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  1. 11 Octubre 2016 Senado aprueba proyecto que permite a CFT e IP renunciar al lucro y entrar a gratuidad La iniciativa habilita a estos planteles a transformarse en corporaciones y acceder al beneficio. Ahora pasará a segundo trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara. La iniciativa que busca incorporar a la gratuidad a los alumnos de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) avanzó hoy a segundo trámite en el Senado, luego de que se aprobara con 23 votos a favor el proyecto de ley que permite que estos planteles que hoy persiguen un fin comercial se transformen en sin fines de lucro, uno de los requisitos incluidos en la glosa presupuestaria 2017 para acceder al beneficio. En total, se emitieron 36 votos, de los cuales 11 fueron en contra, y dos fueron abstenciones, por parte de los senadores Francisco Chahuán (RN) y Alfonso de Urresti (PS). La ministra de Educación, Adriana Delpiano, que estuvo presente en la instancia, celebró la aprobación del proyecto. “Quiero dar las gracias por este paso que hemos dado, soy una convencida de que estamos avanzando. La calidad en ocasiones se mezcla con estos temas institucionales, pero estamos haciendo el esfuerzo de mejorarla en todos los niveles”, comentó al finalizar la sesión. Las críticas de los parlamentarios que votaron en contra del proyecto estaban enfocadas en que este no mejora la calidad de la educación superior técnica y discriminaría a los estudiantes que quieran acceder a la gratuidad. “Esto nos habla de una situación segmentada, donde los alumnos no tienen beneficios según su condición económica o académica, sino por la naturaleza de la persona jurídica donde estudian. Eso es discriminatorio y se les está haciendo un daño tremendo”, señaló el senador Hernán Larraín (UDI), quien añadió que “los problemas educacionales no son de naturaleza jurídica o económica. La calidad se determina de otra forma”. El senador Andrés Allamand (RN), quien también votó en contra, recordó que en la discusión de gratuidad del año pasado el Tribunal Constitucional “señaló que la gratuidad debe enfocarse en la situación socioeconómica y no en la personalidad jurídica de donde se inscribe el alumno”. Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD) defendió el requisito de transformarse a sin fines de lucro para acceder a la gratuidad, señalando que “cuando una entidad como ésta deja de lucrar y de retirar excedentes que van a los bolsillos de sus controladores, la consecuencia inmediata es que estos recursos tengan una finalidad educacional, que se refuerzan los procesos de aprendizaje, el equipamiento, etc.”. El proyecto pasa ahora a segundo trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senado-aprueba-proyecto-permite-cft-e-ip-renunciar-al-lucro-entrar-gratuidad/
  2. Indicación del gobierno permite a partidos tener acciones de sociedades anónimas Comisión de Constitución analizó ayer enmiendas del Ejecutivo a proyecto que modifica actual ley que rige a las colectividades. La Comisión de Constitución de la Cámara comenzó ayer a discutir las indicaciones que presentó el gobierno -en el marco de la Ley de Partidos Políticos- para regular el patrimonio de las colectividades. Las enmiendas se volvieron necesarias a raíz de un problema que surgió durante la tramitación de la agenda de probidad y transparencia: además de transformar a los partidos en entidades de derecho público, junto con otorgarles financiamiento del Estado, se les prohibirá recibir aportes de personas jurídicas. La complicación se genera con los recursos que poseen algunas colectividades en el mercado de valores y en bienes inmuebles, ya que, al prohibirse que reciban aportes de personas jurídicas, tampoco podrían obtener dividendos de esas inversiones. Buscando resolver esto, el Ejecutivo propuso -a través de sus indicaciones- que los partidos puedan “ser titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y demás títulos de oferta pública representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones financieras”. El texto establece también que, cuando el valor de estos sea superior a UF 25 mil (alrededor de $640 millones), los partidos deberán constituir un mandato especial de administración. El permitir este tipo de inversiones se contrapone a lo dispuesto originalmente por el gobierno. En una minuta que la Segpres había socializado a mediados de agosto, se planteaba específicamente que las colectividades podrán invertir únicamente en instrumentos de renta fija y fondos mutuos, y que “no pueden tener directamente acciones de empresas ni derivados financieros”. Así, el cambio en las indicaciones que se discutieron ayer fue criticado por los diputados, que pidieron al ministro Nicolás Eyzaguirre corregir las enmiendas, por lo que debería llegar con una nueva propuesta hoy. “Se pidió al gobierno que tuviera una mirada más restrictiva. Me sorprendió que los partidos pudieran colocar su patirmonio en instrumentos de renta variable, como sociedades anónimas abiertas, ya que desde el principio se dijo que no era conveniente, porque se vincula el interéres del partido con el de la Sociedad Anónima”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto (PS). El diputado añadió que “se puede dar el caso de que el fiscalizador de la Sociedad Anónima en cuestión pueda ser militante del mismo partido, y eso es un conflicto de interés”. El DC Fuad Chahín coincidió: “El proyecto no resguara los conflictos de interés y tampoco queda claro que se pudiera cerrar la puerta a un financiamiento encubierto”. Desde el PPD, Daniel Farcas señaló que “es muy inadecuado que después de todo lo que hemos instalado como lógica de la Comisión de Constitución, de establecer una muralla china entre los negocios y la política, se pudieran generar las condiciones para que los partidos invirtieran en aspectos que tuvieran relación con el mundo inmobiliario, con el mundo de las empresas”. “Le exigimos al gobierno que, de una vez por todas, transparente cuál es su verdadera opinión y qué fondos son los que quieren que se permita invertir. ¿Qué partidos políticos son los que tienen dineros que les permiten invertir en inmobiliarias o rentas de capital?”, agregó el diputado UDI Juan Antonio Coloma. Inmuebles Las indicaciones del gobierno plantean también que “los bienes inmuebles sobre los cuales los partidos políticos tengan algún derecho real o personal deberán destinarse total o mayoritariamente a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley”. Es decir, actividades propias de las colectividades, tales como colaborar con las labores de sus parlamentarios o contribuir con la formación política de ciudadanos, entre otros. El punto también fue cuestionado por Chahín, quien acusó una “distorsión” por el hecho de que un partido pueda tener acciones de sociedades anónimas, pero no arrendar sus propias propiedades para financiar la actividad partidaria. www.latercera.com
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