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  1. Cable pirata ya suma el 6% del mercado y empresas relanzan ofensiva Según cifras de las operadoras de TV paga, ya hay más de 300 mil abonados ilegales. A fines de octubre, el Senado retomará el proyecto de ley que endurece las multas. Cableras se quejan de que apagón de los codificadores piratas del 2012 no funcionó. En Chile, más de 300 mil personas tienen televisión pagada pirata. En total, son el 6% del mercado, y si fueran clientes de una misma compañía se podría decir que equivalen al quinto operador. Debido a estas prácticas, el Estado chileno y la industria dejan de ingresar US$ 72 millones, según datos aportados por las empresas del sector, que agrupadas en la “Alianza contra la Piratería” se preparan para relanzar en octubre su ofensiva contra el robo de señales. Durante la primera semana del próximo mes, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado retomará la discusión del proyecto de ley que sanciona la piratería de la TV paga. El proyecto entró a la sala en 2015 y, según su último borrador -con las indicaciones subidas en mayo pasado-, las sanciones a quien piratee las señales pasaron de un piso de 10 unidades tributarias mensuales ($ 459 mil) a 100 UTM ($ 4,5 millones). Además, se faculta a la retención de los equipos utilizados y, lo que es mayor, en caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa establecida al infractor. También se amplía el alcance de la ley desde “señales de televisión satelital” a “señales de servicios limitados de televisión”, abarcando así a todas las empresas de TV paga. Aunque las operadoras esperaban sanciones mayores para acabar con la impunidad de quienes vulneran las leyes e impulsar la “tolerancia cero”, ejecutivos de las cadenas reconocen que el texto ya es un avance. Mientras el reloj sigue corriendo, nuevas tecnologías sofistican aún más el robo de contenidos que afecta sus transmisiones y hasta la fecha no han conseguido un fallo potente de tribunales para perseguir, además de la arista tributaria. En todo caso, el proyecto legal podría sufrir nuevos cambios antes de acabar su trámite parlamentario. Tras el apagón general de los decodificadores piratas que se realizó en 2012, el uso de TV de pago ilegal ha vuelto a crecer. “Nosotros, a través de la Alianza, hemos llevado a cabo distintas reuniones con instituciones tanto gubernamentales como privadas, con la finalidad de poner este tema en la agenda del gobierno. Esperamos que nuestros esfuerzos tengan éxito y podamos tener a la brevedad una legislación moderna que nos entregue las armas para poder hacer frente a la piratería”, dice Diego Cortés, subgerente legal de VTR. Porque hay zonas del país donde la piratería campea, especialmente en el extremo norte, donde el robo se efectúa principalmente mediante antenas satelitales. En otras partes del país, lo usual es que personas contratan TV cable para revender la señal a sus vecinos. “Mediante el actual proyecto, no se persigue sancionar a los usuarios, meros tenedores o poseedores de los dispositivos y/o softwares, ya que el objetivo es sancionar a quienes lucran con el negocio de la piratería de televisión satelital de pago”, explica Gianpaolo Peirano, director legal y asuntos corporativos de DIRECTV. Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a marzo de 2016, la televisión de pago alcanzó una penetración del 53,5% de los hogares chilenos: 2,97 millones de suscriptores. La líder del mercado es VTR (34,5%), seguida por Movistar (21,4%), DIRECTV (18,1%) y Claro (14,6%). El “pack” ilegal Hace algunas semanas, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) incautó 34 decodificadores en Chile Chico. Todo partió por una denuncia de DIRECTV, por el delito de sabotaje informático en algunas comunas de Aysén. Los investigadores descubrieron que desde una casa común y corriente se retransmitía a terceros mediante cable la señal de la firma de TV satelital. El “pack” ilegal costaba $ 17.000 mensuales y la cablera operaba hace ocho años. Ese es sólo un ejemplo de cómo opera el sistema. De hecho, basta buscar “decodificadores” en internet para encontrarse con ofertas de equipos con una o dos antenas orientadas a los satélites Amazonas o Hispasast por menos de $ 100 mil. De acuerdo a los ejecutivos, existen muchas formas de piratear las señales. La más común es colgarse y revender a precios cinco veces más bajos o comprar decodificadores (conocidos como FTA) para desencriptar canales protegidos. “En nuestro caso particular, sabemos que un tercio de los reclamos por problemas de servicio presentados por clientes reales son producto de personas que están ilícitamente interviniendo las conexiones a servicios de telecomunicaciones”, añade Cortés, de VTR. En la industria explican que muchos de los nodos de las redes de pirateo están localizados en China, aunque también se han encontrado en Rusia o en Ucrania. Derechos de autor “Las acciones judiciales ejercidas hasta ahora son principalmente querellas criminales en contra de los operadores ilegales, quienes prestan sus servicios de televisión de pago a sus clientes abonados cometiendo delitos informáticos y atentando en contra de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley General de Telecomunicaciones. Asimismo, es común que el operador pirata incurra en delitos tributarios. Todo esto sin perjuicio de acciones civiles y otras medidas administrativas (aduaneras), que también se han ejercido en varios casos”, explica Natalia Diuana Sánchez, abogada de Contreras Velozo. Esta oficina consiguió en 2014 una sentencia condenatoria en contra de una cablera ilegal de Puente Alto. El proyecto de ley, además, pretende avanzar en la protección de la propiedad intelectual, los derechos de autor y busca impedir la comercialización de dispositivos o softwares con capacidad de decodificar señales sin autorización. Por lo mismo, el senador Guido Girardi, de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, prevé el ingreso de nuevas indicaciones relacionadas con el derecho de autor, la persecución tributaria, el rol de la Subtel y facultades para que Aduanas y tribunales puedan suspender la internación de equipos que se usan con fines ilegales. Porque según explican algunos abogados, un problema de la persecución es que los decodificadores son legales. Y aunque fueran ilegales, hecha la ley, hecha la trampa: en Brasil, entran ahora por piezas y bajo partidas arancelarias diferentes. Incluso, como radios. Otro tema que preocupa en cuanto a propiedad intelectual es la relación con Estados Unidos. Chile es considerado una economía “al debe” en estas materias, por lo que la USTR (The Office of The United States Trade Representative) incluyó al país en la lista de pirateo alto. A eso se suma la presión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el año pasado recomendó adoptar medidas. www.latercera.com
  2. Desbaratan red ilegal de TV satelital en Chile Chico: llevaba ocho años operando La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) en Coyhaique, incautó múltiples equipos de decodificadores en Chile Chico. Las diligencias comenzaron tras una denuncia efectuada por representantes de la empresa de telecomunicaciones DIRECTV, por el delito de sabotaje informático en algunas comunas de la región de Aysén. Producto de la investigación, los detectives llegaron hasta un domicilio en Chile Chico, comprobando que desde allí se emitía señal de retransmisión a terceros, sin autorización de la empresa demandante. Las personas que ofrecían este “pack” ilegal, alcanzaron a tener más de 400 clientes, cobrando una suma mensual de $17.000. Ésto por más de ocho años. En el lugar, los funcionarios de la PDI, procedieron a la incautación de 34 decodificadores que no solamente pertenecían a la empresa que denunció el hecho, sino que también a otras empresas de telecomunicaciones. http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/09/14/desbaratan-red-ilegal-de-tv-satelital-en-chile-chico-llevaba-ocho-anos-operando.shtml
  3. Comisión del Senado aprobó proyecto de ley que quita pena de cárcel a la radiodifusión no autorizada El Ciudadano Su satisfacción por la aprobación por unanimidad en la Comisión del Transportes del Senado del proyecto de ley de su autoría que elimina la pena de cárcel para la radiodifusión no autorizada (BOLETÍN Nº 10.456-15) manifestó el legislador Alejandro Navarro, señalando que “este es un gran paso para el fortalecimiento de la democracia y para la libertad de expresión e información”. Su satisfacción por la aprobación por unanimidad en la Comisión del Transportes del Senado del proyecto de ley de su autoría que elimina la pena de cárcel para la radiodifusión no autorizada (BOLETÍN Nº 10.456-15) manifestó el legislador Alejandro Navarro, señalando que “este es un gran paso para el fortalecimiento de la democracia y para la libertad de expresión e información”. Agregó que “esta moción busca terminar con la criminalización a las radios comunitarias amparada en el artículo 36B letra a de la ley General de Telecomunicaciones vigente en Chile desde el año 1989”. Para el parlamentario “no es posible que en democracia se sigan silenciando radios. La libertad de expresión y el derecho a comunicar son la piedra angular de una sociedad democrática, por lo que con este proyecto nos estamos poniéndonos al día”. Navarro en contra de la incautación de equipos Navarro comentó que “solo durante el año 2015, por el solo hecho de no contar con autorización de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, se allanaron seis radios comunitarias, a las que además les requisaron sus equipos con el fin de que no pudieran seguir transmitiendo”. “Tal es el caso de la Radio Aukan de Rancagua-indicó- que fue allanada en diciembre del año pasado por la PDI, requisándoles un transmisor y un computador. En esa oportunidad, se realizó la detención de dos personas, entre ellos Francisco Orellana, presidente de la agrupación, y en calidad de testigo quien arrendaba el centro cultural donde funcionaba la emisora. Ambos, arriesgan pena de cárcel”. Por lo anterior, el congresista espera que durante el debate del proyecto de ley que ahora pasará a la sala, “no se presenten indicaciones que vayan en dirección de decomisar equipos en el marco de la incautación de evidencias por parte de la policía, antes de que exista una orden judicial”. El legislador manifestó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala ‘La libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir información y hacerla llegar al mayor número de destinatarios’. Asimismo el parlamentario expresó que “el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, indica en su numeral 1 que ‘Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección’”. Del mismo modo indicó que “esta Convención señala en su numeral 3 que ‘No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones’”. El Ciudadano Fuente: http://www.elciudadano.cl/2016/04/06/272619/comision-del-senado-aprobo-proyecto-de-ley-que-quita-pena-de-carcel-a-la-radiodifusion-no-autorizada/
  4. Pescador pirata chileno huyó durante 110 días y hundió su barco antes de ser detenido Luis Rubio Cataldo era el capitán de uno de los 5 barcos de pesca ilegal más buscados por la Interpol. En diciembre fue divisado por vigilantes de una ONG ecologista, en la Antártica. La persecución duró hasta abril, cuando naufragó, en las costa Guinea. La escena ocurrió a finales de abril, en medio del mar, al sur de la costa de Guinea, en el océano Atlántico. Un barco de 60 metros de largo se hunde lenta pero inevitablemente. Entre las 40 personas que componen la tripulación cunde el pánico y gritan por ayuda. Menos uno. El capitán, en una escena descrita por los testigos como algo jamás visto, se ve tranquilo. Pero no sólo eso. El hombre aplaude mientras su barco se hunde. El capitán del barco llamado Trueno (Thunder) es Luis Rubio Cataldo, es chileno, y está a cargo de uno de los cinco barcos pesqueros pirata más buscados del mundo, etiquetados por la Interpol con la “Purple Notice”, que es como una lista de “los más buscados” pero del mundo marino. Luis Rubio está terminando así una persecución que duro 110 días, que empezó en aguas de la Antártica y terminó en las costas de Nueva Guinea. Los incansables persecutores son dos barcos de Sea Shepherd, una organización ecologista internacional que protege a las especies y el ecosistema marino. Dos de sus principales financistas sonMartin Sheen y Sean Connery. Cazar al Thunder es el fin de una persecución que se extendió por casicuatro meses y más de 10 mil millas náuticas, dos mares y tres océanos. El barco a cargo del chileno ha intentado chocar y hundir a sus escoltas, sin éxito. El Thunder es en el mundo de la pesca ilegal famoso por ser el que más ganancias ha recaudado en la historia- principalmente gracias a la pesca de la merluza negra, también conocida como bacalao austral, o merluza chilena, un pez que puede vivir hasta 50 años, llegar a pesar 10 kilos y medir casi dos metros- con ganancias estimadas en 76 millones de dólares, desde que se emitió su prohibición de pescar, en el año 2006. Desde entonces el Thunder elude a la justicia del mar cambiando sus banderas y sus patentes. El principal país demandante de la merluza chilena es Japón y se usa para preparara el sashimi. Los barcos que persiguieron al Thunder fueron dos: el Bob Barker y el Sam Simon, el primero capitaneado por Peter Hammarstedt que fue el encargado de rescatar y subir a su embarcación al capitán chileno y su tripulación, compuesta por españoles e indonesios. “Nunca había visto a alguien aplaudiendo mientras se hunde su barco. Me lleva a pensar que lo hundió a propósito, para esconder evidencia”, dijo. Luego de ser revisados en busca de armas, a Rubio y su tripulación le prestaron ropa seca y los llevaron hasta tierra firme, en la República de Santo Tomé y Principe, allá, a principio de junio, fueron formalizado por una serie de delitos que incluyen pesca ilegal, quema de basura en alta mar, ataques a otra embarcaciones, y un largo etc. tan largo que las autoridades locales se dieron tres meses para investigarlos. Este mes debería comenzar el juicio en contra del pirata chileno. Al capitán Hammarstedt otra cosa del chileno le llamó la atención también, en entrevista con The Sidney Morning Herald dijo: “Mientras los indonesios iban como agradecidos de que se hubiese acabado la persecución, los españoles iban callados, como taimados. Pero el chileno se vino todo el viaje de vuelta alegando. Nunca en mi vida vi un naufrago tan malagradecido”. Vía: New York Times, Sea Shepherd, The Sidney Morning Herald www.eldinamo.cl
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