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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/335750-comision-de-seguridad-culmina-la-primera-reunion-de-trabajo-por-materia-de-seguridad-y-pinera-traza-primeros-lineamientos/?hl=%2Bcomision+%2Bseguridad&do=findComment&comment=23461117 05 Julio 2018 Comisión de seguridad fija plan piloto para que policías separen labores La iniciativa, que se aplicará en una o más regiones, es parte de las 65 propuestas que están en el borrador del acuerdo para la fiscalización de Carabineros y la PDI. LA COMISIÓN DE 18 MIEMBROS SESIONÓ ESTE JUEVES EN LA MONEDA, POR ÚLTIMA VEZ, ANTES DE ENTREGAR EL INFORME FINAL AL PRESIDENTE PIÑERA. Por más de dos horas sesionó por última vez la Comisión del Acuerdo por la Seguridad Pública, encabezada por el Ministerio del Interior. En La Moneda, los 18 integrantes de la instancia zanjaron cada una de las propuestas que entregarán este viernes al Presidente Sebastián Piñera, donde la separación de funciones entre Carabineros y la PDI aparece como punto clave. La comisión, que estuvo vigente por tres meses, contó con la participación de parlamentarios de Chile Vamos y la oposición, exministros y representantes del Ministerio Público. El objetivo fue trabajar en mejoras a las políticas de seguridad del Estado. El resultado del comité se tradujo en cuatro informes, los que estuvieron divididos por área de trabajo: fiscalización de las policías, cambios al sistema de Inteligencia, rol de los municipios y control de armas. Entre todos estos ítems suman cerca de 130 propuestas. La Tercera accedió al último borrador relativo a la fiscalización de las policías, fechado el 27 de junio, y que contiene 65 iniciativas. Este se divide en cuatro capítulos: Especialización de las funciones policiales; relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía; incrementar niveles de profesionalización policial y la profesionalización de la organización policial. En la propuesta número uno del borrador se establece poner en práctica un modelo donde Carabineros definitivamente abandone las labores investigativas, centrándose solo en lo preventivo, y que sea la PDI la entidad policial encargada de las indagatorias. En el documento se señala que el Ministerio del Interior creará una comisión técnica junto a ambas policías y el Ministerio Público. Esta tendrá como finalidad la realización de un diagnóstico de la situación actual de las funciones policiales, el que deberá quedar listo antes de 16 meses. Esta instancia tendrá dos etapas. La primera, según se señala en el borrador, será “la realización de un plan piloto de especialización de funciones policiales, el que será llevado a cabo en una o más regiones del país, en las que durante un espacio acotado de tiempo se radicará preferentemente la función investigativa en la PDI y la preventiva en Carabineros. Lo anterior permitirá la recolección de datos, estadísticas y antecedentes reales y útiles para evaluar el resultado de la situación actual y el funcionamiento de los planes pilotos”. Según señalaron fuentes de la comisión, esta propuesta, hasta la tarde de este jueves, se mantenía firme y solo resta la aprobación del Presidente Piñera. El borrador, además, establece que con la información obtenida en el piloto se harán “recomendaciones relativas a la redistribución de las funciones investigativas entre las policías, todo, con el propósito de optimizar el uso de recursos y, en general, mejorar la capacidad investigativa de las policías y dar a Carabineros un rol preponde- rante en la prevención”. Todo esto concluirá con la elaboración de un Plan Final de Reasignación de Funciones y Recursos de las policías. La idea de separar funciones entre ambas policías es una intención que desde que asumió el Presidente Piñera se fijó como prioritaria. Lo mismo, incluso, ha manifestado en distintas oportunidades el general director de Carabineros, Hermes Soto. El diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, manifestó que la iniciativa “me parece bien, porque cuando en Chile se hacen cambios radicales sin probarlos antes, generalmente no funcionan, como pasó con el Transantiago, a diferencia de lo que se hizo con la Reforma Procesal Penal, donde esta fue probada primero en regiones y después comenzó a implementarse a nivel nacional. Acá hay que hacer lo mismo”. Por su parte, el exministro del Interior Jorge Burgos indicó que “se propone un piloto regional para diferenciar el rol preventivo del investigador. Se optó por esa propuesta, pues el tema requiere de un ensayo. Una decisión total sería de alto riesgo , atendido el esquema histórico con el cual se ha trabajado por décadas”. Otras propuestas El rol del Ministerio del Interior en la fiscalización y control sobre las policías aparece como un pilar fundamental del acuerdo. Así, se les pide someterse a un control mayor por parte de la sociedad civil. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicó a La Tercera que “hay propuestas en materia de reforma de nuestras policías, especialmente en modernización, transparencia, control y gestión. (También hay iniciativas) en materias de modificación al servicio de Inteligencia, en materia de participación de la sociedad civil, y muy especialmente de los municipios, en el trabajo de seguridad ciudadana. Además, en materias de Ley de Control de Armas, para modernizar nuestra actual legislación”. En uno de los puntos, se propone que Carabineros y la PDI presenten “un Plan Estratégico de Desarrollo Policial (PEDP) con un horizonte de ocho años, el cual podrá ser evaluado y actualizado a lo menos cada cuatro años”. Esos planes deberán ser aprobados por Interior e informados al Congreso. También se pide que las policías transparenten “un sistema de indicadores de actividad, eficiencia y resultados, que vayan en línea con el PEDP y estén aprobados por el Ministerio del interior”. Otra área supervisada, ahora por la Subsecretaría del Interior, será la financiera. Según el borrador, se le otorgará las atribuciones para “ejercer un eficaz control presupuestario, financiero y de mérito sobre las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”. Además, se aumentarán las exigencias para ingresar a las escuelas de formación y se pide que tengan “especial consideración por la incorporación de contingente femenino”. El exministro Burgos destacó que en la comisión “se recoge, por una parte, un espíritu transversal y privilegia la búsqueda de acuerdos. Son muchas las propuestas, si tengo que destacar una, elegiría el empoderamiento del Ministerio del Interior, con el objeto de terminar con áreas de autonomía injustificadas de las policías”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/comision-seguridad-fija-plan-piloto-policias-separen-labores/232658/
  2. 29 Mayo 2018 Dos policías son ejecutadas en un ataque terrorista en Bélgica Un hombre recién salido de la cárcel con un permiso temporal mató a tres personas. Una de las policías era madre de gemelos de 13 años huérfanos de padre. AGENTES DE LA POLICÍA JUNTO AL CUERPO DEL PRESUNTO ATACANTE, EN LIEJA Un hombre recién salido de la cárcel con un permiso temporal mató este martes a dos mujeres policías y a un civil e hirió a otras cuatro personas, dos de ellas agentes, en la ciudad de Lieja (Bélgica), en un ataque investigado por la Fiscalía federal como un “delito terrorista”. Según el relato del Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar en el bulevar de Avroy del centro de Lieja, en torno a las 10:30 y las 11:30. El individuo se abalanzó por detrás contra las dos mujeres policía, de 45 y 53 años, las atacó con un cuchillo, les arrebató sus armas de fuego y disparó sobre ellas causándoles la muerte, explicó el jefe de Policía de Lieja, Christian Beaupère, quien subrayó que el atacante “ejecutó” a las dos agentes. “Está claro que el objetivo era atacar a la policía” y “golpear a “la institución, al Estado de Bélgica”, agregó. Una agente, de 45 años era madre de un joven de 25 años; mientras que su compañera, de 53 años, tenía dos gemelos de 13 años que ya eran huérfanos de padre, agregó Beaupère. El atacante disparó a continuación contra un vehículo estacionado en la calle en el que resultó muerto un hombre que ocupaba el asiento de pasajero, un estudiante de magisterio de 22 años. “¡Alá es grande!” Después, el agresor huyó hacia el cercano instituto Léonie de Waha y tomó como rehén a dos trabajadoras de la limpieza del centro. El atacante salió entonces a la calle y abrió fuego contra los agentes que habían acudido al centro educativo, en un intercambio de disparos en el que el presunto terrorista resultó muerto y dos policías sufrieron heridas en los brazos. En total eran tres víctimas mortales y cuatro heridos, uno de ellos grave, indicó el jefe de Policía de Lieja. Fuentes policiales citadas por el diario local La Libre Belgique señalaron que el hombre gritó “¡Alá es grande!” antes de ser abatido, aunque esta información no ha sido confirmada por la Fiscalía. La cadena de radiotelevisión pública RTBF, por su parte, señaló que el asesino estaba fichado por las autoridades belgas como sospechoso de radicalización islámica desde 2017, extremo que tampoco ha confirmado el Ministerio Público. Los cerca de 800 alumnos de primaria y secundaria del centro fueron evacuados sanos y salvos, y el alcalde de la localidad, Willy Demeyer, señaló que la escuela permanecerá cerrada miércoles y jueves. La agencia belga identificó al atacante como Benjamin Herman, de 36 años y procedente de la localidad belga de Rochefort, que habría salido la víspera de la prisión de Lantin durante un permiso que se le concedió para “preparar su reinserción”. Cumplía condena por delitos menores como pequeños robos o narcotráfico y se sospecha que “podría haberse radicalizado en prisión”. El ministro de Justicia, Koen Geens, explicó que el autor de los hechos se había beneficiado ya de 11 autorizaciones de salida de la cárcel y de 11 permisos penitenciarios sin que se registraran incidentes. El primer ministro belga, Charles Michel, se desplazó al lugar de los hechos, así como el rey Felipe de Bélgica. “Violencia ciega y cobarde. Todo nuestro apoyo a las víctimas y sus seres queridos. Seguimos la situación con los servicios de seguridad y el centro de crisis”, escribió en Twitter el jefe del Ejecutivo belga. Michel era ya primer ministro belga cuando el país sufrió en marzo de 2016 el mayor atentado terrorista de su historia, en el que dos comandos de yihadistas suicidas mataron a 32 personas e hirieron a otras 340 en sendos ataques casi simultáneos perpetrados en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem y la parada de metro de Maelbeek del barrio europeo. Desde entonces, Bélgica ha sido escenario de otros cuatro ataques o tentativas terroristas, el último de ellos en agosto de 2017, cuando un hombre atacó con un cuchillo a tres militares en el centro de Bruselas antes de ser abatido por las fuerzas del orden. El Centro de Crisis de Bélgica indicó que de momento no se planean cambios en el nivel de alerta terrorista, que se encuentra en 2 sobre un máximo de 4. Fuente; http://www.latercera.com/mundo/noticia/dos-policias-ejecutadas-ataque-terrorista-belgica/184723/
  3. 06 Enero 2018 Declaran emergencia en estado brasileño por policías en huelga El gobierno regional de Río Grande do Norte, el estado del nordeste brasileño en que los policías están en huelga desde hace 19 días, declaró hoy el estado de calamidad en el sistema de seguridad pública con el fin de poder adoptar medidas de emergencia que le permitan afrontar la grave situación. En tanto, el Ejecutivo de ese país recurrió al ejército ante la falta de policías. Río Grande do Norte, que afronta una grave crisis financiera que le ha impedido pagar puntualmente los salarios de sus funcionarios, ya había declarado el estado de calamidad en la salud pública y en el sistema penitenciario. La huelga de la policía comenzó el 19 de diciembre pasado en protesta por el atraso en el pago de los salarios y por las condiciones inadecuadas de trabajo de los uniformados. Los policías, impedidos constitucionalmente a hacer huelga, están acuartelados en comisarías y batallones pero se niegan a salir a patrullar las calles por la supuesta falta de vehículos y de otros medios de trabajo. Como consecuencia de la paralización, ciudades como Natal, la capital regional, y Mossoró, el segundo mayor municipio del estado, han registrado un aumento de los homicidios, los robos y hasta los saqueos a establecimientos comerciales. En los últimos quince días fueron registradas 101 muertes violentas en todo el estado, lo que supone una media de 6,7 asesinatos por día, según datos del Observatorio de la Violencia Letal Intencional, aunque las cifras no han sido confirmadas todavía por las autoridades regionales. Uno de los argumentos citados para justificar la medida excepcional fue “el aumento de los índices de violencia como consecuencia de la paralización de las actividades de los policías militarizados y civiles, según los datos criminales divulgados por la Secretaría de Seguridad Pública”. Durante el período en que rija el estado de calamidad en la seguridad pública, inicialmente declarado por un período de 180 días, todos los bienes, servicios y empleados de la administración pública quedan a disposición de la gobernación para ser usados en la atención de las necesidades de seguridad. La medida igualmente autoriza a los organismos de seguridad a contratar o comprar sin licitación cualquier servicio o bien necesario para “restablecer la normalidad en la prestación de los servicios de seguridad pública”. El presidente brasileño, Michel Temer, a petición del gobierno regional, envió a finales del año pasado 2.800 miembros del Ejército para reforzar la seguridad en Río Grande do Norte y, pese a que la presencia de los militares en las calles redujo los crímenes, la sensación de inseguridad se mantiene entre la población. Pese a que la Justicia declaró la paralización ilegal y ordenó que los policías regresen a las calles y que el gobierno arreste a quien incentive la huelga, hasta ahora ningún agente o detective ha sido detenido. En un acto de provocación, cientos de policías civiles acudieron el pasado miércoles a la comisaría central con esposas en sus manos para ser detenidos en cumplimiento de la decisión judicial, pero ninguno fue arrestado. “Como el Estado no cumple con su parte con los funcionarios, hemos venido aquí para que el Estado cumpla su decisión judicial y nos detenga”, explicó entonces el presidente del Sindicato de los Policías Civiles de Río Grande do Norte, Nilton Arruda. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/declaran-emergencia-estado-brasileno-policias-huelga/
  4. 10 Mayo 2017 Abbott pide $ 700 millones para operar Banco Unificado de Datos “Se hicieron promesas que no eran posibles de cumplir en el corto plazo”, dijo a diputados. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el fiscal nacional , Jorge Abbott, solicitó al Ministerio de Hacienda poder incorporar $ 700 millones para hacer modificaciones al Banco Unificado de Datos (BUD), sistema que integra las distintas bases de datos de las policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Distintas dificultades para comenzar a operarlo ha tenido la fiscalía, luego de que se decretó que se encargara de su administración. Este sistema, que permite interconectar las distintas bases de datos de los organismos encargados de la seguridad pública, fue lanzado en mayo del año pasado. Uno de los problemas que han detectado en la Fiscalía Nacional ha registrado problemas de visualización y lentitud. Abbott explicó que trabaja en el traspaso de la información desde la Subsecretaría del Interior para modificar y lograr ponerlo en funcionamiento. “Estamos preparando diferentes actos jurídicos, como traspaso de propiedad intelectual , pero no es un contrato fácil, su materialización ha sido compleja, tenemos 95 licencias faltantes , sobre distintos ámbitos, y no existen recursos para eso, habría que incorporar unos $ 700 millones más”. El fiscal nacional no entregó plazos, no obstante dijo esperar que durante este año se concrete la entrega de la dirección del BUD. “Ha habido intención y voluntad de sacar adelante esta herramienta y se han hecho promesas que no eran posibles de cumplir en el corto plazo y no queremos cometer esos errores. La proyección es hacer de manera gradual, desde fiscalías de regiones pequeñas”, dijo Abbott. Desde la mesa parlamentaria, el diputado DC Jaime Piloswky manifestó preocupación, ya que “se han invertido como $ 2 mil millones y no se puede operar aún. Es como comprarse un auto sin motor. La delincuencia es una prioridad para los ciudadanos , por lo que el gobierno debe actuar en consecuencia, entregando los recursos y un cronograma claro para el uso efectivo de esta herramienta para combatir la delincuencia”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/abbott-pide-700-millones-operar-banco-unificado-datos/
  5. 20 Diciembre 2016 Accidente en Perú deja doce policías muertos El vehículo que transportaba a los policías había partido de Abancay con destino a la localidad de Antabamba, donde iban a formar el dispositivo de seguridad. Doce policías peruanos murieron hoy y otros 18 resultaron gravemente heridos al caer un autobús por un barranco en la sureña provincia peruana de Abancay, en la región de Apurimac, a unos 500 kilómetros al sur de Lima. El accidente se produjo a las 5.00 hora de Perú y de momento las autoridades reportan que muchas de las víctimas aún no han sido rescatadas del lugar y que la cifra de fallecidos sería más alta. El vehículo que transportaba a los policías había partido de Abancay con destino a la localidad de Antabamba, donde iban a formar el dispositivo de seguridad para una instancia de diálogo entre funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y los pobladores. Los accidentes de este tipo son habituales en el interior del Perú, causados por la falta de previsión de los conductores, el uso de vehículos en mal estado, el mal estado de las carreteras y lo agreste de la geografía. Precisamente, la semana pasada murieron ocho personas en un accidente de circulación al colisionar un autobús con un camión. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/accidente-peru-deja-al-menos-siete-policias-muertos/
  6. 17 Octubre 2016 El pueblo que expulsó a delincuentes, políticos y policías Una pequeña localidad mexicana estaba cansada de la presencia de mafiosos y autoridades corruptas, por lo que hicieron un levantamiento bien organizado y pacífico que ha creado un oasis de paz en medio de la violencia que asola a muchas partes de México. En México, el crimen organizado llega a todas partes, incluso a los pueblos más pequeños… a excepción de uno en el estado de Michoacán. Liderado por mujeres, Cherán se levantó en armas para defender su bosque de los madereros y de paso también expulsaron a la policía y a los políticos. Las mujeres se reunieron en secreto para organizarse. Estaban cansadas de los homicidios y secuestros que ya eran rutina, así como de los cobros de extorsión a pequeños negocios que hacían hombres enmascarados. También por más de tres años habían visto con indignación cómo camiones cargados hasta el tope de troncos recién cortados pasaban frente a sus casas. Los cárteles de México se dedican principalmente al tráfico de drogas, pero también han expandido su modelo de negocio y tratan de ocupar cualquier industria lucrativa, como la madera Esa ha sido tradicionalmente la base de la economía de Cherán. Para el año 2011, los madereros estaban talando árboles cerca de una de las fuentes de agua de Cherán. "Estábamos preocupados", recuerda Margarita Elvira Romero, una de las organizadoras del levantamiento. "Si cortan los árboles, hay menos agua. Nuestros maridos tienen ganado, ¿dónde iban a beber si el ojo de agua se terminaba?" Cherán (cuadrado rojo) es un pueblo del estado de Michoacán, en el suroeste de México. Su población es de 20.000 personas, la mayoría indígenas purépechas. Un grupo de mujeres fue al bosque para tratar de razonar con los hombres armados, pero solo recibieron insultos y fueron echadas. Así que su plan empezó a cambiar. Sabían que era demasiado peligroso hacer frente a los madereros en el bosque, por lo que pensaron detener a los camiones cuando pasaban por el pueblo, donde tendrían el apoyo de sus vecinos. La madrugada del 15 de abril de 2011, comenzó el levantamiento de Cherán. En la carretera que baja desde el bosque fuera de la casa de Margarita, las mujeres bloquearon los camiones de los madereros y tomaron como rehenes a algunos de ellos. Las campanas de la iglesia de El Calvario sonaron y al amanecer cohetones estallaron en el cielo para alertar a la comunidad del peligro. Muchos en Cherán llegaron corriendo para ayudar. Los habitantes de Cherán estaban cansados de la presencia de criminales y de las autoridades corrompidas por los mismos delincuentes. Fue un momento tenso en el que exaltación casi llevó a la gente a intentar colgar a los madereros capturados en un árbol antiguo al lado de la iglesia, pero las mujeres los persuadieron de no hacerlo. "Todo el mundo en las calles corría con machetes", dice Melissa Fabián, que entonces tenía 13 años. "Las señoras estaban corriendo. Todos tenían el rostro cubierto. Se podía oír a la gente gritando y las campanas de la iglesia sonando todo el tiempo". Los policías municipales llegaron con el alcalde y otros hombres armados arribaron para liberar a los rehenes que eran sus compañeros. Hubo un enfrentamiento entre la gente del pueblo, los madereros y la policía. Terminó después de que dos madereros fueron heridos por un joven que encendió un cohetón directamente contra ellos. Y ahí Cherán, un pueblo de 20.000 personas, comenzó su jornada hacia el autogobierno. "Me dan ganas de llorar al recordar ese día", dice Margarita. "Fue como una película de terror, pero era la mejor cosa que hubiera pasado". Los políticos y la policía del pueblo fueron llevados rápidamente fuera de la localidad, pues las personas sospechaban que tenían arreglos con las redes criminales. Margarita es una de las mujeres que en 2011 organizó el levantamiento en contra de los delincuentes y las autoridades locales. Los partidos políticos fueron prohibidos —y siguen estando— porque consideran que han causado división en la comunidad. Cada uno de los cuatro distritos de Cherán eligió a un representante para un concejo del pueblo. En muchos sentidos, Cherán, una localidad poblada por indígenas purépechas, volvió a sus raíces: a la manera antigua de hacer las cosas, de una manera independientemente. Se establecieron puestos de control armados en las tres carreteras que llegan al poblado. Hoy, cinco años después, todavía existen esos puestos de control. Son vigilados por miembros de la Ronda Comunitaria, una fuerza formada por hombres y mujeres de Cherán que detiene a cada vehículo para preguntar a sus ocupantes de dónde vienen y hacia dónde van. "Hemos aprendido mucho", dice Heriberto Campos, uno de los fundadores y el coordinador de la Ronda Comunitaria cuyo apodo es "diablo". La Ronda Comunitaria está integrada por hombres y mujeres que se entrenan para realizar tareas de vigilancia y para garantizar la tranquilidad. "En aquellos primeros días, no sabíamos nada sobre el uso de armas. Pero ahora sabemos cómo pelear, y si los criminales regresan, estamos listos para ellos". Cherán tiene su propio sistema de justicia para delitos menores, muchos de ellos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Una mañana de un domingo de septiembre, 18 jóvenes estaban tras las rejas en la sede de la Ronda después de haber sido hallados bebiendo en las calles o conduciendo alcoholizados. Las sanciones incluyen multas y trabajos comunitarios, como recolectar basura. Los hombres aún mantienen los retenes en las carreteras de Cherán como forma de control de quienes entran y salen del pueblo. Las violaciones a la ley que son graves son remitidas a la fiscalía del estado, pero Cherán puede decir que en el último año no ha habido asesinatos, secuestros o desapariciones. Si vives en un lugar poco acostumbrado a la delincuencia, a la violencia, es posible que no te sorprenda esto. Pero Michoacán es uno de los estados más lastimados por la violencia en México, un estado que ha visto casos tan graves como cabezas degolladas que fueron lanzadas a una pista de baile y granadas han sido hecho estallar en una plaza llena de gente. Este julio hubo más de 180 asesinatos en el estado, el número más alto desde hace casi una década. Y en las comunidades de todo Cherán, que no distan más de 10 km una de otra, las historias de secuestro, la extorsión y los asesinatos eran un lugar común. La justicia comunitaria aplica sanciones de cárcel breves por delitos menores. Algunos de los inculpados tienen que hacer trabajo comunitario. "En Cherán, me siento seguro porque puedo caminar por las calles por la noche y no temo que algo vaya a pasar", dice Melissa, que ahora es un estudiante de biomedicina en una escuela en las afueras de Cherán. No son sólo las calles de Cherán son seguras. El bosque de pinos —un mar verde que cae por las montañas del pueblo— había quedado devastado por los madereros. Ahora su perímetro es patrullado diariamente por los agentes de la Ronda Comunitaria. La mayor parte de la tierra de Cherán es posesión de la comunidad: las familias la pueden trabajar, pero no les pertenece. Ahora que los criminales se han ido, las reglas se aplican estrictamente y cualquier persona que quiera talar un árbol debe obtener el permiso de las autoridades comunitarias. Poco a poco se está regenerando el bosque. Se estima que más de la mitad de 17.000 hectáreas de bosque fueron devastadas por el crimen organizado. Unas 3.000 hectáreas hasta ahora han sido reforestadas en los cinco años desde el levantamiento, con plantas del propio vivero de la localidad. El bosque de Cherán ha comenzado a reforestarse y quienes necesitan cortar madera deben tener un permiso de las autoridades comunitarias. Cherán no es completamente independiente, pues todavía recibe fondos estatales y federales. Sin embargo, su autonomía como una comunidad indígena purépecha es reconocida y garantizada por el gobierno mexicano. La prohibición de los partidos políticos, por su parte, ha sido confirmada por los tribunales, que le han dado la razón a su derecho de no participar en las elecciones locales, estatales o federales. En Michoacán, Cherán se ha convertido en un oasis de esperanza: su paz y su seguridad marcan un contraste con el temor que aún domina a las comunidades vecinas. ¿Cómo esta comunidad ha prosperado en una región tan cruel pero hermosa? Margarita, Melissa y Heriberto ofrecen la misma respuesta en una palabra: "solidaridad". Melissa es parte de las nuevas generaciones de jóvenes en Cherán que están dispuestos a mantener su forma de organización comunitaria. La mayoría de las personas que viven en Cherán son del pueblo. Sus costumbres dictan que los locales se casan con gente local, hay muy pocas personas de otros lugares. Las familias son grandes y están cerca una de otra, todo el mundo sabe de los demás, y ese es el fundamento de unidad del pueblo. Con la violencia de nuevo en aumento en México, hay ansiedad en Cherán sobre el futuro, una preocupación de que los cárteles puedan establecerse una vez más. Otros pueblos han tratado de copiar el ejemplo de Cherán, pero sin el mismo éxito. Ahora con 18 años, Melissa es optimista y dice que está dispuesta a salir a las calles para luchar por lo que se ha logrado. "Mientras que haya al menos una persona que quiera seguir con esto, todos vamos a estar detrás de esa persona. Todos nos sentimos orgullosos porque pusimos fin a algo e hicimos algo que ninguna de las otras comunidades se había atrevido a hacer". Contenido relacionado Los daños ocultos que provoca el aguacate, el "oro verde" de México Corrupcionario mexicano: "bisnero", "cuatitud", "mapachear" y otras 297 formas de hablar de la corrupción en México Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/10/17/el-pueblo-que-expulso-a-delincuentes-politicos-y-policias/
  7. 23/09/2016 Absuelven a 52 indígenas acusados de matar a 12 policías en Perú El proceso denominado "Curva del Diablo" es el primero de los cuatro expedientes fiscales que integran el "Baguazo". Un tribunal peruano absolvió el jueves a todos los 52 indígenas amazónicos acusados por la muerte de 12 policías durante un grave conflicto por la defensa de sus territorios en una región selvática del noreste de Perú, en hechos ocurridos siete años atrás. El proceso denominado "Curva del Diablo" es el primero de los cuatro expedientes fiscales que integran el "Baguazo", el mediático caso que engloba a los violentos enfrentamientos que dejaron en total 33 muertos -23 policías y 10 civiles- durante la mayor protesta contra el segundo gobierno de Alan García el 5 de junio de 2009. El juicio se desarrolló en Bagua, 1.000 kms al nororiente de Lima, localidad que fue epicentro de las manifestaciones de la población amazónica demandando la derogatoria de dos leyes que permitían la exploración de hidrocarburos y minera en territorio nativo sin consultar a la población. Luego de las muertes, el gobierno retrocedió, derogó las leyes y en 2011 Perú aprobó una ley de consulta previa en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. "El Estado no logró probar la responsabilidad penal (de los acusados) en los hechos", declaró a periodistas el juez Gonzalo Zarbaburú, quien presidió la Sala Penal de Apelaciones de Bagua que se encargó del proceso desde hace más de dos años. Entre los procesados se encontraban los dirigentes nativos Alberto Pizango, quien vivió asilado en Nicaragua por este caso, y Santiago Mañuin, quien sobrevivió al enfrentamiento policial tras quedar herido de gravedad. El fallo absolutorio de los tres magistrados del tribunal ha sido unánime, pero la fiscalía anunció que apelará la sentencia que libra a los 52 acusados de ser los autores de homicidio calificado pero deja en el misterio la autoría de la muerte de los 12 policías en la "Curva del Diablo". El proceso no incluyó a autoridades políticas del segundo gobierno de Alan García (2006-2011), ni a los jefes policiales encargados de la represión para desbloquear la carretera. "¡Viva la justicia de Amazonas!", clamaron en la sala al unísono los nativos procesados, que también lanzaron arengas por "la nación Awajún", la etnia a la que pertenece la mayoría de ellos. La fiscalía había pedido desde cadena perpetua hasta cinco años de prisión contra los acusados, a quienes investigó por homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra los medios de transporte de servicio público, motín, disturbios, daños agravados, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armamentos o de municiones a la policía. El caso se denominó "Curva del diablo" por ser el tramo de la carretera a Bagua donde el 5 de junio de 2009 más de 5.000 indígenas de las tribus Awajún y Wampis, que bloqueaban la vía desde hacía 50 días, se enfrentaron a un numeroso contingente policial que llegó a desalojarlos Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160923/pags/20160923103317.html
  8. Oaxaca, México: Al menos seis muertos y más de 100 heridos en choques entre policías y profesores En medio de protestas contra una reforma educativa, un grupo "radicalizado" habría disparado contra manifestantes y fuerzas de seguridad, según autoridades. Al menos seis personas murieron y 108 resultaron heridas este domingo en Oaxaca, en el sur de México, durante los violentos enfrentamientos que estallaron cuando policías desalojaron a miles de profesores disidentes que bloqueaban carreteras, mientras grupos no identificados abrieron fuego contra civiles y uniformados. En el poblado de Asunción Nochixtlán, unos 800 policías federales y estatales lanzaron gases lacrimógenos desde la mañana contra los docentes de la beligerante Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes desde hace una semana realizaban bloqueos junto con cientos de simpatizantes, entre ellos estudiantes y padres de familia. La CNTE, el ala radical del sindicato magisterial, protesta contra una reforma educativa promulgada en 2013 que contempla principalmente la evaluación de los profesores. Además, los docentes piden la liberación inmediata de dos de sus líderes detenidos recientemente: Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de la CNTE, a quien se le investiga por enriquecimiento ilícito, y Francisco Villalobos, secretario de la misma organización, por robo agravado de libros oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Pero para el gobernador del estado, Gabino Cué, se trata de "actos desmesurados de inconformidad" que durante 35 días han resultado en cierres de carreteras en 37 puntos estratégicos de Oaxaca, "afectando de manera grave el abasto de insumos de primera necesidad". El funcionario dijo en rueda de prensa que "personas embozadas" realizaron saqueos a comercios y bloquearon las vías que conectan a Oaxaca con otras regiones, incendiando vehículos del transporte público y causando "graves pérdidas en materia turística". Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Jorge Alberto Ruiz, informó que se reportan de manera preliminar "seis civiles muertos" y que resultaron heridos 41 policías federales (tres por bala), 14 uniformados estatales (cinco por bala) y 53 civiles. Los lesionados, muchos de ellos en estado "crítico", fueron resguardados en la iglesia de Asunción Nochixtlán para luego ser trasladados a varios hospitales. Paramédicos desplegados en la zona confirmaron bajo anonimato -por no estar autorizados a dar información- la muerte por proyectil de arma de tres personas: dos jóvenes de 23 y 28 años y un menor de edad, aparentemente estudiante de secundaria. "La policía estatal y federal estará el tiempo necesario hasta que se restablezca el orden, la paz y la concordia", dijo Cué. Hasta ahora, las autoridades han arrestado a 21 personas. Heridos por bala Varios disparos se escucharon durante la caótica escena, mientras medios locales publicaron imágenes en las que se observa a uniformados armados con fusiles y pistolas. Aunque en un inicio la Comisión Nacional de Seguridad negó categóricamente que sus agentes estuvieran armados, después reconoció haber usado armas para repeler balas de un grupo "radicalizado" que disparó incluso contra la población. "Efectivamente muy al final del proceso llegó un grupo de Policía Federal en apoyo, que portaba sus armas de cargo", dijo el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, al precisar que "ni siquiera el propio magisterio estuvo involucrado en estas cosas". Se trata de "la acción represora de los gobiernos federal y estatal", estimó la CNTE en un comunicado, donde asegura que aún no ha realizado un recuento de víctimas "debido a las condiciones de gravedad del desalojo policial". Los enfrentamientos también estallaron, aunque con menor intensidad, en otros poblados donde había bloqueos, como Hacienda Blanca y Juchitán de Zaragoza, donde los manifestantes incendiaron dos autobuses de pasajeros para evitar el avance de la policía. En tanto, la turística Oaxaca, capital del estado homónimo, era sobrevolada por helicópteros mientras profesores disidentes hacían plantón en la plaza principal, improvisando barricadas con fuego en las desiertas calles aledañas. "La resistencia es pacífica pero estamos preparando retenes, preparándonos para un desalojo ante la represión desmedida del gobierno de (el presidente) Enrique Peña Nieto", dijo a la AFP un vocero del comité ejecutivo de la sección 22 que no quiso identificarse por miedo a represalias. "No han querido dialogar. Dicen que ya no hay vuelta atrás" con la reforma, dijo el líder magisterial, mientras universitarios encapuchados, simpatizantes del movimiento docente, preparaban cócteles molotov. En el marco de la reforma se han realizado evaluaciones a maestros en todo el país, aunque han sido boicoteadas en los estados con fuerte presencia de la CNTE. La secretaría de Educación ha anunciado la suspensión de aquellos docentes que no se sometan a la evaluación. www.latercera.com
  9. Senadores aprueban que policías puedan actuar sin autorización de los fiscales Comisión de Constitución visó indicación que permite a funcionarios interferir en posibles delitos y solicitar antecedentes sin previo requerimiento. La Comisión de Constitución del Senado acordó ampliar la facultad de las policías para interferir en posibles delitos y solicitar antecedentes, sin previo requerimiento a un fiscal. “Una fotografía, por ejemplo, o que un testigo diga que esa persona le robó, es un antecedente que permitirá presumir un delito”, explicó el senador Alberto Espina (RN). Esta indicación ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y ahora obtuvo el visto bueno de la comisión de la Cámara Alta. El senador Felipe Harboe (PPD) efectuó indicaciones junto a los parlamentarios de oposición, quienes buscan reducir los requerimientos para que las policías trabajen, y asimismo cuenten con tecnologías que permitan simplificar los procedimiento de identificación. Sobre este punto, el senador Harboe dijo que “estamos entregando herramientas a las policías y a los fiscales para que hagan mejor su trabajo”. Añadió que estos mecanismos “los tendrán que desarrollar con responsabilidad y respeto a los derechos ciudadanos”. El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, dijo que es “una buena indicación, siempre y cuando no afecta las investigaciones en curso. La norma lo que persigue es poder establecer ciertas actuaciones preliminares de la policía, para poder hacerse cargo de delitos identificados por testigos o víctimas. Permite actuar de manera rápida, aunque tiene que ser con el conocimiento del fiscal”. Consultado al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Marcelo Leiva, dijo que “sería interesante que los senadores inviten a esta asociación a participar de esta discusión (...) Entiendo que los senadores pueden llamar a expertos, pero los que estamos diariamente trabajando y sabemos qué es lo que se necesita para perseguir delitos, somos los fiscales”. Agregó que “se pueden hacer modificaciones con muy buenas intenciones, pero muchas veces ha pasado que las buenas intenciones han causado un perjuicio al objetivo final que es entregar justicia”. Pendiente quedó el artículo que permite a policías requerir identificación de forma aleatoria. Sobre este ítem, desde la Nueva Mayoría no aseguran su aprobación, sin que existen antecedentes “concretos y objetivos” para efectuar el control. El senador Alfonso de Urresti (PS) dijo que “no estoy dispuesto a restringir libertades individuales en función del combate a la delincuencia. Hay que mejorar protocolos, pero no restando derechos a ciudadanos”. A la idea de Urresti, se suman los senadores Araya (DC), Horvath (IND) y Navarro (MAS). www.latercera.com
  10. Interior fija reunión clave que busca sellar acuerdo político en La Araucanía La cita, que se realizará a comienzos de enero, reunirá a fiscales, policías, jueces y políticos. El ministro Jorge Burgos viajó a Temuco y dijo que la Presidenta irá cuando su agenda se lo permita. El 7 de enero de 2016, esperan en el gobierno, podría marcar un antes y un después en la forma en que el Estado ha manejado los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía. Esto, porque el Ministerio del Interior citó a una reunión clave con todos los actores del sistema, en que se fijarán los lineamientos para afrontar estas situaciones. En otras palabras, se tratará de un acuerdo público en que también participarán jueces, fiscales y policías. En el Ejecutivo lo califican el paso previo a una alianza que incluya a políticos de todos los sectores. Este fue uno de los principales anuncios que se realizó hoy en el Senado en el marco de una sesión especial que pidieron los parlamentarios de la zona. Además del gobierno, también estuvieron representantes de las policías y del Ministerio Público. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, indicó que “hemos hecho un esfuerzo hace largo rato (...). Es un proceso que cerraríamos con el Poder Judicial y para nosotros es un hito, porque va a permitir que el conjunto de la institucionalidad pública enfrente los problemas delictuales”. Aleuy añadió que el paso clave se logra desde el entendimiento del conflicto como político. “Lo que se requiere es análisis político, porque cuando hablamos de violencia rural y no violencia étnica, estamos hablando de política. Cuando decimos que no hay que hablar de tomas pacíficas y violentas, sino que sencillamente de tomas, es política. Los problemas complejos de los países no son problemas técnicos, porque si seguimos buscando soluciones técnicas que son unidireccionales, no vamos a arreglar este problema”. Fiscales En la sesión especial también estuvieron presente los fiscales regionales del Biobío y La Araucanía, Julio Contardo y Cristian Paredes, respectivamente. Contardo indicó que “tenemos hechos que van desde el hurto de especies, como la madera, hechos derivados en violencia entre vecinos de predios ,y el tercero asociado a los grupos organizados, cuyo actuar es la quema de maquinaria. Por lo tanto, es importante no hablar de conflicto mapuche”. Paredes, por su lado, señaló que menos del uno por ciento de las causas que ingresan al año en su zona tienen relación a episodios de violencia rural. Además, dijo que de todos los imputados que pasan por el sistema penal, no más del 20% pertenecen a la etnia mapuche y de estos, sólo el 3% se relaciona a hechos de violencia reivindicatorios. Respecto a los incendios, el persecutor dijo que han aumentado un 90%, en comparación con 2014. En la ocasión, el senador RN Alberto Espina indicó que “este gobierno ha sido incapaz de liderar una propuesta por la paz que avance seriamente en la solución de uno de los conflictos más violentos que recuerde la historia de nuestro país”. Añadió que “queremos que la Presidenta de la República, con el mayor respeto que me merece, vaya a La Araucanía, porque su deber es estar donde están los problemas del país, debe estar al lado de los chilenos, en las buenas y en las malas”. En tanto, el senador PPD Felipe Harboe indicó que “tenemos un problema de eficacia y de concepción. Aquí se requiere política integral, es cierto, pero también se requiere hacerse cargo de consecuencias”. Visita de Burgos Hoy, el ministro del Interior, Jorge Burgos, visitó la IX Región para presentar una querella por la última quema de camiones, ocurrido el fin de semana pasado. Durante las cerca de tres horas que estuvo en Temuco, el ministro presentó una acción judicial “por los delitos de Ley de Seguridad del Estado y algunos de la Ley de Control de Armas, y otros del Código Penal, en contra de aquellos que resulten responsables del incendio de cuatro camiones y daños a otros dos en las cercanías de Lautaro en la madrugada del domingo”. Respecto del motivo de su viaje, señaló que era para “demostrar, por disposición de la Presidenta de La República, nuestro apoyo a la labor que realiza el intendente en la persecución de los ilícitos”. Sobre la petición de los transportistas que Michelle Bachelet visite la zona antes de enero, Burgos dijo que la Mandataria viajará a La Araucanía “cuando su agenda lo permita, no tengan ninguna duda”. El gesto del ministro fue visto con recelo por los camioneros de la zona. José Villagrán, presidente del gremio local, manifestó que “cuando supimos por la prensa dijimos, que bueno que vienen, porque trae una respuesta y va a dar una buen a señal y va a invocar la Ley Antiterrorista, que es la que corresponde. Pero, lamentablemente, vino a hacer más de lo mismo”. La presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, indicó que la presentación de Burgos, “no cambia en nada las cosas y todo sigue su curso regular. Por lo tanto, su visita fue sólo para mostrar la preocupación que tienen frente a lo que está sucediendo, pero en el fondo es una querella más”. www.latercera.com
  11. Gobierno entrega a policías "protocolo de actuación" ante hechos de interés mediático Plan busca "disminuir la sensación de inseguridad". Instructivo de Interior y la Secretaría de Comunicaciones establece una serie de "definiciones básicas que enmarcan las acciones comunicacionales" de las instituciones. SANTIAGO.- Hasta La Moneda fueron convocados hace una semana los jefes de comunicaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros: el subprefecto Rodrigo Fuentes y el coronel Mario Rozas. Allí se les leyó y entregó un "protocolo de actuación" para abordar el tratamiento de los procedimientos que fueran de interés mediático. A los oficiales se les planteó que el objetivo de la propuesta, elaborada por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Comunicaciones (Secom), era diseñar un plan que "permita disminuir la sensación de inseguridad en el país", según informa "El Mercurio". El instructivo contiene ocho "definiciones básicas que enmarcan las acciones comunicacionales que desarrollen las instituciones públicas antes indicadas, a efecto de difundir a la opinión pública el rol que realiza el Estado en materia de prevención, control y persecución de quienes cometen delitos". El primer punto indica que "las policías informarán a la autoridad de TODOS los planes destinados a enfrentar fenómenos delictivos de relevancia social, en las sesiones de comité policial que se realizan cada semana. NO se anunciarán planes específicos a través de los medios de comunicación en tanto no exista conocimiento de la autoridad competente. El Ministerio del Interior es el superior jerárquico de las policías y, a nivel central, esa coordinación radica en el ministro y el subsecretario". Más abajo, el quinto apartado señala que "las piezas gráficas y audiovisuales que elabore Carabineros y la PDI con fines publicitarios deberán incorporar el logo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, considerando que la labor policial es parte fundamental de las acciones del gobierno". Y en el sexto se agrega que "el material elaborado por las policías, que se genere con fines publicitarios y de difusión, deberá ser revisado y autorizado por la Secom, tal como ocurre en el resto de los organismos e instituciones dependientes de los ministerios". Por último, el octavo ordena que "en el marco de la transparencia de los órganos del Estado, tanto la PDI como Carabineros harán públicas sus políticas de comunicaciones y el presupuesto que se utiliza con esos fines". Subsecretaría del Interior: propuesta fue consensuada Luego que se conociera el "protocolo de actuación" entregado a las policías, fuentes del área de comunicaciones de la Subsecretaría del Interior confirmaron la existencia del documento, pero afirmaron que "es parte de un trabajo consensuado que se efectúa con las instituciones desde julio". Aseveraron que el oficio resume "las propuestas que las mismas instituciones hicieron llegar a Interior durante estos últimos meses" e insistieron en que "no es una imposición unilateral" de La Moneda. Respecto de por qué surge el instructivo, las fuentes de gobierno comentaron que efectivamente se intenta reducir la sensación de inseguridad en la población, pero que además se busca evitar que por error se infrinjan los derechos de las personas envueltas en los procedimientos y salvaguardar la integridad de los profesionales, sobre todo los camarógrafos de TV, que participan en actuaciones junto a los policías. En la Subsecretaría del Interior se aseguró que el propio ministro del Interior, Jorge Burgos, les informó del nuevo protocolo a los directores de las dos instituciones, en el comité policial del 17 de noviembre, una semana antes de la reunión con los jefes de comunicaciones. En ambas policías declinaron referirse al asunto. www.emol.com
  12. Harboe condena balacera exhibida en TV y pide mayor coordinación a policías y fiscalía El senador lamentó los sucesos registrados en Quilicura y subrayó que el Congreso ya endureció las leyes para el porte ilegal de armas, por lo que sólo falta que se aplique con la "máxima dureza". SANTIAGO.- El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, Felipe Harboe (PPD), lamentó este jueves los hechos registrados por el programa "En su propia trampa" de Canal 13, en cuyo último capítulo emitido ayer se exhibió una impactante balacera en la población Parinacota de la comuna de Quilicura. Al respecto, el parlamentario comentó que "tuve oportunidad de ver el programa y déjenme decirles que con sufrimiento e impotencia vi esas imágenes. No es justo que familias, que niños, tengan que estar sometidos a ese nivel de inseguridad". "Aquí se requiere de una vez por todas que las instituciones policiales y la Fiscalía se coordinen, utilizando esos medios de prueba que ayer unos periodistas arriesgando su vida grabaron, y que sean elementos de prueba para condenar a estos delincuentes", dijo. En ese contexto, Harboe recordó que en febrero de este año se publicó una ley que endurece las penas para la tenencia ilegal de armas de fuego, la cual establece dos condenas para quienes cometan ese delito y prohíbe a los jueces bajar las sanciones del rango establecido en la ley. "Es decir, es la ley más dura que hemos tenido en los últimos quince años. Pero lo importante no es solo que las leyes sean duras, es que las policías lleguen a tiempo para detener a los delincuentes y que los fiscales tengan elementos de prueba para condenar a los delincuentes", añadió. En esa línea, subrayó que "la ley hoy está vigente y esperamos que se aplique con la máxima dureza. No es aceptable ver las imágenes que vimos anoche, eso no puede ser y como esas probablemente hay otras poblaciones que están sufriendo esa situación". "Aquí se requiere la defensa de los DD.HH. de la gente honesta que quiere vivir tranquila y no tiene que estar escondida con un casco en la cabeza para que sus hijos puedan dormir tranquilos", enfatizó. Asimismo, el senador insistió en que es necesario que las policías y la fiscalía trabajen en conjunto. "Se requiere llegadas más oportunas. Probablemente lo que vimos ayer, por ejemplo en el enfrentamiento que hubo en Providencia, es producto de que Carabineros llegó a tiempo frente a una llamada", indicó. "Lo que no queremos es que la policía llegue solo a tomar las denuncias cuando los hechos ya han ocurrido (…) lo que no puede ocurrir es que frente al llamado desesperado de una familia no haya ningún tipo de respuesta oportuna, porque eso genera una sensación de inseguridad, impotencia y sufrimiento", sostuvo. Finalmente, el legislador destacó que la ley de control de armas hoy día establece una pena mínima de tres años y un día a diez años al que tenga ilegalmente un arma, por lo que "las leyes están, lo importante es que ahora se identifique, se detenga y se pruebe la participación de estas personas para condenarlas prontamente". www.emol.com
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