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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/339318-cuba-los-cambios-clave-en-la-nueva-carta-magna-de-cuba/?hl=%2Bcuba&do=findComment&comment=23870101 13 Agosto 2018 Cuba busca formalizar su apertura a la propiedad privada En el proyecto para una nueva Constitución, se legalizarían los empleos por cuenta propia reconocidos por Raúl Castro en 2010. UNA TURISTA SE TOMA UNA FOTO EN EN LA PLAZA DE LA REVOLUCIÓN EN LA HABANA, EL VIERNES PASADO. Cuba inició hoy una consulta popular para reformar su Constitución, tras la aprobación del anteproyecto por parte de la Asamblea Nacional en julio pasado. El proceso de ronda de consultas ciudadanas y que se inició justo en el cumpleaños número 92 de Fidel Castro, se extenderá hasta el 15 de noviembre, para luego pasar a un referéndum final. Entre las novedades que propone la nueva Carta Magna, de entre los 224 artículos que la componen -87 más que la actual Constitución de 1976-, está la inclusión del concepto de propiedad privada. El diario Granma sostiene que “el sistema económico que se refleja en el Proyecto mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales y la planificación, a lo que se añade, el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad no estatal, incluida la privada”. Cuba eliminó la propiedad privada entre 1959 y 1960, a excepción de las pequeñas empresas y las granjas familiares. Sin embargo, las pequeñas empresas fueron eliminadas en 1968, por lo que la Constitución de 1976 no reconoce la propiedad privada. Pero desde que Raúl Castro asumió formalmente la Presidencia de la isla en 2008, Cuba ha implementado una incipiente apertura económica que el nuevo proyecto de Constitución busca formalizar. Por ejemplo, con el fin de aliviar la carga de la economía estatal de la isla, en 2010 se reconoció el trabajo privado o de cuenta propia para 178 actividades. De todos modos, el profesor de la American University especializado en temas cubanos, William LeoGrande, explica que aquella apertura en la legalización de empleos por cuenta propia se inició en 1992, “como respuesta a la crisis económica causada por el colapso de la Unión Soviética”. Para 2017, ya eran 579.415 los trabajadores autónomos, lo que representa el 13% de la fuerza laboral. Así, el gobierno cubano, ahora presidido por Miguel Díaz-Canel, pretende seguir promoviendo la pequeña empresa privada, aunque con ciertos límites, ya que el proyecto “reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba”, escribió Granma. Aunque el trabajo de cuenta propia había estado estancado por un año, su reactivación fue anunciada hace unas semanas. El gobierno había congelado en agosto de 2017 la entrega de licencias para el trabajo de cuenta propia, y recientemente anunció que volverán a entregar estas licencias desde el 7 de diciembre, para los rubros gastronómicos, arriendo de viviendas, servicios constructivos y transporte. “Esta Constitución viene un poco a formalizar esos cambios económicos de la última década, que se va a ampliar el espacio para que la gente puede tener sus propios negocios, pero siempre limitados por el tamaño y las ganancias, para no permitir la concentración de la riqueza en pocas manos”, dijo a La Tercera Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida. La base legal les permitirá a las empresas contratar empleados y las reconocerá como parte del modelo económico cubano. El hecho de que el nuevo proyecto de Constitución cubana sostenga expresamente aquel derecho a la propiedad privada, mediante pequeñas empresas, acompañado de la eliminación de la palabra “comunismo”, habla de una nueva era en la isla. “El gobierno está reconociendo lo que ya existe de facto, que el gobierno cubano no puede aspirar a mantener un sistema socialista puro, como ocurrió hace más o menos 30 años”, concluyó Duany. Fuente: https://www.latercera.com/mundo/noticia/cuba-busca-formalizar-apertura-la-propiedad-privada/280864/
  2. 16 Septiembre 2018 Gasto en salud se duplica desde 2010 y evaluación al sistema cae Chilenos opinan que calidad en el sector público y privado va a la baja y un 52% la reprueba, según encuesta Unab. Obtención de horas de médicos especialistas y atención en la urgencia figuran entre áreas con peor calificación. ¿Qué nota le pone usted al sistema de salud? Esa fue una de las preguntas de la última Encuesta Nacional de Salud de la Universidad Andrés Bello. ¿La respuesta de los chilenos? Un 4,3, promediado entre un 52% que lo reprueba y solo un 21% que le pone nota 6 o 7. La novena edición del sondeo midió la percepción de calidad que tienen las personas del sistema asistencial, a partir de su experiencia. Es decir, las últimas atenciones que han recibido, como usuarios de Fonasa e isapres. Y el resultado arroja una clara tendencia. Mientras en 2010 el índice llegó a 51 -en una escala de 1 a 100-, este año cayó a 44, lo que se traduce en que los chilenos piensan que la calidad ha bajado. Eso, pese a que las cifras arrojan un dato contundente: el gasto total en salud -de Fonasa e isapres- se duplicó en el período, pasando de $ 4.921 miles de millones en 2010 a $ 10.500 miles de millones en 2017. “En sí mismo el resultado es malo, pero lo es más cuando el país ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar a niveles de gasto cercanos al promedio de países de la Ocde. El discurso de que nuestro sistema solo necesita más recursos no ha demostrado ser correcto, ya que es lógico que se requieran más, por los perfiles demográficos y epidemiológicos, pero es evidente que estamos haciendo mal las cosas, tanto en los modelos de atención como de gestión de Fonasa y las isapres”, comenta Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, quien agrega que “las personas sienten que lo que reciben como respuesta de sus sistemas de salud no vale lo que pagan en dinero, en tiempo, en trato y plazos de espera. Gastamos más y la gente tiene una experiencia peor”. Y si bien la evaluación decae en ambos seguros, la experiencia del sistema que describen los afiliados es muy dispar. Así, en la escala de 1 a 100, los usuarios de Fonasa evalúan con un 39 la calidad, cifra que sube a 63 en las isapres. “En Chile es tanta la discriminación y segmentación, que en un sector tienes a los pobres, enfermos y familias numerosas, y en el otro están los ricos y más sanos. Y coexisten dos sistemas, uno del tercer mundo, con otro del primer mundo”, añade Sánchez. Sobre estas diferencias, Gonzalo Simón, gerente de desarrollo de la Asociación de Isapres, sostiene que “la diferencia de calidad por la atención recibida que experimentan las personas en las isapres es muy superior respecto de Fonasa y se explica porque el nivel de atención y oportunidad del servicio privado es muy elevado, contando con la tecnología y acceso adecuados”. A partir de los datos de la encuesta, Sánchez destaca que las causas del deterioro en la evaluación son de diversa índole. En el sector público responderían a que la red no da abasto para satisfacer la demanda de servicios, “por un modelo de atención equivocado y una baja en los índices de productividad, que hoy nos informa de una lista de espera de casi dos millones de personas”. Mientras, en las isapres las críticas de los chilenos apuntan a dos aspectos principales: “El incremento de los precios de los planes y de los servicios de salud, y al hecho de que los precios se fijan en base al riesgo de las personas, lo que lleva a que las mujeres y la tercera edad pagan entre tres a cinco veces lo que paga un hombre joven”, afirma. Para Enrique Paris, decano de la Facultad de Ciencias de la U. Mayor, la situación ha llegado a un punto de inflexión, donde los cambios ya no pueden dilatarse: “Las personas esperan mucho más de lo que se les ha dado y piden, hace años, los mismos cambios: una reforma profunda al sistema, que se haga cargo de los problemas de demora y acceso a la salud en Fonasa, y en las isapres, que se ponga fin a la discriminación y se regulen los temas de costos. En Chile las personas tienen miedo a enfermarse, incertidumbre a poder costear los medicamentos, y eso debe solucionarse”, dice. Varios de los puntos que , de acuerdo a la encuesta, concentran la molestia de los chilenos están siendo incorporados en dos reformas que prepara el gobierno. Una, que ingresaría como proyecto de ley al Congreso a fines de este año, busca terminar con la discriminación e insertar solidaridad en el sistema isapre. La otra pretende intervenir radicalmente Fonasa, convirtiendo a la entidad en un seguro real para sus afiliados, capaz de exigir a los hospitales metas y plazos en la atención de los usuarios. La encuesta también detalla los aspectos que los chilenos más valoran, destacando la atención que brindan los médicos y el personal de salud. Sin embargo, desaprueban aspectos que tienen que ver con procedimientos administrativos: dificultades para tomar horas por teléfono o el tiempo que debió esperar para recibir una atención. En términos de acceso, obtener una cita con un especialista, poder operarse y ser atendido en la urgencia son los casos donde, según los encuestados, se producen las mayores demoras o esperas. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/gasto-salud-se-duplica-desde-2010-evaluacion-al-sistema-cae/321826/
  3. 20 Diciembre 2017 Bachelet anuncia alianza entre Fonasa y CPC que permite operar de manera gratuita en clínicas a pacientes en listas de espera por cataratas En noviembre pasado se inició el proceso con la citación de los pacientes AUGE, a los cuales la clínica le hace un diagnóstico y exámenes, para culminar con la operación. La mayoría de ellos corresponde a la Región Metropolitana y Región del Libertador B. O’Higgins. Hasta la fecha, 134 personas ya han sido atendidas y 85 recibieron cirugía ocular. Este miércoles el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) formaron un alianza público – privada que beneficiará cerca de mil pacientes de todo el país que verán resuelto su problema de cataratas, y que permitirá otorgar intervenciones quirúrgicas gratuitas a afiliados del Seguro Público de Salud. Gracias a este convenio, se disminuirán las garantías de oportunidad retrasadas de esta enfermedad AUGE, garantizando así, oportunidad en el tratamiento con su respectiva cobertura financiera. El anuncio lo realizó la Presidenta Michelle Bachelet, en dependencias de la Clínica Dávila, uno de los prestadores de salud que participan en esta iniciativa. La autoridad estuvo acompañada por la Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo, por la Directora Nacional de Fonasa, Dra. Jeanette Vega, por el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfredo Moreno, y por representantes de las clínicas privadas. En la ocasión, la Dra. Jeanette Vega precisó que para el Seguro Público de Salud, “resulta fundamental resolver las patologías incluidas en el AUGE. Por esta razón, este proyecto nos genera una profunda satisfacción, ya que se constata que cuando se unen los esfuerzos del mundo público y privado, para resolver un problema país, quienes se ven beneficiados son los ciudadanos, en este caso los pacientes asegurados de Fonasa”. “Gracias a esta iniciativa, cerca de mil pacientes podrán operarse gratuitamente en las mejores clínicas del país, con los mejores médicos, la más avanzada tecnología y sin costo alguno para ellos”, destacó la autoridad del Seguro Público. Alfredo Moreno, presidente de la CPC, resaltó también la importancia de esta alianza público-privada que podrá cambiarle la vida a tantas personas. “Este es un proyecto maravilloso que va a ayudar a recuperar la vista a muchos chilenos. Para ellos y sus familias, es una gran noticia”. Agradeció la colaboración de los prestadores privados, los médicos y laboratorios “que están entregando desinteresadamente lo mejor de sí, para que nuestros compatriotas puedan volver a ver, con todo lo que eso significa para su bienestar y felicidad”. Moreno explicó que este proyecto nace bajo el espíritu de 3xi, “donde precisamente buscamos encontrar entre todos soluciones creativas a problemas que afectan a los chilenos más vulnerables. Sabemos que hay muchas personas con grandes necesidades. Y hay también muchas personas disponibles para aportar su tiempo, su talento, sus ideas para resolver los problemas de los demás.” Agregó que éste es un proyecto “que demuestra la grandeza de la colaboración, cómo al unir esfuerzos podemos hacer algo tan importante que le cambiará la vida a muchas personas. Cuando se unen los esfuerzos del mundo público y privado, para resolver un problema país, quienes se ven beneficiados son los ciudadanos”. En noviembre pasado se inició el proceso con la citación de los pacientes AUGE, a los cuales la clínica le hace un diagnóstico y exámenes, para culminar con la operación. La mayoría de ellos corresponde a la Región Metropolitana y Región del Libertador B. O’Higgins. Hasta la fecha, 134 personas ya han sido atendidas y 85 recibieron cirugía ocular. En el marco de esta alianza, Fonasa es el encargado de identificar a los pacientes que padecen catarata, y coordina el proceso de prestación del servicio. CPC, por su parte, convoca a los prestadores de salud del sector privado, que de manera gratuita para los pacientes, realizan las intervenciones quirúrgicas. Las clínicas privadas que participan de la iniciativa son: Bupa Chile a través de Integramédica; Banmédica a través de Clínica Dávila; Fundación Oftalmológica Los Andes; Clínica Las Condes a través de su Centro de la Visión; Clínica Alemana; Red Salud UC-Christus, a través de Centro Médico San Joaquín y Clínica San Carlos de Apoquindo; y RedSalud de la Cámara Chilena de la Construcción a través de sus clínicas. También participa Virtus Partners, quien es el socio estratégico que apoya la gestión y coordinación del proyecto. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/20/bachelet-anuncia-alianza-entre-fonasa-y-cpc-que-permite-operar-de-manera-gratuita-en-clinicas-a-pacientes-en-listas-de-espera-por-cataratas/
  4. 13 Junio 2017 Pese a bajo crecimiento, riqueza privada en Chile sube 7,7% en 2016 Los activos líquidos invertibles en el país llegaron a US$ 393 mil millones el año pasado, según The Boston Consulting Group. Los 16.200 hogares con más de US$ 1 millón (0,3% del total) concentran US$ 140 mil millones, es decir, un 35% del monto global. A pesar del débil desempeño macroeconómico que registró la actividad chilena en 2016, con un crecimiento anual de sólo 1,6%, la riqueza financiera privada en el país anotó un sólido aumento, situación que se mantendría en el mediano plazo. De acuerdo con la versión 17 del informe anual “Reporte de Riqueza Global” de The Boston Consulting Group, los activos líquidos invertibles nacionales llegaron a US$ 393 mil millones en el último ejercicio, un incremento de 7,7% respecto del monto en 2015. “Si bien el desempeño macroeconómico fue pobre, algo de crecimiento hubo”, afirmó Federico Muxi, socio de BCG y coautor del estudio. A esto se sumó el positivo rendimiento de la bolsa doméstica, que avanzó 12,8%. “En Chile, fue un mejor año en revalorización de activos existentes que en nueva riqueza creada”, precisó. Alta concentración La investigación reflejó de manera bastante clara la desigualdad de ingresos que existe en el país. Según el análisis, los 16.200 hogares chilenos que tienen más de US$ 1 millón en activos líquidos invertibles -es decir, un 0,3% del total de hogares considerados por el reporte- concentran US$ 140 mil millones, lo que equivale a un 35% del monto global. A pesar de esto, el mercado local se compara favorablemente con la situación internacional, ya que los hogares millonarios a nivel mundial acaparan un 45% de la riqueza total. Muxi explicó que la proporción chilena es más baja debido a los ahorros previsionales. “En Chile, sobre todo en los hogares de menos de US$ 1 millón, hay un peso relevante de los ahorros en fondos de pensiones. Si excluimos los fondos de pensiones, la película cambia significativamente”, detalló. Clases de activos En cuanto a dónde invierten su riqueza los chilenos, quienes poseen menos de US$ 1 millón colocan su dinero preferentemente en efectivo y depósitos (54%), luego en bonos (38%) y más atrás en acciones (8%). En tanto, los hogares que tienen entre US$ 1 millón y US$ 20 millones, invierten 44% de su fortuna en bolsa, 38% en efectivo y depósitos y 18% en deuda. Por su parte, las familias que cuentan con más de US$ 100 millones desembolsan 66% de su riqueza en acciones, 19% en efectivo y depósitos y 15% en bonos. Las cifras de BCG muestran que la mayor parte de la riqueza en Chile (92,7%) está dentro de la categoría onshore, lo que significa que la fortuna es gestionada en el país. En tanto, sólo el 7,3% de los activos son considerados offshore, es decir, son administrados en otro territorio. “En general, los chilenos tienen más confianza que otros latinoamericanos en tener la riqueza gestionada con instituciones en su propio país”, argumentó Muxi, quien agregó que, por esto mismo, “se desarrolla una oferta de gestores de altos patrimonios que, en promedio, es más sofisticada que la oferta que se observa en otros países de la región”. Perspectivas Consultado sobre la tendencia a mediano plazo, el socio de BCG se mostró optimista respecto de una recuperación en el crecimiento económico de Chile y también en la evolución de la industria nacional de gestión de riqueza. Si bien el rubro es relativamente sofisticado al compararlo con el resto de América Latina, el experto cree que todavía hay espacio para crecer por tres razones: el esperado repunte macroeconómico; el hecho que todavía hay familias de alto patrimonio que no gestionan su riqueza profesionalmente; y la convergencia entre los negocios onshore y offshore. Con todo, Muxi estima que tener tasas de expansión de la riqueza de entre 7% y 10% anual en el futuro “debiera ser una cifra razonable”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/pese-crecimiento-riqueza-privada-chile-sube-77-2016/
  5. 08 Mayo 2017 Lapidario segundo informe “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar” de Fundación Sol Deudores del CAE: los nuevos "rehenes" de una política pública que solo beneficia a la banca El fenómeno de la morosidad y el resguardo que ha tomado la banca ante los deudores con altas probabilidades de no pago, han traído consigo lo que es denominado, por el estudio de la fundación, como “un negocio redondo para las Instituciones de Educación Privadas”, mediante la recompra de la cartera de deudores, concepto por el cual la banca ha recibido más de $2.6 billones. Esto equivale al doble de lo que el fisco debía invertir en dicho mecanismo. En medio de la discusión en el Congreso por la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) como política pública para financiar estudios de educación superior, y del mecanismo que debiese reemplazarlo, surgen nuevas cifras respecto a la cantidad de estudiantes que adquirieron el crédito implementado por el ex ministro Sergio Bitar, durante el Gobierno de Ricardo Lagos. En términos monetarios, corresponde a $726.427 millones, un 36,5% del Presupuesto para Educación Superior 2017, un porcentaje similar al destinado a gratuidad, que alcanza a un 37,6%. Según el estudio actualizado “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: El caso del CAE”, realizado por los investigadores Marco Kremerman, Alexander Páez y Benjamín Sáez, de Fundación Sol, actualmente los más de 808 mil estudiantes endeudados con el CAE “se han transformado en verdaderos rehenes” de un sistema que solo ha beneficiado a los bancos y a las instituciones de educación superior privadas, dejando al estudiante –y sus familias– “con una mochila de deudas” que lo determina y maneja su comportamiento económico futuro. “Se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de Educación Superior, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la banca, asistida por el Estado, y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes a través de la deuda”, indica el estudio. Hasta mediados de 2016, se han entregado 2,5 millones de créditos, los que se van renovando cada año y, de acuerdo a las proyecciones de los investigadores, “como en 2017 deben haber asignado a los nuevos postulantes, deberíamos ir como en 900 mil endeudados”. Según el informe, del total de estudiantes endeudados con la banca, por créditos de Educación Superior en Chile, el 85% corresponde a estudiantes CAE, política que fue implementada en el año 2006 con el fin de ampliar la matrícula y que –a juicio de la fundación– generó un incremento “desregulado de la matrícula”, el que ha traído consigo la desvalorización de los títulos profesionales, específicamente en las instituciones privadas. “En pocas palabras, en Chile, educarse y endeudarse son parte de la misma ecuación”, refiere el estudio, el cual explica un nuevo fenómeno al que se le debe poner atención, en el marco de la solicitud de “absolución” de la deuda CAE, y que dice relación con la población deudora morosa. De los 295.580 estudiantes que pagaban CAE a fines de 2016, “ya sea en su calidad de desertores o egresados”, un 71,6 % de los estudiantes que desertaron de sus carreras se encuentra moroso. En el caso de los egresados que actualmente están pagando el CAE, se registra un 28,7% de morosidad, lo que equivale a 65.275 personas. Recompra, un negocio más que redondo El fenómeno de la morosidad, y el resguardo que ha tomado la banca ante los deudores con altas probabilidades de no pago, ha traído consigo lo que es denominado, por el estudio de fundación, como “un negocio redondo para universidades y bancos”. Esto, por medio de la recompra de la cartera de deudores, negocio que quedó en evidencia en el primer informe de “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar”, del año 2016, el que estableció que, hasta fines de 2015, “el fisco ha pagado 79,78 millones de UF a los bancos, correspondientes a la compra de carteras de créditos y al sobreprecio cobrado por los bancos”. Los índices de morosidad del CAE se hacen parte de una realidad país, que se evidencia en el hecho de que “entre el 2003 y el 2016 la deuda de los hogares crece en un 13% anual promedio, mientras que el PIB per cápita lo hace en un 5% y los salarios promedios líquidos reales de la ocupación principal crecen en un 2,4%”, contexto que deja en evidencia “lógicas financieras que capturan a las lógicas de reproducción social de los hogares, estableciendo un mecanismo de disciplinamiento para ellos y altas tasas de rentabilidad para el sector financiero”, establece el estudio. Con el fin de hacer del CAE una iniciativa “rentable y atractiva” para la banca, en el año 2006 se estableció que habría una proyección de un máximo de recompra de un 25%, con un sobreprecio que bordeara el 6% establecido en los contratos iniciales, antes de que, en 2011, Sebastián Piñera rebajará el interés a un 2%. Hasta fines de 2016, de los 2.543.374 Créditos con Aval del Estado entregados para alumnos nuevos y renovantes, los bancos se adjudicaron las licitaciones y cursaron créditos por una cifra equivalente a $4,1 billones, dinero fresco que ha sido transferido a las distintas instituciones de la educación superior. De estos créditos, el fisco ya ha comprado casi la mitad, alcanzando 1.107.681 de créditos a los bancos, equivalentes a $2,07 billones, “lo que representa un 50,6% del total, porcentaje que duplica al 25% que se sugería originalmente”, puntualiza el estudio. Cabe recalcar que en los créditos comprados se han desembolsado $2,63 billones, “vale decir, se pagó un sobreprecio o recarga a los bancos de $552.459 millones. Este sobreprecio equivale a un 26,6%, o sea, 4,4 veces más que el 6% que se requería originalmente”, agrega el informe. Además, se destaca que son tres los bancos que se han adjudicado el 90% de los créditos: Scotiabank, Banco Estado e Itaú-CorpBanca. “En relación a los porcentajes de recompra, CorpBanca-Itaú, Santander y Scotiabank, presentan más del 50% de los créditos entregados que ya han sido adquiridos por el fisco y, en cuanto al recargo, destaca el BCI, el cual recibió un considerable sobreprecio de 55,6% por los créditos que el fisco le compró”, destaca el análisis. Por otra parte, “si se ordenan de mayor a menor a todas las IES según porcentaje de recompra de créditos, lideran la Universidad SEK y UNIACC y también aparecen la Universidad Pedro de Valdivia y del Desarrollo con un registro superior al 65%. Todas estas universidades son investigadas por lucro”, agrega. Según el investigador Marco Kremerman, con la promesa de recompra “se armó un nicho de negocio para los bancos. Cuando vemos los datos reales, y vemos que la recompra está alcanzando más de la mitad de los créditos históricos entregados por la banca, uno se da cuenta de que el fisco ha gastado mucha, mucha plata en CAE. Y sí tenía recursos para implementar políticas desmercantilizadoras, como la gratuidad y aportes basales a las instituciones de educación superior”. Kremerman recalca el hecho de que los bancos pueden llegar a entregar “un crédito de un millón y terminan recibiendo 1 millón 500 mil pesos aproximadamente, un circuito que es muy beneficioso para el capital, pero muy dañino para el estudiante y para el sistema en su conjunto”. El especialista señala que, con esta fórmula, las instituciones de educación superior privadas “ganan”, pero los únicos que pierden son los estudiantes, ya que la explosión de matrículas devalúa el valor del título, porque “cuando quieren ingresar al mundo del trabajo, ya tienen que cargar con una mochila de deudas. No pueden decidir en qué trabajar o regodearse con el salario, si ya tienen que responder a una deuda importante". Kremerman asegura que el sobreprecio en la recompra de deudores “no tiene ninguna explicación”, ya que la supuesta idea original, respecto a que de esta forma se comprometería a los bancos, no está justificada. “Que lleguemos al 50% no tiene ninguna explicación, es solo un negocio asistido por el Estado, que tiene la particularidad de que es un Estado neoliberal, por lo tanto, favorece el capital”, sostiene. “Gracias al CAE, hay un crecimiento inorgánico en la matrícula de la ESUP y eso hace que tener un título, a diferencia de hace diez años, pese mucho menos a la hora de buscar buenos trabajos o salarios. Por lo tanto, es más probable que, cuando tú termines, egreses o desertes de la carrera, puedas entrar en morosidad”, agrega. Endeudados y morosos La nueva edición del estudio “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: El caso del CAE”, abre una nueva arista para analizar: el fenómeno del “estudiante endeudado y moroso”, que se concentra entre aquellos que no lograron finalizar sus estudios superiores. Los índices de morosidad del CAE se hacen parte de una realidad país, que se evidencia en el hecho de que “entre el 2003 y el 2016 la deuda de los hogares crece en un 13% anual promedio, mientras que el PIB per cápita lo hace en un 5% y los salarios promedios líquidos reales de la ocupación principal crecen en un 2,4%”, contexto que deja en evidencia “lógicas financieras que capturan a las lógicas de reproducción social de los hogares, estableciendo un mecanismo de disciplinamiento para ellos y altas tasas de rentabilidad para el sector financiero”, establece el estudio. Según señala el geógrafo británico David Harvey, “la deuda permite que las instituciones financieras dispongan de antemano del futuro, estableciéndose como una técnica securitaria de gobierno, tendiente a reducir la incertidumbre de conducta de los gobernados por medio de la expropiación financiera”. En este sentido, “el Crédito con Aval del Estado (CAE), ha resultado ser un mecanismo perfecto de endeudamiento para mercantilizar y gobernar nuestras vidas”, sentencia el informe. En diciembre de 2016, se registraban 295.580 personas pagando el CAE. Entre los “desertores”, el 71,6% se encuentra moroso, “debiendo una o más cuotas o, en caso de morosidad prolongada, activándose el cobro de la Garantía por Deserción Académica”, lo que significa desembolso a la banca de parte del Estado. Entre los egresados, se registra un 28,7% de morosidad, lo que equivale a 65.275 personas. “La morosidad total del sistema es de 38,7% e involucra a 114.362 deudores, lo cual permite concluir que este crédito resulta ser un gasto más que una inversión para el fisco”, afirman los investigadores. Otra arista respecto a la morosidad tiene que ver con el tipo de institución de educación superior, la concentración geográfica, junto con los indicadores de pobreza e ingresos del hogar de los estudiantes que no pueden solventar el pago de las cuotas CAE. Respecto a las instituciones, los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación Técnica (44,7%) y en los Institutos Profesionales (44,1%). Por otra parte, las universidades privadas alcanzar un 33% Además, es importante destacar que el 63,6% de los morosos por CAE estudió en CFT o IP. Respecto a los ingresos socioeconómicos, La Araucanía, “que corresponde a la región con mayores tasas de pobreza de ingresos y multidimensional y con los ingresos autónomos promedio y mediano más bajos del país, se ubica en el décimo lugar de morosidad con 41,7%, en cambio Antofagasta y la Región Metropolitana, que presentan los ingresos más altos, se ubican en tercer y décimo quinto lugar, respectivamente”. A nivel comunal, en el caso del “Gran Santiago, se puede observar cierta correlación entre morosidad e ingresos/pobreza (...) de las diez comunas que registran mayor tasa de morosidad en el Gran Santiago, tienen casi el doble de pobreza multidimensional, el triple de pobreza por ingresos y la mitad de los ingresos autónomos del hogar que las diez comunas que registran menores tasas de morosidad. Vale decir, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos”, evidencia el informe. Lo Espejo (42,9%), La Pintana (41,8%) y Santiago (41,3%) son las comunas que concentran el mayor porcentaje de estudiantes morosos; mientras que Vitacura (27%), La Reina (29,9%) y Las Condes (26,1), las que cuentan con menor morosidad entre sus deudores CAE. Según Kremerman, “en los procesos de morosidad se abre un nuevo negocio, porque el banco rápidamente activa la garantía fiscal, la cobra a Estado e incluso no tiene ningún incentivo a seguir los procesos típicos de la deuda, que es la etapa de cobranza y embargo, porque le conviene mucho más recurrir a la garantía del fisco, que en general tiene un comportamiento muy laxo con el banco”. Respecto a la postura de reabsorción de la deuda por parte del Estado, que han solicitado diversas organizaciones estudiantiles, como “Deuda Educativa”, el investigador de Fundación Sol asegura que “la discusión por la condonación es muy válida, desde un aspecto técnico, haciendo los cálculos. Sería importante que el Mineduc, que ya lanzó primeras cifras en torno a cuánto costaría la condonación, también revelara qué está pasando con la recompra y quién es el dueño de esos créditos, que debería ser el fisco”. Detalla que la negativa a esta propuesta también cuenta con un trasfondo filosófico, basado en la pregunta de si esta es una deuda justa o no es una deuda justa. “El Estado condona deudas y beneficia a sectores económicos que también han cometido prácticas empresariales reñidas con la ley, como lo fue el sector bancario en el año 82, grupos económicos que han tenido problemas con el pago de impuestos, rectificando boletas falsas. Esto ha sido perdonado y han sido perdonados por cometer ilícitos”, recalca. Añade que, en el caso del CAE, “estamos hablando de personas que han sido engañadas a través de una promesa de un beneficio social que se ha convertido en un crédito de consumo, que los va a dejar esclavizados por una deuda por muchos años. Entonces, ¿cómo condonamos a grupos empresariales que han cometido ilícitos y no pensamos en un plazo de condonación para personas a las que no se les cumplió?”, apunta. Acumulación a partir de la renta de la población Además del análisis de datos del CAE, el estudio “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: El caso del CAE”, ahonda en un nuevo fenómeno que nace a partir de la implementación de distintas políticas sociales, como el CAE, y también las AFP. De acuerdo a los investigadores. a partir de estas dos políticas gubernamentales se ha desarrollado el fenómeno de que el mercado esté realizando un proceso de acumulación con las rentas de las personas. Según el sociólogo Alexander Paéz, a partir de los datos históricos del CAE y las AFP, se observan tres cuestiones fundamentales y comunes a ambas políticas. Por un lado, son instituciones sociales que han sido tradicionalmente administradas estatalmente, “producto de una larga lucha histórica de movilizaciones populares que arrancaron e impusieron políticamente la necesidad de un Estado fundamentado en derechos sociales garantizados”. Por otra parte, en ambos casos “el proceso de mercantilización, fue dirigido por el propio Estado y los gobiernos que lo administraron. Es decir, es el mismo Estado el que genera la posibilidad de construir mercados a partir de derechos sociales”, sostiene Páez, quien explica esto se da “por medio del acceso al consumo, el aumento en la matrícula en educación superior (de ahí la importancia del CAE para el aumento explosivo de la matrícula en ESUP), todas mediadas por la ciudadanía crediticia que hace las veces de comprobación del hecho de que casi todos en Chile se declaren de clase media”. Pero, a pesar de esta mercantilización concretada por medio del CAE y las AFP, el “velo de la inclusión social por medio de la mercantilización de la vida cotidiana ha ido cayendo de a poco”, esto, a juicio del sociólogo, se ve reflejado en el hecho de que “hace 50 años no existía una Coordinadora de Trabajadores No + AFP, no solo porque no existían las AFP, sino también porque no se había expropiado de forma tan patente el propio salario y los ahorros. Tanto por la acumulación que genera en grandes grupos económicos del país ese 10% entregado a las AFP, como porque, al momento de jubilarme, recibo una pensión de pobreza inferior al salario mínimo que me obliga a endeudarme con farmacias y tarjetas de grandes tiendas para tener salud”. Finalmente, señala, “hoy por hoy, ser pensionado de las AFP y ser egresado o desertor con CAE, es sinónimo de morosidad, por lo tanto, de angustia, preocupación y pobreza. Mientras que, por otro lado, los dueños de todas estas instituciones se han enriquecido de forma única en la historia de Chile. David Harvey denomina a todo esto y de forma elocuente, 'acumulación por desposesión', esto es, el enriquecimiento por parte de los dueños del capital por medio de servicios sociales básicos para la reproducción vital de las grandes mayorías que viven del trabajo”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/08/deudores-del-cae-los-nuevos-rehenes-de-una-politica-publica-que-solo-beneficia-a-la-banca/
  6. 30 de septiembre del 2016 / 21:43 Hrs OMS reconoce labor del sector privado en sistema de salud El organismo adoptó un marco para potenciar la colaboración con agentes no estatales. Expertos señalan que esto permitirá mayor desarrollo de la relación público-privada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó un marco para la colaboración con agentes no estatales, con el objetivo de que estos utilicen sus actividades para proteger y promover la salud pública. El reconocimiento se dirige hacia las organizaciones no gubernamentales, fundaciones filantrópicas, instituciones académicas y entidades del sector privado. Según el documento, el panorama sanitario de hoy es más complejo, por lo que es necesario adaptarse y sumar a más actores. Además, indican que se tendrá un marco robusto que posibilite esta colaboración y que sirva de instrumento “para identificar los riesgos y sopesarlos respecto de los beneficios previstos”. Palomi Cuchi, representante de la OMS en Chile, explicó que “la idea es tener un marco de trabajo y buscar la asociación entre todos los actores. Se trata, sobre todo, de buscar transparencia en los mecanismos que tendrá esta relación”. Así, los principios se regirán por demostrar un beneficio claro para la salud pública, cumplir con los mandatos de la OMS y operar en la transparencia, entre otros. Los beneficios, por otra parte, se enfocan en los aportes que estos agentes podrán hacer en actividades del organismo, como la difusión de políticas o recursos. En el caso del sector privado, el documento detalla que la OMS podrá invitar a las entidades de este sector a participar en consultas, audiencias y otras reuniones, y que la participación servirá para intercambiar información y opiniones, pero en ningún caso “para proporcionar asesoramiento”. Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de Isapres, manifestó que con esto “se hace un reconocimiento a que la solución de los problemas de salud en los países es más compleja y por lo mismo se requiere la colaboración de los distintos actores”. Caviedes sostuvo que antes de este acuerdo “no teníamos cabida en la OMS ni en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), porque estos organismos se relacionan con los gobiernos directamente, pero ahora se abre la posibilidad de establecer relaciones oficiales con estos organismos; podríamos pedir que se nos considere frente a propuestas, planteamientos o definiciones que se hagan, y hay algunas en las que podríamos tener una participación importante”. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, indicó que ante problemas como el envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas “aparece como una solución en varios países el potenciamiento de la colaboración e interacción entre los sistemas público y privado, con la característica de que se reconoce la existencia de un sistema de salud en el que actúan estos dos sectores, lo cual facilita la colaboración y permite que el sector privado pueda participar sin generar distorsión”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-698842-9-oms-reconoce-labor-del-sector-privado-en-sistema-de-salud.shtml
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