servicios a SQM: Jorge Pizarro. El ex presidente de la DC, senador por la Región de Coquimbo, ha sido asimismo cuestionado, pues sus hijos emitieron boletas a SQM a través de la sociedad Ventus. Una de esas boletas fue cobrada por el hijo de Carlos Tudela, quien era además el que cobraba los cheques de las asesorías de Tudela y sus dos hijos por 3 millones brutos mensuales. Este dinero era cobrado por el hijo de Tudela y luego entregado en efectivo a su padre. Tudela es consultado por el episodio con los Pizarro en el Ministerio Público, a cuya familia conoce de larga data. “Es que nunca supe de la existencia de Ventus. Cuando me llama uno de los hijos de Pizarro, no recuerdo cuál fue, y me dijo: 'Tío, me puede retirar la factura'. Yo le dije a mi hijo Carlos que lo retiraba. Ahí me enteré (de asesorías de los hijos de Pizarro a SQM)”, afirmó. Tudela agrega que no preguntó de qué eran esos pagos, que no sabía de las asesorías de los Pizarro y que el cheque retirado por su hijo, él se lo entregó a Sebastián Pizarro, a quien tampoco le preguntó si asesoraba a SQM. Justamente los Pizarro amplían el espectro DC que ha participado de asesorías a SQM. Los hermanos Sebastián, Jorge y Benjamín formaron, a fines de 2009, la consultora Ventus, que tuvo corta duración, así como pocas asesorías y trabajos. Entre los principales servicios aparecen los prestados a SQM. En su declaración al Ministerio Público el 8 de agosto pasado, Sebastián relata el inicio de la sociedad y reconoce que a fines de 2010 se contacta con el amigo de su padre, Marcelo Rozas, respecto del cual sabía que era asesor de SQM, aunque siempre niega conocer de qué trataban dichas labores. Solo dice que le pidió ayudarlos a acercarse a SQM. Rozas le consigue una reunión con Contesse. Esto ocurre el 14 de abril de 2011. Acude junto a Francisco Villalón, quien participaría de las labores de Ventus, según fueran consiguiendo trabajos. Algo que finalmente no ocurrió, pues –como señala la querella del Servicio de Impuestos Internos contra los hermanos Pizarro Cristi del 6 de mayo de este año– Ventus emitió una sola boleta a una empresa distinta de SQM; es decir, casi no tuvo clientes, excepto la minera. Dice Pizarro que Contesse tuvo mucho interés en sus propuestas sobre manejo de crisis y responsabilidad social empresarial, y que a los pocos días fue llamado por Rozas, quien le confirmó el acuerdo para hacer asesorías, aunque con una fórmula llamativa: no haría asesorías escritas sino verbales, y no serían a SQM ni a Contesse sino a Rozas, quien usaría como insumo dicho servicio para el que él prestaba hace dos décadas a la compañía. La interrogación de Sebastián Pizarro Ante el fiscal, Sebastián Pizarro dice que no le llamó la atención esa forma de trabajo. Explica que los servicios comenzaron a prestarse a mediados de abril de 2011 y hasta mediados de 2012, pese a que el contrato establecía como fecha de término diciembre de 2013. Dicho contrato además no especificaba que las asesorías serían indirectas a través de Rozas, y Pizarro afirma que no preguntó nunca si ellas habían servido o llegado a SQM, puesto que le bastaba la palabra de Rozas. La Fiscalía le indaga, en el transcurso de su declaración, cómo es que el mismo 14 de abril, el día de la reunión con Contesse y pese a que él mismo dice que no acordaron nada y que Rozas solo lo llamó “días después” para confirmarle que se aprobó un contrato de asesorías, SQM emitió una orden de compra en favor de Ventus, que la factura de esta se recibió en SQM al día siguiente, el 15 de abril de 2011, y que incluso la copia de la factura N°1 de Ventus está fechada el 12 de abril de 2011. “Desconozco el procedimiento interno de SQM. Lo cierto es que nosotros emitimos la primera factura en abril cuando empezamos a prestar el servicio, y cuyo monto fue cobrado en el mes de mayo”. Inquieren acerca de si él hizo la factura y Pizarro contesta que sí. Luego le consultan por qué la factura N°1 está antedatada a la fecha de la reunión con Contesse. “Lo desconozco. Tengo que haberla antedatado o me debo haber equivocado en la fecha”, responde. Le preguntan por qué el 21 de abril aparece copia de vale vista para Ventus, apenas una semana después de la reunión con Contesse, y Pizarro repite el libreto: “Desconozco los procedimientos internos de SQM”. Sebastián emitía las boletas de Ventus a SQM, las retiraba y las depositaba en la cuenta de su empresa. También su hermano Benjamín emitió cuatro boletas por casi $ 14 millones a Ventus, pese a que no prestó servicios a SQM. Según Sebastián, su hermano los apoyó inicialmente en Ventus con diseño, imagen corporativa y pagina web, además de “apoyo administrativo”. Aunque Sebastián llevaba la empresa, no recuerda por qué su hermano solo emitió dos boletas. De las otras señaló que “habría que preguntarle al contador”. Además debió responder por la transferencia de $ 5 millones a su hermano Jorge, destinados a cubrir un viaje desde Estados Unidos a Chile, lo que fue rectificado al SII al confirmar que no tenía respaldo de esos gastos. Al final, Pizarro enfrenta el cuestionamiento de por qué dijo al SII, el 8 de abril de 2011, que la factura 14 no fue cobrada a SQM porque el trabajo “fue deficiente”. Ante el Ministerio Público dice que “me debo haber equivocado, porque en ese momento no tenía todos los antecedentes”, y que “sí le puedo confirmar que a esa altura el servicio era deficiente”. Lo cierto es que la factura sí fue cobrada. Pizarro alude en su declaración a Marcelo Rozas. El ex embajador llevaba más de dos décadas asesorando a SQM y pertenece igualmente al grupo de los ‘guatones’ de la DC. Rozas también fue formalizado por el Ministerio Público por las boletas emitidas por él a SQM ($ 523 millones entre 2009 y 2014), por su pareja Michelle Reymond ($ 155 millones) y por su hijo Daniel Rozas ($ 59 millones). Este último declaró ante el Ministerio Público que nunca elaboró informes escritos y que su asesoría a SQM era, al igual que lo hecho por Roberto León Araya y los hermanos Pizarro, en forma verbal. Daniel Rozas dijo ante el referido organismo que no sabía de otro dato que llamó la atención de la Fiscalía: que el contador de León Araya, Daniel Muñoz, también emitía las boletas de Rozas. En su declaración, Rozas Reymond desconoció cada uno de los informes escritos que figuran adjuntos a las boletas que emitió a la minera no metálica. Fuente: http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/12/02/los-guatones-de-la-dc-y-el-vinculo-embrional-con-sqm-que-revelan-las-carpetas-de-la-investigacion-del-ministerio-publico/
  4. 20 Octubre 2016 El desconocido vínculo entre el nuevo ministro de Energía y Sebastián Dávalos Andrés Rebolledo trabajó en 2005 junto al hijo de la Presidenta Bachelet en la Dirección General de Relaciones Económicas (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile. "(Sebastián Dávalos) es una persona muy comprometida con su trabajo, muy profesional y de pocas palabras", dijo el actual ministro de Energía, Andrés Rebolledo, al recordar su paso por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) cuando trabajaba junto al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet. Rebolledo conoce bien a Dávalos, consignó la revista Capital. Esto, porque trabajaron juntos en 2005 en Cancillería, luego que el socio de Caval ingresara a la institución a hacer su práctica. Este jueves, La Tercera publicó una imagen de aquella época. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/20/el-desconocido-vinculo-entre-el-nuevo-ministro-de-energia-y-sebastian-davalos/
  5. Horacio Quiroga: aparece muerto director que vinculó a los Kirchner con manejo de dinero oscuros y con cuestionado empresario Horacio Quiroga, de 65 años, aseguró que el cuestionado empresario Lázaro Báez trabajaba para Néstor Kirchner. El ejecutivo Horacio Quiroga, ex director de dos empresas petroleras argentinas propiedad del empresario afín al kirchnerismo Lázaro Báez fue hallado muerto hoy en su domicilio de Buenos Aires con un golpe en la cabeza. El cuerpo de Quiroga fue encontrado por uno de los hijos del empresarios dentro de la bañera de su departamento, ubicado en la céntrica avenida Callao, en medio de un charco de sangre y con un fuerte golpe en la cabeza,informó la agencia de noticias Télam. Efectivos de la policía, pertenecientes a la comisaría 17 de la capital, llegaron pocos minutos después al lugar. Las primeras hipótesis apuntan a que puede tratarse de una muerte natural y que el empresario puede haber sufrido una descompensación que le causó un fuerte traumatismo al caer al suelo. Entorno a las dos y cuarto de la tarde un equipo de la policía científica entró al departamento, según pudo ver Efe. "Ayer en la tarde lo vi" y estaba "bien" aseguró el encargado del inmueble en declaraciones a los periodistas. El empleado indicó que "no hace mucho" que el empresario vivía en el ese bloque. Quiroga saltó a los medios de comunicación por haber hablado públicamente sobre Báez, máximo adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo al sur del país y detenido por una causa conocida como la ruta del dinero K, que investiga el blanqueo de capitales y que salpica a la expresidenta Cristina Fernández. "Sé que Báez se enriqueció de manera escandalosa, de una forma imposible de justificar", expresó el ex director de las petroleras en una entrevista ofrecida en una entrevista de televisión el pasado mes de abril, en la que también aseguró que tenía "bien merecido" su detención. Quiroga ganó dos juicios multimillonarios a Báez. www.latercera.com
  6. AUC: 23 parejas se han separado a tres meses de su inicio De estas, 15 corresponden a convivientes heterosexuales y ocho a homosexuales. Expertos aseguran que contraer y disolver este vínculo es más sencillo que un matrimonio. El Acuerdo de Unión Civil (AUC) entró en vigencia el 22 de octubre del año pasado. Esta nueva forma de filiación, que incluye a contrayentes del mismo sexo, la han firmado cerca de 3.000 parejas. De esas, 23 ya se han separado según cifras entregadas por el Registro Civil. Poner fin a un AUC es más simple que terminar con un matrimonio. Mientras la ley contempla que el divorcio puede ser tanto de mutuo acuerdo, en cuyo caso la tramitación dura al menos un año, como unilateral, proceso que dura tres años; los requerimientos en el caso del AUC son más sencillos: basta que una de las partes registre en el servicio el fin del acuerdo y que notifique al otro conviviente para el cese del contrato. Esta unión, al momento de suscribirla, otorga a la pareja una serie de beneficios y regula los bienes de ambos, ya que si bien el régimen por defecto es la separación de bienes, los convivientes pueden optar por la comunidad de su patrimonio. También otorga derechos de herencia y reconoce, en caso de muerte de uno de los contrayentes, la prioridad de la tutela de los hijos a una de las partes. Al igual que en un divorcio, cualquier discrepancia al momento del quiebre será resuelto por un tribunal de familia, que están encargados de mediar por la tuición. Primer balance De los 23 casos de separación, 15 corresponden a parejas heterosexuales y los restantes ocho, a uniones de personas del mismo sexo (ver infografía). Para Paula Vergara, sicóloga y terapeuta de familias y parejas de la Fundación Nepsis, la cifra no es significativa, pero sí llamativa. “Creo que más personas están optando por el AUC porque es menos engorroso en el trámite e igual otorga protección a la pareja. Incluso, en la separación es más simple, entonces, 23 puede sonar mucho, pero en el universo total no resulta tan influyente”, comenta. Para ella, las parejas modernas se diferencian mucho de las de otras generaciones, donde los roles estaban mucho más definidos. “Ahora son mucho más compañeros. Existe una distribución de tareas igualitarias y pocos están dispuestos a postergar su vida por un compromiso social. Hay convivientes que, sin estar reconocidos formalmente con un matrimonio, tienen las mismas dinámicas y obligaciones que se espera de los casados”, añade Vergara. Sobre el temprano fin de estas relaciones, la terapeuta explica que no es distinto de parejas casadas, sólo que, por los tiempos de tramitación se ve la diferencia. Tampoco cree que los números indiquen una mayor distinción entre la forma de relacionarse de las parejas dependiendo de su orientación sexual. “No existen diferencias de relación entre las parejas homosexuales de las heterosexuales. En ambas hay el mismo afecto, el mismo compromiso y el deseo de que la relación perdure. Ponen el mismo esfuerzo y esperanzas en el vínculo”, indica. Ricardo Viteri, director de SeparadosdeChile.cl, manifiesta que estos quiebres se deben a que muchas parejas toman la convivencia como un período de prueba previo al matrimonio. “Me sorprende, porque no pensé que fueran a haber cifras significativas antes del año, pero lo entiendo. Hoy tenemos muchísimos matrimonios que se están rompiendo porque tenemos una cultura de lo desechable”, asegura. Según Viteri, la simpleza de la separación del AUC es uno de sus beneficios, ya que, comparado con los costos monetarios del divorcio que suelen ir desde los $ 180 mil a $ 600 mil, permite a las parejas un proceso mucho más sencillo. Añade que uno de los principales desafíos que implica la aparición del AUC tiene que ver con las nuevas cargas que asumirán los tribunales de familia. “Con esto van a aumentar la carga de los jueces de familia y va a cobrar importancia las mediaciones, que es algo que se usa muy poco hoy”, sostiene. Uno de los principales impulsores del Acuerdo de Unión Civil fue el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), quienes consideraron esta medida como el primer paso a una sociedad más inclusiva, pues fue el primer reconocimiento estatal de las parejas del mismo sexo. “Como sociedad civil debemos reconocer esta forma de vínculos de parejas, y eso incluye la separación, pues es obvio que no todas la relaciones van a funcionar”, señala Oscar Rementería, vocero de la agrupación. www.latercera.com
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