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  1. 27 Junio 2019 TC rechazó requerimiento de senadores por el TPP-11 El tribunal decidió por mayoría negar la tramitación de recurso presentado por los parlamentarios, que alegaban que la aprobación del Tratado debía definirse con quórum calificado. El Tribunal Constitucional (TC) rechazó hoy por 6 votos a 4 la tramitación del requerimiento por inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores en contra del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11). Los ministros que votaron en contra fueron Gonzalo García, Domingo Hernández, María Luisa Brahm, Nelson Pozo, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández, mientras que a favor lo hicieron el presidente del TC, Iván Aróstica, y los ministros Juan José Romero, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez. Además, el TC comunicó que los fundamentos de la resolución serán entregados dentro del plazo de dos días, “dispuesto por el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura”. El proyecto de ley se encuentra actualmente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en segundo trámite con urgencia simple, luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de abril con un quórum de ley simple. Los senadores presentaron este recurso ante el TC ya que consideran que la aprobación requiere de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, de quórum calificado. El requerimiento fue presentado el pasado 24 de mayo por Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Alejandro Guillier (Ind.), Carlos Bianchi (Ind.), Carlos Montes (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Ximena Órdenes (Ind.), Guido Girardi (PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Ximena Rincón (DC). Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/06/27/tc-rechazo-requerimiento-de-senadores-por-el-tpp-11/
  2. 23 Mayo 2019 Polémica por bencina: senadores justifican gasto mientras que Allende devolverá monto Diversas explicaciones entregaron algunos de los senadores que no quisieron responder una solicitud de información vía transparencia, por el uso de combustible con cargo al Senado durante el receso legislativo del mes de febrero pasado. La senadora Isabel Allende se comprometió a devolver los dineros que no debió haber utilizado por el uso de combustible. Mientras que los senadores Iván Moreira y Ximena Rincón justificaron el gasto porque aseguran haber tenido tareas propias del cargo. Una de las legisladoras que debió entregar explicaciones es la senadora socialista Isabel Allende, quien afirmó que su oficina parlamentaria ocupó en febrero un saldo por concepto de bencina que les había quedado del mes anterior y aseguró que nadie en el Senado les informó que eso no estaba autorizado. Además, la legisladora se comprometió a devolver el monto de bencina que ella utilizó porque en febrero pasado no cumplió con ninguna labor parlamentaria por encontrarse enferma. Lee también... Estos son los senadores que más gastaron en combustible en febrero, mes de feriado legislativo Quien también salió al paso de la polémica es el senador de la UDI, Iván Moreira, quien en febrero gastó casi $500 mil en bencina,aseguró que gastó energía en cumplir con su labor parlamentaria, pero que él habría avisado en enero a finanzas del Senado que no tomaría vacaciones durante el receso legislativo. También justificó su gasto en bencina, la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, asegurando que aunque ella realizó labores en terreno hasta el uno de febrero pasado, en su oficina territorial siguieron desarrollando actividades. Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, explicó que en el mes de febrero es recurrente que exista bastante actividad legislativa, pero es importante que el uso de combustibles no sea para fines personales. Cifras que se dieron a conocer durante la jornada de ayer, que reveló que los senadores gastaron $5.330.111 en combustible en febrero pasado, monto que fue cargado al ítem de traslado en los gastos operacionales. La situación causó inquietud, pues en febrero el Congreso cesa sus funciones, al igual que ocurre, por ejemplo, con el Poder Judicial. Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/05/23/polemica-por-bencina-senadores-justifican-gasto-mientras-que-allende-devolvera-monto.shtml
  3. 23 Enero 2019 Nueva Educación Pública: senadores de oposición acusan a Piñera y Cubillos de querer hacer “fracasar” proyecto de Bachelet Los 24 legisladores piden al Ejecutivo que rinda cuenta y "devele los fundamentos y propósitos de las decisiones y omisiones que hasta ahora han adoptado". Exigieron que la ministra de Educación de respuestas antes del fin del periodo legislativo 2018. A través de un documento difundido este miércoles, los 24 senadores de oposición, acusaron al gobierno del Presidente de Sebastián Piñera de querer hacer “fracasar” la Ley de Educación Pública, normativa más conocida como “Desmunicipalización” y que fue aprobada durante el mandato de Michelle Bachelet. Dicha ley estableció la creación de la Dirección de Educación Pública (DEP), dependiente del Ministerio de Educación, además de 70 Servicios Locales de Educación (SLE). Estos, por su parte, corresponden a servicios descentralizados y dirigidos por un Director Ejecutivo. Lo estipulado definía que cuatro de ellos comenzarán a funcionar en 2018. Junto con aquello, la Desmunicipalización contemplaba aumentar recursos y otorgar facultades resolutivas a los Consejos Escolares en materia de programación anual y reglamento interno. Teniendo en cuenta estos principios, los legisladores- que se unieron para denunciar este hecho- manifiestan que la actual administración, “en particular la ministra de Educación y sus autoridades, se encuentran empeñados en hacer fracasar la reforma aprobada en el periodo anterior, para justificar así una contrareforma destinada a seguir fortaleciendo la oferta privadaen desmedro de la educación pública”. Según explican los parlamentarios, a pesar de que el citado cuerpo legal fue aprobado en 2017, iniciado 2019 “no existe claridad sobre la situación de los servicios en funcionamiento de la Nueva Educación Pública, siendo, entre otros, los encargados de asegurar la continuidad y mejora del servicio educativo público que acoge a más de 57 mil estudiantes en 300 establecimientos distribuidos en 14 comunas del país”. En abril de 2018, sostienen, se advirtió que el retiro de los reglamentos de la ley generaría retraso en la puesta en marcha del sistema. Eso ocurrió y finalmente en 2018 no se pudieron realizar los concursos para elegir a los directores de los cuatro primeros SLE. Asimismo, manifestaron que en noviembre del mismo año el gobierno rechazó patrocinar una indicación que facultaba al Presidente a prorrogar a los directores de los SLE, hasta que los cursos por ADP permitieran nombrar uno nuevo. A esto se sumaría que el Ejecutivo declaró desierto el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) que el gobierno había impulsado en 2018 para designar al Director Nacional de Educación Pública. “Como resultado de estas (in)acciones, los cinco servicios señalados (la Dirección de Educación Pública-DEP- y los cuatro SLE) han quedado descabezados, iniciándose en casa uno de ellos un ciclo de subrogancias que arriesga una adecuada gestión”, subrayaron los senadores. Ante este escenario, reconocen una “incógnita” referente a qué se hará para continuar con la preparación de la propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública. Tampoco, dicen, tienen claridad respecto al trabajo del Consejo de Evaluación de la Implementación de la ley, cuyo primer informe debería ser evacuado el primer semestre. “Existe total incertidumbre con respecto a la continuidad de numerosas iniciativas educativas que se estaban llevando a cabo por los SLE y la DEP orientadas al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, la convivencia escolar, el liderazgo directivo, o el carácter integral de la educación pública, entre otros”, remarcaron. Es por ello que los senadores hicieron presente que es imperioso que tanto el Gobierno como el Mineduc rindan cuenta y “develen los fundamentos y propósitos de las decisiones y omisiones que hasta ahora han adoptado. Exigimos que la ministra de cuenta ante el Congreso antes del fin del periodo legislativo 2018”. “Si la calidad de la educación parvularia y escolar es realmente una prioridad para el gobierno, la implementación de la Nueva Educación Pública debiera realizarse con el máximo cuidado y con una visión amplia y de Estado”, sentenciaron. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/nueva-educacion-publica-senadores-oposicion-acusan-pinera-cubillos-querer-fracasar-proyecto-bachelet/497855/
  4. 16 Enero 2019 Senadores de oposición critican a ministro Blumel por no asistir a sesión que abordaría proyecto “Anti-nepotismo” "Hoy no pudimos avanzar porque no llegó ningún representante de la Segpres para poder explicar las indicaciones presentadas al proyecto", dijo el titular de la instancia, senador Pedro Araya. Desde la Segpres, en tanto, señalaron que el secretario de Estado no recibió invitación y que a esa hora estaba con el timonel del Senado, Carlos Montes. Los senadores de oposición de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta arremetieron contra el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, quien este miércoles no asistió a la sesión que votaría la Ley Antinepotismo que busca regular las relaciones familiares en las contrataciones de la administración del Estado. “Hoy no pudimos avanzar porque no llegó ningún representante de la Segpres para poder explicar las indicaciones presentadas al proyecto”, dijo el senador Pedro Araya, presidente de la instancia, quien además cuestionó que el gobierno pidiera “agilizar la tramitación” y criticara a la comisión, pero que a la vez el ministro no se presentara en la cita. El legislador dijo que este proyecto “podría estar incomodando al gobierno” tras las polémicas contrataciones que han salido a la luz, como el caso de la ex agregada comercial en Nueva York, Fernanda Bachelet, quien debió dejar el cargo tras los cuestionamientos a su edad y trayectoria profesional, lo que a su juicio podría explicar la ausencia del secretario de Estado. El senador Rabindranath Quinteros también mostró su molestia por esta situación. “Acá se critica mucho a la oposición, pero al menos los parlamentarios socialistas siempre hemos estado dispuestos a emitir nuestra opinión y a votar. Sin la presencia del ministro Blumel no podemos avanzar. Me molesta porque acá el gobierno le dice algo que no es cierto a la opinión púnlica”, aseguró. El proyecto será revisado nuevamente en la sesión del próximo lunes que se realizará en la sede del ex Congreso. Respecto a las críticas emitidas por los parlamentarios, desde la Segpres señalan que no recibieron invitación para asistir a la comisión. A esas horas el ministro Blumel estaba reunido con el presidente del Senado, Carlos Montes, y posteriormente asistió a la votación del proyecto de migraciones en la Cámara. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/senadores-oposicion-critican-ministro-blumel-no-asistir-sesion-abordaria-proyecto-anti-nepotismo/487268/
  5. 13 Septiembre 2018 Senadores PS elaboran propuesta para enfrentar Reforma a la Salud de Piñera: buscan aumento de inversión estatal "Pensamos que se debe destinar el 8% del Producto General Bruto y que las personas puedan tener seguros adicionales o complementarios, por ejemplos de isapres", dice el senador Rabindranath Quinteros. A mediados de agosto, el Presidente Sebastián Piñera anunció una “cirugía mayor” al sistema público y privado de salud, propuesta que será presentada en las próximas semanas, y que buscará implementar mejoras tecnológicas y de gestión en el área. “(La reforma) apunta a reducir las listas de espera, a disminuir el precio de los medicamentos y a fortalecer la atención primaria para que sea más resolutiva, para que dé más soluciones y no remita a niveles superiores”, aseguró el Mandatario. Ante esto, en el Partido Socialista activaron la elaboración de una propuesta para hacer frente a los planteamientos del Ejecutivo. En ese sentido, el jefe de los senadores PS Rabindranath Quinteros y el Instituto Igualdad diseñaron una batería de medidas que serán socializadas entre los representantes de la oposición en las comisiones de Salud de ambas cámaras. Esto, una vez que concluyan las celebraciones por las Fiestas Patrias. En concreto, el documento plantea la salud como un derecho enfatizando en que el acceso a tratamientos no puede depender de la capacidad de pago. Además, se apunta fijar una agenda que considere objetivos a largo plazo poniendo como eje una estructura basada en la “solidaridad, la universalidad y la equidad”. “Los problemas del sistema publico, las eternas listas de esperas, la falta de especialistas y el alto costo de medicamentos son problemas derivados del sistema que no pueden ser abordado con medidas de corto plazo, sino que con medidas de fondo como es la que estamos proponiendo como PS”, señala Quinteros. En esa línea, la propuesta apunta a un aumento en el aporte a la salud. “Queremos un sistema de financiamiento solidario, basado en impuestos generales del país suficientes para una salud de calidad. Pensamos que se debe destinar el 8% del Producto General Bruto y que las personas puedan tener seguros adicionales o complementarios, por ejemplos de isapres”. En paralelo, el texto cuestiona los principales lineamientos que se conocen hasta ahora de la reforma que presentará el Presidente Piñera, criticando que se entienda Fonasa como una “isapre estatal”. De igual manera, se rechazada la idea de un “seguro individual”, que se cambia “la lógica de la solidaridad por la competencia” y que pretende hacer competir a hospitales y consultorios con la salud privada. “Esta es una de cosas en que el PS no esta de acuerdo”, afirma el senador PS. Junto con indicar que “existe bajo nuestro punto de vista un sistema de salud privado para los ricos, para los sanos y para los jóvenes, y otro público que protege a la mayoría de la población. Un 80% aproximadamente está en Fonasa incluyendo a las personas pobres, a las más enfermas y a las de más edad. Bajo esa premisa, los socialistas creemos que es urgente avanzar a una reforma integral del sistema de salud que permita responder de forma adecuada y oportuna a las necesidades de toda la población”. Por otro lado, la propuesta PS postula un “acuerdo nacional” en la materia, el cual considera la participación de organizaciones sociales y gremios vinculados a la salud, a fin de que aporten en el diseño de una reforma sanitaria que establezca un sistema que “represente el interés de la mayoría”. Revisa la propuesta completa aquí: Propuesta de Salud by El Dínamo on Scribd https://es.scribd.com/document/388533049/Propuesta-de-Salud#from_embed Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/13/senadores-ps-elaboran-propuesta-para-enfrentar-reforma-a-la-salud-de-pinera-buscan-aumento-inversion-estatal/
  6. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/327697-cosena-suprema-da-luz-verde-a-entrega-de-actas-del-consejo-de-seguridad-nacional/?hl=%2Bcosena 07 Enero 2018 Detalles de las actas del Cosena sobre senadores designados y una acusación a supremos Estos documentos, relativos a sesiones efectuadas entre 1989 y 2005, se conocen luego de que la Corte Suprema fallara a favor de revelar públicamente su contenido. Imagen de archivo de una actividad pública efectuada en Santiago por el presidente Patricio Aylwin y el general Augusto Pinochet. “Elección de un ex comandante en jefe del Ejército, uno de la Armada, uno de la Fach y de un ex general director de Carabineros, como integrantes del Senado”. Así dice, en una flemática y ordenada letra manuscrita, el principal punto de la tabla de la sexta sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), efectuada el 19 de diciembre de 1989, en La Moneda. Quien encabezó aquella instancia fue el entonces Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, ya fallecido. Estos datos son parte del documento que registró aquella reunión del Cosena, en la cual se discutió y decidió quiénes serían finalmente cuatro de los senadores “institucionales”, provenientes de las cuatro ramas de las FF.AA., también llamados “senadores designados”. En el escrito, de casi 10 páginas, finalmente se estipula que, “por voto unánime”, los elegidos fueron el teniente general Santiago Sinclair (Ejército), el vicealmirante Ronald Mc-Intyre (Armada), el general del aire César Ruiz Danyau (Fach) y el general director de Carabineros, Vicente Huerta. Estos documentos del Cosena, a los que accedió La Tercera, pueden ser conocidos y difundidos después de que el pasado 30 de noviembre la Corte Suprema rechazara un recurso de queja del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representó al Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMCO). En esta contienda, el máximo tribunal, tras un año y nueve meses de juicios y resoluciones, falló a favor de quitarles el estatus de secreto a 13 actas del Cosena, en las cuales se daba cuenta de sesiones efectuadas entre los años 1989 y 2005, por estimar que su publicidad no afectaba la seguridad nacional. El Cosena fue creado en 1980 bajo el gobierno de Augusto Pinochet, y su última sesión fue el 20 de enero de 2014. Está compuesto por el Presidente de la República, de la Corte Suprema, del Senado, de la Cámara de Diputados, los comandantes en jefe de las FF.AA., el contralor y el general director de Carabineros. Su rol es asesorar al Mandatario en temas de seguridad nacional y las sesiones son públicas, a menos de que la mayoría de sus miembros las declaren secretas. El requerimiento para liberar las 13 actas lo realizó una periodista (ver nota secundaria) al EMCO, y en un primer momento se negó la solicitud, aludiendo a la “afectación de la seguridad de la nación”. En estos documentos, entre otros temas, están las deliberaciones sobre los senadores designados y el debate en torno a las consecuencias del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig). Respecto de la sesión relativa a los senadores institucionales, el acta da cuenta de que el entonces presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado Boggiano, fue el único de los presentes que se opuso a que el Cosena efectuara estas designaciones. “Se previene que el presidente de la Corte Suprema estuvo porque este Consejo no acordara, por ahora, estas designaciones, ya que, a su juicio, la facultad para efectuarlas se establece en incisos del artículo 45 de la Constitución de la República, que no se encuentran actualmente en vigencia”, señala el acta. Luego, se deja constancia de que el Presidente de la República (Pinochet) dijo que para resolver la materia se enviaría el escrito al Tribunal Constitucional, a fin de que esa instancia se pronunciara. Todo esto, detalla el acta, ocurrió entre las 10 y 12 horas de aquel 19 de diciembre. Luego, la sesión se suspendió. Y se reanudó a las 13.00, o sea una hora más tarde, con la intervención del propio Pinochet, quien sostuvo, según consta en el acta, que el tema debe “ser reestudiado”, pues “el Tribunal Constitucional carece de competencia” para conocer la materia. Tras ello, dice el mismo escrito, “se analiza el tema, concordando los consejeros con lo expuesto por el Presidente de la República”. Así, se ratificó a los senadores. Contienda El 30 de diciembre de 1992, en la sala de audiencias de La Moneda, se llevó a cabo una reunión del Cosena solicitada por el entonces presidente (s) de la Corte Suprema, Marcos Aburto. La cita tenía como objetivo tratar un tema que era de alta preocupación de los magistrados: la acusación constitucional que había presentado un grupo de 10 diputados contra tres supremos y el entonces auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, por “notable abandono de deberes”. La acción de los parlamentarios se basaba en que los jueces habían fallado una causa de competencia a favor de los tribunales militares y, de esta manera, la justicia civil ya no podría seguir investigando la desaparición de Alfonso Chanfreau y otras seis personas. Si la acusación llegaba a puerto, los ministros de la Suprema podrían ser destituidos. Esto marcaba uno de los primeros enfrentamientos entre poderes del Estado en el marco de la recién recuperada democracia. El primero en tomar la palabra en este Cosena fue Aburto, quien -de acuerdo con lo señalado en el acta- dijo que “si esto llegase a suceder (la destitución), deseo prevenir a los señores consejeros que me escuchan, que se sentaría un precedente tan grave y funesto, que en definitiva significaría la desaparición del Poder Judicial. Así como se oye, desaparece el Poder Judicial, no como tan en sí mismo, sino que con las características y prerrogativas que debe tener todo poder judicial dentro de un régimen institucional como el nuestro”. La discusión estuvo marcada por dos bandos. El compuesto por el mundo uniformado, que estaba a favor de indicar que se debía dejar constancia de la preocupación que generaba esta situación, y el de los actores civiles, los que estaban por dejar que fueran otras instancias las que se pronunciaran sobre esta materia. Quien lideró esta segunda postura fue el entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés: “Las argumentaciones que se han hecho en esta sala sobre el punto que ha preocupado a la Corte Suprema, no corresponden a esta sesión ni a este organismo. Están fuera de lugar aquí”. Al final, la conclusión a la que había llegado el Cosena también generó un debate, según consta en el documento oficial. Ante ese escenario, el presidente Patricio Aylwin propuso una salida: que quedara en acta que algunos de los miembros expresaron preocupación, pero que no era un acuerdo, “sino la relación de lo ocurrido, simplemente”. Tras algunos tiras y aflojas, finalmente el mandatario tuvo que dirimir y optó por la fórmula que él había propuesto. Y se cerró el tema. “Personal calificado y juramentado” aseguraba el secreto de cada Cosena Todos los contenidos de cada acta a las que accedió La Tercera fueron secretos durante casi tres décadas. Dentro de ese tema, además por exponer la discusión en torno a la elección de José Luis Cea como miembro del Tribunal Constitucional, el documento referido al Cosena número 23, celebrado el 9 de agosto de 2002, destaca por el detallado relato sobre las medidas de seguridad que rodeaban a la instancia. Al iniciarse aquella cita, el entonces secretario, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de Aviación Osvaldo Sarabia Vilches, explicó a las autoridades los resguardos adoptados para la ocasión. Como particularidad, en esta reunión coincidieron el entonces presidente Ricardo Lagos y la actual Presidenta Michelle Bachelet, en calidad de ministra de Defensa. El relato especifica: “Se han tomado todas las medidas de seguridad de este recinto, por lo que se puede garantizar el secreto de las conversaciones y lo que aquí se trate será registrado en un sistema de grabación que está operado por personal calificado y juramentado”. Para lograr el registro, especifica el acta, cada interviniente debía presionar “el botón izquierdo (de su micrófono) hasta que se encienda la luz verde”. “Lo que aquí se converse será transcrito literalmente a una acta que con posterioridad será aprobada con la firma de cada uno de los señores miembros del Consejo”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/detalles-las-actas-del-cosena-senadores-designados-una-acusacion-supremos/
  7. 05 Enero 2018 El límite a la reelección de los parlamentarios vuelve a encender la polémica en el Congreso La propuesta de ley que busca limitar la reelección, suspender la dieta de aquellos parlamentarios durante el período de campaña y acortar el período senatorial de los actuales 8 años a sólo 4 generó molestia entre algunos parlamentarios. Lo anterior, luego que dicha iniciativa fuera ingresada a trámite legislativo por los diputados Joaquín Godoy y Pedro Browne, quienes no compitieron por la reelección el pasado 19 de noviembre. Sin duda, la moción no pasó desapercibida. En ella, además plantean permitir la reelección presidencial por una sola vez. Pedro Browne explicó que la idea es adelantar al mes de octubre la elección parlamentaria para que el nuevo Congreso asuma la primera semana de noviembre. Además, sostuvo que no hay nada que justifique que el periodo senatorial dure 8 años y, por ello, la moción busca acortarlo a sólo 4 años al igual que el Presidente de la República y los diputados. Sin embargo, al diputado de la UDI Ignacio Urrutia no le pareció correcto que esta iniciativa sea impulsada por dos parlamentarios que no se repostularon, a quienes acusó de faltar a la ética por proponer esta idea. Pero el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, que tampoco se repostuló para seguir en el Congreso, defendió la propuesta que apunta a suspender la dieta parlamentaria a aquellos diputados y senadores que buscan la repostulación, además de limitar el uso de las oficinas pagadas por el Congreso para evitar su uso para fines electorales. Pero no parece ser la postura general en Chile Vamos. La propuesta fue resistida por el diputado gremialista Juan Antonio Coloma, quien manifestó que la suspensión del pago de la dieta sólo debe producirse si el Congreso suspende su funcionamiento durante el período de campaña. Esta propuesta legislativa se suma a un proyecto que se encuentra en segundo trámite desde hace 4 años en el Senado y que apunta a limitar la reelección parlamentaria a dos veces como máximo. Sin embargo, dicha iniciativa no ha tenido avances en la Cámara Alta. Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/01/05/el-limite-a-la-reeleccion-de-los-parlamentarios-vuelve-a-encender-la-polemica-en-el-congreso.shtml
  8. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/324310-reforma-educacion-superior-estado-entrega-6-mil-millones-a-ues-regionales-mientras-la-u-de-chile-recibe-15-mil-millones/?hl=%2Beducacion+%2Bsuperior&do=findComment&comment=22859298 06 Diciembre 2017 Senadores aprueban proyecto que consagra gratuidad en la educación superior En su segundo trámite legislativo, la comisión de Educación aprobó en general y de forma unánime la iniciativa que ahora pasará a la Sala del Senado. De manera unánime, la comisión de Educación del Senado aprobó en general el proyecto de Educación Superior, una de las principales reformas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo y que ahora pasará a la Sala de la Cámara Alta, consagra en forma permanente la gratuidad para los alumnos universitarios y de la educación técnico profesional más vulnerables, beneficio que hasta ahora sólo se ha ido aprobando año tras año a través de una glosa de la Ley de Presupuesto. El proyecto fue respaldado por los cinco senadores de la comisión, entre ellos Ena Von Baer (UDI) y Andrés Allamand (RN). Esto, luego de que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se mostrara a favor de la gratuidad para el 90% de los jóvenes más vulnerables de la educación técnica. En este contexto, el ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, hizo “un llamado a que honremos la palabra empeñada y votemos favorablemente este proyecto, que garantiza la gratuidad universal, para darles una buena noticia a las familias que están esperando esta señal”. “El proyecto de educación superior, como la ha señalado la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, asegura la gratuidad universal, que es la promesa que ella adquirió con los chilenos y chilenas, y particularmente con las familias de muchos jóvenes”, añadió el secretario de Estado. El titular de la Segpres, explicó que la implementación de la futura ley “tiene que ir construyéndose paso a paso. Y en la medida que se van cumpliendo determinas condiciones, se agregarán nuevos grupos de jóvenes y de familias para ir accediendo a la gratuidad universal, que está asegurada en el articulado permanente del proyecto”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senadores-aprueban-proyecto-consagra-gratuidad-la-educacion-superior/
  9. Histora del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/324710-ley-de-inclusion-el-40-de-los-colegios-no-ha-iniciado-los-tramites-para-ser-sin-fines-de-lucro/?hl=%2Binclusion&do=findComment&comment=22903796 07 Noviembre 2017 Senadores rechazan extender plazo a colegios para sumarse a Ley de Inclusión Comisión de Educación del Senado aprobó, además, opción de que sostenedores puedan arrendar sus inmuebles de manera permanente. La Comisión de Educación del Senado rechazó este martes la ampliación del plazo para que los sostenedores de colegios particular subvencionado con fines de lucro puedan transformarse en corporaciones y sumarse a la Ley de Inclusión. Un detalle significativo, considerando que el plazo establecido para formalizar ese cambio expira el próximo 31 de diciembre. Los senadores integrantes de la Comisión de Educación aprobaron la ley miscelánea que ingresó el Ejecutivo, con el fin de favorecer la transición de los establecimientos a la nueva legislación. No obstante, es casi un hecho que tendrá que ser revisada en comisión mixta, luego que Andrés Allamand (RN), Ena von Baer (UDI), e Ignacio Walker (DC) votaran eliminar el artículo 5 que establecía la opción de retener la subvención de aquellos establecimientos que no se acogieran al cambio legal, pero que una vez cumplido éste trámite recuperarían dichos recursos. En el fondo, una facultad legal que permitía a aquellos sostenedores que no lograran formalizar el cambio de con fines de lucro a corporación antes del 31 de diciembre, pudieran hacerlo en un plazo posterior. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que “la ley miscelánea plantea un conjunto de aspectos que permiten a los sostenedores tomar rápidamente la decisión de pasarse a ser personas sin fines de lucro. Hay una cantidad importante de colegios en esta situación, mil ya eran sin fines de lucro y dos mil han iniciado el proceso o lo han terminado. Aún nos quedan 1.900 colegios que deberán tomar esta decisión de aquí al 31 de diciembre”. La senadora Von Baer, por su parte, justificó su votó explicando que “lo que el gobierno quería hacer con este artículo 5 es que el cambio de personalidad jurídica fuese inmediato, en enero del 2018, y la razón es porque el 40% de los colegios todavía no ha iniciado el proceso, por lo tanto el gobierno necesitaba una medida de presión para que los establecimientos se transformaran antes del 31 de diciembre y no generar incertidumbre en la comunidad”. La parlamentaria agregó que ahora las condiciones vuelven a ser las que establece la ley como está actualmente. “Es decir, los colegios que no cumplan se les retirará el reconocimiento oficial porque están en falta grave, pero eso es un proceso, no es inmediato, no es automático”. El artículo que estaba proponiendo el Ejecutivo aseguraba el cambio, lo de ahora es un proceso que puede llegar a quitar el reconocimiento oficial, y frente a un eventual cambio de gobierno, algunos sostenedores especulan, que podría producirse un cambio de reglas. El presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particular Subvencionados (Conacep), Hernán Herrera, es más crítico. “Las cosas hay que sincerarlas, quien no sean capaces a constituirse de aquí al 31 de diciembre, mueren como proyecto educativo, se acabo el colegio, y eso nos parece grave porque si hemos llegado hasta esta situación, insisto es justamente por la cantidad de errores que hemos tenido permanentemente en la Ley de Inclusión y en las leyes que ha venido hacia adelante”. Arriendos Una indicación presentada por el gobierno permitió la aprobación unánime de la posibilidad de que los sostenedores privados puedan arrendar los inmuebles en que funcionan sus colegios de manera permanente. “De esta forma, mientras el sostenedor no sea dueño del inmueble, podrá mantener dicho arriendo, quedando siempre a salvo la posibilidad de comprar o vender”, explicó el senador Ignacio Walker. Además, se estableció un procedimiento a través del cual el sostenedor podrá pagar un monto de arriendo superior al 11% del avalúo fiscal, que es lo que establecía hasta hoy la ley de inclusión. Este monto equivale a un precio regulado de mercado. En este procedimiento participará la Superintendencia de Educación y expertos en tasación de bienes inmuebles. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senadores-rechazan-extender-plazo-colegios-sumarse-ley-inclusion/
  10. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/322465-siguen-las-denuncias-plagios-zaldivar-le-hace-dificil-el-camino-al-fiscal-guerra-entregara-contratos-por-asesorias-pero-no-los-informes-de-respaldo-pagina-3/page-2?hl=%2Basesorias&do=findComment&comment=22731355 02 Octubre 2017 Los 10 asesores en la mira de la Fiscalía que prestaron servicios a diputados y senadores Radio Bío Bío revisó la información del Congreso disponible en Transparencia y detectó que, al menos, 10 asesores externos realizaron trabajos para la Cámara Baja y el Senado entre 2012 y 2017. En ese período, dos de ellos, Cegades y Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada, se vieron involucradas en el caso SQM sobre financiamiento irregular a la política. En los próximos días el Senado deberá responder el oficio a través del cual la fiscalía solicitó por segunda vez en un mes los informes de asesorías externas contratados por los parlamentarios entre 2011 y agosto de 2017. Ninguna de las partes involucradas descarta que la contienda se extienda más allá de las elecciones presidenciales de noviembre. De manera discreta avanzan las gestiones para resolver el conflicto que se desató entre el Ministerio Público y el Senado, luego que éste último se negara a entregar los informes contratados como asesorías externas entre 2011 y agosto de 2017. Aunque aún no hay una decisión tomada, durante las últimas semanas se han tendido canales de entendimiento entre ambos poderes del Estado para evitar que las discrepancias se resuelvan mediante una orden judicial. En esta línea, los acercamientos abrieron recientemente la posibilidad de liberar de manera gradual los documentos en un plazo más flexible, que podría extenderse incluso hasta después de las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre. La indagatoria de el Ministerio Público a la Cámara Alta inició tras conocerse una investigación de Radio Bío Bío que reveló que, hasta la fecha de publicación del reportaje, el senador y candidato presidencial, Alejandro Guillier, había pagado vía asignaciones parlamentarias cerca de $19 millones a Omar Beltrán, abogado que rindió como propios informes copiados de la web del Congreso. “Para la fiscalía, Beltrán fue el puente a la otra torre”, afirma uno de los abogados involucrados en la disputa. Pero los fiscales han argumentado que las sospechas sobre eventuales irregularidades en la Cámara Alta comenzaron a incubarse meses antes, cuando detectaron plagio en los informes de asesorías externas de los diputados a los que tuvieron acceso en mayo. Según explicaron, la alerta fue la vinculación laboral de algunos de estos asesores con senadores y la de otros denunciados en el marco de la investigación que llevan a cabo por financiamiento irregular de la política. Todos estos antecedentes se transformaron en la llave con la que hoy el Ministerio Público busca llegar a la batería de informes contratados por la Corporación que, de acuerdo a un reportaje de La Tercera, han tenido un costo de $6.200 millones para 234 asesores externos en los últimos cinco años. Los puentes entre las Cámaras y los nexos con SQM En este contexto, Radio Bío Bío examinó las nóminas disponibles en la sección de Transparencia del Congreso y detectó que entre 2012 y 2017, al menos, una decena de profesionales prestó asesoría externa en ambas Cámaras. Se trata de seis personas jurídicas y cuatro personas naturales: Paola Pía Lecaros; Javier Sánchez Reyes; Michel De L’Herbe; Instagis SPA; Instituto Libertad; Corporación Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades); Centro Democracia y Comunidad; Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada; Pablo Urquízar Muñoz e Instituto Igualdad. En los cinco primeros casos sólo se ha detectado, con la información disponible, que prestaron servicios a ambas cámaras. Pero hasta ahora no se ha comprobado plagio en sus trabajos. Los cinco restantes, sin embargo, y de acuerdo a una nómina publicada por Ciper, sí habrían cometido algún grado de plagio en informes contratados vía asignaciones parlamentarias por diputados. En este grupo, además, hay dos entidades que estuvieron vinculadas al caso SQM. Una de ellas es Cegades, think tank de la DC creado en 1991. En 2015 la Fundación Ciudadano Inteligente solicitó al, en ese entonces, fiscal nacional, Sabas Chahuán, interrogar a representantes de esta corporación por la existencia de boletas o facturas de servicios prestados a SQM entre 2009 a 2014. En paralelo, entre 2012 y 2016, esta entidad se adjudicó contratos de asesoría a diputados por $121.999.654, mientras que a la fecha ha recibido $197.759.413 solo por trabajos para el senador DC, Jorge Pizarro. “Trabajo con ellos (Cegades) desde hace algunos años. Me han asesorado y estoy conforme con el trabajo que hacemos en conjunto”, dijo Pizarro, quien en agosto de este año fue imputado por haber recibido dineros de SQM a través de la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, y que el 24 de octubre será reformalizado en la misma causa. También se vio ligada al caso SQM la firma de asesorías Servicios de Visión y Gestión Estratégica Limitada, luego de que en 2016 la fiscalía ordenara a la PDI investigar su contabilidad. Esta empresa fue creada por Carlos Tudela Aroca y sus hijos, Daniela y Carlos Tudela García. Tudela Aroca -quien se retiró de la sociedad en 2013- es parte del registro de lobbistas del Congreso, ha prestado servicios para entidades empresariales como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y mantiene redes con la DC. Pese al espíritu demócrata cristiano que ronda a esta compañía, el senador socialista Rabindranath Quinteros decidió contratarla por el máximo mensual disponible para asesorías externas ($2.941.775), pagando entre mayo y diciembre de 2014 un total de $23.534.200. En la Cámara, Servicios de Visión y Gestión Estratégica proveyó asesoría externa a los diputados DC Ricardo Rincón, Jorge Sabag, Víctor Torres y al ex legislador, Eduardo Cerda García, por $107.110.993 entre 2013 y 2014. Mauricio Daza, abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente y también asesor de senadores, explicó que algunos pagos efectuados por SQM a entidades que ofician de asesores en el Congreso “no parecen proporcionales a aquello que entregan de trabajo”, pudiendo eventualmente haber constituido “pantallas para incluso triangular dinero con los propios parlamentarios”. Por ello, lamenta que hasta ahora no se haya profundizado en esta línea investigativa e insta a que el Senado transparente toda la información reclamada por la fiscalía. Otra de las entidades que ha asesorado a diputados y senadores DC es el Centro Democracia y Comunidad, creado en 2010 y dirigido por el DC, Eugenio Ortega Frei, ex esposo de la ministra Javiera Blanco. Anualmente ha asesorado de manera externa a más de 13 diputados, recibiendo por ello a partir de 2012 un total de $82.889.666. En abril de 2017 obtuvo $1.880.000 por un informe para la senadora y candidata presidencial DC, Carolina Goic, sobre la “historia de la ley que incentiva a la inclusión de discapacitados al mundo laboral”. También en la DC, otra coincidencia se da entre la diputada Yasna Provoste, la bancada de diputados y el senador y presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quienes han requerido los servicios del experto en emergencias, Michel De L’Herbe, para realizar asesorías en materia de su competencia, incluyendo la discusión del proyecto que crea la nueva Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). En el período examinado, Michel De L’Herbe recibió en total $11.591.386. En el Partido Socialista (PS) una de las personas jurídicas con presencia en ambas cámaras es el Instituto Igualdad. Se trata de una fundación de derecho privado sin fines de lucro creada en 2004 por el PS, dedicada a la “contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad”. Entre 2012 y 2014 se adjudicó cerca de $38.275.261 por trabajos realizados para el Senado y $631.761.702 desde 2012 a la fecha para la Cámara de Diputados. Todos los legisladores que han requerido sus servicios son socialistas. Entre ellos están Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Fulvio Rossi, Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti. En la Cámara, ha asesorado a más de 16 diputados PS, entre ellos al presidente de la Cámara, Fidel Espinoza y los legisladores Osvaldo Andrade, Marcelo Schilling y Clemira Pacheco. Tras el reportaje de Ciper, Roberto Santa Cruz, director del Programa de Asistencia Legislativa de la institución, emitió una declaración pública detallando que el equipo de asesorías parlamentarias está compuesto por 12 personas que “no sólo genera contenido a través de minutas legislativas, sino también acompañamiento en todas las etapas del proceso legislativo. Como también, creación de indicaciones, mociones, proyectos de acuerdo e intervenciones entre otras materias”. En paralelo, también lamentaron la existencia de cualquier falla en los procedimientos metodológicos. “Los profesionales no solo realizan minutas, sino que nos acompañan en los procesos legislativos”, defiende el senador PS, Alfonso De Urresti. El senador también realza la labor de Javier Gonzalo Sánchez Reyes, a quien ha pagado vía asignación $115.708.042 por servicios prestados desde 2014. En paralelo, este licenciado en comunicación ha recibido $188.355.743 por asesorías realizadas a los diputados PS Fidel Espinoza y Jenny Álvarez, desde 2012. “Es de mi absoluta confianza porque está permanentemente conmigo. Me confecciona proyectos de acuerdo, proyectos de ley y que preste servicios en la Cámara de Diputados me permite tener una visión de todo el proceso legislativo. Hay mucha información que me es útil para poder hacer seguimiento a los proyectos de ley”, dice De Urresti. De todos modos, admite que solicitó la revisión de los informes que contrató. El asesor de Claudia Nogueira En el listado de asesores que realizaron trabajos para ambas cámaras, el que recibió la mayor suma del Senado desde 2012 a la fecha es el Instituto Libertad, con $223.367.333. Esta entidad ha trabajado para una extensa nómina de parlamentarios; todos ellos de Renovación Nacional (RN). De hecho, fue fundado en 1990 por líderes icónicos del partido como Sergio Onofre Jarpa, Miguel Otero, Andrés Allamand, Sebastián Piñera, Sergio Romero, Alberto Espina y Evelyn Matthei. Sus objetivos son “investigar, analizar y divulgar, con criterios independientes, críticos y objetivos, temas filosóficos, políticos, legales, sociales y económicos y los asuntos públicos en general, sobre la base de los valores y principios que inspiran a una sociedad libre, pacífica, próspera y justa”. “Ellos me hacen informes sobre ejecución presupuestaria mensual”, especifica el senador RN, José García Ruminot. En el período analizado, el Instituto Libertad recopiló $337.847.759 desde la Cámara Baja. Otro de los asesores con presencia en ambas Cámaras es Pablo Urquízar Muñoz, cuyos informes también fueron asociados a plagio parcial por Ciper. Este abogado ha cobrado $119.424.000 por trabajos para los senadores Alberto Espina (RN) y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI). En la Cámara, ha prestado servicios desde 2015 a la diputada UDI Claudia Nogueira por un total de $50.947.777. Este año, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella en contra de la diputada Nogueira y la ex jefa de prensa de ese partido, Lily Zúñiga, por fraude al Fisco, luego que la periodista se autodenunciara ante la fiscalía por haber extendido boletas a la Cámara por asesorías a Nogueira sin haber prestado servicios. En 2010 la diputada fue formalizada luego de que se comprobara que desvió $28 millones destinados a asignaciones parlamentarias a una cuenta personal, debiendo posteriormente restituir el dinero. Van Rysselberghe, por su parte, pagó $1.200.000 a Instagis Spa. que desde 2016 asesora al RN Gonzalo Fuenzalida y al ex RN Rojo Edwards, mientras que la periodista Pía Lecaros ha desarrollado trabajos audiovisuales para parlamentarios PS, DC, PPD, UDI y RN haciéndose acreedora por ello de $142 millones desde 2012. Nota de la redacción: Pablo Urquízar Muñoz, asesor de Alberto Espina (RN), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) y Claudia Nogueira (UDI), aludido en este artículo, envió una carta a Radio Bío Bío para expresar su opinión respecto a lo publicado. El contenido íntegro de dicha carta puede revisarlo acá. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/10/03/los-10-asesores-en-la-mira-de-la-fiscalia-que-prestaron-servicios-a-diputados-y-senadores.shtml
  11. 05 Julio 2017 Transantiago: senadores de Chile Vamos ponen en duda plazos de nueva licitación Allamand, García-Huidobro y Ossandón enviaron oficio a Transportes para aclarar el proceso. Apuntan también a imprecisiones en materia de presupuesto y de cómo se comprarán las terminales. Un mes llevan en revisión por parte de la Contraloría General de la República las bases de licitación del Transantiago, las que plantean nuevas reglas para el pago a las empresas del sector, 19 servicios extras, la renovación de los vehículos y que estos tengan terminales para las máquinas. Los senadores Andrés Allamand, Alejandro García-Huidobro (ambos RN) y Manuel José Ossandón (Independiente) enviaron un oficio al Ministerio de Transportes para que aclare puntos sobre la convocatoria, pues dicen que en tres sesiones realizadas en la comisión, la ministra del ramo, Paola Tapia, “no ha dado respuestas precisas”. Una de las dudas se refiere al subsidio al Transantiago que está asegurado por ley hasta el 2022. “¿Qué pasará a partir de ese año? No se ha enviado un proyecto de ley para que haya recursos disponibles”, señala Allamand. Los contratos que adjudicará el gobierno a los nuevos concesionarios tienen una duración de 10 años, por lo que los legisladores sostienen que debería haber un presupuesto asegurado después de ese periodo. Allamand añade que los procesos “pendientes” llevarán a que no se adjudiquen los contratos durante esta administración. “Es imposible que con estos plazos, además, se puedan adquirir e importar los buses para operar”. Los cálculos que hacen improbable, según los parlamentarios, que se concluya el proceso en este gobierno tienen que ver con que luego de abierta la licitación hay un plazo de 90 días para responder consultas de los interesados y posteriormente una etapa de evaluación técnica y económica de las ofertas, que dura 70 días. Finalmente, debe tomarse razón del respectivo contrato por parte de la Contraloría. Juan Carlos González, gerente de Transurbano, añade que otro punto crítico en este proceso es el nuevo esquema de financiamiento a las empresas, pues aumentará el pago por kilómetro recorrido (será el 75% del total de los fondos y un 25% por usuario transportado). “Esto desincentiva que los conductores se detengan a tomar pasajeros”, dice. Añade que tampoco hay definiciones “concretas” sobre la disponibilidad de terminales para las firmas. La cartera planteó que habrá 12 puntos (donde se expropiarán o adquirirán recintos), aunque aún no se determina a qué costo. “Las terminales no estarán listas en la fecha en que comience a operar el nuevo sistema (octubre de 2018). Y en caso de que haya objeciones a la expropiación, el proceso puede judicializarse”, dice Louis de Grange, académico de la U. Diego Portales. Cronograma Consultada sobre los terminales, la ministra del ramo, Paola Tapia, dijo que “los recursos fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda. Luego se deben definir los terrenos”, sostuvo, aunque no informó el presupuesto estimado ni la ubicación de éstos. En cuanto al subsidio para financiar el sistema, Tapia añadió que habrá fondos disponibles. “Hay un subsidio permanente aprobado. A eso se suma uno de tipo transitorio, que aumentará en el tiempo”, dijo. ¿Se podrá cumplir con la adjudicación de los contratos durante este gobierno? “Debemos esperar los plazos que tiene la Contraloría, no corresponde que nos refiramos a eso. Esperaremos que se pronuncie, para seguir adelante con los trámites”, dijo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/transantiago-senadores-chile-ponen-duda-plazos-nueva-licitacion/
  12. 04 Abril 2017 Senadores declaran patrimonios desde $ 107 millones hasta $ 5 mil millones Parlamentarios cumplieron con exigencia de actualizar sus declaraciones de interés y patrimonial. En documento deben registrar propiedades, bienes, participación en empresas, ahorros y deudas. Más de 30 mil millones de pesos suma el patrimonio que los 38 senadores registraron en sus declaraciones patrimoniales y de interés que por ley debieron actualizar al 31 de marzo. En las fichas, los legisladores -así como otras 60 mil autoridades y funcionarios públicos sujetos a la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés- debieron transparentar sus propiedades inmuebles; bienes muebles (como automóviles); participación en sociedades y empresas; ahorros en distintos instrumentos de inversión y pasivos o deudas. Según las nuevas exigencias, las autoridades también debieron declarar el patrimonio de sus cónyuges, como hizo el senador y candidato a la presidencia Alejandro Guillier. De acuerdo con la información contenida en las declaraciones, el senador que registra el menor patrimonio es Alejandro Navarro. El legislador declaró dos propiedades por un valor de $ 18,4 millones, 10 vehículos por $ 34,7 millones y ahorros por 53,9 millones. También registró pasivos por $ 53,2 millones. En el otro extremo, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma registró un patrimonio total de $ 5.296 millones, de los cuales $ 4.776 millones corresponde a una propiedad en la comuna de Lo Barnechea. Presidenciables Entre los parlamentarios presidenciables, el que registró un mayor patrimonio fue Manuel José Ossandón, con $ 3.475 millones, seguido por el diputado Felipe Kast, con mil millones de pesos. Guillier, en tanto, declaró un patrimonio de $ 361 millones y su esposa uno de $ 4.919 millones, el que incluye, entre otras, dos propiedades en Peñalolén por $ 2.279 millones cada una. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senadores-declaran-patrimonios-desde-107-millones-5-mil-millones/
  13. 03 Abril 2017 Diputados de la NM entregan carta a Bachelet y denuncian "maniobras dilatadoras" de senadores para hacer fracasar la desentralización Los parlamentarios entregaron una carta a la presidenta, Michelle Bachelet, donde acusaron maniobras de algunos senadores para frenar la reforma y además criticaron que “la descentralización es un proceso que, pese a los consistentes avances, se ha desplegado con lentitud desde el retorno de la democracia". Esta mañana llegaron hasta el Palacio de La Moneda, los diputados Rodrigo González (PPD), Jaime Pilowsky (DC) y Pablo Lorenzini (DC). El objetivo de los parlamentarios fue entregar una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet -suscrita por 31 diputados- donde denuncian maniobras dilatorias de algunos senadores para hacer fracasar la descentralización. En la ocasión, los legisladores exigieron, además, que se haga efectiva la reforma constitucional de elección de intendentes (gobernadores regionales) mediante el envío inmediato de la ley orgánica y la suma urgencia a la ley de transferencia de competencias. En el texto de la misiva se señala que “quienes remiten esta carta sostienen y esperan de este gobierno un firme compromiso con elección de gobernadores regionales. Consideramos que éste es un paso fundamental en la democratización del país”. Y agregan que “la descentralización es un proceso que, pese a los consistentes avances, se ha desplegado con lentitud desde el retorno de la democracia, no llegando aún a niveles aceptables para los chilenos que viven en nuestras regiones”. Los legisladores indican que “solicitamos al Gobierno a dar prioridad a este importante tema y despachar durante abril los proyectos de ley de elección de intendentes y traspaso de competencias, de manera de que los nuevos gobernadores regionales puedan elegirse en noviembre de 2017”. En este sentido, el diputado y presidente de la Bancada Regionalista de la Cámara Baja, Rodrigo González enfatiza que “estamos entregando esta carta exigiendo que no se paralice la descentralizacion por presión y maniobras dilatorias de algunos senadores, y pedimos al Ministro de Hacienda que envíe la ley de Rentas regionales, todo ello para fortalecer la autonomía, poder de decisión y nuevos recursos a los gobernadores regionales”. Por su parte, el diputado DC Jaime Pilowsky agregó que "la presidenta de la República se comprometió con los chilenos que tendríamos elecciones de gobernadores durante 2017. Lamentablemente estamos en abril y falta avanzar en el proyecto de inhabilidades e incompatibilidades y en el de competencias. El gobierno debe liderar este tema y convencer a aquellos parlamentarios que han impedido que esto avance. No tener elecciones este año será un verdadero fracaso”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/03/diputados-de-la-nm-entregan-carta-a-bachelet-y-denuncian-maniobras-dilatadoras-de-senadores-para-hacer-fracasar-la-desentralizacion/
  14. 06 Febrero 2017 Senadores piden incluir figura de “terrorismo individual” en nueva ley Tras atentado a Landerretche e incendios, comisión de Constitución busca despachar ley antiterrorista en marzo. El proyecto del Ejecutivo, presentado por el ex ministro Rodrigo Peñailillo, se encuentra en primer trámite legislativo. El 23 de enero pasado, desde el Ministerio del Interior se excusaron por no asistir a la comisión de Constitución del Senado, debido a la emergencia por los incendios en la zona centro sur del país. La instancia había extendido una invitación tanto al jefe de la cartera, Mario Fernández, como al subsecretario Mahmud Aleuy con un objetivo puntual: hablar sobre la ley antiterrorista, iniciativa que varios senadores de la instancia están pidiendo acelerar y promulgar en marzo, para comenzar su aplicación lo antes posible. Tras el incremento de la violencia en La Araucanía y el atentado en la casa del presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, los senadores de la comisión retomaron la necesidad de acelerar cuanto antes el debate sobre el tema con el fin de investigar de manera más eficiente una serie de hechos delictuales. En la actualidad existen dos proyectos en el Congreso: uno impulsado por el gobierno durante la gestión del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y una segunda alternativa promovida por el senador y miembro de la comisión Alberto Espina (RN). Ambos proyectos fueron aprobados en general en sala y se encuentran en primer trámite legislativo. Y aunque hace varios meses el Ejecutivo quedó de hacer algunas modificaciones a su iniciativa, todas las señales de La Moneda durante el último tiempo han dado a entender que no existe disposición de avanzar en la materia. Sin embargo, en diciembre el tema reflotó en la comisión de Seguridad Ciudadana, luego que la instancia liderada por el senador Felipe Harboe (PPD) discutiera cambios legales a la normativa para enfrentar los conflictos en el sur. Y tras estallar la oleada de incendios que destruyó cerca de 600 mil hectáreas, en los últimos días los parlamentarios de la comisión de Constitución advirtieron que la situación se hace insostenible. “La última vez que hablamos del tema con el gobierno fue con el ex ministro Jorge Burgos y él nos admitió que esto está en el congelador. Tras lo sucedido con Landerretche y los incendios en el sur, es fundamental aprobar en marzo una nueva ley”, afirmó el presidente de la comisión, Pedro Araya (ind-DC). A su juicio, para investigar si hubo intencionalidad en los incendios, es fundamental agregar en la ley la figura del “terrorista individual”, concepto que en la legislación actual no está contemplado. “En Chile esa figura no está regulada en la ley, ya que se parte de la base de la existencia de una organización terrorista”. Según el senador, en el caso de los incendios, “puede que una persona esté provocándolos con el afán de causar terror. Como no está tipificado como delito terrorista, sería delito común”, explicó. En la misma línea, el senador Alberto Espina (RN) solicitó “sacar a la brevedad una buena ley que sancione no sólo el terrorismo cuando se trate de asociaciones ilícitas, sino también el terrorismo individual y sobre todo, que se tome en funcionamiento todo lo relacionado con los agentes encubiertos”, afirmó. Además, el senador consideró fundamental que los servicios de inteligencia estén obligados a entregar toda la información que solicite la fiscalía sobre las investigaciones por terrorismo. “En los sectores donde se han producido incendios, la fiscalía no tiene ninguna información proporcionada por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Eso es de una gravedad enorme, porque damos palos de ciego”, lamentó el legislador. Por su parte, el senador Harboe recordó que en reiteradas ocasiones ha solicitado acelerar cuanto antes el proyecto de ley antiterrorista. El parlamentario, en todo caso, lamentó que el tema deba legislarse en medio de casos coyunturales como los incendios: “Siento mucho que el gobierno no tramitara este proyecto anteriormente, porque siempre es complejo legislar cuando hay temas vinculados en la coyuntura. Pero en marzo se tramita sí o sí”, concluyó el legislador. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senadores-piden-incluir-figura-terrorismo-individual-nueva-ley/
  15. 18 Enero 2017 Senadores excluyen a niños en la Ley de Identidad de Género Comisión de DD.HH. dejó fuera de la norma a los menores de 18 años. Fundación Iguales y Movilh cuestionaron la determinación. En el marco de la tramitación de la Ley de Identidad de Género, hoy se realizó la votación de las indicaciones en la Comisión de DD.HH. del Senado. La instancia aprobó excluir a las personas transexuales menores de 18 años de la posibilidad del cambio de sexo registral, derecho que sí tendrían los mayores de edad. La indicación fue aprobada con el voto de la presidenta de la comisión, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Manuel José Ossandón (ind.) y Manuel Antonio Matta (DC). En tanto, Juan Pablo Letelier (PS) y Alejandro Navarro (MAS) votaron por mantener en la norma a niños y adolescentes. “Siempre he estado en contra de incluir a los niños. Me parece un error, porque en la mayoría de los países donde hay legislación de esta naturaleza hay requisitos, y dentro de esos está la mayoría de edad. Gran parte de las disforias de género (discordancia entre el sexo asignado al nacer y el con que se identifica la persona) se resuelven en la adolescencia, por lo tanto, es razonable esperar a la mayoría de edad para tomar la decisión”, argumentó Van Rysselberghe. La decisión de la instancia causó sorpresa entre algunas de las organizaciones de la sociedad civil, quienes la consideraron una regresión. “Si los niños no van a poder adecuar sus documentos de identidad los van a seguir discriminando. Eso se traduce en que van a seguir tendiendo baja escolaridad y expectativa de vida. Esto es un tremendo retroceso y creo que los senadores no se dan cuenta del tremendo daño que les están haciendo a esos niños trans”, señaló Luis Larraín, presidente ejecutivo de Fundación Iguales. En tanto, desde el Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) calificaron la exclusión de los menores como “impresentable”, ya que “lo que se debe garantizar es la igualdad de trato a las personas trans desde la más tierna infancia, para garantizar un desarrollo armónico que mejore su calidad de vida. Hoy, los senadores se han pronunciado contra el interés superior del niño. Es un revés que esperamos revertir en la Cámara”, indicó Rolando Jiménez, vocero del Movilh. Julio Dantas, fundador de la Fundación Todo Mejora (instancia que trabaja en prevención de suicidio y bullying homofóbico en adolescentes), señaló que lamentaba que los senadores “elijan tratar a los niños y niñas como seres invisibles e irrelevantes. El impacto que esta decisión tiene en miles de familias chilenas es desconsolador”. Las 108 indicaciones pendientes del proyecto se seguirán discutiendo la próxima semana en el Senado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senadores-excluyen-ninos-la-ley-identidad-genero/
  16. 23 Noviembre 2016 Autoridades y senadores analizan medidas para afrontar violencia en La Araucanía La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta realizó una sesión especial con las intervenciones del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, Carabineros y el Ministerio Público. Con el objetivo de conocer cuáles son las medidas concretas que se están adoptando para afrontar la violencia en las regiones del Biobío y de La Araucanía, la comisión de Seguridad Ciudadana del Senado realizó este martes una sesión especial con la presencia del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, del alto mando de Carabineros y de fiscales del Ministerio Público. Tras el encuentro, que se extendió por más de dos horas, el senador Alberto Espina señaló que para mejorar esta realidad que se vive en el sur del país se deben efectuar “cambios legales urgentes”. Al respecto, el parlamentario RN apuntó a que se debe aprobar el proyecto de dilación de juicio ya que “evitará que a través de resquicios legales que se demoren causas sobre este tipo de delitos”. Por otra parte, Espina expresó que “resulta inconcebible que no exista un estatuto de protección de testigos lo que hace que muchos que tienen información sobre estos hechos, no estén dispuestos a declarar y finalmente no lo hacen con lo cual aumentan enormemente los niveles de impunidad”. “También existe la necesidad de regularizar el uso de la información de los servicios de inteligencia en los juicios que en la práctica no se pueden utilizar, por lo tanto, se pierde una prueba muy útil”, argumentó. “Es urgente que el Gobierno ponga urgencia al proyecto que establece los agentes encubiertos y entrega vigilada, que curiosamente existente en la Ley de Drogas, pero no existe en la Ley de Control de Armas, Ley de Seguridad del Estado, ni tampoco en la Ley Antiterrorista, transformándose en una ventaja enorme para los delincuentes”, dijo el legislador. Finalmente, el parlamentario por La Araucanía expresó que “cuando uno ve los niveles de delincuentes que son detenidos versus los que son formalizados, y posteriormente sujetos a prisión preventiva, hay una diferencia importante”. La sesión continuará el próximo 30 de noviembre, con la exposición del director general de Carabineros, Bruno Villalobos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/autoridades-senadores-analizan-medidas-afrontar-violencia-la-araucania/
  17. 08 de agosto del 2016 / 22:04 Hrs Senadores impulsan proyecto para que gastos reservados se detallen ante Contraloría Iniciativa de la Comisión de Defensa fija nuevas exigencias en rendición de dichos recursos. Modificación apunta a Presidencia, Interior, Defensa, Cancillería y las Fuerzas Armadas. Un proyecto de ley para dar mayor transparencia a la rendición de los gastos reservados de organismos públicos ingresó la semana pasada un grupo transversal de senadores. Se trata de una modificación a la Ley 19.863 -que establece y regula los gastos reservados- impulsada por el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Baldo Prokurica (RN), y que cuenta con el respaldo de todos los legisladores integrantes de dicha instancia. Según la actual legislación, se entiende por gastos reservados aquellos egresos -establecidos en la Ley de Presupuestos- que pueden ser utilizados por algunas reparticiones públicas “para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”. Entre los organismos facultados para usar gastos reservados se cuentan Presidencia; los ministerios del Interior, Defensa y RR.EE.; la subsecretaría de Fuerzas Armadas; el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, entre otras. Según la Ley 19.863, actualmente los gastos reservados se rinden ante Contraloría sólo de manera “genérica y secreta”, a diferencia de los demás gastos fiscales, que se rinden de forma detallada y pública. “De los gastos reservados se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría”, señala el artículo 4 de la normativa, que sólo exige que la rendición incluya “una desagregación por rubros que permita ilustrar sobre el contenido fundamental de dichos gastos”. Este es, precisamente, el artículo que los senadores buscan modificar. Las modificaciones El proyecto de los senadores establece que en el artículo 4 quede consagrado que “de los gastos reservados se rendirá cuenta semestral, en forma detallada y con la documentación de respaldo”. Lo anterior, con el objetivo de que Contraloría tenga mayor poder de fiscalización sobre esos recursos. Con todo, el proyecto pide mantener el carácter de “reservado” del uso de estos montos, siendo el contralor quien deberá mantener el deber de secreto. “El examen y juzgamiento de las cuentas corresponderá al contralor, quien lo efectuará expresando al Presidente de la República, de manera secreta, su opinión sobre el destino otorgado a estos gastos”, dice el texto. A juicio de Prokurica, “hoy la administración de recursos públicos exige mayores estándares de transparencia y fiscalización, por lo que es necesario que el contralor pueda acceder al detalle del uso de estos recursos”. En tanto, el senador Pedro Araya -también miembro de la Comisión de Defensa- agregó que “la idea es abrir la discusión sobre las facultades de la Contraloría para una mejor fiscalización de estos gastos”. La iniciativa surgió luego de que el contralor, Jorge Bermúdez, acudiera a fines de mayo a la Comisión de Defensa para abordar, entre otros temas, los gastos reservados. En su exposición, detalló que los organismos que han recibido más fondos en el período 2010-2016 bajo este concepto son Presidencia y el Ejército, con $ 12 mil millones y $ 9 mil millones, respectivamente. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-691960-9-senadores-impulsan-proyecto-para-que-gastos-reservados-se-detallen-ante.shtml
  18. 18 de julio del 2016 / 00:05 Hrs Rapa Nui y la polémica por los delitos sexuales Senadores presentaron dos proyectos de ley para disminuir beneficios a los condenados. Parlamento de la isla pidió que se consulte a autoridad pascuense. “Esto es un atentado al pueblo Rapa Nui”. Así de categóricas fueron las declaraciones de Leviante Araki, presidente del Parlamento Rapa Nui -organización de familias originarias de la isla-, tras enterarse de la existencia de dos proyectos de ley que fueron presentados por los senadores Francisco Chahuán (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD), y que apuntan a la isla. Ambas iniciativas buscan derogar los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, que en 1966 creó el departamento de Isla de Pascua, y que benefician a responsables de ciertos delitos en el territorio pascuense, entre ellos los de carácter sexual, con la rebaja en un grado de la pena (si el autor es natural de la isla) y con la posibilidad de que el condenado cumpla hasta dos tercios de su sanción fuera de la cárcel. Respecto de la iniciativa, Araki opinó que la actual normativa fundamentalmente busca que los isleños no sean tratados como continentales. “Yo opino que la ley no se puede modificar, ya que se dictó para la integración del pueblo Rapa Nui. Aquí no puede haber igualdad con los chilenos, ya que esos artículos se hicieron para proteger a los Rapa Nui, y esto se está haciendo sin previa consulta indígena”, sostuvo. Consultado sobre los más de 600 casos policiales por agresiones a mujeres pascuenses, en el contexto de violencia intrafamiliar, registrados desde 2010 (según estadísticas del Centro de la Mujer Isla de Pascua, avalado por el Sernam), dijo que “acá nunca ha habido ningún atentado en contra de alguien, nunca hemos tenido esos problemas, ni maltrato a las mujeres; además, son muy pocas las personas que han estado en la cárcel. Si ha habido violaciones es por continentales, acá no hay sicópatas, no hay asesinos, no se roba”. El vocero de las familias ancestrales de la isla informó que el tema será discutido por el parlamento y anunció que buscarán presentar un proyecto distinto. Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre 2007 y 2015, un total de 52 personas condenadas se beneficiaron con el artículo 14, es decir, cumplieron dos tercios de su pena en libertad. Entre 2014 y 2015 se aplicó también el artículo 13 de la Ley Pascua en el 100% de las causas que tenían un imputado Rapa Nui, lo cual abarca, aproximadamente, el 93% de los imputados. Desde el puerto En Valparaíso, los senadores insistieron en la modificación legal. “El proyecto fue presentado justamente por las necesidades expresadas por las mujeres de Isla de Pascua, por lo tanto, me parece justo apoyar una medida que pone a la mujer Rapa Nui en igualdad de condiciones respecto de sus derechos. La iniciativa refleja mi opinión y creo que la de muchas personas”, dijo el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD). Agregó que “sin perjuicio de aquello, invitamos al parlamento Rapa Nui al Senado de Chile, para conocer su parecer. Todas las opiniones son válidas”. El senador Francisco Chahuán (RN), en tanto, aseguró que “se trata de un requerimiento transversal, porque, además, no solo se trata de mujeres, sino también de protección de menores. No puede seguir habiendo un trato especial, llegó el tiempo de que el pueblo Rapa Nui tenga las mismas sanciones que el continente”. Desde la agrupación donde se pidió un castigo de cárcel efectivo para quienes cometan delitos sexuales en la isla, no existe temor ante una consulta general. “Propongo una consulta ciudadana, estoy segura de que se apoyaría la derogación, no entiendo cómo un grupo se puede oponer a esto, cuando estos artículos atentan contra el mismo pueblo y a todos los visitantes que llegan a Rapa Nui”, indicó la vicepresidenta de la Comisión Internacional de Asuntos de la Mujer del Mercosur, Sofía Faúndez Hey. Agregó que el grado de victimización es mayor en la isla, ya que “el territorio es pequeño, entonces cuando una persona peligrosa vuelve a la calle, de inmediato aparece en el supermercado, en el aeropuerto, en todas partes, y no puede ser que las víctimas tengan que tolerar eso, incluso teniendo que dejar la isla por seguridad”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-689248-9-rapa-nui-y-la-polemica-por-los-delitos-sexuales.shtml
  19. 12 de julio del 2016 / 00:09 Hrs Senadores de la Nueva Mayoría piden derogar la Ley Reservada del Cobre Así quedó de manifiesto en la ceremonia donde la cuprera estatal conmemoró las más de cuatro décadas desde que el Congreso aprobara el traspaso al Estado de los yacimientos de El Teniente, Andina, Salvador, Chuquicamata y La Exótica. A 45 años de la nacionalización del cobre, tanto directivos de Codelco como autoridades coinciden en un solo concepto: la derogación de la Ley Reservada del Cobre. Así quedó de manifiesto en la ceremonia donde la cuprera estatal conmemoró las más de cuatro décadas desde que el Congreso aprobara el traspaso al Estado de los yacimientos de El Teniente, Andina, Salvador, Chuquicamata y La Exótica. “Hoy necesitamos de un acuerdo para mantener nuestro liderazgo mundial en la producción de cobre, y específicamente para seguir aportando al progreso y al desarrollo de Chile”, dijo el presidente ejecutivo de la cuprera Nelson Pizarro, durante su intervención. Representantes del mundo político presentes en la ceremonia, recogieron las palabras de Pizarro, e hicieron un llamado a discutir en el Parlamento la eliminación de la Ley Reservada del Cobre, permitiendo reinvertir esos recursos en Codelco, a modo de préstamo. El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) planteó que la minera debe resolver de dónde obtiene financiamiento para sus proyectos. A su juicio, los financia a través del mercado financiero común, a una tasa de interés alta; “o usamos los recursos que Codelco ya generó , y que están depositados en la Ley Reservada del Cobre, y esos recursos los toma prestados a una tasa relativamente inferior”, dijo. Respecto al futuro de la Ley Reservada del cobre, el presidente de la Cámara Alta dijo que “hay que eliminarla de todas maneras”. Opinión similar tuvo la presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Isabel Allende, quien es partidaria de derogar esa ley, y garantizar a las fuerzas armadas “un presupuesto plurianual”. La senadora señaló que mientras en el mundo privado se capitaliza cerca del 40% de las utilidades, a Codelco “no se le entrega ni el 10%”, de las utilidades obtenidas. “Espero que estemos todos de acuerdo en la necesidad de dotarla (a Codelco) de instrumentos necesarios para que salga adelante con los desafíos que ahora tiene”, afirmó Allende. Así, los parlamentarios respaldan la propuesta realizada hace unos días por el presidente del directorio de la Corporación, Oscar Landerretche, de reinvertir los dineros de la Ley Reservada del Cobre en la compañía. Capitalización Consultada sobre los montos en que el gobierno capitalizará a Codelco, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que no corresponde adelantarse a una eventual decisión que pueda tomar el Ejecutivo. “Esperaremos la propuesta de Codelco para la reunión extraordinaria de accionistas donde se decide la capitalización para el año 2016”, dijo la ministra. Dicha cita debiera darse en la próxima entrega de resultados. Sin embargo, Pizarro reiteró que en la actualidad la situación de la Corporación es “crítica, nunca antes vista. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/07/655-688465-9-senadores-de-la-nueva-mayoria-piden-derogar-la-ley-reservada-del-cobre.shtml
  20. CNTV propone ampliar sus competencias para regular los contenidos de internet El organismo planteará la propuesta, que ya fue presentada a autoridades de gobierno y senadores, en el próximo encuentro de la Plataforma de Reguladores de Iberoamérica. SANTIAGO.- Un nuevo proyecto tiene en mente el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Se trata de la regulación de los contenidos de internet, en especial aquellos asociados a buscadores o a portales de información. Según indicó El Mercurio, la propuesta, que ya fue presentada a autoridades de gobierno y senadores, será planteada en el próximo encuentro de la Plataforma de Reguladores de Iberoamérica (PRAI), organización que reúne a organismos de Colombia, Argentina, Brasil, Portugal y Uruguay, entre otros. "Hoy en internet no tenemos ningún tipo de protección. Videos de cómo suicidarse, de pornografía infantil, de violencia, de contenidos que incitan el odio, racistas y xenófobos no tienen ningún control", aseguró el presidente del CNTV Óscar Reyes. "Este es un tema que hemos conversado con los otros reguladores de la región y hay una preocupación conjunta", agregó. Este proyecto nació a raíz de la disminución del consumo de TV por medio de la pantalla tradicional y el aumento de las ofertas que se pueden encontrar por internet. Según cifras entregadas por el organismo, cada año el rating de la TV baja en un 1,5 puntos, mientras que el 40% de los preadolescentes posee celular con acceso a internet. Para poder lograr su objetivo, Reyes explicó que es necesario cambiar "la ley del CNTV y la estructura del consejo para ver cómo fiscalizamos". Por lo mismo, ya iniciaron conversaciones con el Gobierno y con algunos legisladores como Patricio Walker y Manuel Antonio Matta. www.emol.com
  21. 18 Junio 2016 Hugo Dolmestch apoya petición de senadores para entregar beneficios a condenados por violaciones a DDHH El Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, apuntó a que los beneficios carcelarios a los condenados por violaciones derechos humanos buscaría la reconciliación del país. La máxima autoridad del poder judicial entregó así su respaldo a la iniciativa presentada por los senadores de oposición para liberar a los reos aquejados de enfermedades graves e incurables . “La sociedad no puede vivir estancada solo en los dolores, y es bueno y sano avanzar positivamente buscando la reconciliación”, con esas palabras el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, entregó su respaldo a la iniciativa presentada por 19 senadores, la mayoría de ellos de oposición, que solicitaron a la Mandataria, a la ministra de Justicia y al director nacional de Gendarmería, entregar beneficios a los reos que se encuentran aquejados de enfermedades graves e incurables, entre ellos, los militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos, ocurridos en dictadura, que permanecen privados de libertad en Punta Peuco. En una respuesta por escrito que entregó al diario El Mercurio sobre su postura ante la iniciativa de los legisladores, Dolmestch argumentó: “Usted bien sabe que cualquier iniciativa destinada a mejorar la forma de vida o ayudar a una persona, la asumo como mía. Me alegro cuando otros hacen lo mismo y me invitan a seguirlos. Creo que es el caso que usted me plantea. No tengo duda alguna respecto de la bondad y condición humanitaria de una iniciativa como esta, por lo que, en síntesis, puedo decirle que la comparto”. Luego apuntó a la reconciliación del país en alusión directa a los condenados por crímenes de lesa humanidad: “Sé y comprendo también que esto ha de significar un dolor para las personas que aún sufren por la pérdida de sus seres queridos, pero la sociedad no puede vivir estancada solo en los dolores y es bueno y sano avanzar positivamente buscando la reconciliación. Y gestos como este sí son efectivos, porque lo contrario estanca”. Anteriormente, la máxima autoridad del poder judicial, se había referido a este tema, cuando el sacerdote Fernando Montes planteó la necesidad de algunos beneficios humanitarios para reos ancianos y enfermos de Punta Peuco, aplicables a los condenados de todas las cárceles. En esa ocasión, el presidente de la Suprema dijo que es un convencido de que la misericordia es para todos y que quiere mucho a las familias de las víctimas de los derechos humanos: “Yo conozco mucho a esa gente, conversamos y los quiero, pero yo creo que las cosas tienen que tener su término. Ya tuvieron su término: la gente ha sido condenada. Entonces, no puede haber pago permanente, para siempre”. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/18/presidente-de-la-corte-suprema-apoya-peticion-del-senado-para-entregar-beneficios-a-reos-incurables/
  22. 10 de junio del 2016 / 22:08 Hrs Senadores presentan proyecto que aumenta penas y plazo de prescripción para el cohecho Iniciativa legislativa pretende pasar de los tres años actuales de prisión hasta los 15. Senadores oficialistas y de oposición piden aumentar la prescripción a diez años. En la Comisión de Constitución del Senado se pondrá en discusión durante las próximas semanas un proyecto de ley que busca aumentar las penas y el plazo de prescripción para los delitos de cohecho y soborno. La iniciativa, de la que ya se dio cuenta en la sala, fue suscrita por todos los miembros de dicha comisión: los senadores Alberto Espina (RN), Alfonso De Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (Indp) y Hernán Larraín (UDI). “La baja penalidad asignada a los delitos de corrupción, en especial al delito de cohecho (...) no permite que haya una sanción proporcionada con la gravedad de las conductas”, se señala en la propuesta. Se advierte que esta realidad “genera insatisfacción por parte de la comunidad, que tiene expectativas de que los agentes públicos que desempeñan torcidamente sus funciones, así como aquellos particulares que los corrompen con el poder del dinero, sean duramente sancionados”. En concreto, la propuesta de los senadores pretende aumentar las penas establecidas para quienes, siendo empleados públicos, “soliciten o acepten un beneficio económico indebido” para ejecutar actos propios del cargo, omitir dichas funciones o cometer delitos como la malversación de fondos, fraude al fisco o prevaricación. Para esto último, el proyecto busca alzar las sanciones actuales que van desde 541 días a tres años de cárcel, para llegar a una pena de 5 a 15 años de presidio. Junto con esto, se pretende establecer una multa “de hasta cuatro veces el provecho solicitado o aceptado”, junto con mantener la sanción de “inhabilitación absoluta y perpetua para cargos u oficios públicos”. La moción busca aumentar las penas en la misma proporción para quienes propicien dichos delitos, es decir, los particulares que intenten persuadir a funcionarios públicos a través de beneficios económicos. En este caso, las actuales sanciones también van desde 541 días a 3 años, y la idea es aumentarlas a entre 5 y 15 años de cárcel. En tanto, para quienes en labor pública acepten un beneficio económico para omitir alguna de sus funciones, la iniciativa establece una pena mínima de entre 3 a 10 años de cárcel, a lo que -al igual que en los casos anteriores- se aplicará una multa de hasta cuatro veces el beneficio percibido y el funcionario quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos. Junto con aumentar las sanciones para diversos delitos de corrupción, la propuesta de los senadores también apunta a ampliar los plazos de prescripción. Esto, se explica en el texto, considerando “que los delitos de corrupción generalmente no son descubiertos en situación de flagrancia, siendo en la mayoría de los casos investigados con bastante posterioridad a su perpetración”. Con el aumento de penas también se pretende cambiar “la naturaleza de la conducta desde un simple delito a un crimen”. Con esto, el plazo de prescripción quedaría en 10 años. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/06/674-684581-9-senadores-presentan-proyecto-que-aumenta-penas-y-plazo-de-prescripcion-para-el.shtml
  23. 06.04.2016 Los alarmantes proyectos de ley aprobados por el Senado que ponen en riesgo nuestra democracia Las medidas han causado indignación en gran parte de la ciudadanía, que considera los artículos como un retroceso democrático Por [email protected] Agenciauno.cl En menos de un mes ya son cuatro los artículos aprobados que regulan sanciones en distintos ámbitos, dentro de la Agenda Corta de Antidelincuencia. ¿Las similitudes? Todas las modificaciones atentan, de una u otra manera, contra las y los ciudadanos comunes, y beneficia a políticos involucrados en casos de corrupción y a policías. 1. Cárcel para personas que agredan a policías aunque las lesiones no dejen marcas visibles. Fue a fines de enero de este año cuando el senador Alberto Espina celebró en su cuenta personal de Twitter la indicación que respecta a la agresión hacia Carabineros o Policía aunque no hayan señales visibles del hecho. Esta medida fue aprobada dentro de la comisión de Constitución del Senado aprobó dentro de la Agenda Corta Antidelincuencia, el pasado 26 de enero, por cuatro votos a favor y uno en contra. ¿Pero entonces cómo se acreditará la agresión? ¿Será la palabra del funcionario contra la del ciudadano, así como pasó con el caso de Rodrigo Avilés?. 2. Control de identidad preventivo El más reciente, aprobado el martes 5 de abril por 34 votos a favor y 10 en contra, permite a los funcionarios de policía pedir su cédula de identidad a cualquier ciudadano o ciudadana en caso de que existan antecedentes que permitan inferir que dicha persona cuenta con una orden de detención previamente. El punto acá es ¿cómo saberlo?. El artículo establece que el control sólo puede efectuarse en la vía pública y, en el caso de ser detenida por no portar el carné, la persona debe pasar no más de cuatro horas en comisaría si es adulto, y no más de 1 hora si es menor de edad. Asimismo se aprobó que Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el Poder Judicial, puedan compartir información a través del Banco Unificado de Datos. 3. Penas de cárcel para los fiscales que filtren información de investigaciones en curso sobre delitos. Por 29 votos a favor y 3 abstenciones, el Senado aprobó este martes 5 de abril las modificaciones a la “Ley Mordaza”, entre las que se excluye a los periodistas, pero que de todas formas multará a quienes no cumplan con la normativa. La nueva glosa estipula que aquellos funcionarios que participen en una investigación y tengan acceso a los documentos, están obligados a guardar secreto de las indagaciones. De lo contrario, serán sancionados con una multa de 200 UTM o tres años y un día de cárcel. Para la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, esta nueva redacción si bien acoge los postulados del gremio, “abre la posibilidad de sanciones penales a quienes revelen información de interés público. Esto podría generar incluso un cultura del amedrentamiento donde quienes tengan información, por ejemplo sobre los casos de corrupción que ya conocemos, no se atrevan entregarla justamente porque pueden ir a la cárcel”, declaró señalando que de todas formas atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio de los medios. 4. Prescripción de delitos de corrupción política: de 5 a 2 años. El pasado 2 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) visó la nueva “Ley de Transparencia de la democracia”, que fue despachada en enero por el Congreso junto a la Ley de Partidos Políticos, ambas forman parte de la agenda Anticorrupción, impulsada por el ejecutivo y derivada de lo presentado por la Comisión Engel, formada luego del estallido de escándalos de corrupción política que involucró a la Nueva Mayoría y la Alianza. Uno de los temas tratados era la prescripción de los delitos electorales, que en el proyecto inicial del gobierno proponía 5 años desde cometido el ilícito, como ocurre con cualquier delito en cualquier ámbito. Sin embargo, el proyecto que terminó por despachar el Congreso, luego de aprobado en ambas cámaras, se fijó en 2 años el período a partir de la comisión del delito, aunque en un comienzo los parlamentarios querían establecerlo sólo en 12 meses. ¿Y por qué las deudas que un ciudadano común sostiene con casas comerciales prescriben en 5 años? Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/politica/2016/04/06/conoce-los-cuatro-articulos-que-el-congreso-aprobo-con-cuestionables-beneficios-para-corrupcion-y-abuso-de-poder/
  24. Allamand suma apoyos entre diputados para elección interna de RN Su candidatura a la presidencia del partido es impulsada por varios senadores, a la que se han plegado algunos diputados. Senador ha sondeado cartas para una eventual lista, y oficializaría su candidatura a fines de febrero. Cuando el martes 1 de marzo se reactive el trabajo legislativo en el Congreso y -por ende- los comités parlamentarios vuelvan a reunirse, en la bancada de Renovación Nacional deberán conversar un tema que marcará los próximos tres meses en el partido: las elecciones internas. En dichos comicios, convocados inicialmente para el sábado 28 de mayo, los militantes de RN deberán definir quién será el presidente de la colectividad por los próximos dos años; un período que resulta clave para las pretensiones de la colectividad, considerando que entre 2016 y 2017 deberá enfrentar tres procesos eleccionarios a nivel nacional: municipales, parlamentarias y presidenciales. Hasta el momento, el actual timonel, el diputado Cristián Monckeberg, pretende postular a la reelección, donde existen altas posibilidades de que deba enfrentarse con un dirigente histórico de la tienda: Andrés Allamand. El senador -quien ocupó la testera del partido entre 1990 y 1997- ya ha manifestado a sus cercanos su interés por levantar una candidatura. Además, ha sondeado nombres para la conformación de una lista, y en su entorno señalan que oficializaría su opción entre fines de febrero y principios de marzo. “Creo que Andrés ya tomó la decisión de ser candidato a la presidencia del partido”, dijo hace dos semanas el senador Baldo Prokurica, uno de los principales impulsores de la candidatura del ex ministro. Aunque la opción de Allamand surgió impulsada por algunos de sus pares en el Senado -además de Prokurica, cuenta con el respaldo de Francisco Chahuán y José García-, durante las últimas semanas se han sumado algunos diputados. Respaldos Aunque la mayoría de la bancada aún prefiere mantener en reserva su opción, hasta que las listas estén oficialmente inscritas, algunos diputados han optado por explicitar desde ya su apoyo al senador. Es el caso del ex jefe de bancada y uno de los más cercanos al ex presidente Sebastián Piñera, Nicolás Monckeberg, quien suena como posible secretario general en una eventual lista. “Creo que Allamand puede contribuir mucho desde la conducción del partido para fortalecer el rol opositor que requiere la centroderecha y RN, sin el cual no vamos a ser capaces de volver a gobernar nuestro país”, afirma. Respecto de la gestión de la actual directiva, el diputado señala que “la mesa vigente ha contribuido de buena manera a la unidad del sector, pero hoy se requiere algo más: fortalecer el rol opositor, que ha estado debilitado durante estos años. Y valoro que Allamand esté dispuesto a encabezar, desde RN, esta etapa”. En una postura similar está el diputado Diego Paulsen, quien afirma que “hoy RN necesita de un liderazgo potente y fuerte, se nos vienen dos años claves de elecciones en el país, y Andrés tiene esos atributos que necesitamos como sector para triunfar en los próximos comicios”. También existen opiniones como la del diputado Bernardo Berger, quien si bien destaca que la actual mesa “cumplió un rol importantísimo, que fue fortalecer la unidad interna del partido”, agrega que “Allamand es una buena carta, creo que puede cumplir un rol fundamental y fortalecer a la oposición”. Con todo, la bancada de diputados aún no ha fijado una postura oficial, a la espera de analizar el escenario al regreso del receso legislativo. Así lo resume el diputado René Manuel García, quien señala que “como bancada conversaremos el tema en marzo, tiraremos líneas y veremos qué es lo que pasa, porque tenemos dos personas muy buenas, como Andrés y Cristián”. www.latercera.com
  25. "La Comunidad del Anillo": La red de prostitución masculina que remece al poder en Colombia Aunque salió a la luz pública en octubre de 2015, esta semana ha salpicado a altos rangos de la Policía Nacional e importantes representantes de la política colombiana. SANTIAGO.- Este miércoles el general Rodolfo Palominos, director de la Policía Nacional, renunció a su cargo tras 38 años de servicio. La principal razón es su supuesta participación en "La Comunidad del anillo": la red de prostitución masculina que hoy remece a las principales cúpulas de poder en Colombia. Su salida del cargo ocurre un día después de que la Procuraduría colombiana decidiera abrir una investigación en su contra, por faltas disciplinarias, entre las que se encuentra la red de proxenetismo que salió a la luz pública en octubre de 2015 y que involucra a miembros de la policía y a varios senadores. Radio FM publicó en aquella ocasión una serie de testimonios de miembros de la Policía que denunciaban haber sido acosados sexualmente y obligados a prostituirse por altos rangos, para concederles favores sexuales a legisladores. A cambio, recibirían ascensos y recomendaciones del sector político. Entre las declaraciones, la de Reinaldo Gómez Bernal, quien aseguró que en 1998 sostuvo una reunión con Palominos. "Me hizo saber sus intenciones, que yo le gustaba y quería tener algo conmigo, y yo diplomáticamente le dije que no me gustan los hombres", afirmó. Posteriormente y tras un incidente en que Palominos lo perjudicó, decidió enviar una carta de denuncia. Subalternos del jefe de la Policía lo obligaron retractarse, pero finalmente la acusación llegó a la Procuradoría, que abrió una investigación. El enlace Jerson Castellanos, jefe de Seguridad del Congreso es otro de los nombres que más se repite en las denuncias. "Me buscaba, me decía: 'le voy a presentar a un General, al general Palomino', él me dijo así, pero que me tenía que portar bien", describió Ányelo Palacio, uno de los cadetes que aseguró haber sido abusado. "Él iba a la Escuela y buscaba a los cadetes que él quería, nos llevaba como abanderados al Congreso y nos colocaba con unas banderas alrededor de los senadores. Yo notaba que él nos miraba y se reía, otros señores que estaban abajo también", afirmó. Según su relato a la radio y posteriormente a la Procuraduría, el modus operandi tenía como protagonista a Castellanos. Su función era ser el enlace entre la Policía Nacional y el Congreso. "Después me dijo que fuéramos al Club Militar a jugar bolos, me decía que me iba a ayudar (…) Tomé agua y me empecé a sentir mareado (…) me acuerdo que al otro día me dolía mucho la cola. Había sangre. No sabía qué había pasado. Después me encontré al Coronel y le pregunté qué me hizo y me dijo: 'no, la pasamos rico, nos hicimos rico'". A pesar del rol que jugó Castellanos en los ilícitos, las indagaciones apuntan a que la red fue impulsada por el jefe máximo de la policía: Rodolfo Palominos, hoy investigado por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas, entre otros delitos. La caída del viceministro De acuerdo al informe de la Procuraduría, en la red también habría participado "un senador de la República que actualmente se desempeña en un alto cargo del Gobierno". Se trata nada menos del hasta ayer viceministro del Interior de Colombia, Carlos Ferro, quien apareció en un video publicado por Radio FM fechado en noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como senador. En él, se muestran 10 minutos de conversación con el ahora capitán Palacios, en un auto, tratando de definir un lugar para tener relaciones. Horas después de que se publicaran las imágenes, presentó su renuncia al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y al Presidente colombiano, Juan Manuel Santos. El video fue grabado y filtrado por el propio Palacios como una prueba más de la existencia de "La Comunidad" que pondrá en jaque a varios congresistas y a la principal cúpula de poder. www.emol.com
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