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  1. 24 Noviembre 2017 El controvertido negocio de Fiji, el agua de lujo que recorre más de 12.000 kilómetros para llegar a los consumidores El botellín con agua del archipiélago de Fiji, en la última década se ha convertido en un producto de consumo masivo entre ricos, estrellas de la farándula y otras celebridades públicas. La escena de Trump tomando agua en mitad del discurso generó muchas reacciones en las redes sociales. Fue un momento raro. En mitad de un discurso sobre su gira diplomática por Asia, Donald Trump, detuvo su alocución para buscar un botellín de agua junto al podio pero no lo halló. Entonces, volvió a agacharse hacia un lado, tomó la botella y se irguió con ella, colocándola a un lado como quien no quiere mojarse en caso de que se derrame. Tomó un sorbo y regresó a su discurso. La curiosa escena enloqueció a las redes sociales, que se llenaron de comentarios y memes al respecto. A ello contribuyó en parte, el hecho de que en 2013 el senador republicano Marco Rubio vivió un momento similar y el año pasado cuando él y el magnate inmobiliario competían por la candidatura republicana Trump se burló de él en público por aquel episodio. Durante el anecdótico episodio de la semana pasada, hubo otro elemento destacado: el mandatario estadounidense -que basó su campaña presidencial en un mensaje fuertemente nacionalista- estaba tomando un agua embotellada extranjera. Pero, no era un agua cualquiera. El botellín era marca Fiji, un agua importada desde el archipiélago del mismo nombre, ubicado en mitad del océano Pacífico a unos 12.500 kilómetros de Washington, y que en la última década se ha convertido en un producto de consumo masivo entre ricos, estrellas de la farándula y otras celebridades públicas. En su ascenso, Fiji dejó atrás a la francesa Evián como la marca extranjera con mayor presencia en el mercado estadounidense, pero no sin crear por el camino algunas polémicas. Sinónimo de lujo En restaurantes, fiestas y hoteles de lujo se distribuye el agua Fiji. Caracterizada por su botella dura y su etiqueta de color azul, el agua Fiji se convirtió en un sinónimo de lujo en Estados Unidos, donde se vende a precios que triplican el de otras marcas. Es el agua ofrecida en fiestas, restaurantes y hoteles de alto costo. Entre sus consumidores conocidos se encuentran París Hilton, el ex presidente estadounidense Barack Obama, la actriz Nicole Kidman o la cantante Mary J. Blige. Pero, ¿qué hace del agua Fiji algo tan especial? “El marketing, nada más. No hay nada especial con esa agua”, explica a BBC Mundo Charles Fishman, autor del libro The Big Thirst: The Secret Life and Turbulent Future of Water (La gran sed: la vida secreta y el futuro turbulento del agua”. “A los estadounidenses les encanta el agua embotellada porque está de moda. Es casi una cuestión de imagen personal; una declaración: ‘soy una persona que bebe agua Fiji’. Es como comprar agua de Hawái o de Tahití, es algo exótico”, agrega Fishman, quien estuvo en Fiji, donde visitó la embotelladora de agua antes de escribir su libro. “El agua embotellada es como el agua que sale de tu grifo. Puede tener un sabor un poco diferente en cada comunidad, pero si pones agua de grifo en el refrigerador y la dejas allí por cinco horas y luego te sirves un vaso de esa agua agradable y fría, cuando tienes sed, no puedes distinguir entre la buena agua de grifo y el agua embotellada sea Fiji, Evian o cualquier otra marca”, agrega. Fishman recuerda que el agua emotellada, pese a los daños que causa en el medio ambiente -acabando con las reservas de los acuíferos y utilizando grandes cantidades de plástico- las ventas de este producto en EE.UU. están en niveles de récord. ¿Ecológica? Fiji es un archipiélago compuesto por unas 300 islas, de las cuales un centenar se encuentran deshabitadas. Agua Fiji ha enfocado su estrategia de marketing en posicionarse como un producto consumido por celebridades. A inicios de la década de 1990, el empresario canadiense David Gilmour obtuvo una concesión por 99 años del gobierno de Fiji para explotar un acuífero de más de 20 kilómetros de largo, ubicado en una de las islas, y en 1996 lanzó el agua Fiji que desde entonces se posicionó como un producto de lujo consumido por celebridades del espectáculo y por personalidades de pensamiento progresista. Gilmour posteriormente vendió la empresa a una compañía de California. La empresa embotelladora destaca en su página web que el agua procede de una isla ubicada a casi 2.000 kilómetros del continente más cercano, en un bosque tropical impoluto, donde se filtra lentamente a través de rocas volcánicas, lo que le concede su gusto suave, al tiempo que le permite cargarse de minerales y electrolitos. La compañía además afirma actuar con responsabilidad social, invirtiendo en el desarrollo de las comunidades de Fiji y en la protección del ambiente. Además dispone de una fundación cuyos esfuerzos se concentran en proyectos para proveer agua limpia a localidades rurales, construir instalaciones educativas y proveer de atención sanitaria a comunidades pobres. Sin embargo, pese al discurso de sensibilidad social y ambiental, muchos críticos han señalado el hecho de que el agua de Fiji tiene que ser transportada miles de kilómetros hasta los mercados donde están sus consumidores, lo que implica un importante consumo de combustibles fósiles y, con ello, la emisión de gases responsables del cambio climático. El agua Fiji ha logrado meterse también en las pasarelas de los desfiles de moda. Paradójicamente, algunas de las islas del archipiélago -una nación en vías de desarrollo en la que ha habido una gran inestabilidad política en las últimas décadas con varios golpes de Estado- se encuentran en peligro por los efectos del calentamiento global. “Algunas de las comunidades de Fiji se volverán inhabitables. Es una verdadera crisis existencial. Un tercio de las comunidades tendrán que ser trasladadas. Las dimensiones sociales de esto son enormes”, dijo a propósito de los efectos del cambio climático sobre el archipiélago la profesora Elisabeth Holland, de la Universidad del Pacífico Sur, durante una entrevista con el programa PRI/TheWorld. La embotelladora de agua Fiji anunció en 2007 un plan para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el proceso de producción, transporte y venta de su producto. De hecho, afirma haber ido más allá al sobrecompensar sus emisiones en un 120% mediante inversiones en programas de energía y conservación. La compensación de carbono es un mecanismo mediante el cual se realizan reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero en un lugar para compensar por las emisiones realizadas en otro sitio. Un buen negocio El agua Fiji se vende en unos 60 países alrededor del mundo. El agua embotellada es el principal producto de exportación del archipiélago. El agua embotellada es el principal producto de exportación por valor de Fiji. Según datos del Banco Mundial, en 2016 las ventas en el extranjero de agua procedente de Fiji alcanzaron a US$101 millones, un 11% del total de exportaciones del país. “El impacto de agua Fiji en la isla es enorme. Es una compañía grande comparada con el tamaño de la economía y ninguna otra empresa se les acerca. La industria azucarera, una de las principales empleadoras del país, emplea unas 200.000 personas, una cuarta parte de la población. Agua Fiji solo da trabajo a 300 personas, pero producen económicamente más”, señala Fishman. “La infraestructura de la empresa es moderna, con máquinas, camiones y tecnología similar a la que se usa en los países occidentales. Sus empleados aprenden habilidades que les pueden permitir trabajar en cualquier empresa de agua de occidente porque usan maquinaria de última tecnología. En contraste, quienes trabajan en los cañaverales siguen usando simples machetes”, agrega. El experto señala que dado que los propietarios de agua Fiji son estadounidenses, las ganancias de la compañía probablemente no se quedan en la isla por lo que considera que la valoración sobre el impacto de la empresa en la isla es compleja. “Cuando vas a un supermercado en Estados Unidos te das cuenta de que nadie necesita agua de Fiji, es una cosa ridícula, pero cuando vas al archipiélago y ves la fábrica, a la gente que trabaja en ella y la comparas con el resto del país, las cosas son distintas. En Fiji, el negocio del agua de Fiji tiene mucho sentido porque está creando valor económico producto importante”, concluye. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/controvertido-negocio-fiji-agua-lujo-recorre-mas-12-000-kilometros-llegar-los-consumidores/
  2. 24 Noviembre 2017 Codelco buscará en Asia un socio para negocio del litio Minera, que reportó excedentes por US$ 1.614 millones al tercer trimestre, lanzó un nuevo plan de ahorro de costos por US$ 2.000 milones a 2020. Una visita a Asia con el propósito de sondear posibles socios para el negocio del litio realizará la estatal Codelco. En el viaje participarán el presidente del directorio, Oscar Landerretche; el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, y el vicepresidente de Administración y Finanzas de la compañía, Alejandro Rivera, quienes tienen contemplado reunirse con ejecutivos de empresas de Japón y China. Así lo confirmó ayer Nelson Pizarro. “Queremos entrevistarnos con empresas e institutos que conozcan del procesamiento del litio. Tenemos un encargo del Estado de Chile y lo estamos cumpliendo”, señaló. El ejecutivo agregó que otro de los objetivos es aprender nuevas tecnologías de explotación del mineral. “Entendemos que no sólo la evapotranspiración es la manera de concentrar las sales de litio, y que hay otras tecnologías, y eso es lo que queremos mirar, conocer, y evaluar para poder seguir avanzando en los compromisos que hay con el gobierno”, señaló. Por su parte Rivera explicó que si bien en una primera etapa pensaban en tener definido a este socio antes que finalice 2017, ese plazo deberá posponerse hasta que se obtenga el permiso necesario para realizar la explotación. “Estamos en una parte clave del proceso que es obtener el permiso que se llama contrato de operación del salar, que lo tiene que entregar el ministerio de Minería”, explicó, y agregó que además se deben realizar estudios de exploración en profundidad tanto en Maricunga como en Pedernales, para conocer con mayor certeza sus recursos. Excedentes Ayer la minera entregó sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2017, donde destacan utilidades por US$ 1.614 millones, cifra que supera en más de seis veces los US$ 254 millones que tenían como meta para esta parte del año. Del total, US$ 362 millones fueron obtenidos por concepto de gestión y el restopor el alza del cobre. En relación a los procesos de negociación colectiva que enfrentará la estatal en 2018, el presidente de Codelco sostuvo que la productividad tendrá un rol relevante a la hora de discutir beneficios. “Cualquier incremento real por sobre la inflación o el IPC, tiene justificación si y sólo si está asociado a un incremento de productividad (…) actuaremos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con la prudencia que amerita el caso y reconociendo el esfuerzo que han hecho los trabajadores cuando así las cifras lo indiquen”, señaló. Sobre la capitalización, Pizarro dijo que “esperamos que el gobierno nos entregue unos US$ 600 millones este año”. Además, indicó que avanzarán en un nuevo plan de ahorro de costos, que tiene como meta reducirlos en US$ 2.000 millones a 2020. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/codelco-buscara-asia-socio-negocio-del-litio/
  3. 09 Octubre 2017 Por Mario López M. Grave denuncia: La trenza Ponce Lerou-Piñera prepara nuevo "negocio" del Litio A tanto llega la soberbia o seguridad que no solo se están repartiendo ministerios y cargos en la derecha, sino que además ya están preparando los negocios que beneficiarán –o pagarán favores- al yerno de Pinochet. Cuando siguen apareciendo dineros sucios desde la minera no metálica a la campaña del candidato de Chile Vamos, los que ya rondan los $500 millones, desde su entorno se busca “limpiar” a Soquimich para que haga negocios con el Estado. Los nombres de Julio Ponce Lerou, SQM y Sebastián Piñera han tenido más de algo en común en los últimos decenios: ser pragmáticos y estar asociados a casos de corrupción y al litio. Las recientes boletas descubiertas que ligan –nuevamente- al ex Mandatario con dineros ilegales provenientes de Soquimich y dirigidos a su campaña electoral no parecen ser producto de la gran amistad que lo liga con el dueño de la minera no metálica; por el contrario, importantes diferencias comerciales de intereses los han enfrentado, como el caso Cascadas. La frialdad en los negocios caracteriza a ambos magnates, quienes para perseguir sus objetivos no han trepidado en rozar –y según muchos, cruzar-, la delgada línea de lo ético y lo lícito. Los dineros de SQM a Piñera Julio Ponce Lerou, directa o indirectamente, transfirió a la campaña de Sebastián Piñera cerca de $500.000.000 entre 2009 y 2010. La Administradora Bancorp S.A., controlada por Bancard, propiedad del candidato derechista, entregó 16 facturas –ideológicamente falsas- a la SQM por un total de $340 millones. Vox Populi, también de propiedad del exmandatario, dio cinco facturas que suman $26 millones, según las querellas del SII, que tienen de paso formalizado al administrador de la campaña y exgerente de Bancard, Santiago Valdés, mano derecha de Piñera. A lo anterior se suman los recién descubiertos $103.000.000 que proveedores de la campaña de Sebastián Piñera boletearon directamente a SQM y donde algunos de los partícipes han reconocido ante la fiscalía que tales servicios jamás se prestaron a la minera sino que a la campaña del líder derechista. El informe del estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling, contratado por la propia SQM, dio a conocer entre otros puntos que la empresa minera no metálica realizó tres rectificaciones tributarias ante el SII, por un total de 14 millones 747 mil 125 dólares en seis años. Entre ellos hay mil 425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos. El documento abarca a casi todo el espectro político, pero la derecha se lleva la mejor parte y en ella las empresas o campaña de Piñera son los principales beneficiados. El estudio concluye además que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM. El litio, la piedra del tope Resulta legítimo preguntarse qué motivó tales millonarios pagos que Ponce Lerou hace a Piñera O, dicho de otro modo, ¿a cambio de qué se hicieron? Un hecho marcó de parte del gobierno del ahora candidato su relación con SQM. La concesión ilegal en 2012 que, vía licitación, adjudicó a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a través de un contrato de operación especial, la explotación por 20 años de 100 mil toneladas de litio. Hubo postulación de otros interesados y la oferta de la empresa de Ponce Lerou superó a sus contrincantes. Hasta ahí todo parecía parte del juego del mercado, salvo por un par de detalles no menores. Por un lado SQM ocultó deliberadamente que no cumplía con los requisitos al tener juicios con el Estado, básico para poder postular a licitaciones, y por otro, que desde el gobierno el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la abogada exjefa jurídica de la esa subsecretaría, según dijo el fiscal José Morales, firmaron “un acta que consideramos ideológicamente falsa” que acreditaba que “SQM cumplía con las fases exigidas en la licitación”. En otras palabras, falsificación de instrumento público. Acuerdos con la fiscalía dieron salidas alternativas a ambos. ¿Fue el litio lo que quería conseguir Ponce Lerou? Es lo que la fiscalía investiga, sobre todo teniendo en cuenta que ha sostenido en todas las formalizaciones relacionadas con esa empresa que quienes cometieron cohecho –funcionarios públicos como el exsubsecretario Wagner o el exministro y senador Pablo Longueira-, beneficiaron a SQM, el uno mediante el acceso a una licitación ilegal que fue dejada sin efecto, el otro vía beneficios específicos relacionados con el proceso legislativo que ayudaba a la empresa y donde la redacción de normas fue efectuada desde la minera, en secreto. El negociado no ha terminado Si alguien pensó que al ser descubierta la licitación ilegal del litio en el gobierno de Piñera que favorecía a Ponce Lerou ponía fin a esa espuria relación y que el asunto estaba concluido, comete un grave error. Ya se comenzó a preparar el terreno para implementar el negocio 2.0 en una eventual nueva administración del candidato derechista. A pesar de los actuales litigios, arbitrajes y cargos existentes entre el Estado -Corfo (2), Superintendencia de Medio Ambiente (6) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (1), esta última por el menor pago que por años se imputa que Soquimich ha hecho al Estado de Chile-, ya comenzaron a lanzarse las vías de contactos para generar “un arreglo entre Julio Ponce Lerou y Sebastián Piñera”, como lo reconoce expresamente el medio derechista La Segunda, que sostiene que al ex Presidente “le conviene un acuerdo win-win entre SQM y el Estado”. Según el vespertino, un “ex ministro de Piñera, ligado al tema litio”, vaticina que “en algún momento tiene que zanjarse la ampliación de la cuota de extracción en el Salar de Atacama (que le permitiría aumentar la producción anual a la firma), por lo que la única posibilidad es lograr un acuerdo con SQM”, señala. No es el único. Otro NN citado, esta vez un ex consejero de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), ente que fiscaliza la cadena de litio, afirma: “no me cabe duda que en un eventual gobierno de Piñera va a ser más fácil para SQM lograr un mejor trato”. Según otro NN, una ex autoridad fiscalizadora de la administración pasada, “lo lógico es que se extienda la cuota de extracción de litio a SQM…”. Tres ilustres desconocidos, todos presuntamente ligados a Piñera y en un medio de comunicación que ha sido artífice de la campaña del exmandatario, comienzan a anticipar que el negocio del litio entre la eventual administración Piñera y SQM solo debió esperar algún tiempo, pero vuelve para enriquecer aún más a la empresa de Ponce Lerou, quien la obtuvo entre gallos y medianoche a vil precio del Estado y que “financió campañas políticas para protegerse”, según el autor del libro “Todo sobre Julio Ponce Lerou”, Manuel Salazar. De protección a negocio De acuerdo con Salazar, Ponce Lerou buscó seguridad de cara a la vuelta a la democracia: “Después de los 90 él sabe que tarde o temprano van a empezar a revisar cómo se quedó con Soquimich, cómo se hizo cargo de los salares donde está explotando el litio y para eso necesitaba protección y la consigue con dinero, financiando campañas políticas”. Pero ante la imposibilidad de actuar o la complacencia de las autoridades, el financiamiento no solo buscó defensa, sino que ahora nuevos negocios. No era protección lo que pretendía, según la carpeta investigativa, cuando Patricio Contesse, su gerente general, se reunió en apenas dos días con siete políticos. El 19 de mayo de 2014 lo hizo con el entonces senador de la UDI Jovino Novoa, los diputados UDI Ernesto Silva y Javier Macaya y el alcalde Pablo Zalaquett, además de Carlos Ominami. El día 20 fue el turno de Pablo Longueira y Cristián Leay, ambos de la UDI. El litio, en un comienzo un importante recurso que se exportaba sin manufactura, en bruto, se transformó en un importante recurso a partir de las baterías que le utilizaban en teléfonos, vehículos, etcétera. Por ello su interés, apenas llegada la democracia, de afianzar concesiones y, en pleno gobierno de Piñera, quedarse con la mayor tajada que le asegurara el 40% de su explotación mundial. Por ello ahora nuevamente vuelve a la carga con el pragmático beneplácito de Piñera, aseguran sus cercanos. La frustrada jugada que quiere reeditar La licitación del litio que se desmoronara al conocerse la falsificación del informe que favorecía a SQM buscaba entregarle a Ponce Lerou un contrato de operación especial, para la explotación por 20 años de 100 mil toneladas del recurso en los salares. Como se recordará, en ese momento se encontraban por una parte en la minera no metálica Hernán Büchi y en el ministerio de Minería Hernán de Solminihac, hermano de quien posteriormente asumiera la gerencia de SQM, Patricio de Solminihac, quien entonces era miembro del directorio de la compañía. De efectuarse el planificado acuerdo en un eventual nuevo gobierno de Piñera, este entregaría a Ponce Lerou el monopolio mundial de la producción del litio, no siendo en realidad un negocio para el país el que se explote el recurso natural y no se agregue un valor adicional. Entregarle la concesión a SQM negaría la posibilidad de que como país produjéramos productos manufacturados de litio, sobre todo considerando que este recurso no generará los mismos ingresos del cobre, por lo que resulta esencial darle valor agregado al mineral y crear así una industria basada en su explotación. La pretendida nueva licitación solo busca ser una concesión encubierta. Por ello la simple multa que se busca cursar a SQM para “limpiar” a esa empresa para permitirle negociar con el Estado al ponerse fin a cualquier litigio, ya está siendo estudiada en sectores oficialistas que se aprontan, de ganar Piñera, a un nuevo escenario judicial o administrativo ante la Contraloría o reparos judiciales. Caducidad pendiente Parlamentarios han exigido al gobierno que proceda a caducar la concesión del litio actualmente en manos de Soquimich, luego que la Cámara de Diputados aprobara el Informe de la Comisión Especial Investigadora que analizó las irregularidades del contrato suscrito entre Corfo y SQM y que diera lugar a un litigio. El documento de ahí emanado y que en enero pasado fuera aprobado por 60 votos a favor, 11 abstenciones y 24 en contra, dictamina que “el Proyecto (que vincula a Corfo con SQM) para la explotación del Salar de Atacama es, en estricto rigor, de propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, quien ha invitado y finalmente se asoció a un empresa privada que garantizaba la mejor administración de dicho proyecto”. La diputada DC Yasna Provoste, quien también votó a favor, subrayó que el año pasado Corfo solicitó el término anticipado del contrato con SQM para el proyecto en el Salar de Atacama, no solo por incumplimientos graves por pagos de arrendamiento, sino porque la empresa no generó los sistemas de supervisión o fiscalización. “Somos, junto con Argentina y Bolivia en el bloque latinoamericano, los principales productores de litio, pero mientras estos dos últimos países han acometido proyectos para tener real injerencia en esta industria, nosotros estamos empezando a tratar de entender el presente y futuro del litio”, dijo la parlamentaria DC. ¿Durmiendo con el enemigo? Por años SQM ha venido creando las condiciones para hacerse de la explotación monopólica del litio. Para ees ha adquirido con bajo perfil derechos de agua y un sinnúmero de concesiones mineras en el Salar de Atacama. Ello, a pesar que tiene en su poder la explotación hasta el año 2030 y donde ya ha extraído cerca del 70% del máximo establecido para su explotación. Actualmente y luego que en 2014 Corfo solicitara–en el marco de un primer arbitraje- el término anticipado del contrato con SQM, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Humeres (que debiera fallar a más tardar el primer trimestre de 2018), se interpuso una segunda demanda arbitral donde la Corporación de Fomento se cuestiona el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para explotar litio en dicho salar. Ahí se denuncia que SQM logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea esa compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030. También acusa que “ha solicitado y obtenido para sí pedimentos, concesiones mineras de explotación y mensuras, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos mineros comprendidos dentro del proyecto a que se refiere el 'Contrato de Proyecto'”. Lo que busca la segunda demanda arbitral es que se restituyan estos derechos mineros y de agua y queden a nombre de Corfo. Esta es la empresa con la que la pretendida nueva administración Piñera quiere negociar y a la que quiere ampliar plazos y mejorar condiciones de explotación. Fuente: https://cambio21.cl/cambio21/grave-denuncia-la-trenza-ponce-lerou-piera-prepara-nuevo-negocio-del-litio-59d80554aa2d7469837f0b62
  4. 27 Mayo 2017 El negocio privado de Piñera Jr. y su socio José Miguel Bulnes En 2013 crearon la sociedad que ha cerrado 12 negocios de financiamiento privado en Chile, Perú y Colombia por más de US$ 500 millones a través de más de 20 inversionistas. Un hábil negociador, igual que su padre. Así definen quienes lo conocen a Sebastián Piñera Morel, hijo del precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera Echeñique. Y esa habilidad, desde 2013, la aplica en BP Capital junto a su socio, José Miguel Bulnes, un negocio de financiamiento privado que han expandido a Perú y Colombia. Fuentes cercanas al entorno de la dupla Piñera-Bulnes comentan que desde su creación han realizado un total de 12 transacciones en estos países, además de Chile, levantando capital por unos US$ 500 millones a través de más de 20 aportantes de alto patrimonio de los países por donde se han expandido. El negocio consiste en identificar empresas con alto potencial y que pasen por problemas financieros puntuales, pero que no tengan riesgo de impago, entrar con financiamiento apalancado con diversas garantías, y en un cierto plazo, cobrar y obtener suculentas utilidades para los inversionistas que se atrevieron con el negocio. Uno de los deal conocidos en Chile fue un crédito privado otorgado en enero de 2015 a Enjoy por cerca de US$ 30 millones, a cambio del 36% de la propiedad de la filial inmobiliaria de casinos, donde Bulnes fue parte del directorio. Fue esa operación la que Enjoy pudo pagar con la emisión del bono de US$ 300 millones en Estados Unidos de inicios de este mes. En total, pagaron UF 837.282,89, unos US$ 33,2 millones, es decir, BP tuvo una rentabilidad de 10,8% en 2 años. Pero los negocios siguen. Aunque todos son altamente reservados, este mes cerraron una operación de financiamiento en Perú por una cifra desconocida, además, están a punto de cerrar otros tres más. La clave de todos los negocios que hacen es ser “agnósticos” en la selección de las empresas a financiar. Es decir, no cargarse por ningún sector, sino que analizar si sus flujos, su administración y su proyección, cuadran con la rentabilidad que esperan al momento de invertir. Expandirse a Perú fue clave, por la elevada necesidad de financiamiento privado que tienen empresas con alto potencial de rentabilidad. Por lo mismo, sumaron a Enrique Espinoza quien ha trabajado en la AFP Integra, el Deutsche Bank, Rimac Seguros e Interseguro. Es un conocido en el mercado financiero del vecino país. Si bien él lidera las operaciones en Perú, se suman a las reuniones Piñera Morel y Bulnes, aunque revelan cercanos, en el último tiempo Piñera ha tomado un rol más protagónico, ya que Bulnes está trabajando en otros negocios. Donde sí están juntos es en MasAval, una sociedad de garantía recíproca que entrega espaldas a pequeños y medianos emprendimientos para pedir dinero a la banca tradicional. Allí, a través de una filial de BP Capital, tienen el 40% de la propiedad, y Piñera Jr. y Bulnes son parte del directorio, aunque no participan en el día a día de la empresa. Esa misma mesa la comparten con Fernando Larraín, el gerente de la Asociación de AFP, quien, aunque no participa en la propiedad, es el presidente de MasAval. La relación entre Piñera y Bulnes va más allá del negocio que controlan. Ambos son ex alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, aunque en años distintos. Mientras Piñera Morel se tituló en 2005, Bulnes lo hizo en 2003. Ambos hicieron su MBA en Estados Unidos en épocas similares. El hijo del precandidato estudió en Stanford entre 2011 y 2013, y Bulnes en Northwestern entre 2009 y 2010. Además, los dos se encontraron en Bancard, el family office de los Piñera. El hijo del ex presidente fue portfolio manager entre 2008 y 2011 y Bulnes, el mismo cargo, entre 2005 y 2009. El otro negocio de Bulnes Bulnes es hijo del gerente de riesgo del Banco Security, del mismo nombre. Quienes lo conocen dicen que es de un perfil más bajo, pero igual de hábil en los negocios que su socio Piñera. Y no solo en BP Capital hace sus negocios Bulnes. En Volcom Capital, dedicada a vender fondos de inversión propios y representar a fondos extranjeros en el país, Bulnes comparte la propiedad, entre otros, con el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio. Volcom ha levantado fondos por más de US$ 2.000 millones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocio-privado-pinera-jr-socio-jose-miguel-bulnes/
  5. 08 Mayo 2017 Lapidario segundo informe “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar” de Fundación Sol Deudores del CAE: los nuevos "rehenes" de una política pública que solo beneficia a la banca El fenómeno de la morosidad y el resguardo que ha tomado la banca ante los deudores con altas probabilidades de no pago, han traído consigo lo que es denominado, por el estudio de la fundación, como “un negocio redondo para las Instituciones de Educación Privadas”, mediante la recompra de la cartera de deudores, concepto por el cual la banca ha recibido más de $2.6 billones. Esto equivale al doble de lo que el fisco debía invertir en dicho mecanismo. En medio de la discusión en el Congreso por la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) como política pública para financiar estudios de educación superior, y del mecanismo que debiese reemplazarlo, surgen nuevas cifras respecto a la cantidad de estudiantes que adquirieron el crédito implementado por el ex ministro Sergio Bitar, durante el Gobierno de Ricardo Lagos. En términos monetarios, corresponde a $726.427 millones, un 36,5% del Presupuesto para Educación Superior 2017, un porcentaje similar al destinado a gratuidad, que alcanza a un 37,6%. Según el estudio actualizado “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: El caso del CAE”, realizado por los investigadores Marco Kremerman, Alexander Páez y Benjamín Sáez, de Fundación Sol, actualmente los más de 808 mil estudiantes endeudados con el CAE “se han transformado en verdaderos rehenes” de un sistema que solo ha beneficiado a los bancos y a las instituciones de educación superior privadas, dejando al estudiante –y sus familias– “con una mochila de deudas” que lo determina y maneja su comportamiento económico futuro. “Se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de Educación Superior, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la banca, asistida por el Estado, y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes a través de la deuda”, indica el estudio. Hasta mediados de 2016, se han entregado 2,5 millones de créditos, los que se van renovando cada año y, de acuerdo a las proyecciones de los investigadores, “como en 2017 deben haber asignado a los nuevos postulantes, deberíamos ir como en 900 mil endeudados”. Según el informe, del total de estudiantes endeudados con la banca, por créditos de Educación Superior en Chile, el 85% corresponde a estudiantes CAE, política que fue implementada en el año 2006 con el fin de ampliar la matrícula y que –a juicio de la fundación– generó un incremento “desregulado de la matrícula”, el que ha traído consigo la desvalorización de los títulos profesionales, específicamente en las instituciones privadas. “En pocas palabras, en Chile, educarse y endeudarse son parte de la misma ecuación”, refiere el estudio, el cual explica un nuevo fenómeno al que se le debe poner atención, en el marco de la solicitud de “absolución” de la deuda CAE, y que dice relación con la población deudora morosa. De los 295.580 estudiantes que pagaban CAE a fines de 2016, “ya sea en su calidad de desertores o egresados”, un 71,6 % de los estudiantes que desertaron de sus carreras se encuentra moroso. En el caso de los egresados que actualmente están pagando el CAE, se registra un 28,7% de morosidad, lo que equivale a 65.275 personas. Recompra, un negocio más que redondo El fenómeno de la morosidad, y el resguardo que ha tomado la banca ante los deudores con altas probabilidades de no pago, ha traído consigo lo que es denominado, por el estudio de fundación, como “un negocio redondo para universidades y bancos”. Esto, por medio de la recompra de la cartera de deudores, negocio que quedó en evidencia en el primer informe de “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar”, del año 2016, el que estableció que, hasta fines de 2015, “el fisco ha pagado 79,78 millones de UF a los bancos, correspondientes a la compra de carteras de créditos y al sobreprecio cobrado por los bancos”. Los índices de morosidad del CAE se hacen parte de una realidad país, que se evidencia en el hecho de que “entre el 2003 y el 2016 la deuda de los hogares crece en un 13% anual promedio, mientras que el PIB per cápita lo hace en un 5% y los salarios promedios líquidos reales de la ocupación principal crecen en un 2,4%”, contexto que deja en evidencia “lógicas financieras que capturan a las lógicas de reproducción social de los hogares, estableciendo un mecanismo de disciplinamiento para ellos y altas tasas de rentabilidad para el sector financiero”, establece el estudio. Con el fin de hacer del CAE una iniciativa “rentable y atractiva” para la banca, en el año 2006 se estableció que habría una proyección de un máximo de recompra de un 25%, con un sobreprecio que bordeara el 6% establecido en los contratos iniciales, antes de que, en 2011, Sebastián Piñera rebajará el interés a un 2%. Hasta fines de 2016, de los 2.543.374 Créditos con Aval del Estado entregados para alumnos nuevos y renovantes, los bancos se adjudicaron las licitaciones y cursaron créditos por una cifra equivalente a $4,1 billones, dinero fresco que ha sido transferido a las distintas instituciones de la educación superior. De estos créditos, el fisco ya ha comprado casi la mitad, alcanzando 1.107.681 de créditos a los bancos, equivalentes a $2,07 billones, “lo que representa un 50,6% del total, porcentaje que duplica al 25% que se sugería originalmente”, puntualiza el estudio. Cabe recalcar que en los créditos comprados se han desembolsado $2,63 billones, “vale decir, se pagó un sobreprecio o recarga a los bancos de $552.459 millones. Este sobreprecio equivale a un 26,6%, o sea, 4,4 veces más que el 6% que se requería originalmente”, agrega el informe. Además, se destaca que son tres los bancos que se han adjudicado el 90% de los créditos: Scotiabank, Banco Estado e Itaú-CorpBanca. “En relación a los porcentajes de recompra, CorpBanca-Itaú, Santander y Scotiabank, presentan más del 50% de los créditos entregados que ya han sido adquiridos por el fisco y, en cuanto al recargo, destaca el BCI, el cual recibió un considerable sobreprecio de 55,6% por los créditos que el fisco le compró”, destaca el análisis. Por otra parte, “si se ordenan de mayor a menor a todas las IES según porcentaje de recompra de créditos, lideran la Universidad SEK y UNIACC y también aparecen la Universidad Pedro de Valdivia y del Desarrollo con un registro superior al 65%. Todas estas universidades son investigadas por lucro”, agrega. Según el investigador Marco Kremerman, con la promesa de recompra “se armó un nicho de negocio para los bancos. Cuando vemos los datos reales, y vemos que la recompra está alcanzando más de la mitad de los créditos históricos entregados por la banca, uno se da cuenta de que el fisco ha gastado mucha, mucha plata en CAE. Y sí tenía recursos para implementar políticas desmercantilizadoras, como la gratuidad y aportes basales a las instituciones de educación superior”. Kremerman recalca el hecho de que los bancos pueden llegar a entregar “un crédito de un millón y terminan recibiendo 1 millón 500 mil pesos aproximadamente, un circuito que es muy beneficioso para el capital, pero muy dañino para el estudiante y para el sistema en su conjunto”. El especialista señala que, con esta fórmula, las instituciones de educación superior privadas “ganan”, pero los únicos que pierden son los estudiantes, ya que la explosión de matrículas devalúa el valor del título, porque “cuando quieren ingresar al mundo del trabajo, ya tienen que cargar con una mochila de deudas. No pueden decidir en qué trabajar o regodearse con el salario, si ya tienen que responder a una deuda importante". Kremerman asegura que el sobreprecio en la recompra de deudores “no tiene ninguna explicación”, ya que la supuesta idea original, respecto a que de esta forma se comprometería a los bancos, no está justificada. “Que lleguemos al 50% no tiene ninguna explicación, es solo un negocio asistido por el Estado, que tiene la particularidad de que es un Estado neoliberal, por lo tanto, favorece el capital”, sostiene. “Gracias al CAE, hay un crecimiento inorgánico en la matrícula de la ESUP y eso hace que tener un título, a diferencia de hace diez años, pese mucho menos a la hora de buscar buenos trabajos o salarios. Por lo tanto, es más probable que, cuando tú termines, egreses o desertes de la carrera, puedas entrar en morosidad”, agrega. Endeudados y morosos La nueva edición del estudio “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: El caso del CAE”, abre una nueva arista para analizar: el fenómeno del “estudiante endeudado y moroso”, que se concentra entre aquellos que no lograron finalizar sus estudios superiores. Los índices de morosidad del CAE se hacen parte de una realidad país, que se evidencia en el hecho de que “entre el 2003 y el 2016 la deuda de los hogares crece en un 13% anual promedio, mientras que el PIB per cápita lo hace en un 5% y los salarios promedios líquidos reales de la ocupación principal crecen en un 2,4%”, contexto que deja en evidencia “lógicas financieras que capturan a las lógicas de reproducción social de los hogares, estableciendo un mecanismo de disciplinamiento para ellos y altas tasas de rentabilidad para el sector financiero”, establece el estudio. Según señala el geógrafo británico David Harvey, “la deuda permite que las instituciones financieras dispongan de antemano del futuro, estableciéndose como una técnica securitaria de gobierno, tendiente a reducir la incertidumbre de conducta de los gobernados por medio de la expropiación financiera”. En este sentido, “el Crédito con Aval del Estado (CAE), ha resultado ser un mecanismo perfecto de endeudamiento para mercantilizar y gobernar nuestras vidas”, sentencia el informe. En diciembre de 2016, se registraban 295.580 personas pagando el CAE. Entre los “desertores”, el 71,6% se encuentra moroso, “debiendo una o más cuotas o, en caso de morosidad prolongada, activándose el cobro de la Garantía por Deserción Académica”, lo que significa desembolso a la banca de parte del Estado. Entre los egresados, se registra un 28,7% de morosidad, lo que equivale a 65.275 personas. “La morosidad total del sistema es de 38,7% e involucra a 114.362 deudores, lo cual permite concluir que este crédito resulta ser un gasto más que una inversión para el fisco”, afirman los investigadores. Otra arista respecto a la morosidad tiene que ver con el tipo de institución de educación superior, la concentración geográfica, junto con los indicadores de pobreza e ingresos del hogar de los estudiantes que no pueden solventar el pago de las cuotas CAE. Respecto a las instituciones, los mayores niveles de morosidad se registran en los Centros de Formación Técnica (44,7%) y en los Institutos Profesionales (44,1%). Por otra parte, las universidades privadas alcanzar un 33% Además, es importante destacar que el 63,6% de los morosos por CAE estudió en CFT o IP. Respecto a los ingresos socioeconómicos, La Araucanía, “que corresponde a la región con mayores tasas de pobreza de ingresos y multidimensional y con los ingresos autónomos promedio y mediano más bajos del país, se ubica en el décimo lugar de morosidad con 41,7%, en cambio Antofagasta y la Región Metropolitana, que presentan los ingresos más altos, se ubican en tercer y décimo quinto lugar, respectivamente”. A nivel comunal, en el caso del “Gran Santiago, se puede observar cierta correlación entre morosidad e ingresos/pobreza (...) de las diez comunas que registran mayor tasa de morosidad en el Gran Santiago, tienen casi el doble de pobreza multidimensional, el triple de pobreza por ingresos y la mitad de los ingresos autónomos del hogar que las diez comunas que registran menores tasas de morosidad. Vale decir, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos”, evidencia el informe. Lo Espejo (42,9%), La Pintana (41,8%) y Santiago (41,3%) son las comunas que concentran el mayor porcentaje de estudiantes morosos; mientras que Vitacura (27%), La Reina (29,9%) y Las Condes (26,1), las que cuentan con menor morosidad entre sus deudores CAE. Según Kremerman, “en los procesos de morosidad se abre un nuevo negocio, porque el banco rápidamente activa la garantía fiscal, la cobra a Estado e incluso no tiene ningún incentivo a seguir los procesos típicos de la deuda, que es la etapa de cobranza y embargo, porque le conviene mucho más recurrir a la garantía del fisco, que en general tiene un comportamiento muy laxo con el banco”. Respecto a la postura de reabsorción de la deuda por parte del Estado, que han solicitado diversas organizaciones estudiantiles, como “Deuda Educativa”, el investigador de Fundación Sol asegura que “la discusión por la condonación es muy válida, desde un aspecto técnico, haciendo los cálculos. Sería importante que el Mineduc, que ya lanzó primeras cifras en torno a cuánto costaría la condonación, también revelara qué está pasando con la recompra y quién es el dueño de esos créditos, que debería ser el fisco”. Detalla que la negativa a esta propuesta también cuenta con un trasfondo filosófico, basado en la pregunta de si esta es una deuda justa o no es una deuda justa. “El Estado condona deudas y beneficia a sectores económicos que también han cometido prácticas empresariales reñidas con la ley, como lo fue el sector bancario en el año 82, grupos económicos que han tenido problemas con el pago de impuestos, rectificando boletas falsas. Esto ha sido perdonado y han sido perdonados por cometer ilícitos”, recalca. Añade que, en el caso del CAE, “estamos hablando de personas que han sido engañadas a través de una promesa de un beneficio social que se ha convertido en un crédito de consumo, que los va a dejar esclavizados por una deuda por muchos años. Entonces, ¿cómo condonamos a grupos empresariales que han cometido ilícitos y no pensamos en un plazo de condonación para personas a las que no se les cumplió?”, apunta. Acumulación a partir de la renta de la población Además del análisis de datos del CAE, el estudio “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: El caso del CAE”, ahonda en un nuevo fenómeno que nace a partir de la implementación de distintas políticas sociales, como el CAE, y también las AFP. De acuerdo a los investigadores. a partir de estas dos políticas gubernamentales se ha desarrollado el fenómeno de que el mercado esté realizando un proceso de acumulación con las rentas de las personas. Según el sociólogo Alexander Paéz, a partir de los datos históricos del CAE y las AFP, se observan tres cuestiones fundamentales y comunes a ambas políticas. Por un lado, son instituciones sociales que han sido tradicionalmente administradas estatalmente, “producto de una larga lucha histórica de movilizaciones populares que arrancaron e impusieron políticamente la necesidad de un Estado fundamentado en derechos sociales garantizados”. Por otra parte, en ambos casos “el proceso de mercantilización, fue dirigido por el propio Estado y los gobiernos que lo administraron. Es decir, es el mismo Estado el que genera la posibilidad de construir mercados a partir de derechos sociales”, sostiene Páez, quien explica esto se da “por medio del acceso al consumo, el aumento en la matrícula en educación superior (de ahí la importancia del CAE para el aumento explosivo de la matrícula en ESUP), todas mediadas por la ciudadanía crediticia que hace las veces de comprobación del hecho de que casi todos en Chile se declaren de clase media”. Pero, a pesar de esta mercantilización concretada por medio del CAE y las AFP, el “velo de la inclusión social por medio de la mercantilización de la vida cotidiana ha ido cayendo de a poco”, esto, a juicio del sociólogo, se ve reflejado en el hecho de que “hace 50 años no existía una Coordinadora de Trabajadores No + AFP, no solo porque no existían las AFP, sino también porque no se había expropiado de forma tan patente el propio salario y los ahorros. Tanto por la acumulación que genera en grandes grupos económicos del país ese 10% entregado a las AFP, como porque, al momento de jubilarme, recibo una pensión de pobreza inferior al salario mínimo que me obliga a endeudarme con farmacias y tarjetas de grandes tiendas para tener salud”. Finalmente, señala, “hoy por hoy, ser pensionado de las AFP y ser egresado o desertor con CAE, es sinónimo de morosidad, por lo tanto, de angustia, preocupación y pobreza. Mientras que, por otro lado, los dueños de todas estas instituciones se han enriquecido de forma única en la historia de Chile. David Harvey denomina a todo esto y de forma elocuente, 'acumulación por desposesión', esto es, el enriquecimiento por parte de los dueños del capital por medio de servicios sociales básicos para la reproducción vital de las grandes mayorías que viven del trabajo”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/08/deudores-del-cae-los-nuevos-rehenes-de-una-politica-publica-que-solo-beneficia-a-la-banca/
  6. 10 Febrero 2017 El negocio de bodegas que une a Laurence Golborne, Antonio Cruz y Juan Antonio Guzmán El parque empresarial Spacio Flex, en Quilicura, los tiene como socios desde 2015. Sociedad controladora fue creada por quienes terminarían fundando, en 2009, Aurus Capital. Un parque empresarial ubicado en Quilicura reúne en la propiedad al ex presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán, al ex ministro Laurence Golborne y al presidente de Aurus Capital, Antonio Cruz. Se trata de Spacio Flex, que según su página web, tiene como clientes a Samsung, Roche, Simmatrans y Airlife Chile, entre otros, en la avenida Américo Vespucio Norte, la que es controlada por la sociedad El Bosque S.A. Creada en 2007, la sociedad fue ideada para entrar al negocio inmobiliario de distinto tipo e incluso crear fondos de inversión y prestar asesorías en ese rubro. En un principio, la sociedad concentraba a gran parte de los que terminaron siendo socios en Aurus Capital, la administradora general de fondos que enfrenta un severo problema por las falsificaciones y eventual fraude que cometió el ex gerente de inversiones de los fondos Insignia y Global de Aurus, Mauricio Peña, hoy en prisión preventiva. En 2007, y cuando Aurus aún no existía -fue creada en 2009-, constituyeron El Bosque S.A., controlada por Roberto Koifman, que poseía el 50%, y quien más tarde también fue socio de Aurus, hasta 2013, cuando por desaveniencias con otros ejecutivos, abandonó la AGF. Los otros socios eran los hermanos Sergio y Alejandro Furman, el primero actualmente socio de Aurus con el 13% de la propiedad y ambos directores de la administradora. El otro integrante de la sociedad era Antonio Cruz, actual presidente de Aurus, y que posee el 22,5% de la propiedad, según la memoria 2015. Además, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Cruz figura como presidente de El Bosque S.A. Sin embargo, en 2015, los hermanos Furman vendieron el 30% que tenían en El Bosque, mientras que Cruz redujo su participación desde un 17% a un 10%. Fue ahí cuando Guzmán, Golborne y Vitorio Arrigoni, un conocido inversionista del área metalúrgica, entraron a la propiedad. Ese 2015, Golborne se hizo con el 5% de la sociedad, mismo porcentaje que Guzmán. Arrigoni, en tanto, se quedó con el 30% y Cruz con el 10%. El restante 50% sigue en manos de Koifman. Según un acta de directorio del 5 de octubre de 2015, varios de los socios tuvieron un intercambio de poderes. Así, Cruz y Koifman quedaron como apoderados Clase A, con mayor autoridad para tomar decisiones, mientras que Golborne y Arrigoni fueron nombrados como apoderados Clase B. Además, la sociedad ha tenido aumentos de capital importantes. En 2007, cuando se creó, lo hizo con un capital de $ 500 mil. El 26 de julio de 2010, se aumentó a $ 205 millones. El parque empresarial, en tanto, posee un terreno de 50.000 m2 y alberga cuatro edificios industriales de aproximadamente 6.000 m2 cada uno. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocio-bodegas-une-laurence-golborne-antonio-cruz-juan-antonio-guzman/
  7. 28 Diciembre 2016 Virgin propone separar negocio móvil y dejar la venta de equipos al retail Gerente general de la firma acusa a grandes operadores de bloquear equipos. Compañía presentó la denuncia ante la FNE que terminó con una advertencia de esa entidad. Un cambio normativo que separe el negocio de venta de planes móviles del arriendo de equipos es lo que reclaman desde Vigin Mobile, la primera operadora virtual móvil (OMV) en funcionar en el país, para hacer más transparente la industria y fortalecer la competencia. Así lo plantea el gerente general de la compañía, Juan Antonio Etcheverry, quien estima que los operadores no deben hacerse cargo de la venta de celulares, sino sólo participar del negocio de servicios móviles hacia los usuarios. Así, se evitarían confusiones respecto de qué se está pagando, pues se separaría de la boleta el plan propiamente tal y el arriendo del equipo. Para la empresa, se debe ir más allá y dejar sólo en manos del retail la venta de celulares, eliminando la opción de que los operadores entren en este negocio. Así, creen en Virgin, quedarían todos en igualdad de condiciones, pues la competencia se centraría en el servicio y no en la venta de aparatos. “Esta industria sería mucho más competitiva si la venta del teléfono estuviera en manos del retail y los operadores de telefonía móvil nos dedicáramos a vender servicios”, explica. La denuncia Precisamente, Virgin fue la empresa que presentó la denuncia a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de los tres grandes operadores móviles, Entel, Movistar y Claro, por presuntas actitudes anticompetitivas. Si bien la FNE decidió archivar el caso, sí recomendó al gobierno modificar la normativa vigente para separar ambos negocios. A juicio de Etcheverry, los problemas persisten. “Actualmente tenemos varios usuarios que vienen de las grandes compañías y que se les bloquea el teléfono luego de haberse portado a Virgin”, explica, y añade que “esto se produce porque la compañía original bloquea el equipo, debido a que el usuario tiene una deuda pendiente por el arriendo del teléfono y que nunca se le notificó al momento de portarse”. Además, comenta que pese a que uno de los requisitos normados para que el usuario se porte a otra compañía es pagar la deuda del plan del operador original, en ningún contrato sale escrito que también se debe pagar la del arriendo del equipo. “Una práctica común es que las compañías bloqueen los aparatos a los clientes con deudas, en el momento que quieran, una vez que el usuario se ha portado a otra compañía, lo cual deja el teléfono inhabilitado y genera un problema para el actual proveedor de servicio”, indica el ejecutivo. A esto se le suma un segundo problema que alude a que hoy a hay clientes que quieren cambiarse de inmediato, pero que deben mirar cuantos meses de contrato les restan, y en caso de querer salir de la compañía deben pagar una penalidad alta por dejar el plan en forma anticipada. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/virgin-propone-separar-negocio-movil-dejar-la-venta-equipos-al-retail/
  8. 07 Noviembre 2016 Funerarias de Chile en picada contra el Vaticano: 10 duras frases sobre su “lucrativo” negocio Con 51 años en el negocio, el presidente de la Asociación de Funerarias analiza la nueva postura de la Iglesia Católica de no permitir conservar las cenizas de sus familiares en casa. Días atrás causó polémica una orden del Vaticano que indicaba que los fieles católicos no podrán esparcir, dividir, ni mantener en sus propias casa las cenizas de sus difuntos, menos aún crear joyas a partir de ellas. La decisión del Papa Francisco implicaba que los cuerpos sean enterrados en cementerios y otros lugares sagrados como parroquias o capillas, lo que generó duras críticas por parte de varios sectores que cuestionaban que se trataba de una fórmula de mantener su “lucrativo negocio”. The Clinic Online publicó un manifiesto de Manuel Pavez, presidente de la Asociación Gremial de Funerarias de Chile desde hace 51 años y asegura que le parece una estrategia muy conveniente para repuntar el negocio de los columbarios dentro de las iglesias. Acá algunas de las frases más destacadas: “Durante todo este tiempo he visto como el Vaticano cambia su postura según le convenga. Cuando partí en esto, la Iglesia consideraba como uno de los pecados más terribles incinerar el cuerpo de una persona muerta. Según ellos esto afectaría uno de los principios básicos de los católicos: la resurrección del alma y por supuesto el cuerpo”. “No hubo problemas hasta que salió el rumor de que ya no habría más espacios en los cementerios y que habría que amontonar los cuerpos. Así la idea de ser cremado se volvió rentable para quienes entregaban servicios funerarios y una posibilidad para las familias que temían que sus huesos fueran tirados a un pozo común cuando la hacinación llegara a los cementerios. Los hornos se hicieron comunes y la Iglesia puso sus ojos en el lucrativo mercado de la muerte, desatanizó la quema de los cuerpos después de fallecer y tanto le gustó la comercialización de las cenizas que ahora quiere monopolizar el mercado”. “La gente quiere ser cremada y lanzada donde se le plazca y la Iglesia quiere apropiarse del negocio, por eso dice que es pecado la conservación de cenizas en casas particulares y en zonas que no sean consideradas santas, como los cementerios y las parroquias”. “Francisco Javier Errázuriz, Fernando Chomalí y Álvaro Fuenzalida, como socio capital, pasaron piola cuando participaron en la concesión que hizo el arzobispado, de la red de camposantos de la Iglesia Católica a la previsora Acoger. Esta nueva figura, presta todos los servicios necesarios para que los familiares no se hagan cargo de la frivolidad que implica todo ese papeleo inoportuno”. “Hasta ahí nada parece trucho pero, ¿qué hicieron estas grandes figuras eclesiásticas? Entregaron en concesión al Cementerio Católico, ahora Santísima Trinidad, para poner en funcionamiento una serie de hornos crematorios. Este arreglo fue hecho entre gallos y medianoche, alejado de la norma del código sanitario, porque además de la incineración, Acoger ofrece la mantención de las cenizas en columbarios, que en realidad son unas repisas instaladas dentro de las Iglesias. Por una módica suma que supera los dos millones de pesos, puedes mantener a tu pariente como la antigua aristocracia chilena: metido dentro de una parroquia, usualmente ubicada en el sector oriente de nuestra capital”. “Que quieras ser cremado y lanzado al mar o que quieras conservar a tus padres en un mueble dentro de tu casa, provoca que la Iglesia pierda millones de pesos todos los días“. “El arzobispado perdía la contienda ante la idea de tirar las cenizas y contra los jesuitas, por eso Acoger quebró. Como esto funciona al margen de la ley, los clientes no tienen garantía y quienes ya habían comprado el ataúd, la cremación y el ánfora en el columbario de una iglesia y las cenizas de sus difuntos embaucados fueron llevados a los estantes del Cementerio Católico. Pagaron más de dos millones de pesos y terminaron igual que el que pagó quinientas lucas”. “Igual que todas las empresas chantas Acoger volvió con otro rut. La autoridad sanitaria nunca debió permitirlo: esta empresa no puede ofrecer poner cenizas en parroquias porque eso las convertiría en un cementerio. Yo me sé el código sanitario de memoria y ahí dice bien claro que solo los cementerios y no las iglesias deben realizar sepultaciones, traslado, exhumaciones, depósitos de cadáveres y reducciones, para recién poder ejercer como columbarios”. “En la Iglesia, cuando se les acaba la plata, empiezan a ver qué pecado inventar para volver a llenarse los bolsillos a costa de los creyentes. La lógica comercial es que se pasa de un pecado a un buen negocio. (…) Y el Papa con su séquito de curas europeos, que todavía nos ven con plumas, nos vienen a decir que está prohibido cumplir el último deseo de una persona y que es obligación pagarles a ellos por la protección de su cuerpo”. “El Papa está mal informado y si el negocio no les resultó como pensaron, no traten de intentar cambiar la voluntad de las personas”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/07/funerarias-de-chile-en-picada-contra-el-vaticano-10-duras-frases-sobre-su-lucrativo-negocio/
  9. 22 Octubre 2016 AT&T compra Time Warner por 85.400 millones de dólares La operación, que se venía filtrando desde este viernes, valora cada acción de Time Warner en 107,50 dólares, muy por encima de los cerca de 80 dólares en los que mantenía en los días previos a las primeras informaciones que daban cuenta de estas negociaciones. El grupo estadounidense de telecomunicaciones AT&T anunció este sábado la compra de la compañía Time Warner por 85.400 millones de dólares, más compromisos de deuda asumidos. Time Warner incluye las cadenas de televisión CNN y TNT, los canales HBO y TBS y los estudios Warner Bros, entre otras marcas, mientras que dentro del grupo AT&T está integrada la compañía de televisión satelital DirectTV. AT&T, el mayor grupo de telecomunicaciones de Estados Unidos, informó en su comunicado de que el “acuerdo definitivo” implica que los accionistas de Time Warner recibirán la mitad de la cantidad estipulada en efectivo y el resto en títulos de AT&T. Aunque la operación valora a Time Warner en 85.400 millones de dólares, la operación se eleva a 108.700 millones si se incluye la deuda que asume el comprador. La compra de Time Warner por parte de AT&T es la operación de mayor envergadura que se conoce en 2016 en Estados Unidos y la más importante del sector en los últimos años. AT&T tiene una capitalización bursátil de unos 233.000 millones de dólares y la de Time Warner era de unos 68.000 millones antes de que comenzaran a filtrarse informes sobre las negociaciones entre las dos compañías. Al cierre del viernes en Wall Street, los títulos de Time Warner terminaron con un avance del 7,82 %, mientras que los de AT&T perdieron un 3 %. En su comunicado, AT&T anuncia que el acuerdo está pendiente de ser aprobado por los accionistas de la compañía y de la revisión de parte de las autoridades reguladoras. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/att-compra-time-warner-85-400-millones-dolares/
  10. 14 de septiembre del 2016 / 01:44 Hrs El fraude que remece a la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile Ex director de Finanzas de la fundación dijo que entregó dinero para la campaña de Alberto Undurraga. Manuel Olivares también señaló que se habría pagado sobresueldos a políticos por medio de esa entidad. El resultado de una auditoría interna en la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, en 2014, dejó al descubierto un millonario fraude al interior de la entidad. A través de contratos por servicios que supuestamente no se prestaron, más de $ 270 millones se esfumaron desde la Casa de Bello. El caso recayó en la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, quien formalizó a 10 personas a mediados de este año. Entre los imputados se encuentra Manuel Olivares Vivanco, quien entre el 1 de agosto de 2011 y el 7 de agosto 2012 ocupó el cargo de jefe de Administración y Finanzas de la fundación. Olivares declaró el 24 y 30 de agosto pasado y reveló eventuales irregularidades que involucran a varios funcionarios y al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Por este testimonio, Cañas aceptó bajar la intensidad de las medidas cautelares en su contra y quedó con firma quincenal. El primero de los episodios involucra al secretario de Estado, ya que señala que parte del dinero defraudado habría ido a parar a su campaña senatorial de 2013. En su testimonio, Olivares señala que estudió en el Colegio San Ignacio y que en 2010 “ingresé a la Municipalidad de Maipú, cuando era alcalde Alberto Undurraga, ya que somos amigos, compañeros de colegio y Alberto es el padrino de uno de mis hijos”. Luego, relata que los primeros contactos con el municipio los obtuvo a través del entonces jefe de gabinete de Undurraga, Miguel Espejo, quien también fue compañero de colegio de Olivares. Luego, el imputado indica que en 2011, Espejo le dijo que alguien lo llamaría desde la fundación de la FEN para ofrecerle trabajo. Así es como Luis Felipe Mahaluf, también ex alumno del San Ignacio, lo contacta para sumarlo al equipo ligado a la Universidad de Chile, según su versión. Mahaluf fue el director ejecutivo de esta entidad entre 2010 y 2012. No obstante, durante el último año pidió permiso sin goce de sueldo para asumir un cargo en la Facultad de Economía y Negocios. Luego, indica que “en una ocasión Miguel Espejo me llevó a una reunión, en barrio Lastarria, con Luis Felipe Mahaluf, en que Miguel me dijo: ‘Mira, guatón, necesitamos generar dinero para la campaña de Alberto Undurraga’, y me dijo te sumas o no. Me dijo ¿tú tienes claro que eres el que firma todo? Le dije que sí y me dijo que si me pillaban, ellos no me dejarían solo. Yo me sentía el dueño del mundo, estaba ganando más de $ 5 millones, y darle $ 700 mil a Miguel Espejo bajo el pretexto que era para financiar a Alberto Undurraga no me importó, y finalmente dije que sí, que les ayudaría”. Luego, señala que le entregaron los nombres y las cifras de los contratos de prestaciones de servicios. Añade que “esta operación para defraudar funcionó para lo que fue pensada, al menos eso me dijo Miguel Espejo, que el dinero fue a parar a la campaña de Alberto Undurraga”. Al final, indica que desconoce si el ministro “tenía conocimiento que esta forma era la de obtener dinero para su campaña, pero al menos yo se lo dije en 2013. El me dijo que me ayudaría, que no me dejaría solo. Incluso, él se sentía estafado, porque el dinero no llegó a sus manos”. En esta línea investigativa la fiscal Cañas ya ha hecho diligencias. Por ejemplo, pidió a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI corroborar que efectivamente Undurraga, Olivares y Espejo fueron compañeros del Colegio San Ignacio. Respecto de este episodio de la declaración, cercanos al ministro Undurraga aseguraron que “es absolutamente falso, calumnioso e inverosímil. Los hechos investigados son del año 2011 y principios de 2012, la campaña senatorial fue en 2013. El ministro no tiene ni ha tenido nunca relación alguna con la fundación de la Universidad de Chile”. Añaden que el titular del MOP les reclamó, tanto a Espejo como a Olivares, la participación que tuvieron en esos hechos, los restó de su campaña senatorial por Santiago Poniente -realizada para las elecciones de 2013-y a partir de entonces “ninguno de los investigados tiene vínculo con el ministro, no hay relación desde hace varios años”. En tanto, al ser consultado Espejo, se limitó a decir que se encuentra sobreseído en esta causa (ver recuadro). En la segunda declaración, Olivares también indicó: “Hubo otro ámbito de irregularidades en el que me vi envuelto, ya que la fundación fue utilizada al igual que en el caso MOP Ciade, en que se usó a la misma facultad para el pago de sobresueldos políticos”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-696596-9-el-fraude-que-remece-a-la-facultad-de-economia-y-negocios-de-la-u-de-chile.shtml
  11. 29 Agosto 2016 Heladero austriaco que quiso abrir su negocio en Chile dispara contra la burocracia: “Siempre hay que ir a la estúpida notaría” “Me impresionan los desafíos burocráticos. Tienes que lidiar con las seremis, los permisos, las patentes: trámite, trámite, trámite. Y siempre hay que ir a la estúpida notaría. Es desesperante por lo lento y porque quedas sujeto a funcionarios de la administración pública que son flojos y que no quieren ayudarte”, afirmó el emprendedor que intentó abrir su primera sucursal en Vitacura. El empresario austriaco, Moritz Fried, quiso emprender su propio negocio de helados artesanales en Santiago. Lo que nunca pensó es que la odiada y eterna burocracia llegaría a ser tan compleja tanto para él como para todos los chilenos. En entrevista con la revista Paula, el amigo del fallecido ecologista Douglas Tompkins dio cuenta de todos los engorrosos problemas que tuvo para abrir una sucursal en Vitacura: “Me impresionan los desafíos burocráticos. Tienes que lidiar con las seremis, los permisos, las patentes: trámite, trámite, trámite. Y siempre hay que ir a la estúpida notaría. Es desesperante por lo lento y porque quedas sujeto a funcionarios de la administración pública que son flojos y que no quieren ayudarte”. Agregó que “Chile es un país terriblemente difícil para emprender”. En cuanto a la brecha educacional y de clases que existe en este país, Fried sostuvo que “la diferencia entre los ricos y pobres es trágica. Y la causa también está en las elites, porque a ellas no les gusta la movilidad social porque les crea más competencia (…) Todo está prediseñado, prearreglado. Y no quiero que esto suene a que soy de izquierda, porque no lo soy”. “Es una sociedad extremadamente materialista. Lo ves es en esos autos enormes, en la cultura de ir de compras, donde la gente se mueve por el consumo y los símbolos de estatus”, cerró el empresario austriaco. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/08/29/551349/
  12. 16 de agosto del 2016 / 10:18 Hrs Horvath versus Horvath El senador Antonio Horvath presentó una demanda contra su hijo por un negocio inmobiliario. El demandado niega las acusaciones y dice que tuvo que afrontar las pérdidas. El pasado 17 de junio el senador independiente (ex RN) por la Región de Aysén, Antonio Horvath Kiss, hizo llegar hasta la Corte de Apelaciones de Santiago la presentación de una demanda civil. La acción legal estaba dirigida contra su hijo, Antonio Horvath Gutiérrez, a quien acusa supuestamente de negarse a realizar las rendiciones de cuenta de una sociedad que tienen en conjunto y, de esta forma, asegura que ignora el destino de más $ 560 millones que la entidad ganó a través de la venta de viviendas en la XI Región. Sin embargo, el demandado indicó a La Tercera que desestima esas acusaciones y que el negocio ha tenido pérdidas, las que ha tenido que enfrentar “sin su apoyo”. El recurso que tiene enfrentado a padre e hijo ya se encuentra en tramitación en el tribunal de alzada capitalino, donde se designó a un ministro de fuero que se haga cargo de las diligencias (ver recuadro). Horvath acudió hasta la Corte de Apelaciones, ya que tiene fuero parlamentario y debe ser un ministro de este tribunal “el que conozca en primera instancia las causas civiles en que sea parte o tenga interés un senador de la República”, según consiga la acción judicial. El documento, que consta de nueve páginas, se trata de una demanda de rendición de cuentas y ahí se relatan los hechos que llevaron al senador a acudir a los tribunales. Según el requerimiento, todo tiene su origen en 2012, cuando el parlamentario formó la Inmobiliaria Patagonia Ltda. El aportó el 50% del capital y la otra mitad correspondió a la firma Inversiones y Asesorías A6 G Ltda., que estaba representada por su hijo, Horvarth Gutiérrez. Quedó establecido, de acuerdo a la acción judicial del senador, que sería este último el encargado de la administración y el uso de la razón social. Según la presentación, los estatutos también establecieron que se debía hacer un balance anual que debería ser aprobado por los socios y, en base a este resultado, se pactarían las reparticiones de utilidades. Así las cosas, la demanda explica que la sociedad tenía un predio de 3.408 metros cuadrados en la comuna y provincia de Coyhaique. El terreno, a su vez, fue subdividido para crear un condominio con 10 casas, además de áreas comunes. El libelo añade que “hasta la fecha tenemos noticias de que se han vendido ocho de las casas, todas por intermedio de don Antonio Horvath Gutiérrez, quien ha sido el único que ha percibido los dineros que dichas compraventas han generado en favor y beneficio de la sociedad como de los socios vigentes”. Al término del documento, se señala que “esta parte hace expresa reserva de las acciones indemnizatorias que se ventilarán en contra del mandatario Antonio Horvatz Gutiérrez, que podrían superar los $ 560 millones”. Al conocer la acción judicial presentada en tribunal, el hijo del senador señaló a La Tercera que “me da pena, su actuar conmigo ha sido realmente desilusionante, ya que uno puede esperar ser atacado por cualquier persona, pero jamás por el propio padre. Este es un intento bien bajo por conseguir dinero. Esta no es la primera vez que intenta intimidarme. Además es muy extraño que un senador de la República, con los ingresos que tiene, actúe de esta manera”. Respecto de si haría otro negocio junto a su padre, el demandado indicó que “esta es la primera y será la única vez”. Respecto de la investigación, señaló que espera que “se aclaren todas sus inquietudes, ya que varias veces intenté comunicarme con él por este y otros motivos, pero no estuvo disponible para conversar, ponerlo en antecedente de que el negocio tiene pérdidas acumuladas por $ 160 millones y que las he tenido que afrontar sin su apoyo, ya que se desentendió completamente de sus responsabilidades como socio, esto para mi ha sido muy difícil porque soy el aval de todas las operaciones en el banco”. Finalmente, agregó que “cuando el proyecto termine y dé utilidades, él obtendrá su parte como corresponde”. Consultado por esta presentación, el parlamentario independiente dijo que “solicité a un equipo de abogados y auditores que realizaran una análisis sobre la gestión de una sociedad comercial en la que soy parte y cuya administración asumió mi hijo. Lamentablemente no hemos recibido ninguna antecedente concreto sobre la operación de esa sociedad, y en ese contexto se ha estimado que lo más conveniente es solicitar de manera formal, a través de la vía legal, una rendición de cuentas respecto de las operaciones comerciales, ingresos y gastos de la empresa”. Respecto a lo que espera de esta indagatoria, señaló que “yo tengo la esperanza que se rinda una cuenta completa, fundada, y consistente sobre la gestión de esa sociedad, a fin de tener la certeza y tranquilidad de que se ha obrado de buena forma en la gestión de una sociedad en la cual tengo una participación, aún cuando no sea su controlador ni administrador”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-692711-9-horvath-versus-horvath.shtml
  13. 28 de mayo del 2016 / 03:00 Hrs La pelea para evitar que salga de Chile el negocio del reciclaje de baterías de plomo Empresas productoras pidieron al gobierno modificar la norma que prohíbe exportarlas. Planta de tratamiento dice que el interés de una de las firmas es llevar productos a su matriz en Perú. Todos los meses en Chile, los automóviles y las industrias producen toneladas de baterías que ya no sirven. Estos objetos, que para la mayoría pueden parecer un desecho, representan un importante negocio, relacionado con el reciclaje del plomo que contienen. La norma internacional, a la que Chile está adscrito, mediante el Decreto Supremo N°2/2010 del Ministerio de Salud, señala que “se prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomo usadas, desde Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos”. Sin embargo, en el país sólo existe una planta de tratamiento legalmente autorizada para el reciclaje de estos productos: RAM-Recimat, con sede en Calama, Región deAntofagasta. Frente a ese escenario, en enero de este año, las firmas importadoras Etna Chile, RTC -A.Gildemeister, Emasa y Derco enviaron una carta al subsecretario de Salud, Jaime Burrows, solicitando que se modifique la normativa vigente, acusando la existencia de un “monopolio” de parte de la empresa recicladora RAM-Recimat. Felipe Konno, gerente general de Etna Chile, asegura que “en el país no existe la capacidad de recolectar, almacenar, transportar y reciclar gran parte de las baterías fuera de uso (...) En Chile se generan poco más de 50 mil toneladas al año de baterías en desuso, mientras que el máximo anual de procesamiento de la planta de Calama es sólo de 36 mil toneladas”. Konno apunta, además, a la dificultad para trasladar al norte las baterías de la zona centro-sur del país, donde se comercializa el 70% de éstas. Desde RAM-Recimat, su gerente comercial, Ivo Ivicevic, desmiente este hecho. “Nuestra estimación fundada, es que la generación nacional de baterías fuera de uso (BFU) no supera las 2.400 toneladas por mes. La capacidad de procesamiento autorizada de Recimat es de 4.123 toneladas mensuales de BFU, es decir, cerca del doble de lo que se genera actualmente en Chile”, dice. Ivicevic argumenta que la exportación de baterías fuera de uso no sería conveniente, ya que “atenta contra el empleo y la industrialización de Chile, produce el manejo inadecuado de un residuo peligroso como las BFU y sus componentes, entre ellos el ácido sulfúrico, y es contrario a los compromisos ambientales internacionales asumidos por el país”. Además, señala que “es evidente el interés de recicladores de países vecinos, que generan ganancias importantes por sus bajos costos, y que están, además, asociados a importadores de baterías en Chile”. Su aseveración apunta a que Etna Chile tiene una filial en Perú, que se dedica a la manufactura y comercialización de baterías de plomo. Según se lee en una carta enviada a la Superintendencia de Medio Ambiente por la empresa: “ETNA Chile es una compañia cuyo giro principal es la recolección, tratamiento y reciclaje de baterías de plomo fuera de uso, sirviendo de proveedor de materia prima para su matriz ubicada en Perú”. Ley vs. proyecto Un factor que ha intensificado la discusión entre importadoras y la única planta autorizada para el reciclaje de estos elementos es que la actual normativa podría sufrir cambios, producto de la promulgación de la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley 20.920). Esta norma exige que el productor de esos elementos se haga cargo de toda la reutilización limpia del producto. El artículo 8 de la mencionada ley abre la puerta a la exportación, ya que señala que “mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio (de Medio Ambiente) y firmado por el Ministro de Salud, se establecerán los requisitos, exigencias y procedimientos para la autorización de importación, exportación y tránsito de residuos”. Consultados ambos ministerios, aseguraron que se está “elaborando una respuesta a dicho requerimiento”. El problema es que según datos el INE, la tasa del parque de vehículos en circulación ha subido un 20% entre 2012 y 2015, al pasar de 3.885.581 a 4.647.062 en ese período, por lo que las baterías usadas serán un problema a futuro. Así lo señaló el toxicólogo experto en medio ambiente, Andrei Tchernitchin, quien advirtió que “la exposición al plomo es peligrosa en los adultos, pero especialmente en los niños, en quienes deja secuelas para toda la vida. Es por eso que las plantas deben estar fuera de las grandes ciudades”. Acopio ilegal de baterías, descubierto en Cerro Navia, en febrero. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-682655-9-la-pelea-para-evitar-que-salga-de-chile-el-negocio-del-reciclaje-de-baterias-de.shtml
  14. Finaliza “Cutufa” o fondo solidario de parlamentarios: diputados se quejan de que fue “un pésimo negocio” “Mi plata me la han descontado en la Cámara y alguien tendrá que decirme dónde está”, aseguró el legislador DC Pablo Lorenzini. Los diputados sólo recibirán un 40% de lo ahorrado cuando se concrete el fin de este fondo. Nacional15 de marzo, 2016 Autor: El Dínamo 17 de Abril de 2012 / VALPARAISOVista general de Valparaiso , en la fotografía la sede del poder legislativo El Congreso Nacional. FOTO: CRISTIAN OPAZO /AGENCIAUNO Un informe de auditoría realizada por la firma Ossandón & Ossandón reveló una cantidad importante, y polémica, de información respecto del manejo financiero del Congreso chileno. En un primer momento, lo más llamativo tuvo que ver con los “préstamos” o adelantos de sueldo de los diputados, los cuales no estaban sujetos a intereses. Sin embargo, el BanCongreso no fue la única práctica cuestionada en la auditoría. “La Cutufa” era el nombre de una financiera clandestina de los militares, la cual finalmente salió a la luz pública tras un asesinato, y se dieron cuenta de la cantidad de dinero que se manejaba, cuando finalmente empezaron a rentar con este fondo. El mismo nombre recibe un fondo solidario de parlamentarios, el que se mantiene desde el 2008 para que los parlamentarios que no fuesen reelegidos recibieran una “indemnización”. El cuestionamiento que provino de la auditoría apunta a que en una cuenta institucional se recaudaran 350 mil pesos al mes por diputados que aportaban al fondo solidario. Diputados de la UDI, de RN, de la DC y del PS manifestaron su intención de dejar de cotizar en el fondo. Esto llevó a que un diputado, según La Segunda, indicara irónicamente que “se termina la Cutufa”. La salida de los parlamentarios de UDI y RN provoca que se termine el sistema, ya que requiere de 100 parlamentarios para su funcionamiento. El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, informó a varios parlamentarios que este sistema en unas semanas dejaría de funcionar. Son cerca de mil 100 millones de pesos los que estarían en el fondo, y los diputados recientemente electos aportaron 7 millones, versus quienes cumplen tres períodos en la sede del legislativo, cuyo aporte se alzaría hasta los 27 millones. En caso de terminar el sistema, se les comunicó que se les devolverá un 40% de lo ahorrado. Este fondo -que se estableció el 2001, pero el 2008 se repartió todo lo recaudado, y se reinstauró- tiene un reglamento de 28 artículos. “Los recursos que los diputados aporten al Fondo se entienden incorporados al patrimonio de éste y sobre los mismos no tienen más derechos que lo que este reglamento establece”, indica el reglamento. El diputado Fidel Espinoza (PS) declaró a La Segunda que “fue un pésimo negocio. Fue un gran negocio para los que se fueron”. Aún no está claro qué pasará con el resto de los fondos. El comité administrador de este fondo está integrado por el UDI Jorge Ulloa, el DC José Miguel Ortiz, Enrique Jaramillo (PPD), Germán Becker (RN) y Fidel Espinoza. Este fondo está en una cuenta privada desde el 2015. Ortiz y Ulloa tienen pendiente la entrega de un informe a los parlamentarios dando cuenta del balance. “Ese es un asunto privado de los parlamentarios”, indicó Ulloa. La comisión tiene facultades para “aprobar la política anual de inversiones de los recursos del fondo y autorizar la contratación de créditos”. El Presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, se desligó de este tema. Si bien el sistema sólo consideraba el pago a los parlamentarios que pierden su elección, a los senadores Alfonso de Urresti (PS), Carolina Goic (DC) y Felipe Harboe (PPD), que pasaron de la cámara baja a la alta, se les entregaron parte de los recursos. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/03/15/finaliza-cutufa-o-fondo-solidario-de-parlamentarios-diputados-se-quejan-de-que-fue-un-pesimo-negocio/
  15. INFOGRAFÍA | Las alarmantes diferencias de precio entre la Farmacia Popular y las grandes cadenas Aplausos de muchos y críticas de pocos ha generado la "Farmacia Popular Ricardo Silva Soto", en la comuna de Recoleta. Gracias a un sistema de subvención, el municipio encabezado por el alcalde Daniel Jadue comprará remedios desde el extranjero o directamente a laboratorios nacionales, reduciendo todos los costos de la cadena de distribución. Por Equipo eldesconcierto.cl | 30/10/2015 Aplausos de muchos y críticas de pocos ha generado la “Farmacia Popular Ricardo Silva Soto”, en la comuna de Recoleta. El local inaugurado el pasado 15 de octubre venderá medicamentos a bajo costo, lo que ha sido mal mirado por las grandes cadenas de farmacias, las que han arremetido fuertemente contra la farmacia que ya cuenta con el respaldo del Instituto de Salud Pública. Gracias a un sistema de subvención, el municipio encabezado por el alcalde Daniel Jadue comprará remedios desde el extranjero o directamente a laboratorios nacionales, reduciendo todos los costos de la cadena de distribución. Así, las diferencias de precios resultan alarmantes. Por ejemplo una caja de Acebrón, un anticoagulante antitrombótico, en Farmacias Ahumada puede encontrarse a $14.810, mientras que en recinto de Recoleta está a solo $1280, existiendo el 1057% de diferencia entre ambos valores. Revisa la infografìa con las diferencias de precio* entre la Farmacia Popular y las grandes cadenas a continuación. Puedes clickear en ella para verla con más detalle: * Información proporcionada por el Departamento de Desarrollo Social y Económico Local de la Municipalidad de Recoleta. Camila Vallejo @camila_vallejo Lo q puede hacer combatir a las grandes cadenas y su colusión: Esto es un ej d precios comparados d medicamentos 10:36 - 30 oct 2015 Fuente: http://eldesconcierto.cl/infografia-las-alarmantes-diferencias-de-precio-entre-la-farmacia-popular-y-las-grandes-cadenas/
  16. Cuatro aseguradoras obtuvieron resultados operacionales negativos: Utilidades de las isapres caen 64% entre enero y septiembre Martes, 03 de noviembre de 2015 René Olivares Nacional El Mercurio Ganancias del período sumaron $19 mil millones. El gremio estima que al cerrar este año, serán equivalentes a lo que pagarán por costas de juicios por alzas de planes. El año 1999 fue especialmente malo para las isapres: se acabó el subsidio de dos puntos de cotización para trabajadores de rentas más bajas, lo que provocó una salida masiva de usuarios, acentuada además por la crisis asiática. Esto redundó en que todo el sistema cerrara el período con poco más de $2.000 millones en ganancias. Y este año, las cifras han caído progresivamente. Tanto, que al preguntarle al presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, por la baja de 64% en las utilidades entre septiembre de 2014 y el mismo mes de este año, su respuesta es tajante: "Son las peores desde la crisis asiática". Aunque en rigor en los años 2000 y 2009 hubo peores resultados (ver infografía), los dichos de Caviedes denotan el ánimo del sector asegurador de salud. Y es que todas las isapres cayeron en sus resultados entre 22 y 93%, lo que las coloca en una situación complicada en términos financieros. De hecho, cuatro de las seis aseguradoras abiertas registran resultados operacionales (dineros que obtienen por el giro del negocio, que es la administración de los contratos de salud) negativos. Para el afiliado, eso sí, no debiese haber efectos en el corto plazo, incluso si esta tendencia a la baja en las utilidades del sector se mantiene. Sin embargo, para las isapres podría ser distinto. Por lo pronto, al momento de jerarquizar las causas de este rendimiento, Caviedes ubica en primer lugar a la judicialización que vive el sector por las alzas de los precios base. "La proyección es que las isapres pagarán $17 mil millones en costas este año, lo que será similar a las utilidades del sistema", explica. El mayor uso de prestaciones y de licencias médicas son otros dos factores a considerar. Ninguna de las seis isapres abiertas respondió los requerimientos de "El Mercurio", a la espera de que la Superintendencia de Salud haga oficiales los datos. Esta última también declinó referirse a los resultados. Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=197737
  17. Venta del CDF: crónica de una negociación esperada por Eduardo Bruna 29 septiembre 2015 Desde que se decretó la quiebra de Colo Colo y Universidad de Chile, para lograr implantar en el país el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas, siempre quedó claro que el botín mayor iba a estar en la transmisión del fútbol a través de la televisión. ¿Quién vende un negocio exitoso? Es más: ¿Quién querría vender uno de los negocios más importantes y con menos riesgo de los últimos tiempos? ¿Uno que, al contrario de estancarse, muestra un alza sostenida casi desde su arranque? Al parecer, el fútbol, que cooptado primero por el poder económico fruto de un neo liberalismo desatado que lo engulle todo, ahora pretende seguir el mismo ciclo que han seguido otros lucrativos negocios del país: su venta al capital económico extranjero. Como la salud, la previsión y hasta ese elemento vital para la vida que es el agua. ¿Sorprende? A estas alturas de la realidad nacional, en que hasta las conciencias parecen tener precio, por cierto que no. Y menos cuando la venta de este inmenso activo que es el Canal del Fútbol aparece como el último acto de una lucha que se arrastra por años, y en la que han tenido intervención –por acción y por omisión- incluso esferas gubernamentales. Para entender este último acto, esta verdadera “crónica de una venta anunciada”, es preciso retroceder a los tiempos en que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, era dirigida por Ricardo Abumohor, con el abogado Darío Calderón como su colaborador más cercano. Ante los primeros atisbos de comenzar a llevar el fútbol a través de la pantalla chica, la ANFP se encontró con un problema insoslayable para concretar su intención de vender el campeonato como producto: la férrea oposición de Colo Colo y Universidad de Chile, clubes que se negaban a que el organismo máximo del fútbol dispusiera arbitrariamente de sus “derechos de imagen”, reconocidos mundialmente como “derechos inalienables”, de acuerdo al estudio que en su oportunidad hizo el abogado constitucionalista José Luis Cea. Peter Dragicevic y René Orozco, presidentes de Colo Colo y la U, respectivamente, se transformaron en “personas non gratas” y los principales obstáculos para la concreción de un negocio que en todas partes del mundo era sencillamente millonario, y más aún luego de la irrupción avasalladora de la internet, que abría todo un mundo de posibilidades. En su lucha por defender esos “derechos de imagen”, albos y azules llegaron a realizar una maniobra hasta desesperada: los vendieron a la empresa ISL. Como ya se sabe, Colo Colo y Universidad de Chile perdieron la batalla y, más tarde, la guerra. La única manera de sacarse de encima ambos incordios fue la quiebra de las dos instituciones. Una quiebra absolutamente abusiva, irregular, inducida e ilegal. Primero, porque como Corporaciones de Derecho Privado sin fines de lucro podían desaparecer frente a una manifiesta insolvencia, pero en ningún caso quebrar. Y, sin embargo, el 23 de enero de 2002, Helga Marchant, jueza del 22° Juzgado Civil de Santiago, decretó la quiebra de Colo Colo por una deuda que el club mantenía con la empresa Factoring Alianza Leasin, por 4 millones de pesos. Enterado de la decisión de la jueza Marchant, Dragicevic concurrió a entrevistarse con ella, obteniendo la promesa que, pagada la deuda, ella levantaba de inmediato la quiebra. El timonel albo pagó al día siguiente la deuda con un cheque de su cuenta personal, pero sin embargo la quiebra siguió en pie. Si esa fue una situación al menos sospechosa, para que no quedaran dudas acerca de hacia dónde iba la maquinaria de los denominados “poderes fácticos”, intervino luego el Servicio de Impuestos Internos, quien lisa y llanamente, y sin mediar explicación alguna, desconoció el DFL 1 de 1970, que dejaba claro que los jugadores de fútbol profesional, por lo breve de su carrera, no tenían que tributar de aquellos dineros que recibieran por concepto de primas y premios. Ni siquiera se trataba de que los clubes hubieran eludido impuestos. Apegándose a un decreto con más de 40 años de vigencia, simplemente no les habían descontado tributos a sus jugadores por ambos conceptos de los cuales, según el decreto, quedaban liberados. El fútbol se hizo entonces, de la noche a la mañana, de una deuda desconocida y ciertamente gigantesca. Si alguna duda quedaba acerca de que se les pavimentaba el camino a las Sociedades Anónimas Deportivas, el dictamen del SII terminó por aventarlas: aquellos clubes que decidieran entrar al sistema SAD, podrían cancelar dicha deuda en cómodas cuotas mensuales. Los que no, debían de pagar de inmediato esos impuestos no retenidos de los últimos cinco años. Los síndicos de Colo Colo (Juan Carlos Saffie, primero, y Patricio Jamarme, luego) renunciaron a la defensa que el club popular había pretendido hacer respecto de la insólita derogación del DFL 1. No sólo eso: entregaron mansamente los “derechos de imagen” que con tanto celo habían defendido sus respectivos directorios. Y no les fue mal a ambos, desde el punto de vista económico: de un club supuestamente quebrado y en la ruina, entre los dos cobraron cerca de un millón de dólares. Eso sin contar los emolumentos que recibieron parientes cercanos que también llegaron a sacrificarse para mantener con vida a Colo Colo. José Manuel Edwards, síndico designado para la quiebra de Universidad de Chile, fue incluso más expedito: a un año del decreto que acabó con el mandato del doctor René Orozco, llamaba a licitación para aquellos interesados en hacerse de la propiedad del club. Lo que vino después, ya se conoce: durante el directorio de Reinaldo Sánchez (2001-2006), la Asociación Nacional de Fútbol Profesional acogió la iniciativa del empresario Jorge Claro para la creación del Canal del Fútbol (CDF), que comenzó oficialmente sus transmisiones el 11 de abril de 2003.es tomadas por los socios minoritarios. Porque Claro es dueño sólo del 10 por ciento. El restante 10 por ciento es propiedad de varios socios que nunca aparecen y que pocas veces son mencionados. El CDF ha tenido en doce años un crecimiento explosivo, aunque explicable: se trata de un monopolio total y absoluto al cual adhieren año a año miles de abonados. ¿Y cómo no, cuándo frente a la violencia imperante en los estadios es lógico que la gente prefiera seguir a su equipo favorito desde la comodidad de su living antes que exponerse ellos y sus hijos a hordas que no trepidan en agredir y hasta acuchillar a quien se les ponga por delante? De eso, sin embargo, está resultando un fenómeno peligroso: las asistencias de público a los estadios es preocupante por su estancamiento e, incluso, su baja respecto de décadas anteriores. Algo que a los regentes de los clubes parece tener sin cuidado: el reparto de los mal llamados “excedentes” del Canal del Fútbol son tan sustanciosos que no resulta buen negocio disponer de la cantidad necesaria de guardias privados que ayuden a mantener la normalidad del espectáculo. ¿No fue una batalla campal la que se desató en el encuentro entre Everton y Wanderers por Copa Chile, cuando la entidad viñamarina, instada a contar con 200 guardias que garantizaran la seguridad, apenas contrató poco más de 60 para el partido que debía jugarse en el estadio Sausalito? Lo que ocurrió, ya se sabe: una verdadera guerra a piedras, palos, cuchillos y cadenas entre hinchas, que se sumó a otras similares ocurridas en Talca y en La Serena. El Canal alcanza hoy un valor cercano a los mil millones de dólares. Comprar ese 20 por ciento en poder de particulares tiene, por ende, un costo cercano a los 200 millones de dólares, pero que la ANFP, al parecer, está dispuesta a cancelar. Cantidades hasta escalofriantes, pero que al parecer no asustan a las empresas extranjeras interesadas en hacerse de un canal que es toda una mina de oro. Según se ha sabido, sobran los interesados. El negocio promete un futuro esplendoroso para los clubes, transformados hoy mayoritariamente en Sociedades Anónimas Deportivas, aunque cabe preguntarse cuál será el costo que deberá pagar el aficionado por esta mega negociación. Vamos preparándonos desde ya a un alza sustancial de las tarifas por abonado. A que un genio de los negocios decida cobrar como “premium” los derechos por los goles, los partidos de las series menores que se definan como de interés superlativo o la entrevista exclusiva al crack de moda. Después de todo, ingenio no les falta a todos aquellos que tratan de obtener las mayores utilidades en el menor tiempo posible. Sería, por lo demás, una prueba más de que en el mundo actual la codicia está absolutamente desenfrenada. La posibilidad de un negocio grande tiene por cierto muy entusiasmados a los actuales regentes del fútbol. Tanto, que según consigna una nota del Diario Financiero, uno de ellos, para explicar esta venta, señaló que hay que reforzar el producto, ya que “pagar US$ 190 millones por un canal no tiene sentido. Este producto ya está inflado por la Selección, entonces si el día de mañana no le va bien a la Selección, la gente no se va a seguir inscribiendo para ver partidos mediocres", enfatizó. Extraño argumento. Porque el Canal del Fútbol ha logrado su explosivo crecimiento sin tener a la Selección en su “parrilla programática”, puesto que los partidos de la Roja ya fueron privatizados hace rato vendiendo sus derechos de transmisión a Mega y a Fox y porque, además, el CDF despegó precisamente en aquellos años en que la Selección fracasó rotundamente en las clasificatorias para el Mundial de Alemania 2006. Hay más: ¿ahora que quieren vender y hacer el negocio de sus vidas nos vienen a decir que los abonados somos todos unos imbéciles que contratamos el CDF para ver sólo partidos mediocres? La más que segura venta del CDF, a largo o breve plazo, plantea una serie de interrogantes, a saber: ¿Ya que es claramente un monopolio, nada tendrá a este respecto que decir la Fiscalía Nacional Económica? ¿Quién protegerá al aficionado que finalmente ha optado por seguir a su cuadro favorito a través de la televisión? ¿Cómo se van a repartir las Sociedades Anónimas esta gigantesca torta? ¿Van a seguir utilizando la martingala de los “excedentes” en lugar de hablar derechamente de utilidades? ¿Quién va a garantizar que los principales accionistas de los clubes, una vez recibidos los millones de dólares que se aprestan a recibir, no se van a ir con el botín para su casa? ¿Va a seguir siendo la ANFP una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, cuando en realidad maneja a su antojo y sin control de nadie una empresa multimillonaria? Lo concreto es que, después de muchos episodios que remecieron al fútbol chileno desde sus cimientos, ha terminado por aflorar la verdad irrefutable: el poder económico de este país, voraz e insaciable, ha terminado por arrebatarnos también el fútbol. Como ya lo había hecho con la educación, la salud, la previsión y un largo etcétera que sería inoficioso de enumerar. Evo Morales, resistido y ahora hasta detestado en este país tras esa primera derrota chilena en La Haya, se anotó un punto, sin embargo, cuando le respondió al canciller Heraldo Muñoz, que para defender la posición nacional utilizó el término “soberanía”. Dijo el mandatario boliviano que “de qué soberanía me puede hablar el señor Muñoz, cuando hasta el mar chileno está privatizado”. Hasta ahora, no se ha sabido de una respuesta del canciller a este emplazamiento de Morales. Un Heraldo Muñoz que, durante la presidencia de Ricardo Lagos, desde su puesto de Subsecretario de Gobierno fue el gran impulsor de la implantación del sistema de Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol nacional. Este país es tan chico, que en ciertas materias no parece ser coincidencia que los mismos nombres se repitan con absoluta y total pertinacia. Fuente: http://www.elmostrador.cl/dia/2015/09/29/venta-del-cdf-cronica-de-una-negociacion-esperada/
  18. Genaro Arriagada calificó la iniciativa como "reaccionaria" Walker marca tendencia concertacionista y critica gratuidad universal: "El que pueda pagar, pague y el que no, no pague... eso se llama justicia" por El Mostrador 24 agosto 2015 El senador de la Democracia Cristiana se unió a los cuestionamientos a la gratuidad universitaria y descartó financiar al 1% más rico del país, debido a que "al final la señora Juanita al pagar su 19% de IVA en un kilo de pan en la población La Legua está subsidiando a los sectores de mayores recursos". El senador DC, Ignacio Walker se sumó al ruedo de los parlamentarios y miembros de la Nueva Mayoría, estandartes de la vieja Concertación, que han criticado la viabilidad de la Reforma Universitaria. "La idea de la gratuidad universal es una idea reaccionaria, se molestarán algunos, pero es una idea reaccionaria. En mi tiempo, los más notables intelectuales de nuestro país alegaban en contra de la educación gratuita (...) que obviamente para el que no tiene recursos es perfectamente entendible", dijo el analista político y ex titular de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Genaro Arriagada, en una entrevista con Radio Zero. Por otra parte, el senador de la DC al ser consultado por si estaba a favor de entregarle gratuidad universitaria al 1% más rico sostuvo que “yo tiendo a pensar que no. Porque al final la señora Juanita al pagar su 19% de IVA en un kilo de pan en la población La Legua está subsidiando a los sectores de mayores recursos”, agregando que “el que pueda pagar, pague, y el que no puede, no pague… eso se llama justicia”, dijo a Vía X. Según el parlamentario, el programa gubernamental “dice gratuidad para el 70% de menos ingresos en este gobierno. Yo estoy completamente de acuerdo. (...) Pero a veces nos engolosinamos… yo digo, una vez que lleguemos al 70% vemos cuál es el paso siguiente". Respecto a la Nueva Constitución, Walker indicó que es una promesa no cumplida, "lo estoy diciendo derechamente", ya que "la nueva Constitución ya quedó para el próximo Gobierno". "La Presidenta Bachelet salió con un 62% de los votos y hoy día tenemos un 70% de desaprobación”, por lo que “tenemos que reconocer que hoy día somos minoría y que hay una mayoría que desaprueba. ¿Cuál es la conclusión de eso? Rectificación más que reafirmación", finalizó. Esta tarde el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, respondió a quienes se han manifestado en contra de la gratuidad universal: “La gratuidad en la educación superior no es algo que pueda esperar. Es un anhelo de muchos chilenos que hoy día destinan una parte importante de su presupuesto al pago de los gastos de universidad”. Añadió que “es una convicción de la Presidenta del República el proceso de gratuidad en la educación superior parta el próximo año y eso va a significar, en concreto, que 200 mil jóvenes y sus familias van a dejar de hacerse cargo de esos pagos”. El vocero sentenció que “esto es una tremenda buena noticia para Chile y esperamos seguir avanzando para llegar a la meta de universalidad de la gratuidad en educación superior”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/24/walker-marca-tendencia-concertacionista-y-critica-gratuidad-universal-el-que-pueda-pagar-pague-y-el-que-no-no-pague-eso-se-llama-justicia/
  19. Estudiantes insertos en compromisos con bancos Injuv solicita a Ues, institutos y CFT eliminar las tarjetas estudiantiles ligadas a los bancos Luego de recibir los resultados de un estudio que arrojó que más de la mitad de los estudiantes no conoce lo que es un producto financiero, lo que significa que si los jóvenes mantienen sus tarjetas estudiantiles relacionadas con los bancos, podrían provocarse vulneraciones tanto de sus datos personales como en el manejo de una relación con las casas bancarias. Catalina Hernández Hoy 07:08 Nicolás Preuss, director del Instituto Nacional de la Juevntud (Injuv) informó a través de documentos enviados al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y a las instituciones de educación superior (IES), que existen probables vulneraciones en el resguardo de la información de los estudiantes que acceder a tarjetas estudiantiles asociadas a bancos. Después de que el Sernac entregó los resultados del estudio sobre el “Comportamiento y Conocimiento de los Jóvenes en Materia de Educación Financiera”, que reveló que un 74.3% de los jóvenes que pertenecen a CFT e IP, no tiene idea de lo que es un producto financiero. Luego de ese resultado, nació la iniciativa de solicitar la eliminación de tarjetas estudiantiles ligadas con líneas bancarias. Preuss dijo que como Injuv, después de resguardar la capacidad de endeudamiento de los jóvenes en el comienzo de su educación superior, detectaron que en algunas universidades las tarjetas o credenciales de alumnos se relacionan directamente con productos bancarios, donde incluso se les entrega información y datos de los alumnos sin que éste se encuentre al tanto. También señaló que la respuesta de las IES no significan que los reclamos acabarán, porque a pesar de que el estudiante es quien decide activar o no el producto comercial ligado a las tarjetas, muchas veces los datos personales que utilizan para su matrícula, terminan en poder de los bancos, sin importar si fueron autorizados o no. Finalmente lo que ocurre es que el embaucamiento a los estudiantes no se detendrá si desde las mismas casas de estudios presentan relaciones directas con casas bancarias donde los jóvenes no tienen más opción que someterse a un sistema económico que probablemente ni siquiera conozcan. Catalina Hernández El Ciudadano Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/08/17/200953/injuv-solicita-a-ues-institutos-y-cft-eliminar-las-tarjetas-estudiantiles-ligadas-a-los-bancos/
  20. Topic Oficial Reforma a las Isapres Cara de palo: Isapres piden fondo compensatorio al Gobierno ante aumento de adultos mayores en el sistema Por su parte, desde el Ministerio de Salud rechazaron la petición de las empresas, argumentando que la gran mayoría de los adultos mayores se encuentra en Fonasa. Nacional 22 de julio, 2015 Autor: El Dínamo La Asociación de Isapres pidió al Gobierno la creación de un fondo compensatorio para hacer frente a los costos que significa tener una mayor cantidad de adultos mayores en el sistema privado de salud. Según su presidente, Rafael Caviedes, el incremento de personas sobre los 60 años es de un 30% en los últimos cuatro años, por lo que espera que el proyecto de reforma a las Isapres debe incluir un método para ser compensados por sus mayores gastos. “La población en Chile está envejeciendo y en el sistema Isapre la población también envejece. Y lejos de lo que señalan los mitos urbanos, el adulto mayor permanece en el sistema Isapre, tiene un mayor consumo de prestaciones médicas y aproximadamente varía eso de tres y seis veces respecto a un adulto joven”, expresó a radio Cooperativa. Por su parte, desde el Ministerio de Salud rechazaron la petición de las empresas, argumentando que la gran mayoría de los adultos mayores se encuentra en Fonasa. “El porcentaje de adultos mayores que tiene el sector público es superior a todo lo que pueda tener en estos momentos las Isapres y las poblaciones que tienen Isapre generalmente son jóvenes y que no tienen problemas de salud. Eso es lo que queremos superar a través de esta ley de Isapres”, apuntó la ministra Carmen Castillo. Consultada sobre la confección del proyecto de ley de Isapres, la secretaria de Estado explicó que se encuentra en su última fase de elaboración para luego ser entregado a La Moneda para su revisión. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/07/22/isapres-piden-fondo-compensatorio-al-gobierno-ante-aumento-de-adultos-mayores-en-el-sistema/
  21. Argumentaron que iniciativa de carácter social es de “poca rentabilidad económica" Josefa Errázuriz decepcionada de concejales que rechazaron construcción de jardín infantil para niños vulnerables en Providencia por El Mostrador 4 agosto 2015 "Yo lo lamento muchísimo por los niños y niñas de Providencia, lo lamento profundamente. Los argumentos esgrimidos hoy me dan una profunda pena, lo tengo que decir”, manifestó la alcaldesa. El concejal Rodrigo García Márquez (ex PPD), quien fue uno de los que votó en contra, afirmó que no correspondía entregar por 30 años a la Junji un terreno de alta plusvalía, cuya venta podría aportar recursos para financiar iniciativas –a su juicio– más urgentes, como un nuevo consultorio. Decepcionada se mostró este martes la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, después que el Concejo Municipal de la comuna rechazara, con los votos de la oposición, la construcción de un jardín infantil y sala cuna destinado a dar cobertura a 48 niños y niñas vulnerables de hasta cuatro años de edad, el que se emplazaría en un terreno de 500 metros cuadrados actualmente en desuso y de propiedad municipal ubicado en la calle Padre Mariano. A la votación, había asistido la encargada de la mesa regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Sofía Villalobos, institución que se haría cargo del recinto cuya realización fue desechada por cinco votos en contra –incluido el del ex PPD Rodrigo García Márquez–, frente a los cuatro correspondientes a David Silva, Nicolás Muñoz, Jaime Parada y la propia jefa comunal. Josefa Errázuriz lamentó que el argumento de los concejales que rechazaron la iniciativa fuera su "poca rentabilidad económica". "Creemos que el lugar donde se iba a implementar es uno de los sectores que por muchos años estuvieron muy descuidados… yo lo lamento muchísimo por los niños y niñas de Providencia, lo lamento profundamente. Los argumentos esgrimidos hoy me dan una profunda pena, lo tengo que decir”, manifestó la alcaldesa. En la comuna hay dos jardines y una sala cuna. Son menos de 200 cupos, para una demanda que va en aumento, según esgrimen en el municipio. Por ello Errázuriz confiaba en que el nuevo recinto contribuiría a paliar esta realidad. “Providencia tiene una deuda con la educación preescolar pública. En este proyecto vimos la oportunidad de construir en conjunto una nueva sala cuna y un nuevo jardín infantil, con capacidad para 20 lactantes y 28 párvulos. A través de este proyecto, Providencia entregaba en usufructo por 30 años un terreno avaluado en $500 millones, y a cambio, se recibía un edificio avaluado en $600 millones que albergaría a 48 niños, así como los gastos de operación, horas de profesionales y de administrativos a cargo de los niños, que serían cubiertos por Junji durante 30 años”, comentó. Por eso estima que "los concejales de oposición no fueron capaces de ponerse en los zapatos de los padres y personas que trabajan en nuestra comuna... No es primera vez que enfrentamos obstrucción a proyectos importantes, una actitud típica de la oposición”. García Márquez justificó su voto en contra, asegurando que sólo defendió los intereses de los vecinos. Y rechazó las reacciones en redes sociales que lo tildan de "insensible" junto a los demás miembros del Concejo que se opusieron al nuevo jardín infantil. De hecho, dijo que lo que estaba en juego era dejar en manos de la Junji por tres décadas un terreno que en este momento tiene una de las plusvalías más elevadas de la comuna y que fácilmente podrían venderse en más de mil millones de pesos, los que podrían utilizarse para financiar necesidades que –a su juicio– son más urgentes, como la construcción de un nuevo consultorio para atender a la cada vez más creciente población de adultos mayores. "No podemos disponer de los bienes municipales que pertenecen a los vecinos de Providencia para entregar uno de los bienes raíces más importantes que tenemos en la comuna y donde el metro cuadrado sube día a día", dijo sobre el terreno ubicado en el número 140 de Padre Mariano (a dos cuadras de Av. Providencia), correspondiente a las Unidades Vecinales 1 y 3, donde según el municipio existe demanda justificada de residentes, y un rango de entre 250 y 500 menores de entre 0 y 2 años. También en contra se pronunciaron Pedro Lizana, Iván Noguera, Manuel José Monckeberg y Pilar Cruz (RN). Esta última dijo que su decisión se debe a que nadie pudo asegurarle lo que ella pedía. “Yo quería que aseguraran el ingreso prioritario a niños de la comuna. La Junji tiene que velar por los niños de todo el país, pero yo estoy velando por los vecinos”. -¿Le dijeron que no habría cupos para niños de la comuna? -No, no dijeron eso, pero no me aseguraron que la prioridad la tuvieran los niños de Providencia –dice Pilar. Lizana, por su parte, consultado por El Mostrador, señaló que para entender su decisión basta con sumar y restar. “Hay que tener buenos sentimientos, pero al mismo tiempo no se tiene que votar la plata y proteger los bienes municipales y ese es un bien de mucho valor. Usted tiene que con esa plata puede hacer dos o tres jardines si quiere... una cosa elemental de aritmética”. -¿Concejal, sabe cuántos jardines infantiles hay en su comuna? -Mmmmmm... creo que uno. No sé. -¿Y sabe cuántos niños de su comuna necesitan este servicio? -Mmmmmm, no sé. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/04/josefa-errazuriz-decepcionada-de-concejales-de-oposicion-que-rechazaron-construccion-de-jardin-infantil-para-ninos-vulnerables-en-providencia/
  22. Un grave problema de discriminación: La televisión no escucha a los sordos 18/07/2015 | Por María Cristina Prudant Para este tipo de personas es muy importante que la TV tenga intérpretes que hablan en lengua de señas para que ellos tengan acceso a toda la información correspondiente. Por ahora, los canales eluden la obligación y tienen un sistema de rotación en el que cada tres meses asumen esta tarea. El tema ha llegado a los tribunales y en primera instancia fue favorecida la televisión. La última palabra la tendrá la Corte Suprema y una ley clara en este aspecto Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y al parecer en nuestro país las diversas autoridades que han pasado por el aparato estatal no ha sabido o no ha querido responder a las necesidades de un importante sector de ciudadanos que son las personas sordas ( alrededor de 500 mil de acuerdo con la última encuesta en 2004), que mantienen una denodada lucha por no ser discriminados y tener acceso a las cosas más básicas de la vida como el trabajo, los servicios públicos, la educación con intérpretes de lengua de señas, libertad de expresión. Aunque hay una ley vigente desde 2010 que establece normas de inclusión social para personas como los sordos, ni en las municipalidades, tribunales o urgencias de los hospitales hay personal que sepa comunicarse con ellos. Según reconoció Alexis Estibill, secretario regional de la Federación Mundial de Sordos, en ningún municipio del país hay un cartel que diga: Acá se atiende en lenguaje de señas. No es obligación en ningún servicio público. El dirigente dijo que en Chile "solo un par de médicos saben Lenguaje de señas. Un solo sicólogo. Ningún abogado. Ninguna notaría". Y cada vez que un sordo quiere hacer un trámite común y corriente debe arreglárselas como pueda. "Una destacada excepción a esta regla general de falta de accesibilidad la constituye el Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado por la Asociación de Sordos de Chile con el Ministerio Público, acuerdo que ya ha generado sus frutos haciendo accesible en lengua de señas chilena mediante intérprete certificado en una audiencia de juicio oral en lo penal en que una mujer sorda, de la tercera edad, de una zona rural, compareció en calidad de víctima por violencia intrafamiliar" destacó el presidente de la Asociación de Sordos de Chile, Gustavo Vergara. "En Chile las políticas públicas sobre accesibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales para la comunidad de personas Sordas, son ineficaces por no producir en la práctica el efecto de integración y accesibilidad a los servicios públicos y privados en igualdad de condiciones con las demás", recalca. En cuanto a la utilización de lengua de señas (término correcto) en la televisión, Vergara dijo a Cambio21 que "en la actualidad el 1,27% de la TV es accesible a las personas sordas, por lo tanto, la forma como se está haciendo es discriminatoria, al no tener igualdad de oportunidades a la información y a los medios de comunicación televisivos. Precisamente, demandé a los canales de TV por la no accesibilidad a la programación con lengua de señas y la causa en estos instantes se encuentra en la Corte Suprema, porque el Consejo Nacional de TV se declaró incompetente y el Senadis (Servicio Nacional de la Discapacidad) no cuenta con facultades fiscalizadoras". La Asociación de Sordos de Chile (Asoch), representando a organizaciones regionales y civiles, presentó un recurso en contra de Canal 13 S.A, Megavisión, Televisión Nacional de Chile y Chilevisión por no incluir el lenguaje de señas. La Quinta Sala del Tribunal de Alzada desestimó que los canales hayan actuado en forma ilegal al no incorporar el lenguaje de señas a transmisiones como festivales, la cobertura periodísticas de catástrofes y audiencias judiciales. Además, la justicia negó que hubiese actos u omisiones que vulneren las disposiciones legales por parte de los canales que no tradujeron dichas transmisiones. Consultado si esperan que salga luego la ley que permita la lengua de señas para el Festival de Viña (como solicitó un grupo de viñamarinos) u otros eventos artísticos Gustavo Vergara señaló que, "a pesar de que esta iniciativa brotó de la quinta región y leí el texto de la ley, incurre en los mismos errores del reglamento de la ley 20.422, puesto que legislaron sin contar con todos los antecedentes y no solo pensamos en el festival, también en los programas infantiles, programas culturales, etc. de igual o mayor relevancia". El director Nacional de Senadis, Mauro Tamayo, comentó a Cambio21 que el organismo que preside se ha preocupado de especificar y mejorar aspectos de la Ley 20.422 que se tramita actualmente y que también tiene que ver sobre el tema de la televisión. La Comisión de Salud aprobó la primera instancia y ya pasó a sala. El personero explicó que "lo que dice el artículo 25 de la ley es que la lengua de señas es una obligatoriedad para los canales de televisión abierta y proveedores de televisión por cable. Hoy fue la definición que fue aprobada habla específicamente de "concesionarios del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción y los permisionarios de servicios limitados de televisión (TV cable)". La acción es así de clara para que después no queden dudas porque cuando hay algunos errores en este ámbito algunos se escudan en eso". "Es decir, tanto la televisión abierta como la privada estén obligados a entregar en toda campaña de servicio público, debates presidenciales, informativos de la Onemi y bloques noticiosos deberán transmitirlos con subtítulos y lengua de sordos", precisó. Anatel, asociación que representa a los canales de televisión, no está de acuerdo en "recargar de más cosas la pantalla", pero no han hecho reclamos formales, según Tamayo. "Es la excusa permanente, pero creo que el fondo sustantivo de Anatel es financiero, porque cuando se debatió en el senado, Ernesto Corona (su presidente) presentó láminas que tenían que ver con las pérdidas financieras de los canales, en ningún caso de algún tipo de estudio que manifestase la disconformidad de la ciudadanía porque se entorpece la visión de nadie. Habitualmente, se esgrime que es un costo adicional, pero la pregunta es cuánto es el valor de que todas las personas tengan el mismo derecho que los que podemos escuchar a conocer la información pública". Hay canales que están avanzando en este tema, como Mega y CNN que por iniciativa propia están usando intérprete en algunos programas. "Y no han quebrado", señala el director de Senadis. La Ley 20.422 Desde hace un tiempo innumerables organizaciones de sordos han denunciado ante diversos organismos haberse sentido discriminados al no poder acceder a la información necesaria para ejercer sus derechos ciudadanos. Uno de los problemas que aún no logran resolver del todo es el relacionado con la inclusión, en todos los canales de la televisión del país, de un intérprete que vaya traduciendo, por ejemplo, las noticias y otros hechos relevantes como los debates presidenciales, en caso de catástrofe, los terremotos y otros temas esenciales para el desarrollo adecuado de la vida de estos chilenos y chilenas. Ley N° 20.422 establece en su artículo 25 que "los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los ministerios de Planificación, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno". En tanto, la ley también expresa en su artículo 26 que "se reconoce la Lengua de Señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda". Por otra parte, el Decreto N° 32 de 2011, del ministerio de Desarrollo Social, establece que los canales deberán utilizar los mecanismos de comunicación audiovisual que permitan dar efectivo acceso a la información a la comunidad sorda. Sin embargo, esto no se está cumpliendo y el argumento de los canales es que el cuadro donde aparece el intérprete "ensucia la pantalla", o sea, no deja ver completa la imagen que se está emitiendo. "Los sordos no accedemos a toda la información" El presidente de Asoch entregó a Cambio21 la posición institucional de su organización sobre Libertad de Expresión y de Opinión y de Acceso a la Información. En el artículo 21º de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y de opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan.." y "aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas....., medios y formatos de comunicación accesible que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales", así como "reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. "En Chile esta norma es ineficaz toda vez que los sordos no accedemos a la información, noticias, cultura y espectáculos en igualdad de condiciones con las demás personas por la imposibilidad de ser accesible los medios netamente orales como las radiotransmisiones, o la escasa accesibilidad de los medios de comunicación social escritos, por estar estos expresados en formato escrito y en lengua castellana, ambos ajenos y poco comprensibles para los sordos", enfatizó Gustavo Vergara. "Por último están los canales de televisión que por su esencia visual son el medio de comunicación social con el mayor potencial de accesibilidad para los sordos, pero que en la práctica se resiste indebida e injustificadamente a hacer sus contenidos accesibles mediante la implementación del ajuste razonable "recuadro de intérprete en lengua de señas chilena", agregó. Sordo versus discapacidad auditiva Es importante hacer la diferencia entre quienes sufren una discapacidad auditiva o sorda y la persona sorda. En forma simple de explicar, la primera es aquella que tiene cultura de oyente, que pierde la audición en forma paulatina o súbita por enfermedad, accidente, vejez, etc., en cambio la persona sorda es aquella que pertenece a una minoría lingüística propia que se maneja con lengua de señas y tiene estructura gramatical diferente al castellano. De ahí se desprende la importancia de la existencia de traductores en la programación de la TV. Los subtítulos sirven para personas con discapacidad auditiva, siendo una herramienta complementaria y no la principal de las personas sordas. Primer recurso de la historia Christian Muñoz es sordo de nacimiento y se hizo conocido porque después del terremoto de 2010 presentó en la Corte de Apelaciones el primer recurso de protección contra el Estado en la historia de Chile, exigiendo lengua de señas no solo en el noticiero del mediodía, sino en las campañas de ayuda, las cadenas nacionales, debates presidenciales y noticiarios centrales. En una entrevista expresó que "los sordos fuimos las primeras víctimas. No hubo información para nosotros en TV ni en campañas públicas ni en ninguna parte". Y preguntó: "¿El 27F algún servicio público usó lengua de señas en las campañas de ayuda para dirigirse a los damnificados sordos? Ninguno. Los sordos fueron abandonados, especialmente los de la Octava región. Sin agua, sin luz, sin comida. Sin información dónde se repartía ayuda. Había militares en las calles. Familias de sordos no pudieron salir en días. Encerrados en sus casas. Totalmente incomunicados. Aislados". ¿Qué pasó con el recurso? La Corte de Apelaciones de Santiago lo rechazó, porque la Ley 20.422 tenía un inciso 6° (que los sordos desconocían) que decía: "El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno". Mientras eso no sucediera, no se podía exigir lengua de señas en Chile. Finalmente, el inciso fue derogado producto de la presentación de un nuevo proyecto de ley por parte de la diputada Andrea Molina. El trámite duró dos años y el 5 de octubre de 2012 se volvió a lanzar la Ley 20.422 y a reconocer la lengua de señas, como la lengua oficial de los sordos en Chile. "Para el terremoto a los intérpretes no se nos dejó salir al aire" Alejandro Ibacache, es hijo de padres sordos y lleva más de 25 años en la televisión desarrollando su labor de intérprete. Llegó a esto por su conocimiento de la lengua de señas desde pequeño. Empezó en el otrora Canal 11. Respecto a que todos los canales cumplan con este sistema para los sordos dijo a Cambio21 que "hay algunos del mundo de la televisión que les molesta, porque ellos dicen que ensucia la pantalla". Según señala, "la comunidad de personas sordas dice que la televisión chilena discrimina, porque cada vez que una de ellas prende el televisor se siente así, cuando se pueden hacer los ajustes necesarios. Cuando suceden hechos como el terremoto, nosotros los intérpretes estuvimos allí para salir al aire y se nos dijo que no". También hizo notar que cuando se transmitió un asunto tan importante como el fallo de La Haya por el diferendo Chile - Perú, "acá no se transmitió con lengua de señas y sin embargo ellos consideran que eso no es discriminar". En todo caso, dijo que esperan llegar a la Corte Interamericana o la misma ONU para lograr sus derechos. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150710/pags/20150710152357.html
  23. Renovación Nacional recibió "una alita" de 2 mil millones de pesos tras la venta que hizo Sebastián Piñera de LanChile cuando ya era presidente Otras empresas ligadas al empresario que fue Presidente de la República también hicieron donaciones a RN, entre ellas Chilevisión (126 millones de pesos). de 2 mil millones de pesos a su partido político Renovación Nacional, dinero originado por la venta de Lan-Chile y comprometido con los nuevos propietarios, el Grupo Bethia. Así lo afirma una información de Ciper, publicada en La Tercera, donde se indica que cuando el expresidente vendió la aerolínea lo hizo en forma indirecta. se desprendió de la propiedad de LAN, lo hizo de forma indirecta. Los más de 40 millones de acciones que vendió a comienzos de mayo de 2010 en una operación que en total le reportó ingresos por US$ 1.500 millones no eran de la aerolínea, sino que de la empresa a través de la cual él la controlaba: Axxion S.A. Todas esas acciones fueron adquiridas por el Grupo Bethia. Fue así que el holding que preside Carlos Heller se quedó con uno de los principales vehículos de inversión del entonces Presidente de la República con el objetivo de comprar su participación en LAN. La transacción, explican en Bethia según Ciper, no sólo incluía activos, sino que además caja e inversiones financieras para pagar compromisos y pasivos de su antiguo controlador. Entre ellos, donaciones contenidas en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. En otras palabras, por instrucción de Sebastián Piñera, Axxion debía transferir una cifra millonaria a Renovación Nacional (RN). Y así se hizo. Entre julio y diciembre de 2010, cuando Piñera ya estaba en La Moneda, Axxion hizo nueve donaciones a RN que en total suman más de $2.075 millones. No para el financiamiento de campañas, sino como aportes para el partido en período ordinario. Los recursos que Axxion entregó a RN en esos seis meses constituyen tres cuartas partes de todas las donaciones que el partido recibió entre 2007 y 2015, y dan cuenta del peso que tenía Piñera en el financiamiento de la colectividad. No fueron los únicos aportes que llegaron a RN desde las empresas vinculadas a Piñera. Ya en 2007, Axxion había entregado $6,5 millones al partido. A eso se suman $12,8 millones que aportó Bancard, $72,6 millones que donó Inversiones Santa Cecilia y $126 millones que transfirió Chilevisión, todos entre 2007 y 2008. Pero el volumen de las donaciones de Axxion en 2010 está muy por encima de lo que normalmente recibe el partido en un año. Sus aportes constituyeron el 72% de los ingresos registrados por RN durante todo 2010 y más de la mitad de todas las donaciones obtenidas por partidos políticos chilenos durante la última década. La ex ministra Cecilia Pérez, quien es vicepresidente de la fundación creada por Piñera, Avanza Chile, confirmó a Ciper que los aportes de Axxion fueron producto de una cláusula del contrato de venta de acciones entre Inversiones Santa Cecilia, del ex Mandatario, e Inversiones Betlan, del Grupo Bethia. www.cambio21.cl
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