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  1. Sumario de Contraloría declaró culpable a exalcaldesa Josefa Errázuriz por simulación de contrato La Contraloría General de la República entregó este mes el resultado de un sumario realizado en contra de la exalcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz. Así lo informó La Tercera, medio que reveló que el 4 de abril pasado el municipio recibió el resultado de la investigación. Lee también... Auditoría fija en casi $7 mil millones el déficit de la Corporación de Providencia La indagación se inició luego de una denuncia presentada en 2016 por el gerente de finanzas del Club Providencia, quien acusó que en febrero de 2014 se ordenó el pago de $31 millones desde esa entidad con el fin de pagar las horas extra de 285 funcionarios municipales. El contralor, Jorge Bermúdez, firmó el 18 de enero de este año el resultado de la investigación, donde se estableció que Errázuriz tiene responsabilidad en simulación de contrato, lo que está sancionado por el Código Penal. Según La Tercera, el delito habría prescrito en febrero, por lo que la fecha en que la Contraloría entregó el resultado impedirá investigar a Errázuriz por la vía judicial. Defensa de Contraloría Sin embargo, mediante un comunicado la Contraloría descartó que exista dicha prescripción ya que esto recién ocurrirá el 29 de enero de 2020. Además, se reportó que Josefa Errázuriz no fue la única inculpada por parte del ente contralor, sino que también lo fue la jefa del Departamento de Personas del municipio, quien recibió una suspensión de 30 días por falta a la probidad. Por último, Contraloría aseguró que por estos hechos hubo una causa penal donde se indagó fraude al fisco. En aquella oportunidad, el Ministerio Público decidió no perseverar. Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/04/14/atraso-de-la-contraloria-impedira-llevar-a-la-justicia-a-la-exalcaldesa-josefa-errazuriz.shtml
  2. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/343233-fraude-en-carabineros-indagan-a-general-gordon-por-el-uso-de-564-millones-en-gastos-de-protocolo/?hl=%2Bfraude&do=findComment&comment=24034362 https://foros.fotech.cl/topic/347740-contralor-los-mails-incautados-de-ramiro-mendoza-y-dorothy-perez-fiscalia-va-tras-sumario-perdido-que-pudo-frenar-fraude-en-carabineros/?hl=%2Bcontralor&do=findComment&comment=24213216 14 Noviembre 2018 Exfuncionaria de Contraloría dijo que Ramiro Mendoza anuló sumario a Carabineros “El contralor (...) luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera”, dice su mail de 2010. El correo de Patricia Arriagada es parte de la denuncia que hizo el fiscal de la Contraloría al Ministerio Público. EL EXCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA RAMIRO MENDOZA. Un documento clave en el caso que investiga por qué la Contraloría dejó sin efecto un sumario a Carabineros, en 2010, llegó esta semana a manos de Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes. Se trata de una denuncia de 15 páginas que Eduardo Díaz, fiscal administrativo de la Contraloría, entregó al Ministerio Público, en la que se detallan una serie de antecedentes que pudieran “revestir caracteres de delito”, según señala el escrito, en relación al fallido sumario al Departamento III de Carabineros, indagatoria que, si no se hubiese anulado, podría haber detectado el fraude en la policía uniformada que hoy asciende a más de $ 26 mil millones. En específico, la indagatoria de Campos está centrada en pesquisar presuntos ilícitos relacionados con el incumplimiento fiscalizador de funcionarios de la Contraloría, además de la posible injerencia que pudo tener, en estos hechos, una reunión entre el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon y el excontralor en la época en que se anuló el sumario, Ramiro Mendoza. “En relación con la supuesta anulación del sumario administrativo en análisis, instruido por la resolución N° 1.782 de 2010, consta en el expediente sumarial que en respuesta de un correo electrónico del señor Guillermo Vidal Giordano, subjefe de la exdivisión de Toma de Razón y Registro, de fecha 15 de noviembre de 2010, a la jefa de la ex DAA (División de Auditorías Administrativas), Srta. Patricia Arriagada, consigna: ‘El contralor después que se dictó la resolución (1.782/10) designando al fiscal y luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera. Atte.’”, dice la denuncia presentada por el fiscal administrativo a Campos. Sin embargo, Patricia Arriagada, quien entre 2011 y 2016 fue la subcontralora de Mendoza, declaró ante Campos que “no recuerdo que durante 2010 yo haya dispuesto una auditoría en Carabineros, tampoco recuerdo que haya dispuesto un sumario administrativo”. En la misma línea, aseguró a Campos que tampoco había visto su anulación. “Nunca lo había visto, es una sorpresa ver este documento. Efectivamente, aparece mi firma bajo mi nombre, pero esto de la leyenda ‘anulada’ no es normal”. Agregó que “yo no le hice seguimiento a este sumario” y que “nunca el señor Mendoza me preguntó por este sumario que yo tampoco recordaba, no obstante haber sido un sumario importante”. Por su parte, el excontralor Mendoza-quien no ha sido citado en el sumario administrativo- declaró el 29 de agosto ante Campos que “no recuerdo que se haya iniciado un sumario en Carabineros durante 2010. Yo, en mi calidad de contralor de la República, no disponía de la apertura de sumarios, estos podían ser aperturados por los jefes de división (…), entre otros funcionarios de la institución”. Sobre la reunión con Gordon y la anulación del sumario, dijo que “no recuerdo por el momento cómo haya terminado este o de haber juntado o reunido con alguien de Carabineros para esto. Sí debo recordar que estas visitas no son extrañas sobre estos temas”. Asimismo, en la denuncia del fiscal de la Contraloría se detalla que en 2017, en el marco de una recopilación de los sumarios contra Carabineros que hizo la entidad fiscalizadora para rendir cuentas a la comisión investigadora de las irregularidades financieras en la policía, nunca se informó sobre el fallido sumario. “Consta en el expediente sumarial que dicha información no fue remitida al contralor general por el Sr. Ricardo Provoste (jefe del Departamento de FF.AA)”, dice la denuncia. También se señala que “habiendo tenido conocimiento de la existencia de esta copia de la resolución exenta N° 1.782 (que dio inicio al fallido sumario), tanto la entonces fiscal de la CGR Carolina Requena como Ricardo Provoste, no efectuaron denuncia (…) a esta fiscalía administrativa, como al Ministerio Público”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/exfuncionaria-contraloria-dijo-ramiro-mendoza-anulo-sumario-carabineros/402484/
  3. 25 Mayo 2018 Gabriela Pizarro en Reportajes de investigación LAS FALLAS QUE IMPIDEN CASTIGAR EL ACOSO SEXUAL EN LAS UNIVERSIDADES Episodios inéditos del sumario por acoso sexual contra el profesor Carlos Carmona La estudiante Sofía Brito acusó de acoso sexual al profesor de Derecho de la U. de Chile, Carlos Carmona, en agosto de 2017. En medio del sumario, Carmona fue ratificado como presidente de la Comisión de Evaluación Docente, clave para los ascensos de los académicos de la facultad. ¿Hubo libertad para que un profesor declarara con su nombre, como lo exige la norma? Esa y otras fallas graves exhibe la historia de este proceso, que CIPER relata en detalle y que sancionó con tres meses de suspensión al ex presidente del TC, provocando un estallido que se replicó en más de 20 universidades del país. Por Gabriela Pizarro Vea también: Davor Harasic: “Si tuviera que hacer hoy varias cosas de las que hice, las haría distinto” Sofía Brito despertó y trató de procesar lo que estaba ocurriendo: sobre ella estaba Carlos Carmona, su profesor, acariciándole el pelo y el rostro. Trató de pararse del sillón. “Pero si está rico así”, le dijo el profesor de 56 años, sin soltarla. Cuando logró zafar del pesado cuerpo que tenía encima, Sofía se incorporó y solo atinó a decir que debían volver al trabajo para poder irse pronto a sus casas. La escena que describe Sofía Brito ocurrió una tarde de agosto de 2017, en la oficina del abogado Carlos Carmona en la sede del Tribunal Constitucional (TC), ubicada en el centro de Santiago. En ese momento, Carmona era el ministro que presidía la institución, una de las más importantes del ordenamiento jurídico del país. Carmona había sido su profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y desde hacía dos años, el profesor la había escogido como su ayudante. Sofía se fue al baño tratando de entender lo que acababa de ocurrir y rompió en llanto. Solo dos semanas atrás, frente a una situación incómoda, Sofía le había advertido que tenía que respetar los “límites corporales” con una mujer. Ahora, frente a este nuevo episodio, ella quedó bloqueada. Sintió culpa. Si hablaba en ese momento, pensó, todo el arduo trabajo podía irse por la borda. Llevaban semanas trabajando sin descanso preparando la discusión que se venía en el TC por la Ley de Aborto en tres causales. Solo faltaban unos días para que comenzara el proceso, el último paso que faltaba para que la ley fuera promulgada. “No quería que esa ley tan importante no se aprobara por mi culpa, eso pensaba”, afirma Sofía, en la denuncia que luego entregó a la universidad. La joven, estudiante de quinto año de Derecho, volvió a la oficina y no recuerda por qué motivo se inició una discusión con Carmona. Estaba choqueada. Sofía volvió al baño y vomitó. Cuando regresó a la oficina, le explicó al profesor que se sentía mal, tomó sus cosas y se fue. Davor Harasic Sofía detalló esta y otras situaciones en un relato de siete páginas que entregó el 24 de agosto de 2017 a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Más de ocho meses después, tras un sumario, el decano Davor Harasic sancionó a Carlos Carmona con tres meses de suspensión. No lo hizo por acoso sexual, sino que por “falta a la probidad”. Harasic explicó a la prensa que tuvo que “acomodar la situación”, porque el Estatuto Administrativo que rige a los académicos de las universidades públicas, solo reconoce el acoso sexual entre funcionarios, pero no entre profesores y estudiantes. Hoy en Chile no existen cifras sobre el acoso sexual en la educación superior. Una investigación de Publimetro publicada el año pasado contabilizó 228 denuncias recibidas en solo 10 universidades durante todo 2016, a través de las federaciones estudiantiles y las secretarías de género. Casi una denuncia día por medio. UNA ESTUDIANTE FRENTE A “LA REPÚBLICA” Carlos Carmona no es cualquier profesor. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde comenzó su relación con la Democracia Cristiana a través de su brazo universitario. A fines de los ‘80 integró el grupo de los “iluminados”, integrado por destacados estudiantes de la Falange, que se reunía en la Fundación Frei bajo la tutela de Gabriel Valdés, quien asumió como presidente del Senado tras el regreso a la democracia. Antes de recibirse como abogado, Carmona fue secretario del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y en 1990, cuando consiguió su título, entró a La Moneda como asesor legal. La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se transformó en su territorio: allí permaneció por casi 20 años, durante los cuatro gobiernos de la Concertación. Como jefe de la División Jurídica, Carmona se transformó en una especie de leyenda. “Los presidentes no firmaban nada si es que Carmona no estaba de acuerdo”, recuerda el senador Francisco Huenchumilla (DC) en una entrevista para La Segunda. El apodo con el que lo bautizó el ex presidente Ricardo Lagos resume bien la idea: “La República”. En abril de 2009, la ex presidenta Michelle Bachelet lo nombró ministro del Tribunal Constitucional. El cargo dura nueve años y, para muchos, fue un reconocimiento a su extenso trabajo en La Moneda. En 2014 se convirtió en el presidente del TC, sillón que mantuvo hasta mediados de 2017. Ha sido profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales (UDP) y en la Universidad Católica, pero donde ha estado más años es en la Universidad de Chile, su casa matriz. Allí es profesor de Derecho Administrativo desde 1998. Sus alumnos lo describen como un profesor brillante, atento y de buen trato con los estudiantes. Las referencias son claras en su perfil de Wikibello, la web donde los estudiantes de la Chile evalúan y describen a sus profesores: “Si alguien está interesado en Derecho Público, Carmona es definitivamente la opción”. Esa área del Derecho era la que le interesaba a Sofía Brito. Ser su ayudante era una oportunidad muy importante para su carrera, pero más lo era llegar a ser coordinadora de ayudantes. -Todos los estudiantes que han sido ayudantes de Carmona, trabajando codo a codo con él, ahora están en la Secretaría General de la Presidencia, se fueron a estudiar afuera, están en el ministerio que les gusta o en el Banco Central. Si esa era el área que te gustaba, era lo que tenías que hacer y todo el mundo te felicitaba por estar ahí -explica Sofía Brito a CIPER. Cuando Sofía se convirtió en la coordinadora de los ayudantes, Carmona le ofreció un pago mensual. La facultad prohíbe pagar por las ayudantías, pero las tareas de Sofía excedían a su labor en la Universidad de Chile: era la asistente de Carmona en las otras universidades donde él impartía clases y también en el Tribunal Constitucional. La carga laboral muchas veces implicó trabajar en la casa del profesor, pero la joven nunca lo cuestionó porque es una práctica regular entre los docentes. -Ir a trabajar a la casa de un profesor no es algo poco habitual en la Facultad de Derecho, y como no está normado, simplemente depende de cómo trabaje cada uno. Con Carmona era así y tú lo considerabas parte de tu formación -explica Brito. Hasta julio de 2017, en su relación con Carmona no ocurrió ninguna situación que encendiera alguna alarma en la estudiante. El profesor era cariñoso, le regalaba libros, cuadernos, pero todo en el marco de su formación. Tampoco eran gestos que Carmona tuviera solo con ella. A veces, el profesor le pedía abrazos, a los que Sofía accedía, pensando que era por la relación “paternal” que se había forjado entre ellos. Otras veces recurría a alguna “excusa amable” -como decirle que ella “no era muy de piel”- para evitar esa cercanía que la hacía sentir incómoda, pero que todavía no despertaba dobles lecturas. Cuando comenzaron a preparar los requerimientos por la Ley de Aborto eso cambió. Las jornadas de trabajo se extendieron hasta altas horas de la noche, de lunes a domingo e incluso en feriados. “Estábamos todo el día juntos”, recuerda la joven. El 31 de julio de 2017 se quedaron solos trabajando en el tribunal. En un momento Brito se levantó de su asiento y Carmona le dijo que tenía una mancha. “Yo pensé que era una mancha en el brazo, o algo así, pero se agachó muy cerca de mí, porque no quería decirme dónde era”, relata ella en la denuncia. Era una mancha de chocolate en el trasero. “Sentí demasiada cercanía inadecuada en zonas íntimas. Me sentí muy incómoda”, describe. Tras salir del tribunal ese día se lo contó a una amiga. Le preguntó si se estaba pasando “rollos” o si debería decirle algo, pero no desconfiaron de las intenciones del profesor. -No estaba segura de si había algo extraño, pero como me molestó, decidí decírselo para poner límites. Entonces le mandé un Whatsapp y se lo dije directamente –contó Brito a CIPER. “Hay límites corporales para las mujeres en ciertas cosas”, le dijo Sofía a Carlos Carmona en ese Whatsapp, donde le explica por qué la situación la había incomodado. También le aclaró que no se lo decía por creer que él estuviese actuando de mala fe, sino porque “es algo que le diría a cualquier persona o amigo, para poner límites en cuestiones que me molestan”, relató en su denuncia. Según el escrito, la reacción inicial del profesor fue buena y le pidió disculpas, pero luego cambió: -En la misma cadena de mensajes él me empieza a decir que lo hacía sentir mal el hecho de que yo pusiera límites en la relación, que era injusta mi acusación y que le dolía mucho. Me hizo sentir culpable por poner límites y por decir que me sentía incómoda -explica Sofía. Sofía Brito identifica hoy ese momento como un punto de inflexión. Porque a partir de esa áspera conversación, las “situaciones incómodas” fueron en aumento: -Hacía chistes con lo que había pasado. Me decía por ejemplo, “oye tienes una… aaah, perdón, verdad que no puedo decir nada” o “no se vaya a caer esa galleta, porque va a quedar la cagada de nuevo” –recuerda la estudiante. Los comentarios de Carmona ya la perturbaban, pero el martes 15 de agosto (día feriado) la situación se hizo insostenible. Fue ese el día en que, después de muchas jornadas de trabajar sin tregua, ella se quedó dormida en el sillón de la oficina y despertó con el profesor encima. Sofía Brito siguió trabajando con el presidente del TC al menos una semana más. Carmona le preguntó en varias ocasiones qué le pasaba. Ella insistió en el punto de los “límites corporales”, y le explicó que esa no era una relación simétrica. “Él me dijo que si yo ponía tantos límites o cercos, no podía tener una relación conmigo (…) que esto era un proyecto y él tenía que conocerme en todas las esferas de mi vida”, relató Sofía en su denuncia. Durante esos días Sofía decidió contarle lo que estaba viviendo a su madre. También compartió lo que la perturbaba con algunos amigos. “Era la primera vez que contaba todo y sacarlo me angustió muchísimo”, escribió en su denuncia. Y fue una de sus amigas la que le dijo que no podía volver ahí y que ni siquiera fuera a buscar sus cosas. La semana del 21 de agosto, cuando se anunció el fallo del TC sobre la Ley de Aborto, Brito le envió un correo a Carmona presentando su renuncia. Acto seguido, se dirigió a la oficina de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de su facultad, para averiguar si podían recibir su denuncia. “Tengo mucho miedo de todo lo que esto pueda ocasionar, pero no puedo seguir quedándome callada”, dice a modo de cierre en el escrito que esa misma semana entregó a la universidad. CIPER se comunicó con el abogado Carlos Carmona para conocer su versión de los hechos. Nos respondió y explicó que, por ahora, no hablará con la prensa. EL SUMARIO EN LA CHILE Tras conversar con Sofía Salvo, en ese momento coordinadora de la DAE en Derecho, la estudiante decidió denunciar a través del protocolo de la universidad, en vez de usar el de la facultad. Así, dice, el fiscal sería un profesor externo y se podría neutralizar de alguna manera la enorme influencia que tiene Carlos Carmona en la escuela. Las siete páginas de la denuncia fueron enviadas rápidamente en un sobre al decano, Davor Harasic, quien debía escoger el nombre del fiscal de una lista de profesores seleccionados a nivel universitario. Harasic eligió a Jesús Redondo Rojo, profesor de la Facultad de Psicología, “porque era una persona que había tenido muchos estudios sobre género”, según explicó a CIPER. Sin embargo, ningún estudio de esas características aparece en su perfil publicado en la web de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Personas que han participado en el proceso indicaron a CIPER que Redondo recibió los antecedentes recién a mediados de octubre, un mes y medio después de que se presentara la denuncia, ya que se encontraba de vacaciones. Apenas volvió, le informaron que debía asumir la investigación junto a Daniel Burgos, funcionario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, quien sería el actuario. Jesús Redondo El primer problema fueron las medidas cautelares. Sofía Brito explica que la coordinadora de la DAE en ese minuto, Sofía Salvo, conversó con ella para manifestarle que no podían hacer mucho. Lo único que podían ofrecerle era apoyo psicológico. La indagación de CIPER arrojó que según la norma tácita que rige en esa facultad, las medidas cautelares solo se aplican a la víctima que denuncia. Y se asume que, por presunción de inocencia, no se puede desplazar al académico de sus funciones. Lo que siempre se ofrecía era cambiar a la denunciante de curso cuando el profesor era el acusado, pero en este caso Carmona ya no era el profesor de Sofía Brito. -Finalmente fui yo la que se tuvo que restar de los espacios. Tenía terror de encontrarme con él y fue muy complejo seguir estudiando. Recuerdo que a fin de año hubo una toma y pensé “qué bueno, voy a poder ir tranquila a la facultad”, porque sabía que Carlos Carmona no iba a estar ahí –cuenta Sofía Brito a CIPER. Pero Carlos Carmona no solo era profesor. Cuando ingresó la denuncia, el abogado era presidente de la Comisión de Evaluación Docente de la facultad. De esa comisión depende la carrera académica de los profesores, determina quiénes son calificados como docentes titulares, entre otras decisiones. La situación era compleja. Y ello, porque en el sumario administrativo que se abre después de una denuncia, todos los testimonios deben ir con nombre y apellido. De existir alguna declaración que lo perjudicara, Carmona sería uno de los primeros en saberlo, ya que el denunciado es el único que tiene acceso al expediente. La primera etapa del sumario está en manos del decano de la facultad, quien debe decidir si la acusación amerita la apertura de un sumario. Si es así, se pasa a la segunda fase donde el fiscal designado conversa con ambas partes y, a partir de esas entrevistas, busca otros testigos y pruebas. En el caso preciso de la acusación contra Carlos Carmona, al concluir esta etapa, el fiscal debía absolverlo o acusarlo formalmente, indicando qué se le imputaba. Quienes conocieron el proceso, indicaron a CIPER que la conclusión fue que la acusación no era tan grave: “un caso nimio” si se lo comparaba con hechos más violentos, como una violación. El fiscal acusó formalmente a Carlos Carmona en enero de 2018. Ese mismo mes el decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasic, propuso y ratificó a Carmona como presidente de la Comisión de Evaluación Docente. Respecto de esa decisión, Harasic hizo un mea culpa y explicó que en ese momento no se le ocurrió la posibilidad de sacarlo y que, además, nadie reclamó: -Si yo tuviera hoy día que hacer varias cosas de las que hice, las haría distinto, pero las cosas tienen un momento y un lugar (…) si estaba sumariado por acoso, no deberíamos haberlo renovado -reconoció el decano a CIPER (ver entrevista). Después de la acusación formal del fiscal, la denunciante ya no tiene la posibilidad de presentar pruebas y recomendar testigos. Por ello, a Sofía Brito solo le quedaba esperar a que el proceso terminara y el expediente se hiciera público. Recién ahí podría conocer la investigación que se hizo. Es en este punto donde se hacen patentes las fallas del Estatuto Administrativo. Porque el sumario fue creado pensando en que es el Estado el que denuncia frente al mal proceder de un funcionario público. Y frente al poder del Estado, es el acusado el que debe tener garantías para poder defenderse. Una falencia que deja a las víctimas de acoso en disparidad de derechos a la hora de denunciar: sin acceso al expediente y, por ende, sin las herramientas para poder reclamar ante la resolución que sanciona o absuelve. Jesús Redondo entregó su informe en la semana del 9 de abril de 2018, tras casi seis meses de investigación (a pesar de que el plazo establecido por el protocolo es de 60 días hábiles como máximo). Y el decano Harasic recién pudo verlo “varios días después” -según testigos consultados por CIPER- y se tomó una semana para estudiarlo. Para entonces, las estudiantes de la Facultad de Derecho ya sabían de la denuncia y del retraso en su resolución. El lunes 23 de abril un grupo de alumnas, que incluía a integrantes de la Secretaría de Sexualidad y Género de la facultad (Sesegen), encaró a Harasic. Le exigieron que el profesor fuera removido de su cátedra y de la presidencia de la Comisión de Evaluación Docente. La respuesta del decano fue negativa. Argumentó que no lo haría, porque ya faltaba muy poco para que saliera la resolución. El miércoles 25 de abril el decano resolvió. Aumentó la sanción recomendada por el fiscal, que propuso solo censura (amonestación por escrito), y optó por suspender a Carlos Carmona durante tres meses, con una rebaja de sueldo que puede ir del 30% al 50% según la normativa. El jueves 26 de abril se informó de la resolución a Carmona y el viernes 27 en la mañana, a Sofía Brito, en una reunión con el decano. Ese mismo día, en la tarde, un grupo de estudiantes se tomó la Facultad de Derecho, exigiendo la destitución de Carlos Carmona y denunciando la cultura machista que dicen vivir en su casa de estudios. Así la Escuela de Derecho se sumó a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, que aún mantiene una “toma feminista” desde el 17 de abril, provocada también por la falta de respuesta ante las denuncias de acoso sexual. La historia de la denuncia y sanción a Carlos Carmona llegó a los principales medios de comunicación durante el primer fin de semana después de la toma, y se transformó en un caso icónico. De ahí en adelante, en distintas instituciones de educación superior, comenzaron a formarse asambleas de mujeres para discutir sobre las situaciones de acoso y cuestionar la falta de respuesta por parte de las autoridades. ROMPIENDO EL CERCO LEGAL A pesar de que la ley que tipifica el acoso sexual se promulgó en 2005, a noviembre de 2017 solo siete de 60 universidades habían diseñado y publicado un protocolo que se hiciera cargo de las denuncias. Y en todos ellos hay vacíos y ambigüedades graves. Así lo registra el estudio liderado por las profesoras Ana Luisa García-Muñoz (UC) y Liz Jackson (University of Hong Kong). Ha sido precisamente el proceso que se le hizo al profesor Carlos Carmona el que ha hecho emerger ese problema a nivel global en las universidades del país: -Los protocolos lo único que hacen es remitir a los lineamentos generales, porque para tener una sanción tengo primero que tener establecido que lo que se acusa sea constitutivo de sanción -explica Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP. El decano Davor Harasic reconoció que no pudo sancionar al profesor Carmona por acoso, porque el Estatuto Administrativo, que establece las normas y sanciones que rigen a los funcionarios públicos (calidad que tienen los profesores de la Universidad de Chile), solo tipifica el acoso sexual entre funcionarios, y no entre funcionario y estudiante. En los hechos, da igual que el protocolo de la Universidad de Chile en la primera página aclare que “este fenómeno ha de entenderse aplicable a otras esferas, como las relaciones universitarias con estudiantes”. Si el Estatuto Administrativo no lo contempla, es letra muerta. Lidia Casas Este problema quedará resuelto una vez que se promulgue la nueva Ley de Universidades del Estado, que sí tipifica el acoso sexual entre profesores y estudiantes y, además, considera a la denunciante como parte interesada en el proceso, dándole acceso al expediente y permitiéndole reclamar ante la resolución. El problema se mantendría en las universidades privadas ya que, en algunos casos, solo dependerá de la reglamentación interna de cada establecimiento, que debe definir qué es lo que se sanciona y cómo. Sin embargo, para la abogada Lidia Casas, la ley siempre será la última palabra: -Hoy, si una estudiante es acosada sexualmente en una universidad privada, se aplica la normativa del Código del Trabajo. No importa que no tenga una relación contractual con el acosador, porque el acoso él lo realiza con ocasión de su trabajo, está afectando la convivencia. La académica Casas afirma que, en ese caso, las estudiantes pueden apelar a los reglamentos internos si sancionan esas conductas o a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección, pero solo mientras el acoso haya ocurrido dentro del establecimiento. “Lamentablemente los actos que ocurren fuera estarían sin posibilidad alguna”, concluye. Actualmente más de 20 universidades de todo el país se han sumado a la movilización con tomas y paros. Durante estas semanas las mujeres han llenado salas, teatros y patios al interior de las universidades para comenzar a verbalizar lo que han vivido dentro y fuera de esos espacios. En paralelo, han comenzado a hacer catastros de las denuncias y a coordinarse entre asambleas intentado recuperar décadas de silencio e impunidad. Una catarsis colectiva que le ha ido dando forma a un petitorio a nivel nacional, en el que la demanda por una educación no sexista se levanta como tema central. Una exigencia que por años estuvo relegada a un rol secundario dentro del petitorio que construyó el movimiento estudiantil que explotó en 2011. Una estudiante desde una de las tomas reflexiona: -Pocos recuerdan que fue al calor de ese mismo movimiento, liderado principalmente por hombres, que comenzamos a cuestionar las prácticas machistas en la educación. Muchas organizaciones estudiantiles que surgieron o crecieron en el 2011, vivieron sus propios procesos de denuncia por abusos de los mismos estudiantes contra sus compañeras. Es un camino largo, pero ya lo empezamos y estamos juntas. Fuente: http://ciperchile.cl/2018/05/25/los-episodios-desconocidos-de-la-acusacion-por-acoso-sexual-contra-el-profesor-carlos-carmona/
  4. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/327904-caso-matute-johns-colegio-de-abogados-advierte-por-posible-prescripcion-del-caso-matute/?hl=%2Bmatute+%2Bjohns&do=findComment&comment=23039142 11 Marzo 2018 Caso Matute: ministra ordena reapertura del sumario y ordena nuevas diligencias La defensa de la familia ha dicho que tiene la obligación de ultimar todos los detalles para esclarecer la muerte del joven penquista. “Aquí se demuestra lo que hemos reiterado desde un inicio, la investigación no está agotada”. Así se refirió Alex Matute a la decisión de la ministra en visita en la Corte de Apelaciones, Carola Rivas, de reabrir el sumario por la muerte del joven Jorge Matute Johns. La decisión de continuar con la investigación se produjo luego de que la magistrada acogiera la realización de 11 de las 16 diligencias solicitadas por los abogados de la familia para la reapertura del sumario, el cual había sido cerrado por Rivas en abril pasado, tras rechazar diligencias que consideró realizadas o que no aportaban al esclarecimiento de los hechos. “Pedimos que ciertas diligencias se hicieran por el Departamento Quinto de la PDI, toda vez que hay policías y expolicías involucrados. Es un tema que hay que manejarlo con más delicadeza puesto que es importante saber qué pasó realmente ahí”, explica Alex Matute. Para el abogado de la familia, Fernando Saenger, las diligencias solicitadas podrían abrir otras que aporten a esclarecer el caso. “En general, la ministra rechazó las medidas por muchos argumentos relativos a su conocimiento del sumario y que, según su opinión, son innecesarias. Vamos a apelar y eso no requiere fundamento”. Saenger considera necesario acotar todas las instancias y despejar dudas para llegar al nombre de el o los responsables de la muerte de Matute. “La ministra domina muy bien el expediente, pero ella tenía una nómina de alrededor de 19 personas posibles sospechosas, pero no con presunciones. Acá ella puede estar equivocada de buena fe, entonces tenemos que ultimar detalles en particular”. Dentro de las nuevas diligencias se solicitó a la Brigada de Homicidios Metropolitana, entrevistar nuevamente a Damián Díaz, quien estuvo a cargo del traslado del personal de la discoteca La Cucaracha el día de la desaparición del universitario. También se solicitó ubicar y entrevistar a tres personas, entre ellos los excomisarios de la policía civil Herwin Rojas y Carlos Stuardo, para que expliquen el origen de la carpeta “Hoja de Parra”. Además, se tiene considerado un careo entre Gerardo Roa y una testigo. Así mismo, se accedió a entrevistar a los padres de Roa, y la inspección de videos que se han reunido en la causa. Por otro lado, Rivas descartó interrogar al exprefecto de la PDI Héctor Arenas, por considerar que el detective no posee los conocimientos y preparación para cuestionar el trabajo científico de los especialistas, a raíz de dudas que Arenas formuló sobre los resultados de los peritajes realizados por expertos que permitieron hallar pentobarbital en los restos de “Coke”. Considerando lo anterior, también se rechazó lo solicitado por los abogados de realizar nuevas pericias a los restos de Jorge que aún se mantienen en el Servicio Médico Legal. “(…) debido a que dicha materia ya fue respondida por peritos expertos en la tecnología utilizada y en la forma como se obtienen los hallazgos, descartándose cualquier posibilidad de ocurrencia de contaminación externa o vegetal, sin que esta ministra pueda considerar que la afirmación que realiza el Sr. Arenas ante un medio de prensa responda a algún conocimiento científico particular sobre el tema por el que opina o que sea superior a la de los profesionales en la ciencia que ya la han contestado en autos”, señala la resolución. La ministra también rechazó las peticiones del Consejo de Defensa del Estado por considerarlas impertinentes. Aun así, el abogado Georgy Schubert, procurador fiscal del CDE en Concepción, sostiene que las diligencias solicitadas son necesarias. “Las diligencias del Consejo apuntan a preguntarles a los funcionarios encargados de la investigación de la época por qué no se siguieron ciertas líneas de investigación. Si acaso existió negligencia, errores, omisiones u órdenes de que no se siguieran algunas diligencias”. Hace unos días, Héctor Arenas presentó una queja disciplinaria en contra de la ministra Carola Rivas porque, según el ex detective, la magistrada atentó contra su honor y denostó el trabajo investigativo que realizó junto a su equipo en el año 2000. “No entiendo por qué nunca me entrevistaron. Si la ministra me acusa públicamente de un montón de hechos, por lo menos debió citarme para que explicará por qué no se siguió con la línea ‘Hoja de Parra’. Lo que pasa aquí es que ella arma una historia con declaraciones de dos funcionarios que narran hechos que no están conectados y que ni siquiera han sido comprobados”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/caso-matute-ministra-ordena-reapertura-del-sumario-ordena-nuevas-diligencias/162124/
  5. 05 Abril 2017 Persecutor de O`Higgins enfrentará nuevamente investigación por sus dichos Abbott abre sumario contra fiscal Emiliano Arias Esta vez, la investigación buscará recabar antecedentes acerca de las expresiones de Arias con respecto a la Compañía General de Electricidad (CGE). Hace unas semanas los abogados de la defensa de dicha empresa reclamaron falta de cautela por parte de Arias, quien apuntó a las fallas eléctricas como causantes del incendio que afectó en enero al país. Durante la jornada de hoy el persecutor regional de O`Higgins, Emiliano Arias, fue notificado de un nuevo sumario en su contra, determinado por el fiscal nacional Jorge Abbott. Esta vez el objetivo del sumario son los dichos de Arias en medio de los incendios que afectaron en enero al país. "Hay incendios que se deben a falta de una adecuada mantención del tendido eléctrico", señaló Arias entonces, generando la molestia de los ejecutivos de CGE, quienes pidieron sanciones a Abbott por los dichos del persecutor. El reclamo apuntó a que Arias quebrantó "los principios de objetividad y obligación de abstención de opinión previa que pesan sobre todo funcionario público y en especial, sobre los fiscales del Ministerio Público". Hace un par de semanas, la defensa de GCE señaló en su reclamación que "lejos de tener la cautela de poder investigar otras hipótesis alternativas, el fiscal vuelve a afirmar que las causas del incendio se producen por fallas eléctricas y que eso conlleva responsabilidad penal", señalaron los abogados. La investigación respecto a los dichos de Arias quedará en manos de Cristián Paredes, fiscal regional de la Araucanía. De acuerdo a lo consultado sobre el inicio del sumario contra el Fiscal Arias, el Ministerio Público informó que "es una práctica habitual de la Fiscalía Nacional analizar todas las reclamaciones y solicitudes de sumarios que intervinientes o terceros presentan contra fiscales". De acuerdo a la política de transparencia del Ministerio Público y "con el propósito de despejar eventuales infracciones, el Fiscal Nacional entregó los antecedentes recabados e instruyó" a dicho Fiscal Regional de La Araucanía para que lleve adelante esta investigación. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/04/abbott-abre-sumario-contra-fiscal-emiliano-arias/
  6. 26 Abril 2017 Concejal de Providencia pide sumario por supuesto uso irregular de recursos en la división jurídica de la municipalidad Pablo Jaeger pidió que se aclaren las funciones en el municipio de dos abogados y el eventual uso indebido de un vehículo fiscal Durante la última sesión del Concejo Municipal de Providencia, el concejal Pablo Jaeger (DC) cueestionó el uso supuestamente irregular de recursos, tanto humanos como materiales en la división jurídica de la municipalidad que encabeza Evelyn Matthei. En la ocasión Jaeger pidió un sumario por el eventual uso irregular de un vehículo fiscal por parte de un abogado de la entidad. "solicito a la señora Alcaldesa que instruya un sumario administrativo en contra del Sr. Rieloff para determinar su eventual responsabilidad administrativa, en especial por el uso de vehículo fiscal para fines particulares, lo que es motivo de destitución. Más aún, solicito que, en tanto mantenga el cargo de abogado integrante, abandone el cargo de Director Jurídico de la Municipalidad", dice el acta del Concejo. Paralelamente Jaeger, quien es accionista minoritario de El Mostrador, pidió aclarar el vínculo con la municipalidad del abogado simpatizante UDI Mario Zumelzu. "Pido se informe a este Concejo si tal abogado tiene algún vínculo contractual con la Municipalidad de Providencia, y de existir que se nos entregue copia del contrato respectivo, además de las explicaciones para recurrir a un abogado externo existiendo abogados funcionarios municipales", agregó el edil. Por último el concejal inquirió sobre el trabajo que realiza el abogado Vladimir Mondaca, quien acompañó a Gonzalo Cornejo, ex alcalde de Recoleta y hoy funcionario de Providencia, en una audiencia particular con motivo de una querella por injurias que presentó contra Jaeger. "Esto es absolutamente irregular e inaceptable. Pido se investigue si tal abogado se ausentó de su trabajo en la Municipalidad con algún permiso administrativo o si, por el contrario, como presumo, simplemente dejó su trabajo para acompañar a su amigo y perseguir a este Concejal. ¿Se movilizó en un vehículo municipal?", concluyó. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/26/concejal-de-providencia-pide-sumario-por-supuesto-uso-irregular-de-recursos-en-la-division-juridica-de-la-municipalidad/
  7. Registro Civil inicia etapa acusatoria por paro de 2015 Funcionarios fueron notificados de los cargos en sumario instruido tras movilización. Arriesgan desde multas hasta destitución. Con una comunicación formal detallando los cargos que se imputan, se inició la etapa acusatoria en el sumario instruido en el Registro Civil a los funcionarios que mantuvieron paralizado al servicio durante 39 días en 2015. Con esta notificación, que comenzó el viernes pasado, se dio por cerrada la etapa investigativa del proceso disciplinario que se abrió por el incumplimiento de la jornada laboral durante el periodo de paralización. Ahora los trabajadores cuestionados tienen un plazo de cinco días para presentar sus descargos, defensas y solicitar u ofrecer pruebas. Respecto al proceso, el director nacional (s) de la institución, Jorge Alvarez, afirmó que “esta notificación corresponde al natural desarrollo de un proceso disciplinario, regulado por el Estatuto Administrativo que rige para todos los funcionarios públicos, y que en este caso avanza a sus etapas finales”. Una vez finalizados los descargos y alegatos, el fiscal del servicio propondrá una sanción y el director de la institución podrá ordenar la reapertura del sumario, absolver o aplicar una medida disciplinaria. De acuerdo a lo que establece la ley, por infracción a sus deberes, los funcionarios arriesgan sanciones que van desde censura y multas; la suspensión del empleo por periodos de 30 días a tres meses, o en la situación más extrema, la destitución de sus funciones. Según estimaciones del servicio, el proceso debería terminar en el plazo de un mes. Si bien no se informó del número exacto de funcionarios sumariados y notificados, se sabe que se trata de trabajadores de todo el país. “Con el cierre de este proceso legal estamos dejando atrás un escenario que fue doloroso para todos, y ahora la mirada de futuro que tenemos con los funcionarios es trabajar en conjunto para seguir construyendo un mejor Registro Civil,”, sostuvo Alvarez. El paro de 2015 fue uno de los más largos y costosos que ha vivido el servicio. Durante la paralización, los funcionarios, representados por Nelly Díaz, presidenta de la Asociación Nacional que los agrupa, negociaron durante 39 días con el Poder Ejecutivo y con la entonces ministra de Justicia Javiera Blanco, quien señalaba que se trataba de un “paro ilegal”. Los trabajadores exigían mejoras laborales, que se vieron materializadas en un bono mensual de $ 65.000 para los 3.182 funcionarios del servicio, que comenzó a ser entregado a comienzos de este año. En el periodo de huelga, casi dos millones de trámites debieron ser postergados, generando múltiples reclamos de parte de los usuarios, quienes en algunos casos perdieron viajes o debieron retrasar la compra de pasajes producto de la movilización. En ese momento, el gobierno estimó que las pérdidas por el paro superaron los US$ 4,7 millones. www.latercera.com
  8. 14 Abril 2017 Valparaíso: inician sumario por permisos de Mirador Barón Contraloría ofició al municipio tras detectar irregularidades. Inmobiliaria indicó que ellos siempre han “actuado de buena fe”. La Municipalidad de Valparaíso recibió un dictamen de Contraloría, en el cual se da respuesta a la denuncia de la comunidad de Cerro Barón, quienes en julio de 2016 informaron supuestas irregularidades en el proyecto inmobiliario “Mirador Barón”. El proyecto busca emplazar dos edificios de cuatro pisos enfrentados hacia calle Portales y otros cuatro inmuebles, de nueve pisos, desde el plano del cerro hacia Avenida Argentina. En el documento que la Contraloría envío a la alcaldía se señala que en el caso de los seis edificios “es dable concluir que tantos los certificados de informaciones previas, como el informe del revisor independiente y el proyecto aprobado, no se ajustan a la normativa urbanística aplicable en la especie”. Se precisa, además, que “no corresponde, para el otorgamiento de permisos, que la DOM (dirección de obras municipales), efectúe interpretaciones como la de la especie, ya que esa facultad recae sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. La Contraloría pide a la autoridad comunal disponer medidas para evitar la reiterada actuación reprochada: “El municipio deberá iniciar el correspondiente sumario administrativo”, se indicó. Este jueves, en la sede edilicia se dio por iniciado lo ordenado por el órgano contralor. El administrador municipal, Claudio Opazo, indicó que “los antecedentes están siendo revisados por nuestro equipo jurídico, el cual nos indicará cómo proceder frente a proyectos que presenten irregularidades. El municipio actuará conforme a la ley, apostando siempre a resguardar la calidad de vida de los vecinos y la protección del barrio”. En esa línea, deberá considerarse la posible invalidación administrativa de los actos considerados irregulares, que es lo que persigue la comunidad de vecinos del ex Hospital Ferroviario de Cerro Barón. Mediante un comunicado expresaron que “este hecho confirma la validez de nuestra lucha de casi tres años, durante los cuales hemos realizado innumerables acciones para defender nuestro espacio de vida”. Desde la inmobiliaria Mirador Barón aseguraron no conocer el dictamen, pero indicaron estar tranquilos, “ya que siempre hemos actuado de buena fe, ajustando nuestro proyecto estrictamente a la ley, contemplando todas las normas urbanísticas de la Ley General de Construcción, como así también los instrumentos de planificación territorial vigentes”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/valparaiso-inician-sumario-permisos-mirador-baron/
  9. 04 de septiembre del 2016 / 03:55 Hrs Jaime Pilowsky: "De lo que me he podido informar, el sumario del Ejército es insuficiente" El presidente de la comisión que investigó el fraude en la institución castrense con fondos de la Ley Reservada del Cobre analiza los nudos que dejó este ilícito. “En muchos casos, las comisiones investigadoras establecen responsabilidades y hacen recomendaciones muy atendibles, pero algunas de ellas quedan en el olvido. Yo espero que en seis meses más podamos hacer una evaluación de las medidas propuestas, para ver si se están implementando y cuál es su efectividad”. Así se plantea el diputado DC Jaime Pilowsky respecto de la instancia parlamentaria que investigó el fraude ocurrido en el Ejército, con fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, y que él presidió. El miércoles reciente, tras ocho meses de trabajo, la comisión entregó sus conclusiones. Esta es su evaluación de la gestión. “El fraude fue cometido por un grupo acotado de funcionarios, pero durante un período de tiempo extenso, de cinco años a lo menos, por lo que claramente fallaron los controles. En las reparticiones del Ejército, principalmente en el Comando de Apoyo de la Fuerza, no había un sistema integrado y seguro de control; en el Ministerio de Defensa tampoco había un programa efectivo para cumplir con su función de fiscalizar las rendiciones de cuentas ya decretadas. Y la Contraloría se había autolimitado en sus facultades”, dice Pilowsky. ¿Cuál es la recomendación? Derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de la Defensa Nacional. Esa norma ya cumplió su ciclo y hay que derogarla. ¿Lo dejó conforme la indagatoria? Estoy satisfecho por la forma en que realizamos este trabajo con los diputados integrantes de la comisión. Nuestra labor era establecer las responsabilidades en que incurrieron los distintos actores, organismos y reparticiones que se relacionan con la administración y control de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Analizamos si hubo negligencia al cumplir las funciones a las que están obligados los funcionarios, y aquí varios quedaron ‘al debe’, particularmente los generales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), del Ejército, repartición que administra dichos recursos. ¿Cooperaron las diferentes entidades del Ejército y del Ministerio de Defensa? Me imagino que para el Ejército no ha sido fácil asimilar una situación de fraude en una de sus reparticiones. Pero nosotros no ponemos en duda la honorabilidad de miles de funcionarios de esta institución, que trabajan de forma responsable y honrada. El Ejército y el Ministerio de Defensa cooperaron adecuadamente, dentro de sus facultades y competencias, incluso coordinando la asistencia de ex oficiales que no estaban obligados legalmente a comparecer. El único que lamentablemente se excusó de asistir fue el general ® Juan Miguel Fuente- Alba, comandante en jefe durante el período en que se cometió este fraude. Si hay algo que criticar, pero lo señalo a título personal, es la demora del Ejército en el sumario administrativo interno, que aún se encuentra en tramitación. ¿Ha examinado ese informe? No conozco el detalle de ese sumario practicado al interior del Ejército, pero de lo que me he podido informar es claramente insuficiente. Los sumarios deben revisar quién omitió realizar la labor que en definitiva permite que se verifiquen los hechos investigados, y en ello el sumario se queda corto. No puede ser que al final los responsables de todo sean dos o tres oficiales de menor graduación y un par de suboficiales. Ellos tienen superiores, y dichos superiores tienen el deber de responder por la conducta de sus subordinados cuando no adoptan las medidas que son propias de su cargo. ¿Cree que la actual Comandancia en Jefe del Ejército ha avanzado en transparentar los gastos por Ley Reservada del Cobre? En el marco actual de financiamiento y sus especiales características de reserva, resulta un tema complejo de ser resuelto sólo por el Ejército. Con todo, lo más importante es que, dentro del actual marco legal, el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, está implementando medidas administrativas internas que permiten que los procesos que se utilizan para la adquisición y mantención del potencial bélico se hagan, considerando los riesgos asociados, con controles. ¿Recibió presiones la comisión? Ninguna. Yo no recibí ningún llamado de alguien para influir en nuestras conclusiones. ¿Pedirá que se investigue más a fondo al general ® Fuente-Alba? Tanto la fiscalía como el ministro en visita Omar Astudillo se encuentran investigando su caso. Y aun cuando dichas pesquisas no dicen directa relación nuestra investigación, es absolutamente necesario esclarecer los hechos. Resulta inexplicable que un general, con el nivel de ingresos que él tenía, pueda acumular un patrimonio como el que se ha informado Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-695260-9-jaime-pilowsky-de-lo-que-me-he-podido-informar-el-sumario-del-ejercito-es.shtml
  10. 25 de septiembre del 2016 / 20:55 Hrs Docentes piden abrir sumario en U. de Chile para aclarar pagos a corporación privada Entidad estaría ligada al Instituto Nacional de Asuntos Públicos (INAP), dependiente de la Casa de Bello. Universidad solicitó hace un mes reunir antecedentes para evaluar si es necesaria una investigación. La Torre 15 de la Universidad de Chile es la dirección que registra la corporación en su web. El caso de la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile que investiga el Ministerio Público por el uso de contratos falsos para retirar $ 270 millones desde la entidad, entre 2011 y 2012, generó preocupación en la casa de estudios por eventuales desvíos de recursos públicos. Sin embargo, podría no ser un caso aislado. Hace poco más de un mes, las alertas se encendieron en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP), también perteneciente a la Universidad de Chile, donde surgió una situación que tiene intranquilos a profesores y estudiantes. El 19 de agosto pasado, dos profesores y el presidente del Centro de Alumnos pidieron al director del INAP, Hugo Frühling, abrir un sumario administrativo. Esto luego de recibir un mail anónimo que incluía un informe realizado sobre la base de datos públicos en los que se apunta a una corporación de derecho privado, llamada Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAP), y que ofrece diplomados a través de la página web del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC), que pertenece al INAP. El punto es que estos servicios serían costeados por la universidad, pero el arancel de los cursos se pagaría a la cuenta corriente de la corporación. También se denuncia la adjudicación por parte de CAP de una serie de proyectos de gobierno que serían costeados con dinero de la casa de estudios. En su petición formal, el profesor Cristián Pliscoff justifica la necesidad de un sumario en el INAP debido a “la aparente gravedad de la información que me han hecho llegar” y para “dilucidar la efectividad de los hechos denunciados”. Del mismo modo, la académica Verónica Figueroa, en su escrito, solicita “la instrucción de un sumario administrativo para dilucidar una serie de hechos que ponen en cuestionamiento la vinculación entre la Corporación Centro de Análisis de Políticas Públicas con el Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile (...) está la posibilidad de que exista daño al patrimonio institucional”. En el mismo correo, la académica adjuntó el documento que denuncia las presuntas irregularidades y señaló que “dicho informe debe ser analizado e investigado y aclarar así las dudas que origina”. Actividades de la entidad La directora ejecutiva de la Corporación CAP es Alejandra Mohor, quien a su vez es investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) dependiente del INAP. La dirección informada en la página web de la entidad privada (www.corporacioncap.cl) es Diagonal Paraguay 265 oficina 1303, correspondiente a la Torre 15 de la Universidad de Chile. Sin embargo, al consultar en ese domicilio a personas que trabajan en el lugar, negaron que ahí funcionara la corporación. En la página web del CESC de la U. de Chile están publicados los datos y la cuenta bancaria de la corporación con el objetivo de recibir pagos de diplomados impartidos por el centro de estudios (ver documento). El arancel promedio de cada uno de estos cursos es de $ 400 mil. En la misma web se identifica a las personas que trabajan en estos diplomados como coordinadores y tutores, quienes a la vez son remuneradas por la casa de estudios, según la página de transparencia de la U. de Chile. Al respecto, Adrián Medel, presidente del Centro de Alumnos del INAP, quien también pidió la apertura de un sumario, dijo que “recaudan dinero a través de la Corporación CAP de derecho privado que no es parte de la universidad, ofreciendo cursos y ganando fondos a través de los servicios del CESC que depende del INAP. Aún nadie sabe dónde se han destinado las platas ganadas. Se ha estado usando la universidad para beneficios privados. Exigimos que se audite a esta corporación y que la fiscalía investigue dónde se han destinado las platas”. En la misma línea, la profesora Figueroa indicó que “es necesario responder cuál es la relación de la corporación con el INAP, por qué se realizan actividades académicas por esa instancia, cuál ha sido el criterio para ello y si es que existe una cuenta privada para recepcionar dineros de diplomas que se dictan a través de la Universidad de Chile, cuál es la razón para ello”. Además de ofrecer diplomados, la Corporación CAP se ha adjudicado diversos proyectos de gobierno. Uno de ellos fue “Sistematización e identificación de lecciones aprendidas en la intervención con la población reclusa femenina”, perteneciente al Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del año 2014, y cuyo valor ascendió a $ 42 millones, según la resolución exenta N° 1690 de la subsecretaría. A ello se suma que el proyecto fue realizado por un equipo de investigadores que, de acuerdo a la web de transparencia de la U. de Chile, son remunerados con el presupuesto de la INAP. Según la respuesta vía Ley de Transparencia N°287/2016 del 22 de junio pasado, de la Unidad de Gestión de la Información Institucional de la U. de Chile, “la Corporación CAP no integra la estructura orgánica de la Universidad de Chile, ni pertenece a la administración de Estado, por lo que no resulta factible entregar por esta vía (...) información propia del ámbito interno de la gestión y administración de la corporación”. Versión de la corporación Alejandra Mohor, directora ejecutiva de la Corporación CAP, señaló a La Tercera que no puede entregar ninguna información respecto de la situación “puesto a que hay una investigación en curso. El lunes (hoy) se entregan los antecedentes a la Vicerrectoría Económica”. Sin embargo, señaló que “quienes han hecho estas acusaciones han establecido asociaciones entre hechos que son absolutamente espurios, sin ninguna base y que están mancillando no solo a la Universidad de Chile, al Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, sino que a personas que estamos vinculadas a ambos también”. Respuesta institucional Luego de recibir la petición de abrir un sumario por parte de docentes y estudiantes, el director de INAP comunicó la situación -mediante el oficio N°172/2016- al vicerrector Económico, Enrique Manzur, “a objeto de que usted determine el curso administrativo a seguir”. Manzur “sugirió” a Frühling, según el oficio n.° 338 del 29 de agosto pasado, “abrir un proceso de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar un procedimiento, en este caso, sumarial”. Desde la dirección del INAP emitieron una declaración pública en respuesta a la situación. “Recientemente ha circulado un correo de carácter anónimo en donde se acusan supuestas irregularidades entre el INAP, el CESC y la Corporación Centro de Análisis de Política Pública. El documento se basa en una selección de informaciones parciales tomadas de bases de datos de dominio público, y no identifica responsable alguno de las acusaciones. Al respecto (...) desde fines de agosto se está realizando una recolección de antecedentes del caso cuyos resultados emanarán en un plazo breve”. Agregaron que “como institución reiteramos nuestro compromiso con la probidad y el uso responsable de los recursos públicos, y velaremos para que el procedimiento siga los canales adecuados con el rigor”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-698045-9-docentes-piden-abrir-sumario-en-u-de-chile-para-aclarar-pagos-a-corporacion.shtml
  11. 15 de agosto del 2016 / 01:37 Hrs Emiliano Arias, fiscal Regional de O'Higgins: "Puede haber más casos como el de Orpis y más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos" Fiscal del caso Corpesca explica los alcances de la nueva arista de investigación en torno a la tramitación de la Ley de Pesca. "Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar", dijo sobre las nuevas diligencias. El fiscal Emiliano Arias, a cargo del caso Corpesca, explica que se han configurado tres hechos que llevaron a abrir nuevas aristas de investigación, las que podrían involucrar a otras empresas -además de la del grupo Angelini- en casos de financiamiento irregular a la política. El primero, una serie de correos electrónicos entre representantes de la industria pesquera que dan cuenta de una coordinación para ejercer lobby sobre parlamentarios durante la tramitación de la ley. En segundo lugar, el hecho de que casi todas las empresas vinculadas a asociaciones del norte, centro y sur del país han realizado ante el SII rectificatorias de impuestos no pagados en 2012, año en que se tramitó la modificación legal. Y tercero: además del caso Corpesca, donde según la fiscalía estarían acreditados incentivos pecuniarios a algunos parlamentarios, como el senador Jaime Orpis, se requiere indagar el alcance de los pagos recibidos por el hoy diputado Iván Fuentes de pesqueras de Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador Patricio Walker. El fiscal confirma que se están indagando a las pesqueras que operan en la región del Biobío, cuya mayoría se asocia en Asipes. Y pese a que los indicios de posibles irregularidades se encuentran bajo reserva, aquí explica los alcances de la nueva arista. “Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”. Pero eso no es un ilícito, salvo que haya habido cohecho. Esto no es ilícito desde el punto de vista económico. Si una ley los va a afectar, las empresas de ese sector hacen lobby y ejercen presión en los parlamentarios de su zona, o de la comisión respectiva con el objeto de que salga la nueva ley favorable a sus intereses. ¿Se trata de una investigación a otras pesqueras? Los hechos investigados en Corpesca no delimitan la investigación no formalizada, ni respecto de empresas ni respecto de personas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que, tras haber cumplido un hito bastante trascendente, como haber desaforado al senador Jaime Orpis, que se le haya imputado además, a él, a la diputada Marta Isasi y al gerente general Francisco Mujica, la investigación avanza en relación a todos los otros actores. ¿Los nuevos antecedentes tienen relación con Asipes o con las pesqueras de la Octava Región? Sí, efectivamente. A lo que estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca. ¿Cuáles son los nuevos antecedentes encontrados en las pesqueras de la Octava Región? Lo que ocurre es que no puedo dar especificaciones, porque hay piezas bajo reserva. Pero podemos hablar de fenómenos. Hay asesores, hay rectificatorias y en los correos -incautados el año pasado en Corpesca- se ve una operación de conjunto, de que todos están en conocimiento. En el caso de Corpesca, eso ya está acreditado con cohecho, y en el segundo, Fipes, que lleva mi colega Pedro Salgado, se encuentra en investigación. Entonces, tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos. Ese es el tema. ¿Las empresas asociadas en Asipes tienen rectificatorias ante el SII? Sí. Ya se hicieron las primeras diligencias para seguir avanzando. Esto fue requerir a las empresas pesqueras sus contabilidades y en cada caso las rectificatorias que hubieran efectuado. ¿Las empresas entregaron la información? Sí, están colaborando, son diligencias ya realizadas. Entonces, el resto de las coincidencias, si es que existen, vienen ahora en el análisis, cuando ya entremos en un terreno que podría llevarnos a inclinar la balanza hacia lo constitutivo de delitos, que podría ser la existencia de rectificatorias por boletas ideológicamente falsas asociadas a un parlamentario que haya participado en la votación de la Ley de Pesca. ¿Encontraron boletas presuntamente falsas en otras pesqueras? No, aún no. Requerimos la información y una vez que esos antecedentes lleguen van a ser objeto de análisis. ¿La presunción es que podría haber más casos como los de Orpis? Sí. Eso estamos investigando. Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación. ¿El fiscal nacional Jorge Abbott está al tanto de los nuevos antecedentes?. Sí, está al tanto. Y estamos trabajando con el fiscal Pedro Salgado en forma coordinada. Lo que une estas investigaciones es la Ley de Pesca. ¿Cree que el interés de las pesqueras quedó consagrado en la ley? Sí, eso ya está acreditado por el estándar de prisión preventiva. ¿Estamos hablando de las Licencia Transables de Pesca? Sí, ahí encontramos un interés concreto que es manifestado en la ley. Ahora bien, acá hay un aspecto interesante. Algunos pueden decir que la ley habría salido de la misma forma del Congreso. Pero ese no es el tema. En nuestras investigaciones, lo que se debe tener en cuenta es la forma cómo algo se obtiene y si eso es a través de un cohecho. Eso es lo que nos importa, más que el resultado. El cohecho es un acto tan peligroso y tan reprochable, que lo que importa es que se cometa, más allá del resultado. ¿A su juicio, tiene asidero el eslogan que algunos actores buscan instalar, de que estamos en presencia de una ‘ley corrupta’? La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción. La semana pasada el fiscal Abbott sacó un instructivo que determina no perseverar en casos sin querella. ¿Limita esa instrucción este tipo de causas? En lo personal, creo que era necesario el instructivo y estoy de acuerdo con lo que este señala. No se opone, sino que se condice con las actuaciones que nosotros hemos realizado en las causas. Pero en la medida que alguien -cualquier persona- entregue antecedentes, sea en una declaración o porque encontramos indicios de que se financió ilicitamente a un político a través de la emisión de boletas falsas, nosotros tenemos una obligación bien clara en la ley, y que el instructivo tampoco desconoce: informar al SII de la eventual comisión de un delito tributario. Lo que no podemos es estar con las investigaciones eternamente abiertas. Tenemos que darle una solución en un momento determinado y claro, una decisión de no perseverar en un momento determinado es una solución de carácter temporal. Tras ocho meses de gestión, el desempeño del fiscal nacional no ha estado exento de algunos cuestionamientos. Se ha hablado de cierta descoordinación interna. Yo lo veo como un fiscal nacional que escucha a los fiscales regionales al momento de tomar decisiones trascendentes, tales como el último instructivo. Y se agradece que se dé el tiempo de tener una conversación. ¿Cómo ha sido su llegada a la fiscalía de Rancagua, teniendo causas como Corpesca y Caval? La clave, creo yo, para enfrentar este tipo de investigaciones es hacerlo en equipo. En consecuencia, no me generó problemas, teniendo el equipo que tengo, y me refiero concretamente a dos de los mejores fiscales de Chile que están trabajando en esos casos, que son Ximena Chong y Sergio Moya. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-692603-9-emiliano-arias-fiscal-regional-de-ohiggins-puede-haber-mas-casos-como-el-de.shtml
  12. 04 Agosto 2016 La historia familiar que deja al descubierto el sumario Los pasajes más oscuros de la investigación de la Cancillería sobre Patricio Hales No sólo una ex empleada de la Embajada de Chile en Francia, Carolina Cosmelli, ha denunciado malos tratos del ex embajador. Hace un par de semanas, esa hebra descosió un tejido oscuro sobre la vida familiar de Hales, cuando las hijas de su actual pareja testificaron en su contra. “Si andaba de buen humor todo era relativamente agradable, pero si él estaba de mal humor o algo lo hacía ponerse así, era un verdadero infierno”, declararon las hijastras del ex diplomático en medio de la investigación. Ellas, que hace varios años no se hablan con su madre, quisieron apoyar el testimonio de la trabajadora contando parte de lo que fue su propia vida. El 15 de junio pasado, dos testimonios escritos en computador, impresos, llegaron hasta las manos de José Miguel Cruz, embajador de Chile en Noruega y fiscal especial para investigar una denuncia por acoso laboral presentada por Carolina Cosmelli -una funcionaria que trabajó en la Embajada de Chile en París el año 2015- en contra de Patricio Hales. Era la primera vez que en la investigación -iniciada en abril- se tomaban en cuenta declaraciones de otras personas que no fueran funcionarios diplomáticos y que Cosmelli pidió incluir porque apoyaban el testimonio de los malos tratos provenientes de Hales. Sin embargo, esta vez las declaraciones escritas en Word venían del núcleo más cercano de Hales. Ese miércoles, I.GH.S (42) y E.GH.S (32), hijastras de Hales e hijas de su actual esposa, María de los Ángeles Swinburn, decidieron descorrer un velo y exponer su propia historia familiar. En el testimonio de ambas -al que tuvo acceso El Mostrador- se leen pasajes que apuntan a acusaciones similares a las descritas por Carolina Cosmelli en sus declaraciones ante la Cancillería. “Fui testigo en innumerables ocasiones de sus cambios de humor repentinos, y su enojo e ira desbordada por detalles menores. Si un cuchillo estaba mal puesto en la mesa, si no encontraba el descorchador cuando quería abrir el vino, si una camisa estaba mal planchada, podía ir gritando fuerte a la cocina preguntando dónde estaba, cómo era posible, retando y gritándole a quien supuestamente tuviera la culpa”, relata una de las mujeres. En otro párrafo, una de ellas señala haber visto cientos de veces “a las empleadas de la casa tiritando de miedo, incluso llorando por cómo este señor las trataba. A veces no las maltrataba con gritos, si no humillándolas y riéndose en su cara... Desgraciadamente los malos tratos, gritos, asimetrías extremas de poder, eran bastante comunes en esa casa, por lo que no podría recordarlas y enumerarlas todas”. En el entorno familiar confirman que esta forma de trato resquebrajó a tal punto las relaciones que los tres hijos de Swinburn ya no se hablan con su mamá. “Es como si tuviera el síndrome de Estocolmo, como si no le hubiese importado las veces que sus hijos le hablaron de los malos tratos de su marido”, comenta un amigo de la familia. El mismo señala que al testificar, las hijas de Swinburn saben que abren una puerta a un pasado doloroso que van a hacer público. Una de ellas, señaló en la declaración ante la Cancillería que “él exigía atención absoluta, perfección y detalles excesivos en todo, a quienes trabajaban para él. De humores cambiantes y reacciones airadas, Patricio Hales podía pasar de la calma a un enojo extremo, con gritos y agresiones verbales desmedidas. Estos cambios impredecibles, generaban un ambiente de temor y sumisión de todos los que convivían con él. En los almuerzos estábamos atentos a cuál iba a ser el estado de ánimo de Patricio Hales. Si andaba de buen humor todo era relativamente agradable, pero si él estaba de mal humor o algo lo hacía ponerse así, era un verdadero infierno. Sabíamos que en cualquier minuto él podía enojarse, y nos cuidábamos de no provocar nada, porque cualquier conflicto podía terminar en gritos, descalificaciones sobre todo hacia mi madre y las empleadas. Y ese conflicto -por pequeño que fuere-, podía transformarse en un asunto gravísimo, que ameritaba malos tratos y sanción de su parte”. El castigo era casi siempre el desdén o ignorar a quienes, desde su punto de vista, estaban en falta. La voz de Cosmelli Las declaraciones de las hijas de María de Los Ángeles Swinburn, se suman a la larga lista de descargos descrita por Carolina Cosmelli, la masoterapeuta que a comienzos de abril ingresó una denuncia laboral ante la Cancillería. Carolina tiene una empresa de masajes en Chile, vive en Vitacura y viaja regularmente a Cachagua para atender personalmente a sus clientas. Llegó a París en diciembre de 2014 de la mano de Swinburn -con quien llevaba varios años de amistad-, pero con quien nunca había vivido bajo el mismo techo. “Me fui porque esta gran amiga me lo estaba pidiendo. Me fui a acompañarla y también para estar con ella”, señalan las primeras líneas de la denuncia laboral que intentan una explicación para el lazo que la llevó hasta Europa. En el entorno familiar confirman que esta forma de trato resquebrajó a tal punto las relaciones que los tres hijos de Swinburn ya no se hablan con su mamá. “Es como si tuviera el síndrome de Estocolmo, como si no le hubiese importado las veces que sus hijos le hablaron de los malos tratos de su marido”, comenta un amigo de la familia. El mismo señala que al testificar, las hijas de Swinburn saben que abren una puerta a un pasado doloroso que van a hacer público. Sin embargo, apenas tocó suelo europeo, notó que algo no andaba bien: “Una vez que llegue a la embajada me di cuenta de que había un muy mal ambiente familiar y laboral, a causa del mal genio y malos tratos del embajador hacia los trabajadores, y sobre todo hacia su mujer. Pero para mi sorpresa, me fui dando cuenta con el tiempo que ella lo defendía, y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para satisfacerlo y hacerlo feliz”, señala la denuncia, que menciona que en abril de 2015 se hizo una encuesta de clima laboral donde algunos trabajadores entregaron antecedentes sobre esta situación. De hecho, algunas líneas de la declaración de la masoterapeuta, dan cuenta de una de las respuestas de Swinburn a Cosmelli cuando esta última le relató vía Whattsapp que Hales le pidió “que le lleve el desayuno a la cama y lo despierte pasándole la mano por la cara”. En esa conversación, la esposa de Hales respondió: “ Ay…es que es tan regalón”. La primera semana de julio el Fiscal Cruz formuló al menos tres cargos en contra de Patricio Hales y en ninguno de ellos se consideró el acoso sexual, porque las pruebas eran insuficientes. Además de la denuncia que quedó registrada, las hijastras de Hales y siete mujeres más, se han reunido en la Fundación Para la Confianza, que preside José Andrés Murillo para analizar acciones a seguir. También se han juntado con un abogado del estudio de Juan Pablo Hermosilla. “Todas acumulan historias de tratos abusivos por parte de Hales”, comenta una de ellas. Consultados sobre el testimonio de las hijastras de Hales, en Cancillería se limitaron a señalar que “el fiscal tiene la facultad de incluir los testimonios que estime para mejor resolver. Pero al ser secreto el expediente, Cancillería no puede hacer un pronunciamiento sobre ese aspecto”. El Mostrador intentó comunicarse con Hales, sin embargo, el ex diplomático se excusó -vía correo electrónico- y señaló que por ahora está concentrado en las tareas de regresar a Chile. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/04/los-pasajes-mas-oscuros-de-la-investigacion-de-la-cancilleria-sobre-patricio-hales/
  13. 28 Julio 2016 Justicia reabre investigación por muerte de exministro José Tohá La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al ministro Jorge Zepeda, a cargo de la indagatoria, que reabra el sumario a razón de diligencias pendientes solicitadas por las partes. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió reabrir la investigación por la muerte del exministro de Allende, José Tohá, hecho acontecido el 15 marzo de 1974. Según consigna radio Bío-Bío, el tribunal de alzada capitalino ordenó al ministro Jorge Zepeda, a cargo de la indagatoria, que reabra el sumario a razón de diligencias pendientes solicitadas por las partes. Tohá, padre de la actual alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, fue ministro de Interior y Defensa en el gobierno de Salvador Allende y fue un reconocido militante del Partido Socialista. La investigación busca aclarar las circunstancias en las que falleció Tohá, quien al momento de su muerte estaba internado en el ex Hospital Militar. Como es sabido, el exministro fue encontrado colgando de un cinturón y un estado de extrema delgadez, pues pesaba sólo 49 kilos para una estatura de 1,92 metros. En un principio, la versión de la Dictadura había apuntado al suicidio, pero después de determinó que había habido intervención de terceros. José Tohá fue prisionero político en Isla Dawson, el Regimiento Pudeto y la Academia de Guerra Aérea. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/28/546520/
  14. Gendarmería realiza sumario tras fuga de reo al suplantar identidad Según los funcionarios a cargo de su liberación, el interno tenía un físico muy similar al reo que suplantó, e incluso se había realizado el mismo tatuaje para lograr ser puesto en libertad. El pasado 24 de abril se produjo la evasión de un interno desde la Cárcel de Puente Alto. La persona, sin identificar, suplantó a otro para poder salir en libertad antes. Según informó el coronel Sergio Alarcón Aravena, Director General Metropolitano de Gendarmería, el interno tenía un físico muy similar al reo que suplantó, e incluso se había realizado el mismo tatuaje. Al momento de hacerle preguntas personales antes de tramitar su salida, el reo contestó todo en detalle, "Se sabía la vida completa del otro sujeto y logró salir de la unidad", señaló el coronel. Al respecto, se está realizando un sumario administrativo para determinar las circunstancias y la eventual responsabilidad de los cinco funcionarios que estuvieron a cargo de la liberación del reo. También se está considerando la posibilidad de que el reo al que suplantó haya sido cómplice de la fuga. Según informaron de Gendarmería, este hecho es un evento aislado. En lo que va del año esta es la primera fuga de un reo desde una unidad penal. "El domingo recién pasado tuvimos otro intento de fuga por suplantación, pero este no resultó porque se implementó un sistema biométrico", señaló el coronel Alarcón. Según explicó, este sistema se está instalando también en otras unidades en la Región Metropolitana para evitar fugas de este tipo. www.latercera.com
  15. Posibles eutanasias irregulares de cachorros en Municipalidad de Antofagasta gatillan sumario El ente fiscalizador habría dado cuenta de una serie de anomalías en el canil, en la II región, como por ejemplo la falta de justificación clínica para “dormir” a perritos, cuyos dueños no podían costear un tratamiento en veterinarias particulares.  Ambiente18 de noviembre, 2015 Autor: El Dínamo La Contraloría Regional de Antofagasta abrió un sumario para investigar posibles irregularidades cometidas en el canil municipal de la comuna del mismo nombre, además de sus responsabilidades administrativas. Una denuncia motivó una fiscalízación en el recinto, el que derivó en un informe que daba a conocer una serie de presuntas anomalías por parte de la empresa a cargo del servicio y de los controladores, o sea el municipio. De acuerdo a El Mercurio de Antofagasta, actualmente se está investigando la realización de al menos tres eutanasias a perros, las que no tendrían justificación clínica, y sólo se deberían por solicitud de sus dueños, los que argumentaron dificultades económicas para costear tratamientos en veterinarias particulares. El informe del ente administrativo además menciona la realización de este tipo de procedimientos a otros 40 perros, que tenían el diagnóstico de “agresividad interespecífica e intraespecífica”. Ante esto, la municipalidad no habría dado aviso al Ministerio de Salud para pesquisar posibles casos de perros con rabia. La municipalidad dispone de 60 días para que informen las medidas que adoptaron para corregir estas anomalías. Fuente: http://www.eldinamo.cl/ambiente/2015/11/18/eutanasia-contraloria-perro-cachorro-irregularidad/
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