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  1. 05 Julio 2019 De Kast a Chile Vamos: los políticos que dudaron de la “imparcialidad” del informe de Bachelet Varias figuras políticas pusieron en duda el trato diferente que podría haber existido con Juan Guaidó y Maduro. Nada de eso ocurrió. “A esto fue @mbachelet a Venezuela. A lavar la imagen del Dictador Maduro y a culpar a Estados Unidos de los males de Venezuela”. La frase la escribió el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, en su cuenta en Twitter hace casi dos semanas, luego de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llegara a ese país para constatar la situación in situ. Sin embargo, la situación fue totalmente opuesta a la advertida por el excandidato presidencial y Bachelet acusó derechamente a Nicolás Maduro en eu informe de que su gobierno ha violado los derechos humanos, sociales y políticos en ese país, hablando de hasta tortura y presos políticos. En un duro documento, Bachelet responsabilizó al régimen de “cometer numerosas violaciones a los derechos humanos” y que se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos”, así como el derecho a la salud y derechos políticos. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”, afirmó. El informe señala que se pudo documentar 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, afirma. Si bien Maduro afirmó que el informe presenta “una visión selectiva y abiertamente parcializada” de la realidad del país, esta mañana también se liberaron algunos de los presos políticos que se mantenían hasta el momento, incluyendo a Braulio Jatar. “Sus favoritismos” Varias figuras en Chile, como lo hizo José Antonio Kast, pusieron en duda el rol que iba a cumplir la exmandataria chilena en la crisis venezolana y pedían “imparcialidad” a Bachelet y que no haya un trato diferente con Juan Guaidó y la oposición a Maduro. Así lo expresaron varios líderes de Chile Vamos. El senador de RN Francisco Chahuán manifestó hace algunas semanas que “lo único que le pedimos a Michelle Bachelet es que no haya diferencias entre uno y otro y quedeje de lado sus favoritismos y simpatías personales y dé el mismo trato a Juan Guaidó”. Lo mismo hizo el senador Víctor Pérez (UDI), quien declaró que “es una visita tardía (de Bachelet)y espero que sea una visita para Venezuela y no la dictadura de Maduro. Creo que eso es fundamental, si va a ser una visita para la dictadura de Maduro, creo que no va a servir absolutamente nada. Si aquí hay una visita a Venezuela, hay una conversación con el Presidente encargado Guaidó podría tener una suerte de optimismo”. Desde el propio sector de Bachelet, su excanciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que “la Alta Comisionada tiene que viajar pensando en las víctimas, en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. No puede ir como si fuera una hoja en blanco y neutral frente a lo que está pasando en Venezuela” y que, si bien la exmandataria debe realizar un análisis objetivo, debe “inclinarse hacia la situación desesperante” que se vive dentro de ese país. SIGUE LEYENDO Michelle Bachelet presentó informe sobre Venezuela Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/07/05/de-kast-a-chile-vamos-los-politicos-que-dudaron-de-la-imparcialidad-del-informe-de-bachelet/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/337197-venezuela-lista-la-encabeza-maduro-los-once-venezolanos-acusados-de-crimenes-de-lesa-humanidad-por-informe-de-la-oea-pagina-5/ 01 Junio 2018 Opositor Daniel Ceballos entre los primeros presos políticos liberados por el gobierno de Maduro La ex autoridad es acusado de Rebelión y agavillamiento. Deberá presentarse ante la justicia cada 30 días, no puede salir del país y además no puede emitir declaraciones por redes sociales. Tal como había anunciado el gobierno de Nicolás Maduro esta jornada comenzaron a ser liberados algunos presos políticos, entre ellos el ex alcalde de San Cristóbal y opositor, Daniel Ceballos. Según detalló que presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, a través de su cuenta de Twitter, las personas liberadas estuvieron detenidas entre 2014 y 2018, pero mantendrán algunas medidas cautelares como presentación cada 30 días y prohibición de salir del país, entre otras formulas alternativas para cumplir sus penas. En el caso de Ceballos – acusado por delitos de rebelión y agavillamiento – deberá presentarse ante la justicia cada 30 días y no podrá dejar Venezuela. Además no puede emitir declaraciones por redes sociales. https://twitter.com/MaikelMorenoTSJ/status/1002614244922281986?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.latercera.com%2Fmundo%2Fnoticia%2Fopositor-daniel-ceballos-los-primeros-presos-politicos-liberados-gobierno-maduro%2F189317%2F Para este grupo de personas, detenidas entre 2014 y 2018, fueron dictadas decisiones y otorgadas medidas tales como libertades plenas, medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, formulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras. De acuerdo otras 23 personas acusadas estar presuntamente vinculados en organización o participación de manifestaciones y hechos violentos o irregulares fueron liberadas. Fuente: http://www.latercera.com/mundo/noticia/opositor-daniel-ceballos-los-primeros-presos-politicos-liberados-gobierno-maduro/189317/
  3. 30 Enero 2018 Beatriz Sánchez, Guillier y Jackson: Los políticos con más futuro Un punto que destaca la encuesta CERC-Mori es que ninguno de los políticos con futuro participó en la transición y que cuatro de ellos tienen menos de 50 años. Esta mañana se dio a conocer los resultados de la última medición de la encuesta CERC-Mori de diciembre 2017, la cual evaluó -entre otros datos- a los cinco políticos con más futuro. “La elección presidencial 2017 tumba la lista de políticos con más futuro conformándose una nueva lista donde sólo sobreviven de la vieja lista dos personeros: Giorgio Jackson y Gabriel Boric”, explica el sondeo. Un punto que destaca la encuesta es que ninguno de los políticos con futuro participó en la transición y que cuatro de ellos tienen menos de 50 años. La medición muestra que la líder del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, cuando ingresó a la lista, lo hizo con un 7% y hoy alcanza un 24% ocupando el primer lugar. Al contrario, el senador Alejandro Guillier -ex candidato oficialista- tenía un 31% de aprobación y ahora baja al 11% luego de haber perdido la segunda vuelta presidencial en diciembre del año pasado. El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, durante la campaña electoral había bajado a 3% en septiembre del año pasado, pero ahora alcanza un 11% de las preferencias en diciembre 2017. Su par, Gabriel Boric del Movimiento Autónomo, disminuyó en septiembre de ese mismo año, mientras que ahora alcanza el 10%. Y por primera vez figura el senador electo de Evolución Política, Felipe Kast. La medición apunta que logra el 9% de las preferencias, siendo que en septiembre obtuvo un 3%. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/beatriz-sanchez-guillier-jackson-los-politicos-mas-futuro/51619/
  4. 30 Diciembre 2017 Policías y políticos: los sorprendentes nuevos empresarios que buscan aprovechar la legalización del cannabis recreativo en Canadá La propuesta de ley que se espera se apruebe intenta que la marihuana no esté accesible a los menores de edad y que disminuya el crimen organizado. En Canadá hay un grupo de inusual empresarios ávido del mercado del cannabis recreativo: policías y políticos. Apenas en 2015, el exjefe de policía de Toronto Julian Fantino se "oponía completamente" a la legalización de la marihuana. Incluso apoyaba que las infracciones menores fueran castigadas con cárcel. Fantino, que también fue ministro en el anterior gobierno conservador, fue un crítico del plan de los liberales (ahora en el gobierno) de la legalización de la planta para uso recreativo. Decía que haría que fumar marihuana se convirtiera en "una actividad diaria para los canadienses". Sin embargo, el pasado noviembre, junto con el ex subcomisario de la policía montada de Canadá Raf Souccar abrió Aleafia, una "red de salud" que ayuda a los pacientes a acceder al cannabis medicinal. También cambió su opinión sobre el tema de la legalización. En una entrevista al periódico Toronto Star, dijo que ahora la apoya, siempre y cuando la planta se mantenga alejada de los niños y los criminales. En una entrevista con la Canadian Broadcasting Corporation, dijo que los comentarios que hizo en 2015 pertenecen a "una era diferente". Canadá permite el uso de la marihuana con fines medicinales desde 2001 Aseguró que el punto de inflexión para que cambiara su opinión sobre la marihuana con fines médicos fue cuando, como ministro de asuntos para los veteranos de guerra, conoció a soldados que dependían de ella. Cambio de postura "inaceptable" Los activistas que han luchado contra la prohibición por décadas, y que en ocasiones han sufrido cargos criminales, se enojaron por el cambio de Fantino sobre la hierba. El reconocido activista Dana Larsen consideró "vergonzosa" e "inaceptable" la decisión del exjefe de policía de entrar al mercado del cannabis. "Yo no compraría de esa gente", dijo. También, existe la preocupación de que la contracultura de la marihuana que floreció durante décadas, sea desplazada por una industria multimillonaria liderada por el sector empresarial. "Fiebre verde" Fantino está entre los más controvertidos empresarios en unirse a la "fiebre verde". Pero, también hay otros expolicías y políticos de alto perfil que se han unido en los últimos años. Entre ellos, Gary Goodyear, exmiembro de la Cámara de los Comunes de Canadá; Ernie Eves, exjefe de gobierno de Ontario y Kim Derry, exsubjefe de policía de Toronto El uso del cannabis con fines medicinales es legal en Canadá desde 2001. Ahora, este país de América del Norte está en proceso de legalizarlo con fines recreativos, previsiblemente para el próximo verano. Alan Gerner, exgerente de ventas de Google, ahora tiene una cafetería en Toronto que tiene como tema el cannabis. La industria de la hierba tuvo un alza en 2013, cuando el gobierno federal permitió a productores comerciales sembrar, empacar y distribuir cannabis a los pacientes. El número de pacientes registrados también ha aumentado exponencialmente en solo un par de años. Pasó de de 24,000 en junio de 2015 a más de 200,000 en junio de 2017. Del negocio médico al lúdico Muchas de las compañías que atienden el mercado medicinal tienen planes de expandirse al de recreo en cuanto se legalice. En diciembre, la agencia federal de estadística estimó que los canadienses gastaron en marihuana en 2015 unos US$3,8 billones. Como referencia, los canadienses gastan en vino unos US$5,5 billones al año. La propuesta de ley que se espera se apruebe intenta que la marihuana no esté accesible a los menores de edad y que disminuya el crimen organizado. Derek Ogden, que trabajó más de 25 años con la policía montada de Canadá, incluso como jefe del escuadrón de drogas, entiende la frustración de los activistas: la gente contra la que lucharon por décadas ahora está en la industria. Los canadienses gastaron unos US$3,8 billones en marihuana en 2015, según la agencia de estadística de ese país. "Canadá no podría estar en esta posición (tan cerca de la legalización), de no haber sido por el trabajo que los activistas hicieron", asegura. Pero, para Ogden, ahora al frente de National Access Cannabis, una consultoría que ayuda a los pacientes a acceder a la marihuana, no es una sorpresa que haya una demanda de expolicías en la industria. Los productores de marihuana necesitan gente con experiencia en seguridad que pueda obtener permisos y que entienda la ley de drogas de Canadá. "Uno de los grupos ideales de candidatos para esas posiciones son precisamente los exagentes de seguridad", dice. Él mismo entró en el negocio en 2014, cuando los productores lo contrataron para consultarle los protocolos de seguridad. Ahora su joven consultoría tiene mucho trabajo. Ogden ya no cree que la gente que usaba el cannabis medicinal sólo lo hacían para evitar las "implicaciones legales" de consumirlo de forma recreativa. La marihuana es la droga ilegal más usada en Canadá. Cambió su idea cuando conoció a un médico que necesitaba la marihuana durante un cáncer. Ahora Ogden también la usa por un problema de salud crónico. Diferentes voces Barinder Rasode, expolítica de Columbia Británica, dice: "Crecí creyendo que el cannabis era una droga que abría la puerta para que la gente arruinara sus vidas". Ahora, es presidenta del Instituto Nacional para la Salud y Educación del Cannabis, que investiga la producción y el uso en Canadá. Dice que los activistas hicieron un "sorprendente trabajo" al señalar los problemas de la prohibición. Pero que ahora, con la legalización en el horizonte, "es muy importante tener muchas voces sobre la mesa". No cree que los que antes tenían diferentes opiniones deban ser excluidos del debate. "Creo que sus voces son muy valiosas", dice. La marihuana es la droga ilegal más usada en Canadá. Las infracciones por cannabis fueron casi el 60% de las infracciones por drogas en 2016. El activista Larsen dice que no quiere "poner a los policías de narcóticos tras las rejas". Pero cree que los policías y políticos que apoyaron la prohibición y ahora están entrando en el negocio deben admitir que estaban equivocados. "Quiero que se escuchen las voces de las personas que fueron victimizadas por la prohibición. De los que fueron a la cárcel, vieron sus familias destruirse, de los que no pudieron tener acceso al cannabis medicinal", dice. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/12/30/policias-y-politicos-los-sorprendentes-nuevos-empresarios-que-buscan-aprovechar-la-legalizacion-del-cannabis-recreativo-en-canada/
  5. 06 Noviembre 2017 La reservada cifra de militantes políticos en los servicios públicos Sename, Senda, Injuv y Conadi son algunos de los organismos estatales que registran mayor número de afiliados a partidos de la Nueva Mayoría, según un análisis de La Tercera, que indagó la militancia de los funcionarios de gobierno. Cerca de 200 mil personas reficharon en los partidos de la Nueva Mayoría; otros 300 mil se encuentran con la militancia suspendida. Apenas un 3,8% de los chilenos mayores de 18 años milita en alguno de los siete partidos que integran la Nueva Mayoría: DC, PPD, PS, PC, PR, IC y MAS. Pero ¿cuál es el porcentaje que representan los afiliados a esas colectividades entre los funcionarios del Estado? La cifra siempre ha sido una incógnita, debido a que en Chile la nómina de militantes de los partidos políticos es mantenida en reserva por el Servicio Electoral, ya que así lo estipula la Constitución en su artículo 19 número 15. La Tercera, en un ejercicio inédito en su tipo, revisó las afiliaciones políticas de los funcionarios a planta, contrata y honorarios de 50 reparticiones públicas. Resultado: en organismos como el Servicio Nacional de Menores (Sename), que ha estado en el centro del debate durante el último año, debido a los problemas que arrastra de gestión y a la investigación de fiscalía por el fallecimiento de niños al interior de los centros, se contabiliza un 41,1% de militantes de partidos de gobierno en su dotación de planta (14 de 34 empleados), mientras que entre los funcionarios a contrata hay 592 militantes de la Nueva Mayoría, lo que equivale al 14,1% del total. En otro organismo vinculado al tema, el Consejo Nacional de la Infancia, creado por este gobierno para elaborar políticas públicas en esta materia, el 35,8% de sus funcionarios, todos a honorarios, tiene carné de militante (19 de sus 53 empleados). Y aunque la alta representación de militantes es esperable en organismos eminentemente políticos, como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde un 50% de su planta está fichada en algún partido, llama la atención las altas cifras que se registran en reparticiones de carácter técnico. Tal es el caso de Senda, a cargo de la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Allí, el 60% de los funcionarios de planta (12 de 20) son militantes, mientras que el 16,2% de sus funcionarios a contrata tienen esa condición (29 de 178). O la Subsecretaría de Transportes, entidad que lidera los proyectos para mejorar el transporte público y privado, incluido el Transantiago. El 43,9% de su dotación de planta es militante de partidos de centroizquierda (18 de 41), porcentaje que baja a un 11,7% (87 de 740) entre quienes están a contrata. En el Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto, el32,8% de sus 274 funcionarios de planta son militantes. Caso aparte es el del Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, que orienta políticas públicas para jóvenes entre 15 y 29 años. En el organismo, 20 de sus 23 funcionarios de planta son militantes (86,9%) y 61 de sus 139 empleados a contrata (43,8%) están inscritos en un partido de gobierno. Los funcionarios de planta son aquellos que tienen un contrato indefinido con el Estado. En tanto, los a contrata deben renovarlo cada año. Independientes y militantes ¿Cuánto pesa la militancia política en el currículum? ¿Qué tan importante es estar inscrito en un partido de gobierno para obtener un cargo en la administración pública y ascender en la carrera funcionaria? La estimación en ambientes académicos es que al menos en el gobierno central el porcentaje de militantes del oficialismo alcanzaría a un 12% de los empleados públicos, mientras que la cifra podría llegar al 14% en la dotación a honorarios. La alta representación de los militantes en el aparato estatal se explicaría en que estos tienen mayor interés en el área del servicio público y que es habitual que las autoridades de gobierno contraten militantes afines, propuestos por los partidos, para garantizar lealtad política, sobre todo en cargos de confianza. El problema radica en que se desincentiva la participación de profesionales independientes capacitados, sobre todo si los militantes copan las plazas en organismos técnicos. En el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, el 23% de sus funcionarios de planta integran las filas de alguno de los partidos de la Nueva Mayoría. En el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 35,8% es militante; en el Registro Civil, uno de cada cinco funcionarios de planta -el 20,1%- figura como inscrito en los partidos; en Sernapesca, el 27,4%; mientras que en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), además de contar con miembros de los pueblos originarios entres sus funcionarios, un 39% de su planta es militante de partidos de gobierno. En la Superintendencia de Educación, el 33,3% de sus empleados de planta pertenece a alguna colectividad de gobierno. En cambio, a lo largo de Chile y en el mundo privado, la participación activa en política partidaria es marginal. Cerca de 900 mil personas (7,2% de los chilenos mayores de 18 años) milita en partidos políticos, mientras que los afiliados a la Nueva Mayoría, según información del Servel, no llegan a las 500 mil personas. Esto incluyendo a quienes no se reficharon en el reciente proceso de reinscripción, los que para efectos de la ley siguen siendo militantes, pero en calidad de “suspendidos”. La condición de independientes sólo la obtendrían al ir a desafiliarse personalmente, ya sea al partido o a las oficinas del Servicio Electoral. Aunque la nueva ley de financiamiento público a los partidos políticos los obliga a transparentar en su página web cierta información sobre las colectividades, allí sólo informan la cantidad de militantes que ocupan cargos de autoridad en el gobierno y no en las dotaciones de funcionarios. Así, por ejemplo, la DC informa que tiene 83 de sus miembros en puestos de jefatura, mismo número que el PS. El Partido Radical señala que 78 de sus militantes tienen jefaturas en el aparato estatal, y el PPD suma 32, entre ministros, subsecretarios, gobernadores y embajadores. La nómina del oficialismo Para contabilizar los militantes en los servicios públicos, La Tercera, con la asesoría de expertos y académicos, obtuvo la nómina de militantes de la Nueva Mayoría a partir del padrón electoral de las pasadas elecciones primarias del 2 de julio de 2017 de Chile Vamos y el Frente Amplio, donde los únicos que no podían sufragar eran los militantes del oficialismo, el PRO y partidos minoritarios. Así, al cruzar la lista de inhabilitados para votar en primarias con los funcionarios que registra el portal Gobierno Transparente a septiembre de 2017, se pudo establecer el número y la identidad de los militantes que trabajan en el aparato público. Ya que la nómina fue obtenida del padrón de inhabilitados en primarias, no fue posible obtener un listado con los militantes de Chile Vamos y el Frente Amplio. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/la-reservada-cifra-militantes-politicos-los-servicios-publicos/
  6. Historia del Topic acá http://foros.fotech.cl/topic/314232-inversiones-ps-los-operadores-ps-en-el-mundo-empresarial-pagina-6/page-6?hl=%2Binversiones&do=findComment&comment=22276910 06 Junio 2017 Diputados de ChileVamos acusan al PS de entregar fideicomiso fuera de plazo y lo denuncian al Servel "A nuestro juicio hay una clara infracción a la Ley de Partidos Políticos de no haber transparentado y de haber actuado en la forma como la ley establece cuando este patrimonio supera las 25 mil UF", dijo el diputado gremialista Patricio Melero. Un grupo de diputados de ChileVamos llegó este martes a las dependencias del Servicio Electoral para presentar una denuncia en contra del Partido Socialista, específicamente porque aseguran que la tienda oficialista hizo entrega de su fideicomiso ciego fuera de plazo. En la oportunidad el diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg dijo que "nos parece grave que el partido que financió la campaña presidencial de la actual Presidenta de la República, y el mismo partido que aprobó el proyecto de fideicomiso y de transparencia haya sido el primero en incumplir la norma". Y agregó que si una investigación periodística no hubiera hecho público que el PS tenía inversiones en acciones en empresas como Soquimich,"nadie habría sabido". Por su parte, el diputado de la UDI Patricio Melero enfatizó que el Partido Socialista "presentó el fideicomiso ciego con un atraso de al menos seis meses y esa es la denuncia que hemos hecho hoy día al Servel, porque a nuestro juicio hay una clara infracción a la Ley de Partidos Políticos de no haber transparentado y de haber actuado en la forma como la ley establece cuando este patrimonio supera las 25 mil UF". Finalmente, dijo que la colectividad presidida por Álvaro Elizalde es buena "para exigir fideicomisos a otros, pero no para cumplir la ley y hacerlos ellos, y esa contradicción, esa falsa de respeto a lo que la ley establece, es la denuncia que presentamos hoy día, que esperamos que el Servel acoja". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/06/diputados-de-chilevamos-acusan-al-ps-de-entregar-fideicomiso-fuera-de-plazo-y-lo-denuncian-al-servel/
  7. El Gobierno con más imputados de la historia: los colaboradores que Piñera debe esconder en el clóset Entre marzo y abril reapareció, mandó cartas a la militancia gremialista, dio entrevistas políticas analizando el escenario presidencial y fue parte activa de la campaña de refichaje de la UDI para lograr la meta de 18 mil 500 militantes reinscritos. Para el piñerismo eso fue como un mal necesario, algo inevitable, acotado, pero que bajo ninguna circunstancia, de aquí a noviembre, puede repetirse durante la campaña de Sebastián Piñera por regresar a La Moneda. El Servicio de Impuestos Internos (SII) puso fin a la querella contra Longueira por financiamiento ilegal de la política y optó por la vía de la multa para sancionarlo, pero aún pesa sobre él la formalización –desde junio de 2016– por presunto cohecho. Para la Fiscalía, “gran parte de los presuntos ingresos desde SQM a sus cercanos fueron gracias a favores de Longueira, como el párrafo que incluyó en la ley de Royalty minero el 2010 a petición del ex gerente de la compañía, Patricio Contesse". Así, el ex ministro de Economía durante el Gobierno de Piñera, lejos de ser una pieza clave en el comando de campaña, debería quedarse –a ojos de analistas cercanos a la derecha y piñeristas– en el clóset político, para evitar que el ex Mandatario deba enfrentar otro flanco de críticas por sus ex colaboradores y figuras de la Alianza que judicialmente siguen en las cuerdas por casos de cohecho, fraude al fisco, lavado de activos o boletas ideológicamente falsas. Es que a Longueira se suman el ex ministro de Minería Laurence Golborne; el ex subsecretario de la misma cartera, Pablo Wagner; los senadores desaforados Iván Moreira y Jaime Orpis; el ex secretario de Estado Gabriel Ruiz-Tagle; y el ex administrador electoral de Piñera, Santiago Valdés. Una nómina completa que pecó de falta de probidad y que eclipsa la premisa del “Gobierno de excelencia”, que Piñera usó casi como mantra político durante su administración. En la derecha consideran que Piñera es incombustible a los cuestionamientos que apuntan a los conflictos de interés entre política y negocios. Recuerdan que la lista es larga –desde el papel que jugó en el Banco de Talca en la década de los 80, el uso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN, mientras fue senador RN, el caso Cascadas y hasta el caso Exalmar el año pasado–, sin que eso genere mella en el apoyo que recibe en las encuestas. Dicen que esto se debe a que ya pagó los costos de todo aquello, por eso es que sigue manteniéndose sin mayor variación en el 24 y 25 por ciento de apoyo. Además, en el piñerismo apuestan a que el “abuso” que hace el abanderado Manuel José Ossandón, de poner cotidianamente el dedo en la llaga de las debilidades de Piñera –sus antiguos colaboradores–, va a terminar por “desgastar el recurso”, neutralizando aún más el efecto que pudo tener. Eso no quita que en sectores de la derecha se reconozca reservadamente que hasta finales del año pasado este era un tema no menor, que había bastante preocupación por el impacto de esta nómina de casos reñidos abiertamente con la probidad y que hubo un momento en que efectivamente se temió que Piñera se viera afectado por el “síndrome Golborne”, que tuviera que verse obligado a dar un paso al costado de la carrera por La Moneda ante el peso de los cuestionamientos. Ahora hay mayor tranquilidad, consideran que el escenario en la Nueva Mayoría está tan complejo y revuelto, que los contrincantes de Piñera son débiles, contradictorios y la votación de la centroizquierda está tan dividida, que casi tiene asegurada la banda presidencial por “default”. “Los problemas de Piñera y sus ex colaboradores quedan totalmente eclipsados, en segundo plano ante la mala competencia que tiene”, sentenció un ex asesor de la administración piñerista. Una visión compartida por el analista político Tomás Duvall, quien precisó que “efectivamente algunos van a intentar usar esos temas durante la campaña, pero no creo que tenga una repercusión importante”. Sin embargo, en el seno del propio piñerismo consideran que, a pesar de eso, al ex Mandatario “no le conviene” tener al ex ministro de Economía y figura emblemática de la UDI en la primera fila de su comando, ni a ninguno de los demás cuestionados, formalizados o desaforados. “Longueira tiene que estar marginado del comando para noviembre, aunque la UDI trata de amarrar a Piñera, debe estar fuera”, sentenció un estrecho colaborador del círculo de hierro del candidato. Cuando la UDI difundió el video en que apareció Longueira enviando un dron a la casa de Piñera para reficharlo y al final se les veía juntos y sonrientes, la estrategia no cayó bien en RN, pero se entendió –explicaron– que era una maniobra necesaria, que los partidos juegan un papel clave en las primarias, que para el ex Presidente es fundamental el despliegue territorial del gremialismo y que en ese sentido, la figura del ex timonel UDI era la única capaz de movilizar base militante para reinscribirse. Pero también tienen claridad en cuanto a que es una alternativa que no puede repetirse, menos con la experiencia posterior, ya que cada vez que aparece Longueira se le fustiga y genera ruido en la opinión pública. No hay que olvidar que, a mediados de abril, el ex líder UDI dio una entrevista a El Mercurio en que comparó al candidato del PS-PPD-PR y PC, Alejandro Guillier, con Dj Méndez, vaticinó que será la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la que pasará con Piñera a la segunda vuelta y aseguró que a dicha coalición “le da exactamente lo mismo que la NM pierda esta elección; buscan adueñarse de la conducción de la izquierda , formando el Podemos criollo, y el PS les pavimentó el camino". La noticia no estuvo en el contenido ni el análisis, sino que en el incendio virtual que se generó en redes sociales después que el conductor de CNN, el periodista Daniel Matamala, lo fustigara en su cuenta de Twitter: “Longueira, formalizado por fraude al fisco y cohecho reiterados, dictamina en los diarios de hoy qué candidaturas son éticas y cuáles no”. El ex ministro de Piñera resolvió irse a juicio y a su favor juega la dificultad para establecer y comprobar judicial y fehacientemente el cohecho, pero sí fue formalizado por tal cargo. En el marco de la discusión de la Ley de Royalty, durante el primer año de mandato de Piñera, que financiaría la reconstrucción por el terremoto del 27F, Contesse le envió a Longueira la redacción de un artículo sobre invariabilidad tributaria que beneficiaba a su minera –que después fue acogido por el Gobierno– y una "carta tipo" con los argumentos a favor de la modificación, dejando solo en blanco el espacio para que el ex timonel escribiera los nombres de los destinatarios. Entre los años 2009 y 2014, años en que Longueira fue senador, ministro de Economía y candidato presidencial, su entorno recibió unos 730 millones. El frente judicial Por más que Piñera ha tratado de dar por cerrado cualquier tema vinculado a los problemas que generó la relación entre la política y dinero en su Gobierno, los hechos vuelven a poner este ítem en el centro de la agenda pública. A principios de mayo el abanderado UDI-RN anunció un fideicomiso ciego para sus inversiones y días después se hizo pública su declaración de patrimonio, dos hechos con los que su núcleo duro esperaba dar por cerrado el capítulo. Pero, a la semana siguiente, la Corte de Apelaciones resolvió ampliar el desafuero del senador UDI Jaime Orpis –que cumple arresto domiciliario–, en fallo dividido en el caso de cohecho, pero de manera unánime en lo relativo a delitos tributarios y fraude al fisco. El Ministerio Público entregó nuevos antecedentes, como haber usado los fondos dispuestos para contratar colaboradores para aumentar artificialmente el sueldo a su secretaria y un colaborador, dinero que habría sido traspasado a él y su cónyuge, generando un perjuicio fiscal de $48 millones; y en la acusación de cohecho, la Fiscalía planteó que recibió de Corpesca un total de $5.200.000 mensuales. En el mundo judicial reconocen que Orpis es el más complicado de la derecha, ya que sería reformalizado y efectivamente tiene altas posibilidades de que se dicte prisión preventiva en su contra. A la semana siguiente, fue el turno del emblemático senador de la Alianza, Iván Moreira, quien durante la administración piñerista era un visitante semanal a los patios de La Moneda y que hoy hace un intenso despliegue de campaña a favor de la reelección del ex Jefe de Estado. El 24 de mayo, la Corte de Apelaciones aprobó su desafuero, en el marco de la investigación del caso Penta, por delitos tributarios e infracción a la Ley de Donaciones por un monto superior a los 38 millones, divididos en nueve boletas, lo que se suma a la formalización a la que se le sometió en el año 2015 por dicha facilitación de boletas ideológicamente falsas, instancia en que no se le aplicaron medidas cautelares, porque precisamente gozaba de fuero. Su defensa apelará ante la Corte Suprema y Moreira apuntó al Ministerio Público, aplicando al pie de la letra la estrategia de la política del empate que ha usado el gremialismo desde hace dos años. "Las decisiones de la Fiscalía han sido discriminatorias, arbitrarias, sesgadas y politizadas (…) me tuvieron dos años en la incertidumbre, durante ocho meses no movieron la causa, y lo hace justo en medio de una campaña electoral. Que el país saque sus conclusiones”, sentenció. Tan complicada como la de Orpis, aseguraron en el mundo judicial, es la situación del ex subsecretario Wagner, quien fue formalizado el 1 de marzo por cohecho y lavado de activos, debido a los $42 millones que recibió del grupo Penta mientras era funcionario de Gobierno de Piñera, con el objetivo de que favoreciera los intereses del dueño del holding y amigo personal del ex Mandatario, Carlos Alberto Délano. Se encuentra con arresto domiciliario e intenta obtener una salida abreviada, lo que lo obliga a reconocer su culpabilidad en los hechos. Ese mismo día fue reformalizado Golborne, quien ya había sido sometido a tal situación en junio del 2016, por haber emitido boletas ideológicamente falsas por casi $ 378 millones entre los años 2012 y 2014. A través de un recurso ante el Tribunal Constitucional, trató de establecer la inconstitucionalidad de la aplicación del delito de infracción a la Ley de Donaciones, el que fue declarado inadmisible por el TC. Si bien en estos años han sido señalados por la justicia la senadora UDI y ex vocera del Gobierno piñerista, Ena Von Baer, en el caso Penta, y el ex ministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, por la colusión del confort, lo cierto es que la situación de su ex administrador electoral, Santiago Valdés, es de las más delicadas para Piñera, porque el ingeniero civil representa el corazón de su oficina financiera. Valdés esta formalizado, desde octubre de 2015, por su rol como gerente de Bancorp, una de las tantas empresas del ex Mandatario, nexo por el cual el candidato de derecha figura en una lista de testigos solicitados por el Ministerio Público, cargo a través del cual firmó 15 facturas a SQM que se presumen falsas, por parte de Administradora Bancorp, cuyos pagos suman $318 millones, más el eventual pago irregular de bonos a altos ejecutivos de CHV, cuando el canal era controlado por dicha sociedad, y por un contrato de futuro, o forward, suscrito entre la misma Bancard y CB. http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/01/el-gobierno-con-mas-imputados-de-la-historia-los-colaboradores-que-pinera-debe-esconder-en-el-closet/
  8. Conoce los sueldos de familiares de políticos que trabajan en gobierno Parientes de Carolina Goic y de ministros Campos, Undurraga, Gómez y Saball reciben millonarias remuneraciones Una investigación de BioBioChile.cl reveló los millonarios sueldos que tienen algunos familiares de políticos chilenos que trabajan en el Gobierno o alguna repartición pública. Hermanos, hijos y esposas de personas vinculadas al oficialismo integran la lista. Dos hermanos de Carolina Goic, presidenta de la DC y candidata a La Moneda, se desempeñan en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleos (SENCE) y en la Presidencia. Pedro Goic, de profesión veterinario, se desempeña como director nacional del SENCE y tiene un sueldo bruto mensual de $8.600.000. Mientras que Marcela Goic ocupa el cargo de subencargada del departamento de contenidos de la Presidencia y tiene una remuneración bruta de $5.500.000. Los hijos del actual ministro de Justicia Jaime Campos también ocupan cargos de relevancia. Juan Antonio Campos trabaja en la subsecretaría de Energía y su sueldo bruto es de $1.900.000. En tanto, José Manuel Campos tiene un sueldo de 2.470 dólares al mes (casi $1.700.000), ya que es uno de los profesionales destinado por la Direcon en la Organización Mundial del Comercio. Trinidad Undurraga, hija del titular de Obras Públicas Alberto Undurraga, también forma parte del gobierno. Ejerce como jefa de asesores del gabinete del Servicio Nacional del Consumidor, con un sueldo bruto de $4.700.000. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, también tiene una situación similar, ya que su hijo, Sebastián Gómez, es asistente jurídico en la subsecretaría de Bienes Nacionales, por lo que tiene una remuneración bruta de $2.700.000. Macarena Ossandón Saball, hija de la ministra de Vivienda y Urbanismo Paulina Saball, trabaja en la Presidencia a cargo de la unidad de Gestión y Correspondencia, con un sueldo bruto de $4.700.000. En tanto, el esposo de Saball, Ernesto Galaz, también estuvo en el Gobierno entre marzo de 2014 y abril de 2016, tiempo en el que lideró la División Jurídica del ministerio del Deporte, con una remuneración de más de $5.000.000 Fuente http://www.chvnoticias.cl/nacional/conoce-los-sueldos-de-familiares-de-politicos-que-trabajan-en-gobierno/2017-05-09/115446.html
  9. 13 Mayo 2017 PC vende cerca de cien propiedades en $3.500 millones tras cambios a ley de partidos En octubre de 2016 se concretó la transacción. Monto se pactó en cuotas por diez años. Primer pago se concretará a fin de año y será por $ 600 millones. “Veremos en qué invertirlo”, dice Teillier. El 3 de octubre de 2016, el Partido Comunista concretó la venta de cerca de 100 propiedades, varias de las cuales fueron adquiridas con la indemnización que la colectividad recibió por los bienes que le fueron confiscados durante el régimen militar. Según explica el propio presidente del Partido, Gillermo Teillier, muchas de estas propiedades se arrendaban con el fin de rentabilizar su patrimonio y la enajenación se llevó a cabo con el objetivo de ajustarse a la Ley de Partidos Políticos que se reformó en 2016. El nuevo marco legal -que regula la forma en que los partidos pueden rentar sus activos- obliga a que al menos dos tercios de sus inmuebles sean destinados a fines propios de la actividad partidaria. Según explicó Teillier, hasta el año pasado, el PC mantenía una sociedad por acciones -Inmobiliaria e Inversiones Araucaria S.A.-, la que administraba las propiedades adquiridas. Esta es la participación que el PC optó por vender a la sociedad Inversiones Progreso SpA. Según registros que constan en un borrador de la auditoría externa que la nueva ley exige a los partidos, el negocio fue cifrado en $3.568.574.962. El timonel del partido explicó que el pago se pactó en 10 cuotas a a 10 años plazo, siendo fijado el primero de ellos en $ 600 millones, el que se concretaría a fines de 2017. “Ese paquete accionario lo vendimos en $3.568 millones (…) Lo vendimos a un plazo de 10 años y vamos a ir recibiendo en cuotas este dinero durante 10 años. Vamos a recibir el primer pago a fines de este año”, dijo Teillier. Al ser consultado sobre la transacción, el diputado explicó que la negociación se llevó a cabo por un equipo externo a la directiva, nombrado especialmente para realizar la operación, afirmando, además, que se aseguraron de que no hubiera conflicto de interés con la empresa compradora, cuyos propietarios mantuvo en reserva. Los detalles de dicha transacción son parte de la auditoría presentada al Servel, la que junto al balance financiero de 2016 entregado al Servicio el 2 de mayo pasado, aún no ha sido validado por el organismo. “No hay ni parientes de legisladores PC ni nada”, insistió Teillier respecto a los compradores de las propiedades. “Es gente de empresa, pero común y silvestre. Esto no tiene relación con las grandes empresas”, agregó. Tras la enajenación de los inmuebles, Teillier reconoce que ahora surge la disyuntiva de dónde invertir los fondos que año a año irán recibiendo por esta venta vía contrato de mutuo. “El tema es que ese dinero va a volver a nuestras manos”, dice Teillier. “Bueno, ahí también tenemos que atenernos a la ley y esta permite algunas inversiones que están bien claras y especificadas”. La nueva ley de partidos permite la inversión en instrumentos de renta fija, como depósitos bancarios, pero también abre la opción a instrumentos de renta variable, como acciones bursátiles, siempre y cuando sea a través de un mandato especial de administración de valores, donde el mandante no puede instruir inversiones en rubros o empresas específicas, para evitar conflictos de interés. “Nosotros nunca hemos invertido en ese tipo de herramientas, salvo algunos fondos mutuos pero que son del Banco del Estado, y que son menores, pero ahora veremos cómo, para poder preservar esa plata, que es eso lo que queremos”, dice. El PC, a su vez, posee 28 propiedades inmuebles que según su balance correspondiente al año comercial 2015 y aprobado en octubre de 2016, significan un patrimonio en bienes raíces de $ 1.657 millones. Sin embargo, el diputado asegura que esas viviendas están destinadas a fines propios del partido, y corresponden a sedes partidarias. Según registros de Equifax, los 28 inmuebles están emplazados en distintas localidades de Chile: Coyhaique. Valparaíso, San Antonio, Monte Patria, San Fernando, Talca, Coronel, Punta Arenas, Copiapó, La Serena y, al menos, 16 en Santiago. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/pc-vende-cerca-cien-propiedades-3-500-millones-tras-cambios-ley-partidos/
  10. 26 Abril 2017 Abbott lanza dura crítica contra querellas “con fines políticos” Fiscal nacional dijo que la “batalla electoral” hace tramitar acciones que tienen débiles fundamentos. Consultado si apuntaba a libelos contra Piñera, declinó dar nombres. Un fuerte mensaje en contra de algunas querellas que buscarían “instrumentalizar el sistema de persecución penal con fines políticos” entregó el fiscal nacional, Jorge Abbott. En su segunda cuenta pública desde que asumió la jefatura del Ministerio Público, Abbott destinó buena parte de su discurso a criticar este tipo de acciones, advirtiendo que son elaboradas con argumentos “débiles” y que terminan por desgastar innecesariamente la labor de los persecutores. “La batalla electoral, permítanme decirlo, muchas veces nos está empujando a tener que tramitar querellas débilmente fundamentadas o que tienen un objetivo oblicuo. Eso no quita que tras estos hechos sí pueda haber serias faltas a la ética, a las normas y a la separación entre negocios, dinero, poder y política”, afirmó. Y agregó: “El Ministerio Público no rehuirá su rol, pero sus esfuerzos se desgastan innecesariamente cuando es receptor de denuncias y querellas que buscan instrumentalizar el sistema de persecución penal con fines políticos”. Sus palabras fueron interpretadas como una alusión al diputado PC Hugo Gutiérrez, quien ha interpuesto querellas en los casos Corpesca, SQM, Exalmar y Minera Dominga. En estos dos últimos casos, por sus querellas en contra del ex Presidente Sebastián Piñera, Gutiérrez ha sido cuestionado tras reconocer haber redactado los libelos en base a reportes de prensa. Consultado por estos casos, Abbott prefirió no precisar si su objetivo era criticar al diputado comunista, aunque insistió en su preocupación por una “instrumentalización del sistema” en la antesala a la campaña presidencial. “Nos encontramos con querellas que dicen relación con hechos que, sin ser explícitamente constitutivos de delitos, tienen alguna forma que se acerca a la comisión de cierto delito, pero que la fundamentación tiene que ver más que con el objeto de la persecución y el reproche penal, con el hecho de producir un efecto político. Y eso nos preocupa frente a la campaña presidencial que viene, porque se puede empezar a incrementar. Porque lo que buscan es influir en la decisión del electorado”, dijo Abbott. El diputado PC, en tanto, reaccionó a las palabras del fiscal, indicando que las querellas que ha presentado han sido declaradas admisibles por el Poder Judicial. “El deber de él es tramitarlas y no cuestionar la discreción del Poder Judicial, que, en definitiva, es lo que está haciendo”, agregó Gutiérrez. Cese de querellas del SII En su discurso, la máxima autoridad del Ministerio Público insistió también en la necesidad de que sea la fiscalía quien asuma la facultad de emprender investigaciones en caso de delitos tributarios y no solo el Servicio de Impuestos Internos. También aludió a la exclusividad del Servel respecto de delitos electorales. “El Ministerio Público no renunciará nunca a instar por la titularidad de la acción penal ante los delitos de mayor connotación social”, dijo Abbott, apuntando también a delitos de colusión. “Esos delitos requieren la previa instancia de órganos de la administración central y no de uno autónomo”, afirmó. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/abbott-lanza-dura-critica-querellas-fines-politicos/
  11. Transparencia de partidos políticos: PC y PR con promedio rojo y RN y PS los mejores Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/26/855787/Transparencia-de-partidos-politicos-PC-y-PR-con-promedio-rojo-y-RN-y-PS-los-mejores.html Según el índice -elaborado por Chile Transparente- el promedio de las 33 partidos políticos legalmente constituidos es de 2,7. Chile Transparente entregó este miércoles el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017, medición en la cual entre los partidos tradicionales el PC y el PR figuran con promedio rojo, mientras que RN y el PS aparecen entre los mejores. El índice evalúa el nivel de transparencia activa de los 33 partidos políticos legalmente constituidos, los cuales fueron medidos en el sitio Web de cada tienda o bien plataformas habilitadas para ello. En total, las colectividades promediaron un 2,73, de una escala de 1 a 7, en el cumplimiento de las 21 obligaciones legales contempladas en el informe. Esto a poco más de un año de la promulgación de la Ley 20.915 que regula a las colectividades. De acuerdo al informe, las colectividades mejor evaluadas fueron RN con un 6,9; el PS con un 6,8; RD con un 6,4, misma nota que obtuvo el PRO. Luego le siguen la DC con un 6,2 y el Ecologista Verde con un 6,1. Y aunque figuran con nota azul, están bajos Evópoli con un 4,8; el PPD con un 4,1 y la UDI con un 4,0, siendo ésta la tienda que más caen en su evaluación. En tanto, al igual que el año pasado siguen con promedio rojo el PC con 3,3 y el PR con 3,0. También reprueban Ciudadanos con 3,6 y el PRI y el PRO con 2,4.
  12. Que no lo dejen pillo: conozca la gran mentira en las redes sociales que usan los políticos en campaña Por Equipo Cambio21 No crea todo lo que lee y dude de los números. Cada vez es más fácil que los candidatos y parlamentarios usen servicios de internet para "crear" seguidores que difundan mensajes de apoyo y otras rarezas. Adherentes que no existen nternet da para todo y bien se sabe en los tiempos de campaña. Las redes sociales se convirtieron en una excelente herramienta para masificar mensajes y convocar a la gente, pero también se manosea en la manipulación y en decepcionar. Bien es sabido el uso de las etiquetas o hashtags (el gato en redes sociales, "#"), los mismos que se utilizan para medir el alcances de mensajes sobre un tópico, siendo el limite convertirse en tendencia o trendic topic. Eso mismo se logró apreciar en la última marcha de No + AFP y que dieron cuenta del balance de sus adherentes, así como también de quienes estaban en contra. Sobre esto último, el riesgo quedó evidente al demostrarse que varias de las personas que "postearon" en contra de la convocatoria y su líder Luis Mesina, ni siquiera existían, eran "bots, cuentas ficticias vinculadas a herramientas de administración de Twitter que sirve para retuitear, seguir gente o levantar hashtags. Este es el funcionamiento de un "bot", una persona puede crear cuentas en redes sociales y que su única función sea repetir el mismo mensaje, por ejemplo "#notecreomesina". Esta cuenta automática repite el texto indeterminadamente. Claro, el responsable multiplica su voz en miles. Más robot, menos personas En el mundo real no tendría implicancia, pero en las redes sociales, en que cada vez son más las personas que prefieren "informarse" desde este medio, es un peligro. Finalmente, los usuarios se ven expuestos a ser manipulados o adherir a una idea por su masividad, pero que en realidad no es tal. Según la compañía británica de seguridad Imperva Incapsula, durante el 2016 el 51,8% del tráfico en internet responde a bots, mientras que Twitter reconoce que el 15% de sus cuentas corresponde a estos programas. Información que no pasa inadvertida en tiempos de campañas, en que se puede manipular las tendencias sobre candidatos favoritos y los resultados de las famosas "encuestas" de Twitter y Facebook. La derecha tuitera En la política se ha usado los bots como herramientas tan válidas como los asesores, aunque desde las sombras. En 2015, los partidos se acusaron mutuamente de usarlos para perjudicar a sus oponentes. Con ellas suman seguidores, levantan temas y hacen presión. ¿Pero cómo detectarlos? Una de las formas más simples es la imagen de perfil. Por ejemplo, en Twitter, la imagen por defecto es la de un huevo, simbolizando que una cuenta nueva ha nacido (el logo de la empresa es un pájaro azul). Si es que todavía es así, es probable que no haya una cara que mostrar en primer lugar. En las últimas elecciones parlamentarias, hubo varios candidatos que consultaron asesores digitales sobre uso de redes sociales en campaña y, según registros del Congreso, congresistas como Enrique van Rysselberghe (UDI), quien ha financiado asesorías "o acciones para aumentar followers en Twitter" y "acciones para aumentar suscripciones en canal de YouTube" por más de $ 20 millones; o los senadores Andrés Allamand (RN) y Francisco Chahuán (RN), quienes declaran habitualmente gastos por el "manejo de redes sociales", son algunos de los ejemplos de la relevancia que han alcanzado las redes sociales en el desempeño de los congresistas. Bots de carne y hueso Nicolás Boettcher, académico de la UDP y experto en informática y redes sociales, advierte que si bien para el usuario común hay varias formas de detectar un bot y sus mensajes, ninguno es infalible. El experto explica que los bots "hacen tareas reiterativas, entonces, cuando los bots publican, uno tiene que detectar la prioridad con la que lo hacen, algunos lo hacen cada cierto período, cada media hora". Otro elemento a detectar es "el tipo de información. Cuando publican para apoyar a un partido político tiran muchas flores y sin crítica. Lo hace sospechoso. ¿Para qué uno publica en Twitter? Para buscar ayuda, por opiniones, pero pocas veces para decir, "esto es muy bueno". Si es solo eso, se pone dudoso". Lo más alarmante, explica, es que es relativamente fácil crear bots y adminsitrarlos, "se puede comprar el kit", explica Boettcher, agregando que todo está a "nivel usuario". Por su parte, el experto en marketing digital y comunicaciones de la agencia Mentalidad Web, Daniel E. Guajardo, apaga la emergencia, explicando que los bots si bien son una "molestia" en la web, no se deben tomar como una herramienta definitiva, al no afectar el voto duro. "Como buen spam, tratan de mover la aguja en una dirección, pero solo son números en la web. No afectan en nada. Los bots no son un aporte, solo repiten un mensaje y quienes los siguen son quienes adhieren a esa idea. Es como intentar cambiar el voto duro con encuestas: no va a pasar", aclaró el consultor senior. http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170403/pags/20170403180017.html
  13. 19 Marzo 2017 Raúl Letelier: “La tradición del CDE está llena de políticos” El nuevo consejero del organismo aborda las críticas a la institución que integrará a contar del martes 21. “Hay que desmitificar que se trabaja poco”, dice. El abogado, que participa en un proyecto académico que promueve modificar la Constitución vía asamblea constituyente, explica que aunque ahora moderará sus comentarios, no dejará de opinar de política en su calidad de ciudadano. Nunca había hablado con la Presidenta Michelle Bachelet, por lo que su llamado telefónico del lunes 13 sorprendió por completo a Raúl Letelier Wartenberg. La Jefa de Estado comunicó al abogado que lo nominaría como consejero del CDE en la vacante que días antes había dejado el hoy ex presidente del organismo, Juan Ignacio Piña. A diferencia de la nominación que lo antecedió, la de la ex ministra Javiera Blanco, la designación de Letelier no provocó mayor polémica. Aunque tampoco tiene experiencia como litigante en tribunales, uno de los principales cuestionamientos que se le hizo a Blanco, este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile ha estado siempre ligado al CDE, primero como abogado y hoy como asesor. “Todos los abogados que trabajan en el servicio tienen las legítimas aspiraciones de poder llegar a ser consejeros, pero el CDE es bueno concebirlo como un gran estudio jurídico, el más grande del país, que para defender los intereses del Estado debe tener varios perfiles de abogados en el que cae uno más académico, uno de abogado litigante puro y también otro más político o que pueda planificar estrategias”, sostiene. ¿Le hizo daño al CDE la polémica por Blanco y que se viera al organismo como un destino para “pagar favores políticos”? Que la gente pueda creer eso, claro que provoca un daño a la imagen de la institución, pero esa afirmación es falsa. Los nombramientos polémicos han sido pocos y, claro, en ellos lo que se castiga es el hecho de haber participado en el gobierno que los nombra. Pero la tradición del CDE está llena de políticos. Hay buenos políticos, políticos relevantes, que han sido ministros y que luego han estado en el CDE. ¿Está de acuerdo, entonces, con esa nominación? El problema es que la gente asocia que una persona por ser político no tiene conocimiento de experto. Eso es lo que ha dañado a las instituciones, que cada vez que va un político a un lugar se piensa que se produce una especie de contaminación. Estando devaluada la política se piensa que se puede contaminar de alguna manera cualquier lugar, pero eso es falso. No es correcto. ¿Considera injusto lo que pasó con la ex ministra Blanco? Llegar a ser ministra de un gobierno requiere un currículum. No es que los presidentes pongan a cualquier persona a la cabeza de los ministerios, requiere ciertas habilidades: manejos de equipo, coordinar grupos, conocimiento jurídico, legal (dependiendo del ministerio) y creo que la Presidenta habrá considerado bien todos estos elementos para proponerla a ella y, supongo, que elige correctamente, porque valora todas estas habilidades. Es positivo que haya personas distintas. Llega a un CDE que está en el centro de las críticas, con iniciativas legales que buscan que su rol sea exclusivo, por ejemplo… Hay que desmitificar que los consejeros tengan poco trabajo. Tienen a su cargo las causas más importantes del CDE, hay muchos juicios que atienden personalmente, con ayuda de otros abogados, pero los dirigen ellos. Es muy necesario revalorizar el trabajo del CDE, es decir, el CDE es un servicio de abogados, es un staff de abogados que su principal objetivo es custodiar férreamente, y eso lo hacemos todos de manera muy eficiente, el erario público para sean otros los que, en buenas cuentas, deciden cuáles son los objetivos de justicia social que quieren concretizar, cuáles son las políticas que quieren implementar en salud, educación, etc. Somos un servicio accesorio y por eso es que superamos en buenas cuentas la lógica de derecha o izquierda: nosotros no defendemos al Estado de derecha o al Estado de izquierda de manera indistinta, lo que hacemos es defender al Estado. Usted tiene 42 años. ¿Se ve hasta los 75 años en el CDE? ¿Le parecen estos cargos sin límite? La no existencia de limitación de edad es de alguna forma una garantía de independencia para el CDE. Para que el Consejo actúe persiguiendo a funcionarios que han cometido delitos de corrupción. Es cierto que se pueden buscar otras formas para garantizar esa independencia sin tener que asegurarle a esa persona un trabajo por demasiados años, porque claro… hasta los 75 es algo excesivo. Pero también hay que entender que la idea es que ese consejero no se transforme en el abogado del Presidente o el gobierno de turno, la gracia del CDE es que defiende al Estado, con independencia si el gobierno es de izquierda o de derecha. Defiende las atribuciones estatales, las prerrogativas del Estado. Custodia el patrimonio estatal con independencia de quién democráticamente ha sido elegido para distribuir ese dinero. ¿Cuál sería su periodo ideal? Me parece que ocho años, como el fiscal nacional o el contralor. ¿Y respecto de la facultad del Presidente? Porque también eso ha estado en discusión, que la Mandataria designa a dedo… Los nombramientos son muy complicados. A veces uno los ve como que involucrar a otro poder del Estado da garantía de algo, pero eso es lo menos que hace. Por ejemplo, cuando uno involucra al Poder Legislativo, eso quiere decir que uno está dispuesto a politizar el nombramiento. Quiere decir que un grupo de parlamentarios se va a poner de acuerdo, entonces si hay dos consejeros, entonces parece razonable en un país tan binominalizado como este, que vaya uno de la derecha y uno de la izquierda. Eso genera que no se elija a las personas más calificadas. La cooperación entre muchos órganos a veces no es la forma más ideal. ¿Prefiere el actual sistema? La gracia que tienen los nombramientos de un solo poder es que éste tiene que dar muchas explicaciones cuando nombra y eso genera una buena rendición de cuentas a los ciudadanos sobre quién fue la persona que nombró. Eso es positivo, porque cuando se cuotea y van unos de un lado a otro al final no produce escrutinio público, porque está dividido todo. En cambio, esto otro no, esto genera más rendición de cuentas. ¿Y ante la crítica de que pese a la alta remuneración no es un trabajo exclusivo? Esa crítica no la comparto. En muchos lugares del mundo es así, porque lo que se requiere es que el CDE capture a los mejores abogados de cada una de las plazas y eso supone que ellos van a seguir en sus asuntos, siempre y cuando eso no colisione con las obligaciones del Estado. Los problemas se originan cuando se está muy cerca de la litigación contra el Estado y con los intereses que los propios consejeros defienden en el CDE. En eso hay que tener cuidado. ¿Hay conflictos de interés entre lo que hace un consejero y lo que puede hacer su oficina de abogados? Puede haber conflictos de interés, pero lo que suele suceder es que los abogados consejeros se inhabilitan. Los problemas pueden surgir cuando ya son demasiadas las inhabilidades, que uno diga ‘bueno, al final se pasa en inhabilidades’. Ahí hay que tener cuidado, eso es algo que el propio Consejo tiene que custodiar. Pero, insisto, la completa exclusividad no la veo provechosa. Letelier: el tuitero y la AC ¿Usted tiene alguna inhabilidad? No, ninguna. ¿Ni de naturaleza familiar? No, ninguna. Estoy totalmente alejado del poder, no tengo ningún vínculo con nadie. Soy un profesor universitario y los profesores tenemos vidas más apacibles y menos vinculadas con las redes de poder. Sin embargo, usted es muy cercano a un precandidato presidencial, el socialista Fernando Atria. ¿Cómo es su relación? Ambos somos profesores en la Universidad de Chile. Fernando trabaja en el área de la Teoría del Derecho, yo trabajo en el Derecho Administrativo. Tenemos oficinas cerca, somos amigos hace años. ¿Usted es socialista también? Soy socialista. Juntos ayudamos a crear el Proyecto Puentes, un conjunto de grupos de profesores que estábamos a favor de la asamblea constituyente y de reconstruir la mejor tradición constitucional chilena de la Constitución del 25 y sus reformas. Hemos hecho acciones activistas en ese sentido, dentro de los cauces institucionales que tiene este país. Lo que queremos es tener una asamblea constituyente, modificar la Constitución. ¿Le pidieron del CDE morigerar sus tuits y que cuando escribiera cartas y columnas desligara al organismo? Sí. Cuando firmamos la carta, este manifiesto por la asamblea constituyente y después escribí unas columnas en pro de la AC, alguna vez me pusieron que era asesor del Comité Contencioso Administrativo del CDE y eso no cayó bien. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a limitar también? Porque a contar del martes, sí va a ser parte del CDE, un consejero… No voy a dejar de emitir opiniones como ciudadano. Aquí hay una mala comprensión de la participación en la política. En la política en el sentido no partidista. O sea, uno quiere que el país vaya en una dirección y no por el hecho de ser funcionario público uno debiese abstenerse de eso. La imagen errada de la ciudadanía, y de la política en general, incluso de los mismos políticos, es que por el hecho de ser un funcionario público uno va a privilegiar a la gente que piensa como uno y eso es lo más contrario a cualquiera de las ideas, de derecha o de izquierda, que sea más o menos coherente. Eso, privilegiar al otro, ¡se llama delito! Está fuera del ámbito de la política. ¿Y qué es política para usted? La política es pensar que la distribución de los recursos debe ser de una determinada manera; la sociedad debe ser pensada de una determinada manera. Hay una errónea comprensión de pensar de que porque uno tiene ideas políticas no puede ser funcionario público o los funcionarios públicos no pueden hablar de política. Eso es errado. ¿No se va a inhibir, va a seguir opinando en redes sociales, en cartas…? Voy a opinar como un ciudadano. Ahora tengo que tener más cuidado con los casos que vamos a ver, porque esos tienen estrategias que hay que custodiar, intereses que hay que verificar, procesos que son más largos que es necesario investigar. Pero lo que pienso en materias de reforma constitucional, en cómo tiene que ser organizada la salud, las pensiones, eso es parte de la ciudadanía. Siempre he sido muy crítico de las isapres, no voy a dejar de serlo. Una vez tuiteó que la discusión de la nueva Constitución generaba temor… ¿Por qué cree que pasa eso? Pasa eso porque conversar sobre la Constitución es volver a pensar sobre los pactos básicos, sobre la legislación de aguas, sobre la salud, sobre el sistema de pensiones. Eso genera algo de inestabilidad en un statu quo que es juzgado como injusto. Los que han sido beneficiados por mucho tiempo por ese statu quo sienten temor a que sus ganancias se rebajen, que la facticidad se termine, que el poder que antes tenían por mucho tiempo se disminuya y eso genera temor. Diría que es positivo, me gusta, porque altera un statu quo que es juzgado por la ciudadanía como injusto, como incorrecto. Al parecer, lo que fue una promesa de este gobierno del cambio constitucional no se va a concretar. ¿Qué opina? Siempre he sido un ferviente partidario del cronograma que estableció la Presidenta para la discusión constitucional. La participación que hubo en los encuentros locales la encontré maravillosa. Juntarse en una casa a discutir, a repensar el pacto más básico es un ejercicio que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Me parece positivo que haya ahora la posibilidad de que se reforme la Constitución para que el Congreso siguiente pueda pronunciarse sobre las vías que la propia Presidenta estableció, una de las cuales -que es la que yo adhiero- es la asamblea contituyente. ¿Cuál va a ser su sello en el CDE? Conozco al CDE hace mucho tiempo y me he dedicado casi toda mi vida al Derecho Administrativo. Dentro de éste, soy un profesor que tiene una especial sensibilidad ante lo comunitario. Al contrario de muchos otros colegas, estoy convencido de que las sociedades de bienestar en general no se logran exclusivamente a punta de derechos individuales, sino que es necesario comprender la comunitariedad, y el Estado en buena cuenta encarna ese sentido de lo común. Eso da cuenta de una visión de Estado con menos límites… Si uno esta pensando en una sociedad de bienestar no puede sino pensar en la figura del Estado. Uno no puede pensar al Estado como ese órgano que hay que limitar constantemente. Muchos de mis colegas piensan que el Derecho Administrativo limita al Estado, en cambio, yo creo que eso pierde de vista el hecho de que el Estado construye derechos también, operativiza ciertas cosas y para eso necesita facultades, para eso necesita poderes. Soy un defensor de que se custodien y se potencien bien ese tipo de poderes, de direccionar los procesos sociales antes que la limitación. Ese es mi gran aporte de siempre, creo yo, al CDE. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/raul-letelier-la-tradicion-del-cde-esta-llena-de-politicos/
  14. 21 Enero 2017 Fiscalía decreta secreto a lista de Asipes con aportes políticos Tribunal, en tanto, autorizó periciar los computadores incautados al ex gerente de la asociación, Luis Felipe Moncada. Un correo electrónico envió ayer la fiscal Ximena Chong a todos los intervinientes en la arista Asipes del denominado caso Corpesca. La persecutora notificó por ese medio de su decisión de decretar secreto por un plazo de 40 días a la totalidad de la evidencia física y digital incautada desde las oficinas de la asociación pesquera, las empresas que la conforman y el ex gerente Luis Felipe Moncada. La resolución se da luego de que La Tercera revelara un documento incautado a Moncada donde figuran nombres de supuestos dirigentes políticos asociados a montos de dinero que empresas que conforman Asipes les habrían donado. En total son casi $ 100 millones en aportes que habrían realizado las firmas Blumar, Alimar, Biobío, Camanchaca, Food Corp, Landes y Bahía Coronel. Aunque en la lista solo figuran apellidos, fuentes señalan que la fiscalía estaría verificando si los mencionados corresponden al ex senador DC Hosaín Sabag, el diputado UDI Patricio Melero, el alcalde DC de Concepción Alvaro Ortiz, el senador UDI Alejandro García Huidobro, el diputado PPD Cristián Campos y el diputado UDI Jorge Ulloa, entre otras personas. Al respecto, el alcalde Ortiz señaló: “No conozco al señor Moncada, jamás he estado reunido con él”. Y en relación a que podría tratarse de aportes reservados, agregó: “Aquellas personas que colocaron esos aportes pensando que podían comprar conciencia, en este caso, se equivocaron”. La presidente UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien aparece en una segunda lista, señaló ayer que “da la impresión, como dice el artículo, que son aportes reservados, que era la forma legal de financiar las campañas”. Y agregó: “Lo que queda claro, es que, en definitiva, las empresas en general hacían aportes a todos los sectores”, dijo. En tanto, el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó ayer a la fiscalía para realizar peritajes de los computadores incautados en el domicilio del ex gerente de Asipes. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-decreta-secreto-lista-asipes-aportes-politicos/
  15. 05 Enero 2017 Independencia de aparato judicial en la mira: diversdas críticas políticas forzaron a cambio en resolución de machi Linconao aseguran los expertos Diputados, ministros, el INDH y diversos actores sociales fueron la piedra de tope para que el Poder Judicial torciera su brazo y cambiara la resolución sobre la detenida. La situación ha dejado a muy pocas personas indiferentes en el mundo político, pues la huelga de hambre que llevaba adelante la machi Francisca Linconao se volvió un tema político actual. Dividiendo las opiniones, el grueso de los protagonistas del mundo político ha hecho público una mirada crítica, sin embargo, sigue siendo un tema vedado para algunos personeros de Gobierno. Siendo esta una de las fuertes críticas que ha salido desde la ciudadanía y las redes sociales, cuando la vida de una persona está en juego, cuando un problema político-policial se radicaliza, cuando la historia deja en claro que la paz nunca se ha presentado en el sur del país, no hablar del tema es una falta grande. Visibilizando un problema Ha sido de forma gradual los que han comenzado a defender la causa de la machi Francisca, pero siempre desde movimientos independientes o de izquierda, aunque también se han presentado organismo relacionados con los Derechos Humanos, que también criticaron la situación. Gabriel Boric (Ind), Camila Vallejo (PC), Karol Cariola (PC), Daniela Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), después fue el turno del Instituto Nacional de Derechos humanos (INDH) para luego dar paso a Amnistía Internacional. Todos ellos se manifestaron en contra de la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao, quien llevaba 14 días en huelga de hambre en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, hasta que la tarde del jueves se la cambiaron las medidas cautelares. Instancia que ha abierto un flanco de críticas que ha ido en aumento contra el Gobierno, el que ha sido cuestionado de manera transversal por la oposición, el oficialismo y la familia de las víctimas. El caso inquieta en La Moneda por sus efectos jurídicos, pero sobre todo por el delicado estado de salud de Linconao, quien pesa hoy casi 40 kilos. Fuego abierto Quien comentó el tema fue Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio fallecido, en cuya participación se acusa a la machi. "Lamentablemente, ha habido presiones de parlamentarios y otros órganos del Estado al gobierno para que tome acciones. No creemos que sea el camino para que se haga un juicio justo y que se demuestre su participación para que sean condenados como tal, y en eso vamos a ser inflexibles", aseguró. Quien también comentó la instancia fue la diputada Cariola. "Lo que acá se está haciendo es incriminar a una persona bajo la Ley Antiterrorista, que no deja ni siquiera el espacio a la presunción de inocencia. Esta es una ley que genera un juicio de partida, que genera incluso condenas previa a un proceso de investigación", afirmó Sin embargo, una constatación de las diversas presiones que generó esta situación pudo apreciarse en la votación del día jueves que se dio en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco. Se acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de la machi decretando en su lugar la sustitución de medidas cautelares a las de arresto domiciliario y arraigo nacional. La votación fue de dos contra uno. ¿Presiones? Conversamos con el abogado Héctor Salazar sobre si los comentarios emitidos por distintas personalidades del mundo político podrían haber interferido en la resolución del Tribunal. "Personalmente creo que efectivamente que todo el contexto que se dio al exterior del tribunal hoy sí pudo haber intercedido en su resolución. No fue una presión directa, pero sí se trató de una presión indirecta muy fuerte, y se debe decir que los tribunales no son indiferentes a estas presiones políticas", comentó el abogado. Sobre si es normal este tipo de situaciones Salazar comentó: "Lo ideal sería que los tribunales gozaran de absoluta independencia en sus resoluciones, por lo que dar una señal de que ellos pueden cambiar sus fallos por presiones externas no se vuelve un buen precedente. Hubo muchas presiones para evitar un desenlace fatal en la situación que se vivía, porque esto podría haber hecho prender la pradera en La Araucanía", afirmó. Sobre la relación que tenía la situación con los Derechos Humanos y los inconvenientes que podría haber tenido con el Gobierno el abogado dijo: "En lo que respecta a los Derechos Humanos en este país, teniendo presente la historia reciente, se vuelve una piedra de tope para cualquier Gobierno. Además esta instancia se incrementa con la presidenta Bachelet, sobre todo si consideramos que se trata de alguien que en su momento fue víctima de violaciones a los Derechos Humanos. Lo que lo vuelve una situación muy difícil de enfrentar para el Gobierno, porque chocan la brutalidad del caso Luchsinger con la problemática histórica que se arrastra en el país, lo que le quita protagonismo judicial y lo coloca en un ámbito político", concluye el abogado. Por su parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, tiene una mirada bastante crítica del asunto. "Se trató de una resolución judicial, y más que comentarlas uno debe de acatarlas, se deberá acatar. Sin perjuicio de ello lamento profundamente que algunos sectores hayan desplegado verdaderas operaciones comunicacionales buscando revertir resoluciones judiciales, incluso llegando a poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los poderes del Estado", indica Uribe. "Vimos a diputados viajando a la zona, haciendo declaraciones, las que evidenciaban una completa ignorancia y desconocimiento de los procesos judiciales. Es algo que francamente no deja de preocuparme. Al mismo tiempo, la cantidad de demagogia y de lugares comunes utilizados es algo sorprendente", expresó. "Acá se busca hacer pasar por víctima a personas que según lo entregado por los tribunales, existen fundamentos de haber participado en situaciones gravísimas, donde además se han desplegado una verdadera máquina comunicacionales apoyada incluso en atentados para así lograr beneficios procesales", concluyó el representante de los fiscales. Por su parte, después de sabida la información de la sustitución de las medidas cautelares a las de arresto domiciliario, el fiscal nacional, Jorge Abbott, comentó la situación. "El hecho de que sea machi (o de que alguien) sea parlamentario, senador, sacerdote, obispo o cardenal, no le pone una condición distinta. Todos los chilenos son iguales ante la ley y tiene que responder en iguales condiciones", dijo Abbott. "Quiero poner en contexto esta situación, porque suele olvidarse. Tenemos actualmente formulada una acusación en contra de 11 personas, entre las cuales está Francisca Linconao, por un delito gravísimo, que es el de incendio con resultado de muerte. Ese es el contexto del que estamos hablando y desde el que hay que abordar el problema", insistió. "Lo que nos interesa es contar con un elemento objetivo y por eso solicitamos al Tribunal una cautela de garantía. El Tribunal ha fijado audiencia para el 12 de enero para discutir esta solicitud. Pero dado que la audiencia fue fijada para la próxima semana, hemos decidido con el fiscal a cargo de la investigación y con el Fiscal Regional, proponer que aquí y ahora, un médico del SML examine a Francisca Linconao", aseveró. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170105/pags/20170105172434.html
  16. 01 Enero 2017 Balance: El año de los políticos en las encuestas El 2016 fue el año en que el gobierno de Bachelet alcanzó la aprobación más baja de su mandato y en que Alejandro Guillier se posicionó como el político con más futuro. Revisa los principales hitos que marcaron las encuestas. Quizás uno de los hechos que marcaron el 2016 en el mundo político, fue la baja aprobación que alcanzó el gobierno de Michelle Bachelet en las encuestas. Por primera vez en sus dos mandatos, el respaldo de la Mandatario se posicionó por debajo de la brecha del 20%, alcanzando un mínimo histórico en la mayoría de los sondeos. La caída en la evaluación de la jefa de Estado coincidió con el debate por el sistema de pensiones, días en que las organizaciones sociales se tomaron las calles con masivas protestas y en que La Moneda se vio obligada a incorporar el tema a la agenda de los últimos meses de gobierno. Sin embargo, en los últimos meses la aprobación de la gestión de Michelle Bachelet mejoró paulatinamente, culminando el año con un 22% de apoyo y 68% de desaprobación según la encuesta Cadem. Carrera presidencial Otro hito que marcó las encuestas en 2016 fue el inicio de la carrera presidencial. Si bien algunos personeros afirmaron que posicionar el debate este año fue anticipado, la oficialización de algunas precampañas como la de Ricardo Lagos obligó a los sondeos a medir la percepción de la gente al respecto. En este contexto, una de las tendencias que se mantuvo durante todo el período fue el liderazgo de Sebastián Piñera en las preguntas sobre intención de voto. A pesar de que el ex mandatario aún no ha confirmado una eventual carrera presidencial y postergó su definición para marzo, en todos las encuestas el líder de Avanza Chile encabeza la lista con un 23%. Otro de los puntos que marcó la competencia presidencial fue la arremetida del senador independiente Alejandro Guillier. Entre septiembre y octubre la evaluación positiva del parlamentario aumentó considerablemente, desplazando a Ricardo Lagosal tercer lugar y posicionándose además como el político con más futuro según la encuesta CERC-MORI con 25% de las menciones. Sin embargo, la similitud entre los resultados de los sondeos se distancia al medir la diferencia que marcan ambos precandidatos. Si bien la encuesta Adimark midió a comienzos de este mes que Piñera y Guillier se encontraban distanciados sólo por tres puntos porcentuales, esta semana Cadem indicó que la diferencia entre ambos alcanzó los 8 puntos. Con todo, la tendencia de los sondeos indica que la evaluación del legislador podría seguir en alza. De hecho, los resultados de la última encuesta CERC-MORI arrojaron un triunfo de Guillier sobre el ex Presidente en una eventual segunda vuelta presidencial. En tanto, Lagos y Marco Enríquez-Ominami no han repuntado en los sondeos en todo este año, manteniéndose bajo la barrera del 10%. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/balance-ano-los-politicos-las-encuestas/
  17. 04 Diciembre 2016 36 "presos políticos" piden a oposición venezolana seguir en diálogo Los firmantes señalan que "el 80 % de los presos políticos" no pertenecen a partidos, sino que se trata de "estudiantes, periodistas, militares, policías, o profesionales" que están encarcelados "por razones políticas" Un total de 36 denominados "presos políticos" venezolanos exhortaron hoy a la oposición a mantenerse en la mesa de diálogo "hasta tanto se terminen de discutir las liberaciones de presos acusados en sospechosas causas judiciales", y solicitaron al Gobierno cumplir con los acuerdos alcanzados el 12 de noviembre. La petición fue hecha a través de un comunicado suscrito por el periodista Leocenis García, el excomisario Rolando Guevara, el abogado Leopoldo D'Alta y otros 33 considerados "rehenes políticos", quienes se encuentran recluidos en el Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin). Los firmantes señalan que "el 80 % de los presos políticos" no pertenecen a partidos, sino que se trata de "estudiantes, periodistas, militares, policías, o profesionales" que están encarcelados "por razones políticas". En ese sentido, solicitan "tanto al Gobierno como a la oposición, abrir el abanico de sus acuerdos sobre presos políticos", pues señalan que "hasta ahora han sido liberados militantes de partidos", por lo que exigen "se ponga en agenda la solución de los casos de presos" que no pertenecen a organizaciones con fines políticos. Asimismo, solicitan al representante de la Santa Sede en el diálogo, monseñor Claudio María Celli, y al nuncio apostólico Aldo Giordano mantener en la mesa a las "partes en conflicto (...) hasta tanto se liberen a todos los presos políticos". Piden, además, que se lea públicamente en la mesa de diálogo "la lista de cientos de presos políticos repartidos en diversas cárceles del país". Los firmantes esperan que "el Gobierno cumpla con los acuerdos" y que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "le dé la misma importancia dada a miembros de partidos, como a los presos políticos que no militan en organizaciones partidistas". La oposición venezolana señaló el pasado 30 de octubre en un comunicado que mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos alcanzados en la pasada reunión de diálogo "revisará su presencia" en estas negociaciones "en términos" que anunciarán públicamente el 6 de diciembre, fecha en la que se tiene previsto el próximo encuentro. La alianza opositora manifestó en ese comunicado que "solo cuando el Gobierno dé muestras claras de cumplimiento de los compromisos" reanudará "plenamente" su participación en el proceso de diálogo. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/12/04/36-presos-politicos-piden-a-oposicion-venezolana-seguir-en-dialogo/
  18. 30 Octubre 2016 Pepe Mujica dispara contra el poder: “Los políticos no saben que los seres humanos necesitamos creer en algo” En una visita a tierras mexicanas, el ex presidente de Uruguay realizó un discurso que duró una hora en la que no se ahorró palabras para criticar al establishment político. Además se refirió a otros temas que conoce por la larga experiencia adquirida en diferentes ámbitos de su vida, como el proceso de legalización de marihuana que hubo en su país y el plebiscito de paz en Colombia. El ex presidente de Uruguay, José “Pepé” Mujica, es un hombre que dice las cosas de frente. En calidad de invitado de honor, asistió a la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que fue celebrado en la capital de México. Con sus 81 años, el conocido orador de distintas conferencias mundiales y autor de frases mediáticas habló por una hora sobre el proceso de paz en Colombia, de marihuana y de una de las actividades que más le interesan: la política. “La política no debería tomarse como una profesión. La política es una pasión creadora, de compromiso con la suerte de la sociedad. No precisamos que nos paguen mucho por ejercerla. Al que le guste demasiado la plata hay que correrlo de la política. El político debe vivir como vive la mayoría, no como la minoría”, afirmó Mujica sobre cómo se debería comprender esta profesión que en Chile y alrededor del mundo está desprestigiada, principalmente, por la corrupción. En ese sentido, el ex dirigente guerrillero tupamaro que pasó 14 años en prisión siguió reflexionando sobre cómo deberían las personas que son elegidas para representar cargos de elección popular. “Entonces, ¿la política debe ser puro desinterés? No. En ella hay bruto interés, pero interés de honor, de cariño, de respeto. Cuando te eligen para que los representes, uno tendría que pagar. El que no lo siente así, que no se meta en la política. O no lo metamos, porque este es un problema colectivo. Hay que elegir a la gente adecuada. Cuando no lo hacemos, matamos la confianza en la política, en los partidos. Y si no creemos en algo colectivo, ¿qué nos queda?”, explicó Mujica en su alocución en la coferencia donde había profesores, periodistas y los curiosos que asistieron a ver a uno de los ex presidentes más conocidos en el mundo. En otro de los pasajes de su discurso, el político de origen uruguayo profundizó su visión sobre los acontecimientos que están pasando en los últimos años como la abstención y se refirió al supuesto desinterés de los jóvenes en la política. “Yo no creo que a los jóvenes no les interese la política. Lo que no les interesa es nuestra política. Lo que rehúyen es la penitencia partidaria, la política en el sentido tradicional, pero manifiestan su interés político por otro lado, en organizaciones sociales, en manifestaciones, en la lucha de la solidaridad. Los políticos no saben que los seres humanos necesitamos creer en algo. Somos animales utópicos”. Colombia y marihuana En su exposición oral en tierras mexicanas, Pepe Mujica también hizo alusión a otros temas de contingencia que conoce de cerca. Uno de ellos fue la legalización de la marihuana que se implementó en Uruguay hace unos años atrás, cuando le tocó desempeñarse como presidente de ese país. Sobre este tema, Mujica explicó cuál fue su principal motivación para hacer una reforma que hizo destacar a los charrúas como pioneros en este tema. “Este es un fenómeno de mercado: mientras (los narcotraficantes) tengan el monopolio, estamos condenados. Entonces, me planteé: si quieres cambiar algo, no puedes seguir haciendo lo mismo. ¿Significa eso legalizar la droga? No, significa sacarla de la sombra, eliminar la clandestinidad y regular ese mercado. ¿Esto quiere decir que estamos de acuerdo con la marihuana? No. Yo personalmente nunca la fumé. Pero soy pecador: he fumado cigarros como una chimenea, y del chupe no digo nada (carcajada general). ¿Que es bueno? ¡Qué va a ser bueno! Es horrible, pero los hombres tenemos esas cosas”, afirmó. Además, en otra parte de su discurso, abordó el proceso de paz en Colombia y la derrota en urnas cuando hubo más “síes” que “noes” en el plebiscito ocurrido a comienzos de octubre. “Quisiera que todos tuviéramos una lectura profunda, histórica, de lo que pasa en Colombia. Es un fenómeno tan trágico que merece respeto, para aprender y para transmitir a las nuevas generaciones”, dijo. “Yo anduve con una pistola al cinto durante años y tengo unos cuantos plomos en el cuerpo. Cuando usted enfrenta el problema de la guerra, tiene siempre una contradicción alrededor de justicia, verdad y futuro. Si usted les dice (a los guerrilleros) que los quiere meter presos, se le van pa’l monte. ¿Dónde vio gente racional que acepte que la metan presa mansita?”, fue otra de las partes destacadas de su discurso. Para concluir su alocución en referencia a este tema, Mujica afirmó que: “Los que crean, recen por la paz de Colombia”. Si quiere más leer más sobre el discurso, haz click en el resumen de su discurso realizado por el diario El Tiempo Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/10/30/pepe-mujica-dispara-contra-el-poder-los-politicos-no-saben-que-los-seres-humanos-necesitamos-creer-en-algo-somos-animales-utopicos/
  19. 20 Octubre 2016 Sobrino de Longueira dispara contra políticos y empresarios en arista cohecho del caso SQM: “Fuimos abusados… nos hicieron ver como normal situaciones al menos moral y éticamente reprochables” Alfonso Mora Domínguez, hijo de una prima hermana del ex candidato presidencial de la UDI comenzó su declaración como imputado ante la fiscalía enviando un mensaje a los responsables de los casos de platas políticas. Pese al mensaje crítico, el abogado no autorizó levantar su secreto bancario ni permitió al Ministerio Público acceder a la información de su correo electrónico. El pasado 29 de septiembre a las 10 de la mañana, Alfonso Mora Domínguez, llegó con su abogada Sofía Hamilton a la fiscalía para declarar. Lo hizo como imputado y casi tres meses después de haber sido formalizado por delitos tributarios en el caso SQM. El abogado es uno de los denominados “boleteros de Longueira” que emitió dos boletas por un total de 12 millones de pesos entre octubre de 2011 y agosto de 2012 a la minera no metálica. Eso sí, el profesional aseguró ante el Ministerio Público que dichos documentos “no corresponden a servicios reales que yo hubiere prestado a SQM S.A. No conozco a nadie de la empresa SQM S.A., nunca he estado en sus oficinas, ni he tenido relación profesional con esta empresa”. Ante la fiscalía, Alfonso Mora, hijo de María Domínguez Longueira, prima del ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, comenzó su testimonio al que tuvo acceso El Mostrador, haciendo una crítica a los responsables de estos eventuales delitos por financiamiento irregular de la política. “Soy familiar del señor Juan Pablo Longueira, quien es primo hermano de mi madre y a quien por mucho tiempo admire como persona y líder político, desde hace dos años que me veo enfrentado a una situación compleja por los hechos en que me vi involucrado debido a la emisión de boletas falsas solicitadas por la señora Carmen Luz Valdivieso Almarza. Creo que yo pertenecí a una generación de jóvenes que en esa fecha éramos estudiantes universitarios y fuimos usados por una generación de profesionales, empresarios, políticos que nos hicieron ver como normal situaciones que son al menos moral y éticamente reprochables, quiero señalar que estoy absolutamente arrepentido de todo lo ocurrido”, aseguró el familiar del ex senador, formalizado en el caso SQM por delito tributario por cerca de 750 millones de pesos y cohecho. Consiguiendo boletas En su testimonio ante la fiscalía, quien fuera formalizado por emisión de boletas falsas, recalcó cómo conoció a Carmen Luz Valdibielso, la mano derecha de Longueira, y cómo esta comenzó a solicitarle documentos tributarios. “En 2011 recibí un llamado de ella preguntándome si tenían boleta de honorarios. Yo le señalé que sí porque como procurador ya emitía boletas. Fue así que ella me solicita si le puedo emitir una boleta y me da los datos de la empresa SQM S.A., la fecha en que debía ser emitida, los montos y la glosa que debía colocar. Esto no me llamó mayormente la atención en primer lugar porque como señale Titi Valdivielso era la mano derecha de Pablo Longueira y como no tenía una relación personal o de amistad con ella, presumí que todo me lo pedía en conocimiento de Pablo Longueira. Nunca pensé que este procedimiento era cuestionable, pensé que era para fines lícitos”, aseguró Alfonso Mora. Pero el sobrino de Longueira, quien se quedaba con la devolución de impuestos de dichos documentos tributarios falsos por servicios que no prestó a Soquimich, no solo emitió boletas si no que por petición de Titi Valdivielso, tuvo que conseguir más boletas, entre ellas, de su hermana. María Loreto quien recibió 16 millones de pesos desde la minera no metálica. “Recuerdo que me señaló que debía ser una persona de confianza, por eso llame a mi hermana María Loreto y le dije que Titi me había solicitado este favor. Le solicite a mi hermana, llamé a mi hermana y le indiqué los datos de la empresa y montos, pues ya los mantenía porque me las había entregado Titi, sé que mi hermana confeccionó la boleta y se la envió al mismo correo”, detalló el abogado. Solicitud de boletas que volvió a concretarse en mayo de 2013 según el sobrino de Longueira, pero ahora eran tres documentos y donde la instrucción era que una de ellas podía ser de su hermana María Loreto, pero que las otras dos debían ser por Asesorías Legales. Por eso Alfonso Mora contactó a dos amigos de la universidad para que boletearan. En su declaración, Mora Domínguez, aclaró que no solo Titi Valdivieso le pidió emitir documentos tributarios si no que Carmen Luz de Castro, mano derecha de Pablo Zalaquet y también formalizada en investigaciones de plantas políticas. El sobrino de Longueira aseguró que Coca de Castro le solicitó dos boletas emitidas por terceros y con profesiones definidas. “Coca de Castro me pregunta si le podía conseguir una boleta de un ingeniero comercial o civil que fuera de confianza, esto debe haber sido porque la Titi le debe haber comentado que yo le había conseguido una boletas, ante esto yo le dije que iba a preguntar a un amigo y le respondía, además recuerdo que me dice que era para SQM y yo le dije que ya tenía los datos. Por esta razón contacte a Diego Coopman quien es ingeniero comercial y es un ex compañero de colegio, lo llamé y le pregunté si tenía boleta y si podía emitir una boleta a SQM y no me hizo mayores preguntas. Creo que el dinero de la boleta era para pagar gastos de deudas o proveedores de la campaña de Pablo Zalaquet, porque a la fecha no había resultado elegido como alcalde”, afirmó Mora. Dentro de los últimos antecedentes que exhibió el sobrino de Longueira fue que Coca de Castro pidió una segunda boleta en diciembre de 2012, solicitando ahora que quien emitiera el documento hacia SQM fuese abogado o estudiante de derecho. Pese a la crítica inicial y el arrepentimiento que Alfonso Agustín Mora Domínguez mostró en su declaración ante la fiscalía, el abogado no autorizó a levantar su secreto bancario ni permitió al Ministerio Público acceder a la información de su correo electrónico personal. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/20/fuimos-abusados-nos-hicieron-ver-como-normal-situaciones-al-menos-moral-y-eticamente-reprochables/
  20. 17 Octubre 2016 El pueblo que expulsó a delincuentes, políticos y policías Una pequeña localidad mexicana estaba cansada de la presencia de mafiosos y autoridades corruptas, por lo que hicieron un levantamiento bien organizado y pacífico que ha creado un oasis de paz en medio de la violencia que asola a muchas partes de México. En México, el crimen organizado llega a todas partes, incluso a los pueblos más pequeños… a excepción de uno en el estado de Michoacán. Liderado por mujeres, Cherán se levantó en armas para defender su bosque de los madereros y de paso también expulsaron a la policía y a los políticos. Las mujeres se reunieron en secreto para organizarse. Estaban cansadas de los homicidios y secuestros que ya eran rutina, así como de los cobros de extorsión a pequeños negocios que hacían hombres enmascarados. También por más de tres años habían visto con indignación cómo camiones cargados hasta el tope de troncos recién cortados pasaban frente a sus casas. Los cárteles de México se dedican principalmente al tráfico de drogas, pero también han expandido su modelo de negocio y tratan de ocupar cualquier industria lucrativa, como la madera Esa ha sido tradicionalmente la base de la economía de Cherán. Para el año 2011, los madereros estaban talando árboles cerca de una de las fuentes de agua de Cherán. "Estábamos preocupados", recuerda Margarita Elvira Romero, una de las organizadoras del levantamiento. "Si cortan los árboles, hay menos agua. Nuestros maridos tienen ganado, ¿dónde iban a beber si el ojo de agua se terminaba?" Cherán (cuadrado rojo) es un pueblo del estado de Michoacán, en el suroeste de México. Su población es de 20.000 personas, la mayoría indígenas purépechas. Un grupo de mujeres fue al bosque para tratar de razonar con los hombres armados, pero solo recibieron insultos y fueron echadas. Así que su plan empezó a cambiar. Sabían que era demasiado peligroso hacer frente a los madereros en el bosque, por lo que pensaron detener a los camiones cuando pasaban por el pueblo, donde tendrían el apoyo de sus vecinos. La madrugada del 15 de abril de 2011, comenzó el levantamiento de Cherán. En la carretera que baja desde el bosque fuera de la casa de Margarita, las mujeres bloquearon los camiones de los madereros y tomaron como rehenes a algunos de ellos. Las campanas de la iglesia de El Calvario sonaron y al amanecer cohetones estallaron en el cielo para alertar a la comunidad del peligro. Muchos en Cherán llegaron corriendo para ayudar. Los habitantes de Cherán estaban cansados de la presencia de criminales y de las autoridades corrompidas por los mismos delincuentes. Fue un momento tenso en el que exaltación casi llevó a la gente a intentar colgar a los madereros capturados en un árbol antiguo al lado de la iglesia, pero las mujeres los persuadieron de no hacerlo. "Todo el mundo en las calles corría con machetes", dice Melissa Fabián, que entonces tenía 13 años. "Las señoras estaban corriendo. Todos tenían el rostro cubierto. Se podía oír a la gente gritando y las campanas de la iglesia sonando todo el tiempo". Los policías municipales llegaron con el alcalde y otros hombres armados arribaron para liberar a los rehenes que eran sus compañeros. Hubo un enfrentamiento entre la gente del pueblo, los madereros y la policía. Terminó después de que dos madereros fueron heridos por un joven que encendió un cohetón directamente contra ellos. Y ahí Cherán, un pueblo de 20.000 personas, comenzó su jornada hacia el autogobierno. "Me dan ganas de llorar al recordar ese día", dice Margarita. "Fue como una película de terror, pero era la mejor cosa que hubiera pasado". Los políticos y la policía del pueblo fueron llevados rápidamente fuera de la localidad, pues las personas sospechaban que tenían arreglos con las redes criminales. Margarita es una de las mujeres que en 2011 organizó el levantamiento en contra de los delincuentes y las autoridades locales. Los partidos políticos fueron prohibidos —y siguen estando— porque consideran que han causado división en la comunidad. Cada uno de los cuatro distritos de Cherán eligió a un representante para un concejo del pueblo. En muchos sentidos, Cherán, una localidad poblada por indígenas purépechas, volvió a sus raíces: a la manera antigua de hacer las cosas, de una manera independientemente. Se establecieron puestos de control armados en las tres carreteras que llegan al poblado. Hoy, cinco años después, todavía existen esos puestos de control. Son vigilados por miembros de la Ronda Comunitaria, una fuerza formada por hombres y mujeres de Cherán que detiene a cada vehículo para preguntar a sus ocupantes de dónde vienen y hacia dónde van. "Hemos aprendido mucho", dice Heriberto Campos, uno de los fundadores y el coordinador de la Ronda Comunitaria cuyo apodo es "diablo". La Ronda Comunitaria está integrada por hombres y mujeres que se entrenan para realizar tareas de vigilancia y para garantizar la tranquilidad. "En aquellos primeros días, no sabíamos nada sobre el uso de armas. Pero ahora sabemos cómo pelear, y si los criminales regresan, estamos listos para ellos". Cherán tiene su propio sistema de justicia para delitos menores, muchos de ellos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Una mañana de un domingo de septiembre, 18 jóvenes estaban tras las rejas en la sede de la Ronda después de haber sido hallados bebiendo en las calles o conduciendo alcoholizados. Las sanciones incluyen multas y trabajos comunitarios, como recolectar basura. Los hombres aún mantienen los retenes en las carreteras de Cherán como forma de control de quienes entran y salen del pueblo. Las violaciones a la ley que son graves son remitidas a la fiscalía del estado, pero Cherán puede decir que en el último año no ha habido asesinatos, secuestros o desapariciones. Si vives en un lugar poco acostumbrado a la delincuencia, a la violencia, es posible que no te sorprenda esto. Pero Michoacán es uno de los estados más lastimados por la violencia en México, un estado que ha visto casos tan graves como cabezas degolladas que fueron lanzadas a una pista de baile y granadas han sido hecho estallar en una plaza llena de gente. Este julio hubo más de 180 asesinatos en el estado, el número más alto desde hace casi una década. Y en las comunidades de todo Cherán, que no distan más de 10 km una de otra, las historias de secuestro, la extorsión y los asesinatos eran un lugar común. La justicia comunitaria aplica sanciones de cárcel breves por delitos menores. Algunos de los inculpados tienen que hacer trabajo comunitario. "En Cherán, me siento seguro porque puedo caminar por las calles por la noche y no temo que algo vaya a pasar", dice Melissa, que ahora es un estudiante de biomedicina en una escuela en las afueras de Cherán. No son sólo las calles de Cherán son seguras. El bosque de pinos —un mar verde que cae por las montañas del pueblo— había quedado devastado por los madereros. Ahora su perímetro es patrullado diariamente por los agentes de la Ronda Comunitaria. La mayor parte de la tierra de Cherán es posesión de la comunidad: las familias la pueden trabajar, pero no les pertenece. Ahora que los criminales se han ido, las reglas se aplican estrictamente y cualquier persona que quiera talar un árbol debe obtener el permiso de las autoridades comunitarias. Poco a poco se está regenerando el bosque. Se estima que más de la mitad de 17.000 hectáreas de bosque fueron devastadas por el crimen organizado. Unas 3.000 hectáreas hasta ahora han sido reforestadas en los cinco años desde el levantamiento, con plantas del propio vivero de la localidad. El bosque de Cherán ha comenzado a reforestarse y quienes necesitan cortar madera deben tener un permiso de las autoridades comunitarias. Cherán no es completamente independiente, pues todavía recibe fondos estatales y federales. Sin embargo, su autonomía como una comunidad indígena purépecha es reconocida y garantizada por el gobierno mexicano. La prohibición de los partidos políticos, por su parte, ha sido confirmada por los tribunales, que le han dado la razón a su derecho de no participar en las elecciones locales, estatales o federales. En Michoacán, Cherán se ha convertido en un oasis de esperanza: su paz y su seguridad marcan un contraste con el temor que aún domina a las comunidades vecinas. ¿Cómo esta comunidad ha prosperado en una región tan cruel pero hermosa? Margarita, Melissa y Heriberto ofrecen la misma respuesta en una palabra: "solidaridad". Melissa es parte de las nuevas generaciones de jóvenes en Cherán que están dispuestos a mantener su forma de organización comunitaria. La mayoría de las personas que viven en Cherán son del pueblo. Sus costumbres dictan que los locales se casan con gente local, hay muy pocas personas de otros lugares. Las familias son grandes y están cerca una de otra, todo el mundo sabe de los demás, y ese es el fundamento de unidad del pueblo. Con la violencia de nuevo en aumento en México, hay ansiedad en Cherán sobre el futuro, una preocupación de que los cárteles puedan establecerse una vez más. Otros pueblos han tratado de copiar el ejemplo de Cherán, pero sin el mismo éxito. Ahora con 18 años, Melissa es optimista y dice que está dispuesta a salir a las calles para luchar por lo que se ha logrado. "Mientras que haya al menos una persona que quiera seguir con esto, todos vamos a estar detrás de esa persona. Todos nos sentimos orgullosos porque pusimos fin a algo e hicimos algo que ninguna de las otras comunidades se había atrevido a hacer". Contenido relacionado Los daños ocultos que provoca el aguacate, el "oro verde" de México Corrupcionario mexicano: "bisnero", "cuatitud", "mapachear" y otras 297 formas de hablar de la corrupción en México Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/10/17/el-pueblo-que-expulso-a-delincuentes-politicos-y-policias/
  21. 08/10/2016 “Milicogate”: Caen tres generales. Y los demás involucrados y los responsables políticos... ¿cuándo? Tal como lo anunciara en exclusiva Cambio21 en noviembre pasado y se reiterara en diversas publicaciones, las investigaciones que la justicia civil lleva en paralelo a la militar arrojaba responsabilidad penal sobre los generales que hoy se encuentran en prisión preventiva. Pero aún se está lejos de llegar a todos los cómplices y a los que debieron evitar que sucediera. Sin embargo esto es recién la punta de iceberg, pues son varios otros los altos oficiales que aparecen involucrados en los hechos ilícitos que se investigan, incluido un excomandante en jefe del Ejército. Algunos de oscuro pasado en materia de DDHH y fraudes a la institución. Cambio21 dio a conocer en noviembre pasado que desde la justicia civil se había detectado que varios generales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, al menos durante el periodo 2010-1014, habían dejado de cumplir sus deberes militares al no controlar los trabajos y pagos que emanaban de la institución y que eran cargados dolosamente a los Fondos de la Ley Reservada del Cobre. También dijimos que "la fiscal militar Paola Jofré inició una amplía investigación sobre todos quienes trabajan en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, unidad desde donde desaparecieron miles de millones de pesos, a través de facturas falsas". Igualmente dimos cuenta que la abogada mantenía constantes reuniones de coordinación con la fiscal civil del caso, Ximena Chong, antes que asumiera el ministro en visita Omar Astudillo, designado de manera especial por la Corte de Apelaciones y quien ordenó los procesamientos de tres generales en retiro. Incluso cuestionábamos la justicia militar no investigara "los bienes y cuentas bancarias de los generales Miguel Muñoz, responsable de seguir la evolución de los saldos de la Ley Reservada del Cobre; Héctor Ureta, quien firmó el ingreso de la empresa Tajamar al registro de proveedores del Ejército, ni del general Jorge Salas, que en el año 2012 ordenó a funcionarios militares y civiles del CAF dejar de cumplir labores de control". Es más, señalábamos que varios otros oficiales debían ser investigados por su eventual responsabilidad en los hechos. Dos recientes resoluciones acreditaron que las aseveraciones de Cambio21 tenían fuerte respaldo en los hechos. La primera es de carácter judicial y concluyó con el procesamiento de los generales en retiro Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías quienes, entre 2011 y 2014, tuvieron bajo su cargo el CAF, donde se concentra el millonario fraude. La segunda es una resolución de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que amplió la responsabilidad respecto de otros involucrados, solicitando que sean investigados. La resolución judicial Al ordenar la detención de los oficiales que ahora se encuentran recluidos en Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén, el ministro Astudillo recalcó que se trataba del delito contemplado en el Código de Justicia Militar de "incumplimiento de deberes militares" y que ello -por ahora-, no implicaba imputarles enriquecimiento ilícito con los montos defraudados. Aclaró, asimismo, que los procesados no habían cumplido con el más mínimo deber de controlar que los subordinados bajo su mando no utilizaran mecanismos dolosos mediante licitaciones y adquisiciones fraudulentas y emisión de facturas ideológicamente falsas, que implicó millonarios pagos ilícitos. Lo defraudado va en más de $5.600 millones. Y no descartó que el excomandante en jefe del Ejército Miguel Fuente-Alba fuera procesado. Este no ha comparecido a prestar declaraciones en la justicia civil ni ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. De llegar a sentenciarse a los tres generales procesados las condenas podrían alcanzar hasta los cinco años y no se descarta que por los montos involucrados y la cantidad de ilícitos cometidos estas puedan ser mayores. Operará en su favor la atenuante de irreprochable conducta anterior, pero siempre y cuando no aparezca en las investigaciones que sus patrimonios se vieran beneficiados en la comisión de los delitos, lo que podría implicar que se amplíen los procesamientos. La Comisión de la Cámara de Diputados Unánime fue el acuerdo de la Comisión Investigadora que determinó responsabilidades en el fraude con los fondos reservados del cobre, más conocido como Milicogate. Las conclusiones son abrumadoras sobre la laxitud y nulo control en el uso de los millonarios recursos que transfiere Codelco a las FF.AA. y que entre el año 2000 y 2015 el Estado de Chile destinó a la compra de armas.Se trata de 20 mil millones de dólares respecto de los cuales se desconoce el monto exacto de lo defraudado, pues lo investigado hasta hoy abarca solo cuatro años. La principal deducción a la que llegaron los parlamentarios tras nueve meses de pesquisas es la increíble falta de fiscalización y la ausencia de un plan de control de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Defensa, de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la tesorería de la institución, y del entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. Se trata de once conclusiones lapidarias respecto de la responsabilidad de las instituciones involucradas y 22 recomendaciones, la principal de las cuales es la derogación de la Ley Reservada del Cobre. En la Comisión participaron diputados desde la UDI hasta el PC y fue dirigida por el DC Jaime Pilowsky. La unanimidad alcanzada habla de la gravedad y lo irrefutable de los hechos. La falta de control posibilitó que funcionarios del Ejército y proveedores se apropiaran miles de millones. Cae jefe de escolta de Pinochet Se trata de un viejo conocido de la prensa, no solo por haber sido el jefe de las escoltas de Augusto Pinochet y de su viuda, Lucía Hiriart, o haber asumido el mando de tropas en la Parada Militar durante la administración Piñera -época en que ocurrieron los delitos que se investigan-, sino que además porque en 2011, cuando comienzan a ocurrir los ilícitos investigados, el general Antonio Cordero Kehrera era jefe del CAF. Pero no es lo único en que se ha visto mezclado judicialmente. Una querella criminal interpuesta en contra del proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, (mayo 2016) en el marco de una licitación por más de once millones de dólares en la compra de uniformes para las FFAA y que implicó el pago de sobreprecio en perjuicio del Estado (fraude al fisco y delitos tributarios), también lo involucra como querellado. Se le imputa haber firmado la licitación y las dolosas modificaciones a sus bases que habrían favorecido a la empresa de Cartoni, CyM S.A., con sobreprecio de más de $300 millones y no pago de impuestos por más de $1.000 millones. La causa se tramita ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Otra querella, esta vez presentada ante la justicia militar, persigue su eventual responsabilidad y la de otros oficiales por la licitación fraudulenta. Según investigación de Cambio21, el mencionado general se desempeñaba -entre diciembre de 2012 hasta la actualidad- como director de la empresa privada S2T Servicios y Soluciones Tecnológicas que presta servicios a las FFAA, filial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército. "Aunque cada jefe de proyecto llevaba sus saldos al día, pudo haber gente maliciosa que se aprovechara de esa brecha o interregno, e hiciera uso ilícito de esa información para cometer el fraude, amparada en la falta de visibilidad que proveían las herramientas informáticas existentes (sic)", señaló Cordero a la Comisión Investigadora. El general de la planilla Excel Jorge Salas Kurte estuvo a cargo del CAF en 2012. En ese año y de acuerdo con un informe de la PDI, "ordenó a los funcionarios militares y civiles que dejaran de revisar las facturas que les llegaban, para solo tramitarlas". No es lo único que en materia de secretismo se le imputa. En su calidad de jefe de la División de Logística, sancionó al teniente coronel Carlos Díaz Kastowsky, quien había denunciado anomalías ante el general Óscar Izurieta en un proceso de compra de helicópteros en el período 2005-2006. Salas le aplicó cuatro días de arresto y dos puntos menos en "criterio y discreción", por haber informado a la prensa las anomalías. El general reconoció que "nos vimos obligados a optimizar el sistema de registro y de administración en línea: la planilla Excel. Opino que, a pesar de ser un sistema precario, se podía hacer algo relativamente confiable asignando los atributos pertinentes". Para Salas Kurte la causa de este escándalo radica en la prensa, "porque existe la necesidad de encontrar un general (que) esté involucrado", sin hacerse cargo de del tremendo desfalco fiscal. Es más, para él toda la responsabilidad en estos ilícitos recae "en el delincuente (que) era el ejecutivo de cuentas, quien debía revisar que la documentación contable de las unidades viniera conforme y debía ingresarla al SIFIE y al sistema de planillas Excel. Por eso, no se puede hacer cargo a ningún comandante de unidad". Los culpables: la prensa y los suboficiales. ¡De Ripley! Irregularidades con botas y visores nocturnos El general Miguel Muñoz Farías, hoy procesado, también se ha visto involucrado en cuestionadas licitaciones adjudicadas a CyM, el proveedor preferido del Ejército. Una licitación de octubre de 2012 le fue encargada con una oferta de $594,3 millones (más IVA) por quince mil pares de botas Coyote para clima templado y frío. En mayo de 2013, el general Muñoz Farías suscribió un addendum (apéndice del contrato), en el que extendió el plazo de recepción del calzado (que presentaba retrasos en su entrega) y además sumó otros 4.500 pares de botas, con lo que el pago a CyM ascendió a $913,7 millones. La compra se incrementó en 25% y el valor a pagar tuvo un sobreprecio de $206 millones. No ha sido lo único en que aparece cuestionado bajo el mando de Muñoz Farías. Se adquirieron más de tres mil visores nocturnos por un monto de US$16,5 millones en julio de 2012. Seis meses después, el mismo día que debía adjudicarse, el general Muñoz invalidó la licitación por presuntos "errores administrativos", abriéndose un nuevo proceso de concurso. El escándalo explotaría en diciembre de 2013 cuando ante el entonces comandante en jefe del Ejército, Miguel Fuente-Alba, se interpuso un recurso por parte de Theon Sensors, acusando una serie de modificaciones en el proceso que favorecieron a una empresa de Cartoni: OIP Sensors Systems. La investigación demostró que Theon debió haber resultado ganador. CyM aparecía en cuarto lugar. Frente a la Comisión Investigadora Muñoz Farías se despachó algunas declaraciones de antología: "Si un grupo de personas están hoy detenidas y procesadas es justamente porque los detectó el Ejército. Tal vez, no se descubrió en el momento (...) Por haber estado a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y posteriormente del Estado Mayor del Ejército, puedo afirmar con absoluta convicción y honestidad profesional que no era efectivo que en el Ejército no existiera ningún tipo de control en la materia analizada, que permitiera la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre". O sea, nunca hubo Milicogate. Los que faltan Se trata de los responsables políticos, quienes no han asumido su responsabilidad en los hechos: los ministros de Defensa entre 2010 y 2014 -EN LA FOTO-, Jaime Ravinet de la Fuente (ind.); Alfonso Vargas Lyng (RN) - Interino; Andrés Allamand Zavala (RN) y Rodrigo Hinzpeter Kirberg (RN), quien terminó junto al mandato de Sebastián Piñera, los que -según la Cámara- "no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas". La Comisión Investigadora determinó en su informe que otros generales también tienen responsabilidad y se debe investigar su participación. Desde luego, la del general Juan Miguel Fuente-Alba, comandante en jefe de la institución castrense durante la comisión de los delitos, quien "no ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos como son los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y Contraloría del Ejército". También asignó "responsabilidad directa" a los generales Andrés Polloni Contardo, Jorge Guzmán Fredes e Iván González López, que dirigieron la Contraloría General del Ejército. Asimismo, involucró y pidió investigar al conocido general Cristián LeDantec Gallardo, quien ha sido además involucrado en la desaparición de 22 campesinos de Paine en 1973 y que fuera acusado -a pesar de haberlo desmentido-, de conversaciones secretas llevadas con Sebastián Piñera durante los hechos del 27 de febrero de 2010. Imputó asimismo "falta de cuidado en el ejercicio de su cargo y la omisión del General de Brigada Carlos Villalobos Vera, quien estuvo al mando de la División de Mantenimiento del CAF desde el año 2009 hasta el año 2012, quien de manera inexplicable ignoró un informe elaborado, en septiembre de 2011, por el coronel Miguel Cantallopts, jefe del Departamento II ‘Inteligencia' quien dio cuenta de irregularidades tales como falsificación en una cotización realizada por dos funcionarios que finalmente terminaron procesados y en prisión". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161007/pags/20161007202149.html
  22. 04/10/2016 Exonerados de FF.AA: "Ministerio del Interior es responsable de la situación que viven miles de personas", asegura presidente de agrupación El grupo asegura no estar recibiendo los beneficios que entrega el Estado, todo a raíz de una incorrecta interpretación de la ley que regula el sistema de exonerados políticos. El golpe militar de 1973 afectó al grueso de la sociedad, revirtiendo el orden social, dejando secuelas hasta nuestros días y polarizando la ideología imperante. El daño fue múltiple, llegando hasta el mismo interior de las Fuerzas Armadas, generando despidos injustificados y serios inconvenientes laborales, los que repercuten al desenvolvimiento de la sociedad actual. Exonerados de FF.AA. La organización de exonerados políticos de las FF.AA y de Orden se reunió con el la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con la finalidad de discutir la situación que viven muchos de sus integrantes. Reclaman que un mal manejo de parte del ministerio del Interior ha producido dificultades y exclusiones para con miles de exonerados, los que no pueden acceder a los beneficios previsionales otorgados por las leyes 19.234 y 19.582. La reunión es una más de las que llevan sosteniendo desde el año 2008 para zanjar estas diferencias y finalmente equilibrar el aspecto previsional de exonerados de las Fuerzas Armadas. Reunión relevante en el Congreso Mario González Rifo, presidente de la Asociación Gremial de Comando de Exonerados Políticos de las Fuerzas Armadas y de Orden, quien comentó el sentido de la reunión: "Este tipo de reuniones ya se ha vuelto algo recurrente. Desde el año 2008 que llevamos sosteniendo todo tipo de reuniones con la comisión de Derechos Humanos para así poder resolver todo los inconvenientes que tienen los exonerados políticos con respecto a la ley de exonerados", comentó Mario González. "Se trata de las leyes 19234 y 19582. Estas leyes han sido mal interpretadas, y han repercutido en que las cerca de 7 mil solicitudes de exonerados de FF.AA. se hayan encontrado favorecidas solamente cerca de 2 mil. Estamos hablando del 70% de los solicitantes que se encuentran rechazados", explica. "La ley no ha sido correctamente interpretada por los organismos del Estado, siendo que estamos hablando de una ley reparatoria, y lo más grave de la situación es que cuando se ha citado al ministerio del Interior para que se acerque a explicar la razones del rechazo, la institución se desentiende y no asiste a las reuniones. Es la oficina de exonerados políticos del ministerio la principal responsable de la situación que se encuentran viviendo miles de personas", concluye Mario González. Para obtener una mirada de los parlamentarios, conversamos con Felipe Letelier, diputado PPD y miembro de la comisión de Derechos Humanos. "El tema es que todos los uniformados que se opusieron a la dictadura alegan con justicia que desde el gobierno no se les ha tomado en consideración ni que han sido objeto de los beneficios que ha distribuido y otorgado el Estado", explica el diputado. "Es increíble que después de 26 años aún no se tenga una respuesta a la situación de estas personas. Ni siquiera son considerados, porque desde las Fuerzas Armadas este grupo es rechazado por su pasado, pues en la actualidad continúa la división entre opositores y seguidores de Pinochet", confiesa Letelier. "Quedamos en que vamos a tener una reunión con el ministro del Interior, los acompañaremos para que sean escuchados. Porque resulta lamentable que el país haya sido tan beneficioso con los que nos persiguieron, con los torturadores y que con la gente que tuvo una actitud altruista y constitucionalista sigan esperando una seña de justicia. Personalmente me siento muy identificado con la causa de esta gente", concluyó el parlamentario. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161003/pags/20161003175655.html
  23. 09 de septiembre del 2016 / 14:09 Hrs PNUD: Ocho de cada diez chilenos no se identifica con ningún partido político El 84% de los encuestados afirma que las actuales colectividades representan mal o muy mal los intereses de los ciudadanos. El mayor factor de desconfianza es la corrupción. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD) presentó hoy en el ex Congreso Nacional la IV Encuesta Auditoría a la Democracia. El estudio aborda temáticas relativas a la percepción de la ciudadanía acerca del estado de la democracia en el país, de las instituciones, la participación política y social, los temas de probidad y corrupción, reformas políticas, entre otras. En este contexto y de cara a las próximas elecciones municipales y presidenciales, el sondeo arrojó que la distancia y la falta de identificación política ha aumentado de manera sistemática en el tiempo. Así, quienes no se identifican con ninguna posición política (ni izquierda, ni centro, ni derecha) pasa de un 34% (2008) a un 83% (2016). A la vez, quienes no se identifican con ninguno de los partidos políticos existentes pasa de un 53% (2008) a un 83% (2016). En cuanto a los movimientos políticos, un 88% de los encuestados afirmó que no se identifica con ninguna, seguido por Revolución Democrática con un 1,7%. Según inda el estudio "la falta de identificación es una de las expresiones de un sistema de representación tensionado. Esto se refleja en que casi 9 de cada 10 chilenos considera que tanto el Congreso (85%) como los partidos políticos (84%) realizan muy mal o mal la función de representar los intereses de los ciudadanos". En esta línea, dentro del 95% de chilenos que sostiene confiar poco y nada en los partidos políticos, el 24% afirma que se debe a la corrupción, el 15% afirma que las colectividades trabajan por su propio beneficio (ganar dinero y poder) y el 14% que son poco creíbles o mentirosos. En cuanto a la elección de sus candidatos, un 61% estima que los partidos deben elegirlos a través de primarias o elecciones abiertas en las que todas las personas puedan votar. Por último, sobre las próximas elecciones municipales del 23 de octubre, un 54% de los encuestados manifestó interés por ir a votar, mientras que un 27% dijo que no iría. REVISA EL ESTUDIO COMPLETO A CONTINUACIÓN: http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/pressreleases/2016/09/09/pnud-presenta-iv-encuesta-auditor-a-a-la-democracia/ Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/09/674-696022-9-pnud-ocho-de-cada-diez-chilenos-no-se-identifica-con-ningun-partido-politico.shtml
  24. 05 de septiembre del 2016 / 01:16 Hrs "Los presos políticos en Venezuela corremos peligro" El periodista Leocenis García es uno de los 170 presos políticos de la Venezuela de Nicolás Maduro. Al igual que otros de sus pares más mediáticos, como Leopoldo López, García fue acusado de crímenes que asegura no cometió. Desde la cárcel contó su historia a La Tercera. En febrero de 2014 los venezolanos salieron a las calles de manera masiva a protestar ante la creciente inflación, la escasez de alimentos y la delincuencia: problemas que en ese entonces recién comenzaban. En algunas zonas las manifestaciones terminaron en disturbios y 43 personas fallecieron. Otras 800 resultaron heridas. El líder de Voluntad Popular y quien encabezó esas protestas, Leopoldo López, fue arrestado y acusado de instigación pública. Desde su condena, en septiembre de 2015, a 13 años y nueve meses de prisión, y tras una campaña internacional por su liberación que ha sido comandada por su esposa, Lilian Tintori, López se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la oposición. Los arrestos en la Venezuela de Nicolás Maduro están en alza. Según el Foro Penal, una organización no gubernamental, cuando Maduro asumió el poder, en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, había una docena de presos de conciencia. Hoy esa cantidad supera los 170 y hay unas 2.000 personas que están sujetas a procesos judiciales por motivos políticos. Uno de esos casos es el del periodista Leocenis García, de 36 años, y que en estos momentos se encuentra encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Para el gobierno, García -líder del movimiento cívico político Pro Ciudadanos y que fundó el extinto semanario 6to Poder-, es considerado un “traidor a la patria”. “Los presos corremos peligro, y cuando le hablo de presos, no sólo le hablo de los presos políticos, sino del país, que es una enorme celda donde todos estamos en libertad condicional”, asegura desde el Sebin, por medio de una carta enviada a La Tercera a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. “Es un sistema que persigue valores democráticos y a quienes los predican. Por eso las cárceles están llenas de estudiantes, políticos, empresarios, editores”, agrega. Durante los 17 años de chavismo, García ha estado encarcelado seis veces. Fue el fallecido mandatario Hugo Chávez quien le declaró la guerra en 2013, por lo que el periodista ha tildado como distintos “delitos de opinión”. En diciembre de ese año, el Ministerio Público lo encarceló y procesó por blanqueo de capitales, evasión fiscal, entre otros delitos económicos. Sin embargo, desde la cárcel, García hace una distinción entre ambos políticos. “El Presidente Maduro no es un líder carismático, sino el heredero hippie de una compañía a punto de quebrar”, afirma. Según García, un anónimo anunció en junio de 2013 que él iba a recibir un “plan de desestabilización del país” por correo para ponerlo en práctica a través de su grupo editorial 6to Poder. “Algo así como que Osama bin Laden hubiera enviado su plan contra las Torres Gemelas por un correo Gmail”, aseguro García. Su expediente, asegura, fue organizado por la fiscal Narda Sanabria, quien estuvo involucrada también en el proceso judicial de Leopoldo López, quien permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde. Días más tarde, el gobierno transmitió una rueda de prensa asegurando que García “legitimaba capitales y que ese dinero lo recibía del ex Presidente colombiano Alvaro Uribe”, para financiar a los estudiantes que protestaban contra el gobierno. “Creo que no necesito aclararle que ni conozco paramilitares ni jamás he cruzado palabra con Uribe. En base a esto, el gobierno me encarceló y expropió el Grupo Editorial 6to Poder”, explica García, que cuenta que la sede de su periódico fue allanada varias veces y dos de sus directores también han sido hostigados por el gobierno venezolano. En mayo de 2015, García inició una huelga de hambre que duró más de 70 días, hasta que el gobierno lo trasladó a su hogar bajo arresto domiciliario. Sin embargo, en julio de este año fue vuelto a trasladar al Sebin, después de que firmó un documento público junto a otras 50 personalidades del país en el que cuestionaba la mediación que estaban haciendo los ex mandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Manuel Torrijos en la crisis venezolana. “En términos prácticos, lo que le quiero decir es que Unasur y la OEA juntas constituyen una garantía, pero cada una por sí sola, no. Porque Unasur es una agencia de relaciones públicas de los regímenes socialistas de la región”, opina. El periodista también hace una dura crítica al rol que ha tomado la región frente a la situación que enfrenta su país. “Siento que la comunidad internacional está contemplando, como quien lee un vibrante libro de drama y suspenso, donde el lector llora y se conmueve con los horribles episodios que vive el protagonista, pero, cuando cierra el libro, vuelve a jugar tenis, tomar vino y su vida normal. Le es como una tragedia ajena y que ocurre a miles de kilómetros de su realidad”, dice García. “Hoy somos un país quebrado y la comunidad internacional tiene muy claro que nuestra tragedia apenas comienza”, agrega. García pertenece al ala más dura de la oposición venezolana, de la cual, asegura, “siente que mañana será gobierno y ha comenzado una guerra interna por la Presidencia”. Por lo mismo, no concibe una salida a la crisis sin la ayuda de los militares. “Nadie duda que el gobierno perdió la legitimidad al pueblo. Este es un gobierno sin un alma que le siga, pero con varias armas que le defiendan. Y hay análisis románticos sobre el pueblo y su poder, pero sacar a los militares para un análisis de la situación en Venezuela es para mí realmente iluso”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/09/678-695365-9-los-presos-politicos-en-venezuela-corremos-peligro.shtml
  25. 27/08/2016 Sepa quiénes cortarán el queque en los partidos políticos durante el próximo año Carolina Goic, Yasna Provoste o Ximena Rincón en la DC; Camilo Escalona u Osvaldo Andrade en el PS; Jaime Bellolio o Felipe Ward en la UDI y Cristián Monckeberg o Andrés Allamand en RN. Los partidos buscan su destino en la antesala del año electoral más complicado desde el retorno a la democracia. A pasos agigantados nos acercamos al 2017, no solo año de elecciones, sino que de período en el que muchas dudas debieran ser aclaradas en cuanto a alianzas, candidaturas presidenciales y parlamentarias, cifras de rechazo ciudadano y una agenda pública que debiese girar en torno a las demandas sociales más que en los eslóganes de campaña. En ese contexto, y por mucho que los partidos "gocen" de una alta impopularidad, resultan trascendentales las distintas elecciones que las principales colectividades del país realicen en los próximos meses, toda vez que los líderes que resulten ganadores tendrán la difícil misión de comandar los procesos enunciados en el párrafo anterior. ¿Da lo mismo un dirigente conciliador o confrontacional en momentos de crisis de credibilidad y confianza institucional? ¿Sandías caladas o caras nuevas a la hora de salir a la calle a buscar la esquiva adhesión de la gente? Con un esquema de voto voluntario, ¿vale la pena gastar tanta energía en la masa crítica que no participa cuando lo que en realidad importa son los que efectivamente acuden a las urnas, que por lo general sufragan por los mismos de siempre? Le importe o no, estas y otras preguntas recorrerán los pasillos de las tiendas políticas durante las semanas venideras y mirando como barómetro los comicios municipales del 23 de octubre. Los rostros en disputa y lo que representan en los papeles, a continuación. Estilo más que lotes En la Democracia Cristiana, principal partido del oficialismo, se entrecruza la necesidad de llevar un abanderado presidencial propio para el proceso electoral de 2017 (primarias o primera vuelta) con la renovación de directiva que tendrá lugar el 4 de diciembre. Por tal motivo, diputados como Mario Venegas y Patricio Vallespín afirmaron que "es prematuro analizar este tema, dado que lo más importante hoy es trabajar en la campaña municipal". Como sea y en materia de nombres, hasta ahora, la única persona que ha manifestado interés por ser candidata a la testera es la senadora Carolina Goic, quien asumió de forma interina tras la renuncia del senador Jorge Pizarro en abril pasado y en pleno desarrollo de la última Junta Nacional, y que suma apoyos desde el "freísmo", el grupo de "colorines" que encabeza el actual jefe de bancada Fuad Chahín y el "bacheletismo" que tiene presencia en el Gobierno. La otra es la diputada Yasna Provoste, que aún no exterioriza sus intenciones pero que cuenta con el respaldo de la "G-80" y que como comentó a Cambio21 la consejera nacional Myriam Verdugo, "lo único que se sabe es que alguien de su sector, que es una facción de los chascones que es muy importante, será finalmente el retador". A la espera del cambio de gabinete, que incluiría la salida de todos aquellos personeros que afrontarán postulaciones al Congreso, se menciona a Ximena Rincón, hoy titular del Trabajo, que vendría a ser la cara de la DC en la Nueva Mayoría. La exsenadora del Maule supone buenas relaciones con los demás socios del bloque, por su labor en la tramitación de la reforma laboral, aunque internamente su cercanía con chascones y otros sublotes progresistas no es mirada con simpatía por "príncipes", "guatones" y la facción "gutista" que adscribe a esta sensibilidad. "La cosa no es blanco o negro. El debate debe tener altura y tiene que considerar a todas las alternativas que aparezcan. Todas serán valiosas", sostuvo a este medio el diputado Sergio Ojeda. Sin aclarar nada, la mención podría recaer en el exministro del Interior y Defensa Jorge Burgos. En la militancia -relatan algunos históricos- sumó puntos presidenciales y la venia de los príncipes y de los fundadores de la Concertación, como el senador Andrés Zaldívar, después de ponerle fecha de término a la NM y de cuestionar la continuidad del Partido Comunista en el conglomerado. Sin embargo, las mismas fuentes indican que su apoyo a Ricardo Lagos Escobar le bajó considerablemente sus bonos, lo que no quita que aparezca como posible rival de Goic, dado que su sola presencia en la mesa nacional le otorga protagonismo en una cercana candidatura a senador por La Araucanía, meta que exteriorizó apenas dejó La Moneda en junio pasado. "Todo es parte de un debate artificial. Incluso la opción de Burgos, que con sus declaraciones quedó con su imagen medio complicada y que fijó una posición que ha sido muy criticada por varios sectores", nos aseguró Venegas, quien además expresó que "no da lo mismo quien sea el timonel del partido. Por ahora, más que los lotes importa el estilo del que llegue. Es decir, alguien que tenga y genere una buena imagen y que ejerza una conducción decidida". Por tal motivo, Verdugo niega que esa persona tenga que ser el exdiputado por Ñuñoa y Providencia. "Después de su paso de ministro su etapa ahora es cercana al retiro", disparó. Con más calma, Ojeda pide "una nueva orientación y una estrategia para apoyar al Gobierno y proyectar cuatro años más, pero con un programa claro y realista tomando en cuenta que la gente está saliendo a la calle y hay que satisfacer sus demandas". Para terminar la lista está Gutenberg Martínez, expresidente de la Cámara y extimonel DC que lideró las críticas hacia el ingreso del PC al Gobierno incluso desde antes de comenzar la gestión de Bachelet, situación que lo tiene confrontado con La Moneda desde marzo de 2014 a la fecha. Como sea, el "Gute" todavía mantiene su ascendencia en la dirigencia, lo que explica su llegada al Consejo Nacional con la segunda mayoría detrás de Provoste, pero que por sus labores en la Universidad Miguel de Cervantes (es rector) es visto como improbable su candidatura... al menos por ahora. Duelo de exsocios El morbo se instaló en el Partido Socialista luego de la distancia que tomaron Camilo Escalona y Osvaldo Andrade. Los otrora socios de la "Nueva Izquierda", histórica tendencia fundada al alero de Clodomiro Almeyda, comenzaron a alejarse luego que el exsenador por la región de Los Lagos acusara al diputado puentealtino de no apoyarlo en la elección de directiva de 2015 que le dio el triunfo a Isabel Allende y lo ubicara apenas con la última vicepresidencia. El quiebre final se provocó después de la dura crítica que efectuó Escalona a la exesposa de Andrade, Myriam Olate (por el tema de las pensiones de Gendarmería), donde primero pidió recalcular el monto de la jubilación (lo que finalmente oficializó la Contraloría) y, segundo, cuestionó la continuidad de Olate en la colectividad. Con ese ambiente se enfrentarán por la jefatura máxima del PS a mediados de septiembre, en la sesión del Consejo General, por medio del voto de sus 500 miembros. Mientras las "Grandes Alamedas" de la senadora Allende, actual mandamás, el "tercecismo", la "renovación" y "nuestra revolución", las demás facciones, miran este intenso round desde la galería, tanto el exministro del Trabajo como el exlegislador llevan varias semanas sumando fuerzas y aglutinando peso interno para dar la batalla en las bases y en la cúpula. Por de pronto, Escalona -según consignó El Mercurio- cuenta con el favor de Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete y amiga personal de la Presidenta Bachelet (pertenece a la Nueva Izquierda), Paula Narváez, asesora del "segundo piso", Felipe Barnachea, jefe de la avanzada presidencial, los subsecretarios Mahmud Aleuy (Interior), Jaime Romero (Vivienda) y Raúl Súnico (Pesca) y los diputados Juan Luis Castro (jefe de bancada) y Luis Rocafull. En la otra vereda, Andrade -asegura el mismo medio- tendría el concurso de algunos referentes que también dejaron a Escalona, como la subsecretaria Patricia Silva (Presidencia), los diputados Manuel Monsalve y Denise Pascal y presumiblemente el senador Alfonso de Urresti, los diputados Clemira Pacheco y Roberto Poblete (independiente) y los dirigentes Carmen Gloria Allende y Alberto Barrera. Más de lo mismo v/s más más de lo mismo La UDI protagoniza un intenso debate interno en lo que respecta a la nueva directiva que reemplazará a la mesa del senador Hernán Larraín, y con voto abierto para los militantes por primera vez en su historia. Por un lado, en la casona de Suecia 286, los resabios de los "coroneles" (Jovino Novoa) pretenden mantenerse de pie con la candidatura del diputado Felipe Ward, que enumera a su favor a sus colegas Jorge Ulloa, Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrutia, Javier Hernández, David Sandoval, Andrea Molina, Iván Norambuena, Celso Morales, Marisol Turres, Gustavo Hasbún y Claudia Nogueira. En el bando de la "renovación" y la condena a las violaciones a los derechos humanos e irregularidades en materia de financiamiento, como el caso Penta, emerge el diputado Jaime Bellolio. Los congresistas Juan Antonio Coloma (hijo), Ernesto Silva, Patricio Melero, Javier Macaya, Issa Kort, Felipe de Mussy, María José Hoffmann, Arturo Squella y Renzo Trisotti están con él y donde la primera actividad de "campaña" fue una cena en la casa de Hoffmann a la que fue invitado el expresidente Sebastián Piñera, lo que molestó a Ward, que no fue convidado, informó La Segunda. Atención con la senadora y exintendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, que aparece por los palos. Apadrinada por los senadores Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez y Alejandro García Huidobro y su hermano Enrique (diputado), la también exalcaldesa de Concepción ha dicho en privado que "en algunas semanas más" definirá su lanzamiento como candidata a presidenta del gremialismo. Es mitad "piñerista" y mitad "jovinista". Sea cual sea el tenor, Alejandro Olivares, el cientista político de la Universidad de Chile, aclara que "las posiciones ideológicas al interior de la UDI tienden a no diferenciarse demasiado y su estructura partidaria no permite apreciar libremente las eventuales diferencias". "Da la impresión de que se trata de un choque generacional y que, al mismo tiempo, es un choque de ideas, pero al ser un partido en extremo cerrado se dificulta el conocimiento de sus posturas. Por ejemplo, no genera mayores diferencias tratar el tema de los DD.HH., porque en general es un funcionamiento interno y no tanto estratégico", destacó. El tonelaje de Andrés La elección de la nueva mesa y de los consejeros generales de Renovación Nacional será en noviembre. Dos son las alternativas: el continuismo del actual timonel, el diputado Cristián Monckeberg, y el retorno del senador Andrés Allamand, que todavía se cuenta como carta presidencial junto a sus pares Alberto Espina y Francisco Chahuán, aunque el propio Monckeberg adelantó que en marzo de 2017, en el Consejo General y tras la renuncia al partido de Manuel José Ossandón, el mismísimo Sebastián Piñera podría ser proclamado como abanderado. Pablo Lira, analista del sector, sostiene que "Renovación Nacional y las demás tiendas de Chile Vamos necesitan liderazgos potentes en el marco de la crisis política que vive el país, el delicado momento que enfrenta la Nueva Mayoría y la seguidilla de dimisiones que ha sufrido RN, como pasó con Lily Pérez, Ossandón y varios más". "Y en esa coyuntura, creo que Allamand le da un peso y un tonelaje que no tiene Monckeberg, básicamente por la trayectoria del expresidenciable. El Gobierno, en vez de aplicar la retroexcavadora, saldrá a negociar y buscar un acuerdo nacional en el tema de las pensiones, donde su figura aparece como potente, tal como ocurrió en la transición a la democracia a fines de los '80", manifestó para esta crónica. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160826/pags/20160826181648.html
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