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  1. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/311861-ley-de-probidad-11-de-120-diputados-chilenos-hicieron-publica-su-declaracion-de-impuestos/page-2?hl=%2Bparlamentarios&do=findComment&comment=22198780 12 Mayo 2017 CAMPAÑA DE CIPER Y FINANCE UNCOVERED Ya son 29 los parlamentarios que hicieron pública su declaración de impuestos 21 diputados y 8 senadores (18% de los 158 congresistas) respondieron a la campaña pro transparencia tributaria que impulsa CIPER. Aquí encontrará los ingresos que han reportado en sus declaraciones de impuestos esos 29 parlamentarios. Entre ellos destaca Manuel José Ossandón, quien compite con Sebastián Piñera y el diputado Felipe Kast por la nominación presidencial de Chile Vamos. Si su parlamentario aún no ha transparentado sus ingresos e impuestos, usted encontrará aquí un facsímil de correo electrónico para invitarlo a sumarse a esta iniciativa. Esta semana finalizó la campaña internacional organizada por Finance Uncoverd –en la que participó CIPER- y en la que se le pidió a miles de legisladores de más de 20 países transparentar sus impuestos. En Chile, 28 parlamentarios chilenos aceptaron hacer públicas sus declaraciones tributarias a través de CIPER: 21 diputados y 8 senadores, pertenecientes a todo el espectro político, lo que representa un 18% de de los legisladores nacionales. Entre ellos destaca Manuel José Ossandón (renunció a RN en julio de 2016), el único parlamentario que hoy es candidato presidencial -de los cinco que siguen en carrera desde el Congreso- que aceptó hacer pública su declaración de impuestos. Ossandón dijo a CIPER: -Todos los que estamos en el servicio público y más aun quienes somos candidatos presidenciales, tenemos la obligación de ser transparentes ante este tipo de requerimientos. Me parece óptimo y necesario para recomponer las confianzas con la ciudadanía. Es lo mínimo que tenemos que hacer los políticos. Los diputados que decidieron transparentar sus impuestos fueron: Pepe Auth (Independiente, ex PPD), Distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú). Fidel Espinoza (Partido Socialista), Distrito 56 (Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro). Actual presidente de la Cámara de Diputados. Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), Distrito 2 (Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte). Marcela Hernando (Partido Radical), Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal). Tucapel Jiménez, (Partido Por la Democracia, PPD), Distrito 27 (El Bosque, La Cisterna, San Ramón). Juan Morano, (Partido Demócrata Cristiano), Distrito 60 (Antártica, Cabo De Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine). Jorge Rathgeb, (Renovación Nacional), Distrito 48 (Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén). Luis Rocafull (Partido Socialista), Distrito 1 (Arica, Camarones, General Lagos, Putre). Karla Rubilar (Independiente), Distrito 17 (Conchalí, Huechuraba, Renca). Guillermo Teillier (Partido Comunista), Distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel). Los senadores que decidieron hacer pública su declaración de impuestos son: Alfonso de Urresti (Partido Socialista), Circunscripción: 16 (Los Ríos). Juan Pablo Letelier (Partido Socialista), Circunscripción: 9 (O´Higgins). Carlos Montes (Partido Socialista), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente). Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente, UDI), Circunscripción: 17 (Los Lagos). Alejandro Navarro (País, en formación), Circunscripción: 12 (Biobío Costa). Manuel José Ossandón (ex Renovación Nacional), Circunscripción: 8 (Santiago Oriente). Rabindranath Quinteros (Partido Socialista), Circunscripción: 17 (Los Lagos). Fulvio Rossi (ex Partido Socialista), Circunscripción 1 (Tarapacá). Estos congresistas se suman a otros 11 parlamentarios que ya habían hecho públicas sus declaraciones de impuestos (ver reportaje de CIPER): Sergio Aguiló Melo (Izquierda Ciudadana), Jaime Bellolio Avaria (Unión Demócrata Independiente, UDI), Gabriel Boric Font (Movimiento Autonomista), Pedro Browne Urrejola (Amplitud), Karol Cariola Oliva (Partido Comunista), Giorgio Jackson Drago (Revolución Democrática), Vlado Mirosevic Verdugo (Partido Liberal), Daniel Núñez Arancibia (Partido Comunista), Jaime Pilowsky Greene (Partido Demócrata Cristiano, PDC), Alejandra Sepúlveda Orbenes (Independiente), Camila Vallejo Dowling (Partido Comunista). Si su representante no figura en esta lista y cree que debiera transparentar sus impuestos, al final de este artículo encontrará una sugerencia de email para invitarlo a dar ese paso. SOLO INGRESOS POR DIETA PARLAMENTARIA Los diputados Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Marcela Hernando, Juan Enrique Morano, Luis Alberto Rocafull y Karla Rubilar no registraron en su declaración otros ingresos que los que provienen de su dieta parlamentaria. Lo mismo informaron los senadores Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Fulvio Rossi, Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti. El diputado Fidel Espinoza entregó a CIPER las declaraciones que presentó al SII en 2014, 2015 y 2016, consignando que en todos esos años solo recibió ingresos por su dieta parlamentaria. En 2014 su renta anual fue de $91.286.361 ($7.607.196 mensuales) y pagó impuestos por $21.550.291. Al año siguiente, la renta anual del diputado ascendió a $96.925.359 ($8.077.113 mensuales) y pagó impuestos por $22.871.552. En 2016, declaró una renta anual de $101.345.373 ($8.445.447 mensuales) y pagó $23.715.092 en impuestos. El diputado Hugo Gutiérrez, entregó su declaración de 2017 según la cual recibió ingresos anuales de $89.783.643 ($7.481.970 mensuales), y pagó un impuesto de $18.708.802. La diputada Marcela Hernando, envió sus declaraciones correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En 2014, cuando todavía no llegaba al Congreso, declaró ingresos anuales por $24.228.884 ($2.019.073 mensuales) y pagó $1.086.991 en impuestos. Al año siguiente, ya instalada en el Congreso, recibió ingresos por $86.197.247 ($7.183.103 mensuales), destinó $2.930.526 a una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y pagó $17.408.096 por concepto de impuestos. En la declaración tributaria de 2016 la diputada Hernando consignó que su dieta anual fue de $88.742.276 ($7.395.189 al mes) y que canceló un impuesto de $18.802.093. En su declaración del año en curso declaró haber recibido una dieta anual de $90.270.347 ($7.522.528 mensuales) y haber pagado $19.110.947 en impuestos. El diputado Juan Enrique Morano hizo pública su declaración de 2017 en la que consigna que en 2016 sus únicos ingresos provinieron de su dieta parlamentaria: $89.510.856 anuales ($7.459.238 cada mes), y pagó en impuestos un total de $18.807.151. Lo mismo hicieron los diputados Luis Alberto Rocafull y Karla Rubilar quienes transparentaron sus declaraciones de 2017. El primero consignó ingresos anuales por $104.500.694 ($8.708.391 mensuales) y un pago de impuesto por $24.803.086. Rubilar, en tanto, declaró una dieta anual de $87.084.062 y un pago de impuestos de $20.339.108. El diputado GuillermoTeillier hizo públicas sus declaraciones de impuestos de los años 2015, 2016 y 2017. El primer año informó una renta anual de $93.388.712 ($7.782.392 por mes), por la que pagó $ $21.203.420 en impuestos. En 2016 declaró ingresos por $98.276.649 ($8.189.720 mensuales) y pagó $22.765.421 en impuestos. En la declaración de este año (correspondiente a los ingresos de 2016), Teillier informó una dieta parlamentaria anual de $96.779.397 ($8.064.949 mensuales), y $110.687 correspondientes a retiros y ganancias de capital. Canceló $21.467.937 en impuestos. El senador Juan Pablo Letelier envió sus declaraciones de impuestos ante al SII de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año informó una dieta anual parlamentaria de $82.324.363 ($6.860.363 mensuales) y un pago de impuestos de $17.924.018. Al año siguiente, reportó una renta anual de $87.469.593 ($7.289.132 mensuales) y pagó $19.089.245 en impuestos. En 2016, el senador Letelier declaró una renta anual de $92.061.841 ($7.671.820 mensuales), e informó, además, una donación para fines sociales por $112.600 y pagó en impuestos $20.279.498. El senador Carlos Montes hizo pública su información tributaria de los años 2014, 2015 y 2016. En el primer año consignó una renta anual de $92.611.678 ($7.717.639 mensuales) y pagó impuestos por $22.728.347. En 2015 declaró una renta anual de $96.123.702 ($8.010.308 mensuales) y pagó en impuestos $23.613.379. Finalmente, en 2016 el senador Montes declaró una renta anual de $100.281.332 ($8.356.777 mensuales) por los que pagó impuestos por $23.574.430. El senador Alejandro Navarro envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en los cuales solo reportó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2015 su renta anual fue de $86.478.135 ($7.289.844 mensuales) y pagó $19.092.662 en impuestos. En 2016 declaró una renta anual de $92.070.832 ($7.672.569 mensuales) y pagó impuestos por $20.283.095. En 2017 el senador Navarro declaró una renta de $102.152.394 ($8.512.699 mensuales) y pagó $23.863.762 en impuestos. El senador Fulvio Rossi decidió hacer públicas sus declaraciones de impuesto de 2014, 2015 y 2016. En los tres años solo informó como ingreso su dieta parlamentaria. En 2014 declaró que su renta anual fue de $82.310.125 ($6.859.177 al mes) y pagó un impuesto de $17.161.786. En 2015 reportó ingresos por $87.456.773 anuales ($7.288.064 al mes) y pagó $19.084.117 en impuestos. En abril de este año el senador Rossi declaró ingresos por $92.048.349 anuales ($7.670.695 mensuales) y pagó impuestos por $20.274.101. El senador Rabindranath Quinteros hizo públicas sus declaraciones ante el SII de 2014, 2015, 2016 y 2017. En el primer año, cuando aún no llegaba al Senado, declaró una renta anual de $19.741.193 ($1.645.099 al mes). Hizo un retiro de su fondo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) de $11.545.506 y pagó $5.259.556 en impuestos. Al año siguiente, ya en el Congreso, declaró una renta anual de $105.770.660 ($8.814.221 al mes). Hizo un aporte a su fondo de APV de $1.626.676 y pagó $30.038.720 en impuestos. En 2016 declaró ingresos anuales por $118.337.938 ($9.861.494 al mes) y pagó impuestos por $38.819.851. Finalmente, en abril pasado, declaró ingresos anuales como senador por $116.124.557 ($9.677.046 al mes) y pagó en impuestos $40.024.944. El senador Alfonso De Urresti envió a CIPER sus declaraciones correspondientes a los años tributarios 2015, 2016 y 2017, en las cuales informó haber recibido solo ingresos correspondientes a su dieta como senador. En el primero declaró un sueldo anual de $88.268.621 ($7.355.718 mensuales) y pagó impuesto por $20.007.481. Al año siguiente declaró ingresos anuales por $92.070.832 ($7.672.569 al mes) y canceló impuestos por $20.163.243. En abril pasado, De Urresti declaró ingresos por $90.293.852 ($7.524.487 al mes) y tributó la suma de $19.047.566. PARLAMENTARIOS CON OTROS INGRESOS La información tributaria aportada por el diputado Pepe Auth incluye las declaraciones presentadas ante el SII desde 2014 a 2017. En la de 2014 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2013), Auth reportó haber recibido como diputado una renta de $84.160.778 ($7.013.398 mensuales). Además, declaró ingresos por $791.735 correspondientes a honorarios por su participación en un programa de Radio Agricultura. En 2014 Auth pagó $19.981.580 en impuestos. En la declaración que presentó al año siguiente (2015), el diputado declaró una renta anual como parlamentario de $90.612.803 ($7.551.066 mensuales) a lo que agregó $1.231.146 por honorarios recibidos como panelista del citado espacio radial. En ese mismo año, además, Auth declaró donaciones para fines sociales por $139.359 y pagó $21.251.410 en impuestos. Al año siguiente (2016), Auth consignó ingresos anuales por su dieta parlamentaria por $92.231.338 ($7.685.944 mensuales) y $1.004.577 por honorarios por su participación en el programa Divina Comida de Chilevisión. El diputado explicó a CIPER que, a partir de este año, participó en el mismo programa de Radio Agricultura a cambio de una donación de la emisora a una fundación que ayuda a niños con Síndrome de Down. También declaró donaciones para fines sociales por $153.250 y pagó impuestos por $20.867.784. Finalmente, en la declaración presentada en abril pasado, Auth informó haber recibido ingresos anuales como diputado por $92.350.907 ($7.695.908 mensuales). Informó que también cobró $1.011.108 por honorarios. Sus donaciones con fines sociales ascendieron a $150.000 y pagó $19.123.730 en impuestos. El diputado Tucapel Jiménez transparentó sus declaraciones de los años 2015, 2016 y 2017. En el primer documento, que muestra los ingresos que obtuvo en 2014, Jiménez declaró haber recibido $102.244.223 ($8.520.351 mensuales) como parlamentario. Además, recibió $2.903.815 por el arriendo de dos propiedades. Pagó $26.172.151 en impuestos ese año. En la declaración de 2016 el diputado Jiménez acreditó una dieta parlamentaria de $105.584.152 ($8.798.679 mensuales). Además, percibió $2.936.113 por concepto de arriendo y pagóun total de $26.872.236 en impuestos. En la declaración de 2017 el diputado Jiménez acreditó ingresos por su función parlamentaria de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). Agregó que obtuvo $10.258.154 por arriendos y pagó impuestos por un total de $29.337.096. El diputado Jorge Rathgeb envió a CIPER sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En la primera informó haber recibido un sueldo anual como parlamentario que ascendió a $82.233.246 ($6.852.770 mensuales). Además, el SII estimó que un campo de propiedad de Rathgeb le reportó ingresos por $15.142.981 (el monto es una estimación hecha sobre el 10% del avalúo fiscal del terreno). En el plano de los descuentos el diputado accedió a una rebaja por Ahorro Previsional Voluntario de $8.617.515. Ese año debió pagar $19.040.197 en impuestos. En la declaración de 2016 (correspondiente a los ingresos recibidos en 2015), Rathgeb declaró una renta anual como diputado de $107.419.730 ($8.951.644 mensuales). Además, el SII estimó que su campo le produjo una renta de $24.836.411. Su declaración registra también un Ahorro Previsional Voluntario ascendente a $14.092.770 y un pago de $33.778.384 en impuestos. En abril pasado Rethgeb declaró que en 2016 su renta parlamentaria anual fue de $106.095.936 ($8.841.328 mensuales). El SII estimó que recibió ingresos por $25.484.766 por las rentas de su campo. El diputado consignó un ahorro previsional voluntario de $15.808.788 y pagó $28.545.849 en impuestos. El senador Iván Moreira decidió hacer públicas sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017. En el primer año, reportó una renta parlamentaria de $88.294.399 ($7.357.866 mensuales). A ello agregó $7.387.549 proveniente de ganancias de los intereses de un fondo mutuo y pagó $25.675.858 en impuestos. En su declaración de 2016, Moreira informó rentas como senador por $92.109.057 ($7.675.754 mensuales). No tuvo otros ingresos y pagó $20.298.385 en impuestos. En abril de este año el senador Moreira declaró al SII una renta anual parlamentaria de $90.333.799 ($7.527.816 mensuales). Y reportó además, $15.150.070 originados, según explicó a CIPER, en el “primer dividendo del Fondo Privado de Inversiones Iberoamericano, información que está en mi declaración de patrimonio”. Este año el senador Moreira pagó $31.310.125 en impuestos. El senador y candidato presidencial Manuel José Ossandón envió a CIPER sus declaraciones tributarias de 2015, 2016 y 2017. En la primera, que corresponde a las rentas recibidas en 2014, Ossandón declaró haber recibido una remuneración anual como senador que ascendió a $72.034.006 ($6.002.833 mensuales). A ello agregó $6.930.530, correspondientes al arriendo de maquinaria. Su declaración también consignó un ingreso de $92.879.864, correspondientes a la venta de un paquete de acciones del Banco de Chile. Ese año pagó $15.700.652 en impuestos. En 2016 Manuel José Ossandón solo declaró rentas anuales como parlamentario por $92.061.841 ($7.671.820 mensuales) y pagó $20.279.498 en impuestos. Lo mismo ocurrió en abril pasado: solo declaró ingresos por su trabajo como senador: $90.284.453 al año ($7.523.704 al mes) y pagó impuestos por $19.116.590. INVITACIÓN A OTROS PARLAMENTARIOS Si usted quiere que sus representantes hagan públicas sus declaraciones de impuestos, aquí le sugerimos un modelo de correo con el que podrá invitarlos a participar de esta iniciativa. Estimado Diputado / Senador: Soy (nombre) y voto en el distrito que usted representa. Le escribo para manifestarle que adhiero a la campaña de Finance Uncovered y CIPER por la transparencia tributaria y quiero solicitarle que transparente sus declaraciones de impuestos (Formulario F 22 compacto), como ya lo han hecho algunos de sus colegas. Estimo que los ingresos que reciben los legisladores y la forma en que pagan sus impuestos es un asunto de interés público y un acto de transparencia necesaria que los chilenos y chilenas nos merecemos de parte de quienes hemos elegido para legislar. Muy atentamente (Nombre) Fuente: http://ciperchile.cl/2017/05/12/ya-son-29-los-parlamentarios-que-hicieron-publica-su-declaracion-de-impuestos/
  2. 04 Abril 2017 Senadores declaran patrimonios desde $ 107 millones hasta $ 5 mil millones Parlamentarios cumplieron con exigencia de actualizar sus declaraciones de interés y patrimonial. En documento deben registrar propiedades, bienes, participación en empresas, ahorros y deudas. Más de 30 mil millones de pesos suma el patrimonio que los 38 senadores registraron en sus declaraciones patrimoniales y de interés que por ley debieron actualizar al 31 de marzo. En las fichas, los legisladores -así como otras 60 mil autoridades y funcionarios públicos sujetos a la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés- debieron transparentar sus propiedades inmuebles; bienes muebles (como automóviles); participación en sociedades y empresas; ahorros en distintos instrumentos de inversión y pasivos o deudas. Según las nuevas exigencias, las autoridades también debieron declarar el patrimonio de sus cónyuges, como hizo el senador y candidato a la presidencia Alejandro Guillier. De acuerdo con la información contenida en las declaraciones, el senador que registra el menor patrimonio es Alejandro Navarro. El legislador declaró dos propiedades por un valor de $ 18,4 millones, 10 vehículos por $ 34,7 millones y ahorros por 53,9 millones. También registró pasivos por $ 53,2 millones. En el otro extremo, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma registró un patrimonio total de $ 5.296 millones, de los cuales $ 4.776 millones corresponde a una propiedad en la comuna de Lo Barnechea. Presidenciables Entre los parlamentarios presidenciables, el que registró un mayor patrimonio fue Manuel José Ossandón, con $ 3.475 millones, seguido por el diputado Felipe Kast, con mil millones de pesos. Guillier, en tanto, declaró un patrimonio de $ 361 millones y su esposa uno de $ 4.919 millones, el que incluye, entre otras, dos propiedades en Peñalolén por $ 2.279 millones cada una. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senadores-declaran-patrimonios-desde-107-millones-5-mil-millones/
  3. 13 Marzo 2017 Los contratos parlamentarios al filo de la Constitución La nueva Ley de Probidad obligará a los parlamentarios a vender su participación en empresas que sean proveedoras del Estado, algo que ya estaba prohibido en el artículo 60 de la Constitución. Varios legisladores mantienen, a través de sus sociedades, negocios con entes estatales. Y algunos dicen que ya las vendieron. “Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado (…) la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte”. Aunque la redacción del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Chile sobre inhabilidades de los parlamentarios es bastante clara, en la práctica ha sido letra muerta. No hay registro de que alguna vez se haya aplicado dicha disposición, que data de los años 40, y en el Congreso muchos de sus miembros parecen desconocer los alcances de la prohibición de hacer negocios con el Estado. Según abogados constitucionalistas, esta norma no se ha utilizado debido a que para hacerlo se requiere que al menos 10 legisladores presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra uno de sus pares, lo que de acuerdo a los expertos es difícil de cumplir (ver página 4). Sin embargo, la inhabilidad constitucional podría finalmente comenzar a hacerse realidad este año gracias a la nueva Ley 20.880 de Probidad y Prevención de los Conflictos de Interés, que obliga a los parlamentarios -así como al presidente, ministros, subsecretarios y jefes de servicio- a enajenar o renunciar a “su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado”. La Tercera indagó la participación en sociedades de los 120 diputados y 38 senadores, tanto las que informan en sus declaraciones de patrimonio e intereses como las que figuran inscritas en el Diario Oficial. Luego, con los RUT de estas sociedades, se revisó en el portal de Mercado Público si estas empresas han suscrito contratos con el Estado en fechas posteriores a que asumieran sus cargos en el Congreso. Resultado: al menos una decena de parlamentarios registran, a través de sus sociedades, vínculos comerciales con organismos estatales. Arriendos y avisos radiales Entre los casos de contratos que suman más de $ 10 millones se cuentan, por ejemplo, el del senador PPD Eugenio Tuma y su hermano el diputado PPD Joaquín Tuma, ambos representantes de La Araucanía. Ellos, como dueños de la empresa familiar Flamingo S.A., desde 2008 arriendan un inmueble a la Seremi de Transportes de Temuco. El contrato, por un monto de 960 UF al año ($ 25.440.000), se renueva anualmente a través de documentos firmados por el subsecretario de Transportes y por María Soledad Tuma Fagres, representante legal de Flamingo S.A. e hija del diputado Joaquín Tuma. Eugenio Tuma además figura como principal propietario de Inmobiliaria e Inversiones Nuevas Raíces S.A., de la cual tiene un 92,5% de los derechos, según su última declaración de patrimonio de 2016. A través de esta sociedad controla desde hace una década el 50% de Radio Las Colinas, emisora que registra desde 2013 a la fecha contratos con la Municipalidad de Carahue, para emitir programas de información comunal, por $ 11.400.000 al año. La radio también vende espacios de difusión a otros organismos del Estado, como a la Subsecretaría de Salud Pública y al Gobierno Regional de la Araucanía. En 2014 y 2015 registra contratos con estas entidades por un total de $ 7.463.742. Otra empresa en que Tuma tiene participación a través de Nuevas Raíces es Forestal Monte Raíces, de la que es dueño en un 50%. Esta sociedad tiene contratos en 2010 y 2011 para venta de madera y leña con la Dirección de Vialidad de la IX Región por $ 17.516.326 en total, otro con la Municipalidad de Freire por $ 5.434.400 y uno con la Subsecretaría de Salud por $ 1.870.000. El senador Tuma asegura que el año pasado se desprendió de su participación en Nuevas Raíces, Forestal Monte Raíces y Flamingo S.A. para cumplir con la nueva ley de probidad. “No podemos participar en sociedades que tienen contratos con el Estado. Yo no tengo ninguna participación en ninguna sociedad que tenga contratos con el Estado. Ninguna. Es más, no tengo ninguna participación en ninguna sociedad”, afirma. Dice que este mes actualizará su declaración de patrimonio para mostrar que se desprendió de esas empresas. Sin embargo, hasta el minuto, en el archivo del Diario Oficial no se registra que haya vendido su participación en esas sociedades, salvo un movimiento del 6 de enero de 2017, cuando Nuevas Raíces S.A. transfirió sus acciones en Radio Las Colinas a Samia Zeidan, esposa del senador. Lácteos y cecinas Otro caso de vínculos con proveedores del Estado es el del diputado PPD Enrique Jaramillo. Él declara en su informe de patrimonio e intereses su participación en la Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada (Colun). En dicha cooperativa tiene $ 525 millones, según su declaración. Se trata de una empresa enorme con innumerables contratos con organismos estatales. Por ejemplo: solo en la primera semana de marzo de este año registra 80 contratos con el Estado por más de $ 20 millones. Sobre el impedimento constitucional a tener sociedades de este tipo, el legislador PPD aseguró que “no hay ningún conflicto en esto, porque mantengo estas cuotas de participación hace más de 50 años. Si hubiese conflicto, ya me habrían echado de mi cargo o habría tenido que venderlo o disfrazarlo, como lo hacen otros”. Jaramillo también mantiene participación minoritaria en la cooperativa Cooprel, que entre 2011 y 2016 registra contratos por $ 31 millones con las municipalidades de Río Bueno y La Unión, por instalaciones eléctricas. Otro parlamentario relacionado con una gran empresa que gana licitaciones con el Estado es el diputado de Amplitud Pedro Pablo Browne. Tras asumir en el Congreso el 2010, y utilizando como vehículo terceras sociedades, mantuvo su participación en la constructora Brotec S.A., cuyo directorio preside su padre, Pedro Browne Covarrubias. Si bien se desprendió del 3,15% de la propiedad de Brotec que mantenía mediante Asesoría e Inversiones Cerro La Cruz, aún es dueño del 16,6% de Inversiones y Asesorías B.U. Ltda., sociedad que comparte con sus cinco hermanos. Esta sociedad compró en diciembre de 2014 el 68,18% de los derechos de Inmobiliaria e Inversiones Los Peumos Ltda. por $ 11.750 millones. Los Peumos, a su vez, es dueña del 15% de Brotec. En Mercado Público, Brotec Constructora, uno de los brazos de Brotec S.A., registra estos últimos años contratos con el Estado por $ 43 mil millones. Obras de envergadura, por ejemplo, la construcción del nuevo edificio institucional del Ministerio Público, proyecto que adjudicó el MOP el 2013 por $ 13.840 millones o el parque fluvial Renato Poblete, adjudicado el 2012 por $ 14.269 millones. Consultado por esta participación, el diputado Browne descarta que tenga incompatibilidades entre los contratos de su empresa y su rol de parlamentario. “Yo tengo del orden del 1,76% (de Brotec). Pero no como persona natural, sino a través de las sociedades. Lo que los abogados siempre me plantearon, yo lo pregunté en algún minuto, es que yo no tengo una relación directa, yo soy dueño de una sociedad y esa sociedad participa en otra sociedad y esa es accionista. Entonces los abogados me dijeron que no aplicaba (la inhabilidad)”. Browne explica que tendrá que revisar la nueva ley para ver si tiene que desprenderse de sus acciones, pero que, en cualquier caso, este es su último año como diputado. Quien afirma que sí se deshizo de su participación empresarial es el diputado y precandidato presidencial José Antonio Kast (ex UDI). A través de la sociedad Cecinas Bavaria Limitada, mantuvo desde 2007 más de 300 contratos con el Estado. Kast ingresó como socio a su empresa familiar en 1988 con una participación del 20%. De ahí en adelante, él y su hermano, Christian Kast, son quienes aparecen en los registros del Diario Oficial como los dueños de la empresa. Aunque siempre registraba una participación como persona natural cercana al 0,1%, Kast, quien es diputado desde 2002, mantuvo cerca del 10% de la propiedad a través de otras sociedades como Empresa e Inversiones Bavaria Limitada de 2004 y Empresa e Inversiones Bavaria S.A, creada el 2005. Luego, esta última compañía fue traspasada a una empresa llamada Foods & Merchandising Investments Inc. También creó con su hermano Distribuidora Buin Limitada. En el Diario Oficial figura que el 29 de diciembre de 2015 cedió su 0,1% como persona natural a su sobrino Cristián Kast Prett. El diputado afirma que también se desprendió de la participación indirecta para cumplir con la nueva legislación: “De todas las sociedades que digan relación con Cecinas Bavaria me retiré el año 2015”, afirma Kast. Sobre los posibles conflictos que puedan surgir con el artículo 60 de la Constitución, el diputado dice que deben ser analizados en detalle: “La interpretación que yo he mirado siempre y que ha estado vigente, al menos para mí, es que no había ninguna incompatibilidad”. Escuela de negocios IEDE Un último ejemplo es el del diputado DC Pablo Lorenzini, parlamentario desde 1998 y quien según su declaración de patrimonio participa en Inmobiliaria e Inversiones Las Cibeles Chile S.A. Se trata del otro nombre de la escuela de negocios IEDE creada en 1995. En 2004 Lorenzini registra junto a varias personas la creación de Inmobiliaria Las Cibeles S.A., otra sociedad vinculada al centro de estudios. El organismo durante 2006 vendió cursos de capacitación a entidades del Estado por $ 24 millones en total. Este instituto, a través de otros RUT, pero con igual domicilio comercial, mantiene contratos vigentes con el Estado. A fines de 2006 se venden los activos a Laureate Chile, holding que controla las universidades Andrés Bello, Las Américas y el Instituto AIEP. Las Cibeles Chile mantiene en arriendo a Laureate la sede de IEDE en calle General del Canto en Providencia. Según explica Lorenzini, IEDE fue un proyecto que tuvo como académico, pero que tiene sólo un 1,4% de la sociedad y que no ha encontrado la oportunidad para vender. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/los-contratos-parlamentarios-al-filo-la-constitucion/
  4. 07 Febrero 2017 Por probidad, canciller Muñoz se vio obligado a devolver lujoso regalo El ministro pidió a la Contraloría pronunciarse sobre el obsequio que recibió del embajador de Emiratos Árabes Unidos. Se trataba de un reloj marca Longines "de alto valor comercial". El canciller Heraldo Muñoz se vio obligado a devolver un lujoso reloj que recibió de regalo en la pasada Navidad, luego que solicitara un pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre este asunto. Según el dictamen de la Contraloría con fecha del 19 de enero pasado (ver archivo adjunto), se trató de un reloj marca Longines "de alto valor comercial" que el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Mohammed Almaainah, le envió al titular de Relaciones Exteriores. Ante este regalo, Muñoz solicitó un pronunciamiento en lo relativo a la aceptación de donativos oficiales y protocolares y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. El texto del contralor general Jorge Bermúdez da cuenta que, de conformidad a la legislación, a juicio de la Contraloría "el referido regalo no puede considerarse como un donativo oficial o protocolar, ni tampoco cabe dentro de aquellos que autoriza la costumbre". El dictamen añade que esto se explica, "en primer lugar, por su elevado valor comercial, y en segundo término, por tratarse de un objeto de estricto uso personal". "Por lo expuesto, procede que el recurrente restituya dicho objeto al embajador de Emiratos Árabes Unidos", sentencia el documento. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/por-probidad-canciller-munoz-se-vio-obligado-a-devolver-lujoso-regalo/2017-02-07/010321.html
  5. 04 Enero 2017 Agenda Probidad y Transparencia: “Prevención de la corrupción” fue el área que registró menor avance en 2016 El progreso total de la agenda alcanzó un 61%, 13 puntos más que el año anterior. Financiamiento de la política fue el ítem que obtuvo mejores resultados con 83% de avance. A casi dos años de que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera las propuestas del Consejo Asesor para lograr mayores estándares de probidad y transparencia en el país, el cumplimiento de la agenda no supera el 70%. Según el sondeo del Observatorio Anticorrupción, el progreso en el cumplimiento de las medidas en 2016 alcanzó un 61% obteniendo una nota de 4,4. Dicha cifra anotó un incremento de 13 puntos porcentuales en relación a 2015. Asimismo, las cinco áreas que mide el organismo marcaron un avance, siendo “Financiamiento de la política” el ítem que alcanzó el mayor progreso con un 83% (20 puntos porcentuales más que el año anterior). Dicho aumento se explicaría por la prioridad que puso el Ejecutivo a proyectos que regulaban las campañas electorales, la fiscalización de la política y el financiamiento de los partidos políticos de cara a las elecciones municipales de octubre pasado. La segunda área que anotó mayor avance fue “Regulación de los conflictos de interés” con un 63% -seis puntos más que el año anterior-, seguido de “Confianza en los mercados” (61%) que se posicionó en el tercer lugar. En la vereda contraria, a pesar de que es el segundo punto que obtuvo mayor incremento entre 2015 y 2016, el ítem “Prevención de la Corrupción” se posicionó nuevamente como el área con menor avance de la agenda, alcanzando sólo un 45%. Dentro de ese ítem las reformas al sistema de compras públicas y las modificaciones a las concesiones y gastos en defensa registran el menor progreso (15%) seguido de los proyectos que persiguen la responsabilidad de personas jurídicas (23%). Según detalló a La Tercera la Directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, las razones por las cuales estas medidas quedaron resagadas en el Parlamento “se explican porque hay temas que para nosotros son muy importantes pero que lamentablemente en la agenda no han tenido prioridad. En general el avance en esta área es bastante poco salvo lo que podemos destacar de las reformas al sistema de Alta Dirección Pública (82%)”. Jaraquemada explica que por su extensión la agenda “no es ejecutable completamente en el corto plazo, entonces claramente el gobierno tomó sus prioridades y uno de los temas más urgentes era el tema del financiamiento de la política”. Asimismo, sobre el avance total de las medidas, indicó que “estamos a la mitad de la carrera y vamos bien, pero esto no implica que estamos satisfechos. Hay que seguir avanzando porque en otras pareas existen vacíos que pueden llevar a la corrupción y que si no nos hacemos cargo de ellos vamos a ver escándalos de ese tipo en algunos años más”. “Esperamos que este trabajo sea continuo para el próximo gobierno que viene”, concluyó Jaraquemada. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/agenda-probidad-transparencia-prevencion-la-corrupcion-fue-area-registro-menor-avance-2016/
  6. 02 de septiembre del 2016 / 00:01 Hrs Nueva ley fija 90 días para que autoridades entreguen patrimonio a fideicomiso ciego Norma -que comienza a regir hoy- incluye al presidente, ministros, subsecretarios y parlamentarios. Se obliga a quienes tengan acciones por sobre $ 655 millones, lo que será supervisado por Contraloría. A partir de hoy comenzará a regir la nueva ley sobre probidad en la función pública, iniciativa que fue promulgada a inicios de este año por la Presidenta Michelle Bachelet. La normativa es parte de la agenda de probidad promovida por el Ejecutivo y deriva de una serie de propuestas realizadas por la denominada Comisión Engel, trabajo que ha llevado adelante el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre. Con esta nueva ley se pondrá en marcha la implementación del denominado mandato de administración de cartera de valores, más conocido como fideicomiso ciego. Es decir, un mecanismo que les impide incidir en el manejo de esos recursos. Así, en un plazo máximo de 90 días, todas las autoridades que tengan acciones por un total superior a 25.000 UF, es decir, superior a $ 655 millones 600 mil, deberán inscribirse en un registro especial de administradores de mandato, que asumirán la administración de los bienes. Las autoridades obligadas a realizar este nuevo mandato son la Presidenta, ministros de Estado, subsecretarios, diputados y senadores, contralor general de la República, intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y jefes superiores de entidades fiscalizadoras. De esta forma, si alguna de estas autoridades posee un patrimonio de acciones superior a las 25.000 UF deberá realizar una escritura pública con el nuevo mandato. Luego, hasta cinco días hábiles posteriores deberá entregar una copia autorizada para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o la Superintendencia de Valores y Seguros. Tras esto, dicha información sobre el mecanismo deberá ser publicada en la página web en el que esa persona desempeña sus funciones y, además, en un sitio especial que creará Contraloría. Una vez terminado el mandato del declarante, se le entregará el total del patrimonio en un máximo de 10 días hábiles. De acuerdo a las declaraciones de intereses y patrimonio de los ministros de la Presidenta Michelle Bachelet, sólo el titular de Energía, Máximo Pacheco, se regirá por esta nueva normativa. A inicios del gobierno, en marzo de 2014, el economista optó por utilizar voluntariamente un fideicomiso ciego de sus bienes, que alcanzan los US$ 22 millones. Pese a esto, con la nueva ley, Pacheco deberá realizar un nuevo fideicomiso, esta vez bajo la nueva normativa. Para esto se le otorga un plazo de actualización hasta marzo de 2017. Otro de los puntos contemplados en la nueva legislación, que regirá a partir de hoy, es que si el Presidente de la República, diputados, senadores y el contralor general tienen algún tipo de participación en empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a cualquiera de sus organismos, estarán obligados a enajenar dicha participación, es decir, vender o traspasarla. La misma regla se aplicará también a ministros, subsecretarios, intendentes, consejeros regionales, superintendentes y jefes de servicios, entre otros. En el caso de estos últimos, sin embargo, la ley establece que deberán, además, enajenar sus participación en empresas que exploten concesiones, pero sólo si es que dichas compañías están vinculadas con el ámbito de su competencia o sujetas a su fiscalización. http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/09/674-695013-9-nueva-ley-fija-90-dias-para-que-autoridades-entreguen-patrimonio-a-fideicomiso.shtml
  7. 11 de mayo del 2016 / 16:17 Hrs Contraloría crea Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio Esto con el objeto de preparar a la Institución para la próxima entrada en vigencia de la ley N° 20.880, que regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública. Con el objeto de preparar a la Institución para la próxima entrada en vigencia de la ley N° 20.880, que regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención y sanción de conflictos de intereses, el Contralor General, Jorge Bermúdez, emitió una resolución exenta que crea la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio (UADIP). Esta unidad, radicada en la División de Auditoría Administrativa (DAA) de la CGR, estará a cargo de levantar y procesar la información necesaria para velar por el cumplimiento de la nueva normativa. De acuerdo al texto de la ley N° 18.575 (aún vigente en la materia), hasta la fecha la Contraloría tiene funciones muy restringidas en este aspecto, pues sólo ejerce la labor de custodio de las declaraciones de intereses y de patrimonio. Ello implica que sólo está facultada para recibirlas y archivarlas, para su posterior consulta pública, actuando exclusivamente como repositorio de dichos documentos, según lo previsto en dicha ley y en los reglamentos de las declaraciones de intereses y de patrimonio. Una vez que se publique en el Diario Oficial el nuevo reglamento entrará en vigencia la ley N° 20.880 y recién desde ese momento la Contraloría tendrá atribuciones para fiscalizar que los contenidos de las declaraciones que se presenten en adelante se correspondan con la realidad. Como parte de sus tareas, la Institución deberá mantener actualizada la nómina de sujetos obligados a presentar declaración de intereses y de patrimonio, catastrar los sistemas de información a los que será necesario acceder para verificar su contenido, desarrollar y aplicar un modelo metodológico de análisis de las declaraciones para determinar las muestras a revisar y proveer información a las unidades de fiscalizadores encargadas de efectuar las verificaciones, así como mantener un registro de los mandatos especiales de administración de valores que la ley establece, funciones que le asigna la nueva ley N° 20.880. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/05/674-680285-9-contraloria-crea-unidad-de-analisis-de-declaraciones-de-intereses-y-patrimonio.shtml
  8. Cerrado por vacaciones: Las leyes y medidas que quedaron pendientes por el verano Así como los proyectos de probidad y transparencia tendrán que esperar para ser revisados por el TC, hay una serie de decisiones que están a la espera de que las autoridades regresen de su feriado legal. Conozca acá el detalle. SANTIAGO.- Febrero es conocido como el mes en el que la mayoría de los chilenos hacen una pausa en sus actividades laborales e inician sus vacaciones, y las autoridades del país no escapan a esa regla. Siguiendo esa tradición, la Presidenta de la República y los miembros del Congreso Nacional, entre otros, detienen su marcha para descansar, dejando pendientes para marzo una serie de importantes medidas que revisamos a continuación. Nombramiento de autoridades Aunque el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, aclaró que igual tomaría la decisión durante sus vacaciones, la Presidenta Michelle Bachelet dejó pendientes dos nombramientos: el de los subsecretarios de Cultura y de DD.HH. En el primer caso, el cargo lleva 104 días vacante, luego de la renuncia de Lilia Concha el pasado 30 de octubre por razones personales. En tanto, en la nueva repartición dedicada a los DD.HH. no hay autoridad desde su creación, el 16 de diciembre. Revisión de proyectos en el TC Esta mañana, el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, criticó el apuro con el que se aprobaron las leyes de transparencia en el Congreso en enero pasado como el financiamiento de campañas y la ley de partidos políticos. Esto, debido a que pese el “frenesí legislativo” dichas iniciativas aún no son promulgadas, ya que el Tribunal Constitucional (TC) no las revisará hasta que sus miembros regresen de su feriado legal. Proyectos pendientes del Gobierno No es corta la lista de proyectos que el Ejecutivo aplazó para marzo, luego de que varios de ellos no lograran ser tramitados antes de las vacaciones. Entre ellos, se cuenta la reforma laboral, la desmunicipalización y la reforma a la educación superior. Por ello, los ministros del comité político determinarán 11 proyectos prioritarios para este año junto a la Presidenta Bachelet al retorno de sus vacaciones a fines de febrero. Entre ellos, hay iniciativas en salud, crecimiento económico y el inicio de los cabildos. Asimismo está pendiente la ley anticolusión, la despenalización del aborto en tres causales, la agenda corta antidelincuencia y el proyecto de ley sobre TVN. Nueva politica de medios Luego de la polémica que generó la decisión, se espera que una vez que acaben las vacaciones a fines de marzo se sepa qué pasará con la nueva política de acceso a los medios de comunicación a las giras presidenciales que busca instalar La Moneda. En la última semana de febrero o la primera de marzo, debiera gestarse una reunión entre el equipo de Presidencia y los periodistas acreditados en la sede de Gobierno para resolver el nuevo método. CDE por Longueira Ayer, la fiscalía ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que acceda al tomo reservado en que están los correos incautados al ex gerente general de SQM Patricio Contesse con Pablo Longueira, para evaluar alguna acción penal. Pero por las vacaciones de la mayoría de los consejeros del Comité Penal de la institución, el tema se vería en marzo. Oposición otra vez a Contraloría Una vez que termine el periodo estival, se espera que Chile Vamos insista ante la Contraloría General para que se pronuncie sobre el sumario que recomendó la comisión Caval al director administrador de La Moneda, Cristián Riquelme. El diputado UDI Felipe Ward dijo que en marzo la oposición volverá a recurrir ante el ente fiscalizador para que se tomen medidas. www.emol.com
  9. Gobierno y agenda legislativa: "Vamos a intentar combinar el despacho en el menor tiempo posible con buenas leyes" El ministro vocero de Gobierno indicó además que en el caso de las leyes de probidad la urgencia tiene que ver con que "estas normas estén vigentes para la próxima elección municipal". En cuanto a la ley laboral señaló que "vamos a procurar un acuerdo". "Vamos a intentar combinar el despacho en el menor tiempo posible con buenas leyes", aseguró esta mañana el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, al referirse a la intensa agenda legislativa que se desarrolla en el Congreso y que busca despachar siete proyectos prioritarios antes del 31 de enero, entre los que están las leyes de probidad y la reforma laboral, entre otros. En cuanto a la ley de partidos políticos y de fortalecimiento de la democracia, el vocero indicó que "hay una urgencia que tiene que ver con que esperamos y lo hemos conversado con todos los partidos es que estas normas estén vigentes para la próxima elección municipal, creo que es lo que la ciudadanía espera, que si hemos tomado conciencia de las irregularidades, de los hechos que se investigan, los cambios tengan lugar en eventos tan importantes como las elecciones municipales". Díaz agregó que "los otros proyectos, de legislación laboral, de colusión, nos gustaría que pudiesen ser despachados al menor plazo, pero hemos dicho que el desafío es tener buenas leyes, vamos a intentar combinar el despacho en el menor tiempo posible con tener buenas leyes". REFORMA LABORAL En cuanto al caso específico de la discusión de la reforma laboral, el ministro señaló que "vamos a procurar un acuerdo, porque somos colegisladores y porque es una iniciativa del gobierno, esperamos procurar un acuerdo, pero las indicaciones, las herramientas legislativas están siempre a nuestra disposición y tomaremos las decisiones que correspondan, no les quepa duda que el liderazgo y responsabilidad de la Presidenta se ejerce cuando corresponde". Al respecto puntualizó que "queremos huelga efectiva, que sea una reforma equilibrada, queremos que como consecuencia mejoren las condiciones de negociación que tienen los trabajadores en las empresas porque nos parece que hoy no está suficientemente fortalecida. Vamos a procurar que el resultado final satisfaga esos objetivos". www.latercera.com
  10. Bachelet promulga ley que otorga autonomía al Servel y pide celeridad en proyectos de transparencia El proyecto que da mayores facultades fiscalizadoras al Servel se transformó en la primera iniciativa de la agenda de probidad y transparencia del gobierno en ser promulgada. Desde el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel), transformándose en el primer proyecto de la agenda de probidad y transparencia en ser promulgado. La Mandataria detalló que la iniciativa entrega mayores facultades fiscalizadoras al organismo y pidió a los parlamentarios tramitar con rapidez los otros proyectos de la agenda que continúan en el Congreso. “Hoy lo que hacemos es fortalecer concretamente con autonomía constitucional y mayores facultades al Servel (...) en la práctica esto significa el establecimiento de la plena independencia del Servel respecto de los poderes del Estado y en particular de los poderes cuyos integrantes se someten a las elecciones”, dijo Bachelet. “Esto permite una mayor transparencia en el desarrollo de las elecciones, un mejor control y fiscalización sobre los candidatos y los partidos políticos y una supervisión más acuciosa sobre los gastos electorales”, añadió la jefa de Estado. En esta línea, sostuvo que “una mejor calidad de vida también pasa por asegurar que la voz de cada hombre y de cada mujer sea reconocida en su justo valor y que sus opciones se expreses correctamente en las urnas. Hablo de la tranquilidad que da elegir una alternativa y votar sabiendo que no habrá trampa, que nuestras preferencias serán acogidas con transparencia y reglas claras”. Asimismo, agradeció y felicitó “el trabajo de los parlamentarios que aprobaron el proyecto con rapidez”. “Quiero pedirles la misma dedicación y rapidez para la aprobación de todas las leyes que son parte de la agenda de probidad y transparencia”, dijo la Presidenta. www.latercera.com
  11. Cómo el Congreso intenta debilitar las propuestas de la Comisión Engel sobre probidad y transparencia Eduardo Engel y otros miembros del Consejo Asesor Presidencial para temas anticorrupción y transparencia, han criticado cómo se han tratado sus propuestas en el Congreso. "La ciudadanía tiene muy claro lo que quiere en este tema; muchos parlamentarios, no", ha manifestado Engel.  Nacional8 de septiembre, 2015 Autor: Hernán Melgarejo Fueron 16 los expertos que por 45 días trabajaron para elaborar un extenso informe con recomendaciones de medidas anti corrupción y pro transparencia, en medio de la crisis de confianza en las instituciones y los escándalos de corrupción de los casos Penta, Caval y SQM. La instancia, convocada por la propia Presidenta Bachelet y liderada por el economista Eduardo Engel, fue conocida como Comisión Engel, y una vez finalizada su tarea, hizo una entrega de su informe con bombos y platillos en una ecuménica ceremonia en La Moneda. Han pasado casi cuatro meses de eso y Eduardo Engel, en una serie de oportunidades, ha hecho ver su disgusto con el trabajo legislativo derivado de las recomendaciones de su comisión. “Estamos avanzando pero hay indicios que me preocupan; las leyes que hoy estarían saliendo del Congreso serían muy débiles en temas fundamentales para la democracia”, dijo hace un tiempo en El Mercurio. Hoy empieza a discutirse el proyecto de ley relacionado a los partidos políticos en la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Por qué el propio Eduardo Engel critica los proyectos de ley basados en la Comisión Engel? Estos son algunos de sus puntos y los de otros miembros de la Comisión. 1 Partidos no quieren reinscribir a todos sus militantes La Comisión Engel propone que los partidos reinscriban a TODOS los militantes de su padrón. Uno de los fundamentos es que los padrones electorales están inflados, con miles de inscritos fantasmas. Otro es la existencia de malas prácticas en la inscripción de ellos, por ejemplo, el hecho de que algunos caudillos registren a centenares de militantes con direcciones falsas, para que solo ellos puedan contactarlos y terminen siendo sus seguidores “incondicionales”, afectando así la democracia interna y la calidad de reclutamiento. Por presión de los propios partidos, en el proyecto se aboga para que se reinscriba solo al 0.25% de los militantes del padrón electoral del Servel de la última elección. Es decir, a un total de 16 mil militantes. Una cifra baja para partidos como el PS, que tienen a 120 mil registrados. “Hay problemas serios con los padrones electorales. Lo que nos preocupa es que la versión actual de la iniciativa no logra el objetivo que se requiere que es una reinscripción de todo el padrón electoral”. dijo Engel después de comentar este tema con las directivas de Fuerza Pública, Red Liberal y Amplitud. 2 Trabas al financiamiento de los nuevos partidos La Comisión recomendó que existiera un financiamiento base estatal que se repartiera de manera igualitaria entre todos los partidos. Siempre y cuando estos cumplieran con estándares mínimos de transparencia y democracia interna. Lo que ha resuelto el Congreso es que el financiamiento del Estado se entregue solo a los partidos que tengan como mínimo un parlamentario electo. A juicio de Engel, estos requerimientos “son exagerados y perjudican a los nuevos partidos políticos”. “Puede haber partidos que hayan elegido un gran número de concejales, alcaldes o una muy buena votación en elección de diputados, pero que no logren elegir un parlamentario, que con la versión actual no estarían recibiendo financiamiento”, dice el experto. 3 ¿Quieren los políticos partidos más transparentes? Eduardo Engel fue enfático ayer en decir que está “más tranquilo que hace un par de semanas respecto de la capacidad que tenemos para terminar en una buena ley“, por las indicaciones que puede enviar el Ejecutivo. Sin embargo, de las críticas que lanzó a través de El Mercurio hace una semana, hay puntos que no han cambiado. Por ejemplo que en el Congreso, por un lado se discuta el proyecto de ley de partidos políticos, que regula la orgánica, transparencia y democracia interna de estas instituciones. Y por otro, el proyecto de ley que regula el financiamiento a estos. Lo que podría provocar que se apruebe el financiamiento estatal a los partidos sin que estos hayan mejorado su democracia y transparencia interna. En la Comisión, se fijó que el financiamiento público debía darse a partidos que tuvieran estándares mínimos de transparencia. Álvaro Castañon, director de la Fundación Multitudes y ex integrante de la Comisión Engel, dice que actualmente en la discusión en el Congreso, no se ha visto claridad de que estos estándares de transparencia vayan a mejorar. “Nosotros propusimos, por ejemplo, portales de transparencia supervisados por el Servel con el mismo estándar que la Ley de Transparencia. Dijimos que tiene que estar toda la información a disposición de los militantes, por lo menos. Y hoy día se dice que solo algunos documentos deben ser transparentes, y no se establece la fórmula”, dice Castañon. “Lo partidos deben tener obligación de generar educación cívica, obligación de formar a sus militantes, por ejemplo. No solo que los partidos reciban la plata, la junten y que sin mecanismos de democracia interna, como decidir si va a haber primarias o no, vaya directamente a los candidatos que la directiva determine”, dice Castañon. “Eso es de una mezquindad enorme”. 4 Los dientes de leche del Servel Otro punto para facilitar que haya una mayor transparencia y una mejor democracia interna en los partidos, es que el propio Servel supervise sus elecciones. Algo que no ha sido bien visto por algunos congresistas. “Los partidos reclaman que no quieren la “injerencia del Estado”, aunque no les molesta acceder a las “platas del Estado”, argumentó el economista Engel acerca de este punto. Álvaro Castañon comparte la crítica: “Sin que el Servel organice las elecciones internas se daña la democracia de los partidos“. Por último, Engel mantiene su preocupación de que el Servel cuente con mayores atribuciones de fiscalización antes de las próximas elecciones municipales. Algo que hasta ahora no es posible, ya que a cuatro meses de tener en sus manos el informe Engel, pese a que se aprobó la autonomía constitucional del Servicio, el gobierno aún no envía un proyecto de ley que regule específicamente al Servicio Electoral. Además, las reformas que se han revisado son consideradas insuficientes. Claudio Fuentes, miembro de la Comisión, resumió este punto a Radio Zero de esta manera: “Dijimos que el Servel tenía que tener dientes y en el Congreso le están poniendo dientes de leche”. E ironizó con la forma en que el tema ha sido tratado por los congresistas. “Básicamente si tenemos un peligro que nos controlen y financien la campaña, qué es lo que hago: quito atribuciones, le pongo rotación (a los directivos del Servel), meto a ex ministros al Consejo y ese escenario me parece preocupante” Por su parte, Engel advirtió: “Si el Servel no tiene la capacidad de fiscalizar debidamente en las próximas elecciones municipales, cualquier posibilidad de recuperar la confianza ciudadana se puede terminar esfumando de manera definitiva”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/09/08/como-el-congreso-intenta-debilitar-las-propuestas-de-la-comision-engel/
  12. Comisión Mixta despacha proyecto sobre la probidad en la función pública Los legisladores pusieron énfasis en transparentar la declaración de intereses y patrimonio, y establecer mecanismos que faciliten el llamado fideicomiso ciego. Tras más de dos horas de debate, la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias en torno al proyecto sobre probidad en la función pública, aprobó el texto que será conocido tanto por la sala del Senado como por la de la Cámara de Diputados. El informe da cuenta de los acuerdos a los que llegaron los parlamentarios, luego de revisar tanto la redacción propuesta por la Cámara Baja como por el Senado. En la ocasión, los legisladores coincidieron en la necesidad de transparentar la declaración de patrimonio e intereses; es más, concordaron en la pertinencia de que aquellos que no lo hagan de la forma en que se dispona, puedan perder su cargo. Tras la sesión, el senador Alberto Espina, quien presidió la instancia, comentó que la norma "entra en su recta final puesto que solo resta una votación general por parte de las Cámaras para que se transforme en ley". En esa línea, aseguró que durante septiembre debería hacerse esto efectivo, respondiendo a las críticas que se habían manifestado por la demora en la tramitación. "Acá estamos frente a un cambio muy de fondo porque se estipulan niveles de exigencia muy altos, puesto que las autoridades y los funcionarios públicos tendrán la obligacion de declarar patrominio e intereses, enajenar cualquier derecho o participación que tengan en sus empresas y establecer un fideicomiso ciego cuando el monto de sus acciones sean muy altos", explicó. En cuanto al régimen conyugal, el legislador indicó que cuando hay comunidad de bienes, ambas partes deben participar de la declaración, pero cuando existe separación de bienes, la persona que opta a un cargo público sólo deberá explicitar aquella información que está bajo su conocimiento. "Esto porque muchas veces los matrimonios están separados y desconocen detalles del patrimonio de su ex esposo o esposa. No podemos obligar al sujeto en cuestión, a estar al tanto de todos los movimientos económicos de la contraparte", aclaró. En tanto, el senador Hernán Larraín valoró el acuerdo. "Hemos coincidido en los principales temas que afectarán a las autoridades relevantes del país que no son pocas porque alcanzan a quince mil personas, así podremos evitar los conflictos de interés", graficó. A su vez, el congresista calificó como "un paso trascendente" la aprobación, haciendo énfasis en el hecho que "cuando se trate de personas con un patrimonio muy significativo y se desempeñen en roles de autoridad, éstas tendrán la obligación de entregar la administración de sus bienes a un tercero, o van tener que liquidar esos bienes para asegurar la total independencia y autonomía en las decisiones que adopten". "Cuando se trate de las principales autoridades, la información estará abierta. Cuando busquemos antecedentes de personas que tienen un menor rol jerárquico, los detalles deberán solicitarse a través de las distintas instituciones que deberán facilitar este trámite", comentó respecto a la publicación de los citados datos. Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, aplaudió el despacho del texto, destacando que existió "casi una unanimidad" en cada una de las votaciones. "Queremos garantizar que las decisiones políticas que se adopten sean en función del interés común y no de necesidades particulares. Con este proyecto nos acercamos a ello", comentó. www.latercera.com
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