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  1. 31 Mayo 2017 Investigan a diputados por el pago de casi 800 líneas telefónicas con recursos públicos Iván Fuentes (independiente) y Karol Cariola (PC) son los parlamentarios que encabezan la lista con 27 y 16 líneas móviles declaradas respectivamente. Cámara dio plazo hasta esta semana para que los 120 diputados presenten una declaración jurada con el uso de cada uno de sus números telefónicos. La gran brecha entre el número de asesores y la cantidad de celulares financiados con cargo a las asignaciones parlamentarias es el objetivo de la última auditoría interna que iniciaron autoridades de la Cámara de Diputados. Según publicó Radio Bío Bío, en 2016 los diputados declararon un total de 788 líneas de celulares e internet móvil con cargo a la asignación parlamentaria. Esto significó un desembolso de más de $389 millones con cargo al Fisco, suma que entre enero y marzo de este año superó los $100 millones, con unas 690 líneas activas. Es decir, cada diputado presenta un promedio cercano a seis dispositivos móviles, aunque en algunos la conectividad se dispara. La lista de diputados con más líneas declaradas en 2017 la encabeza el independiente ligado a la DC, Iván Fuentes, con 27 líneas telefónicas. Le siguen Karol Cariola (PC), Cristina Girardi (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Gustavo Hasbún (UDI). Ese es el caso de Iván Fuentes, el registro de la Cámara indica que en 2015 rindió 21 celulares por un total de $15.391.915. El año pasado, en tanto, subió a 27 líneas, totalizando gastos por casi $11 millones, mientras que entre enero y marzo de este año ha declarado 23 líneas activas. Fuentes tuvo cinco asesores en 2016 y este año redujo su equipo a cuatro personas. Karol Cariola, por su parte, rindió 16 líneas móviles en 2016 y mantiene 14 activas en lo que va de este año. La diputada aclara que todos sus asesores (a marzo de este año contabiliza nueve) tienen teléfonos y agrega que cuenta con otros aparatos para quienes se integran a su equipo de manera itinerante y voluntaria. Junto a eso, detalla que utiliza un celular y un plan de datos para iPad con cargo a la asignación. En este contexto, la mesa de la Cámara activó un plan de fiscalización y dio plazo a los 120 diputados hasta esta semana para que presenten una declaración jurada que detalle el uso de cada uno de sus números telefónicos financiados con cargo a la asignación. Además, la corporación inició un proceso de auditoria interna al uso de las asignaciones parlamentarias, cuyo resultado estaría listo durante el segundo semestre de este año. Fuentes: http://www.latercera.com/noticia/investigan-diputados-pago-casi-800-lineas-telefonicas-recursos-publicos/
  2. 13 Febrero 2017 Fiscalía investiga grabaciones telefónicas a empleados que atienden a víctimas Se busca esclarecer el eventual incumplimiento de deberes funcionarios en relación con una solicitud de grabación de llamados. Trabajadores de la Fiscalía de Maipú denunciaron que se estableció un sistema de registro telefónico sin su consentimiento. El 20 de enero pasado, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, mediante la resolución n° 026-2017, ordenó iniciar una investigación administrativa “para esclarecer el eventual incumplimiento de deberes funcionarios respecto de la solicitud y tramitación de grabación de llamados telefónicos de funcionarios de la Unidad de TCMC de la Fiscalía local de Maipú”. La apertura de la indagatoria fue justificada por el Ministerio Público debido a “la naturaleza y las circunstancias de los hechos referidos”. En concreto, se investiga una denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Occidente (Asffro), que alega que el Ministerio Público habría autorizado realizar grabaciones a sus teléfonos institucionales sin su consentimiento. Estos son usados por los funcionarios para atender a víctimas de delitos. La investigación interna quedó a cargo de la jefa de la Fiscalía de Melipilla, Verónica Monjes, y por vacaciones quedará al mando el jefe de la Fiscalía de Curacaví, Luis Cáceres. Según un documento, en que se da una respuesta del director ejecutivo regional de la fiscalía, Rodrigo Lazo, a una solicitud formal de información por Ley de Transparencia, realizada por los empleados públicos tras enterarse de las supuestas interceptaciones, “el 27 de diciembre de 2016, mientras desempeñaban sus funciones en sus puestos de trabajo, una funcionaria recibió un llamado telefónico de una persona que se individualizó como técnico (de una compañía telefónica), informando que estaba realizando pruebas de audio para posteriores grabaciones”. Ante ello, dice el documento, la funcionaria de la fiscalía que recibió el llamado le preguntó a cuáles grabaciones se refería. Y “esta persona señaló que eran pruebas de audio para registrar todo el tráfico de llamados de sus teléfonos institucionales, ya que sus teléfonos estaban en un listado que, por orden de Cristián Zamorano (técnico informático de la fiscalía), debían ser intervenidos para grabar todas sus conversaciones telefónicas”. Tras esto, indica el documento, la Asociación de Funcionarios consultó sobre la situación -mediante correo electrónico- a la administradora de la Fiscalía de Maipú, Claudia González; al fiscal jefe Luis Pablo Cortés y también a la fiscal adjunta Claudia Herrera. Al respecto, González respondió, mediante un e-mail fechado el 29 de diciembre pasado, que “efectivamente, se solicitó un sistema de grabación de llamadas para los contactos efectuados por contact center. Esto tiene por finalidad tener un respaldo en caso de alguna duda o reclamo de usuarios. Este sistema sólo se aplica para esa función, debiendo ser habilitado por cada funcionario a través de una clave”. Sin embargo, esa respuesta no dejó conforme a las funcionarios, debido a que -según ellos- no les habilitaron ese sistema en sus teléfonos, el cual además les pide una clave para iniciar las grabaciones. Por ello, según el documento, los funcionarios afectados con las supuestas interceptaciones pidieron que se les entregue una serie de antecedentes. Sin embargo, esto se encontró con la negativa del Ministerio Público, por “encontrarse vigente el desarrollo de esta investigación administrativa”. Entre los antecedentes que requirieron y les fueron negados están “la cadena de correos u oficios en los que se solicitó, por parte de las jefaturas de la Fiscalía de Maipú, la habilitación del sistema de grabaciones y el contenido de la solicitud”. Hasta ahora ya han declarado en el caso los fiscales de Maipú, el funcionario que presentó la denuncia a nombre de la asociación y también el técnico informático que supuestamente envió la orden para autorizar las grabaciones por parte del Ministerio Público a la compañía telefónica. Versiones Consultado el presidente de la Asociación de Funcionarios de la fiscalía, Fabio Trujillo, dijo “presentamos una denuncia para aclarar si es que se estableció un sistema de grabación completa de las comunicaciones de los teléfonos institucionales. Si es así, habría un acto ilegal y vamos a iniciar todas las acciones legales por un hecho que no corresponde en una institución pública”. Trujillo niega que se les haya habilitado un sistema de contact center a los funcionarios, como señala la administradora de la Fiscalía de Maipú en el correo, el cual debe ser autorizado por los mismos usuarios a través de una clave. “Es imposible haber establecido un sistema de contact center para aquellos objetivos sin haber habilitado primero los teléfonos institucionales. Y como no se habilitaron, la única vía y la más rápida es un sistema de grabación completa”, dijo. Desde la Fiscalía Occidente señalaron que se “determinó iniciar una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en que se solicitó y gestionó la implementación del sistema de registro y gestión de tráfico de llamadas CCS en la Fiscalía Local de Maipú. Este sistema se ocupa en los call center de otras unidades -como las fiscalías de flagrancia- y opera en los teléfonos fijos de funcionarios específicos, para respaldar el contacto con las víctimas y gestionar la efectividad y estacionalidad de las llamadas. La grabación se activa con una clave que usa el propio funcionario”. Agregaron que “la investigación administrativa está a cargo de la fiscal jefe de Melipilla, Verónica Monjes, quien debe indagar eventuales incumplimientos funcionarios”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-investiga-grabaciones-telefonicas-empleados-atienden-victimas/
  3. 16 Septiembre 2016 Sancionan a Qué Pasa por publicar escuchas telefónicas que aluden a Bachelet El Consejo de los Medios de Ética denunció a la revista por haber publicado en su página web y en su edición impresa transcripciones de conversaciones telefónicas de uno de los imputados en el “caso Caval”. En una resolución, aceptada de manera unánime, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social decidió sancionar a la revista Qué Pasa tras la publicación de conversaciones telefónicas del caso Caval donde se aludía a la Presidenta Michelle Bachelet. Luego que el Consejo recibiera dos “denuncias de particulares contra el semanario Qué Pasa, con motivo de las publicaciones efectuadas por este medio de comunicación tanto en su sitio digital como en su edición impresa los días 26 y 27 de mayo de 2016, respectivamente, las que contenían transcripciones de conversaciones telefónicas sostenidas por uno de los imputados en el “caso Caval” -obtenidas por Carabineros mediante interceptaciones a su teléfono celular- en las cuales se atribuían beneficios económicos derivados de dicho caso a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, además de relacionar a terceras personas con hechos que revisten responsabilidad criminal”, según consigna The Clinic. La resolución fue aceptada por los consejeros Abraham Santibáñez (presidente), Francisca Alessandri, Jaime Bellolio Rodríguez, Bernardo Donoso, Mercedes Ducci, María Elena Gronemeyer, María José Lecaros y Patricia Politzer. Según el medio, el fallo señala que “acoger la denuncia presentada contra la revista Qué Pasa por falta a la ética periodística respecto de las publicaciones antes referidas”. El Consejo decidió “sancionar al medio de prensa referido por la falta a la ética cometida, exigiendo la publicación de un extracto de esta resolución". Además agrega que “la publicación, que no podrá incorporar comentarios adicionales, deberá realizarse en un plazo no superior a diez días hábiles contados desde que quede firme la presente resolución”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/16/sancionan-a-que-pasa-por-publicar-escuchas-telefonicas-que-aluden-a-bachelet/
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