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  1. 28 Mayo 2019 Corte Suprema ordena al Gobierno cambiar plan regulador de Quintero y Puchuncaví Matías Asun, de Greenpeace, recalcó que "esta es una sentencia histórica de la Corte Suprema, que marca con claridad la debilidad de la reacción del gobierno en la emergencia que ha enfrentado en la zona de Quintero, Ventanas y Puchuncaví". La Corte Suprema ordenó al Ejecutivo cambiar el plan regulador en Quintero y Puchuncaví, tras la crisis medioambiental que se registró en la zona en 2018. Así, la Tercera Sala del máximo tribunal lo decidido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó una serie de recursos de protección contra ENAP, Codelco Ventanas, AES Gener y el Ministerio del Medio Ambiente. Según consignó radio Cooperativa, la Corte Suprema decretó 15 medidas para evitar que se repitan episodios de contaminación, como realizar análisis para indagar la presencia de gases contaminantes y el traslado de la población ante casos de emergencia. El senador RN Francisco Chahuán aseguró que “la autoridad deberá establecer todas y cada una de las medidas para determinar cuales fueron los contaminantes afectados. Segundo, cuáles fueron las industrias afectadas”. “Tercero, que se adopten todos y cada uno de los filtros y medidas para evitar que estos hechos sigan ocurriendo, y evaluar incluso los actuales niveles de emisiones permitidas, para los efectos de restablecerlos aún más”, agregó. El parlamentario destacó que se buscará “establecer también un seguimiento de toda la población afectada para los efectos de poder determinar si hay alguna patología en la respectiva zona y si son atribuibles o no a estos hitos ambientales”. Matías Asun, de Greenpeace, recalcó que “esta es una sentencia histórica de la Corte Suprema, que marca con claridad la debilidad de la reacción del gobierno en la emergencia que ha enfrentado en la zona de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”. “En este sentido la Corte es clara y enfática en señalar que cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación, la población vulnerable será trasladada”, precisó. SIGUE LEYENDO Contraloría aprobó nueva norma horaria para dióxido de azufre Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/05/28/corte-suprema-ordena-al-gobierno-cambiar-plan-regulador-de-quintero-y-puchuncavi/
  2. 14 Septiembre 2018 El Minvu adultera la Ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo El 15 de agosto entró en vigencia la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo. La normativa comenzó a tramitarse bajo el gobierno de Michelle Bachelet, luego del estallido del llamado caso CAVAL, el millonario negocio de especulación inmobiliaria impulsado por la nuera y el hijo de la ex presidenta en la comuna de Machalí. Con posterioridad a la publicación de la ley, dos circulares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo le quitaron los dientes a la normativa. ¿El resultado? Se pospone indefinidamente la aplicación de la ley a los planes reguladores comunales e intercomunales en trámite de elaboración. Resultó sorprendente que tan pronto empezó a operar la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo –que entró en vigencia el 15 de agosto–, la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dictó bochornosas circulares con alcance nacional, cambiando completamente el sentido y propósito de esa legislación que se empezó a tramitar en el Congreso Nacional durante el gobierno de Michelle Bachelet. A través de las circulares N° 405 del 9 de marzo de 2018, firmada por el arquitecto Pablo Contrucci, y N° 411 del 16 de agosto de 2018, suscrita por su colega Paz Serra, se perturba irremediablemente la correcta aplicación de la Ley Nº 21.078, conocida también como “Ley Caval”. Dicha ley pretendía hacer frente a gestiones como aquellas que fueron empleadas por algunos especuladores inmobiliarios que buscaban modificar el Plan Regulador Intercomunal de la Sexta Región para cambiar el uso de suelo de unos terrenos rurales en la comuna de Machalí. Esos operadores comerciales intentaron, sin lograrlo, que esos predios se transformaran en habitacionales mixtos para obtener así las respectivas plusvalías en el mercado del suelo urbano. A continuación explicamos sucintamente lo sucedido con ambas circulares: Mediante la Circular DDU N° 405 suscrita por Contrucci, jefe de la DDU bajo el gobierno de Bachelet, se pospone indefinidamente la plena aplicación de la “Ley Caval” a los planes reguladores comunales y planes reguladores intercomunales que estuvieran en cualquier etapa de elaboración, sin considerar que, por mandato de su artículo transitorio, la mencionada ley ya entró en vigencia plena el 15 de agosto de 2018. Con dicho ardid, la DDU permite que los citados instrumentos de planificación territorial (IPT) no incorporen las nuevas exigencias de transparencia que estableció la Ley N° 21.078. Tampoco que se apliquen sus demás exigencias respecto de la intervención de los particulares en la planificación urbana o las relativas a la imagen objetivo que debe aprobar previamente la ciudadanía. Además, no permite que se aplique el imperativo de fundamentar adecuadamente el plan propuesto; o lo relativo al plazo para la actualización del instrumento; o las nuevas exigencias sobre estándares mínimos que deben cumplir los IPT o lo relacionado con las normas supletorias para los casos en que no exista un Plan Regulador Comunal (PRC). Con esta artimaña, la flamante Ley Nº 21.078, que curiosamente se llama de transparencia, pasa inmediatamente a ser letra muerta. Y por ello nos preguntamos: ¿qué opinarán los diputados y senadores que la aprobaron de buena fe para que los instrumentos de planificación territorial se confeccionaran y aprobaran con los estándares más altos de probidad, transparencia y participación ciudadana? Pretender que la nuevas exigencias de la Ley N° 21.078, plenamente vigente, no serán aplicables a ninguno de los instrumentos en estudio o que estén en cualquiera de sus fases de elaboración sería un completo y absoluto contrasentido con el propósito esencial de dicha norma: que no vuelvan a ocurrir las impúdicas situaciones, como el caso Caval, ni lo acontecido con los ilegales guetos verticales en la comuna de Estación Central. Luego, con la Circular DDU N° 411 suscrita por Paz Serra, ya en el gobierno de Sebastián Piñera, se trastocan absolutamente los nuevos artículos 28 quinquies y 28 sexies, incorporados por la nueva Ley Nº 21.078 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). A ese respecto, cabe recordar que el artículo 28 quinquies, motivado por la falta de un Plan Regulador en la comuna de Estación Central que dio paso a la aprobación de 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo de altísima densidad de hasta 19.000 habitantes por hectárea (guetos verticales), estableció normas supletorias sólo para las “áreas urbanas” que no cuentan con un Plan Regulador Comunal, tales como fijar una altura, densidad y otros parámetros en función de un promedio de la situación existente alrededor de un predio. Lo que pretende la referida circular DDU Nº 411 es hacer extensiva las mencionadas normas supletorias a las “áreas de extensión urbana”, que son propias de otro nivel de la planificación urbana, como lo es el intercomunal, generando con ello graves distorsiones respecto de los ámbitos propios de cada instrumento, y confundiendo el tipo de área en que dicha norma supletoria se debe aplicar. Asimismo, en relación con el artículo 28 sexies, la actual DDU nuevamente tergiversa el plazo de entrada en vigencia de la Ley N° 21.078, esta vez, en relación con la actualización de los instrumentos de planificación que exigió la ley, posponiendo indefinidamente su aplicación, hasta que se modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Es asombroso, por no emplear otro adjetivo más duro, que el Minvu –en los dos últimos gobiernos– recién aparecida la ley la menoscabe por la simplista vía de instrucciones administrativas. Ante la gravedad de lo ocurrido, el 24 de agosto la Fundación Defendamos la Ciudad denunció estos ardides ante la Contraloría General de la República. Pero llama la atención que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se mantenga ausente en este nuevo episodio de barbarie jurídica. Los dos funcionarios públicos que suscribieron ambas circulares debieron haberse asesorado por la unidad jurídica del Minvu y, por ello, cabe la posibilidad de que estemos ante una estrategia consciente de los gobiernos de Bachelet y Piñera para, con sutilezas y eufemismos, neutralizar la aplicación de la Ley N°21.078. También hay que recordar que la Ley N°21.078 también contempla un artículo quinto que pretende blanquear los permisos mal otorgados con anterioridad a su entrada en vigencia, que aplicaron una serie de beneficios urbanísticos derivados de los Planes Reguladores Comunales en la época en que dichos instrumentos no estaban facultados para hacerlo. Es decir, como estamos en Chile, “hecha la trampa, hecha la ley”. Esa misma Ley N°21.078 creó un “Portal Único de Información”, como eje central de la transparencia del mercado del suelo, en donde el Minvu publicaría en su página web la totalidad de los antecedentes de los instrumentos de planificación territorial, es decir, lo relativo a los planes reguladores comunales e intercomunales, cosa que el Ministro Cristián Monckeberg inauguró con gran pompa y publicidad. Sin embargo, el portal creado para esos fines por el Minvu es inservible: no contiene información oficial, sino que meramente referencial; no está actualizado y su diseño hace prácticamente imposible acceder a los documentos. Por ejemplo, en lo referente al Plan Regulador Comunal de Providencia, publica uno que está derogado, y no publica antecedente alguno del que está vigente desde el año 2007. Asimismo, acceder a los planos que grafican las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), es imposible, por la sencilla razón de que no se publica. Igualmente no es posible acceder al texto actualizado de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes. Y así suma y sigue. Ya que hemos detectado el artificio concebido por funcionarios públicos muy imaginativos, es de esperar que el propio Presidente Piñera tome cartas en el asunto, ordenando que se dicte a través del Minvu la reglamentación faltante de la nueva ley, a objeto de facilitar su plena aplicación, así como corregir inmediatamente lo relativo al “Portal Único de Información”. Todos queremos que en Chile exista un apego irrestricto al principio de probidad, pues con esa sana práctica tendremos mejores y más sustentables ciudades para vivir en ellas y los actores inmobiliarios tendrán reglas claras para iniciar los proyectos, no como en la actualidad que reina el desorden más absoluto. Suponemos que ese fue el espíritu y la letra de la ley en comento, que desgraciadamente los funcionarios del Minvu se esfuerzan por lo contrario, haciendo más oscura y hasta tétrica la comprensión de la Ley N°21.078. Fuente: https://ciperchile.cl/2018/09/14/el-minvu-adultera-la-ley-21-078-sobre-transparencia-del-mercado-del-suelo/ A continuación explicamos sucintamente lo sucedido con ambas circulares: Mediante la Circular DDU N° 405 suscrita por Contrucci, jefe de la DDU bajo el gobierno de Bachelet, se pospone indefinidamente la plena aplicación de la “Ley Caval” a los planes reguladores comunales y planes reguladores intercomunales que estuvieran en cualquier etapa de elaboración, sin considerar que, por mandato de su artículo transitorio, la mencionada ley ya entró en vigencia plena el 15 de agosto de 2018. Con dicho ardid, la DDU permite que los citados instrumentos de planificación territorial (IPT) no incorporen las nuevas exigencias de transparencia que estableció la Ley N° 21.078. Tampoco que se apliquen sus demás exigencias respecto de la intervención de los particulares en la planificación urbana o las relativas a la imagen objetivo que debe aprobar previamente la ciudadanía. Además, no permite que se aplique el imperativo de fundamentar adecuadamente el plan propuesto; o lo relativo al plazo para la actualización del instrumento; o las nuevas exigencias sobre estándares mínimos que deben cumplir los IPT o lo relacionado con las normas supletorias para los casos en que no exista un Plan Regulador Comunal (PRC). Con esta artimaña, la flamante Ley Nº 21.078, que curiosamente se llama de transparencia, pasa inmediatamente a ser letra muerta. Y por ello nos preguntamos: ¿qué opinarán los diputados y senadores que la aprobaron de buena fe para que los instrumentos de planificación territorial se confeccionaran y aprobaran con los estándares más altos de probidad, transparencia y participación ciudadana? Pretender que la nuevas exigencias de la Ley N° 21.078, plenamente vigente, no serán aplicables a ninguno de los instrumentos en estudio o que estén en cualquiera de sus fases de elaboración sería un completo y absoluto contrasentido con el propósito esencial de dicha norma: que no vuelvan a ocurrir las impúdicas situaciones, como el caso Caval, ni lo acontecido con los ilegales guetos verticales en la comuna de Estación Central. Luego, con la Circular DDU N° 411 suscrita por Paz Serra, ya en el gobierno de Sebastián Piñera, se trastocan absolutamente los nuevos artículos 28 quinquies y 28 sexies, incorporados por la nueva Ley Nº 21.078 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). A ese respecto, cabe recordar que el artículo 28 quinquies, motivado por la falta de un Plan Regulador en la comuna de Estación Central que dio paso a la aprobación de 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo de altísima densidad de hasta 19.000 habitantes por hectárea (guetos verticales), estableció normas supletorias sólo para las “áreas urbanas” que no cuentan con un Plan Regulador Comunal, tales como fijar una altura, densidad y otros parámetros en función de un promedio de la situación existente alrededor de un predio.
  3. 14 Abril 2017 Valparaíso: inician sumario por permisos de Mirador Barón Contraloría ofició al municipio tras detectar irregularidades. Inmobiliaria indicó que ellos siempre han “actuado de buena fe”. La Municipalidad de Valparaíso recibió un dictamen de Contraloría, en el cual se da respuesta a la denuncia de la comunidad de Cerro Barón, quienes en julio de 2016 informaron supuestas irregularidades en el proyecto inmobiliario “Mirador Barón”. El proyecto busca emplazar dos edificios de cuatro pisos enfrentados hacia calle Portales y otros cuatro inmuebles, de nueve pisos, desde el plano del cerro hacia Avenida Argentina. En el documento que la Contraloría envío a la alcaldía se señala que en el caso de los seis edificios “es dable concluir que tantos los certificados de informaciones previas, como el informe del revisor independiente y el proyecto aprobado, no se ajustan a la normativa urbanística aplicable en la especie”. Se precisa, además, que “no corresponde, para el otorgamiento de permisos, que la DOM (dirección de obras municipales), efectúe interpretaciones como la de la especie, ya que esa facultad recae sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”. La Contraloría pide a la autoridad comunal disponer medidas para evitar la reiterada actuación reprochada: “El municipio deberá iniciar el correspondiente sumario administrativo”, se indicó. Este jueves, en la sede edilicia se dio por iniciado lo ordenado por el órgano contralor. El administrador municipal, Claudio Opazo, indicó que “los antecedentes están siendo revisados por nuestro equipo jurídico, el cual nos indicará cómo proceder frente a proyectos que presenten irregularidades. El municipio actuará conforme a la ley, apostando siempre a resguardar la calidad de vida de los vecinos y la protección del barrio”. En esa línea, deberá considerarse la posible invalidación administrativa de los actos considerados irregulares, que es lo que persigue la comunidad de vecinos del ex Hospital Ferroviario de Cerro Barón. Mediante un comunicado expresaron que “este hecho confirma la validez de nuestra lucha de casi tres años, durante los cuales hemos realizado innumerables acciones para defender nuestro espacio de vida”. Desde la inmobiliaria Mirador Barón aseguraron no conocer el dictamen, pero indicaron estar tranquilos, “ya que siempre hemos actuado de buena fe, ajustando nuestro proyecto estrictamente a la ley, contemplando todas las normas urbanísticas de la Ley General de Construcción, como así también los instrumentos de planificación territorial vigentes”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/valparaiso-inician-sumario-permisos-mirador-baron/
  4. EL CIUDADANO 16 Marzo 2017 Alcalde abordó diversas problemáticas Sharp y nuevo plan regulador: “No podemos seguir construyendo edificios en los cerros de Valparaíso” "Vamos a reabrir un proceso de participación ciudadana, soberano y vinculante. Las reglas que tenemos son de los años '80 y reglas nuevas para el progreso de Valparaíso es la prioridad que tenemos como alcaldía ciudadana”, expresó el edil, quien se refirió también a las fiscalizaciones y sumarios al interior del municipio, entre otros temas. Tras una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, donde se acordó el pago de una cuantiosa deuda que permitirá generar importantes obras de infraestructura en la ciudad, este jueves el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al proceso de creación del nuevo plan regulador que tiene en vilo a las comunidades organizadas porteñas. “Hemos tomado la decisión de tomar en nuestras manos la construcción de este plan regulador comunal. Vamos a reabrir un proceso de participación ciudadana, soberano y vinculante. Las reglas que tenemos son de los años ’80 y reglas nuevas para el progreso de Valparaíso es la prioridad que tenemos como alcaldía ciudadana”, expresó el edil porteño. Consciente de la demanda ciudadana, que exige fiscalización a la Dirección de Obras Municipales, un sumario administrativo al director Matías Valdés, además del congelamiento en la entrega de permisos de edificación y la invalidación de todos los que ya se han entregado, el alcalde Sharp se mostró responsable y serio, no descartando ninguna acción, como sumarios o acciones legales, si detectaban alguna irregularidad. En la misma línea se manifestó el concejal Claudio Reyes, también presente en la cita en el Congreso. “Cualquier funcionario que sea responsable de una falta administrativa tiene que salir, independiente sea el jefe de obras o cualquier otro. Asimismo, el consenso ciudadano es que no hayan más edificaciones que rompan con la topografía propia, con el patrón de asentamiento de nuestras ciudades. Evidentemente, las edificaciones en altura se desescalan de la construcción propia a la que está acostumbrado Valparaíso. Hay un problema de infraestructura sanitaria, de capacidad vial, de seguridad en caso incendio”, expuso el también arquitecto. Pequeño gesto, cuantioso aporte En la mencionada reunión se ratificó, a nombre de la Cámara y la Corporación del Parlamento, la voluntad de ponerse al día en temas financieros pendientes entre las dos entidades. Por una parte, saldar una deuda histórica que tiene la Corporación con la Municipalidad respecto de permisos de edificación. Por otra, cuantificar el uso que está realizando el edificio del Congreso en los terrenos que antes ocupara el hospital Enrique Deformes, cuya calidad es la de bien nacional de uso público. En ese sentido, el alcalde Sharp informó que a fines de mayo se conocerán los montos comprometidos, los que serían destinados a la realización de importantes obras de infraestructura en la ciudad. “Estos dineros que van a ingresar a las arcas municipales van a estar destinados para la gente, no para pagar deudas ni a resolver el problema del déficit. Nuestro enfoque es doble: recuperar sectores del plan -una demanda ciudadana muy importante-, pero también mirar a los cerros. Tenemos una necesidad de contar con condiciones de vida mucho más dignas”, manifestó el jefe comunal. Discurso presidencial y cruceros Aprovechando la instancia, y dado el reciente aviso de cambio de fecha de la cuenta pública, el edil afirmó que esta señal era buena, ya que la realización de estos tres eventos -discurso presidencial, movilización ciudadana y desfile de las glorias navales- en distintos tiempos era un alivio para la ciudad. “Ojalá que se pueda aplicar para este año, sería una muy buena noticia. Pero no resuelve el problema de fondo, que tiene que ver con el estado de abandono en que se encuentra por años la ciudad. Mientras aquello no se concrete, no vamos a descansar. La ciudad para nosotros está primero”, apuntó. Finalmente, consultado por los problemas surgidos con los cruceros a raíz de los problemas entre las empresas concesionarias del puerto, el integrante del Movimiento Autonomista Valparaíso manifestó su malestar por la utilización de los trabajadores como carne de cañón, haciendo un llamado a moderar la forma en que se ha llevado a cabo el conflicto e instando a poner por delante los intereses de la ciudad y los portuarios. En ese sentido, habría interés por invertir en obras de infraestructura deportiva, social, cultural y urbana en los cerros y plan de Valparaíso. Si bien gran parte va a depender de la voluntad del Ministerio de Hacienda -que es quien tiene la billletera fiscal- existe al menos una demostración de voluntad. Mientras, la gente de Valparaíso espera que la ciudad comience a cambiar su cara. Fuente: http://www.elciudadano.cl/2017/03/16/366997/sharp-y-nuevo-plan-regulador-no-podemos-seguir-construyendo-edificios-en-los-cerros-de-valparaiso/
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