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  1. 12 Enero 2019 El 60% de los funcionarios de salud ha sido víctima de agresión en la red pública Gobierno presentó proyecto de ley que tipifica como delito la agresión, que suelen realizar pacientes o familiares, considerándola agravante y elevando penas en un grado. Las agresiones contra el personal de salud se han vuelvo recurrentes. La semana pasada, una funcionaria del Cesfam Boca Sur, de la Región del Biobío, recibió patadas, golpes de puños e incluso el impacto de una silla, tras intentar defender a un adulto mayor que estaba siendo atacado. En ese contexto, una encuesta de la Subsecretaría de la Prevención del Delito del Ministerio del Interior, realizada en agosto a más de 9 mil funcionarios de salud públicos, arrojó que el 60% de los consultados dijo haber sido víctima de una agresión física o verbal en los últimos 12 meses. Se trata, principalmente, de ataques verbales -como insultos, amenazas, hostigamientos y burlas- que concentran el 86% de los casos. Mientras que el 13,7% son agresiones sexuales y físicas con objetos contundentes y armas. Más del 60% de estos hechos proviene de pacientes y sus familiares, mientras que los tiempos de espera y la dotación de personal, sumados a las características del paciente -problemas mentales, de drogas o alcohol- aparecen como los principales causales de la agresión. En tanto, entre las víctimas de estas agresiones, los paramédicos lideran los casos, seguidos por el personal médico, odontólogos y químico farmacéutico (ver infografía). Ana María Vidal, dirigente de la Asociación de funcionarios de Salud Municipal de Talcahuano, relata la inseguridad en la que conviven, luego de que una enfermera fuera amenazada por un individuo que, tras ingresar al Cesfam Paulina Avendaño por una ventana, intentó robar sus pertenencias. “Días antes otra funcionaria fue asaltada saliendo del recinto y luego hubo un asalto dentro de un box. La inseguridad que tenemos nos mantiene en alerta porque ha ido en aumento”, dijo. Esta inseguridad también se reflejó en la encuesta: en 86% de los consultados consideró insuficientes las medidas de seguridad en los consultorios. Proyecto de ley Para abordar esta situación, el gobierno impulsó una mesa de trabajo entre la Asociación de Municipalidades, la Confusam, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención de Delito, donde se están trabajando varias medidas. Entre ellas, un proyecto de ley, presentado ayer, que según la subsecretaria de Prevención, Katherine Martorell, tipificará como delito el maltrato a funcionarios de salud y elevará las penas en un grado. Esto impedirá “que se califiquen como lesiones leves las cometidas contra trabajadores y funcionarios de establecimientos de salud”, plantea el texto. Además, se establece que “las lesiones menos graves inferidas a ciertas personas que gozan de una especial posición o autoridad serán castigadas con presidio o relegación menores en sus grados mínimos a medios, excluyendo la posibilidad de una pena alternativa de multa”. Asimismo, calificará como agravante el maltrato e impondrá la obligación de los jefes de establecimientos de salud de denunciar. Martorell añadió que “el agravante de responsabilidad penal va a depender del delito que origina la agresión , que pueden ser lesiones graves, menos graves o leves”. La iniciativa creará un registro de agresores, ya que hay casos en los que el personal de salud se ve revictimizado al tener que atender a un agresor. “Se propone con el registro que estas personas sean derivadas a otro servicio, pero, en el caso de existir una urgencia, se les deberá prestar la atención”, precisó Martorell. Los gremios de salud valoraron la iniciativa, como una medida de protección. La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, agradeció al gobierno “que haya acogido esta gran inquietud que teníamos. Creemos que era necesario que se concretara porque en el país ha escalado, la violencia”. Según un catastro de la Confusam, en 2018 hubo 157 agresiones físicas y más de 500 verbales contra los funcionarios de salud. La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, destacó que se trata de “un avance y esperamos que tenga un trámite rápido”, añadiendo que seguirá trabajando para “visibilizar el por qué ocurre la violencia, y son las falencias del sistema. Más que criminalizar a los pacientes, queremos generar alianzas, y el llamado es a no agredir”. El ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó que entre las medidas que se adoptarán destaca “el apoyo a las víctimas de delito y agresiones en ejercicio de actividad profesional y acompañamiento”. Una de ellas, mediante el convenio que se firmó con Prevención del Delito, para dar asistencia sicológica, social y jurídica, dentro del Programa de Protección a Víctimas. Además, indicó que en aquellos centros más vulnerables se han incorporado cámaras de seguridad y botones de pánico. Esta semana, Santelices dio cuenta de ello en redes sociales, mostrando la instalación de esta tecnología en el Cecof de Puerto Chacabuco, en Aysén. “Con esto, y ante cualquier situación, los trabajadores pueden ser alertados y aplicar los protocolos de seguridad”, dijo. Asimismo, se ha impulsado la instalación de 29 mesas locales de seguridad. El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, explicó que el objetivo es “constatar, de primera fuente, cuáles son las situaciones, particularidades y nodos críticos de cada comuna o región en materia de seguridad y así alimentar y proveer de insumos a la mesa de seguridad nacional”, las que están en conformación. También se priorizaron otros 26 centros de salud para dotarlos de equipos de seguridad que serán instalados a contar de marzo. (Para ver en detalle la infografía, haz click aquí o en la imagen) Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/60-los-funcionarios-salud-ha-victima-agresion-la-red-publica/481810/
  2. 16 Septiembre 2018 Gasto en salud se duplica desde 2010 y evaluación al sistema cae Chilenos opinan que calidad en el sector público y privado va a la baja y un 52% la reprueba, según encuesta Unab. Obtención de horas de médicos especialistas y atención en la urgencia figuran entre áreas con peor calificación. ¿Qué nota le pone usted al sistema de salud? Esa fue una de las preguntas de la última Encuesta Nacional de Salud de la Universidad Andrés Bello. ¿La respuesta de los chilenos? Un 4,3, promediado entre un 52% que lo reprueba y solo un 21% que le pone nota 6 o 7. La novena edición del sondeo midió la percepción de calidad que tienen las personas del sistema asistencial, a partir de su experiencia. Es decir, las últimas atenciones que han recibido, como usuarios de Fonasa e isapres. Y el resultado arroja una clara tendencia. Mientras en 2010 el índice llegó a 51 -en una escala de 1 a 100-, este año cayó a 44, lo que se traduce en que los chilenos piensan que la calidad ha bajado. Eso, pese a que las cifras arrojan un dato contundente: el gasto total en salud -de Fonasa e isapres- se duplicó en el período, pasando de $ 4.921 miles de millones en 2010 a $ 10.500 miles de millones en 2017. “En sí mismo el resultado es malo, pero lo es más cuando el país ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar a niveles de gasto cercanos al promedio de países de la Ocde. El discurso de que nuestro sistema solo necesita más recursos no ha demostrado ser correcto, ya que es lógico que se requieran más, por los perfiles demográficos y epidemiológicos, pero es evidente que estamos haciendo mal las cosas, tanto en los modelos de atención como de gestión de Fonasa y las isapres”, comenta Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, quien agrega que “las personas sienten que lo que reciben como respuesta de sus sistemas de salud no vale lo que pagan en dinero, en tiempo, en trato y plazos de espera. Gastamos más y la gente tiene una experiencia peor”. Y si bien la evaluación decae en ambos seguros, la experiencia del sistema que describen los afiliados es muy dispar. Así, en la escala de 1 a 100, los usuarios de Fonasa evalúan con un 39 la calidad, cifra que sube a 63 en las isapres. “En Chile es tanta la discriminación y segmentación, que en un sector tienes a los pobres, enfermos y familias numerosas, y en el otro están los ricos y más sanos. Y coexisten dos sistemas, uno del tercer mundo, con otro del primer mundo”, añade Sánchez. Sobre estas diferencias, Gonzalo Simón, gerente de desarrollo de la Asociación de Isapres, sostiene que “la diferencia de calidad por la atención recibida que experimentan las personas en las isapres es muy superior respecto de Fonasa y se explica porque el nivel de atención y oportunidad del servicio privado es muy elevado, contando con la tecnología y acceso adecuados”. A partir de los datos de la encuesta, Sánchez destaca que las causas del deterioro en la evaluación son de diversa índole. En el sector público responderían a que la red no da abasto para satisfacer la demanda de servicios, “por un modelo de atención equivocado y una baja en los índices de productividad, que hoy nos informa de una lista de espera de casi dos millones de personas”. Mientras, en las isapres las críticas de los chilenos apuntan a dos aspectos principales: “El incremento de los precios de los planes y de los servicios de salud, y al hecho de que los precios se fijan en base al riesgo de las personas, lo que lleva a que las mujeres y la tercera edad pagan entre tres a cinco veces lo que paga un hombre joven”, afirma. Para Enrique Paris, decano de la Facultad de Ciencias de la U. Mayor, la situación ha llegado a un punto de inflexión, donde los cambios ya no pueden dilatarse: “Las personas esperan mucho más de lo que se les ha dado y piden, hace años, los mismos cambios: una reforma profunda al sistema, que se haga cargo de los problemas de demora y acceso a la salud en Fonasa, y en las isapres, que se ponga fin a la discriminación y se regulen los temas de costos. En Chile las personas tienen miedo a enfermarse, incertidumbre a poder costear los medicamentos, y eso debe solucionarse”, dice. Varios de los puntos que , de acuerdo a la encuesta, concentran la molestia de los chilenos están siendo incorporados en dos reformas que prepara el gobierno. Una, que ingresaría como proyecto de ley al Congreso a fines de este año, busca terminar con la discriminación e insertar solidaridad en el sistema isapre. La otra pretende intervenir radicalmente Fonasa, convirtiendo a la entidad en un seguro real para sus afiliados, capaz de exigir a los hospitales metas y plazos en la atención de los usuarios. La encuesta también detalla los aspectos que los chilenos más valoran, destacando la atención que brindan los médicos y el personal de salud. Sin embargo, desaprueban aspectos que tienen que ver con procedimientos administrativos: dificultades para tomar horas por teléfono o el tiempo que debió esperar para recibir una atención. En términos de acceso, obtener una cita con un especialista, poder operarse y ser atendido en la urgencia son los casos donde, según los encuestados, se producen las mayores demoras o esperas. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/gasto-salud-se-duplica-desde-2010-evaluacion-al-sistema-cae/321826/
  3. 30 Enero 2018 Chile se estanca en transparencia presupuestaria Un estancamiento en la información pública presupuestaria en Chile fue lo que reveló la última la Open Budget Survey 2017, conducida por la International Budget Partnership y aplicada en Chile por investigadores de la Fundación Ciudadano Inteligente. Esto ya que el sondeo arrojó que el país en los últimos siete años, bajó del primer al tercer lugar en América Latina, pasando de 72 puntos en 2010 (de 100 puntos), a los 57 conseguidos en 2017, siendo superado por Brasil (77) y Perú (73). De esta forma, el documento cataloga como “entrega de información limitada” por parte de las autoridades en este sentido. Dentro las mayores falencias que muestra el indicador de transparencia, destaca la formulación del Documento Preliminar, una minuta abreviada de la elaboración del erario, que obtuvo cero puntos, principalmente dado que en Chile este informe es confidencial y sólo se conoce cuando ingresa al Congreso. Fuente: http://www.latercera.com/negocios/noticia/chile-se-estanca-transparencia-presupuestaria/51020/
  4. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/321866-educacion-publica-desmunicipalizacion-los-plazos-que-enredan-la-desmunicipalizacion-para-que-parta-en-2018/?hl=%2Beducacion+%2Bpublica&do=findComment&comment=22769985 Presidenta promulgó Ley de Nueva Educación Pública: “Confío en la sabiduría de la ciudadanía para que no nos desviemos de esta ruta” 10:13 La Mandataria promulgó en una ceremonia en La Moneda la ley de desmunicipalización. En el acto dijo que “se requiere dar continuidad a un cambio que le hace bien a nuestra patria”. La presidenta Michelle Bachelet promulgó esta jornada en un acto realizado en el Patio de los Cañones en el palacio de La Moneda, la Ley de Nueva Educación Pública. En la ceremonia, la Mandataria destacó la normativa, que quita la administración municipal de las escuelas públicas y las entrega a los nuevos Servicios Locales de Educación, en el contexto del resto de los proyectos que conforman la reforma educacional que impulsó su gobierno. “Tenemos la alegría de dar cumplimiento a otros de nuestros compromisos“ dijo Bachelet, quien dijo que la Ley de Nueva Educación Pública hará que “en ningún lugar la educación dependa nunca más del lugar donde tocó nacer o vivir o de los recursos o posibilidades de cada municipio”. La Mandataria dijo además que “se ha ganado una batalla central para la reforma educacional que le propusimos al país” y sostuvo que “este ciclo de cambios tiene como objetivo devolver a la educación pública al sitial que merece en la República“. “Se suma a logros alcanzados en educación parvularia, escolar, en educación técnica y educación universitaria” dijo la jefa de Estado. “Estamos llegando a puerto, las piezas de la reforma cierran en un todo coherente“ dijo la Presidenta. La Mandataria además hizo un guiño a las elecciones presidenciales y dijo que “se requiere dar continuidad a un cambio que le hace bien a nuestra patria. Recuperar años de abandono requiere esfuerzos sostenidos. Confío en la sabiduría de la ciudadanía para que no nos desviemos de esta ruta”. Fuente: http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2017/11/16/499307/Presidenta-promulgo-Ley-de-Nueva-Educacion-Publica-Confio-en-la-sabiduria-de-la-ciudadania-para-que-no-nos-desviemos-de-esta-ruta.aspx
  5. 01 Septiembre 2017 Desmunicipalización: 237 colegios se traspasarán en 2018 Primera etapa del proyecto corresponde a la instalación de 11 servicios locales, donde cuatro deberán estar listos antes de marzo del próximo año. El proyecto de ley de nueva educación pública, también conocido como desmunicipalización, podría pasar a su último trámite legislativo la próxima semana, tras su aprobación en la Comisión de Hacienda del Senado. Si los parlamentarios dan luz verde a la iniciativa, esta debería entrar en régimen en octubre de este año, para que ya en marzo de 2018, 237 establecimientos de los más de cinco mil colegios municipales que existen en Chile sean parte de la nueva estructura administrativa que estará en manos del Estado: los servicios locales. Entre los sectores que serán los primeros en adoptar esta medida están Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar, con 55 establecimientos. Le siguen Coquimbo y Andacollo, con 50 colegios; Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, con 54, y Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén, con 78, según indican desde el Ministerio de Educación. Una vez establecidos los primeros cuatro servicios locales, entre 2018 y 2020 se deberán instalar los siete restantes, antes del periodo de evaluación de 2021. Dicha pausa corresponde a la instancia en que el consejo integrado por seis profesionales -designados por el Presidente de la República y presidido por el subsecretario de Educación- analizarán el trabajo realizado, según lo que indique la Agencia de Calidad de la Educación. Esta acción permitirá realizar ajustes pertinentes antes de continuar con la implementación de los 59 servicios pendientes durante la segunda etapa, fijada entre 2022 y 2025. Trayecto Desde un inicio, la discusión dentro de uno de los proyectos emblemáticos de la reforma educacional se centró en cómo se llevaría a cabo el traspaso de los establecimientos municipales a la red de 70 servicios locales. Aquella situación se destrabó luego de que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, llegara a acuerdo con la oposición de realizar en dos etapas la transición hacia un nuevo sistema de educación pública, pensadas entre 2018 y 2025. A ello se suma que podrán postergar su ingreso de traspaso aquellas corporaciones que cumplan con los requisitos de posicionar a sus recintos dentro del 30% de mejor desempeño a nivel nacional, no tener deudas previsionales impagas con profesores y/o asistentes técnicos dos años previos a la solicitud, además de que un 60% del total de sus colegios deberán presentar niveles altos de desempeño educativo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/desmunicipalizacion-237-colegios-se-traspasaran-2018/
  6. 13 Julio 2017 Chile recibe primer recorte en la clasificación de riesgo en 25 años con rebaja de Standard & Poor’s El prolongado crecimiento económico moderado perjudicó la revolución fiscal de Chile, y contribuyó al aumento de la carga de la deuda pública, dijo la agencia. La agencia Standard & Poor’s bajó la clasificación de riesgo en moneda extranjera a largo plazo de Chile a A + de AA- con perspectiva estable, en lo que constituye la primera rebaja en la nota del país en 25 años. “El prolongado crecimiento económico moderado perjudicó la evolución fiscal de Chile, y contribuyó al aumento de la carga de la deuda pública”, dijo la agencia. La agencia estimó que la economía chilena crecerá 1,6% en 2017, 2% en 2018, y 2,4% en 2019. Pese al recorte, que era esperado luego que en enero S&P cambiara el panorama de su nota para Chile a negativo desde estable, el país mantiene la categoría investment grade, la que tiene desde 1992 cuando entró al mercado de deuda. En el caso de las otras dos grandes clasificadoras la nota de Chile es de A+, con perspectiva negativa por parte de Fitch y de Aa3, con perspectiva estable en el caso de Moody’s. La clasificación por parte de estos agentes, refleja la perspectiva que tienen de la capacidad de pago de un país, o del riesgo de quiebra o de caer en insolvencia frente a sus deudas. De la nota que le asignan a los países, depende la tasa de interés que aplique el mercado a sus emisiones de deuda soberana y ello, a su vez, será la referencia para el costo de financiamiento de las empresas que buscan levantar capital en el exterior. Existen dos categorías de clasificación crediticia: investment grade (grado de inversión) y non investment grade. Fitch y S&P tienen como máxima nota AAA, que define una capacidad de pago muy fuerte, hasta BBB, que considera una capacidad de pago adecuada, pero con riesgos en el mediano y largo plazo. Eso corresponde a la categoría investment grade y de ahí hacia abajo sigue la non investment grade. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/agencia-standard-poors-baja-la-clasificacion-riesgo-chile/
  7. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/311861-ley-de-probidad-11-de-120-diputados-chilenos-hicieron-publica-su-declaracion-de-impuestos/page-2?hl=%2Bparlamentarios&do=findComment&comment=22198780 12 Mayo 2017 CAMPAÑA DE CIPER Y FINANCE UNCOVERED Ya son 29 los parlamentarios que hicieron pública su declaración de impuestos 21 diputados y 8 senadores (18% de los 158 congresistas) respondieron a la campaña pro transparencia tributaria que impulsa CIPER. Aquí encontrará los ingresos que han reportado en sus declaraciones de impuestos esos 29 parlamentarios. Entre ellos destaca Manuel José Ossandón, quien compite con Sebastián Piñera y el diputado Felipe Kast por la nominación presidencial de Chile Vamos. Si su parlamentario aún no ha transparentado sus ingresos e impuestos, usted encontrará aquí un facsímil de correo electrónico para invitarlo a sumarse a esta iniciativa. Esta semana finalizó la campaña internacional organizada por Finance Uncoverd –en la que participó CIPER- y en la que se le pidió a miles de legisladores de más de 20 países transparentar sus impuestos. En Chile, 28 parlamentarios chilenos aceptaron hacer públicas sus declaraciones tributarias a través de CIPER: 21 diputados y 8 senadores, pertenecientes a todo el espectro político, lo que representa un 18% de de los legisladores nacionales. Entre ellos destaca Manuel José Ossandón (renunció a RN en julio de 2016), el único parlamentario que hoy es candidato presidencial -de los cinco que siguen en carrera desde el Congreso- que aceptó hacer pública su declaración de impuestos. Ossandón dijo a CIPER: -Todos los que estamos en el servicio público y más aun quienes somos candidatos presidenciales, tenemos la obligación de ser transparentes ante este tipo de requerimientos. Me parece óptimo y necesario para recomponer las confianzas con la ciudadanía. Es lo mínimo que tenemos que hacer los políticos. Los diputados que decidieron transparentar sus impuestos fueron: Pepe Auth (Independiente, ex PPD), Distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú). Fidel Espinoza (Partido Socialista), Distrito 56 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro). Actual presidente de la Cámara de Diputados. Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), Distrito 2 (Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte). Marcela Hernando (Partido Radical), Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal). Tucapel Jiménez, (Partido Por la Democracia, PPD), Distrito 27 (El Bosque, La Cisterna, San Ramón). Juan Morano, (Partido Demócrata Cristiano), Distrito 60 (Antártica, Cabo De Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine). Jorge Rathgeb, (Renovación Nacional), Distrito 48 (Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén). Luis Rocafull (Partido Socialista), Distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre). Karla Rubilar (Independiente), Distrito 17 (Conchalí, Huechuraba, Renca). Guillermo Teillier (Partido Comunista), Distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel). Los senadores que decidieron hacer pública su declaración de impuestos son: Alfonso de Urresti (Partido Socialista), Circunscripción: 16 (Los Ríos). Juan Pablo Letelier (Partido Socialista), Circunscripción: 9 (O´Higgins). Carlos Montes (Partido Socialista), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente). Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente, UDI), Circunscripción: 17 (Los Lagos). Alejandro Navarro (País, en formación), Circunscripción: 12 (Biobío Costa). Manuel José Ossandón (ex Renovación Nacional), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente). Rabindranath Quinteros (Partido Socialista), Circunscripción: 17 (Los Lagos). Fulvio Rossi (ex Partido Socialista), Circunscripción 1 (Tarapacá). Estos congresistas se suman a otros 11 parlamentarios que ya habían hecho públicas sus declaraciones de impuestos (ver reportaje de CIPER): Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana), Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI), Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista), Pedro Browne Urrejola (Amplitud), Karol Cariola Oliva (Partido Comunista), Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática), Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal), Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente), Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista). Si su representante no figura en esta lista y cree que debiera transparentar sus impuestos, al final de este artículo encontrará una sugerencia de email para invitarlo a dar ese paso. SOLO INGRESOS POR DIETA PARLAMENTARIA Los diputados Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Marcela Hernando, Juan Enrique Morano, Luis Alberto Rocafull y Karla Rubilar no registraron en su declaración otros ingresos que los que provienen de su dieta parlamentaria. Lo mismo informaron los senadores Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Fulvio Rossi, Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti. El diputado Fidel Espinoza entregó a CIPER las declaraciones que presentó al SII en 2014, 2015 y 2016, consignando que en todos esos años solo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2014 su renta anual fue de $91.286.361 ($7.607.196 mensuales) y pagó impuestos por $21.550.291. Al año siguiente, la renta anual del diputado ascendió a $96.925.359 ($8.077.113 mensuales) y pagó impuestos por $22.871.552. En 2016, declaró una renta anual de $101.345.373 ($8.445.447 mensuales) y pagó $23.715.092 en impuestos. El diputado Hugo Gutiérrez, entregó su declaración de 2017 según la cual recibió ingresos anuales de $89.783.643 ($7.481.970 mensuales), y pagó un impuesto de $18.708.802. La diputada Marcela Hernando, envió sus declaraciones correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En 2014, cuando todavía no llegaba al Congreso, declaró ingresos anuales por $24.228.884 ($2.019.073 mensuales) y pagó $1.086.991 en impuestos. Al año siguiente, ya instalada en el Congreso, recibió ingresos por $86.197.247 ($7.183.103 mensuales), destinó $2.930.526 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $17.408.096 por concepto de impuestos. En la declaración tributaria de 2016 la diputada Hernando consignó que su dieta anual fue de $88.742.276 ($7.395.189 al mes) y que canceló un impuesto de $18.802.093. En su declaración del año en curso declaró haber recibido una dieta anual de $90.270.347 ($7.522.528 mensuales) y haber pagado $19.110.947 en impuestos. El diputado Juan Enrique Morano hizo pública su declaración de 2017 en la que consigna que en 2016 sus únicos ingresos provinieron de su dieta parlamentaria: $89.510.856 anuales ($7.459.238 cada mes), y pagó en impuestos un total de $18.807.151. Lo mismo hicieron los diputados Luis Alberto Rocafull y Karla Rubilar quienes transparentaron sus declaraciones de 2017. El primero consignó ingresos anuales por $104.500.694 ($8.708.391 mensuales) y un pago de impuesto por $24.803.086. Rubilar, en tanto, declaró una dieta anual de $87.084.062 y un pago de impuestos de $20.339.108. El diputado GuillermoTeillier hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2015, 2016 y 2017. El primer año informó una renta anual de $93.388.712 ($7.782.392 por mes), por la que pagó $ $21.203.420 en impuestos. En 2016 declaró ingresos por $98.276.649 ($8.189.720 mensuales) y pagó $22.765.421 en impuestos. En la declaración de este año (correspondiente a los ingresos de 2016), Teillier informó una dieta parlamentaria anual de $96.779.397 ($8.064.949 mensuales), y $110.687 correspondientes a retiros y ganancias de capital. Canceló $21.467.937 en impuestos. El senador Juan Pablo Letelier envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año informó una dieta anual parlamentaria de $82.324.363 ($6.860.363 mensuales) y un pago de impuestos de $17.924.018. Al año siguiente, reportó una renta anual de $87.469.593 ($7.289.132 mensuales) y pagó $19.089.245 en impuestos. En 2016, el senador Letelier declaró una renta anual de $92.061.841 ($7.671.820 mensuales), e informó, además, una donación para fines sociales por $112.600 y pagó en impuestos $20.279.498. El senador Carlos Montes hizo pública su información tributaria de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año consignó una renta anual de $92.611.678 ($7.717.639 mensuales) y pagó impuestos por $22.728.347. En 2015 declaró una renta anual de $96.123.702 ($8.010.308 mensuales) y pagó en impuestos $23.613.379. Finalmente, en 2016 el senador Montes declaró una renta anual de $100.281.332 ($8.356.777 mensuales) por los que pagó impuestos por $23.574.430. El senador Alejandro Navarro envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en los cuales solo reportó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2015 su renta anual fue de $86.478.135 ($7.289.844 mensuales) y pagó $19.092.662 en impuestos. En 2016 declaró una renta anual de $92.070.832 ($7.672.569 mensuales) y pagó impuestos por $20.283.095. En 2017 el senador Navarro declaró una renta de $102.152.394 ($8.512.699 mensuales) y pagó $23.863.762 en impuestos. El senador Fulvio Rossi decidió hacer públicas sus declaraciones de impuesto de 2014, 2015 y 2016. En los tres años solo informó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2014 declaró que su renta anual fue de $82.310.125 ($6.859.177 al mes) y pagó un impuesto de $17.161.786. En 2015 reportó ingresos por $87.456.773 anuales ($7.288.064 al mes) y pagó $19.084.117 en impuestos. En abril de este año el senador Rossi declaró ingresos por $92.048.349 anuales ($7.670.695 mensuales) y pagó impuestos por $20.274.101. El senador Rabindranath Quinteros hizo públicas sus declaraciones ante el SII de 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año, cuando aún no llegaba al Senado, declaró una renta anual de $19.741.193 ($1.645.099 al mes). Hizo un retiro de su fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) de $11.545.506 y pagó $5.259.556 en impuestos. Al año siguiente, ya en el Congreso, declaró una renta anual de $105.770.660 ($8.814.221 al mes). Hizo un aporte a su fondo de APV de $1.626.676 y pagó $30.038.720 en impuestos. En 2016 declaró ingresos anuales por $118.337.938 ($9.861.494 al mes) y pagó impuestos por $38.819.851. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales como senador por $116.124.557 ($9.677.046 al mes) y pagó en impuestos $40.024.944. El senador Alfonso De Urresti envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en las cuales informó haber recibido solo ingresos correspondientes a su dieta como senador. En el primero declaró un sueldo anual de $88.268.621 ($7.355.718 mensuales) y pagó impuesto por $20.007.481. Al año siguiente declaró ingresos anuales por $92.070.832 ($7.672.569 al mes) y canceló impuestos por $20.163.243. En abril pasado, De Urresti declaró ingresos por $90.293.852 ($7.524.487 al mes) y tributó la suma de $19.047.566. PARLAMENTARIOS CON OTROS INGRESOS La información tributaria aportada por el diputado Pepe Auth incluye las declaraciones presentadas ante el SII desde 2014 a 2017. En la de 2014 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2013), Auth reportó haber recibido como diputado una renta de $84.160.778 ($7.013.398 mensuales). Además, declaró ingresos por $791.735 correspondientes a honorarios por su participación en un programa de Radio Agricultura. En 2014 Auth pagó $19.981.580 en impuestos. En la declaración que presentó al año siguiente (2015), el diputado declaró una renta anual como parlamentario de $90.612.803 ($7.551.066 mensuales) a lo que agregó $1.231.146 por honorarios recibidos como panelista del citado espacio radial. En ese mismo año, además, Auth declaró donaciones para fines sociales por $139.359 y pagó $21.251.410 en impuestos. Al año siguiente (2016), Auth consignó ingresos anuales por su dieta parlamentaria por $92.231.338 ($7.685.944 mensuales) y $1.004.577 por honorarios por su participación en el programa Divina Comida de Chilevisión. El diputado explicó a CIPER que, a partir de este año, participó en el mismo programa de Radio Agricultura a cambio de una donación de la emisora a una fundación que ayuda a niños con Síndrome de Down. También declaró donaciones para fines sociales por $153.250 y pagó impuestos por $20.867.784. Finalmente, en la declaración presentada en abril pasado, Auth informó haber recibido ingresos anuales como diputado por $92.350.907 ($7.695.908 mensuales). Informó que también cobró $1.011.108 por honorarios. Sus donaciones con fines sociales ascendieron a $150.000 y pagó $19.123.730 en impuestos. El diputado Tucapel Jiménez transparentó sus declaraciones de los años 2015, 2016 y 2017. En el primer documento, que muestra los ingresos que obtuvo en 2014, Jiménez declaró haber recibido $102.244.223 ($8.520.351 mensuales) como parlamentario. Además, recibió $2.903.815 por el arriendo de dos propiedades. Pagó $26.172.151 en impuestos ese año. En la declaración de 2016 el diputado Jiménez acreditó una dieta parlamentaria de $105.584.152 ($8.798.679 mensuales). Además, percibió $2.936.113 por concepto de arriendo y pagóun total de $26.872.236 en impuestos. En la declaración de 2017 el diputado Jiménez acreditó ingresos por su función parlamentaria de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). Agregó que obtuvo $10.258.154 por arriendos y pagó impuestos por un total de $29.337.096. El diputado Jorge Rathgeb envió a CIPER sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En la primera informó haber recibido un sueldo anual como parlamentario que ascendió a $82.233.246 ($6.852.770 mensuales). Además, el SII estimó que un campo de propiedad de Rathgeb le reportó ingresos por $15.142.981 (el monto es una estimación hecha sobre el 10% del avalúo fiscal del terreno). En el plano de los descuentos el diputado accedió a una rebaja por Ahorro Previsional Voluntario de $8.617.515. Ese año debió pagar $19.040.197 en impuestos. En la declaración de 2016 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2015), Rathgeb declaró una renta anual como diputado de $107.419.730 ($8.951.644 mensuales). Además, el SII estimó que su campo le produjo una renta de $24.836.411. Su declaración registra también un Ahorro Previsional Voluntario ascendente a $14.092.770 y un pago de $33.778.384 en impuestos. En abril pasado Rethgeb declaró que en 2016 su renta parlamentaria anual fue de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). El SII estimó que recibió ingresos por $25.484.766 por las rentas de su campo. El diputado consignó un ahorro previsional voluntario de $15.808.788 y pagó $28.545.849 en impuestos. El senador Iván Moreira decidió hacer públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En el primer año, reportó una renta parlamentaria de $88.294.399 ($7.357.866 mensuales). A ello agregó $7.387.549 proveniente de ganancias de los intereses de un fondo mutuo y pagó $25.675.858 en impuestos. En su declaración de 2016, Moreira informó rentas como senador por $92.109.057 ($7.675.754 mensuales). No tuvo otros ingresos y pagó $20.298.385 en impuestos. En abril de este año el senador Moreira declaró al SII una renta anual parlamentaria de $90.333.799 ($7.527.816 mensuales). Y reportó además, $15.150.070 originados, según explicó a CIPER, en el “primer dividendo del Fondo Privado de Inversiones Iberoamericano, información que está en mi declaración de patrimonio”. Este año el senador Moreira pagó $31.310.125 en impuestos. El senador y candidato presidencial Manuel José Ossandón envió a CIPER sus declaraciones tributarias de 2015, 2016 y 2017. En la primera, que corresponde a las rentas recibidas en 2014, Ossandón declaró haber recibido una remuneración anual como senador que ascendió a $72.034.006 ($6.002.833 mensuales). A ello agregó $6.930.530, correspondientes al arriendo de maquinaria. Su declaración también consignó un ingreso de $92.879.864, correspondientes a la venta de un paquete de acciones del Banco de Chile. Ese año pagó $15.700.652 en impuestos. En 2016 Manuel José Ossandón solo declaró rentas anuales como parlamentario por $92.061.841 ($7.671.820 mensuales) y pagó $20.279.498 en impuestos. Lo mismo ocurrió en abril pasado: solo declaró ingresos por su trabajo como senador: $90.284.453 al año ($7.523.704 al mes) y pagó impuestos por $19.116.590. INVITACIÓN A OTROS PARLAMENTARIOS Si usted quiere que sus representantes hagan públicas sus declaraciones de impuestos, aquí le sugerimos un modelo de correo con el que podrá invitarlos a participar de esta iniciativa. Estimado Diputado / Senador: Soy (nombre) y voto en el distrito que usted representa. Le escribo para manifestarle que adhiero a la campaña de Finance Uncovered y CIPER por la transparencia tributaria y quiero solicitarle que transparente sus declaraciones de impuestos (Formulario F 22 compacto), como ya lo han hecho algunos de sus colegas. Estimo que los ingresos que reciben los legisladores y la forma en que pagan sus impuestos es un asunto de interés público y un acto de transparencia necesaria que los chilenos y chilenas nos merecemos de parte de quienes hemos elegido para legislar. Muy atentamente (Nombre) Fuente: http://ciperchile.cl/2017/05/12/ya-son-29-los-parlamentarios-que-hicieron-publica-su-declaracion-de-impuestos/
  8. 12 Mayo 2017 Consultorios sufren falta de stock de alimentos Se trata de productos lácteos de entrega gratuita a adultos mayores y niños. Desde Cenabast indican que problema se está corrigiendo. Infomación entregada a beneficiarios de centro de salud de San Ramón el jueves. Consultorios de La Granja, La Pintana, San Ramón y Concepción son algunos de los recintos que han reportado problemas y falta de stock, para entregar los alimentos lácteos de rutina que el Estado destina a adultos mayores y niños. Se trata de la bebida láctea Años Dorados y el producto Mi Sopita que reciben los ancianos como parte del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM). A estos se suma la fórmula láctea para prematuros, del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), ambos del Ministerio de Salud. “Existe un problema de stock limitado de suplementos alimentarios y lácteos, al menos en Concepción, lo que ha ocasionado problemas en la entrega de los mismos”, explicó Arnaldo Casas del Valle, director (s) de la administración de Salud del municipio de Concepción. En Santiago se han registrado faltas de stock en otros productos. Así lo explica Adriana Tapia, directora de Salud de la Municipalidad: “Hemos tenido un problema de desabastecimiento de Leche Purita Fortificada, uno de los más requeridos por la población infantil menor de 18 meses. A mediados de abril empezamos con este problema, específicamente en el Centro de Salud Padre Orellana”. Tapia agregó que hubo “cinco niños que quedaron sin la leche” y que, en el caso de niños prematuros, “tuvimos que entregar productos incompletos. Si son ocho tarros, pudimos entregar solo dos”. Añadió que en el último pedido no llegó alimento para ancianos. Para enfrentar la situación, algunos municipios, como La Pintana, han optado por cubrir el déficit con reservas de otros recintos. “No hay desabastecimiento en nuestros Centros de Salud Familiar porque los que han quedado en stock crítico, por el desfase en la entrega de Cenabast, han sido apoyados por otros que mantenían reservas”, explicaron desde el Departamento de Salud. En la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), encargada de comprar y distribuir estos productos, confirmaron los problemas. Pablo Venegas, director del organismo, detalló que en el caso del alimento destinado a adultos mayores “hubo un problema con el proveedor, con quien tenemos trato directo, el cual nos informó muy encima que no iba a poder cumplir con dos zonas del país, centro-sur y sur, es decir de Rancagua hasta Magallanes, que iban a ser abastecidas parcialmente”. Según Venegas, “fue un problema de materia prima en el proceso de producción del proveedor”. Al respecto, desde la empresa aludida, Proalsa, indicaron que “dada la premura de ese trato directo, adjudicado en marzo para entregas en el mismo mes, se generaron complicaciones con el aprovisionamiento de materias primas, lo que ha sido regularizado en abril y mayo, según lo programado con Cenabast”. Para el caso de la fórmula para prematuros, Venegas dijo que hubo “dificultad con el proveedor, la cual estamos regularizando en las regiones Metropolitana y Biobío, y hasta el miércoles se hará en el resto del país. Ahí hubo incumplimiento de parte del proveedor, desconocemos sus razones”, dijo Venegas. Al respecto, desde Nestlé indicaron que “hubo algunos problemas logísticos, asociados a la cadena de distribución de Pre NAN, los cuales se comercializan en Chile, no obstante, se importan desde Holanda. Esta situación ya está siendo regularizada con Cenabast y se están realizando las entregas comprometidas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/consultorios-sufren-falta-stock-alimentos/
  9. 05 Mayo 2017 El Contralor General de la República entregó su Cuenta Pública Bermúdez en ruta justiciera anticipa fiscalización más estricta en el Estado: "Nos están creciendo los dientes" El jefe del organismo encargado de cautelar el buen funcionamiento de los actos del Estado, aseguró que las auditorías a entidades públicas aumentarán casi un 20% y que se formó un equipo especializado para supervisar a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Durante la entrega de su Cuenta Publica en la ciudad de Arica, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, anticipó cual será el sello que buscará imprimir a la institución encargada de fiscalizar los actos del Estado. Básicamente un aumento en el porcentaje de auditorías y un control más estricto particularmente en el ámbito financiero de cada organismo público. Bermúdez se refirió al ajuste interno en los equipos, que permitió entre otras cosas, detectar el fraude al interior de Carabineros, que hasta ahora suma 17 mil millones durante cinco años. "Nosotros hicimos un cambio orgánico en la Contraloría donde tenemos un departamento dedicado específicamente a Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, es un departamento que tiene auditores senior, avezados, y esperamos con esto suplir esa falencia que pudo haber tenido la Contraloría. Sin embargo, hacemos nuestro mejor esfuerzo", dijo, según consigna Emol. El Contralor anunció que "Este año estamos planificando un 19% más de auditorías, puede parecer mucho, pero lo único que estamos tratando de hacer es hacer más con los mismo recursos", afirmó. En ese sentido, usó la analogía de un "león sin dientes" para graficar el verdadero rango de acción de la Contraloría, anticipando que el sello de su gestión buscará ser diferente. "Yo creo que nos están creciendo los dientes. Si uno mira la gestión uno se da cuenta de que efectivamente estamos haciendo algunas cosas que probablemente son inéditas para la Contraloría". Como ejemplo Bermúdez pone como ejemplo el caso de Carabineros. "Esta denuncia que hicimos y que está investigando el Ministerio Público está en esa línea Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/05/bermudez-en-ruta-justiciera-anticipa-fiscalizacion-mas-estricta-en-el-estado-nos-estan-creciendo-los-dientes/
  10. 28 Abril 2017 Conaf entrega balance de incendios: 467 mil hectáreas quemadas En su cuenta pública, director del organismo advirtió que se desconocen los alcances del Niño para la próxima temporada. Un total de 467.537 hectáreas resultaron consumidas por las llamas durante los incendios forestales que azotaron a las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, entre el 18 de enero y el 5 de febrero de este año. Así lo informó, en Quillota, Región de Valparaíso, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Aarón Cavieres, en el marco de la cuenta pública de la institución. Informó que el combate de las llamas en esas tres regiones requirió el despliegue de más de 20 mil personas, mientras que se utilizaron cerca de tres millones de litros de agua diarios durante los 20 días de combate para apagar los diferentes siniestros forestales. “En sólo 19 días conseguimos controlar uno de los megaincendios de mayor magnitud en el mundo. Ni siquiera las naciones más desarrolladas hubieran podido evitar su generación”, indicó la autoridad. En la dirección técnica de la entidad también se recordó que para los eventos del verano “se conjugaron varios factores: un período de altas temperaturas nunca antes vistas, una sequía de ocho años, que ha generado muchísima vegetación seca, y un bloqueo anticiclónico que impidió el ingreso de sistemas frontales, provocando baja humedad”. Preparación El seremi de Agricultura, Ricardo Astorga, comentó que “el trabajo que hemos realizado con la Conaf ha sido tremendamente positivo, y no solo en lo que significa el control de incendios, sino también en todas las otras áreas en las cuales trabajamos articuladamente con la institución forestal”. Respecto de la próxima temporada, que se inicia en septiembre, Aarón Cavieres indicó que “tenemos incertidumbre frente a los análisis del fenómeno del Niño; no hay claridad de cómo viene el clima. Esperamos tener pronto más información y estaremos atentos a todas las variables”. Análisis de aviones En Conaf, también se explicó que en el corto lapso la institución deberá “tomar una decisión respecto de cuáles son las aeronaves más apropiadas y la forma en que se configurará su trabajo”. No se comentó el desempeño de las aeronaves tanqueras de gran capacidad. Cavieres destacó también la creación del Consejo de Política Forestal, iniciativa del Ministerio de Agricultura. “Con un servicio público, el país estará en mejor posición para enfrentar los desafíos del Siglo XXI provenientes del cambio climático, al contar con todas las potestades públicas”, concluyó. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/conaf-entrega-balance-incendios-467-mil-hectareas-quemadas/
  11. 23 Marzo 2017 A cuatro meses del paro fiscal 18 mil atenciones médicas se mantienen pendientes Movilización del sector público de octubre, obligó a suspender 52.475 consultas y cirugías. A cuatro meses de finalizado el paro del sector público de 2016, que obligó a suspender 52.475 atenciones médicas entre cirugías y consultas de especialidad, a la fecha se ha recuperado el 64% de ellas, es decir 33.671, quedando aún por resolver otras 18.804 atenciones que corresponden al 36%. Tras la movilización de funcionarios públicos que demandaban un reajuste salarial superior al 3,2%, ocurrida entre el 26 de octubre y 16 de noviembre pasado, el Ministerio de Salud (Minsal) creó un Plan de Recuperación de la actividad perdida, que buscaba reagendar las horas y reactivarlas en un plazo no mayor a cuatro meses. Sin embargo, a la fecha aún restan por retomar casi un tercio de dichas atenciones. “Con la finalidad de minimizar el impacto sanitario de la paralización de actividades de los trabajadores del sector público, la Subsecretaría de Redes Asistenciales instruyó a los servicios de salud establecer un plan de recuperación de actividad asistencial con prioridad en problemas de salud oncológicos, GES y de niños, niñas y adolescentes de Sename”, manifestó la subsecretaria de Redes, Gisela Alarcón. subsecretaría, del universo de atenciones que están pendientes, 15.522 son consultas y 3.282 intervenciones quirúrgicas donde ya se han agendado 2.126 de ellas, equivalentes al 11%. En diciembre, el diputado RN Leopoldo Pérez solicitó al Minsal, un informe respecto de las atenciones que se habían recuperado hasta ese momento, además de los costos y el detalle del plan de recuperación implementado por Salud. La respuesta llegó a mediados de enero, donde se daba cuenta, a esa fecha, de un 15% de horas recuperadas y otro 38% agendado. Además, en el documento se muestra que las estrategias utilizadas por los servicios de salud para normalizar las horas médicas fueron en su mayoría “reagendamiento de la actividad asistencial durante la jornada laboral habitual, optimizando recursos existentes”, seguido por la compra de servicios. Sólo en Iquique, O´Higgins y Ñuble utilizaron, hasta enero, horas extras para recuperar la actividad perdida. Tras la manifestación, una de las opciones para recuperar era que los trabajadores de la salud hicieran horas extras y jornadas los fines de semana para evitar descuentos en sus sueldos. “Necesitábamos saber cómo iba a afectar el paro a la alicaída atención de salud. Ya veníamos con una lista grande de espera para atención de especialista, fundamentalmente, y esas brechas que ya existen, se agravan con un paro”, dijo Pérez. El diputado agregó que “el mayor problema es que la gente más vulnerable tiene que seguir sufriendo por este reagendamiento porque el paro no fue menor”, sostuvo. Más afectados Los servicios de salud más afectados fueron Ñuble (6.538), Concepción (5.363), Coquimbo (7.553) y Maule (9.020), que en conjunto concentran más de la mitad de todas las horas médicas no realizadas durante el paro del sector público. Desde el Servicio de Salud del Maule, su director, Rodrigo Alarcón, indicó que ya en diciembre se habían logrado completar las prestaciones pendientes. “Los hospitales de Talca, Curicó y Linares hicieron la mayor recuperación de cirugías y consultas en la región”, dijo Alarcón. El director destacó que para hacerlo, “no fue necesario contratar más personal de salud ni derivar a prestadores privados para aumentar la capacidad resolutiva”, dijo. Mientras que desde el Servicio de Salud Ñuble indicaron que a la fecha se ha realizado el 58%, “porcentaje que corresponde a 3.833 prestaciones, entre consultas médicas e intervenciones quirúrgicas”. Agregaron que “entre las estrategias desplegadas estuvo ampliar al máximo el uso de pabellones y su eficiencia y el desarrollo de actividades fuera del horario habitual”. Reacciones El diputado Pérez propuso algunos factores donde el Estado “debiera tener una preocupación preferente”, para estar preparados ante nuevas contingencias. Por un lado, “que la Atención Primaria de Salud y los hospitales cuenten con mayor capacidad resolutiva, además de trabajar para achicar la brecha de atención de consultas y cirugías, disminuyendo los tiempos de espera para dichas atenciones”. Al respecto, la subsecretaria Alarcón indicó que “permanentemente se están implementando nuevas estrategias que nos han permitido disminuir los tiempos de espera, tanto para una consulta nueva de especialidad en 4 meses como también para cirugías”. Por su parte, la diputada independiente, Karla Rubilar, propuso la creación de una “Bono Paro” que se active inmediatamente y permita a los servicios comprar atenciones con riesgo compartido en el sector privado u otro hospital sino es un paro general”, dijo. Mientras que el diputado PS, Juan Luis Castro, cree que “ las cirugías y atenciones médicas suspendidas durante los paros de la salud, muchas veces son irrecuperables, por más programación , por más esfuerzo que se haga, en la práctica no se ve una recuperación real de esa cirugía”, dijo. Agregó que en ese contexto, se deben aplicar las sanciones administrativas sea como descuentos de sueldos y sumarios. No puede seguir ocurriendo, que las paralizaciones de la salud sean gratuitas para quienes la hacen y muy costosas para los pacientes que siguen esperando, porque no llega la solución al problema” manifestó el parlamentario integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/cuatro-meses-del-paro-fiscal-18-mil-atenciones-medicas-se-mantienen-pendientes/
  12. 02 Marzo 2017 Cambio de fecha de cuenta pública presidencial avanzó otro paso en el Congreso El proyecto vuelve a la Cámara Baja, donde requiere para su aprobación del voto favorable de 70 legisladores. Tras un amplio debate, la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados optó por ratificar el criterio adoptado por la instancia en enero pasado, en orden a dejar como fecha para la rendición de la cuenta pública del Presidente de la República ante el Congreso Pleno, el 1 de junio de cada año. El timonel de la instancia, diputado Ramón Farías (PPD), informó que el grupo parlamentario debió reabrir la discusión del proyecto debido a la presentación de cuatro indicaciones, dos de las cuales proponían fechas alternativas, una para el 11 de septiembre y otra para el 11 de julio. El diputado Osvaldo Urrutia (UDI), autor junto a otros seis legisladores de una de las tres mociones que dieron origen a este proyecto, se manifestó muy conforme con el resultado y resaltó que el 1 de junio es un día que concita un amplio consenso político. Los legisladores expresaron su interés de que la propuesta legal sea prontamente aprobada en la Sala de la Cámara, como asimismo en el Senado, de modo que pueda estar vigente la norma para el presente año. Fuente: http://www.adnradio.cl/noticias/politica/cambio-de-fecha-de-cuenta-publica-presidencial-avanzo-otro-paso-en-el-congreso/20170302/nota/3398128.aspx
  13. 18 Enero 2017 Quintana y Walker se enfrentan por retraso en ley de desmunicipalización El senador del PPD responsabilizó a su par democratacristiano de retrasar por siete meses la votación, en general, del proyecto. Ayer se aprobó la idea de legislar la emblemática iniciativa, que en julio había pasado desde la Cámara al Senado. En noviembre de 2015 ingresó el proyecto que crea el Sistema Nacional de Educación Pública al Congreso y en julio del año pasado la iniciativa fue despachada de la Cámara de Diputados. Pasó así al Senado y comenzó a ser revisado por la Comisión de Educación. Sin embargo, a las pocas semanas de haber comenzado este proceso, el senador Ignacio Walker (DC) advirtió que, de no implementarse serios cambios al proyecto, no daría su voto a favor. Cabe recordar que este proyecto establece el traspaso de los colegios públicos desde los municipios a 68 servicios locales (SLE). Ayer, tras meses de negociaciones, en que, además, la Comisión de Educación de la Cámara comenzó a presionar para que avanzara la desmunicipalización en el Senado, finalmente fue aprobada la idea de legislar la iniciativa, con lo que pasa al Senado para su votación en general. Pero la sesión no estuvo exenta de polémicas. El senador Jaime Quintana (PPD) responsabilizó a Ignacio Walker de haber retrasado la tramitación. “Una discusión nos tomó 12 minutos, la de la ley miscelánea, con articulado bastante complejo, y en siete meses no habíamos ni siquiera aprobado la idea de legislar desmunicipalización”, criticó Quintana en su intervención, y agregó que “la comisión en su conjunto debe determinar los ritmos con que se va avanzando, no un presidente o un senador”. Consultado por La Tercera, Quintana aseguró que “le formulé una crítica al presidente de la Comisión de Educación, Ignacio Walker, porque nunca había visto que la decisión de votar o no un proyecto sólo la tomara un presidente”, subrayó el senador PPD. En tanto, Walker se refirió a las críticas y aseguró, durante la sesión, que no fue él quien trabó el proyecto. “Quiero decir que los temas que nos han llevado a que en diciembre y enero hayan transcurrido sin la votación en general no se refieren a la posición de un senador, que sería yo en este caso”, señaló el legislador falangista, quien agregó: “No es un senador el que ha trancado la pelota. Somos ocho (toda la bancada de la DC más el senador Rossi) los que hemos tenido reparos a la formulación del proyecto original”. La historia del acuerdo El proyecto de Nueva Educación Pública se mantuvo en constantes negociaciones para lograr acuerdo en torno a sus modificaciones. Fulvio Rossi (ind.) y Walker enviaron una carta al Mineduc el 30 de noviembre, pidiendo una serie de cambios. Desde mucho antes, Walker había tildado el proyecto de representar una “macrocefalea político administrativa” y de ser “excesivamente centralista”. En paralelo, Rossi también había formulado críticas, porque la iniciativa no aseguraba la suficiente autonomía de los colegios y el ámbito local. El senador Quintana, en tanto, también presentó sus reparos, pidiendo mayor presencia regional. El acuerdo final al que se llegó con el Mineduc y que permitió destrabar ayer el proyecto considera las demandas de Rossi y Walker, mayoritariamente: se introduce la figura de la junta directiva local, en la que tendrán participación representantes de la alcaldía y del gobierno regional. “Es un organismo que controla y fiscaliza al director del servicio local. No es cogestor”, según explicó Rossi (ver secundaria). Desde la Cámara, el presidente de la Comisión de Educación, Alberto Robles (PR), señaló que no se puede responsabilizar a alguien por los retrasos. En ese sentido, el parlamentario dijo que “entiendo que se buscaron acuerdos en algunos temas donde había problemas para poder votarlo y, en esa línea, me parece que lo importante es que se haya llegado a un consenso para votarlo”. Para Cristina Girardi, en cambio, “el proyecto se estancó cuando Walker planteó que no iba a dar su aprobación si no se hacían los cambios que él pedía” y que “advertimos que no todos esos eran viables”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/quintana-walker-se-enfrentan-retraso-ley-desmunicipalizacion/
  14. 27 Diciembre 2016 Servicios de Atención Primaria: 82 de 133 no han iniciado obras Salud dice que proceso se estandarizó y tarda seis meses, por lo que no estaría en riesgo la meta. Del total a entregar antes de marzo de 2018, hay 22 concluidos, 21 en trabajos y ocho operando. Para los expertos, el plazo es ceñido y la concreción, improbable. Desde el Ministerio de Salud, en cambio, afirman que el proceso ya está en marcha y que el cronograma alcanzará a cumplirse. Y en lo que coinciden ambas posturas es en lo ambicioso de la meta: poner en obras y entregar 82 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), que restan de los 133 comprometidos para estar listos antes de marzo de 2018. Los SAR son recintos complementarios a los consultorios y buscan descongestionar los hospitales. Atienden entre las 17.00 y las 8.00, y ofrecen atenciones de urgencia de baja complejidad (enfermedades respiratorias, problemas digestivos, reacciones alérgicas, e intoxicaciones, entre otras), para lo cual cuentan con varios boxes de atención, equipos de rayos, laboratorio, acceso a telemedicina y ambulancia, entre otros. Según el último balance de Salud y faltando 14 meses para el término del gobierno, ya hay 51 SAR listos o avanzados: ocho están atendiendo a pacientes, 21 se encuentran en ejecución y 22 están terminados. El grupo pendiente, que totaliza 82 recintos (62%), se divide entre 37 que están en estudio, 27 en licitación y otros 18 a la espera de iniciar el mismo proceso. Según la ministra de Salud, Carmen Castillo, “los SAR se demoran seis meses en construir y, por lo tanto, estamos confiando en cumplir perfectamente con todos los planes. Los primeros demoraron un año y más en construirse, porque tuvimos que hacer el modelo, ya que esto no existía”. Mientras, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, indica que “tuvimos que poner en funcionamiento el modelo, desarrollar prototipos, partir con todo un proceso que hoy día está suficientemente trabajado”. Agrega que hoy se cuenta con el modelo estandarizado, lo que simplifica y agiliza la construcción: “Son todos muy parecidos, se diferencian sólo por el color que elige cada servicio. Son prototipos estandarizados, eso hace que sean de menor costo y más fáciles de implementar”. Los expertos, sin embargo, dicen que el plazo supera ampliamente los seis meses si se suman los procesos administrativos previos a la obra. De hecho, Bombero Garrido, uno de los tres SAR inaugurados hoy en la Región del Maule, se abrió a licitación el 31 de diciembre de 2014, pero inició marcha blanca sólo en marzo de 2016. “No solo se debe mirar que esté lista la construcción, sino también el tiempo de puesta en marcha. Antes de eso se necesita la ingeniería, la licitación, luego el contrato, y el paso por Contraloría. Todo eso demora varios meses en realizarse”, explica Alvaro González, miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura, quien añade que “sin unidades especializadas en programas extensos como estos, que coordinen dentro del ministerio, es imposible lograr la meta”. Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales, señala que “hay un atraso en la ejecución de estos recintos. La construcción es relativamente rápida, pero el proceso administrativo, la toma de razón, la adjudicación en sí, toman más de un año e incluso más si es necesario relicitar”. Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, sostiene que, aunque estos centros tienen plazos menores que los hospitales, “aún hay algunos en diseño que evidentemente habrá que imprimir un ritmo fuerte para poder cumplir una meta tan importante. En ese sentido, probablemente algunos quedarán en construcción”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/servicios-atencion-primaria-82-133-no-iniciado-obras/
  15. 30 Noviembre 2016 Balance de Seguridad Pública: Delitos a nivel país disminuyen en un 6,8% El informe que analiza el período entre enero y octubre de 2016, además, indica que existen 30.330 casos policiales menos que el año pasado, y que hoy se alcanza la tasa de DMCS más baja de la última década. El Ministerio del Interior, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) presenta el balance de seguridad pública, que en esta versión muestra una baja del 6,8% de los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) en Chile. Lee también: Presidenta Bachelet promulga ley que tipifica delitos de torturaCrímenes como robos de toda clase, lesiones y homicidios, entre enero y octubre de 2016, han experimentado una disminución reflejada en el informe del Centro de Estudios y Análisis del Delito que indica que este año hubo 467.214 casos policiales, siendo 30.330 menos que en 2015 y 77.900 menos que el récord histórico de 2011. En total, el estudio indica que 11 de las 15 regiones han presentado una reducción en los DMCS. Este descenso en el crimen, también se vivió en el 89,3% de las comunas de la Región Metropolitana. Asimismo, Chile hoy alcanza la tasa más baja de la última década en este tipo de delitos. En específico, la tasa de homicidios también es la más baja desde que se tiene registro e iguala a la presentada en el año 2013. Este año hubo 52 asesinatos menos que en enero-octubre de 2015. En cuanto a robos, el con violencia o intimidación cae en un 4%, mientras que los hurtos llegan al nivel más bajo desde 2006. Lee también: El 1% de los extranjeros en Chile ha sido detenido por cometer un delitoLo mismo se repite para el robo de camiones de alto tonelaje que obtiene un 24% en comparación al mismo período del año pasado, y con los casos policiales por lesiones leves que se encuentran en el nivel más bajo desde que se tiene registro. A pesar del optimismo que pudieran revelar los datos, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy asegura que “el problema principal que existe es la violencia intrafamiliar, que en algunas regiones alcanza el 30%”. Por otro lado, la autoridad advierte que “en la medida que uno reduce el número de delitos en los países, los delitos que vienen a continuación son menos, pero son más violentos. Eso también va a pasar en Chile. Controlar la auto-tutela es clave“. Lee también: Nueve de cada 10 víctimas de delitos sexuales este año fueron menores de edadEn tanto, el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general Alfredo Lagos, explica que la institución ha desarticulado 590 bandas a nivel nacional. Seguir Carabineros de ChileCuenta verificada‏@Carabdechile Gral Inspector Alfredo Lagos precisa que Carabineros realiza un promedio de 29 procedimientos por minuto. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/balance-seguridad-publica-delitos-nivel-pais-disminuyen-68/
  16. 23 Noviembre 2016 Despachan proyecto que hace pública Ley Reservada del Cobre Esto, luego de que la Cámara aprobara las indicaciones que se le hicieron al proyecto en el Senado. La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones que se le hicieran al proyecto que hace pública la Ley Reservada del Cobre, permitiendo que la nueva normativa sea despachada a Ley. Esta iniciativa, con la cual se le quita el carácter de secreto a la norma vigente, contó con el apoyo de 99 parlamentarios que votaron a favor, sólo dos lo hicieron en contra. Con esto, el debate en torno a los mecanismos mediante los cuales se financian las Fuerzas Armadas será más abierto, ya que no sólo deberá ser eco de una Ley. Cabe destacar, en este sentido, que este proyecto nació luego de la moción presentada por los diputados Jaime Pilowsky Greene, Ricardo Rincón González, Marcelo Schilling Rodríguez, René Saffirio Espinoza, Guillermo Ceroni Fuentes y la diputada Yasna Provoste Campillay. Ahora, el Ejecutivo deberá hacer los trámites para que lo aprobado sea publicado en el Diario Oficial. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/despachan-proyecto-publica-ley-reservada-del-cobre/
  17. 18 Noviembre 2016 Mineduc buscará cerrar acuerdo con senadores oficialistas para proyecto de Nueva Educación Pública El próximo lunes el Ministerio de Educación buscará cerrar un acuerdo con los senadores oficialistas, para votar en general y particular, el proyecto de Nueva Educación Pública, cuyas indicaciones no están aún del todo concordadas con el Gobierno. Por cerca de un mes ha permanecido congelada la tramitación del proyecto de Nueva Educación Pública, iniciativa que al igual que Educación Superior, cierran la reforma educacional. El proyecto se encuentra en su segundo trámite en la Comisión de Educación del Senado, que la próxima semana podría estar votando la iniciativa en general, siempre y cuando, los parlamentarios de la Nueva Mayoría que integran la instancia y el Gobierno alcancen acuerdo en las indicaciones que se introducirán a la iniciativa. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que se presentaron algunos desencuentros con los senadores oficialistas, los cuales estarían en parte subsanados, y confirmó que este próximo lunes se reunirán para ir cerrando las negociaciones, y votar en general y particular la iniciativa. El presidente de la comisión, el senador de la DC Ignacio Walker, indicó que se ha hecho un trabajo sin apuros, escuchando a una gran cantidad de actores, pero no coincidió con los tiempos del Gobierno, ya que él espera estar votando la iniciativa en particular en dos meses más, en diciembre. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161118/pags/20161118152612.html
  18. 04 Octubre 2016 Colegio de Periodistas propuso indicaciones que fueron patrocinadas por senador independiente Guillier entra en la batalla por TVN y respalda agenda para "democratizar" directorio de la estación pública Entre las ideas impulsadas por el gremio y que fueron ingresadas por el parlamentario (como indicaciones a la moción sustitutiva presentada por el Ejecutivo que modifica la Ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile) destacan: Fortalecer la representación democrática de la estructura del directorio de TVN, incorporando el criterio de equidad de género de modo que ningún sexo supere el 60% de los miembros, que a lo menos dos directores sean periodistas o docentes de facultades de comunicación, que se incluya el derecho a voto para el representante de las y los trabajadores de la televisora estatal y que se elimine el requisito de expertiz técnico gerencial. Cuatro temas centrales propuso el Colegio de Periodistas de Chile como indicaciones a la moción sustitutiva presentada por el Ejecutivo que modifica la Ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile (TVN), de las cuales gran parte fueron patrocinadas por el senador independiente Alejandro Guillier. El proyecto, que tras ocho años de tramitación se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta. Dentro de las propuesta destacan fortalecer la representación democrática de la estructura del directorio de TVN, incorporando el criterio de equidad de género de modo que ningún sexo supere el 60% de los miembros, que a lo menos dos directores sean periodistas o docentes de facultades de comunicación, que se incluya el derecho a voto para el representante de las y los trabajadores de la televisora estatal y que se elimine el requisito de expertiz técnico gerencial. “Lo hemos dicho: la manera principal en que este debate puede aportar a TVN es permitiéndole cumplir con su misión pública. ¿Cómo? Democratizando su estructura de directorio y abriendo la puerta a aportes directos del Estado, para evitar que siga compitiendo por el rating y empobreciendo sus contenidos. Con estas indicaciones avanzamos en este sentido, no solo en equidad de género para el directorio, sino también en la incorporación de los trabajadores con derecho a voto, tal y como lo han reiterado los sindicatos del canal. Del mismo modo, proponemos poner fin a requisitos que podrían excluir del directorio destacados nombres por no tener experiencia en gestión gerencial pública o privada”, explicó Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Sobre estos puntos, Alejandro Guillier manifestó que “lo principal es introducir la variante de género en la identidad y composición del directorio, de manera que ningún género tenga más allá del 60 por ciento, esa es una manera de hacer una discriminación positiva para favorecer que el tema de ser hombre o mujer esté debidamente equilibrado. También es importante que a lo menos dos integrantes del directorio sean periodistas académicos de la comunicación o que tenga expertiz en esta área profesional, puesto que es un componente esencial en lo que son los medios de comunicación como lo es Televisión Nacional de Chile”. Respecto del financiamiento, el Colegio de Periodistas junto al senador Guillier proponen que el debate sobre la llamada ley larga de TVN contemple posibilidad de aportes mixtos: directos desde el Estado a la señal generalista -que emanen del presupuesto fiscal- y privados, a través de publicidad, tal y como ocurre con diversos canales públicos de las democracias del mundo. En esta línea, el el senador expresó: “En la Ley del Presupuesto contemplamos financiamiento para hacer aportes a TVN por ser un canal de todos los chilenos, neutralizando el financiamiento comercial que desvía la parrilla programática que tiene que ver con el servicio público”. Si bien el Colegio de Periodistas propuso que cinco de los directivos fueran electos por el Senado y tres por la Cámara de Diputados, de modo de hacer más diversa la selección, este último punto no contó con el patrocinio de senadores. “Sin ser el proyecto ideal, consideramos que estas indicaciones mejoran la iniciativa y permiten hacer de TVN un canal que contemple un directorio más diverso cuyas orientaciones editoriales se alejen de las definiciones del rating y busquen visibilizar Chile y sus problemáticas sociales: huelgas de trabajadores, las críticas de movimientos sociales y territoriales, minorías religiosas y sexuales, entre otros” sentenció Olivares. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/04/guillier-entra-en-la-batalla-por-tvn-y-respalda-agenda-para-democratizar-directorio-de-la-estacion-estatal/
  19. 30 de septiembre del 2016 / 21:43 Hrs OMS reconoce labor del sector privado en sistema de salud El organismo adoptó un marco para potenciar la colaboración con agentes no estatales. Expertos señalan que esto permitirá mayor desarrollo de la relación público-privada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó un marco para la colaboración con agentes no estatales, con el objetivo de que estos utilicen sus actividades para proteger y promover la salud pública. El reconocimiento se dirige hacia las organizaciones no gubernamentales, fundaciones filantrópicas, instituciones académicas y entidades del sector privado. Según el documento, el panorama sanitario de hoy es más complejo, por lo que es necesario adaptarse y sumar a más actores. Además, indican que se tendrá un marco robusto que posibilite esta colaboración y que sirva de instrumento “para identificar los riesgos y sopesarlos respecto de los beneficios previstos”. Palomi Cuchi, representante de la OMS en Chile, explicó que “la idea es tener un marco de trabajo y buscar la asociación entre todos los actores. Se trata, sobre todo, de buscar transparencia en los mecanismos que tendrá esta relación”. Así, los principios se regirán por demostrar un beneficio claro para la salud pública, cumplir con los mandatos de la OMS y operar en la transparencia, entre otros. Los beneficios, por otra parte, se enfocan en los aportes que estos agentes podrán hacer en actividades del organismo, como la difusión de políticas o recursos. En el caso del sector privado, el documento detalla que la OMS podrá invitar a las entidades de este sector a participar en consultas, audiencias y otras reuniones, y que la participación servirá para intercambiar información y opiniones, pero en ningún caso “para proporcionar asesoramiento”. Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, manifestó que con esto “se hace un reconocimiento a que la solución de los problemas de salud en los países es más compleja y por lo mismo se requiere la colaboración de los distintos actores”. Caviedes sostuvo que antes de este acuerdo “no teníamos cabida en la OMS ni en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), porque estos organismos se relacionan con los gobiernos directamente, pero ahora se abre la posibilidad de establecer relaciones oficiales con estos organismos; podríamos pedir que se nos considere frente a propuestas, planteamientos o definiciones que se hagan, y hay algunas en las que podríamos tener una participación importante”. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, indicó que ante problemas como el envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas “aparece como una solución en varios países el potenciamiento de la colaboración e interacción entre los sistemas público y privado, con la característica de que se reconoce la existencia de un sistema de salud en el que actúan estos dos sectores, lo cual facilita la colaboración y permite que el sector privado pueda participar sin generar distorsión”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-698842-9-oms-reconoce-labor-del-sector-privado-en-sistema-de-salud.shtml
  20. 13 Septiembre 2016 Familia de paciente muerto recibió seis causas distintas sobre el deceso La indignidad de la salud pública chilena llega a la CIDH y revela precariedad del Estado El año 2001, la muerte de Vinicio Poblete Vilches desmembró a una familia completa. Desde entonces, sus hijos golpean puertas para que alguien responda por los atropellos que han tenido que vivir. Lo dieron de alta sin hablarles de la gravedad de sus heridas. Les dieron seis diagnósticos distintos y la justicia fue un frontón. Recurrieron a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), que en junio entregó recomendaciones al Estado chileno que, entre otras cosas, pedían disponer de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para que nadie volviera a pasar por lo que los Poblete Tapia soportaron. Esta vez el Estado fue también un frontón. El caso escalará en los próximos días a la CIDH. Parece un santuario. Lo que quedó de la casa de Vinicio Poblete Tapia en La Pintana -después que un incendio el año 2010 se llevara parte de una ampliación de madera-, parece sostenerse con el único objetivo de que se haga justicia a la historia familiar que alguna vez albergó. Al tango que sonaba siempre desde una radio, a los fines de semana de fiesta en torno a pescado frito con ensalada, al sencillo gesto de salir todos juntos a las misas de domingo en la Catedral. Las fotografías de los padres de Vinicio se apilan por montones. En las fotos también aparecen los otros dos hermanos: Leyla y Gonzalo. En esta casa el tiempo parece detenido y las únicas escenas en movimiento son los recuerdos. -Tengo que poder pagar mi manda -comenta Vinicio mientras seca sus ojos enjugados con un papel higiénico que vuelve a guardar en su bolsillo. Una y otra vez. Cumplirá la manda a pesar de su diabetes y una operación por cáncer renal que lo hace cojear y por la que se apoya en una muleta. Quiere entrar de rodillas a la Catedral de Santiago a darle las gracias a Dios porque la vulneración que siente hace 14 años por fin está en la cancha de la justicia internacional. Aunque Vinicio desconfía de todos. De la misma justicia, de los médicos y de las autoridades. Por ahora, solo se aferra a una carpeta con papeles. Algunos ajados, viejos y casi en sepia. Son parte del archivo por el caso de su padre. La historia sin fin La peregrinación de Vinicio comenzó cuando la familia -que siempre había vivido junta en la Villa Eleuterio Ramírez de La Pintana- era más numerosa y gran parte de la vida giraba en torno a Vinicio Poblete Vilches, el patriarca. En el tercer punto de recomendaciones escritas por la CIDH, se concentraba quizás el tema más potente para el Estado. La comisión pedía disponer de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que permitieran que en Chile ningún ciudadano vuelva a vivir lo que la familia Poblete Tapia. Incluso se apuntaba la necesidad de incluir medidas presupuestarias para asegurar que el Sótero del Río cuente con medios e infraestrutrura para entregar una adecuada atención, sobre todo cuando se requiera terapia intensiva. A mediados de enero de 2001, Vinicio Poblete Vilches llegó hasta el Hospital Sotero del Río por problemas respiratorios. Sus hijos dicen que la diabetes que padecía impedía que fuera operado del corazón y por eso nunca autorizaron ese procedimiento. Sin embargo, de igual modo, fue operado. En los registros quedó constancia de que sí hubo una autorización, supuestamente firmada por su esposa, Blanca Tapia, aunque ella no sabía leer ni escribir. “Lo dieron de alta, pero nadie nos dijo que estaba mal y tenía tres heridas abiertas, por donde botaba pus”, cuenta Vinicio sobre su padre, que debió ser reingresado dos días después al hospital de donde salió muerto el 7 de febrero de ese mismo año. ¿De qué murió Vinicio Poblete Vilches? A su familia le dieron seis respuestas diferentes: un paro cardíaco, bronconeumonía, shock séptico, edema pulmonar, entre otros. Cada persona a la que le pidieron una explicación sobre la muerte de su padre, tenía una respuesta diferente. Blanca Tapia murió el año 2003 esperando justicia por su marido. La angustia de no saber, de ser mal tratados, de sentirse ignorados, comenzó a desmembrar a la familia. El año 2003, Blanca Tapia murió de cáncer al estómago. -Yo estoy seguro que fue la pena -comenta Vinicio entre sollozos, aferrado a la carpeta con los archivos sobre la causa que le arrebata, cada día, un poco más de vida. Sus padres se conocieron en Valparaíso cuando no pasaban los 20 años y después de la muerte de su papá, Blanca no soportó la pena. Se sentaba tardes enteras en una silla que instalaba en la puerta de su casa, solo a llorar. Se conformaba con mirar las fotografías de su esposo que hoy pueblan todo. -Nosotros éramos felices, una familia unida. Mi papá nos enseñó a perseguir el bien, a hacer el bien en la tierra. Bendice a los que te maldicen y hazle el bien a los que te hagan el mal, nos decía siempre, y nosotros perseguimos la justicia por donde pudimos, como personas cristianas. Pero nuestra vida ha sido sufrimiento tras sufrimiento -dice Vinicio. Vinicio tiene que hacer frente a su salud que se ha ido deteriorando con los años. Tiene diabetes y el año 2005 perdió el riñón derecho. A fines del 2010, la hermana de Vinicio, Leyla (47), disparó un revólver en su cabeza sin éxito. Intentó percutar cinco veces hasta que la última bala cruzó su estómago. “Yo estaba en una depresión profunda por falta de justicia”, cuenta Leyla. Ahora vive con dos hernias producto del impacto que, además, le dejó una deuda gigantesca en la Clínica Dávila. Leyla, hija de Vinicio Poblete Vilches, quiso terminar con su vida el año 2010. Una bala le atravesó el estómago, pero no la mató. El impacto le dejó dos hernias. El año 2011 murió el menor de los hermanos, “Gonzalito”, quien vivía con una paraplejia desde que nació. Vinicio lo resume así: - Nuestra familia se desplomó. Cuando mi mamá murió estaba sumida en una depresión profunda. Los últimos años de su vida quería ir todos los días al cementerio; teníamos que decirle que no se podía. Desde la muerte de mi papá todos nos volcamos a que nos dijeran la verdad, a entender por qué murió o por qué lo mataron. Solo justicia La interrumpida peregrinación de los Poblete Tapia por justicia comenzó el mismo año de la muerte de su padre. Presentaron dos querellas por homicidio y el Juzgado de Letras de Puente Alto sobreseyó el caso en más de una oportunidad. Pidieron ayuda en la Corporación de Asistencia Judicial; sin embargo, la respuesta tampoco fue exitosa. El año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso y hoy, después de más de 15 años de la muerte de Vinicio, sienten que podrían acercarse a la justicia. En junio pasado, la CIDH hizo tres recomendaciones al Estado de Chile -la contraparte es la Cancillería- donde pedían reparar integralmente a los familiares de Vinicio Poblete Vilches por las violaciones de Derechos Humanos a los que pudieron ser sometidos, incluyendo una debida compensación por el daño material y moral. Otra de las recomendaciones, era realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de Derechos Humanos a fin de que los familiares cuenten con claridad respecto a lo sucedido y se impongan las sanciones correspondientes. Para eso, el Estado debía continuar la investigación reabierta en 2008 o iniciar una nueva investigación. En el tercer punto de recomendaciones escritas por la CIDH, se concentraba quizás el tema más potente para el Estado. La comisión pedía disponer de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que permitieran que en Chile ningún ciudadano vuelva a vivir lo que la familia Poblete Tapia. Incluso se apuntaba la necesidad de incluir medidas presupuestarias para asegurar que el Sótero del Río cuente con medios e infraestrutrura para entregar una adecuada atención, sobre todo cuando se requiera terapia intensiva. La CIDH dio dos meses de plazo al Estado chileno para contestar a las recomendaciones; sin embargo, no hubo una respuesta satisfactoria, según relata el abogado de Vinicio, Nicolás Daneri: -Nosotros entendemos que no existe una voluntad seria por parte del Estado de responder a la solicitud. Tampoco hay una estructura adecuada para llevar a cabo estas recomendaciones -dice Daneri. La CIDH pudo haber dado prórroga al Estado para implementar las recomendaciones, si es que hubiera visto voluntad por parte del Estado; sin embargo el frontón dio pie a un paso siguiente. Hace unas semanas se le comunicó a Vinicio la decisión de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a por qué el Estado no estuvo la capacidad de responder a las recomendaciones de la CIDH, desde la Cancillería señalan que trataron de “acercar posiciones con el representante de los peticionarios, pero no fue posible un acuerdo, principalmente en lo referido a las indemnizaciones propuestas por ellos, toda vez que su monto se alejaba con creces de los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior y de que el caso ya fue elevado al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha estado realizando gestiones con miras a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana”. Daneri resume los atropellos a los que ha sido sometida la familia: “Ellos han tenido un peregrinaje por todas las instituciones públicas buscando justicia y respuestas por la muerte de su padre. Hay diagnósticos contradictorios. No se les informó la gravedad del estado de salud del padre y sin embargo, fue dado de alta de forma negligente. En cada instancia pública a la que recurrieron se vieron enfrentados a una falta de respuestas. Y así se fueron enfermando, muriendo. Ellos viven enfocados en obtener justicia por la muerte de su padre, son toda la afectación sicológica que ellos supone”. Vinicio Poblete Tapia se vuelve a secar las lágrimas con el pedazo de papel que había guardado en su bolsillo minutos antes. Piensa en cómo pagar la manda ahora que la causa llegará a la Corte Internacional. Insiste en que quiere entrar de rodillas a la Catedral, donde iban a rezar en familia. Lo va a hacer aunque ni el bastón en el que se apoya le quita el dolor de la pierna derecha. -Tuvimos que recurrir a un organismo internacional para que se hiciera justicia porque acá se nos negó el derecho. En Chile no hay justicia para los pobres. ¿Quién se hace responsable por el sufrimiento y el dolor de toda una familia? -se pregunta Vinicio, mientras llora abrazado a la carpeta con la última parte de la historia de su vida. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/13/la-indignidad-de-la-salud-publica-chilena-llega-a-la-cidh-y-revela-precariedad-del-estado/
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