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  1. 14 Diciembre 2018 SII condonó US$774 millones en multas e intereses a grandes empresas durante la última década Mientras el Servicio de Impuestos Internos aseguró que las estadísticas del primer semestre de 2018 confirman una tendencia histórica, las condonaciones benefician mayoritariamente a contribuyentes del segmento microempresas con casi 49% del total. El 30 de diciembre de 2011, la dirección general de Grandes Contribuyentes (DGC) del Servicio de Impuestos Internos (SII) aprobó una polémica condonación de intereses y multas a Johnson de $60.000 millones. A siete años de aquel episodio, la entidad fiscalizadora ha aplicado condonaciones a contribuyentes de diversos sectores económicos, pero principalmente al comercio, restaurantes, hoteles, construcción, transportes y servicios financieros, según cifras obtenidas a través de Ley de Acceso a la Información Pública. Los mismos antecedentes entregados por el SII dan cuenta que sólo durante los primeros seis meses de este año en comparación con igual periodo de 2017, el monto de condonaciones a grandes empresas efectuadas por el SII aumentó en un 54%. Durante el primer semestre de 2018, los montos condonados al “segmento de empresas” subieron 37% en comparación con igual periodo del año anterior. Mientras que en caso del monto vinculado al “segmento de personas”, cayó un 34%. En el caso de las microempresas, el incremento alcanzó un 11%. El SII realizó la clasificación del segmento por contribuyentes de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 76 del año 2017, que actualmente está vigente. Esta define al segmento de personas como aquellas personas naturales que no poseen actividades económicas registradas en el SII. En tanto, las micro empresas las ordena en los contribuyentes que tributan en primera o segunda categoría, (excluyendo a las personas naturales) con ingresos totales anuales menores a 1.400 UTM. En tanto, la autoridad definió a las grandes empresas como aquellos que contribuyen en Primera Categoría (excluyendo a personas naturales con Término de Giro) o en Segunda Categoría (excluyendo a personas naturales) con ingresos anuales totales mayores o iguales a 60.000 UTM o capital propio tributario mayor o igual a 300.000 UTM o compras mayores o iguales a 60.000 UTM, en alguno de los dos últimos años comerciales. La década Sin embargo, según los datos obtenidos, las condonaciones a grandes empresas entre el 2007 y 2017 suman un total de US$774 millones. Más aún, el número de grandes empresas beneficiada durante esta década se duplicó, pasando de 3.747 en 2007, a 7.681 condonaciones en 2017, lo que representa un incremento de 105%. Pero también, en el mismo lapso de tiempo, el número de las microempresas que también obtuvo dicho beneficio presentó un fuerte incremento de 167%. La información arroja datos sobre contribuyentes personas, que es el único grupo cuyos montos en los “perdonazos” sufren caídas en cuatro ocasiones en una década. (NOTA: En página de fuente, se pueden ver los gráficos) https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sii-condono-us774-millones-en-multas-e-intereses-a-grandes-empresas-durante-la-ultima-decada/443404/ Fuerte alza en recargos Desde el SII explicaron que “las estadísticas del primer semestre de 2018 confirman una tendencia histórica, las condonaciones benefician mayoritariamente a contribuyentes del segmento microempresas (casi 49% del total), seguidos de las pymes y las personas, correspondiendo a las Grandes Empresas sólo el 3,8% de los contribuyentes con condonación. Desde la perspectiva de los montos, este último segmento tradicionalmente ocupa el primer lugar, por el mayor volumen de recursos que implican sus operaciones, pese a que su tasa de condonaciones está dentro del promedio general (76%)”. Lo anterior -como consignó la exposición de ayer del director del SII ante la Comisión de Hacienda de la Cámara a propósito del proyecto de modernización tributaria- “obedece a la concentración estructural de la economía y la tributación en Chile, reflejada en aspectos como las ventas, impuestos determinados, devoluciones de IVA y otros, como por ejemplo las condonaciones”. De esta manera, si bien las grandes compañías son sólo el 1,1% del total de empresas del país, representan el 86% de las ventas totales; el 70% del Impuesto de Primera Categoría determinado; el 75% de las retenciones del impuesto único de segunda categoría; el 97% de las devoluciones de IVA exportador y el 69% de las condonaciones”. “Al comparar 2017 contra 2007, se tiene que los recargos han aumentado un 288%, por lo que resulta esperable que las condonaciones se mantengan en similares proporciones. Y ello es el resultado de la mayor fiscalización que se ha estado focalizando en empresas de riesgo alto y usualmente de gran tamaño”, explicaron desde el SII. Fiscalización anticipada Pero también las cifras obtenidas del SII dan cuenta de matices en la ponderación de los montos y número de beneficiados. “En el segmento grandes empresas, el 2017 el promedio es $10.2 millones de pesos de condonación por beneficiario. Mientras que en el 2018 es de 4.5 millones de pesos. Esto se puede deber a una fiscalización más temprana. Por ende, menos intereses que condonar o bien porque las condonaciones fueron más bajas”, explicó Bárbara Neyra Avilés, directora del área tributaria de Aninat Schwencke & Cía. “Según esta información o las personas naturales tienen menos problemas con el SII o desarrollan sus negocios por medio de vehículos jurídicos”, añadió Christian Aste, de VLA Abogados. Rodrigo Benítez Córdova, Socio líder Tax & Legal explicó que detrás del fuerte incremento de las condonaciones tributarias a las grandes empresas existen muchos factores que inciden. A modo de ejemplo en el año 2007 no existían los tribunales tributarios. Por lo mismo, muchas veces el Servicio de Impuestos prefiere otorgar una muy buena condonación que seguir adelante con un proceso judicial que le podría significar años de litigio, según el experto. Para el abogado existe un “recelo muy negativo” con la condonación a Johnson. “La condonación es una herramienta que el Servicio de Impuestos Internos siempre ha tenido y ha utilizado. El caso de la multitienda fue muy prejuiciado. Ese fue un problema, porque las condonaciones son una buena herramienta que, en definitiva, su objetivo es recaudar y no estar cobrando intereses, sino que es un ente recaudador de impuestos”, concluyó Benítez. (NOTA: En página de fuente, se pueden ver los gráficos) https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sii-condono-us774-millones-en-multas-e-intereses-a-grandes-empresas-durante-la-ultima-decada/443404/ Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sii-condono-us774-millones-en-multas-e-intereses-a-grandes-empresas-durante-la-ultima-decada/443404/
  2. 15 Agosto 2018 Alcaldes suman el 46% de multas por incumplir Ley de Transparencia De 2009 a la fecha se instruyeron 333 sumarios. Las sanciones aplicadas ascienden a más de $ 125 millones. Varias fueron las voces que en 2009 se resistían a la aprobación de la Ley de Transparencia, aquella iniciativa que dejaría a disposición de los ciudadanos un montón de información que por años permaneció solo en manos de funcionarios públicos. Esa sensación de “desprotección” les preocupaba a muchos. Diversas instituciones públicas debieron ajustarse a la legislación, pero no solo ellos, sino que también la ciudadanía tuvo que acostumbrarse al uso de este nuevo derecho: acceder a la información. Según las cifras históricas del Consejo para la Transparencia (CPLT), entre 2009 y junio de 2018 el portal dispuesto para estos fines recibió 476.699 solicitudes. Sin embargo, hubo algunas sin una respuesta oportuna. En los primeros 10 años de la ley, también existieron quienes no respondieron o denegaron sin fundamento el acceso a la información, así como instituciones que no mantenían en sus páginas web cierta información relevante que, según la ley, debería permanecer pública y actualizada. Lo anterior llevó a que el CPLT instruyera 333 sumarios a organismos públicos (algunos con más un proceso acumulado). Las municipalidades lideran este ranking, con el 71% de ellos; le siguen las corporaciones municipales (18%) y, más atrás, los hospitales (2%). Del total de procesos, 288 terminaron con una sanción económica, que varió entre el 20% y el 40% del sueldo del funcionario que resultara implicado. Ese listado es encabezado por los alcaldes, con 135 sanciones, equivalentes al 46% del total. Le siguen los directores de control y 26 encargados de transparencia de distintos organismos (ver infografía). Al igual que los sumarios, existen funcionarios que fueron sancionados en varias ocasiones. Por concepto de sanciones, desde 2009 a junio de este año, la Tesorería General de la República ha recaudado $ 125 millones. Algunos casos En 2015, el CPLT instruyó un sumario en contra del exalcalde de Algarrobo, Jaime Gálvez, por la denegación infundada de información. La investigación culminó en 2017 con una multa del 25% de su sueldo para el ahora exalcalde. En el caso de los municipios de Zapallar y Tierra Amarilla, se dictaminó que Nicolás Cox y Osvaldo Delgado, ambos exalcaldes, deberían pagar el 20% de su sueldo por haber obtenido un bajo desempeño en la fiscalización de Transparencia Activa. Otros organismos que figuran entre los sancionados son la U. de Santiago, la Corporación Municipal de Ñuñoa y el Consejo de Defensa del Estado. Para Marcelo Drago, presidente del CPLT, “la estadística sirve para que las instituciones puedan mirarse y reflexionar sobre cómo están abordando la política pública; denota, además, el crecimiento de las mismas y dónde podrían introducir mejores prácticas” . Con todo, Drago señaló tener certeza de que una vez que se instale por completo “la cultura de la transparencia”, los servicios públicos tendrán mejor disposición para entregar la información. El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, afirmó que el Ejecutivo está trabajando en una Ley de Transparencia 2.0, que será enviada en los próximos días al Congreso. La iniciativa “entrega mayores herramientas a los municipios para cumplir la ley de forma efectiva. Lo anterior se une a la presentación de un proyecto para robustecer la integridad pública en gobiernos municipales y regionales, con el fin de prevenir y combatir la corrupción”, afirmó. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/alcaldes-suman-46-multas-incumplir-ley-transparencia/283116/
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326249-caso-cascadas-tc-reduce-al-30-multas-de-la-svs-contra-ex-ejecutivos-de-larrainvial-por-caso-cascadas/?hl=%2Bcascadas&do=findComment&comment=22966512 09 Mayo 2018 TC reduce multas a Leonidas Vial, LarrainVial y Alberto Le Blanc por caso cascadas El Tribunal Constitucional acogió los requerimientos presentados por Leonidas Vial, la corredora LarrainVial y Alberto Le Blanc, en contra de las multas impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero) en el marco del caso cascadas. El TC acogió el argumento de los reclamantes en torno a la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley Orgánica de la SVS (en el que se basó el regulador para aplicarles las multas) y que sostiene que la Superintendencia puede fijar una multa de “hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular”. El TC les dio la razón declarando inaplicable el mencionado artículo. Como consecuencia de lo anterior, la opción que le quedaba al organismo regulador era aplicar el artículo 28 de la misma ley, que afirma que la multa debe ser por un máximo de 15 mil UF, la que en caso de reiteración puede multiplicarse por cinco, es decir, hasta 75 mil UF. En el caso de Leonidas Vial la multa aplicada fue de 500 mil UF, para LarrainVial fue de 200 mil UF y para Alberto Le Blanc la sanción fue de 100 mil UF. La decisión del TC se suma a los requerimientos similares presentados por Roberto Guzmán Lyon y los ejecutivos de LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, que fueron acogidos previamente por el organismo. Ahora sólo falta conocer la definición del Tribunal al requerimiento presentado por Julio Ponce, lo cual podría ocurrir en los próximos días. Tras conocer la resolución del TC, LarrainVial destacó que “hemos sido notificados del fallo del Tribunal Constitucional que dictaminó la desproporción y arbitrariedad de la multa aplicada a LarrainVial con motivo de su participación en el caso cascadas. Dicha sentencia viene a reafirmar, tal como lo hizo al acoger el requerimiento presentado anteriormente por los señores Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, que la ex SVS se excedió en sus facultades sancionatorias”. Asimismo la corredora recordó que la multa en contra suya ya fue dejada sin efecto por parte del 29° Juzgado Civil de Santiago y sostuvo que la resolución del TC “también va en línea con lo resuelto en el último tiempo por los distintos tribunales, que han concluido que no existió perjuicio alguno para los accionistas minoritarios de las sociedades cascada a partir de los hechos reprochados por la entonces SVS”. MULTAS En septiembre de 2014 la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió aplicar sanciones de multa a Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán Lyon, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial Echeverría, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar y a la LarrainVial por un total de 4.010.000 UF (unos US$165.000.000) en el marco del cierre de la investigación del caso cascadas. Ello, tras constatar una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones que tuvieron lugar en el año 2010 -a partir de septiembre- y durante el año 2011. En el caso de Leonidas Vial Echeverría (en su calidad de controlador de Inversiones Saint Thomas Ltda. y Agrícola e Inversiones La Viña) le aplicó una multa a beneficio fiscal de 500.000 UF. Ello, por infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto previene que ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. Respecto a la corredora LarrainVial (en su calidad de intermediario de valores) le aplicó una multa a beneficio fiscal de 200.000 UF. Ello, por infracción al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto previene que es contrario a la presente ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que las transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas. Además por infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto previene que ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento y por infracción a los artículos 66 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Santiago y 64 del Reglamento de la Bolsa Electrónica de Chile, en cuanto ambos previenen que constituye infracción grave la realización de transacciones ficticias respecto de cualquier valor, la participación en transacciones simuladas y la realización de cualquier maniobra tendiente a alterar artificialmente las cotizaciones de bolsa. En el caso de Alberto Le Blanc Matthaei (en su calidad de controlador y administrador de Inversiones Transcorp Ltda. e Inversiones La Palma Ltda) laa multa fue deee 100.000 UF. Ello, por infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto previene que ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. Fuente: http://www.pulso.cl/empresas-mercados/tc-reduce-multas-leonidas-vial-larrainvial-alberto-le-blanc-caso-cascadas/
  4. 20 Agosto 2017 Corredor Vicuña Mackenna: multas de $ 53 mil diarios por un año de retraso Según Serviu, obras finalizarán en diciembre y aumentaron su costo de $ 58 mil millones a $ 71 mil millones. Empresas y gobierno se culpan por atraso. Los trabajos en la avenida Vicuña Mackenna comenzaron hace dos años. Diciembre de 2017 es el nuevo plazo comprometido por el Serviu Metropolitano para inaugurar el corredor del Transantiago en la Avenida Vicuña Mackenna. Las obras, que intervienen 8,8 kilómetros y que fueron presentadas en 2015 como una de las principales iniciativas urbanas para revitalizar la zona sur de Santiago, debían ser entregadas entre septiembre de 2016 y febrero de 2017. Sin embargo, una serie de inconvenientes han retrasado los trabajos, con todos los problemas que eso significa para los vecinos y el comercio de una de las principales arterias de la capital. El gobierno señala que las empresas de servicios se demoraron en cambiar los tendidos eléctricos y cañerías para poder intervenir la zona. Las empresas contratistas afirman, a su vez, que no les corresponde a ellos forzar el cumplimiento de los plazos a las compañías de servicios. Y la distribuidora Enel rebate que los únicos retrasos son porque el gobierno y los contratistas no ejecutaron a tiempo las expropiaciones. El proyecto significó para el Estado una inversión superior a los $ 71 mil millones, pero las multas cursadas a las empresas constructoras Icafal Ingeniería y Construcción S.A. y Constructora Con-Pax S.A. sólo alcanzan los $ 53.170 diarios, según pudo comprobar La Tercera a través de una solicitud por Ley de Transparencia. Esto, debido a que los contratos de obras estipulan una multa de 2 UF por día si hay incumplimiento en la programación financiera que informan las empresas al ganarse la licitación. Así, mientras Icafal ha sido multada a la fecha por $ 12 millones, Con-Pax, por $ 13 millones. Las multas no son mayores debido a que las empresas no son sancionadas cuando la responsabilidad del retraso no se les atribuye a ellas, explica el director del Serviu, Alberto Pizarro. Acusaciones cruzadas La decena de modificaciones a los contratos que amplían los plazos también impactan al presupuesto del proyecto. De los $ 58 mil millones comprometidos inicialmente, el costo para el Estado ha aumentado en un 24%, llegando a $ 71 mil millones por gastos no contemplados (ver infografía). Los trabajos se han retrasado por la lentitud en las expropiaciones y debido a mejoras solicitadas por las cinco comunas por donde cruza Vicuña Mackenna (La Florida, San Joaquín, Macul, Ñuñoa y Santiago). Pero el principal factor, según ha reclamado el gobierno, es la tardanza de las empresas de servicios en hacer los traslados requeridos. “Trasladamos servicios de agua potable, de alcantarillado, telecomunicaciones soterradas y aéreas. Tuvimos problemas con Aguas Andinas, pero la más compleja ha sido, por lejos, con la distribuidora eléctrica Enel”, señala el director del Serviu. Según explica, se delega en las empresas constructoras la tarea de relacionarse con las compañías de servicios y son estas las que finalmente fijan sus propios plazos y precios, lo que obliga a modificar los contratos. El gobierno no tiene atribuciones para multar o fiscalizar a las compañías de servicios. “Hay un vacío legal, porque empresas como Enel tienen hoy de rodillas a la ciudad cuando se trata de intervenciones urbanas de mayor envergadura”, sostiene el intendente Claudio Orrego. En Enel distribución respondieron que el proyecto contemplaba su término para el pasado 19 de julio y ellos lo entregaron el 30 de julio, sólo quedando pendiente el retiro de antiguos postes, lo que no pueden hacer mientras las constructoras no gestionen con las empresas de telecomunicaciones el retiro de cables. “Proyectos como éste requieren la coordinación de diferentes estamentos, públicos y privados. Existen problemas de expropiaciones tardías, talas, podas de árboles y cambios de trazados, situaciones ajenas a la responsabilidad de nuestra compañía”, señalan. Las empresas constructoras también niegan responsabilidad: “Icafal ha cumplido con el contrato y sus modificaciones; las razones del retraso son las mejoras solicitadas por nuestro mandante. A Icafal no le corresponde y no dispone de herramientas para forzar el cumplimiento de los plazos a las compañías de servicios”, sostienen. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/corredor-vicuna-mackenna-multas-53-mil-diarios-ano-retraso/
  5. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/318513-nevazon-al-otro-lado-de-la-linea-el-agobio-de-un-call-center-en-plena-emergencia/?hl=%2Bnevazon&do=findComment&comment=22510206 16 Agosto 2017 Las sanciones más altas fueron aplicadas a ENEL y CGE Aplican inédita multa de $9 mil millones a eléctricas por prolongados cortes de luz tras nevazón en junio Investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) estableció que 10 empresas distribuidoras del país tuvieron responsabilidad en los cortes que se extendieron, hasta por ocho días, y que afectaron a diferentes zonas del centro sur de Chile. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, multó con un total de 9 mil 152 millones de pesos, a 10 empresas de distribución eléctrica del país, por sus responsabilidades en los extensos cortes de luz que afectaron, en su momento peak, a más de 300 mil familias, a contar del 15 de junio pasado, luego de un sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país. La información fue confirmada por el Superintendente de la SEC, Luis Ávila Bravo, quien señaló que ya se ha notificado a la totalidad de las empresas, las que ahora disponen de diez días hábiles para presentar sus apelaciones. Los cortes de suministro eléctrico se produjeron luego del paso de un sistema frontal por la zona centro sur del país, el que se hizo notar a contar del viernes 15 de junio. Las interrupciones del servicio eléctrico se extendieron, en algunos casos de la Región del Maule, hasta por más de ocho días seguidos, lo que, evidentemente, causó la molestia de los ciudadanos. “Esperamos que esta multa sirva para que las empresas mejoren sus procesos, sobre todo de reconexión del suministro eléctrico, que fue el mayor problema que se presentó en junio. No es posible que las empresas no tengan la capacidad para reponer, rápidamente, el servicio eléctrico una vez que éste se pierde, asunto que, claramente, deben mejorar”, sostuvo el Superintendente. Del total de empresas multadas, las que recibieron las sanciones más altas, fueron ENEL, con 70 mil UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir, $3 mil 262 millones; seguida de CGE (Región Metropolitana), con 50 mil UTM ($2 mil 330 millones), y luego CGE (Región del Maule), con 40 mil UTM ($1 mil 864 millones). Al respecto, el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo, indicó que “las empresas tienen la obligación de entregar un suministro eléctrico continuo a los ciudadanos y esperamos que estas importantes multas sean una clara señal para que ellos cumplan con este objetivo”. Finalmente, desde el organismo fiscalizador indicaron que, en forma paralela, se continúa trabajando en la investigación por los cortes de luz de julio, ocurridos tras la nevazón que afectó a la zona centro sur del país, indagación que prontamente entregará sus conclusiones. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/16/aplican-inedita-multa-de-9-mil-millones-a-electricas-por-prolongados-cortes-de-luz-tras-nevazon-en-junio/
  6. Historia del Topic acá : http://foros.fotech.cl/topic/309846-censo-2017-numero-de-voluntarios-inscritos-subio-a-96-de-los-requeridos-pagina-4/page-5 Conoce las multas a las que te expones si no contestas el Censo Responder la encuesta es de carácter obligatorio por ley. Todos debemos responder y si no entregamos los datos solicitados o mentimos al respecto, entonces recibiremos sanciones. Acá los detalles. La respuesta es simple. Sí. Todas las personas que se alojen la noche anterior en la vivienda deben ser censadas, incluyendo bebés, niños y personas mayores. Y esta obligatoriedad está recogida en el artículo 20 de la Ley 17.374 del INE. La norma establece también sanciones en el artículo 22. Quienes se nieguen a dar información o la falseen tendrán que pagar una suma no inferior a un quinto ni superior a cuatro veces un sueldo vital (entre 7.587 pesos y 151.740 pesos aproximadamente), según fuente del Ministerio de Economía. Pero ¡OJO!, porque la multa no eximirá de proveer la información. En caso de persistir la rebeldía, la multa podrá ser nuevamente impuesta, aumentándose hasta el doble del valor señalado en el inciso primero. En el caso de los menores de edad, pueden contestar directamente, pero bajo supervisión de un mayor. En caso de que haya alguna situación que les impida responder, un adulto puede hacerlo en su nombre. Fuente : http://www.24horas.cl/nacional/censo2017/conoce-las-multas-a-las-que-te-expones-si-no-contestas-el-censo-2335761
  7. 13 Marzo 2017 Alcalde Alessandri lanza "plan de comercio justo" que multará a clientes de comercio ilegal hasta con 3 UTM Se entregarán folletos en la vía pública, se pondrán posteras en casco histórico y se realizará una campaña web para dar a conocer las multas que van de 1 y 3 UTM. A raíz de la "marcha por el comercio justo en Santiago", donde participaron dirigentes de agrupaciones de comerciantes y concejales, junto al alcalde de Santiago Felipe Alessandri, se lanzó un plan de comercio justo "a beneficio de los comerciantes establecidos". Entre los ejes que componen esta campaña, se encuentran las multas para clientes del comercio ilegal, que oscilan entre 0.5 UTM y 3 UTM. Desde ahora los inspectores podrán recibir una imagen desde la sala de control, de manera de utilizarla como prueba para multar al comprador una vez cometida la falta. Asimismo se buscará educar a transeúntes sobre los peligros a los que se exponen al comprar en el comercio ilegal, por lo que se entregarán folletos en la vía pública, se pondrán posteras en casco histórico y se realizará una campaña web para dar a conocer las multas que van de 1 y 3 UTM. Alessandri expresó: “Estamos lanzando este plan denominado Comercio Justo porque queremos un centro limpio, ordenado y seguro. El uso del espacio público determina la ciudad, nosotros estamos convencidos de que si tenemos un centro limpio, ordenado y seguro, los vecinos, los contribuyentes, las 2 millones de personas que circulan por la ciudad van a estar más tranquilas”. Asimismo, explicó que “estamos coordinados con Carabineros, la PDI, Seremi de Salud, Servicio de Impuestos Internos, para fiscalizar pero también dar una mano a todos aquellos que se quieren regularizar. No queremos erradicar el comercio ambulante sino que ordenarlo”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/13/alcalde-alessandri-lanza-plan-de-comercio-justo-que-multara-a-clientes-de-comercio-ilegal-hasta-con-3-utm/
  8. 14 Wnweo 2017 Transantiago: firmas suman 10.645 multas por fallas en buses Sanciones del Ministerio de Transportes se cursaron entre 2013 y 2016. Puertas, vidrios y luces en mal estado están entre las faltas. La muerte de un hombre tras caer de un bus del Transantiago este viernes, y luego ser atropellado por el mismo, reabrió la discusión sobre el estado de las máquinas y el tipo de conducción de los choferes del sistema. Un informe del Ministerio de Transportes, entregado a través de la Ley de Transparencia, indica que en los tres últimos años se han cursado 10.645 multas a las empresas concesionarias debido a fallas técnicas en las máquinas, flota que es fiscalizada por la autoridad para evitar que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios y de los choferes. Entre las sanciones más comunes cursadas entre 2015 y 2016 se cuentan problemas con las luces de freno, viraje y estacionamiento de las máquinas, ítem en el que hubo 2.649 faltas. El segundo mayor incumplimiento corresponde a que el asiento del operador no cuenta con cinturón de seguridad o bien tiene desperfectos, falta por la que se han cursado 726 sanciones. Otro riesgo para el pasajero lo constituyen las puertas en estado deficiente, por lo que se cursaron 475 partes, pues esa causal puede llevar a caídas graves. Otro dato que llama la atención son las multas debido a que los buses no poseen extintores o bien no funcionan, ítem que registró 120 faltas. La explicación que se da desde la industria es que son robados, especialmente durante los superclásicos. Estado El 28% de la flota del Transantiago (mil buses) cumplirá una década en 2017, lo que implica que deberían salir de circulación, pues tienen un millón de kilómetros recorridos (el máximo que impone la ley). Los buses del sistema tienen, en promedio, 6,7 años. Sin embargo, existen algunos operadores que superan largamente esa cifra: Alsacia exhibe una flota de 9,7 años y Subus cumplió 7,8 años. Boris Guerrero, presidente del sindicato de la empresa Subus y vicepresidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores del Transporte (Conutt), explica que hoy existe una pobre mantención del material rodante y, en ocasiones, malas prácticas de los trabajadores. Guerrero menciona que algunos suelen dejar las puertas abiertas para que los pasajeros suban más rápido, “así cumplen con los tiempos establecidos”. La norma dice que ello va en contra de la seguridad, pues las entradas siempre deben estar bloqueadas. El dirigente atribuye el actual escenario a la escasa fiscalización de la autoridad al parque. Sostiene que ello se pudo evidenciar cuando dos jóvenes cayeron por la ventana de un bus en mal estado el año pasado, y resultaron lesionadas. En los dos últimos años se han cursado 99 sanciones por ese mismo ítem, pues son elementos que no pueden estar trizados o despegadas de sus marcos. Este viernes, el Ministerio de Transportes dio a conocer un ranking de las fallas detectadas en buses interurbanos en 2016. Las infracciones más comunes son por tener parabrisas que impide la visibilidad (25,8% de los partes); dispositivo que registra la velocidad desconectado (15%) y luces de viraje, detención y retroceso que no operan de manera óptima (13,4%). Fuente: http://www.latercera.com/noticia/transantiago-firmas-suman-10-645-multas-fallas-buses/
  9. 13 Diciembre 2016 Situación pone en riesgo salud de los consumidores El colapso del Terminal Pesquero: multas impagas, sumarios sanitarios y graves problemas en la cadena de frío de los pescados En dos años la Seremi de Salud cursó 15 multas a la sociedad encargada de la administración del lugar que comercializa el 80% de los recursos pesqueros frescos que se venden en el país. Los locatarios acusan que, además de problemas sanitarios, existe mala gestión y malos tratos por parte de la sociedad que, en 2004, ganó una licitación impulsada por una fundación que poco antes había obtenido la concesión del lugar por parte de Bienes Nacionales. Las autoridades se han lavado las manos por años en torno a un proyecto que buscaba promover el consumo de productos del mar y generar mejoras para toda la cadena del sector. Un nuevo menjunje público-privado que termina en tierra de nadie. Miércoles 7 de diciembre. 9 a. m. No hay mayor movimiento en el Terminal Pesquero Metropolitano (TPM), ubicado hace 20 años en Américo Vespucio Sur 1.500, en la comuna de Lo Espejo. Para ingresar, es necesario pagar en un peaje que vale 1.800 pesos. La mayor parte de la gente que se ve ese miércoles está compuesta por locatarios limpiando pescados y mariscos, cargadores trasladando cajas con productos del mar y personal administrativo y de seguridad. Uno de ellos se acerca y exige bruscamente no tomar fotos. ¿La razón? No hay razón, simplemente no se puede, responde molesto. El lugar es un mercado mayorista de productos frescos del mar que, según cifras de Sernapesca, representa el 80% de los recursos pesqueros frescos que se comercializan en el país. Es así como al año se mueven 35 mil toneladas de este recurso (65% de pescados y 35% de mariscos). Originalmente, el TPM se encontraba en la Comuna de Santiago, en Balmaceda con Bulnes, pero fue trasladado a este terreno de 5 hectáreas perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales tras una donación del gobierno japonés para su construcción, en 1996. Hasta 2004 la administración del lugar estuvo a cargo de la Fundación Mercamar, integrada por representantes del Estado y del mundo privado, tras lo cual, y a través de una licitación, se privatizó. En medio del intenso olor, que impregna la ropa e incluso los documentos, hoy los locatarios reclaman por la existencia de una serie de deficiencias en el lugar, que se encuentra en condiciones higiénicas bastante lejos del primer mundo. De hecho, en los dos últimos años la Seremi de Salud Metropolitana ha cursado 15 multas a la administración del TPM. También denuncian abusos por parte de la señalada administración. Los dardos de los comerciantes apuntan contra los operadores, la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano S.A., vinculada a Jaime Patricio Rey Cortés, miembro del clan del holdingDistal, que entre otros controla la distribuidora de alimentos del mismo nombre, que entrega servicios dentro de la red estatal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y Fundación Integra. Pero también hay molestia con el Estado, específicamente con el Ministerio de Bienes Nacionales, al que acusan de dejar a su suerte un proyecto que nació con el objetivo de incentivar el consumo y comercialización de productos del mar, y que fue concebido como una iniciativa de gran relevancia e impacto socioeconómico que involucraba y beneficiaba a la cadena de comercialización completa: pescadores artesanales, comerciantes, transporte, proveedores relacionados y consumidor final. De hecho, según se lee en los contratos realizados por la cartera, el objetivo mayor era perfeccionar la gestión del terminal y la cadena de comercialización para aumentar el consumo de pescado y mariscos del país, “con el consiguiente beneficio para la salud de la población como para el desarrollo económico de todos los sectores involucrados”. Intención que quedó atrapada en la gestión administrativa del terminal, realidad que ya se percibía en 2012, como dejó constancia un informe elaborado por la empresa pública Mercasa, la máxima autoridad en administración y manejo de terminales pesqueros en España. El informe, entregado hace cuatro años, es lapidario y entre otras cosas señala que: “Podría afirmarse que la verdadera realidad del Terminal Pesquero Metropolitano es que se trata puramente de un negocio consistente en arrendar locales a los distribuidores de productos pesqueros, cobrando una tarifa por arriendo sin que haya o exista una correlación exacta por la prestación del servicio que reciben”. Ahorrando luz Según la gerenta general de la Asociación de Comerciantes de Productos del Mar, Ivonne Claveriè, las falencias en el terminal son profundas. Por mencionar algunos problemas –detalla–, “no hay planta de tratamiento de aguas residuales. Tienen cámaras de decantación pequeñas, saturadas, y lo que se tira ahí va por el desagüe al alcantarillado. No tienen un jefe de mercado en la noche, encargado de solucionar problemas puntuales de orden sanitario: se usa mucha agua para limpiar los pescados y mariscos, por eso de repente se estanca y empieza a subir en las naves donde están las cajas con productos, que se contaminan, y cuando eso pasa de noche no hay nadie que se haga cargo. En suma, no están haciendo la pega como un terminal pesquero requiere, sino como una empresa que vende cualquier cosa. Una verdadera inmobiliaria”. Claveriè asegura que una práctica que es desconocida para los compradores –que incluyen supermercados, hoteles, restaurantes y ferias libres– está asociada a los cortes de luz que se realizan entre abril y septiembre y que afectan directamente la cadena de frío de los productos. “Se trabaja con pescado fresco refrigerado. El que no venden lo ponen en cámaras de mantención de refrigeración. Pero entre abril y septiembre cortan la luz a las 5 de la tarde y la vuelven a dar a las 23:30 de la noche. Entonces tienes las 4 cámaras de mantención de refrigeración del terminal sin funcionar en ese horario, porque el equipo de respaldo que tienen alcanza para las oficinas administrativas, para iluminar las calles, pero no para las naves donde están estas cámaras. La consecuencia es que tienes un producto sin cadena de frío”. Ante las consultas de la Fundación Mercamar sobre esta situación, desde la sociedad operadora señalaron en febrero pasado que los cortes de luz entre abril y septiembre “se deben a un convenio que se tiene con la empresa Chilectra, exclusivo para empresas con alto consumo eléctrico, según el cual se ha pactado una tarifa de invierno que tiene lugar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. En virtud del convenio referido, entre las 17:45 y las 23:05 horas, se interrumpe el suministro eléctrico para el Terminal Pesquero. Ello, fuera del horario del funcionamiento del mismo”. En todo caso, aseguran, cuentan con un generador eléctrico que abastece a la luminaria perimetral y las cámaras de mantención de refrigeración en caso de cualquier corte de luz, “ya sea programado o de emergencia”. Y recalcan que nunca han recibido reclamos por parte de locatarios o usuarios del terminal por este tema. Versión que es terminantemente rechazada desde la asociación de comerciantes, formada por los 115 locatarios mayoristas que tiene el terminal, además de 22 minoristas y 107 personas del sindicato de trabajadores independientes, con el que tienen un acuerdo de asociatividad. “El generador no funciona para las cámaras de mantención de refrigeración. Aquí la gente se las ingenia y cubre sus productos con hielo durante esas horas. Otros los dejan en camiones, que usan como congeladores”, aseveran desde la asociación. Ivonne Claveriè explica que “un producto pesquero en estado refrigerado tiene una duración y es mínima. Los locatarios que invierten su capital en productos y les cortan la luz tienen que saberlo vender en el mínimo plazo. Si no, no pueden venderlo en el terminal. Al final igual lo venden, pero el precio no es lo mismo”. Pero más allá de lo que esta práctica implica para los locatarios, añade que “hay un riesgo para la salud de que el producto se vaya contaminando. Los pescados se traen con vísceras adentro, que trae gérmenes, que pueden traer en la piel. Al no cumplirse la cadena de frío se multiplican los gérmenes y se deteriora la carne, pasa de una proteína a un proceso de histamina, que puede producir alergias. Entonces estas prácticas no te dan seguridad alimentaria ni inocuidad”. Asociación público-privada Desde el 3 de septiembre de 1997 y hasta 2004 la administración provisoria del terminal estuvo en manos de la fundación público-privada Mercamar, compuesta por 9 miembros: el subsecretario de Pesca, un representante de la Municipalidad de Santiago, el director de Sernapesca, un miembro de Mideplan, otro de la Seremi de Salud, dos representantes de locatarios del TPM, un representante del sector industrial y uno del sector artesanal. Esquema que se mantiene hasta hoy. En septiembre de 2003, el Ministerio de Bienes Nacionales adjudicó, a través de un contrato de concesión gratuita, su administración a Mercamar, documento firmado por el entonces subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval –hoy presidente de SalmonChile– y el Seremi de Bienes Nacionales, Germán Venegas. Menos de un año después, en junio de 2004, la Fundación Mercamar firmaba un contrato de administración con Comercial Padre Tadeo S.A. –hoy Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano– que consideraba una vigencia hasta septiembre de 2023. Este contrato fue firmado por Felipe Sandoval y dos representantes de la empresa privada. Según recuerda Eduardo Ramírez, que fue gerente general del TPM durante parte del período en que Mercamar estuvo a cargo, “me dijeron que yo venía a ordenar el tema, que era un desastre. La idea era preparar todo para una licitación. Me tocó preparar la licitación junto con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), ya había habido una antes, pero nadie se presentó. En esta segunda licitación, unas 10 empresas compraron las bases y postularon cuatro o cinco. Se la adjudicó el grupo Distal, que es gente correcta y ha invertido mucho dinero”. Ramírez detalla que continuó trabajando para Mercamar –que existe hasta hoy y continúa compuesta por los mismos cargos– hasta 2010, trabajando a honorarios y con el rol de controlar que el contrato se cumpliera. “La misma Fundación me contrató para que siguiera observando. Tenía que chequear y presentar informes cada 2 o 3 meses. Cuando llegó el Gobierno de Piñera me sacaron”. Ante las consultas de la Fundación Mercamar sobre esta situación, desde la sociedad operadora señalaron en febrero pasado que los cortes de luz entre abril y septiembre “se deben a un convenio que se tiene con la empresa Chilectra, exclusivo para empresas con alto consumo eléctrico, según el cual se ha pactado una tarifa de invierno que tiene lugar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. En virtud del convenio referido, entre las 17:45 y las 23:05 horas, se interrumpe el suministro eléctrico para el Terminal Pesquero. Ello, fuera del horario del funcionamiento del mismo”. A la luz del contrato entre Bienes Nacionales y la Fundación Mercamar, y como explica el abogado especialista en derecho administrativo, Luis Cordero, “de acuerdo a la ley el Estado solo te otorga una concesión a título gratuito a cambio del desarrollo de algún proyecto de interés público. Los documentos en este caso explican en qué consiste este desarrollo. El responsable de verificar que se cumpla es Bienes Nacionales. Si hay problemas con salud, no se cumplen cadenas de frío y, en suma, el proyecto no se cumple, el ministerio está en facultades para dejar sin efecto esa concesión”, afirma. Cordero recalca que esta responsabilidad de Bienes Nacionales es independiente de que Mercamar haya licitado a un tercero la administración. “La concesión se otorga para que la Fundación licite a un tercero la administración, lo dice específicamente el contrato. El contrato del operador es con la Fundación, que no se puede escudar en que este operador lo está haciendo mal. Al parecer la Fundación Mercamar simplemente se desentendió de esto”, dice. El Mostrador envió una serie de preguntas a Bienes Nacionales, liderado por Nivia Palma, relacionadas con los contratos, las responsabilidades del mal funcionamiento del terminal pesquero denunciado por los locatarios, así como el rol de Mercamar. La respuesta señala que “en agosto y noviembre de 2016, el Ministerio de Bienes Nacionales ha procedido a realizar dos fiscalizaciones en dicho lugar. Al término de estas acciones los fiscalizadores recomendaron un conjunto de materias. En virtud de dichos informes, la ministra de Bienes Nacionales recientemente ha oficiado a la Seremi de Salud para que informe de las inspecciones realizadas al Terminal Pesquero Metropolitano. Además, se procederá a solicitar a la Fundación Mercamar que emita un informe histórico de las inversiones obligatorias que debe realizar según el decreto que otorgó la concesión”. En tanto, desde la Subsecretaría de Pesca, cuyo subsecretario, Raúl Súnico, preside la Fundación Mercamar, no hubo respuesta. Cuestión de higiene Según información recabada por la asociación de Comerciantes de Productos del Mar, entre julio de 2013 y julio de 2015, la administradora del terminal pesquero enfrentó 15 multas, acumulando un total de 940 UTM en sanciones (poco más de 43 millones de pesos). 15 multas por más de 43 millones de pesos en dos años recibió la administración del Terminal Pesquero por parte de la Seremi de Salud. “Estas son las sentencias que hay hasta ahora, pero hay muchos sumarios posteriores y no todos han finalizado”, asegura Claveriè. Hasta ahora, las 940 UTM de multas acumuladas no han sido pagadas. El motivo, según explica el presidente del directorio de la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero, Gustavo Benko, es que “son multas desproporcionadas a la presunta irregularidad”, recalcando que el no pago de estas recae en la autoridad sanitaria, ya que asegura que “existe el derecho a someterse a prerrogativas que aplica la ley, como excepción de prescripción. Esto significa que cuando no se ejecutan las multas conforme a derecho en un plazo determinado, la propia ley señala que el infractor tiene derecho a una prescripción. Cosa que hemos hecho con la gran mayoría de las multas”. En términos simples, detalla que “como no se ejecutaron los actos que la ley señala para cobrar, prescribió. El no pago es consecuencia de la inactividad del cobro de la multa: haber notificado la multa y haber pedido la exigibilidad del pago dentro de un plazo determinado”. Las razones de estas sanciones son múltiples. Al revisar las sentencias de la Seremi de Salud, estas detallan que entre los problemas sanitarios “se cuentan canaletas del sistema de desagüe de patios en algunos sectores con aguas sucias retenidas (…); en sector de expendio, despacho de pescados y mariscos mayorista, se constata que en muros y paneles existe materia orgánica deshidratada y adherida, indicando aseo deficiente, se observan zonas de color verde debido al crecimiento de musgo”. Incluso se detectan problemas en una de las cámaras de refrigeración de pescados y mariscos, del área sur, que se encuentra “con acumulación de aguas sucias, paneles y cielo con óxido, carecen de sistema de desagüe en piso y sistema eléctrico se encuentra deteriorado”. Además, “se acumulan bandejas vacías, sucias, en pasillo de tránsito de público, lo que constituye un foco insalubre y de riesgo para el público”. También se detectó que el contenedor de residuos sólidos no cuenta con cubierta, “por lo que aves y otras plagas pueden acceder a él”. En muchos casos las multas están asociadas a la persistencia de deficiencias detectadas varias veces. Según la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar, estas sanciones “ratifican la falta de reparación y mantenimiento estructural de las características del Terminal Pesquero Metropolitano”. El informe elaborado por la empresa española Mercasa ya alertaba sobre varias de estas infracciones. Además de las multas cursadas por la Seremi de Salud, el Terminal Pesquero ha enfrentado cuatro emergencias sanitarias en los últimos 12 meses. La primera en diciembre de 2015, cuando se salió el agua del alcantarillado, se anegó el sector minorista con aguas servidas y fue necesario cerrar y sacar el público. Luego, el 17 de enero de este año, hubo un vertimiento de aguas residuales. El 29 de mayo y tras fuertes lluvias, se saturaron las cámaras de decantación, y luego, en julio, se desbordaron los desagües al interior de las naves. Junto a los problemas sanitarios, los locatarios denuncian prácticas abusivas por parte de los administradores. Abusos que no han tenido atajo y se han ido arraigando junto a la vista gorda de las autoridades. Desde la administración del terminal, Gustavo Benko rechaza estas acusaciones y apunta a los arriendos impagos por parte de los locatarios. El abogado detalla que, por ejemplo, en septiembre pasado deberían haber recaudado unos 56 millones 400 mil pesos en conceptos de arriendos, pero solo obtuvieron 43 millones, pues muchos no pagaron. “Hay 13 millones en juicio”, puntualiza. Una situación similar en los casos del pago de luz, electricidad y basura, donde acusa una alta tasa de deudores. “Los gastos de operación, tenemos pérdida mensual de 15 millones 400 mil pesos. Es horrible el negocio”, señala. De cargador a concesionario... de un baño Cargador hace 40 años, el "Flaco" Ayala terminó cargando con un contrato de comodato que no le genera sueldo alguno, pero sí muchas obligaciones. Extremadamente delgado, Jorge Ayala tuvo un inesperado cambio de estatus dentro del terminal pesquero el 15 de mayo de este año, tras 40 años trabajando como cargador, labor que inició en el terminal antiguo, en 1973. Ese día, el “Flaco” Ayala firmaba un contrato de comodato con la administradora del Terminal Pesquero, donde continúa sus días como cargador; labor por la que obtiene entre 120 mil y 150 mil pesos mensuales, dinero que es clave para él y su familia, con quienes vive en la población San Gregorio. El singular contrato –que no le genera ningún ingreso extra y que firmó estando enfermo de neumonía, según él mismo relata– le entregaba en comodato “a título gratuito” los baños ubicados en el sector mayorista del terminal pesquero. El acuerdo lo obligaba a pagar los gastos de energía eléctrica, agua potable, gas y en general todos los servicios por consumos y suministros. Entre otras curiosas cláusulas, se registra que la sociedad administradora “no tendrá obligación de hacer mejoras en los inmuebles entregados en comodato”. Al contrario, el “Flaco” Ayala quedaba como el encargado de hacer las reparaciones que fueran necesarias. El corazón del asunto radica quizás en el punto décimo del contrato, que señala que es él quien debe pagar las posibles multas cursadas por las autoridades. El baño en cuestión había sido cuestionado por la Seremi de Salud. En junio de 2015 la autoridad sanitaria señalaba que el “vestidor para manipuladores cargadores se encuentra sucio, sin suministro de energía eléctrica, desordenado, los tres lavamanos existentes no cuentan con jabón ni sistema higiénico de secado de manos. No se puede acceder a duchas ni urinarios por estar la puerta cerrada con candado, por lo cual deben utilizar baño de uso público cuyo ingreso requiere pago”. Las insalubres condiciones de las duchas del baño para cargadores entregadas en comodato por la administración del terminal al "Flaco Ayala Las deplorables condiciones del lugar no han cambiado. De acuerdo a varios cargadores y locatarios del lugar, el contrato solo refleja “una forma de matonaje por parte de la administración. Se aprovecharon del Flaquito Ayala porque no tenía cómo decirles que no”. Sobre la situación, Gustavo Benko explica que “de acuerdo con comisiones técnicas integradas por organismos del Estado, no podíamos comprometernos a tener baño para cargadores, porque no son dependientes nuestros. Tampoco de los arrendatarios. Por eso y para poder tener acceso a un baño controlado por los mismos usuarios, le redactamos este contrato, le adecuamos un recinto pero se lo mejoramos y se lo entregamos para que se autorresponsabilicen de la mantención de su propio baño. La inspección del trabajo no puede exigirnos acerca de personas que no tienen vínculo contractual. Esto se hizo en beneficio y a petición de los propios cargadores”. No es el único caso en que los locatarios apuntan a la existencia de abusos. Magda Matamala (66), dueña de la cocinería “El Rincón de Doña María”, y no vidente desde 2010, acusa una persecución por parte de los administradores del terminal, donde empezó a trabajar junto a su madre cuando tenía 7 años. Luego de mucho esfuerzo, consiguió su propia cocinería, que hoy trabaja junto a sus hijos. Según recuerda, el negocio iba bastante bien, tenían su fama ganada. Pero las cosas han ido cambiando. “Los gastos no eran tan caros como ahora, que cobran por cada cosa por separado. La idea de este terminal era difundir el consumo de pescado a toda la gente de los alrededores, enseñarles a comer, incentivar el consumo. Ahora es carísimo”. Magda Matamala, no vidente desde 2010, reclama que sus clientes han ido desapareciendo a causa de lo que ella y su familia denuncian como abusos y mala gestión por parte de los operadores del Terminal Pesquero. Magda relata que hace un año la administración decidió cerrar el acceso al patio mayorista donde se encuentra su negocio y las otras dos cocinerías que tiene el terminal –una terminó quebrando–, a partir de las 11 de la mañana, lo que impide que lleguen los autos a la hora de almuerzo y durante todo el día y, como consecuencia, los clientes. “El público que tengo hace 20 años aún llega, con todas las dificultades: no los dejan estacionarse porque quieren que se vayan al Restaurante Neptuno”, cuya administración tienen los mismos operadores del terminal. Con orgullo muestra un cuaderno donde la gente felicita a su cocinería. Las páginas también están llenas de reclamos de sus clientes contra la administración del terminal, a la que acusan de estar matando el pequeño restaurante. Mientras hablamos, un estacionador le advierte a su hija, Henia Bustos –quien se encargó de enseñarme el funcionamiento del terminal–, que tuviéramos cuidado “porque desde la administración estaban viendo qué hacíamos y nos seguían con las cámaras”. Según Henia, que también es parte de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Productos del Mar, son muchos los atropellos que enfrentan los locatarios. “Acá gobierna la ley del terror. Si tratas de hacer algo, toman represalias. La Fundación Mercamar ni aparece. Han dejado que el concesionario haga lo que quiera, sin control alguno”, afirma. Nota de la redacción: Tras la publicación del reportaje desde Sernapesca rectificaron la cifra que inicialmente habían entregado a este medio. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/13/el-colapso-del-terminal-pesquero-multas-impagas-sumarios-sanitarios-y-graves-problemas-en-la-cadena-de-frio-de-los-pescados/
  10. 12 Octubre 2016 Tránsito: el 99% de las multas impagas se concentra en RM Registro Civil indica que hay 7,3 millones de infracciones desde 2008. Conductores no pueden obtener permiso de circulación.Este año se han controlado 414 mil vehículos para verificar incumplimientos, de los cuales se sancionó a 99 mil. Exceso de velocidad, ingresar a pistas exclusivas para buses o estacionarse en la vía pública. Esas son algunas de las causas más comunes por las que la autoridad multa a los conductores en el país, información que está incorporada en el último reporte estadístico entregado por el Registro Civil. De acuerdo al informe, que contempla el período entre el 2008 y 2016, se han acumulado 7.415.532 infracciones de este tipo, las que son informadas a la entidad por los juzgados de Policía Local. Una cifra que sorprende es que de ese total, el 99% corresponde a placas patentes de la Región Metropolitana, es decir, 7,3 millones de faltas. Las infracciones corresponden a partes empadronados, es decir, faltas que fueron detectadas por cámaras del Ministerio de Transportes, inspectores municipales o bien a través de fotorradares ubicados en las calles, los que luego son enviados a los domicilios de quienes cometen estas acciones. Solo este año, 1.065.047 de documentos pasaron al registro en la categoría de impagos entre enero y junio. ¿Por qué los choferes no saldan estas deudas en Santiago, a pesar de las dificultades que acarrea? Alberto Escobar, gerente de estudios del Automóvil Club de Chile, explica de dos formas esta realidad: “Las personas pagan cuando la multa es sacada por Carabineros, pues es retenida la licencia de conducir”. Señala que el resto son sanciones empadronadas, las que solo llevan a que las personas se mantengan como incumplidores en la justicia. Además, la capital es “hipermonitoreada” en cuanto al tránsito. Paula Flores, jefa del Departamento de Fiscalización de la cartera de Transportes, dice que la ciudad cuenta con 270 cámaras de vigilancia, por lo que la red es amplia para supervisar a un parque que alcanza a 1.877.677 vehículos, casi la mitad del que existe en el país. En la cartera se afirma que se han realizado este año 414 mil controles a automóviles particulares, buses, camiones, motocicletas y otros. Se han sacado 99.145 partes por no cumplir por la normativa. “En la capital hay más inspectores del ministerio, municipales y carabineros realizando una supervisión más intensa”, dice. También se sacan partes a las empresas que ofrecen servicios a través de plataformas (Uber y Cabify), un tercio de los cuales ha sido sacado de circulación, además de que se verifican las condiciones técnicas de los vehículos, seguridad y estado de los gases (deben cumplir con la norma ambiental). Impacto ¿Cuáles son las infracciones más comunes? Exceso de velocidad (sobre los 20 kilómetros de lo permitido en la vía), además de no respetar las señales de tránsito y no pagar el televía de las autopistas, se explica en el estudio jurídico Legal Tránsito. El impacto de no cancelar este compromiso, según las municipalidades, es que quienes quieran obtener un permiso de circulación deberán pagar la multa primero, de lo contrario no lo podrán renovar. Y cuando deseen vender el vehículo con una patente multada, el futuro dueño se debería hacer cargo. Es un problema para los futuros propietarios, pues la placa del vehículo figura como infraccionada, por lo que podría ser convocado por el juzgado a declarar. En ese caso, asegura el estudio Legal Tránsito, hay dos criterios: que no se persiga la sanción si esta fue sacada antes de que el automóvil tuviera un nuevo dueño, o bien hacer efectivo el cobro. En el Automóvil Club no llama la atención la cantidad de personas con infracciones, pues la última encuesta realizada a los conductores señala que hay “analfabetismo vial”. Así, en la medición de este año, el 75% de los consultados dijo que no había hecho un curso formal para aprender sobre las normas de tránsito. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/transito-99-las-multas-impagas-se-concentra-rm/
  11. 04 de agosto del 2016 / 17:22 Hrs FNE acusa a laboratorios de coludirse en licitaciones de Cenabast La FNE presentó un requerimiento contr Biosano y Sanderson/Fresenius a los que acusa de coludirse por más de 10 años y pidió multas por cerca de US$17 millones. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ayer ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra Laboratorio Biosano, Fresenius Kabi Chile y su filial Laboratorio Sanderson. La FNE acusó a las empresas de formar y mantener, por más de una década, un cartel para afectar licitaciones convocadas por CENABAST para adquirir ampollas. Biosano es un laboratorio nacional que opera hace más de 75 años en el mercado de inyectables. Fresenius Kabi Chile y Sanderson son filiales del conglomerado farmacéutico transnacional de origen alemán Fresenius Kabi. Los laboratorios requeridos son los únicos fabricantes de ampollas del país. Las ampollas son medicamentos inyectables genéricos contenidos en envases de menor volumen. Éstas pueden contener diversos medicamentos, como analgésicos, anticoagulantes, antinflamatorios o antibióticos, entre muchos otros. Son utilizados para tratar una amplia gama de patologías y constituyen un insumo básico en cualquier establecimiento de salud. CENABAST agrupa la demanda de medicamentos del sector público y es el principal comprador de ampollas del país. Según la acusación de la FNE, antes de ofertar en las licitaciones de CENABAST, los laboratorios definían cuál de ellos debía adjudicarse los medicamentos por los que podrían haber competido. El cartel operaba acordando precios de referencia para sus ofertas y determinando quién presentaría la propuesta ganadora. NOTICIA EN DESARROLLO Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/08/655-691457-9-fne-acusa-a-laboratorios-de-coludirse-en-licitaciones-de-cenabast.shtml
  12. 04 de julio del 2016 / 14:31 Hrs Comisión Mixta despacha proyecto que establece penas de cárcel para casos de colusión El proyecto establece además multas del doble del beneficio económico reportado o el 30% de las ventas durante el periodo en que se cometió la infracción. La Comisión Mixta despachó este lunes el proyecto que establece penas de cárcel y aumenta las multas para los casos de colusión, con lo que la iniciativa quedó en condiciones de pasar a la Sala de la Cámara de Diputados y posteriormente ser votada en el Senado. En la ocasión los parlamentarios respaldaron la postura del gobierno respecto a que sea la Fiscalía Nacional Económica la que tenga la potestad de iniciar la acción legal. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó el compromiso del gobierno por luchar contra los carteles y valoró la votación de los parlamentarios. La iniciativa eleva la colusión a la categoría de delito penal y establece que quienes incurran en estas prácticas ilícitas, serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años). Además establece la imposición de una pena por estos delitos llevará siempre consigo la de inhabilitación absoluta para desempeñar, por un plazo de 5 años, cargos u oficios públicos, cargos de director o gerente en empresas públicas o sociedades anónimas, en asociaciones gremiales, empresariales o de consumidores, partidos políticos o colegios profesionales. El proyecto fortalece la delación compensada, eximiendo de responsabilidad criminal al que primero hubiere aportado antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica sobre los hechos constitutivos del delito de colusión. En cuanto a las sanciones económicas, sustituye la fijación de las multas a que diera lugar las conductas atentatorias contra la libre competencia, en base a un monto máximo expresado en UTA, por una fórmula de determinación basada en el doble del beneficio económico reportado por la infracción, o hasta por el 30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos y/o servicios asociadas a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/07/655-687495-9-comision-mixta-despacha-proyecto-que-establece-penas-de-carcel-para-casos-de.shtml
  13. Santiago, 16 de junio de 2016 | Hora: 00:27:14 Camioneros siguen en pie de guerra: bloquearon totalmente paso Chile-Perú Transportistas de ambos países se manifiestan en la frontera, en protesta contra las altas infracciones y multas que autoridades cobran en la zona. Camioneros de Chile y Perú mantienen bloqueada la frontera a través de un corte total y un paro de carácter indefinido, como medida de protesta contra el cobro de infracciones por parte de las autoridades peruanas que impone elevadas multas a los transportistas. Según informó Soy TV, se trata de aproximadamente 40 camiones chilenos más otro grupo de transportistas peruanos, quienes solicitan que el Congreso de Perú derogue la ley que impone las multas. En el parlamento de Perú hay un proyecto de ley en trámite que soluciona el tema de los cobros. Autoridades peruanas y chilenas sostendrán hoy una primera reunión para comenzar a analizar posibles soluciones al tema. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160615/pags/20160615182444.html
  14. Adulterar taxímetros y detenerse en lugares prohibidos encabezaron multas a taxistas en 2015 El departamento de fiscalización del Ministerio de Transportes cursó 5.361 infracciones el año pasado, las que son enviadas a los juzgados de policía local. Detenerse en lugares no adecuados y adulterar los taxímetros son las principales infracciones cometidas por los taxistas en Santiago, según el balance del Ministerio de Transportes, entre enero y diciembre de 2015. La cartera informó que se realizaron un total de 40 mil controles a taxis básicos en la Región Metropolitana, en los que se detectaron 5.361 faltas. Las principales irregularidades se refieren a aparcarse o detenerse en lugares prohibidos, desobedecer la orden del inspector fiscal y taxímetros con algún tipo de adulteración en su sello de seguridad, en malas condiciones o bien no es usado por en los automóviles. Según la Ley de Tránsito, tener ese instrumento con que se cobra la tarifa del viaje con adulteraciones o bien no portarlo, es considerado una infracción grave, que puede ir entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales ($67.974). Otra anomalía que es multada corresponde a cobrar un precio prefijado al pasajero, sin tomar en cuenta los kilómetros recorridos. En el ministerio se explicó que las multas finalmente son aplicadas por un juez de policía local y puede ser apelada. Luis Reyes, presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile, admite que hay faltas, por lo que considera que “debe haber mayor fiscalización de la autoridad”. Señala que la supervisión por parte de Transportes debe hacerse, especialmente, durante la noche: “ese es el momento en que se presentan las irregularidades y nadie lo ve. Ahí vemos el mal comportamiento de algunos de los conductores”. Según la cartera, este año esperan realizar 10 mil controles para chequear el estado de los taxímetros. OTRAS SANCIONES Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región Metropolitana inició en 2015 un total de 186 procesos administrativos sancionatorios contra taxis básicos y ejecutivos, luego de denuncias realizadas directamente ante esa entidad. Tras las investigaciones en 124 casos se cursó una amonestación. En lo que va de 2016, se han comenzado total de 80 procesos administrativos sancionatorios contra taxis de los cuales ya se han aplicado 14 amonestaciones. En Santiago existen 233 inspectores en el equipo de Fiscalización. www.latercera.com
  15. Parque automotriz en Chile supera los 7 millones de vehículos Entre las marcas más inscritas en 2015 están Chevrolet, Hyundai y Toyota. En los últimos 15 años el parque automotor se ha septuplicado. Desde 2010 hasta el año pasado, el incremento alcanzó un 41%, superando los 7 millones de vehículos inscritos a nivel nacional. La mayor concentración de éstos se encuentra en la Región Metropolitana, que desde 1990 registra 4.121.355 automóviles. Dentro de las cifras, la marca más inscrita en automóviles es Chevrolet (516.698), seguida por Hyundai (304.161), Toyota (294.036) y Nissan (239.498). El modelo que lidera en la primera firma es el Spark Gt Lt 1.2. En cuanto a vehículos de lujo, lideran Mercedes Benz (35.439), BMW (29.731), Audi (15.187) y Alfa Romeo (3.520). En esta categoría, los menos registrados son Lamborghini (39), Bentley (13), Bugatti (2) y Hummer (2). Aparte, el director nacional del Registro Civil, Luis Acevedo, se refirió al Registro de Multas: "se eliminaron 20.013 multas en la primera actualización y 88.719 en la segunda". Lo anterior, permite a los usuarios que han eliminado multas con posterioridad al 30 de noviembre obtener su permiso de circulación sin problemas. A la fecha, el récord de multas acumuladas en un solo vehículo es de 2.325. www.latercera.com
  16. Multarán a quienes bajen del auto sin chaleco reflectante, pese a que decreto solo obliga a portarlo Carabineros asegura que el uso de esta prenda de seguridad “está en el espíritu del decreto”, aunque no se explicite. Para expertos, la decisión contraviene la legalidad y se debe precisar. SANTIAGO.- La palabra "uso" no aparece en el texto del decreto 164, publicado el año pasado, que establece la obligatoriedad de portar los chalecos reflectantes en los vehículos. Así, en rigor —tal como reveló "El Mercurio"—, la policía no está en condiciones de cursar partes a automovilistas que, en caso de sufrir algún desperfecto, bajen de su automóvil sin utilizar la prenda. Pese a ello, Carabineros anunció ayer que multará de todas formas a los conductores que desciendan sin chaleco de su vehículo. "Aunque el decreto no lo diga, hay que ir al espíritu de la norma, que señala claramente que hay que portar los elementos de seguridad. Si una persona va en la ruta, para y no coloca triángulos, expone al resto. Lo mismo pasa con el chaleco. La norma apunta a que el chaleco es para usarlo, para que el peatón sea visto", afirma el prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Enrique Monrás. Añade que de todas formas "la norma es confusa (...). Carabineros va a fiscalizar en una primera instancia que lo anden portando las personas en sus vehículos y después se irán a poner de acuerdo los legisladores para cambiar la norma y hacerla más explícita". Para el especialista y consultor internacional en seguridad vial Milton Bertín, es necesario precisar que el chaleco para usarlo requiere de un proyecto de ley. "En la Comunidad Europea, por ejemplo, no se hace referencia al porte del chaleco reflectante, sino específicamente al uso, que es lo que importa. Si una persona no lo tiene cuando lo debe usar es el problema. En el decreto se pudo haber sugerido el uso y especificar las condiciones. Si se usa en área urbana o rural, o de día o de noche. Nada de eso está y exigirlo contraviene la legalidad". Cuando fue impulsada la medida, en 2012, el gobierno anterior enfrentó complicaciones por establecerlo en un proyecto de ley, pues los legisladores comenzaron a pedir más exigencias como portar cascos o linternas. A partir de ello, se determinó hacerlo a través de un decreto. Para Bertín, Carabineros debiese crear un plan de fiscalización y focalizar los esfuerzos en velocidad y alcohol, ambos responsables de la mayor parte de las muertes por siniestros viales. "Controlar el chaleco es anecdótico. No es una medida que vaya contra los grandes números de 1.600 muertes al año. Estamos quedándonos en lo anecdótico. Al no haber estrategia de fiscalización, se distraen recursos en cualquier cosa". Para la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito María Francisca Yáñez, "sería una real pérdida de tiempo poner a los carabineros a fiscalizar el chaleco. Se deben centrar en velocidad y alcohol. Usar el chaleco es para protegerse, es parte de la cultura y no se hace por una multa, porque mientras el triángulo indica al vehículo, el chaleco destaca a la persona y se ve a mayor distancia que el triángulo", señala la especialista. www.emol.com
  17. Multas por no utilizar cinturón de seguridad en buses aumentan un 51% Si bien en 2014 hubo más fiscalización, se cursaron 1.853 infracciones. Sanción puede llegar a los $ 60 mil. Durante el año, 2.800 pasajeros de servicios interurbanos fueron penados por no usarlo, pese a que estaban disponibles. El pasajero de un vehículo tiene hasta un 50% menos de posibilidades de fallecer en caso de un accidente si utiliza el cinturón de seguridad, según la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). Debido a ello, el gobierno intensificó la fiscalización del uso de este dispositivo en los buses interurbanos en el país. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Transportes, en 2015 se controló a 670 mil personas por el uso del cinturón y, de ese total, 2.800 pasajeros fueron sancionados por no utilizarlo a pesar de que estaba disponible en la máquina. El año pasado, aunque hubo una mayor cantidad de supervisiones -800 mil usuarios-, se cursaron 1.853 infracciones. Esto representa un aumento del 51%. “Algunos pasajeros se excusan y dicen no usar cinturón porque estaban durmiendo, pero eso no debe ocurrir”, aseguró Paula Flores, jefa de fiscalización de la cartera. Agregó que han aumentado las denuncias de ciudadanas que revelan que hay buses sin este dispositivo. Según Flores, para evitar accidentes este fin de año se aumentará las inspecciones, tanto para buses como pasajeros, llegando a seis mil. De acuerdo al informe de fiscalización de 2015, este año hubo 73.954 controles a buses interurbanos, los que terminaron en 10.832 infracciones. Las fallas más comunes se relacionaron con trizaduras en los parabrisas (2.059 casos) y no entregar información sobre el uso del cinturón o que esa herramienta está en mal estado (1.721). A esto se suma que algunos buses no tenían operativa una pantalla que muestra la identidad de quien conduce. El presidente de la comisión de Transportes del Senado, Guido Girardi, estimó que debe haber mayor supervisión en de los buses porque “es insuficiente: hay que destinar más recursos en la prevención. La primera causa de muerte en menores de edad es por accidentes de tránsito”. El senador Manuel José Ossandón (RN) añadió que “el gran problema es que hay normas, pero nadie las cumple: soy partidario de endurecer las sanciones a quienes no se protegen”. Según la ley, las multas para quienes no utilizan en cinturón en un bus ascienden a $ 60 mil. Seguridad de menores Hoy, en la comisión de Transportes del Senado, se aprobó una indicación que señala que los menores de 12 años deben viajar obligatoriamente en los asientos traseros de los vehículos -automóviles y camionetas- utilizando el cinturón de seguridad. Al respecto, el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, valoró la medida y aseguró que “se debe mejorar la protección para los niños, ya que si un vehículo tiene airbag en la parte delantera, incluso, puede dañarlo más”, dijo. www.latercera.com
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