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  1. 28 Mayo 2019 La OMS aprobó resolución para mejorar transparencia de precios en fármacos La Organización Mundial de la Salud clausuró este martes su asamblea anual. La resolución no tuvo el consenso de todos los asistentes a la asamblea. El texto propone una "rápida adopción de productos genéricos y biológicos similares a los convencionales". La Organización Mundial de la Salud (OMS) clausuró este martes su asamblea anual con la firma de una resolución propuesta por 19 países miembros en la que se pide una mayor transparencia en los precios de los fármacos y el apoyo a la producción de éstos en países en desarrollo. La resolución, que según fuentes de la OMS no tuvo el consenso de todos los asistentes a la asamblea -la industria farmacéutica no aprueba algunas de las propuestas- expresó su "grave preocupación por los altos precios de algunos productos sanitarios, y el desigual acceso de los Estados miembros a ellos". Ante esto y "la diversidad de datos sobre la cadena de valor de estos productos" la resolución urge a la OMS y los países miembros a "tomar medidas apropiadas para compartir públicamente información sobre los precios netos de los productos sanitarios", según el borrador de la propuesta. También se pide a los productores una información completa de "ingresos de ventas, precios, unidades vendidas, costes de mercado, subsidios e incentivos". Además, solicita "que se siga apoyando a los Estados miembros, especialmente a los países de ingresos medios y bajos, en el desarrollo de políticas nacionales que sirvan a la transparencia del mercado de productos sanitarios". Ello debería contribuir a "las capacidades nacionales de producción", así como a "la rápida adopción de productos genéricos y biológicos similares a los convencionales", destacó el texto propuesto. La resolución fue promovida por países como Brasil, India, Italia, Grecia, Rusia, Portugal y España, entre otros. La adopción del documento sirvió de colofón a nueve días de reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cerró con un discurso en el que lamentó recientes ataques a trabajadores sanitarios en zonas en conflicto, como Libia o la República Democrática del Congo. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/medicamentos/la-oms-aprobo-resolucion-para-mejorar-transparencia-de-precios-en/2019-05-28/100445.html
  2. 29 Mayo 2019 Transparencia: Armada debe entregar bitácoras de naves de septiembre de 1973 El CPLT rechazó los argumentos de la marina para mantener secretos los registros del movimiento de barcos y submarinos para el golpe. El requerimiento incluye al BE Esmeralda, que operó como centro de detención. El consejo directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT) determinó que, de acuerdo a sus facultades legales, acoge un amparo contra la Armada, "ordenándole la entrega de copias de las bitácoras de buques y submarinos que operaron en septiembre de 1973". A través de un comunicado, el CPLT detalló su resolución ante un caso de "denegación de acceso a información pública por parte de entidades públicas", caratulado con el rol C5281-18. "A juicio del CPLT, no se acreditaron las causales de reserva alegadas, entre ellas, la seguridad de la Nación y el interés nacional, determinándose además que la mayoría de las unidades cuya información se requirió fueron dadas de baja hace más de 30 años y que el órgano reclamado hizo entrega de documentos como los solicitados con anterioridad de algunas de las unidades contempladas en esta solicitud, pero correspondientes a otros años", detalló la entidad. Se trata de un requerimiento de información sobre las bitácoras de 11 buques y submarinos, entre ellos el buque escuela Esmeralda, y que la Armada negó porque su "publicidad, comunicación o conocimiento afecta la seguridad de la Nación, el interés nacional y el debido cumplimiento de las funciones de la institución". Según la marina, estos datos permitían "deducir capacidades operativas de la Escuadra Nacional", y además se podría "disminuir las capacidades de la defensa nacional". Ante esto, el Consejo para la Transparencia estableció "el carácter de público de los antecedentes dado que del total de unidades, sólo una, el buque escuela Esmeralda, continúan operativas y su principal función es servir de crucero de instrucción". "Del grupo restante, la mayoría fueron dados de baja de acuerdo a lo informado por la web de la entidad naval", añadió. El CPLT enfatizó que la información solicitada "deberá entregarse en un plazo de 15 días corridos a partir de este martes 28 de mayo". La Armada movilizó a la Escuadra Nacional como parte del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, usando varias naves -entre ellas la Esmeralda- como centros de detención y tortura, desapareciendo en ellas el rastro de varios prisioneros políticos. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/armada/transparencia-armada-debe-entregar-bitacoras-de-naves-de-septiembre-de/2019-05-29/095222.html
  3. 05 Abril 2019 Transparencia: Vuelo de la FACh para llevar ayuda humanitaria para Venezuela costó el 40% del total de la colaboración De acuerdo a una solicitud de información hecha por La Tercera, el desplazamiento tuvo un valor de $39.166.466, mientras el monto total de los aportes fue de $102.402.419. Este monto no incluye el viaje hecho por el Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, Colombia, para hacer entrega de la contribución. EL PRESIDENTE DE REPÚBLICA, SEBASTIAN PIÑERA, JUNTO AL MINISTRO DEL INTERIOR, ANDRES CHADWICK, Y EL CANCILLER ROBERTO AMPUERO, OBSERVAN EL CARGAMENTO DE LA AYUDA HUMANITARIA QUE ENVIARA CHILE A VENEZUELA. El sábado 16 de febrero en el Diario Oficial fue publicado el decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que disponía el envío de ayuda humanitaria para Venezuela. La colaboración que el gobierno estimó enviar a Cúcuta, Colombia -lugar designado como centro de acopio por el Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó-, consistió en 36.621 artículos, equivalentes a $102.402.419. Para el traslado de dicho material se dispuso de un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, el que emprendió rumbo a Cúcuta, el viernes 22 de febrero. Esta aeronave viajó de forma paralela al avión presidencial que llevó a Piñera a Colombia ese mismo día, el cual sufrió un desperfecto y debió ser cambiado por otro en Iquique. Y ese viaje realizado por la FACh para transportar la ayuda significó un costo de US$ 58.671,96 -equivalentes a $ 39.166.466 (sacado con el dolar del 4 de abril). Así lo indicó la institución a La Tercera en respuesta a una solicitud de información de transparencia realizada por este medio. Es decir, la colaboración, más los gastos del vuelo, totalizaron más de $ 140 millones. AUTORIDADES OBSERVAN LAS LABORES DE CARGA AL AVIÓN FACH C-130 DE LA AYUDA HUMANITARIA PARA VENEZUELA Y QUE FUE ENVIADA A CÚCUTA. En el documento se hace un desglose del total de lo gastado por concepto del traslado de la ayuda humanitaria para Venezuela. Según se indica, por concepto de viáticos fueron gastados US$ 4.907,56 dólares; US$ 6.649,20, en tanto, fue lo que costó el handling (correspondiente al servicio de asistencia que los aviones tienen tierra, consistente en la carga de materiales y de pasajeros es decir, es el conjunto de operaciones terrestres que permiten que un avión pueda ser cargado y descargado de pasajeros, además de despegar y aterrizar, entre otros); mientras que finalmente -y lo que más dinero significó- fue lo relativo a combustibles y lubricantes, lo cual equivale a US$ 47.115,20. Cabe recordar que el Presidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta el mismo día en que se fue la ayuda para ser parte del Venezuela Aid Live, un evento artístico donde se reunieron fondos para ir en ayuda del país liderado por Nicolás Maduro. Dentro de este contexto, un día después del acto, el Mandatario le hizo entrega de forma presencial de la colaboración chilena a Juan Guaidó, quien salió de su país para ser parte del evento. Además, por otro lado, en los días posteriores, parte de la ayuda que fue recibida en el centro de acopio y que intentó ingresar a Venezuela resultó quemada, luego de que un artefacto incendiario lanzado por un manifestante opositor a Maduro cayera sobre uno de los camiones que transportaba los distintos artículos donados. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/transparencia-vuelo-la-fach-llevar-ayuda-humanitaria-venezuela-costo-40-del-total-la-colaboracion/601206/
  4. 04 Enero 2019 El desencuentro de Ubilla con el CPLT: arriesga sumario por reclamos en tema migratorio El 27 de diciembre, el Consejo Directivo del Consejo Para La Transparencia decidió iniciar un proceso contra la Subsecretaría del Interior, en atención a "una deficiente implementación de la Ley de Transparencia". El jueves 10 de enero de 2019, a las 09.30 horas, un fiscalizador del Consejo Para la Transparencia llegará hasta las oficinas de la subsecretaría del Interior, que encabeza Rodrigo Ubilla. Allí entrevistará al jefe de servicio y al equipo a cargo de los procesos de la Ley de Transparencia, pedirá la exhibición de documentos y sistemas electrónicos. La gestión se enmarca en el proceso de fiscalización del CPLT a la Subsecretaría del Interior por el aumento de reclamos por falta de acceso a la información que garantiza la Ley de Transparencia. La auditoría en transparencia fue notificada el jueves 3 de enero a Ubilla a través de un oficio firmado por la directora (s) de Fiscalización del CPLT, Daniela Moreno. El texto, al que tuvo acceso La Tercera PM señala que: “De acuerdo con lo establecido en los artículos 32 al 34 de la Ley de Transparencia, informo a usted que, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia acordó, en su sesión ordinaria N° 952, efectuada el 27 de diciembre de 2018, fiscalizar a la Subsecretaría del Interior a través de una “Auditoría en Transparencia”, la cual tendrá por objeto detectar incumplimientos a la normativa vigente sobre transparencia activa y derecho de acceso a la información pública”. El texto añade que “para adoptar dicho acuerdo, los Consejeros de esta Corporación tuvieron presente una serie de antecedentes que demostrarían una deficiente implementación de la Ley de Transparencia por parte de la Subsecretaría, así como un errático cumplimiento de las decisiones emanadas de este Consejo”. Esta es la primera vez que un subsecretaría es sometida a un proceso de auditoría por incumplimiento de la ley de transparencia. De los resultados del proceso, dependerá su la repartición es sometida a un sumario y al pago de una multa en caso de no corregir. MigracionesSegún los datos de transparencia, la subsecretaria del Interior en 2018 tuvo un sustantivo aumento de solicitudes de información por la política migratoria implementada por el gobierno de Sebastián Piñera que ha incluido expulsiones masivas de extranjeros y cambios en la política de ingreso al país. Consejo asegura que en el 2018, de los 210 casos ingresados al CPLT, 154, es decir el 73%, refieren a temática migratoria. De acuerdo a los datos del Portal de Transparencia, en 2018 la subsecretaría se ubicó en el 9° lugar de requeridos con 2.288 solicitudes. La curva se eleva en abril al inicio de la política migratoria. Ese mes entraron 274 solicitudes al CPLT, mientras que en marzo hubo 190. En promedio la subsecretaría recibió el año pasado 200 requerimientos mensuales. Respecto a los reclamos, se observa un drástico aumento, alcanzando 198 casos el 2018, casi triplicando (144% adicional de ingreso) respecto de lo acumulado entre los años 2009-2017 (81 casos). https://infogram.com/reclamos-1h984wld8jnv6p3 Desde la Subsecretaría del Interior sostienen que ya está agendada una reunión con representantes del CPLT en orden a conocer las críticas y a mejorar el sistema de respuesta a las solicitudes por transparencia. Reconocen asimismo que hubo una explosión de requerimientos por el tema migratorio pero que el rezago en respuestas está dentro de lo esperable. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-desencuentro-de-ubilla-con-el-cplt-arriesga-sumario-por-reclamos-en-tema-migratorio/470561/
  5. 14 Septiembre 2018 El Minvu adultera la Ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo El 15 de agosto entró en vigencia la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo. La normativa comenzó a tramitarse bajo el gobierno de Michelle Bachelet, luego del estallido del llamado caso CAVAL, el millonario negocio de especulación inmobiliaria impulsado por la nuera y el hijo de la ex presidenta en la comuna de Machalí. Con posterioridad a la publicación de la ley, dos circulares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo le quitaron los dientes a la normativa. ¿El resultado? Se pospone indefinidamente la aplicación de la ley a los planes reguladores comunales e intercomunales en trámite de elaboración. Resultó sorprendente que tan pronto empezó a operar la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo –que entró en vigencia el 15 de agosto–, la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dictó bochornosas circulares con alcance nacional, cambiando completamente el sentido y propósito de esa legislación que se empezó a tramitar en el Congreso Nacional durante el gobierno de Michelle Bachelet. A través de las circulares N° 405 del 9 de marzo de 2018, firmada por el arquitecto Pablo Contrucci, y N° 411 del 16 de agosto de 2018, suscrita por su colega Paz Serra, se perturba irremediablemente la correcta aplicación de la Ley Nº 21.078, conocida también como “Ley Caval”. Dicha ley pretendía hacer frente a gestiones como aquellas que fueron empleadas por algunos especuladores inmobiliarios que buscaban modificar el Plan Regulador Intercomunal de la Sexta Región para cambiar el uso de suelo de unos terrenos rurales en la comuna de Machalí. Esos operadores comerciales intentaron, sin lograrlo, que esos predios se transformaran en habitacionales mixtos para obtener así las respectivas plusvalías en el mercado del suelo urbano. A continuación explicamos sucintamente lo sucedido con ambas circulares: Mediante la Circular DDU N° 405 suscrita por Contrucci, jefe de la DDU bajo el gobierno de Bachelet, se pospone indefinidamente la plena aplicación de la “Ley Caval” a los planes reguladores comunales y planes reguladores intercomunales que estuvieran en cualquier etapa de elaboración, sin considerar que, por mandato de su artículo transitorio, la mencionada ley ya entró en vigencia plena el 15 de agosto de 2018. Con dicho ardid, la DDU permite que los citados instrumentos de planificación territorial (IPT) no incorporen las nuevas exigencias de transparencia que estableció la Ley N° 21.078. Tampoco que se apliquen sus demás exigencias respecto de la intervención de los particulares en la planificación urbana o las relativas a la imagen objetivo que debe aprobar previamente la ciudadanía. Además, no permite que se aplique el imperativo de fundamentar adecuadamente el plan propuesto; o lo relativo al plazo para la actualización del instrumento; o las nuevas exigencias sobre estándares mínimos que deben cumplir los IPT o lo relacionado con las normas supletorias para los casos en que no exista un Plan Regulador Comunal (PRC). Con esta artimaña, la flamante Ley Nº 21.078, que curiosamente se llama de transparencia, pasa inmediatamente a ser letra muerta. Y por ello nos preguntamos: ¿qué opinarán los diputados y senadores que la aprobaron de buena fe para que los instrumentos de planificación territorial se confeccionaran y aprobaran con los estándares más altos de probidad, transparencia y participación ciudadana? Pretender que la nuevas exigencias de la Ley N° 21.078, plenamente vigente, no serán aplicables a ninguno de los instrumentos en estudio o que estén en cualquiera de sus fases de elaboración sería un completo y absoluto contrasentido con el propósito esencial de dicha norma: que no vuelvan a ocurrir las impúdicas situaciones, como el caso Caval, ni lo acontecido con los ilegales guetos verticales en la comuna de Estación Central. Luego, con la Circular DDU N° 411 suscrita por Paz Serra, ya en el gobierno de Sebastián Piñera, se trastocan absolutamente los nuevos artículos 28 quinquies y 28 sexies, incorporados por la nueva Ley Nº 21.078 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). A ese respecto, cabe recordar que el artículo 28 quinquies, motivado por la falta de un Plan Regulador en la comuna de Estación Central que dio paso a la aprobación de 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo de altísima densidad de hasta 19.000 habitantes por hectárea (guetos verticales), estableció normas supletorias sólo para las “áreas urbanas” que no cuentan con un Plan Regulador Comunal, tales como fijar una altura, densidad y otros parámetros en función de un promedio de la situación existente alrededor de un predio. Lo que pretende la referida circular DDU Nº 411 es hacer extensiva las mencionadas normas supletorias a las “áreas de extensión urbana”, que son propias de otro nivel de la planificación urbana, como lo es el intercomunal, generando con ello graves distorsiones respecto de los ámbitos propios de cada instrumento, y confundiendo el tipo de área en que dicha norma supletoria se debe aplicar. Asimismo, en relación con el artículo 28 sexies, la actual DDU nuevamente tergiversa el plazo de entrada en vigencia de la Ley N° 21.078, esta vez, en relación con la actualización de los instrumentos de planificación que exigió la ley, posponiendo indefinidamente su aplicación, hasta que se modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Es asombroso, por no emplear otro adjetivo más duro, que el Minvu –en los dos últimos gobiernos– recién aparecida la ley la menoscabe por la simplista vía de instrucciones administrativas. Ante la gravedad de lo ocurrido, el 24 de agosto la Fundación Defendamos la Ciudad denunció estos ardides ante la Contraloría General de la República. Pero llama la atención que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se mantenga ausente en este nuevo episodio de barbarie jurídica. Los dos funcionarios públicos que suscribieron ambas circulares debieron haberse asesorado por la unidad jurídica del Minvu y, por ello, cabe la posibilidad de que estemos ante una estrategia consciente de los gobiernos de Bachelet y Piñera para, con sutilezas y eufemismos, neutralizar la aplicación de la Ley N°21.078. También hay que recordar que la Ley N°21.078 también contempla un artículo quinto que pretende blanquear los permisos mal otorgados con anterioridad a su entrada en vigencia, que aplicaron una serie de beneficios urbanísticos derivados de los Planes Reguladores Comunales en la época en que dichos instrumentos no estaban facultados para hacerlo. Es decir, como estamos en Chile, “hecha la trampa, hecha la ley”. Esa misma Ley N°21.078 creó un “Portal Único de Información”, como eje central de la transparencia del mercado del suelo, en donde el Minvu publicaría en su página web la totalidad de los antecedentes de los instrumentos de planificación territorial, es decir, lo relativo a los planes reguladores comunales e intercomunales, cosa que el Ministro Cristián Monckeberg inauguró con gran pompa y publicidad. Sin embargo, el portal creado para esos fines por el Minvu es inservible: no contiene información oficial, sino que meramente referencial; no está actualizado y su diseño hace prácticamente imposible acceder a los documentos. Por ejemplo, en lo referente al Plan Regulador Comunal de Providencia, publica uno que está derogado, y no publica antecedente alguno del que está vigente desde el año 2007. Asimismo, acceder a los planos que grafican las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), es imposible, por la sencilla razón de que no se publica. Igualmente no es posible acceder al texto actualizado de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes. Y así suma y sigue. Ya que hemos detectado el artificio concebido por funcionarios públicos muy imaginativos, es de esperar que el propio Presidente Piñera tome cartas en el asunto, ordenando que se dicte a través del Minvu la reglamentación faltante de la nueva ley, a objeto de facilitar su plena aplicación, así como corregir inmediatamente lo relativo al “Portal Único de Información”. Todos queremos que en Chile exista un apego irrestricto al principio de probidad, pues con esa sana práctica tendremos mejores y más sustentables ciudades para vivir en ellas y los actores inmobiliarios tendrán reglas claras para iniciar los proyectos, no como en la actualidad que reina el desorden más absoluto. Suponemos que ese fue el espíritu y la letra de la ley en comento, que desgraciadamente los funcionarios del Minvu se esfuerzan por lo contrario, haciendo más oscura y hasta tétrica la comprensión de la Ley N°21.078. Fuente: https://ciperchile.cl/2018/09/14/el-minvu-adultera-la-ley-21-078-sobre-transparencia-del-mercado-del-suelo/ A continuación explicamos sucintamente lo sucedido con ambas circulares: Mediante la Circular DDU N° 405 suscrita por Contrucci, jefe de la DDU bajo el gobierno de Bachelet, se pospone indefinidamente la plena aplicación de la “Ley Caval” a los planes reguladores comunales y planes reguladores intercomunales que estuvieran en cualquier etapa de elaboración, sin considerar que, por mandato de su artículo transitorio, la mencionada ley ya entró en vigencia plena el 15 de agosto de 2018. Con dicho ardid, la DDU permite que los citados instrumentos de planificación territorial (IPT) no incorporen las nuevas exigencias de transparencia que estableció la Ley N° 21.078. Tampoco que se apliquen sus demás exigencias respecto de la intervención de los particulares en la planificación urbana o las relativas a la imagen objetivo que debe aprobar previamente la ciudadanía. Además, no permite que se aplique el imperativo de fundamentar adecuadamente el plan propuesto; o lo relativo al plazo para la actualización del instrumento; o las nuevas exigencias sobre estándares mínimos que deben cumplir los IPT o lo relacionado con las normas supletorias para los casos en que no exista un Plan Regulador Comunal (PRC). Con esta artimaña, la flamante Ley Nº 21.078, que curiosamente se llama de transparencia, pasa inmediatamente a ser letra muerta. Y por ello nos preguntamos: ¿qué opinarán los diputados y senadores que la aprobaron de buena fe para que los instrumentos de planificación territorial se confeccionaran y aprobaran con los estándares más altos de probidad, transparencia y participación ciudadana? Pretender que la nuevas exigencias de la Ley N° 21.078, plenamente vigente, no serán aplicables a ninguno de los instrumentos en estudio o que estén en cualquiera de sus fases de elaboración sería un completo y absoluto contrasentido con el propósito esencial de dicha norma: que no vuelvan a ocurrir las impúdicas situaciones, como el caso Caval, ni lo acontecido con los ilegales guetos verticales en la comuna de Estación Central. Luego, con la Circular DDU N° 411 suscrita por Paz Serra, ya en el gobierno de Sebastián Piñera, se trastocan absolutamente los nuevos artículos 28 quinquies y 28 sexies, incorporados por la nueva Ley Nº 21.078 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). A ese respecto, cabe recordar que el artículo 28 quinquies, motivado por la falta de un Plan Regulador en la comuna de Estación Central que dio paso a la aprobación de 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo de altísima densidad de hasta 19.000 habitantes por hectárea (guetos verticales), estableció normas supletorias sólo para las “áreas urbanas” que no cuentan con un Plan Regulador Comunal, tales como fijar una altura, densidad y otros parámetros en función de un promedio de la situación existente alrededor de un predio.
  6. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/339510-consejo-para-la-transparencia-corte-de-apelaciones-confirma-fallo-que-ordena-al-sename-a-entregar-rendiciones-de-organismos-colaboradores/?hl=transparencia&do=findComment&comment=23683144 03 Agosto 2018 CPLT penetra en los secretos del Ejército y revisa las actas del Cosena tras detención de Pinochet El presidente del Consejo para la Transparencia se presentó en el Estado Mayor Conjunto para dar lectura a las actas reservadas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) ante la negativa del Estado Mayor Conjunto de enviarlas. “Es necesario acabar con el secretismo y poder dar a conocer situaciones históricas al país”, dijo Marcelo Drago, presidente de la entidad. Un hito en materia de transparencia se registró este viernes cuando el presidente del Consejo para la Transparencia Marcelo Drago, se presentó en dependencias militares para revisar las Actas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que coinciden con las fechas del período en que el ex dictador Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres. El directivo tuvo que concurrir personalmente al recinto ante la negativa del Estado Mayor Conjunto de enviar las actas solicitadas por el CPLT. Al no poder retirar dicha documentación, Drago inició en el mismo lugar la lectura de las 4 cartas. El objetivo, dijo, fue “acceder al contenido específico de estas actas, párrafo por párrafo”. El trámite encabezado por Drago se originó en la petición de un ciudadano al que le fue denegado el acceso a la información de estos antecedentes del Cosena, y que recurrió al Consejo para la Transparencia aludiendo la afectación de bienes jurídicos consignados en la Constitución. “Son actas bien extensas y vamos a tomarnos todo el tiempo que haga falta para poder hacernos un juicio específico sobre la afectación o no a la seguridad nacional o al interés nacional que puedan estar constituidos en ellas”, dijo Drago. Causales de reserva El presidente del CPLT aclaró que éste no es el primer caso que el Consejo revisa asociado a este tipo de antecedentes y recordó que a raíz de fallos anteriores, esta entidad definió que la mayoría de estas actas se declaraban públicas. Al mismo tiempo, especificó que existía un subconjunto de ellas en las que podía alegarse causales de reserva consignados en la Carta Fundamental, asociados a la seguridad de la nación e interés nacional, vinculados con las relaciones exteriores. De hecho, en este caso, el Estado Mayor Conjunto estableció que dada la solicitud del CPLT, sea esta entidad “exclusivamente”, el que tuviese acceso a aquellas actas y documentos sobre los cuales el Cosena determinó expresamente su reserva. Según Drago, es necesario “acabar con el secretismo y poder dar a conocer situaciones históricas al país (…) esto es parte importante de la historia del país, es de interés público conocer este tipo de situaciones, sopesando por cierto ese interés con los bienes jurídicos detrás de la seguridad nacional y las Relaciones Exteriores”. La detención de Pinochet Pinochet fue detenido en la capital británica el 16 de octubre de 1998 después de que el juez español Baltasar Garzón dictara una orden de detención pidiendo su extradición a España por cargos de tortura, terrorismo y genocidio. El 8 de octubre de 1999 la justicia británica dio luz verde a su extradición a España por los cargos de tortura y conspiración para la tortura. Sin embargo, en marzo del 2000 el ministro del Interior británico de la época, Jack Straw, ordenó su liberación por motivos de salud. Volvió a Chile, donde falleció en 2006. Durante el arresto de Augusto Pinochet en Londres, pese a que era considerado un enclave de la dictadura el Cosena fue convocado en al menos 5 oportunidades. En una de sus citaciones, el entonces Presidente Ricardo Lagos justificó su convocatoria bajo el argumento de que “es el foro institucional en el que las Fuerzas Armadas pueden expresar sus opiniones al Estado. Una de sus últimas citaciones fue en 2014, cuando el Presidente Sebastián Piñera lo citó para analizar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo con Perú. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/08/03/cplt-penetra-en-los-secretos-del-ejercito-y-revisa-las-actas-del-cosena-tras-detencion-de-pinochet/
  7. 10 Junio 2018 Cohecho: el esquivo delito de los casos de platas políticas De las cuatro investigaciones por financiamiento irregular, dos irán a juicio por el presunto soborno a políticos: SQM y Corpesca. En el caso de las pesqueras, el CDE ya descartó querellarse contra la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe. El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, termina su periodo en julio. El investigador lidera el “caso Asipes”, una de las cuatro investigaciones por presunto cohecho que surgieron de los casos por financiamiento irregular de la política que desde hace cinco años investiga la fiscalía. Antes de dejar el Ministerio Público, el fiscal Contardo se propuso decretar algunos términos judiciales. Uno de ellos, y quizás el más esperado, es respecto a una línea investigativa que involucró a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. La parlamentaria fue investigada luego de que se encontraran correos intercambiados con Luis Felipe Moncada, entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), en que este último sugería indicaciones en plena tramitación de la ley de excepción de la pesca del jurel, en 2014. Respecto de la parlamentaria y el exdirectivo de Asipes, la fiscalía no perseverará e incluso podría pedir sus sobreseimientos definitivos tras establecer que sus conductas no son constitutivas del delito de cohecho. En la misma línea, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -tras analizar los antecedentes- ya decidió que no se querellará en el caso. El principal motivo es la exigencia del tipo penal de cohecho en Chile. Tras un análisis de movimientos financieros, realizados a las cuentas corrientes en esa causa -conseguido con alzamientos del secreto bancario decretados por tribunales-, se estableció que no existen pagos ni de Moncada ni de la organización gremial a Van Rysselberghe simultáneos a su periodo como senadora y presidenta de la Comisión de Pesca. Quienes analizaron estos antecedentes sostienen, además, que de haber existido intercambios de dinero o aportes, estos fueron antes de que la timonel UDI llegara al Congreso. Como el tipo penal exige que el beneficio económico sea en la misma época en que dicho funcionario público presuntamente favoreció al particular que le pagó, no se configura el delito y -por ende- no hay forma de formalizar o seguir adelante con el tipo penal actual. Este fue el análisis realizado por el CDE para desestimar hacerse parte en el caso. La renuncia al cohecho El primero en desestimar el delito de cohecho fue el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Y lo hizo en la causa que dio origen al resto de estas investigaciones, el denominado caso Penta, acordando con las defensas recalificar el delito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito. Para el miércoles 13 está agendada la audiencia en que se reformalizará el delito imputado al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quien hace tres años fue formalizado por el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán por cohecho. Esto, debido a los pagos mensuales que siguió recibiendo del grupo Penta tras ser nominado en la cartera de gobierno. A esto, según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios, uno de ellos supuestas gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según se establece en correos incautados en la indagatoria. El exfiscal que indagó este caso, Carlos Gajardo, dijo el viernes 8 que “el fiscal Guerra no cumple su rol de persecución penal”, luego de que La Tercera diera a conocer reparos de la Fiscalía Nacional a la recalificación de los hechos indagados. Sin embargo, pese a la decisión del fiscal Guerra, será el juez de garantía que revise el acuerdo quien finalmente determinará si los hechos dan cuenta del delito de cohecho o enriquecimiento ilícito. Sin acuerdo Tanto el caso SQM, liderado por el fiscal regional Pablo Gómez, y el caso Corpesca, indagado por la fiscal Ximena Chong, serán las investigaciones que sin posibilidad de acuerdo llegarán a juicio oral. Es decir, por primera vez en la Reforma Procesal Penal en Chile se sentará en el banquillo de los acusados a dos altos personeros políticos, como los exsenadores de la UDI Pablo Longueira y Jaime Orpis. Respecto de este último, la fiscalía pidió un total de 21 años de cárcel, seis de ellos por el cargo de cohecho reiterado de la empresa Corpesca y ya está en camino la preparación de juicio oral. En cuando al exsenador Longueira, el equipo de Gómez ya está listo para presentar acusación los primeros días de julio. Conocedores del escrito aseguran que ya van más de 500 páginas del libelo con el que se formalizará ante la justicia la pretensión del Ministerio Público de llevar el caso a juicio oral. Para Longueira, la pena rondará entre los 541 días y los tres años de cárcel. Las negociaciones para una salida alternativa o procedimiento abreviado, en este caso, están cerradas y la indagatoria irá a juicio oral. El martes 12 será clave en el Congreso para que en el futuro se eleven las penas de cohecho en Chile debido a que ese día sesionará la comisión mixta -presidida por el senador DC Francisco Huenchumilla- constituida para zanjar las diferencias existentes entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que eleva las penas en casos de cohecho y soborno. Esta es la iniciativa que más ha avanzado en su tramitación de los proyectos que han buscado legislar este tema y fue presentada por un grupo de senadores en 2016, casi un año después de las conclusiones de la Comisión Engel y como parte de la batería de proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno de Michelle Bachelet. Será la primera vez que sus integrantes -senadores y diputados- revisen las diferencias entre el Senado y la Cámara, principalmente referidas al aumento de sanciones a ambos delitos, que en el caso de los diputados son inferiores a las aprobadas en el Senado. Desde ya, el diputado Leonardo Soto (PS) junto al senador Alfonso de Urresti (PS) han transmitido su intención de proponer a la comisión que se agregue al proyecto la figura de la delación compensada, junto con otorgar penas de crimen a las figuras más graves de cohecho y soborno. Además, el senador Felipe Harboe (PPD) planteará la propuesta de proyecto que recibió de parte de los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y que -entre otros aspectos- aumenta el plazo de prescripción de estos delitos y crea nuevas figuras para la configuración del cohecho. Fuente: http://www.latercera.com/reportajes/noticia/cohecho-esquivo-delito-los-casos-platas-politicas/198982/
  8. 05 Junio 2018 Presidente del CPLT por prescripción de antecedentes en caso OAS: “Un año es poco a la hora de investigar irregularidades" Marcelo Drago se refirió a las acusaciones de los delitos relacionados a la empresa brasilera OAS en el marco del financiamiento de campañas políticas que involucra a ex figuras de la Nueva Mayoría que investiga la Fiscal Ximena Chong. Esta mañana el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago sostuvo que un año de prescripción era poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza en alusión a posibles delitos relacionados a la empresa brasilera OAS en el marco del financiamiento de campañas políticas que investiga la Fiscal Ximena Chong. “Un año de prescripción es poco a la hora de investigar irregularidades de distinta naturaleza, delitos o no, efectivamente los procesos de este tipo son más lentos que ese período. Se entiende la idea de sanear la elección a poco tiempo de realizada, pero un año parece muy poco y es una materia digna de revisarse”, señaló. Consultado si Chile estaba en deuda en relación a empresas brasileras como OAS considerando que en otros países han derrocado presidentes o los ha llevado a la cárcel por escándalos de corrupción, Drago afirmó que a diferencia de Latinoamérica, Chile fue el único país donde la crisis por escándalos de corrupción no logró penetrar y que esa experiencia podría ser un ejemplo para nuestros vecinos. “Me lo ha señalado no sólo personas involucradas desde Brasil en esta investigación sino también estudiosos de la OEA y distintos espacios: Chile fue el único país donde no se logró penetrar sustantivamente a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, es casi digno de estudio, hay que ver qué se hizo bien acá y qué se pudo haber hecho en el resto de Latinoamérica para evitar esta situación, yo no creo que tengamos una situación extendida como la que se vivió en el propio Brasil y en los países vecinos dónde hubo compromisos importantes con empresas que tenían estos mecanismos de corrupción”, manifestó. El Presidente del CPLT recordó que antes de la reforma de probidad y Transparencia del Gobierno anterior los financiamientos de campañas electorales eran principalmente privados y que hoy tras legislar existe el financiamiento público y una regulación más estricta para evitar gastos excesivos y fuera de control, entre otras medidas. “Antes el financiamiento venía de empresas, de particulares, ese era ‘el’ financiamiento electoral, eso se prestó para financiamientos normales pero también para financiamientos que bordeaban lo irregular porque evadían esquemas tributarios, por ejemplo”, subrayó. El regreso de Ponce Lerou a SQM Asimismo ante el retorno de Julio Ponce Lerou a Soquimich y el reclamo del ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, Drago sostuvo que se requería una legislación con responsabilidad penal más sustantiva para actos de corrupción, además de tener listas negras de empresas que financiaron y facilitaron actos de corrupción para que no se puedan contratar con el Estado. Según el titular de Transparencia en el caso de una empresa que estuvo involucrada en esquemas de corrupción, “lo que corresponde es una sanción directa de la empresa, esa es la responsabilidad penal de personas jurídicas” que a su juicio en Chile tiene requisitos muy difíciles de cumplir en la práctica por lo que se hace relevante su modificación. “Cuando una empresa financia actos de corrupción para beneficiarse, esa empresa es responsable, no sólo sus ejecutivos, no sólo 1 o 2 personas que pudieron estar involucrados en los pagos directos para tratar de ganar una concesión, de mantenerla, de tener una posición privilegiada, es la empresa completa la que buscó beneficiarse y es la empresa como tal la que tiene que asumir su responsabilidad”, dijo. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para tener una legislación que cuente con responsabilidades penales más sustantivas para actos de corrupción, además de listas negras de empresas de financiaron y facilitaron actos de corrupción “para que no se puedan contratar con el Estado”. Fuente; http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/05/presidente-del-cplt-por-prescripcion-de-antecedentes-en-caso-oas-un-ano-es-poco-a-la-hora-de-investigar-irregularidades/
  9. 27 Mayo 2018 Consejo para la Transparencia inicia proceso de fiscalización de instituciones Serán fiscalizados 824 organismos como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. Como parte del plan anual de trabajo el Consejo para la Transparencia iniciará un fuerte plan de fiscalización en las instituciones del Estado con el fin de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que este año cumple 10 años desde su publicación. “Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir en el control social que ejerce la ciudadanía. En la práctica todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que pueden verificar el cumplimiento de las normas”, afirmó el presidenta de la instancia, Marcelo Drago. Según anunciaron desde el organismo, serán fiscalizadas 824 instituciones en transparencia activa que estará especialmente focalizada materias como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En lo relativo a derecho de acceso a la información Pública se fiscalizará con especial enfoque en la calidad de la respuesta institucional al ciudadano. “Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir información es un derecho ciudadano y así ir pavimentando el camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra sociedad. Sólo la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, subrayó Drago. Asimismo, se efectuarán 51 auditorías en terreno consistes en un examen de normativas, procesos, sistemas y productos que se revisan y analizan con el objetivo de evaluar la gestión efectuada por el organismo en materia de transparencia activa y acceso a la información. Dicha actuación del CPLT considera un informe detallado con observaciones y/o recomendaciones que se deben implementar con el objeto de mejorar la gestión de estas materias. “La Ley de Transparencia cumple 10 años ha implicado significativos avances, hoy es el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, por eso seremos implacables a la hora de exigir a nuestras instituciones que estén a la altura de la demanda ciudadana. Hay que poner atención porque la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, sostuvo el titular de Transparencia. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/consejo-la-transparencia-inicia-proceso-fiscalizacion-instituciones/181562/
  10. 30 Enero 2018 Chile se estanca en transparencia presupuestaria Un estancamiento en la información pública presupuestaria en Chile fue lo que reveló la última la Open Budget Survey 2017, conducida por la International Budget Partnership y aplicada en Chile por investigadores de la Fundación Ciudadano Inteligente. Esto ya que el sondeo arrojó que el país en los últimos siete años, bajó del primer al tercer lugar en América Latina, pasando de 72 puntos en 2010 (de 100 puntos), a los 57 conseguidos en 2017, siendo superado por Brasil (77) y Perú (73). De esta forma, el documento cataloga como “entrega de información limitada” por parte de las autoridades en este sentido. Dentro las mayores falencias que muestra el indicador de transparencia, destaca la formulación del Documento Preliminar, una minuta abreviada de la elaboración del erario, que obtuvo cero puntos, principalmente dado que en Chile este informe es confidencial y sólo se conoce cuando ingresa al Congreso. Fuente: http://www.latercera.com/negocios/noticia/chile-se-estanca-transparencia-presupuestaria/51020/
  11. 20 Enero 2018 La pelea por las leyes secretas de Chile En el país hay 199 leyes secretas que están consignadas por el Consejo para la Transparencia. La mayoría de ellas fueron aprobadas durante el gobierno militar y otras tienen más de cien años de antigüedad. A pesar del tiempo pasado, aún queda un camino largo para lograr su total desclasificación. Desde el miércoles 17, en las oficinas del Ministerio del Interior, de Defensa y en la Secretaría General de la Presidencia hay un oficio firmado por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, que solicita la entrega de los decretos promulgatorios que hicieron posible la vigencia de leyes secretas en Chile durante más de cien años. “Nosotros queremos convocar a las autoridades, sobre todo las que van a asumir el 11 de marzo, a un trabajo para estudiar estas leyes y tomar decisiones de publicidad ya con el conocimiento de ellas”, dice Drago En un plazo de 10 días hábiles el gobierno deberá responder a la solicitud del Consejo. La idea es -a través de estos decretos de promulgación- verificar las razones que tuvieron los legisladores para reservar el contenido de cada dictamen y apelar para que los mismos sean declarados inconstitucionales. Si el trámite es aprobado, el texto completo de varias de las leyes secretas podría ser revelado, dando un paso clave en la lucha que han mantenido parlamentarios e instituciones para conocer las leyes que se han mantenido en reserva. El origen del secreto Según los datos recopilados por el Consejo para la Transparencia -a los que Reportajes tuvo acceso-, actualmente existen 199 leyes secretas en Chile. La primera fue firmada en el año 1900 y no fue publicada en el Diario Oficial, por lo que se desconoce su naturaleza. Lo mismo se repite en otros 58 textos secretos, los que fueron fallados a principios del siglo XX. Del resto de las leyes, que fueron aprobadas durante el régimen militar, se conoce parcialmente su contenido. La mayoría de ellas tiene que ver con temas relativos al financiamiento, cambios estructurales y adquisición de equipamiento para las distintas instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Entre los documentos secretos del gobierno del general ® Augusto Pinochet hay varios decretos que llaman la atención por sus altas cifras. Por ejemplo, en 1976 se aprobó un decreto ley que autorizaba “el traspaso de US$ 1.017.000 de sobresueldos a gastos generales en la Armada”. Dos años más tarde, se firmó un documento que aseguraba la “adquisición de elementos clasificados como material de guerra a los actos financiables con la suma de US$ 6.000.000, que anualmente de debe consultar el Presupuesto de la Nación”. Por medio de otra ley secreta, en 1980 se autorizó al entonces Presidente de la República “para contraer obligaciones en el exterior hasta por la suma de 1.259.640.000 schillings austríacos o dólares estadounidenses”. En el listado que maneja el Consejo para la Transparencia hay al menos seis leyes que significaron aportes monetarios a distintas instituciones del gobierno. Por su carácter secreto se desconoce quiénes aprobaron estas cifras y bajo qué justificación lo hicieron. Uno de los pocos documentos que han sido desclasificados -de manera extraoficial- es la Ley de Movilización Nacional, que fue aprobada en 1974 y que dictaba que “aquellos que, decretada la movilización parcial o imparcial, propalaren noticias o divulgaren secretos de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sobre las condiciones, características, especificaciones y fines de un invento reservado al control y el uso exclusivo del Estado, serán penados con presidio mayor en cualquiera de sus grados, a muerte”. Sin embargo, el contenido de la mayoría de estos decretos se mantiene en reserva. Entre ellos, por ejemplo, también se encuentran la creación de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina). En total, el 71% de las leyes secretas en Chile fue aprobado durante el gobierno del general ® Pinochet. Por otra parte, en democracia hubo otros tres textos reservados. El primero fue aprobado en 1996 para modificar la Subsecretaría de la Marina. Dos años más tarde se firmó un decreto para hacer reformas en el Ministerio de Defensa Nacional y revisar las plantas de oficiales y empleados civiles en las Fuerzas Armadas. La disputa por las leyes El 22 de diciembre de 2016, el Diario Oficial exigió la publicación de la Ley Reservada del Cobre, aprobada durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y que fue modificada durante el gobierno militar para destinar un porcentaje de los ingresos generados por el cobre para la adquisición de armas y materiales que irían a parar a las Fuerzas Armadas. El documento se encontraba dentro de una caja fuerte en dependencias del Ministerio de Defensa. La liberación de esta normativa fue un hito. Los diputados Jaime Pilowsky (DC), Ricardo Rincón (DC), Yasna Provoste (DC), Marcelo Schilling (PS), Guillermo Ceroni (PPD) y René Saffirio (ind.) presentaron una moción para terminar con la reserva. El proceso duró un año. Tras eso se empezó a discutir con fuerza sobre los decretos reservados. “Limitar a los ciudadanos el conocimiento de la ley resulta absurdo en un sistema democrático. Publicar una ley es coherente con el principio constitucional de publicidad y transparencia y con la esencia del derecho a acceder a la información pública”, dice Pilowsky. La discusión sobre las leyes secretas empezó tras la modificación del artículo 8° de la Constitución -conocida como la Ley de Transparencia- que reguló la publicidad de las normativas aprobadas en Chile el año 2005. Según Pilowsky, en el mismo año, la Cámara de Diputados votó positivamente una iniciativa legal para terminar con las leyes secretas. Sin embargo, el proyecto habría quedado paralizado en el Senado. “Otro proyecto, presentado en 2015, no ha iniciado su discusión en la Comisión de Constitución. En definitiva, ha faltado voluntad política y capacidad para generar el cambio”, comenta el parlamentario. Entre algunos diputados y senadores, la liberación de los documentos archivados sería un esfuerzo inútil por los años que han pasado bajo llave. “En democracia las leyes reservadas son de excepción absoluta, y de acuerdo a la Constitución, la gran mayoría no debería ser secretas”, afirma el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. El Consejo para la Transparencia también ha sumado esfuerzos a este propósito y ha monitoreado la situación de las leyes reservadas. Por primera vez hicieron un catastro de las leyes secretas, sistematizando toda su información. En la institución aseguran que el único argumento que normaliza el secreto de una ley es que su divulgación afecte la seguridad o el interés nacional. Sin embargo, esto no pasaría con la mayoría de los 199 documentos que siguen en reserva. Su ubicación estaría en carpetas archivadas en los ministerios del Interior y de Defensa. “Nosotros esperamos tener acceso a los decretos promulgatorios. Y en la medida en que podamos detectar que exista una infracción constitucional, tenemos que empezar un diálogo para ver la publicidad de estas leyes”, añade Drago. El pasado 7 de junio, el Consejo para la Transparencia presentó al presidente de la Cámara de Diputados y a la Secretaría General de Gobierno un proyecto de acuerdo para conformar un grupo de trabajo, con integrantes del Congreso, el Poder Ejecutivo y la misma institución, para analizar la situación de las leyes secretas y avanzar en un proyecto que las desclasifique. Esto aún no se materializa. “Creemos que tiene que haber un trabajo en conjunto con áreas del Poder Ejecutivo, que ven las materias legislativa. La Segpres, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con el Consejo para la Transparencia y con parlamentarios, para que exista una revisión bien detallada ley por ley”, dice Drago. La idea de la institución no es liberar la totalidad de los 199 documentos reservados, sino que estudiar caso a caso cada ley. Para esto, la mesa de trabajo sería una herramienta importante. Sin embargo, la iniciativa aún no ve la luz. Pese a las idas y venidas, en el Consejo para la Transparencia son positivos. Si el gobierno acoge el oficio para revisar los decretos promulgatorios, se podría avanzar significativamente en el fin de las leyes secretas. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/la-pelea-las-leyes-secretas-chile/
  12. 11 Diciembre 2017 De Urresti (PS) presenta proyecto que establece normas de transparencia activa para encuestas electorales "Se trata pues de una reforma legal que permita a toda la ciudadanía conocer el origen de los recursos con los que se financia una encuesta electoral, de manera que las personas informadamente, puedan saber cómo se diseñan y elaboran las encuestas electorales, y si éstas tienen como objeto otorgar mayor información para el acto electoral o bien a apoyar a una determinada candidatura”, dijo el parlamentario. Un proyecto de ley que busca regular de forma más transparente las encuestas electorales presentó el senador Alfonso De Urresti junto al senador Jaime Quintana. El parlamentario por Los Ríos recordó que “los últimos cambios introducidos a la Ley 18.700 sobre Votaciones y Escrutinios, incluyeron una norma que redefinió el concepto de campaña electoral, regulando exhaustivamente la propaganda electoral en el espacio público y privado, en radios, y otros canales de comunicación, incluyendo a las encuestas”. “Esta iniciativa no busca inhibir ni crear cortapisas a las entidades que ejecuten encuestas electorales, ni menos prohibir que las candidaturas o partidos contraten los servicios de una encuestadora, sino que más bien, se busca ahondar en un mayor grado de transparencia, de manera que las encuestadoras, previo al inicio del período de campaña electoral, indiquen en su página web las fuentes de su financiamiento y la metodología usada, de manera que los ciudadanos sepan cómo y quienes las financian, pero además como ellas se construyen. Sin este requisito las encuestadoras no podrán elaborar sus productos durante el período legal de compaña electoral”, dijo. De Urresti señaló que “por legítimo que sea elaborar un encuesta con fines de propaganda electoral, es necesario someter a las empresas o personas jurídicas que las realizan, al mismo principio que atraviesa y fundamenta todo el nuevo orden normativo electoral en materia de financiamiento, esto es que las personas jurídicas no pueden realizar aportes a campañas electorales, ni directa ni indirectamente”. El legislador del PS indicó que “las candidaturas podrán contratar los servicios de una empresa para que realice una encuesta, caso en el cual se considerará como gasto electoral. Sin embargo, cuando una encuestadora busque claramente favorecer o resaltar las características o cualidades favorables de una candidatura, se ajustará más bien al concepto de aporte electoral en el marco del financiamiento privado de las campañas políticas, aporte que nunca podrá provenir de una persona jurídica”. Finalmente De Urresti dijo que “se trata pues de una reforma legal que permita a toda la ciudadanía conocer el origen de los recursos con los que se financia una encuesta electoral, de manera que las personas informadamente, puedan saber cómo se diseñan y elaboran las encuestas electorales, y si éstas tienen como objeto otorgar mayor información para el acto electoral o bien a apoyar a una determinada candidatura”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/11/de-urresti-ps-presenta-proyecto-que-establece-normas-de-transparencia-activa-para-encuestas-electorales/
  13. 05 Diciembre 2017 Suprema reafirma secreto tributario sobre antecedentes de repatriación de capitales De esta manera, el máximo tribunal del país acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el SII en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que, en marzo del 2016, ordenó la entrega a un tercero de información relativa a este proceso, postura que había sido apoyada en diciembre del mismo año por la Corte de Apelaciones de Santiago. La Tercera Sala de la Corte Suprema reafirmó en un fallo emitido el martes último que los antecedentes vinculados a los contribuyentes que se acogieron al sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encontraban en el exterior están amparados por el deber de reserva establecido en el Código Tributario, el artículo 24 transitorio de la propia Ley 20.780 que creó el mecanismo conocido como repatriación de capitales; y el artículo 8° de la Constitución, informó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en un comunicado. De esta manera, el máximo tribunal del país acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el SII en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que, en marzo del 2016, ordenó la entrega a un tercero de información relativa a este proceso, postura que había sido apoyada en diciembre del mismo año por la Corte de Apelaciones de Santiago. Si bien rechazó un recurso de queja en contra del Tribunal de Alzada por este mismo hecho, actuando de oficio la Tercera Sala emitió ayer, 5 de diciembre, un fallo en el que estableció que el secreto tributario “entraña la consagración de la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros, y por otra parte, impide que estos antecedentes en poder de los servicios impositivos pueda ser usada para fines diferentes de los estrictamente contributivos”. La sentencia estimó, igualmente, que “la prohibición de entregar información a terceros no solo resguarda la privacidad, intimidad y reserva de los datos personales de terceros; también puede proteger otros bienes jurídicos, como la eficacia de la gestión tributaria y el interés fiscal en la confidencialidad de la información impositiva, que maneja como mecanismo dirigido a favorecer el cumplimiento voluntario y la eficiencia de la recaudación tributaria, regulando asimismo las relaciones de auxilio y colaboración con otras Administraciones del Estado e, incluso con instituciones extranjeras”. Para el SII, "con este importante fallo la Corte Suprema reafirmó la vigencia del secreto tributario, por cuanto lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, el N° 13 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, y el artículo 8° de la Carta Fundamental, constituyen un régimen de protección y reserva de la información obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/06/suprema-reafirma-secreto-tributario-sobre-antecedentes-de-repatriacion-de-capitales/
  14. 30 Noviembre 2017 Consejo para la Transparencia ordena al Ejército entregar hoja de vida de Manuel Contreras “El derecho de los ciudadanos a conocer el desempeño de los funcionarios públicos, sin importar su rango, jerarquía o desempeño, está garantizado y debe ser respetado por todas las instituciones y organismos del Estado”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago en relación a la divulgación de estos datos. Luego de cinco meses de tramitación y análisis, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó al Ejército entregar copia de la hoja de vida y calificaciones de Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Según explicó el CPLT, el requerimiento de esta información fue realizado por un ciudadano en mayo de este año y exigía datos relativos al periodo comprendido entre los años 1970 y 1978. Un mes después, el mismo solicitante demandó a la Armada antecedentes idénticos, pero entre los años 1973 y 1977 del ex contralmirante Rolando García Le Blanc, quien también se desempeñó en la DINA. Sin embargo, ambas ramas de las Fuerzas Armadas denegaron la entrega de la información, argumentando que la divulgación de estos datos contraviene la vida privada de los ex uniformados. Dicho argumento fue desechado por el CPLT que, en un fallo unánime, determinó que la hoja de vida de un ex funcionario público “constituye un antecedente de naturaleza pública”, ya que este documento “ha sido elaborado con recursos públicos, detalla de modo pormenorizado el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirve de base a los respectivos procesos de calificación”, por lo que ordenó su entrega. “El derecho de los ciudadanos a conocer el desempeño de los funcionarios públicos, sin importar su rango, jerarquía o desempeño, está garantizado y debe ser respetado por todas las instituciones y organismos del Estado”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago en relación a la divulgación de estos datos. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/30/consejo-para-la-transparencia-ordena-al-ejercito-entregar-hoja-de-vida-de-manuel-contreras/
  15. 28 Noviembre 2017 Enrique Correa: el rey de lobby que menos audiencias registra en la ley que regula el lobby Luego de ser uno de sus principales impulsores desde la industria y al cabo de tres años de funcionamiento, el ex ministro representa todas las prácticas que en una nueva etapa de la legislación deben ser superadas. Luego de 10 años de tramitación en 2014 se aprobó la ley que regula la actividad del lobby en Chile. Uno de los más activos involucrados en su discusión, fue el ex ministro Enrique Correa, dueño y fundador de la consultora Imaginacción, quien estuvo entre los primeros en reconocer abiertamente que se dedicaba al lobby, en un intento por quitarle el barniz peyorativo y transparentar esta actividad, cuyo principal objetivo es influir en las autoridades para la toma de decisiones públicas. Al cabo de tres años de funcionamiento, la ley obliga a que los lobbistas se inscriban en un registro y además todas las audiencias efectuadas con las autoridades, queden debidamente anotadas. Sin embargo, es el propio Correa quien menos aparece en los registros de audiencias con las autoridades. Este año, sólo aparece una audiencia entre Correa y el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, efectuada según el registro el 12 de septiembre. Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, afirma que la ley en los términos que está planteada actualmente, se está cumpliendo. Efectivamente se están registrando las audiencias y los viajes y en general si bien necesita perfeccionamiento, se está capturando información relevante”, sin embargo, al mismo tiempo, enfatiza que “en el tema más de fondo, creemos que la ley tiene que pasar a una nueva etapa de la regulación del lobby. Actualmente la legislación se enfoca en las autoridades y en sus audiencias con gestores de intereses y lobbistas. Sin embargo, las autoridades no hacen el lobby, son los lobbistas los que deben transparentar mucho más su actividad. Así sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en la Unión Europea. Son cuatro ejemplos en que la legislación está enfocada en que el lobbista debe transparentar: quien lo contrata, por cuanto lo contrata, para qué temas lo contrata y con quien está haciendo lobby”. Actualmente, la ley permite que las autoridades que piden una reunión o consulta, no estén obligadas a registrar ese encuentro o conversación. Según Drago, “esa norma existe, más que con un lobista es con expertos en áreas o materias determinadas, donde la autoridad puede requerir él una consulta y solicitar una reunión. Creo que esa norma es correcta. Efectivamente las autoridades tienen que tener ese espacio deliberativo para el proceso de toma de decisiones sobre todo si son ellos los hacen la consulta. Puede que a partir de eso hayan malas prácticas que es muy difícil de saber si existen, justamente porque no queda registro”, asegura. En la audiencia efectuada entre Correa y el ministro Muñoz sólo se especifica que se efectuó para tratar “temas de política internacional vecinal”. Para Drago el contenido de las reuniones es otro de los aspectos a mejorar de la ley. “La trazabilidad del proceso de decisiones públicas se está logrando muy parcialmente. Se registra muy poco del contenido, se utiliza mucho la figura de "otros" y hay audiencias en las que el contenido es muy reducido, y otras que no, en que es muy detallado. Hay una asimetría en la información de la que se deja constancia que hay que modificar, tratar de ser más preciso en lo que queda registrado de las materias discutidas para que exista una trazabilidad en el proceso de toma de decisiones”. Otro de los aspectos importantes es saber cuántas audiencias son efectivamente rechazadas. “Lo que sí necesita una modificación urgente son las audiencias no realizadas, no acogidas. Porque hoy se registran todas las audiencias que se realizaron. Pero no queda ningún registro de las audiencias que fueron rechazadas. Esa es una deficiencia de la ley que hay que corregir pronto, porque esa es la forma de poder detectar si se cumple el principio de no discriminación. La ley obliga a que se reciba a todas las partes que están interesadas en la misma materia. Sin embargo cuando no queda registro de las reuniones rechazadas es imposible realizar un control social sobre este punto”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia. Fuente; http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2017/11/28/enrique-correa-el-rey-de-lobby-que-menos-audiencias-registra-en-la-ley-que-regula-el-lobby/
  16. 25 Septiembre 2017 Carabineros y Ejército lideran reclamos por acceso a información Ambas instituciones, además de Salud, Educación e Interior, han recibido la mayor cantidad de quejas ante el Consejo para la Transparencia entre 2015 y 2017. Hace poco más de nueve años, el 11 de agosto de 2008, Michelle Bachelet promulgó la Ley de Transparencia sobre Acceso a la Información Pública. La normativa -que entró en vigencia varios meses después, el 20 de abril de 2009- estableció cuál es la información que debe estar a disposición de las personas en los sitios web institucionales de los organismos del Estado, junto con la forma que tiene la gente para solicitar otros datos, regulación que está bajo la supervigilancia del Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo que ha debido recibir y procesar los reclamos contra las reparticiones públicas que niegan el acceso a cierto tipo de información o que entregan datos incompletos que no cumplen con lo solicitado. Así, en los últimos tres años de aplicación de la ley existen reparticiones que han liderado, sistemáticamente, los reclamos: Carabineros, el Ejército, la Subsecretaría de Salud Pública, y los ministerios de Salud, Educación e Interior. Eso se establece en un estudio elaborado por el Consejo para la Transparencia, en el que se analizó desde enero de 2015 a julio de 2017, centrado en instituciones del gobierno (ministerios y subsecretarías) y FF.AA. y de Orden. Según esa información, en 2015 se ingresaron 102 recursos de amparo ante el Consejo en contra de Carabineros, número que subió a 107 en 2016. Durante este año, esa institución lleva 65 recursos, llegando a un total de 274 en el período estudiado. En segundo lugar aparece el Ejército, con 61 en 2015, 87 al año siguiente y 36 en lo que va de 2017, con un total de 184 en el lapso analizado. En el CPLT explican, en todo caso, que ambas instituciones son, a la vez, las que mayor solicitud de información reciben cada año, algo que se repite en el caso de los otros organismos que figuran entre los con mayor cantidad de recursos de amparo presentados ante el Consejo (ver infografía). “Hay un dato interesante: las temáticas más consultadas por los ciudadanos, mayoritariamente, tienen que ver con estas áreas sensibles, como lo son educación, seguridad y salud. Eso no sólo refleja la existencia de una sociedad cada vez más empoderada, sino que también evidencia el creciente interés de las personas en saber cómo el acceso a la información puede mejorar su calidad de vida. Y tratándose de aspectos tan importantes, creemos que organismos como estos deben duplicar sus esfuerzos no sólo para cumplir la ley, sino que también para proporcionar información útil y fidedigna a quienes la exigen”, dice el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María. Además, explica que en 2016 se registraron más de 123 mil solicitudes en el portal de transparencia de ese organismo, más del doble de lo que ocurría dos años atrás. En el caso del Ejército, las razones de los amparos ante el CPLT se deben, principalmente, a una respuesta negativa de esa institución a la información solicitada por las personas, con un total de 75 reclamos por ese aspecto entre 2015, 2016 y 2017. En ese mismo período se presentaron 30 quejas porque simplemente no hubo respuesta a la petición, y 13 debido a que los datos entregados no correspondían a lo solicitado. El Ejército, a la vez, apeló 11 veces a la “seguridad nacional” en ese período para no entregar información, en 15 ocasiones señaló que la información no se encontraba, y 17 veces respondió que hubo una “oposición de un tercero”. Carabineros, en tanto, en el mismo período argumentó en 35 ocasiones que no podía entregar información por el “debido funcionamiento” del servicio, y 27 veces por “seguridad nacional”, entre otros motivos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/carabineros-ejercito-lideran-reclamos-acceso-informacion/
  17. 29 Julio 2017 Retraso en proyecto que rebaja dieta por desafuero abre pugna entre las Cámaras Hace cuatro meses y 23 días que el proyecto que busca avanzar en materias de probidad y transparencia del Congreso se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado sin ser discutido ni votado. Que los parlamentarios ejerzan sus cargos con dedicación exclusiva para evitar conflictos de intereses a la hora de votar, la reducción de un 50% de la dieta de quienes sean desaforados, la creación de una Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria con funcionarios externos al Congreso, entre otras, son algunas de las medidas del proyecto de ley que fue presentado en agosto de 2015 por los senadores Hernán Larraín (UDI), Alejandro Guillier (ind.), Patricio Walker (DC), Alfonso de Urresti (PS) y José García Ruminot (RN). La iniciativa fue presentada en el marco de acuerdo para avanzar en una agenda de probidad entre los ex presidentes del Senado y la Cámara de 2015, Patricio Walker y Marco Antonio Núñez (PPD), respectivamente. Por eso, esta semana la mesa que preside el diputado Fidel Espinoza (PS) manifestó su molestia por el retraso y envió un oficio al Senado para “consultar sobre la larga demora en su tramitación” que el proyecto ha sufrido en la Cámara Alta. Además, desde la Cámara aseguran que solicitarán al Ejecutivo que le ponga urgencia suma y no simple como se había hecho hasta ahora. Si bien el proyecto fue aprobado en la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado y también -en general- en la sala, fue enviado en marzo de este año a la Comisión de Constitución, que preside Felipe Harboe (PPD), donde aún no es puesto en tabla. El senador Alberto Espina (RN), miembro de la Comisión de Constitución, explica que la principal razón por la cual no se ha visto el proyecto es por la cantidad de iniciativas que esa comisión ha tenido que revisar en los últimos meses: pasó por ahí la norma que despenaliza el aborto en tres causales, y hoy se sigue revisando la ley que regula la protección de datos personales y la de protección de los derechos de los consumidores. “Se harán todos los esfuerzos para que este proyecto quede despachado en esta legislatura. El próximo período contará con más parlamentarios y, por lo tanto, esto debe ser aprobado independiente de las urgencias del gobierno”, dijo a Reportajes el senador Larraín. Incluso, el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, denominado también como Comisión Engel, suscribió varios de los puntos del proyecto y abogó por su aprobación. Uno de ellos es la rebaja a la mitad de la dieta de los parlamentarios que se encuentren desaforados. El senador Jaime Orpis y el diputado Rosauro Martínez son actualmente los únicos parlamentarios que están desaforados de su función. Si la ley hubiera estado vigente, ellos recibirían cerca de tres millones de pesos. La norma también busca establecer que los parlamentarios deban inhabilitarse cuando tengan algún conflicto de interés -ya sea directo o a través de un pariente- a la hora de votar algún proyecto de ley. Hoy, eso queda a conciencia de cada congresista. Además, el proyecto de 2015 establece normas que suben las multas por inasistencias a las sesiones del Congreso, prohíbe expresamente la contratación de familiares como asesores externos, impide que parlamentarios cuando dejen sus cargos se dediquen al lobby y otorga mayores atribuciones a las comisiones de Ética de ambas Cámaras. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/retraso-proyecto-rebaja-dieta-desafuero-abre-pugna-las-camaras/
  18. Sename, educación y transparencia: Los hitos que marcaron la tercera Cuenta Pública del Congreso El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, y de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, abordaron los principales avances legislativos del último año. "No podemos detenernos en la discusión barata y de cálculo electoral pequeño", expresaron. En medio del llamado del gobierno a la Nueva Mayoría a respaldar los proyectos y reformas de cara a los últimos meses de administración de la Presidenta Michelle Bachelet, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, y de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, realizaron la tercera Cuenta Pública del Congreso. En ambos discursos, los parlamentarios enfatizaron la falta de confianza de la ciudadanía en el Parlamento y destacaron las medidas que ambas corporaciones han impulsado para garantizar la transparencia y probidad en la función parlamentaria. En este contexto, Espinoza expresó que “no podemos permitir que por unos pocos que han obrado mal nos manchen a todos”. Asimismo, el diputado llamó a las autoridades a respetar la función fiscalizadora de la Cámara. “Así como nosotros asumimos la autocrítica de mejorar nuestras conductas, es necesario que independiente del gobierno de turno se respete el rol fiscalizador del Parlamento. Un ministro, un subsecretario o un jefe de servicio que no respete los plazos para responder los oficios fiscalizadores, le falta el respeto a la corporación en su conjunto”. Por su parte, Andrés Zaldívar manifestó que “tenemos la obligación de ser más rigurosos y autoexigentes, de modo de no tener que desgastarnos en demostrar inocencia o en tratar de recuperar la honra dañada (…) Hemos estado atentos a la aparición de noticias falsas que buscan denostar al Parlamento y se han tomado medidas para defender el prestigio de nuestra institución”. “Pero más importante que eso es que cada uno se ocupe de que su actuar no dé pie a ese tipo de informaciones”, acotó. SENAME Los legisladores abordaron también la crisis que enfrena el Sename y mostraron su disposición para respaldar las medidas que presente la Mandataria en materia de infancia. “Los hechos nos comprometen a seguir trabajando para concretar un sistema de garantía que vele por los derechos de la niñez”, dijo Espinoza. “Reiteramos nuestra absoluta disposición para abordar con celeridad y profundidad los proyectos”. “Precisamos con urgencia, junto al poder Ejecutivo y todos los poderes del Estado, abocarnos a legislar para generar una política de real protección a los menores en condición de vulnerabilidad”, expresó Zaldívar, enfatizando que “debemos estructurar un servicio nacional de menores que responda con eficiencia a los requerimientos sobre este tema tan relevante, y no sólo por el cuestionamiento que hoy se ha puesto en el juicio público”. ELECCIÓN DE INTENDENTES Ambos presidentes del Congreso lamentaron que la elección directa de intendentes no entre en vigencia este año pero llamaron a que la iniciativa sea despachada del Parlamento antes de que termine el mandato de Bachelet. “Más allá las fechas, lo importante es que sea promulgada en este gobierno”, dijo el presidente de la Cámara, indicando que probablemente la medida entre en vigencia junto a las municipales de 2020. “Espero que, tanto en la comisión mixta como próximamente en la Sala, logremos llegar a un pronto consenso para poder hacer realidad la elección de las autoridades regionales en un futuro cercano, transfiriendo las competencias que sean necesarias y en forma progresiva, para que no se frustren las expectativas que todos tenemos en esta trascendental reforma del Estado”, expresó Zaldívar. EDUCACIÓN Asimismo, los parlamentarios valoraron la aprobación de la reforma a la Educación Superior en la Cámara Baja y destacaron las iniciativas que ya se han impulsado en la materia como la ley que permite a los IP y CFT incorporarse a la gratuidad. “Los niños y jóvenes de nuestro país necesitan educarse en un marco de calidad, equidad y acceso, que no responda a criterios de mercado, sino que les permita, a ellos a sus familias, mirar el futuro como una condición de bienestar y tranquilidad, no de marginación o de endeudamiento”, sostuvo el presidente del Senado. Zaldívar llamó a los senadores a tener “la mayor prolijidad, apertura y disposición al diálogo cuando nos corresponda analizar el proyecto de reforma a la Educación Superior”. PENSIONES “Esperamos, en el próximo tiempo, conocer la propuesta que se haga a este Parlamento por parte del Ejecutivo”, señaló Zaldívar sobre el sistema de pensiones. “Tendremos que hacer un estudio serio y responsable, tratando de alcanzar los consensos necesarios, de tal forma que se logre un sistema de seguridad social sólido y duradero, y por motivo alguno caer en la oferta fácil”. Con todo, el senador culminó su discurso expresando que “podemos disentir en las formas, y en eso consiste la democracia. Lo que no podemos detenernos ni entramparnos en la discusión barata, en la del cálculo electoral pequeño o la ganancia mezquina. Tampoco podemos caer en populismos anacrónicos ni en promesas fáciles, para después olvidar los compromisos adquiridos con quienes confiaron en nosotros”. www.latercera.com
  19. Transparencia de partidos políticos: PC y PR con promedio rojo y RN y PS los mejores Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/26/855787/Transparencia-de-partidos-politicos-PC-y-PR-con-promedio-rojo-y-RN-y-PS-los-mejores.html Según el índice -elaborado por Chile Transparente- el promedio de las 33 partidos políticos legalmente constituidos es de 2,7. Chile Transparente entregó este miércoles el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017, medición en la cual entre los partidos tradicionales el PC y el PR figuran con promedio rojo, mientras que RN y el PS aparecen entre los mejores. El índice evalúa el nivel de transparencia activa de los 33 partidos políticos legalmente constituidos, los cuales fueron medidos en el sitio Web de cada tienda o bien plataformas habilitadas para ello. En total, las colectividades promediaron un 2,73, de una escala de 1 a 7, en el cumplimiento de las 21 obligaciones legales contempladas en el informe. Esto a poco más de un año de la promulgación de la Ley 20.915 que regula a las colectividades. De acuerdo al informe, las colectividades mejor evaluadas fueron RN con un 6,9; el PS con un 6,8; RD con un 6,4, misma nota que obtuvo el PRO. Luego le siguen la DC con un 6,2 y el Ecologista Verde con un 6,1. Y aunque figuran con nota azul, están bajos Evópoli con un 4,8; el PPD con un 4,1 y la UDI con un 4,0, siendo ésta la tienda que más caen en su evaluación. En tanto, al igual que el año pasado siguen con promedio rojo el PC con 3,3 y el PR con 3,0. También reprueban Ciudadanos con 3,6 y el PRI y el PRO con 2,4.
  20. 17 Marzo 2017 Fundación Multitudes critica "perdonazo" de la Contraloría General de la República a 55 municipios que no cumplen con Ley de Lobby La organización solicitó audiencia a través de dicha ley a 108 municipios con alcaldes reelectos que no han conformado aún sus Consejos Comunales de Organizaciones de Sociedad Civil (COSOC) o que no habían respondido a la solicitud por ley de transparencia realizada por la organización. Del total, 55 respondieron fuera de plazo. Y de esa cifra, la Contraloría General de la República ofició sólo a 13 y dictaminó respecto de 4. “¿La sanción? Ninguna, ni siquiera administrativa”, explica Álvaro Ramírez, Presidente de la entidad. En diciembre de 2016, Fundación Multitudes pidió audiencia, a través de la Ley de Lobby, a los 108 municipios cuyos alcaldes habían sido reelectos y que no habían conformado sus Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), herramienta de participación ciudadana con carácter consultivo que nació de la Ley 20.500 con el objetivo de incidir y evaluar las políticas públicas comunales, sectoriales y en la propia gestión de cada municipalidad. Estos consejos deberían haber quedado renovados en octubre del 2015, ya que la duración de estos consejos es de 4 años. “Nuestro propósito fue generar instancias de diálogo entre el mundo civil y el público para relevar, en una instancia formal como son las audiencias, la importancia de constituir los COSOC cuanto antes. Nos encontramos con que 55 respondieron fuera de plazo, por lo que decidimos llevar estos casos a la Contraloría General de la República, institución que debe velar por el correcto cumplimiento de esta ley”, explicó Álvaro Ramírez, Presidente de Fundación Multitudes. De los 55 municipios fuera de norma, 42 aceptaron la solicitud y 13 la rechazaron, respondiendo todos después de los 3 días establecidos por ley. Sobre la totalidad se presentó denuncia ante la Contraloría General, la que luego las derivó a las entidades regionales correspondientes. De todo este proceso, se entregó dictamen sólo sobre 4 municipios, exculpándolos de cualquier incumplimiento y decretando que es inoficioso atender el reclamo, por lo que quedaron sin sanción alguna. “Los sujetos pasivos están en todo su derecho de negar audiencias sin dar una explicación. Esto por ley. Lo que no pueden hacer es responder fuera del plazo establecido justamente por esta ley”. De acuerdo a la organización, "esto demuestra la falta de compromiso que existe por cumplir la Ley de Lobby", y agregaron que “no podemos dejar que esta ley se convierta en letra muerta… por no contar con mecanismos de fiscalización pertinentes que ayuden a hacer efectivas las sanciones al incumplimiento”. Además, Ramírez, aseguró que el nivel de desconocimiento de la ley a nivel de municipios es demasiado. “Hemos incluso sabido de municipalidades que simplemente no están usando la norma y que en cambio han establecido sus propios procesos, como por ejemplo audiencias públicas”. Por otra parte, la fundación aseguraó que existen municipios que no han respondido en dos oportunidades a solicitudes realizadas por la organización sobre la conformación de los COSOC a través de la ley de transparencia, como por ejemplo Tiltil y San Miguel en la Región Metropolitana. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/17/fundacion-multitudes-critica-perdonazo-de-la-contraloria-general-de-la-republica-a-55-municipios-que-no-cumplen-con-ley-de-lobby/
  21. 15 Marzo 2017 Corte de Apelaciones ratifica decisión del Consejo para la Transparencia y ordena publicar actas del COSENA Dicha decisión fue adoptada en votación unánime por los consejeros Vivianne Blanlot Soza, José Luis Santa María Zañartu, Marcelo Drago Aguirre y Jorge Jaraquemada Roblero.[Actualizada] En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ordenar la publicación de un conjunto de actas del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, luego de rechazar el reclamo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, que había dictaminado con anterioridad que esos documentos debía hacerse públicos. La sentencia del tribunal de alzada ratifica de este modo lo resuelto por el Consejo para la Transparencia que, en marzo de 2015, acogió parcialmente un amparo presentado en contra del Estado Mayor Conjunto por una ciudadana que pidió acceder a las actas del COSENA. La solicitud de información fue hecha por la periodista Catalina Gaete En esa oportunidad, tras analizar el caso y revisarlas materias abordadas en dichas actas, el Consejo ordenó la entrega de una serie de éstas, salvo aquellas relacionadas con temas que pudieran afectar la seguridad nacional. Dicha decisión fue adoptada en votación unánime por los consejeros Vivianne Blanlot Soza, José Luis Santa María Zañartu, Marcelo Drago Aguirre y Jorge Jaraquemada Roblero. El fallo dictado por la 2° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, analizó la publicidad de las actas en cuanto a su contenido y el estatuto jurídico vigente antes y después de la Reforma Constitucional del 2005, y concluye que son públicas las actas del COSENA desde 1989 al año 2005 (fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional), como también las emitidas con posterioridad a dicho año, salvo aquellas que pudieran afectar la Seguridad de la Nación, en lo relativo a materias vinculadas con la defensa nacional y las relaciones internacionales. Además, respecto de las sesiones celebradas en 2005 y 2012, el tribunal advierte al COSENA que no haber levantado actas de dichas reuniones “constituye una omisión que no puede volver a repetirse”, pues con ello, se ha afectado el principio de publicidad y transparencia. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/15/corte-de-apelaciones-ratifica-decision-del-consejo-para-la-transparencia-y-ordena-publicar-actas-del-cosena/
  22. 04 Enero 2017 Agenda Probidad y Transparencia: “Prevención de la corrupción” fue el área que registró menor avance en 2016 El progreso total de la agenda alcanzó un 61%, 13 puntos más que el año anterior. Financiamiento de la política fue el ítem que obtuvo mejores resultados con 83% de avance. A casi dos años de que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera las propuestas del Consejo Asesor para lograr mayores estándares de probidad y transparencia en el país, el cumplimiento de la agenda no supera el 70%. Según el sondeo del Observatorio Anticorrupción, el progreso en el cumplimiento de las medidas en 2016 alcanzó un 61% obteniendo una nota de 4,4. Dicha cifra anotó un incremento de 13 puntos porcentuales en relación a 2015. Asimismo, las cinco áreas que mide el organismo marcaron un avance, siendo “Financiamiento de la política” el ítem que alcanzó el mayor progreso con un 83% (20 puntos porcentuales más que el año anterior). Dicho aumento se explicaría por la prioridad que puso el Ejecutivo a proyectos que regulaban las campañas electorales, la fiscalización de la política y el financiamiento de los partidos políticos de cara a las elecciones municipales de octubre pasado. La segunda área que anotó mayor avance fue “Regulación de los conflictos de interés” con un 63% -seis puntos más que el año anterior-, seguido de “Confianza en los mercados” (61%) que se posicionó en el tercer lugar. En la vereda contraria, a pesar de que es el segundo punto que obtuvo mayor incremento entre 2015 y 2016, el ítem “Prevención de la Corrupción” se posicionó nuevamente como el área con menor avance de la agenda, alcanzando sólo un 45%. Dentro de ese ítem las reformas al sistema de compras públicas y las modificaciones a las concesiones y gastos en defensa registran el menor progreso (15%) seguido de los proyectos que persiguen la responsabilidad de personas jurídicas (23%). Según detalló a La Tercera la Directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, las razones por las cuales estas medidas quedaron resagadas en el Parlamento “se explican porque hay temas que para nosotros son muy importantes pero que lamentablemente en la agenda no han tenido prioridad. En general el avance en esta área es bastante poco salvo lo que podemos destacar de las reformas al sistema de Alta Dirección Pública (82%)”. Jaraquemada explica que por su extensión la agenda “no es ejecutable completamente en el corto plazo, entonces claramente el gobierno tomó sus prioridades y uno de los temas más urgentes era el tema del financiamiento de la política”. Asimismo, sobre el avance total de las medidas, indicó que “estamos a la mitad de la carrera y vamos bien, pero esto no implica que estamos satisfechos. Hay que seguir avanzando porque en otras pareas existen vacíos que pueden llevar a la corrupción y que si no nos hacemos cargo de ellos vamos a ver escándalos de ese tipo en algunos años más”. “Esperamos que este trabajo sea continuo para el próximo gobierno que viene”, concluyó Jaraquemada. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/agenda-probidad-transparencia-prevencion-la-corrupcion-fue-area-registro-menor-avance-2016/
  23. 29 Diciembre 2016 Las dificultades de los partidos para rendir aportes fiscales Colectividades preparan el primer balance que deben entregar el 16 de enero al Consejo de Transparencia por financiamiento estatal recibido en 2016. El 27 de enero de este año, el Congreso despachó la ley de fortalecimiento de la democracia, normativa que permitió a los partidos políticos acceder a un nuevo sistema de financiamiento estatal. Luego de que la Presidenta Michelle Bachelet promulgara la ley en abril, en mayo fueron 14 los partidos que recibieron la primera remesa de fondos, habiendo cumplido con los requisitos de la iniciativa. En total, el Estado desembolsó este año $6.000 millones entregados en cuatro cuotas. Hace dos semanas los partidos recibieron la última cuota de 2016. A cambio del financiamiento, los colectivos debieron cumplir algunas obligaciones: reducir su gasto electoral, no recibir aportes de personas jurídicas y estar sometidos a normas mucho más estrictas de transparencia. Entre las nuevas exigencias, cada gasto debe estar debidamente justificado: junto con otros puntos, los partidos políticos deben entregar un balance anual y remitir un ejemplar al Servicio Electoral (Servel). Además, deben entregar informes al Consejo de la Transparencia. Respecto a esta última institución, las tiendas han estado preparando en los últimos días el primero de sus balances financieros: el 16 de enero será la fecha tope para que, en la práctica, expliquen al consejo en qué han gastado los recursos del último trimestre. En específico, el consejo informó hace algunas semanas que las tiendas deberán exponer y publicar sus aportes, donaciones, ingresos y gastos del partido político, cotizaciones de los afiliados, transferencia de fondos, nómina de contrataciones por más de 20 UTM (unos $923 mil), un registro de gastos electorales y aportes de campaña electoral, además de las sanciones que hayan sido aplicadas a los partidos. Según admiten en los partidos, la tarea de recopilación no ha sido fácil, además de que se presentaron en el camino algunas dudas sobre cómo gastar los montos recibidos. En la Nueva Mayoría, por ejemplo, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, detalló que el lunes terminaron de hacer el estudio y explicó los puntos que generaron alguna dificultad, como el requisito de destinar un 10% de los fondos recibidos a programas de formación de mujeres en política. “Nos costó definir cuáles son los objetos de gastos permitidos por los dineros públicos y también la inversión del 10% en mujeres. Eso último fue más difícil de gastar, porque no había muchos proyectos en participación femenina”, mencionó Navarrete. En este sentido, el partido organizó y especificó en sus balance varios encuentros de formación a concejalas, líderes locales y futuras candidatas a diputadas, encuentros regionales, además de una pasantía a Uruguay para fines de enero, con el objetivo de conocer la experiencia del Frente Amplio uruguayo en materia de integración. En el caso de PS, su secretario general, Pablo Velozo, explicó que “respecto a los gastos por inversión en mujeres, recibimos instrucciones del Servel para no cometer errores en ese financiamiento, además, tuvimos algunas dudas administrativas respecto de la justificación de esos fondos en año calendario”. El secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte, aclaró que aunque en su partido tienen todos los gastos listos y justificados, “necesitamos de mucha gente para llevar las cuentas. Y esto va a crecer. Tuvimos que tener una oficina contable con contadores auditores, funcionarios. Hay momentos en que ha habido más gente trabajando para la administración que para hacer política”. Desde la UDI, en tanto, la tesorera Pía Margarit explicó que aún se encuentra elaborando el documento para el consejo. “El gran desafío ha sido nuestro cambio cultural: que el financiamiento ahora provenga del Estado es una gran responsabilidad. Antes los aportes eran de privados, militantes o cercanos al partido y no era necesario transparentar. Por eso ha sido una oportunidad positiva hacer todo en orden con un sistema contable y eficiente para tener toda la información en mano”, explicó. Por su parte, el secretario general RN, Mario Desbordes, adelantó que “tenemos toda la información financiera porque el Servel ya nos fiscalizó en muchas oportunidades en las cuatro remesas de financiamiento”. En septiembre pasado el Consejo de la Transparencia solicitó un primer informe a los partidos, documentos que fueron publicados en octubre. Sin embargo, este informe fue de carácter administrativo y no financiero. Las tiendas debieron subir a sus páginas web información relacionada con sus estructuras orgánicas, regiones donde están constituidos, entre otros requisitos. Financiamiento por partidos El financiamiento público se divide en dos modalidades: un 20% del total se distribuyó de manera lineal en todas las colectividades legalmente constituidas, y para el 80% restante se consideraron los votos en la última elección de diputados. Según este cálculo y tomando en cuenta los dos aportes, la UDI fue el partido que más financiamiento recibió, del orden de $ 1.246 millones. En la Nueva Mayoría, en tanto, la DC obtuvo el fondo más alto, unos $1.047 millones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/las-dificultades-los-partidos-rendir-aportes-fiscales/
  24. 28 Diciembre 2016 Ratifican sanción a rector de la USACh por infracción a Ley de Transparencia La Corte Suprema ratificó la sanción determinada por la Corte de Apelaciones a Juan Manuel Zolezzi, por negarse a entregar información de ex docentes de la casa de estudios sobre los antecedentes por los que fueron desvinculados. Por infringir la Ley de Transparencia, la Corte Suprema determinó que el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, debe pagar el 20 por ciento de su remuneración mensual como sanción. Previamente, el rector había presentado un recurso de apelación al máximo tribunal el que fue rechazado ayer. El fallo culpa al rector Zolezzi por no haber entregado los antecedentes sobre la suspensión de cargos realizada en un proceso de reestructuración de la universidad en 2013, que derivó en el despido de un grupo de académicos, quienes solicitaron la petición de los documentos a través de la Ley de Transparencia. Finalmente, luego de una serie de recursos presentados por los profesores y la universidad, el martes 27 de diciembre la Corte Suprema ratificó la sanción en contra del rector Zolezzi. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ratifican-sancion-rector-la-usach-infraccion-ley-transparencia/
  25. Congreso chileno es el segundo más transparente de América Latina Pese a la positiva evaluación, la institución aún carece de medidas enfocadas a promover la participación ciudadana y se le critica por la ausencia de un organismo independiente que arbitre disputas de acceso a la información. SANTIAGO.- El Congreso Nacional se ubica en el segundo lugar en el Índice de Transparencia Legislativa 2016 de América Latina, con un 64% de apertura de la información. Así lo dio a conocer la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa que en Chile es coordinada por la Fundación Ciudadano Inteligente y la organización Chile Transparente. Según el estudio que evalúo este tipo de instituciones de 13 países, Costa Rica alcanza el primer lugar y después de Chile está Paraguay. En tanto, Argentina, República Dominicana y Venezuela están en los últimos puestos de la lista. Mientras que el promedio regional es de 51%. El Índice considera cuatro dimensiones en su evaluación: Normatividad, es decir, la existencia de leyes o reglamentos en temas claves para la transparencia y participación; la Labor del Congreso o Asamblea, esto es, la evaluación de la existencia de prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo legislativo; Presupuesto y Gestión Administrativa, la que se refiere a los niveles de transparencia en el uso de los recursos públicos asignados para el desarrollo de la labor del Congreso; y, por último, Participación Ciudadana, que constata la existencia de políticas que permitan y faciliten la intervención ciudadana efectiva en el proceso legislativo. La realidad chilena Los resultados muestran que Chile es el único país evaluado que cuenta con regulación del lobby. Sin embargo, requiere avanzar urgentemente en medidas para establecer canales de participación ciudadana en el proceso legislativo, en la creación de un organismo independiente que arbitre disputas de acceso a la información pública legislativa, el despliegue territorial del Congreso más allá de Santiago y Valparaíso y mejor información pública en el Senado (particularmente respecto a asesores parlamentarios y viajes de sus miembros). Hoy se tramita en el Congreso chileno una ley que reforma la Ley Orgánica del Congreso en materia de Probidad y Transparencia. Su aprobación podría significar avances importantes para Chile, como consolidar a nivel legal buenas prácticas que ya se desarrollan (como la transparencia de la actividad en comisiones y la transmisión de las sesiones de las mismas). Además, la iniciativa permitiría avanzar en la generación de instancias de control independiente de la actividad legislativa, que dé garantías de que las infracciones a la ley y ética serán debidamente sancionadas en proporción a la gravedad de la falta. Por último, consolidaría canales institucionales para la participación ciudadana incidente en el proceso legislativo y la rendición de cuentas de la actividad legislativa. "Frente a los actuales niveles de desconfianza y falta de legitimidad que experimentan los actores políticos e instituciones representativas, se torna urgente avanzar en materia de transparencia. La transparencia es un mecanismo que puede ayudar a revertir esta situación negativa. Los resultados del índice nos muestran que el Senado y la Cámara de Diputados tienen mucho espacio para avanzar en esta dirección y fortalecer su institucionalidad", dijo el director Ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht. En esa línea y comparando con la realidad de los países vecinos, el coordinador de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, Octabio del Favero "a nivel regional, aún quedan aspecto importantes en los cuales avanzar, como lo es la regulación y transparencia del lobby y las asesorías a parlamentarios, en la independencia de los órganos fiscalizadores en materia de acceso a la información, en la generación de canales institucionales de participación ciudadana y, en general, en mayor transparencia en los usos de los recursos públicos asignados a los congresos". www.emol.com
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