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  1. La definición de “lucro” cambió en Wikipedia y la modificación se hizo desde la Secretaría General de Gobierno @EstadoEdita es una cuenta de Twitter que desde hace cuatro años identifica cada una de las modificaciones que, desde las IP del Gobierno, se hacen en Wikipedia. Creada por los ingenieros Álvaro Graves y Javier Sajuria, la cuenta publica un tuit ante cada modificación. Y la última publicación llamó inmediatamente la atención. La cuenta identificó un cambio en la palabra “lucro”, realizado desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno, dirigido por la vocera Cecilia Pérez, el que se realizó en algún momento entre el 4 de julio y el 6 de septiembre de este 2018. Pero el detalle de los cambios es lo más llamativo. Los cambios consideran, por ejemplo, definir que “el lucro no tiene connotación negativa ni positiva y puede ser perseguido o anhelado con legitimidad como derecho individual o colectiva y de forma pública o privada”. También se puede ver una comparación de las modificaciones. Un párrafo, antes del cambio decía lo siguiente: “Se ha discutido sobre la neutralidad del término, dado a promueve o critica el funcionamiento del modelo económico capitalista pudiendo tener el matiz de que todo lucro es mal habido o abusivo, o por el contrario incluso como propaganda se ha pasado de defender el legítimo derecho de beneficiarse por facilitar la producción o distribución de un bien o servicio, a la ”’distorsión”’ de que el lucro es lo que financia los costos de producción y no los excedentes de la comercialización, retirando así la atención sobre el lucro abusivo, la usura y los monopolios”. Y así quedó después: “Se ha intentado políticamente quitarle la neutralidad al término, por tratarse de una “palabra fonéticamente fea” (fácil de relacionar con hurto, truco, ogro, loco, estupro, orto,…etc), usando su cuestionamiento para critica del funcionamiento del modelo económico capitalista dándole el matiz de que todo lucro es mal habido o abusivo, relacionándolo con la usura o la avaricia, o por el contrario incluso como propaganda se ha pasado de defender el legítimo derecho de beneficiarse por facilitar la producción o distribución de un bien o servicio, a la ”’distorsión”’ de que el lucro es lo que financia los costos de producción y no los excedentes de la comercialización, retirando así la atención sobre el lucro abusivo, la usura y los monopolios”. http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/07/la-definicion-de-lucro-cambio-en-wikipedia-y-la-modificacion-se-hizo-desde-la-secretaria-general-de-gobierno/ Cambio en Lucro https://t.co/Np52aBcmYe desde Ministerio Secretaría General de Gobierno — Estado Edita (@EstadoEdita) 6 de septiembre de 2018
  2. 28 Marzo 2018 172 mil estudiantes: Cómo funciona el negocio de Laureate en Chile Laureate International Universities es una red de educación creada en Estados Unidos en 1999 y que está integrada por más de 60 instituciones en 27 países, y que cuenta con asesores internacionales de la talla de la ex secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Su arribo a Chile se produjo en 2000, con la compra de la U. de Las Américas y tres años más tarde sumó a la U. Andrés Bello, la universidad con mayor matrícula en el país (43 mil alumnos), mediante una inversión de US$ 37 millones por el 80% de la propiedad, según reportes de prensa de la época. Hoy el grupo incluye también al instituto profesional AIEP, la U. Viña del Mar y la Escuela Moderna de Música y Danza. En total, un paquete de 172.400 estudiantes. La acusación En su página web, Laureate Chile señala que “como inversionista extranjero, Laureate Education Inc. (a través de su filial Laureate International B.V.) ha suscrito 6 contratos de Inversión Extranjera con el Estado de Chile al amparo del Decreto Ley 600, instrumentos a través de los cuales ha dejado establecida expresamente la manera en que operará en el país, ya sea por medio de la prestación de programas y servicios a sus instituciones asociadas o por su calidad de miembro activo de ellas”. A través de esta figura, Laureate estableció un negocio abierto, apegado a la legislación vigente y que le reporta sustanciosos márgenes de utilidades, como quedó en evidencia en su salida a la bolsa estadounidense, el año pasado, cuando informó que las instituciones chilenas aportaron en 2015 el 56% de las ganancias generadas en América Latina, con un monto de US$ 536 millones, sólo superado por Brasil US$ 672 millones, México US$ 678 millones y Estados Unidos US$ 731 millones. Según una investigación desarrollada por el Ministerio de Educación y que dio a conocer Ciper, la venta de servicios de Laureate a sus instituciones, que por ejemplo se traduce en programas de inglés o textos de estudios, plantea una infracción a la ley que prohíbe el lucro en las universidades, ya que se establece que no resultan ventajosas desde el punto de vista económico, marcan un acuerdo unilateral y, en muchos casos, no responden necesariamente a los requerimientos del alumnado, condiciones que según este informe del gobierno, “afectaron la rentabilidad de la Universidad de Las Américas durante los años 2013 a 2015”, cita a modo de ejemplo. El efecto de la nueva ley La próxima promulgación de la futura Ley de Educación superior abrirá un nuevo escenario para el grupo Laureate en Chile. Si bien la caída del artículo 63, que impedía la presencia de controladores con fines de lucro en las universidades, dejó un espacio para que persista la sospecha de lucro en este tipo de planteles, la norma incorpora una restricción que hasta hoy no existía en la legislación: la prohibición para que las instituciones de educación superior puedan operar con partes relacionadas. Un golpe al corazón del “negocio” del holding norteamericano, ya que según el Mineduc, el 21% de los gastos de la UDLA van a parar a transacciones con sociedades relacionadas. La creación de la Superintendencia de Educación Superior, incluida en la futura ley, será una pieza clave para definir el futuro del grupo estadounidense en el negocio de las aulas chilenas. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/172-mil-estudiantes-funciona-negocio-laureate-chile/115311/
  3. Historia del tópic acá: http://foros.fotech.cl/topic/333457-proyecto-educacion-superior-subsecretario-figueroa-el-que-vende-lapices-o-cuadernos-esta-lucrando-con-la-educacion-pag-4/page-1 Giorgio Jackson y TC: “Es una burla a chilenos y chilenas en contra del lucro en la educación” El diputado Giorgio Jackson participó esta mañana en el programa Estado Nacional de TVN, donde comentó varios temas de contingencia, y en especial criticó el rol del Tribunal Constitucional, TC. Esto luego del fallo que revirtió el artículo 63, permitiendo el lucro en las instituciones de Educación. “Esto cada vez deslegitima más al órgano (TC) y sus atribuciones”, dijo el diputado de Revolución Democrática. “Quien hace la solicitud ante el TC, es la parte interesada”, dijo y mencionó después al Grupo Laureate que controla la Universidad Andrés Bello y de Las Américas. “¿Qué interés habría entonces en Laureate para presentar este “téngase presente” (hecho por Pilar Armanet al TC) si el artículo 63 no afecta en nada en la ley?”, dijo el parlamentario del Frente Amplio. El TC “es inaceptable, es una burla a chilenos y chilenas en contra del lucro en la educación. Eso me violenta, venga de donde venga, no es oportunismo, es la lucha porque ese fin, el de la educación, es mi objetivo”, dijo. Añadió que “acá es evidente que son criterios políticos”. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/04/01/giorgio-jackson-y-tc-es-una-burla-a-chilenos-y-chilenas-en-contra-del-lucro-en-la-educacion/
  4. Lucro en la educación: Inédita ofensiva de 17 abogados para anular decisión del TC Acusan al Tribunal Constitucional de haber actuado fuera de sus facultades y vulnerado el debido proceso constitucional. Organismo debe responder de aquí al martes. Un conjunto de académicos y abogados litigantes presentaron hoy un inédito recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que busca anular el fallo en que mediante el control preventivo de la Ley de Educación Superior permitió que personas jurídicas con fines de lucro puedan controlar universidades. La dura ofensiva se presenta a tres días que el organismo, liderado por el presidente Iván Aróstica, dé a conocer los detalles de la sentencia que hizo caer el corazón de la reforma de educación superior de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Para el martes 23 está agendada la entrega del fallo, pero antes, el TC deberá pronunciarse si acoge o no este incidente previo y especial pronunciamiento de nulidad. Uno de los impulsores de esta inédita acción es el profesor y constitucionalista Domingo Lovera Parmo. Explica a La Tercera PM que decidieron emprender este recurso porque “el TC ha prescindido de las reglas que ordenan el ejercicio de su jurisdicción; ha descuidado reglas procedimentales de manera grave, lo que acarrea consecuencias sustantivas cuya reparación solo puede obtenerse por medio de la nulidad de todo lo obrado. Un tribunal ejerce jurisdicción y ella debe ejercerse de conformidad a reglas, no sin límites”. El escrito apunta a que el TC, en medio del trámite de control preventivo, excedió sus facultades e intervino en artículos de la Ley de Educación Superior que no le correspondía analizar. Los 17 firmantes de la ofensiva sostienen en el escrito que “simplemente ningún órgano o persona legitimada por la Constitución ha formulado pedimento a us. excelentísima respecto de la constitucionalidad del artículo 63 y el décimo transitorio del proyecto de Ley sobre educación superior”, acusan. Incluso, los recurrentes detallan que el artículo que prohibía que personas jurídicas con fines de lucro participaran del control de entidades de educación superior nunca fue objeto de impugnación en el proceso deliberativo de formación de ley. La arremetida contra el TC Es más, acusan los abogados, la propia presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, Pilar Armanet -la misma que luego recurrió al TC con un téngase presente una vez aprobada la ley en el Congreso- compareció a la sesión Nº 262 de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y pese a ser “debidamente oída”, la mujer “nada dijo sobre el particular”. El escrito ataca además la forma en que está actuando el TC al calificar las leyes Orgánicas Constitucionales, pasando por alto la voz de los congresistas. “Dicha decisión no se ajusta a la Constitución, al mérito del proceso y vulnera el justo y debido procedimiento constitucional, contravenciones que hieren de nulidad todo lo obrado por haber sido adoptadas de oficio, con total prescindencia de la previa calificación del Congreso Nacional de las leyes Orgánico Constitucionales sometidas a su conocimiento y sin que existiese un conflicto de intereses de relevancia jurídica, que facultare el ejercicio de la jurisdicción y competencia de este excelentísimo tribunal”, dicen. El documento ingresado al TC denuncia que sus ministros habrían vulnerado el debido proceso constitucional al intervenir de la forma que lo hicieron la emblemática ley. “Finalmente, como sustento de la invalidación que se solicita, surge del mérito del proceso y de hechos públicos y notorios, que se ha vulnerado el debido proceso en dos órdenes de consideraciones: se ha acogido, aparentemente, una pretensión constitucional de quienes no se encuentran legitimados para postular y se ha vulnerado el principio de bilateralidad”, aseguran. Junto con esto citan el artículo 19 número 3 de la Constitución que sostiene que “toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” y los abogados le recuerdan a los ministros del TC que esa norma también es aplicable a ellos. La ofensiva es firmada por reconocidos profesores de escuelas de Derecho del país entre los que se encuentra el constitucionalista Fernando Atria (U. de Chile), Ezio Costa (U. de Chile), Gustavo Poblete (U. Alberto Hurtado), Diego Lillo (UDP), José Luis Ugarte (UDP), José Miguel Valdivia (U. de Chile), José Tomás Blake (U. Adolfo Ibáñez), Rocío Lorca (U. de Chile), Nicole Selamé (U. de Valparaíso), Juan Carlos Ferrada (U. de Valparaíso), Christian Viera (U. de Valparaíso), Jaime Bassa (U. de Valparaíso), Daniela Ejsmentewicz (U. de Chile), Marías Guiloff (UDP), Domingo Lovera (UDP), el abogado Carlos Cáceres y el historiador Claudio Broitman. http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/lucro-la-educacion-inedita-ofensiva-17-abogados-anular-decision-del-tc/139386/
  5. 12 Enero 2018 SII alerta que más del 90% de las entidades sin fines de lucro no tiene registros contables Impuestos Internos inició una fiscalización especial a estas organizaciones de cara a la Operación Renta de este año. El 74% de las entidades con inicio de actividades tampoco cumple con la obligación de declarar sus ingresos. De cara a la Operación Renta 2018, que se realizará en abril, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estableció -mediante una resolución de octubre de 2017- una nueva obligación tributaria para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), considerando que para la fiscalización de estas entidades se topó con un grave problema; la falta de información. Así, la declaración jurada 1945, que debe presentarse con plazo máximo el 30 de junio de 2018, apunta precisamente a levantar “información relevante para el cumplimiento de la labor fiscalizadora”, según indica el propio SII, desde donde aseguran que el segmento de OSFL consta de más de 278.000 instituciones, desde fundaciones y centro de estudios, partidos políticos, juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de padres, comités, agrupaciones y un largo etcétera, de las cuales poco o nada se sabe. De hecho, la mayor información que ha recogido el SII, a agosto de 2017, tiene relación con las entidades sin fines de lucro que realizaron el trámite de inicio de actividades, donde se encuentran solo 40.263 instituciones, 31.599 de las cuales deben dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias. En este contexto, una de las principales brechas de información que en el SII quieren ir cerrando refiere las entidades sin fines de lucro que no han iniciado actividades. Según explicó Carolina Saravia, Jefa de Operaciones del SII, “estamos accediendo a distintas fuentes de información no estructuradas para determinar exactamente las OSFL activas”, agregando que “el Código Tributario señala que las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas deberán presentar inicio de actividades, por tal motivo”. Pero además, entre las OSFL con inicio de actividades, el ente fiscalizador detectó graves brechas de incumplimiento tributario, ligadas especialmente a la legalización de registros contables. Así, de las 28.165 OSFL activas que deben cumplir con esta obligación, el 91,22% no lo hace, totalizando 25.350 organizaciones. “Las OSFL que tienen contabilidad completa están obligadas a mantener sus libros contables debidamente autorizados por el SII a través de un timbraje, es lo que le da validez a la contabilidad de la empresa sea esta OSFL o cualquier otro tipo”, sostuvo Saravia, advirtiendo que “que más del 91% no haya timbrado en los últimos años podría ser indicio que no se está llevando correctamente su información contable y por lo tanto ante procesos de revisión no se contará con la información completa y/o fidedigna que acredite los ingresos y compras”. Además, respecto a su declaración del Formulario 22 (Impuesto a la Renta), un 74,04% de las 29.649 OSFL activas obligadas incumplen. (Ver infografía).´ Obligación tributaria ¿Pero por qué deben declarar sus impuestos si las OSFL están exentas del pago? Porque si bien no tienen como objetivo el lucro económico, esto es, las utilidades que puedan generar se destinan a su objeto social y no constituyen renta para los efectos tributarios, esto no evita que las utilidades obtenidas por actividades comerciales o de arriendo, por ejemplo, sí deban tributar. Como explicó el abogado y académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información (DCS) de la U. de Chile, Gonzalo Polanco, “muchas OSFL se arman con buenas intenciones, pero quizás con poca asesoría y en mi ejercicio profesional me he encontrado con que muchas piensan que no pagan impuestos. Es un error super común, no hay una exención generalizada ni mucho menos”. Asimismo, Javier Jaque, socio de Consultoría Tributaria de EY, señaló que “es razonable que el Servicio fiscalice este tipo de entidades, ya que sin lugar a dudas existe falta de conocimiento en las respecto al pago de impuesto en las OSFL, muchos definitivamente no lo tienen claro”. Se trata de la misma impresión que tiene la Jefa de Operaciones del SII, quien agregó que además del impuesto a la renta, una OSFL también puede estar afecta a IVA. “Por ejemplo, una corporación educacional está exenta del pago por su función educacional, pero la venta de libros, cuadernos o uniformes escolares debe pagar”, explicó Saravia, señalando que el ejercicio de levantamiento de información en base a la nueva declaración jurada recién estará depurada a fines de 2019. Con todo, la ingeniero adelantó que en el plano de la fiscalización quieren encontrar “de dónde vienen los ingresos y quiénes son los que participan en estas corporaciones -los socios fundadores- ya que podrían estar haciendo uso de las ‘utilidades’ de estas organizaciones para hacer planificaciones tributarias”. Eso sí, para el caso de la DJ1945, el objetivo son las OSFL con ingresos anuales sobre las 12.000 UF, en torno a $ 321.691.800 Visión de mercado Frente a estas brechas de cumplimiento, Diego Berríos, socio director de IUS Abogado Tributario, remarcó que las OSFL “están obligadas a dar inicio de actividades, porque son contribuyentes, y deben cumplir todas las obligaciones accesorias: llevar contabilidad completa, efectuar todas las declaraciones que exige la ley y el SII, es decir, no se encuentran liberadas de ninguna obligación, salvo que la ley expresamente lo señale”. Con todo, Sharoni Rosenberg, abogada del departamento Legal y Tributario de PwC, comentó que “muchas fundaciones no tienen inicio de actividades ya que no realizan actividades generadoras de renta, solo se financian con donaciones, por lo que quedan exentas de muchas obligaciones tributarias como declaraciones de IVA y renta”. Además, Rosenberg dijo que “las OSFL destinan pocos recursos a sus obligaciones de cumplimiento, ya que su ánimo es destinar el máximo posible al cumplimiento de sus fines sociales”. Por su parte, Claudio Bustos, abogado socio de Bustos Tax & Legal, indicó que la revisión de las OSFL “es un ámbito interesante de fiscalización para el SII, porque efectivamente pueden darse situaciones de uso abusivo de este tipo de entidades exclusivamente con fines de obtener algún beneficio tributario”. Con esto, afirmó que de acreditarse la figura abusiva , “la autoridad podría aplicar la norma antielusiva general que nació con la reforma tributaria, lo que también podría alcanzar a las OSFL constituidas en el exterior, en el contexto de estructuración de patrimonios personales o familiares, cuya materialidad y realidad económica debe determinarse caso a caso”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/sii-alerta-mas-del-90-las-entidades-sin-fines-lucro-no-registros-contables/
  6. 21 Noviembre 2016 Diputados piden a SII criterios de investigación por lucro en Ues Parlamentarios oficialistas se reunieron con el director del organismo y le manifestaron que está “limitando su misión fiscalizadora”. Alrededor de una hora estuvieron reunidos parlamentarios de la Nueva Mayoría junto al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, para dar a conocer su preocupación por no poder saber cuáles son los criterios que está utilizando el SII al investigar lucro en las universidades. Dicho organismo, en su última cuenta pública, confirmó que ha indagado a 15 planteles académicos. La diputada Cristina Girardi (PPD), quien además integra la Comisión de Educación de la Cámara, señaló que se han enviado varios oficios al SII solicitando la información. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda han señalado que no se puede dar a conocer (los criterios) por ser de carácter reservado. Ante esto, Girardi señaló que “vinimos a plantear que necesitamos esa información, ya que somos una entidad fiscalizadora. Por lo tanto, el Estado de Chile no nos la puede negar”. En ese sentido, la parlamentaria aseguró que “hoy día nosotros no sabemos en base a qué criterios el Servicio de Impuestos Internos está actuando, porque no nos pueden entregar la información”, dijo Girardi. En tanto, el diputado Mario Venegas (DC), también integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, sostuvo que estas medidas “limitan nuestra misión fiscalizadora”. Respecto a las inquietudes de los parlamentarios, Barraza señaló que pronto les tendrá una respuesta. La diputada Girardi sostuvo que “probablemente habrá una respuesta pronto. El sabe cuáles son nuestras dudas, ya que en esta reunión pudimos explayarnos mejor”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/diputados-piden-sii-criterios-investigacion-lucro-ues/
  7. 02 Noviembre 2016 Comisión de Hacienda aprueba proyecto para que CFT e IP sean sin fines de lucro La iniciativa que permite la transformación de los IP y CFT en personas jurídicas sin fines de lucro ahora pasa a la sala de la Cámara de Diputados para transformarse en ley. "Esperamos que en la sala los compromisos que el Ejecutivo ha tomado con el parlamento se lleven adelante en cuanto a las indicaciones solicitadas”, indicó Yasna Provoste, integrante de la Comisión de Educación. La Comisión de Hacienda aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, el proyecto de ley que permite la transformación de los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) en personas jurídicas sin fines de lucro, iniciativa que quedó lista para ser votada en sala en su segundo trámite constitucional. Al respecto, la diputada DC e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, valoró la aprobación y señaló que "hoy hemos dado un paso favorable en la Cámara de Diputados, primero en la Comisión de Educación y hoy en la Comisión de Hacienda, aprobando este proyecto. Esperamos que en la sala los compromisos que el Ejecutivo ha tomado con el parlamento se lleven adelante en cuanto a las indicaciones solicitadas”. "Para la Bancada de la Democracia Cristiana, lo más importante es poder garantizar la gratuidad a los estudiantes que asisten a los Centros de Formación Técnica, a ellos está dirigida esta señal, que seamos capaces de decirles a esos estudiantes y a sus familias que a partir del año 2017, si asisten a un CFT o a un IP sin fines de lucro van a poder acceder, al igual que lo hacen hoy día millones de estudiantes en el sistema universitario, a la gratuidad, porque estamos absolutamente convencidos que la educación es un derecho y por lo tanto estamos avanzando en esa dirección". Por su parte, el diputado DC y miembro de la Comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz, destacó que "el año pasado planteamos en la discusión del Presupuesto 2016, que antes de que terminara este año sí o sí tenía que ingresar un proyecto en esta línea, porque no podíamos dejar fuera a los esforzados alumnos y alumnas de CFT e IP; y esta aprobación es una señal potente y un gran avance y esperamos que cuando se termine la discusión de la Reforma Educacional haya igualdad de condiciones para los alumnos de universidades y también para los jóvenes de educación técnica". Finalmente, el diputado explicó que el proyecto "ahora pasa a la sala a su segundo trámite constitucional, donde esperamos que el Ejecutivo presente indicaciones en lo relativo a aumentar los plazos de 12 a 24 meses, para que los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales se adecúen a todo lo que significa transformarse en instituciones sin fines de lucro". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/02/comision-de-hacienda-aprueba-proyecto-para-que-cft-e-ip-sean-sin-fines-de-lucro/
  8. 11 Octubre 2016 Senado aprueba proyecto que permite a CFT e IP renunciar al lucro y entrar a gratuidad La iniciativa habilita a estos planteles a transformarse en corporaciones y acceder al beneficio. Ahora pasará a segundo trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara. La iniciativa que busca incorporar a la gratuidad a los alumnos de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) avanzó hoy a segundo trámite en el Senado, luego de que se aprobara con 23 votos a favor el proyecto de ley que permite que estos planteles que hoy persiguen un fin comercial se transformen en sin fines de lucro, uno de los requisitos incluidos en la glosa presupuestaria 2017 para acceder al beneficio. En total, se emitieron 36 votos, de los cuales 11 fueron en contra, y dos fueron abstenciones, por parte de los senadores Francisco Chahuán (RN) y Alfonso de Urresti (PS). La ministra de Educación, Adriana Delpiano, que estuvo presente en la instancia, celebró la aprobación del proyecto. “Quiero dar las gracias por este paso que hemos dado, soy una convencida de que estamos avanzando. La calidad en ocasiones se mezcla con estos temas institucionales, pero estamos haciendo el esfuerzo de mejorarla en todos los niveles”, comentó al finalizar la sesión. Las críticas de los parlamentarios que votaron en contra del proyecto estaban enfocadas en que este no mejora la calidad de la educación superior técnica y discriminaría a los estudiantes que quieran acceder a la gratuidad. “Esto nos habla de una situación segmentada, donde los alumnos no tienen beneficios según su condición económica o académica, sino por la naturaleza de la persona jurídica donde estudian. Eso es discriminatorio y se les está haciendo un daño tremendo”, señaló el senador Hernán Larraín (UDI), quien añadió que “los problemas educacionales no son de naturaleza jurídica o económica. La calidad se determina de otra forma”. El senador Andrés Allamand (RN), quien también votó en contra, recordó que en la discusión de gratuidad del año pasado el Tribunal Constitucional “señaló que la gratuidad debe enfocarse en la situación socioeconómica y no en la personalidad jurídica de donde se inscribe el alumno”. Por su parte, el senador Jaime Quintana (PPD) defendió el requisito de transformarse a sin fines de lucro para acceder a la gratuidad, señalando que “cuando una entidad como ésta deja de lucrar y de retirar excedentes que van a los bolsillos de sus controladores, la consecuencia inmediata es que estos recursos tengan una finalidad educacional, que se refuerzan los procesos de aprendizaje, el equipamiento, etc.”. El proyecto pasa ahora a segundo trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/senado-aprueba-proyecto-permite-cft-e-ip-renunciar-al-lucro-entrar-gratuidad/
  9. 05 Octubre 2016 Ministra Delpiano informa a la Cámara que se investiga a siete Ues por eventuales irregularidades Secretaria de Estado abordó la materia en sesión para revisar la situación de grupo Laureate en Chile. El 22 de septiembre se abrió la última indagatoria para revisar el caso de la U. Viña del Mar. Con una baja convocatoria partió a las 16.30 horas la sesión especial citada en la Cámara de Diputados para abordar la situación del grupo Laureate y el lucro en las universidades en que participa como controlador. En ella la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó los mecanismos de regulación del lucro en las universidades chilenas e informó que hay siete planteles que están siendo investigados actualmente por presuntas irregularidades o por lucro. A las 17.00 horas y en plena exposición, ante sólo 34 legisladores presentes, la secretaria de Estado especificó que actualmente están indagando a tres universidades del grupo Laureate: U. Andrés Bello, U. de Las Américas y U. de Viña del Mar. Los otros planteles bajo investigación son la U. Central, la U. Iberoamericana, la U. Mayor y la U. Gabriela Mistral, según enumeró Delpiano durante la sesión. En tanto, otros cuatro planteles también fueron investigados (las universidades de la República, Arcis, San Sebastián, Santo Tomás y Central. Además, la secretaria de Estado aclaró que “el Mineduc cuenta con atribuciones para fiscalizar a las instituciones, pero la investigación es a las universidades y en ningún caso a grupos de inversión”. En ese sentido, Delpiano explicó que la indagatoria a la Universidad de Las Américas fue iniciada en octubre de 2014 a raíz de que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) informó deficiencias que afectaban la sustentabilidad del proyecto y citó un informe de una consultora externa que evidenciaba que el plantel tenía “cuentas por pagar a relacionados por $ 7.000 millones”. En tanto, la investigación contra la U. Andrés Bello comenzó el 14 de junio de 2016 a raíz de una serie de deficiencias académicas denunciadas, pero, según Delpiano, se inició principalmente por una denuncia del diputado Mario Venegas que apuntó a la relación comercial activa que mantendría la U. Andrés Bello con su controlador el grupo Laureate y su participación en Chile, lo que sería más cercano a la investigación que se lleva a cabo actualmente”. Delpiano explicó que, por ejemplo, dentro de las denuncias que llegaron al Mineduc contra esta casa de estudios se encuentran alegatos contra “las deficiencias académicas planteadas por alumnos de las carreras de Química y Farmacia, el 13 de mayo de 2016, de Derecho el 25 de mayo de 2016, y del postgrado de Peridoncia, el 7 de abril de 2016”. A esto se suma que el Consejo de Presidentes de la Universidad Andrés Bello planteó una serie de situaciones que según la ministra “afectarían a la institución y donde se impone la necesidad de dilucidar las diversas acusaciones de lucro de las que ha sido objeto el plantel”. Tras esto, el ministerio decidió ampliar la indagatoria a la U. de Viña del Mar, la que se formalizó el 22 de septiembre. “El Mineduc entiende que resulta pertinente razonable y necesario ampliar sus investigaciones al conjunto de instituciones universitarias dependientes del conglomerado. A fin de determinar la configuración de posibles infracciones legales”, señaló Delpiano. Tanto la U. mayor como la U. Andrés Bello intentaron impugnar la investigación, pero no lo lograron. Penalizar el lucro En la sesión la Cámara de Diputados se acordó pedirle al gobierno penalizar el lucro como delito, además de solicitarle al Mineduc que transparente los antecedentes de las investigaciones relacionadas al lucro, así como al Servicio de Impuestos Internos el detalle de las revisiones que han realizado. Los diputados también acordaron solicitar un fondo que permita a la universidades estatales recibir a los alumnos de aquellos planteles cuestionadas y crear herramientas de fiscalización permanente. La ministra Delpiano, en ese sentido, destacó la creación de la Superintendencia en la reforma. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ministra-delpiano-informa-la-camara-se-investiga-siete-ues-eventuales-irregularidades/
  10. 04 de septiembre del 2016 / 00:53 Hrs Mineduc ya recibió información sobre seis contratos de Laureate InvestChile, ex Comité de Inversiones Extranjeras, entregó material pedido por el ministerio. Documentos suscritos entre 2001 y 2014 detallan inversión de US$ 265 millones. La noticia de que Laureate, grupo internacional que incluye en su propiedad a las universidades Andrés Bello, De las Américas y Viña del Mar, además del instituto profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música, se abrió a la Bolsa en Estados Unidos desató una polémica en el país. Por primera vez se hacían públicas las cifras del holding en Chile, que el año pasado sumó ingresos por US$ 536 millones, y el tema del lucro en sus universidades volvió a instalarse en el debate. Discusión que tuvo al Ministerio de Educación (Mineduc) como protagonista, luego de que su titular, Adriana Delpiano, anunciara que recurriría al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), hoy InvestChile, para requerir la información respecto de los seis contratos que suscribió el grupo Laureate con el Estado chileno, y que suman más de US$ 265 millones. Dicha solicitud se materializó hace algunos días, según confirman desde InvestChile, cuando se entregó al Mineduc la información correspondiente a los documentos que permitieron el ingreso de capitales y el marco legal que ofrecía el hoy derogado Decreto Ley 600. “InvestChile, en su calidad de sucesor y continuador legal del CIE, ha estado colaborando con el Ministerio de Educación, en el sentido de entregar toda la información que existe en poder de este servicio, y lo seguirá haciendo en la medida en que se requiera”, detallaron desde el organismo. Dicha diligencia se enmarca en la investigación que lleva el Mineduc por la sospecha de lucro en contra de la Universidad Andrés Bello y De las Américas. Los contratos Los contratos suscritos por Laureate se llevaron a cabo gracias al Decreto Ley 600, “mecanismo de transferencia de capitales mediante el cual el inversionista extranjero, que cumpliera con ciertos requisitos, podía acceder a ciertas garantías”, señalaron desde InvestChile. Según el ente estatal, Laureate informó en su solicitud que “el capital autorizado a ingresar bajo el DL 600 será destinado a enterar o pagar el capital social de una sociedad chilena receptora de su inversión, la que en ninguno de los contratos suscritos por Laureate es una universidad”. Documentos Mediante solicitud de Transparencia, La Tercera tuvo acceso a los tratados que realizó Laureate entre 2001 y 2014, en donde se garantiza que Laureate cuenta con el derecho de “transferir al exterior su capital y sus utilidades líquidas”. Pero también se observa en los documentos un ar- tículo que señala que a Laureate “le serán aplicables la legislación y la reglamentación vigentes en lo relativo a sus actividades. La presente autorización es sin perjuicio de cualesquiera otras que, en conformidad a tales legislación y reglamentación, deban ser otorgadas por las autoridades competentes”. Jorge Bofill, abogado de Laureate, ha señalado que la empresa “siempre dijo quién era, le mostró al Comité de Inversiones Extranjeras su forma jurídica y que tenía fines de lucro en el extranjero”. Sin embargo, desde InvestChile precisan que estos contratos, que otorgaba entonces el CIE, se referían a la transferencia de capitales extranjeros a Chile y no suponían “la autorización de un proyecto específico y determinado”. En ese sentido, sostuvieron desde el organismo que la autorización no eximía al inversionista extranjero “de cumplir con las obligaciones emanadas de la normativa sectorial aplicable en Chile a su proyecto de inversión y tampoco las facultades de control o fiscalización de los organismos sectoriales competentes”. El Mineduc señaló que la indagatoria a los dos planteles del holding están “en fase preliminar, por lo que no corresponde referirse a las diligencias específicas de sus respectivas tramitaciones mientras estén en desarrollo”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-695256-9-mineduc-ya-recibio-informacion-sobre-seis-contratos-de-laureate.shtml
  11. 01 Septiembre 2016 Estudiantes de la Educación Superior privada exigen fin al lucro efectivo y al CAE en reunión con Delpiano Los estudiantes de la OFESUP manifestaron preocupación por las declaraciones del grupo Laureate, quienes hace unas semanas admitieron lucrar dentro de sus planteles, los cuales en conjunto agrupan a más de 170.000 estudiantes. A criterio de los estudiantes, el actual proyecto de ley no soluciona totalmente los problemas del lucro y le otorga la posibilidad a las Instituciones de Educación Superior de retirar utilidades mediante la vinculación entre partes relacionadas. Dirigentes de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada (OFESUP) se reunieron este jueves con la Ministra de educación. En esta instancia los estudiantes abordaron los principales aspectos de la reforma educacional, mostrando preocupación por la falta de regulación presente en el actual proyecto de ley. Los estudiantes de la OFESUP manifestaron preocupación por las declaraciones del grupo Laureate, quienes hace unas semanas admitieron lucrar dentro de sus planteles, los cuales en conjunto agrupan a más de 170.000 estudiantes. A criterio de los estudiantes, el actual proyecto de ley no soluciona totalmente los problemas del lucro y le otorga la posibilidad a las Instituciones de Educación Superior de retirar utilidades mediante la vinculación entre partes relacionadas. Según Luis Vargas, vocero de la OFESUP y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo: “el lucro tiene que salir de la educación superior a todo nivel. Creemos que continuar aceptando el lucro en las instituciones no es beneficioso para el sistema, ni mucho menos para nuestros compañeros”. Lo que mayor preocupación genera en la OFESUP es la falta de regulación que presenta el proyecto de ley y las bajas exigencias que se plantean para destinar fondos públicos a las Instituciones. Según los estudiantes de la Educación Superior Privada, si el actual proyecto es promulgado tal y como se presenta el día de hoy, los mayores beneficiados serían las Instituciones de Educación Superior que no poseen un carácter Público. A juicio de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada, los fondos públicos estarían en manos de empresarios de la educación, los que podrían recibir aportes mediante becas y el CAE. Carlos Castillo, Vocero de OFESUP, y estudiante del CFT Santo Tomás de Ovalle, señaló que “es inaceptable que el actual proyecto de ley pretenda seguir privilegiando a los empresarios de la educación. Necesitamos una reforma que en primera instancia garantice la educación como un derecho, lo que supone el fortalecer a las Universidades del Estado y a aquellas Instituciones de Educación Superior que posean un verdadero y efectivo rol Público. Laureate y compañía no pueden ser quienes se beneficien mediante esta reforma, sino que los planteles de Educación Superior que verdaderamente generan un aporte al país a través de la investigación, la vinculación con el medio y la extensión. Le hemos dicho a la Ministra que tenemos la voluntad de seguir dialogando para avanzar hacia un nuevo Sistema Nacional de Educación, pero eso sí, hemos sido enfáticos en que no respaldaremos la reforma tal y como se encuentra, porque estaríamos avalando el asesinato de la Educación Pública” Otra de las preocupaciones manifestadas por los estudiantes en la reunión, fue la falta de avances que ha habido en la implementación de 15 nuevos CFT estatales. Para Castillo “la precariedad y falta de regulación en CFT e IP se debe en gran medida, a la inexistente oferta pública en el sistema. Si queremos comenzar la reforma de buena forma, hay que revisar la implementación de los 15 CFT en todo el país. Hasta ahora, poco y ningún avance ha habido en esta materia”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/01/estudiantes-de-la-educacion-superior-privada-exigen-fin-al-lucro-efectivo-y-al-cae-en-reunion-con-delpiano/ Si desean ver la historia, aca http://foros.fotech.cl/topic/294788-fin-al-cae-cae-con-otro-nombre-mineduc-confirmo-que-trabaja-en-modificar-el-credito-con-aval-del-estado/page-2?hl=%2Buniversidad&do=findComment&comment=21165489
  12. Vecinos de Hacienda Chicureo se quejan por "ofensas innecesarias" de Aguas Manquehue Todo a raíz de la pugna entre residentes del exclusivo lugar y la empresa por el alza de hasta 300% en tarifas. El abogado de la sanitaria había criticado el "afán del lucro" de los vecinos. SANTIAGO.- Continúa la disputa entre Aguas Manquehue y los vecinos del condominio Hacienda de Chicureo por la demanda que éstos interpusieron en contra de la filial de Aguas Andinas, donde exigen una multa de 50 UTM ($2,2 millones) y la devolución de supuestos cobros excesivos de tarifas. "Aguas Manquehue no sólo rechaza y desconoce nuevamente la pretensión de los demandantes -cuestión que obviamente puede resultar entendible-, sino que utiliza calificaciones innecesariamente ofensivas", dice el escrito de los abogados de los vecinos, Gonzalo Caballero y Rodrigo Trucco, consigna La Segunda. Ponen como ejemplo la calificación "irónica" que hace la empresa de los vecinos demandantes, a los que se refiere de "cándidos" o "incautos"; o de considerar que su pretensión es una "fábula"; que habrían utilizado argumentos "especiosos" (engañosos); o que detrás de la demanda buscarían un "afán de lucro". La demanda fue interpuesta el 22 de junio bajo el argumento de que la sanitaria habría violado la Ley del Consumidor al subir en hasta 300% sus tarifas, en virtud de un convenio firmado en 2003 del cual los actuales propietarios no fueron parte. Desde la empresa responden que en esos contratos se acordó que a partir de 2015 las tarifas aplicables a los clientes de Hacienda Chicureo serían las que se determinaran en el tercer proceso tarifario de Aguas Manquehue, que comenzaría a regir ese mismo año. Cabe recordar que la sanitaria pidió primero la inadmisibilidad de la demanda colectiva presentada en el 6° Juzgado Civil de Santiago. Los abogados de los vecinos respondieron solicitando que el conflicto no fuera a manos de un arbitraje privado, como quería la compañía, y se quejaron por las expresiones usadas por la empresa, representada por Oscar Contreras, frente al tribunal. www.emol.com
  13. 07 de julio del 2016 / 14:19 Hrs Mineduc abre investigación a la Universidad Andrés Bello por lucro Las indagaciones fueron solicitadas por parlamentarios y dirigentes de la institución. Ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que el Mineduc se encontraba en proceso de investigación a la U. Andrés Bello (Unab) institución perteneciente al grupo Laureate. Las indagaciones fueron solicitadas hace algunas semanas por parlamentarios y dirigentes de la casa de estudios. Mario Venegas, diputado e integrante de la Comisión de Educación señaló que se le pidió a Delpiano que iniciaran la investigación por lucro y por el rol que tiene el grupo controlador de la institución para saber "cuántos recursos, por vía de contratos sacando del país en desmedro de la calidad del servicio que le ofrecen a los alumnos", sostuvo Venegas. De acuerdo al parlamentario, ya se nombró a un fiscal para realizar el proceso, el que pertenece a la división de jurídica del ministerio. "Se hará una indagación preliminar para determinar si hay razones fundadas para llegar al punto de nombrar un Administrador Provisional”, explicó el parlamentario. Al proceso, que tendrá 120 días para que se realicen las diligencias a la Unab, se suma a la investigación que reabrió el Servicio de Impuestos Internos (Sii) en contra del grupo Laureate y la investigación del fiscal Carlos Gajardo, la que aún no ha sido cerrada. Según Venegas, se le solicitó al director del Sii que “investigara si Laureate está cumpliendo o no con la normativa tributaria del país”. Campus de la Unab en Santiago; sede ubicada en Bellavista. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-687921-9-mineduc-abre-investigacion-a-la-universidad-andres-bello-por-lucro.shtml
  14. 13 de mayo del 2016 / 22:00 Hrs Ministra Delpiano asegura que reforma establecerá plazos para llegar a la gratuidad universal Titular del Mineduc afirmó que ?el compromiso de la Presidenta es avanzar sustantivamente hasta la gratuidad universal y nosotros estamos trabajando para eso?. En respuesta a las afirmaciones que hizo el senador Ignacio Walker (DC), quien dijo que a su juicio “es imposible llegar a la gratuidad universal”, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que “el compromiso de la Presidenta es avanzar sustantivamente hasta la gratuidad universal y nosotros estamos trabajando para eso”. Delpiano insistió en que el gobierno va a continuar buscando la fórmula para cumplir con la promesa de campaña y explicó que “vamos a incorporar en la ley fechas y plazos (para llegar) seguramente hasta el séptimo decil, pero vamos a ver cómo se mantienen las ayudas estudiantiles para los otros estudiantes y en qué minuto, dada la economía, podemos dar salto a otros deciles”. La ministra subrayó que “vamos a cumplir con todos los compromisos que se asumieron, lo único es que estos compromisos tienen que ser más largos en el tiempo”. En tanto, la diputada Camila Vallejo (PC) criticó la postura de Walker y afirmó que “con todo respeto al senador, él no es dueño de la verdad. Entonces no sé por qué él determina qué es imposible”. Y enfatizó que “nosotros creemos que la reforma a la educación superior tiene que señalar cuándo alcanzamos el 100% de la gratuidad, aunque nos demoremos lo que sea necesario”. Vallejo añadió que “si se necesitan recursos debieran salir de la Ley Reservada del Cobre”. El proyecto de reforma educacional debería ser presentado en el Congreso la próxima semana, antes del 21 de mayo, según lo que esperan en el oficialismo. Sobre esto la ministra Delpiano dijo que “ya estamos terminando (la redacción del proyecto) y la fecha en que se presente la definirá la Presidenta. Si es la semana antes o la semana después del 21 de mayo, eso no tiene ninguna importancia”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-680693-9-ministra-delpiano-asegura-que-reforma-establecera-plazos-para-llegar-a-la.shtml
  15. El troleo de un Core RN a los Inti Illimani Históricos que lo hizo salir trasquilado Percy Marín asistió junto a su pareja a la jornada final del Festival del Huaso de Olmué y preguntó sarcásticamente si los músicos habrán cobrado por tocar puesto que "están contra el lucro" desatando las burlas de los tuiteros. Redes1 de febrero, 2016 Autor: El Dínamo Camila Flores Oporto fue junto a su pareja Percy Marin a la jornada final del Festival del Huaso de Olmué. Camila es, de acuerdo a su biografía de Twitter: Abogada, Cristiana, Patriota, Consejera General RN, Presidenta Distrital Distrito 24, Pro vida, Animalista. También es fanática del equipo de fútbol de la Universidad de Chile. Percy es Miembro de la Comision Politica de Renovacion Nacional, Consejero Regional de Valparaiso. La última noche del Festival del Huaso no estuvo exenta de polémicas. Primero, los participantes de la competencia folclórica manifestaron su enojo por un cambio de horario que hizo que la final se realizara a las dos de la mañana. Américo cantó con “evidentes problemas en su voz”, situación que viene a repetir una presentación para el olvido en Parral la semana pasada donde incluso se rumoreó que subió al escenario pasado de copas. Gonzalo Ramírez, el sanantonino periodista de TVN que brilló como reemplazante de Julián Elfenbein también se anotó con una salida de libreto cuando criticó al gobierno por no dar todavía el Premio Nacional de Música al compositor Vicente Bianchi, quien fue homenajeado en la jornada. Fue así entonces, en una noche donde todo el mundo estaba expresando sus sentires, que la pareja conformada por Camila y Percy decidieron expresar, vía Twitter, una sarcástica opinión respecto a lo que fue la presentación de Inti Illimani Histórico, confundiendo un poco lo que son los conceptos de percibir una remuneración por el justo trabajo que cada persona y/o conjunto de personas, con la opinión que públicamente ha expresado la banda de estar en desacuerdo con que existan instituciones que impartan educación y que -aparte de obtener los recursos para pagar sueldos, infraestructura e investigación- estén motivados por un afán de beneficio económico. Primero fue Camila: Me imagino que #Intiillimanihistorico no habrá cobrado ni un peso por tocar hoy en #OlmueNocheFinal , digo, como están contra el lucro!? — Camila Flores Oporto (@Cami_FloresO) February 1, 2016 Percy entonces la siguió y/o le copió el tuit, con menos “exito”. El tuiteo de Camila tuvo 200 retweets y el del Consejero Regional solamente 20 Me imagino que vinieron gratis, ya que odian el #Lucro https://t.co/LMHObDLP1W — percy marin vera (@percymarin) February 1, 2016 Acá algunas de las respuestas más suaves que recibió la pareja: Fuente: http://www.eldinamo.cl/tech/2016/02/01/troleo-de-un-core-rn-a-inti-illimani-historico-festival-huaso-olmue/
  16. Opinión ¿Gratuidad para las empresas de la Educación Superior? Los límites del Estado Neoliberal por Marco Kremerman 17 diciembre 2015 La gratuidad, que hasta hace poco tiempo era resistida por todos aquellos que consideran que la Educación es un bien de consumo y, por tanto, debe someterse a las leyes de mercado, hoy la buscan y la exigen, ya que se transformó en una buena oportunidad de negocio. Por estos días se discute sobre la Gratuidad en la Educación Superior chilena y los criterios que deben ser fijados para que una institución pueda acceder a ella. El Gobierno ha definido una política gradual, que comenzaría con los estudiantes que pertenecen al 50% de hogares de menores ingresos (ingresos mensuales per cápita hasta $154.166). No obstante, antes de ingresar un proyecto de ley de Educación Superior que proponga el nuevo modelo que Chile tendrá en las próximas décadas, la discusión comenzó a través de una glosa presupuestaria, que obliga a adelantar definiciones: años de acreditación, criterios de democracia interna, prohibición de lucro fiscalizable con la institucionalidad disponible. De esta forma, la gratuidad, que hasta hace poco tiempo era resistida por todos aquellos que consideran que la Educación es un bien de consumo y, por tanto, debe someterse a las leyes de mercado, hoy la buscan y la exigen, ya que se transformó en una buena oportunidad de negocio. En general, los países estructuran su sistema de Educación Superior construyendo un pilar de instituciones estatales (profesionales y técnicas) que en algunas ocasiones se complementan con instituciones privadas fuertemente reguladas que pueden cumplir un rol público consensuado democráticamente. El resto de las instituciones privadas (que también son reguladas) no recibe aportes del Estado. Bajo este modelo, una tipología posible y razonable podría considerar un 65% de planteles estatales (descentralizados y con control ciudadano), un 20% de planteles privados que reciben aportes estatales, pero que se ajustan al modelo público de Educación Superior y un 15% de planteles privados sin aportes estatales. El modelo chileno, sin embargo, luego de las políticas impuestas en dictadura y aquellas implementadas en los Gobiernos de la Concertación y Piñera, se estructuró de acuerdo a las leyes de Mercado y a un Estado que ha dejado morir lentamente a sus instituciones, desatendiendo su adecuado financiamiento. Actualmente, solo 14,4% de la matrícula se concentra en los 16 establecimientos estatales, convirtiéndose en un apéndice del sistema de Educación Superior. Dado que el supermercado Jumbo de Paulmann les vende productos a personas que pertenecen a hogares de menores ingresos, ¿el Estado debería subsidiar a esta empresa? ¿Y a Farmacias Ahumada? ¿Y a Falabella? ¿Y a la Papelera de Matte? Entonces, ¿el Estado chileno debe asegurar la gratuidad en un plantel privado, solo por el hecho de estar acreditado más de 4 años, incorporar algunos elementos democráticos o chequear que no se lucra "en la medida de lo posible"? Pero esto no ha significado ausencia del Estado, sino que, más bien, bajo el orden neoliberal el Estado chileno asiste a los privados vía subsidios. Por ejemplo, la política del Crédito con Aval del Estado (CAE), creada bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido uno de los principales motores del aumento de la matrícula en las instituciones privadas, sobre todo de los alumnos que pertenecen a hogares de menores ingresos. De esta forma, mientras el Holding educacional Laureate (Universidad de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar y AIEP) tenía una matrícula de 56.489 estudiantes el año 2005, hoy alcanza a 176.668 (un aumento de 213%). El Holding Santo Tomás (Universidad, CFT e IP), experimenta un aumento de matrícula desde 31.294 estudiantes a 91.824 el 2015 (193% de aumento), el Grupo INACAP (Universidad, CFT e IP) ve crecer su matrícula de 38.269 a 122.944 (221% de aumento) y la Universidad San Sebastián pasa de 9.663 estudiantes a 28.715 (197% de aumento), por citar algunos casos. Hoy, acogiéndose a su posición dominante en el mercado de la Educación Superior y a la escasa gobernanza que el Estado tiene del sistema, ellos (y sus representantes en el sistema político) también piden gratuidad, argumentando que en caso contrario se estaría discriminando a los alumnos de menores ingresos que también estudian en sus aulas. El Gobierno está complicado, su propia coalición generó políticas como el CAE que posibilitaron este escenario. Pero la pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano/a ante el diseño de una política pública libre de presiones de grupos de interés es la siguiente: dado que el supermercado Jumbo de Paulmann les vende productos a personas que pertenecen a hogares de menores ingresos, ¿el Estado debería subsidiar a esta empresa? ¿Y a Farmacias Ahumada? ¿Y a Falabella? ¿Y a la Papelera de Matte? Entonces, ¿el Estado chileno debe asegurar la gratuidad en un plantel privado, solo por el hecho de estar acreditado más de 4 años, incorporar algunos elementos democráticos o chequear que no se lucra "en la medida de lo posible"? ¿Dejamos afuera a 3 universidades estatales que no cumplen todos estos requisitos, siendo que el mismo Estado las ha abandonado? ¿En qué otro país se permitiría algo así? ¿Debemos hacer política sobre la leche derramada, solo porque la Educación Superior en Chile vía una mano invisible asistida por el Estado, se transformó en un mercado repleto de actores privados y un gran nicho de negocio? Sin duda, esto solo se podrá resolver a través de una Ley de Educación Superior, que reformule completamente el sistema. Sin duda, el contenido de aquello, nuevamente, dependerá de la articulación y la movilización de los estudiantes y la sociedad en general. El sistema político actual sigue preso de malas políticas pasadas, escasa convicción política y el lobby de los grupos de interés. Ante problemas estructurales, soluciones estructurales. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/12/17/gratuidad-para-las-empresas-de-la-educacion-superior-los-limites-del-estado-neoliberal/
  17. Atrasos en cuotas mantiene el negocio redondo en la educación superior chilena La letra chica del CAE: miles de estudiantes aún pagan casi un 6% de interés a los bancos por Macarena Segovia y Alejandra Carmona 26 agosto 2015 Si los deudores pagan pasados los cinco primeros días del mes o si quieren cancelar el total de la deuda, el mercado no les ofrece el aplaudido 2% al que se rebajó la tasa del Crédito con Aval del Estado el año 2012. En lo que va de este año, cerca de 15 mil deudores han pagado sus cuotas CAE con el triple de intereses, a pesar de ir al día con la cuota del mes. Una dirigente estudiantil lo explica así: “Son formas engañosas de hacerte creer que tienes más acceso a educarte, cuando en verdad es una forma nueva de endeudarte por un servicio diferente”. La noche del 5 de julio de 2011, el ex Presidente Sebastián Piñera trató de ablandar la ira con la que miles de estudiantes llevaban meses saliendo a la calle. Flanqueado por el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, lanzó un salvavidas vía cadena nacional: el Crédito con Aval del Estado (CAE) dejaría de tener la tasa de casi 6% con la que había sido inmortalizado por la Concertación. El negocio había sido jugoso: el año 2006 –el del inicio del “beneficio”– la Comisión Ingresa, institución que administra el crédito, había entregado $26 mil millones a las universidades; una cifra que ascendió hasta $150 mil millones en 2013. Las instituciones financieras también se habían beneficiado: entre 2006 y 2011, los siete bancos que habían intermediado obtuvieron $150 mil millones de ganancia. El anuncio de Piñera de ese 5 de julio de 2011 se concretó. La Ley 20.634, del 4 de octubre de 2012, estableció una rebaja de la tasa de interés del Crédito a UF + 2% anual a partir del 1 de enero de 2012. Por lo tanto, los nuevos beneficiarios –desde ese año en adelante– pagarían con menos intereses que sus compañeros que habían usado este salvavidas de plomo para estudiar desde el año 2006. Todo parecía regularse con la nueva ley; sin embargo, no fue así. La letra chica del acuerdo ha entrampado a miles de estudiantes que pidieron el crédito originalmente. En el caso de los 365 mil beneficiarios que obtuvieron el CAE antes del 31 de diciembre 2011, la ley estableció que la rebaja de tasa aplicará desde el momento en que comience el cobro del crédito. “En términos prácticos, si estos deudores pagan sus cuotas al día y hasta la fecha de vencimiento mensual (día 5 de cada mes o día hábil siguiente si el 5 es sábado, domingo o festivo), tienen el derecho a que el Estado subsidie la diferencia entre la cuota mensual calculada con la tasa de contrato y la cuota que resulta de aplicar la tasa rebajada del 2%”, señalan en la Comisión Ingresa. De lo contrario, ese grupo, el más perjudicado desde que comenzó el crédito, debe seguir pagando altos intereses, que en algunos casos –según el año en que se pidió el crédito– llegan casi al 6%. Pagar al filo Las críticas de algunos deudores es que en muchas ocasiones es inevitable seguir pagando el 6%, ya que esto sucede si un deudor paga al día siguiente de que se cumpla el quinto día hábil del mes o, incluso, si quiere cancelar todo el crédito pedido inicialmente. Para esto último no corre el 2%. Es decir, como cualquier crédito que se pide por un bien de consumo. Ignacio Almagro entró en el año 2007 a estudiar Tecnología Médica a la Universidad de Chile. Ignacio Almagro recuerda que intentó pagar el monto total de la deuda. “Para mí era mucho más conveniente pedir un crédito de consumo en otro banco y pagar toda la deuda del CAE”, pero no se lo permitieron, y si se lo hubieran permitido, la deuda se cobraría con un 6% del interés. A pesar de que solo su padre trabajaba, pertenecía al tercer quintil de ingresos, por lo que tuvo que estudiar con el Crédito Fondo Solidario (CFS), que cubría un 80% del arancel de referencia, y con el CAE, que le cubría el 20% restante. Entre ambos créditos, hoy debe 19 millones de pesos, intereses incluidos. Ignacio egresó en el 2013 y comenzó a pagar en octubre de 2014. “Sin que hayan transcurrido los 18 meses desde su egreso, que establece el contrato, me mandaron una carta de cobranza judicial, porque el banco no te da aviso”, relata. El problema surgió porque durante su último año de estudios no solicitó el crédito y esta información no fue cursada por el banco. Tenía 4 meses de cobranzas atrasadas y debió ponerse al día en un plazo determinado por la institución financiera, para no seguir atrasándose. Según Ignacio, el verdadero problema lo tiene con el Crédito con Aval del Estado, ya que es muy complejo pagarlo. “Primero, tienes 5 días para la rebaja al 2%. Si te pasas al día 6 te sube al 6% y te empiezan a llamar de inmediato. Además, no tienes la posibilidad de pagar por medio de una transferencia bancaria”, aunque le ofrecieron abrir una cuenta para poder descontarle automáticamente. Ignacio recuerda que intentó pagar el monto total de la deuda. “Para mí era mucho más conveniente pedir un crédito de consumo en otro banco y pagar toda la deuda del CAE”, pero no se lo permitieron. Y si se lo hubieran permitido, la deuda se cobraría con un 6% de interés. Es decir, si un egresado quiere pagar su crédito –que en rigor duraría 20 años– a los tres años de egresado, debe cancelar hasta ese día en que paga con el interés pactado originalmente. Esto hace que la única forma que tenga un estudiante que firmó el crédito antes de 2012, de pagar con la tasa rebajada a un 2%, sea pagar mes a mes la cuota en el banco. Carlos quiso repactar la deuda, pero –según dice– no se lo permitieron, ya que, de acuerdo al contrato, las cuotas se pactan a 20 años. El joven señala que el principal problema es que no informan bien la rebaja al 2% que se implementó en el gobierno de Sebastián Piñera, beneficio al que no puede acceder, ya que es moroso, por lo tanto a su deuda se le aplica un 6% del interés y se transforma en un círculo vicioso. Actualmente, el joven trabaja como garzón, gana 260 mil pesos mensuales y paga una pensión de 90 mil pesos a su hija, que ya tiene 5 años. Además, paga el arriendo de una pieza, debido a que el año pasado perdió el subsidio por una casa propia, porque está en Dicom. “Me coartó todas las oportunidades, una maldición que voy a tener 20 años encima”. Otra crítica es al pacto de la deuda, la que determinó como “unilateral”. “A mí me pactaron la cuota por internet, nunca me llamaron del banco”, cuenta, lo que se suma al desconocimiento del contenido del contrato a la hora de firmar inicialmente, ya que no le dieron una copia de este. Para Ignacio, tomar el CAE fue un gran error. “El sistema está tan mal que es como pegarte un balazo en los pies”. Para él los grandes ganadores “son las universidades que tienen consorcios, como Laureate, que tienen mucha demanda de estudiantes con CAE. Y bueno, el banco que te tiene preso durante 20 años y te cobra por todo”. Este 2015, los encargados de administrar y financiar los créditos solicitados por los nuevos beneficiarios son Banco Scotiabank, Estado e Itaú. Desde Ingresa señalan que todo está claro y lo explican así: “En el portal oficial del Crédito CAE (www.ingresa.cl), hay tres secciones básicas: 'Postular al Crédito', 'Estudiar con Crédito' y 'Pagar el Crédito'. En “Pagar el Crédito”, hay un área dedicada a ¿Qué beneficios tengo si pago al día?, uno de los cuales es justamente la Rebaja de la Tasa de Interés al 2%”. Imposible repactar “El Crédito con Aval del Estado me cagó la vida”, es lo primero que dice Carlos Horta Riveros. Según datos de Ingresa, mientras 484.591 egresados cancelaron sus cuotas a tiempo, 87.031 sumaron altos intereses, a pesar de haber pagado durante el mismo mes, pero no los primeros cinco días. Carlos Horta aún ni siquiera puede repactar. Tiene 26 años, una hija pequeña de 5 años, dos carreras sin terminar y una deuda de 8 millones y medio con el Banco Falabella, institución que lo demandó en el 9°Juzgado de Santiago por el no pago de las cuotas del CAE. Carlos, como gran parte de los estudiantes de los primeros quintiles, estudió su enseñanza media en un colegio público, el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna de La Florida. Salió el 2006 de 4° medio y al año siguiente entró a estudiar Informática en el instituto IP. Allí decidió tomar el Crédito con Aval del Estado: “Tenía 18 años, no había nadie que me pagara, tenía una pega part-time, dentro de las opciones era lo más barato y no me iba a poder pagar 1.300.000”. Carlos ingresó a su carrera como estudiante con CAE. “Los ejecutivos no me dieron mayor información sobre el crédito, ellos querían amarrarme rápido no más, pero no pierden tiempo explicándote la tasa de interés, que la deuda es en UF, no te explican”, dice sobre el Banco que le dio el crédito. Y desde el año 2008 en adelante se vino un sinfín de hechos que lo dejarían absolutamente endeudado y sin ninguna profesión: el 2008 abandonó la carrera porque no le gustó. Luego entró a estudiar Ingeniería en Administración de Empresas a la Universidad Andrés Bello y en el 2010 fue papá, lo que le hizo más complicado seguir estudiando. “Estaba trabajando y pagaba 60 mil pesos, me empezó a ir mal con los ramos y deserté de la carrera el año 2011”, cuenta. En octubre de 2014, Carlos se acercó a Banco Falabella para conocer su situación respecto al pago del CAE. Se había cambiado de casa, por lo que nunca recibió el aviso de Ingresa, ni del banco. “La persona me dijo: esto ya no aparece como deuda, ya está en cobranza directa”. Carlos quiso repactar la deuda, pero –según dice– no se lo permitieron, ya que, de acuerdo al contrato, las cuotas se pactan a 20 años. El joven señala que el principal problema es que no informan bien la rebaja al 2% que se implementó en el gobierno de Sebastián Piñera, beneficio al que no puede acceder, ya que es moroso, por lo tanto a su deuda se le aplica un 6% del interés y se transforma en un círculo vicioso. Actualmente, el joven trabaja como garzón, gana 260 mil pesos mensuales y paga una pensión de 90 mil pesos a su hija, que ya tiene 5 años. Además, paga el arriendo de una pieza, debido a que el año pasado perdió el subsidio por una casa propia, porque está en Dicom. “Me coartó todas las oportunidades, una maldición que voy a tener 20 años encima”. Según datos de Ingresa, entre enero y julio de 2015, un 15% de las personas con CAE han pagado con un casi 6% del interés, porque no pagaron los primeros cinco días del mes. Mientras que 484.591 cancelaron sus cuotas a tiempo, 87.031 sumaron altos intereses. A Macarena López le pasó solo una vez y aprendió rápidamente que no podía atrasarse, aunque en su trabajo a veces le paguen a mediados de mes. “Fui a mi banco el día 6 y el crédito vencía el día 5. Me di cuenta porque, en vez de pagar los $70 mil de cada mes, esta vez el cajero me cobró casi $130 mil. Menos mal yo pude ir y sacar la plata del cajero, pero qué pasa con los que no pueden. Además, es un círculo vicioso porque vas quedando atrasado un mes por pagar desfasado un día y eso te impide optar a otros beneficios, como pagar sólo el 10% de tu sueldo en CAE”, dice esta publicista que egresó el año 2011 y a la que aún le faltan por pagar más de 10 años en cuotas por el crédito. Respecto a la letra chica del CAE, la presidenta de la Feusach, Marta Matamala, dice que “esas son las formas perversas de mantener a la banca y sus lógicas de mercado en la educación. El no poder resolver mi deuda más rápido me ata a ser siempre servil a un banco, y el aumento en el interés no se sale de cómo funcionan los bancos en cualquier préstamo. Son formas engañosas de hacerte creer que tienes más acceso a educarte, cuando en verdad es una forma nueva de endeudarte por un servicio diferente”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/26/la-letra-chica-del-cae-miles-de-estudiantes-aun-pagan-casi-un-6-de-interes-a-los-bancos/
  18. TC declara constitucional proyecto que elimina el lucro, copago y selección escolar Aunque el proyecto ya había sido aprobado en enero pasado por el Congreso, la iniciativa debía ser visada por el TC para convertirse en ley. Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) aprobó sin reparos el proyecto de ley que elimina el lucro, financiamiento compartido y selección escolar en colegios que reciben aportes permanentes del Estado. Con respecto a la gratuidad, el proyecto indica que "El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los establecimientos subvencionados o que reciban aportes permanentes del Estado". Asimismo, se garantiza el respeto a la diversidad, indicando que "el sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultura, religiosa y sociales de las familias". El aspecto de garantizar la calidad de la educación también se explicita en el documento, el cual señala que "es deber de Estado propender a asegurar a todas las personas un educación inclusiva de calidad". De esta manera, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo queda lista para ser promulgada y convertirse en Ley de la República. Aunque el proyecto ya había sido aprobado en enero pasado por el Congreso, debía ser revisado por el TC para convertirse en ley. Puedes leer el documento aqui. CONTENIDO OCULTO http://www.24horas.cl/incoming/article1667700.ece/BINARY/TC%20declara%20constitucional%20proyecto%20que%20elimina%20el%20lucro,%20copago%20y%20selecci%C3%B3n%20escolar Fuente: CONTENIDO OCULTO http://www.24horas.cl/nacional/tc-declara-constitucional-proyecto-que-elimina-el-lucro-copago-y-seleccion-escolar-1667692?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
  19. Marcos Barraza: El PC que asume en Desarrollo Social y que estuvo vinculado a la crisis Arcis The Clinic Online | 11 Mayo, 2015 En 2012, según consignó hace un tiempo Ciper Chile, Barraza participó del retiro de utilidades de la Inmobiliaria Libertad, la que hasta junio de 2013 era dueña de las sedes de la Arcis en calles Huérfanos y Riquelme. El rol del PC en la crisis de la casa de estudios no ha sido aclarado: en abril el informe de la comisión investigadora que eximía de responsabilidad a miembros del PC con el argumento de que no había antecedentes para concluir que hubo lucro en esa casa de estudios fue rechazado, lo que generó una crisis en el oficialismo. El recién nominado ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, fue una de las figuras del Partido Comunista que estuvo ligado a la crisis de la Universidad Arcis a través de Ical. Las investigaciones periodísticas realizadas sobre el tema dan cuenta de que a través de distintas sociedades, como consignó una demanda de los trabajadores del centro de estudios, el PC se hizo del control de Arcis. Se trata del Centro de Estudios y Análisis de Políticas Públicas (representado por Pablo Monje); Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Ical (representado por Juan Andrés Lagos); Ediciones Ical e Ical Capacitación (representadas por Luis Espíndola), Servicios Ical y ONG Ical (representadas por Claudio De Negri) y Arrayán Seguridad y Aseo (representada por Patricio Palma). Todas las sociedades figuran domiciliadas en Cumming 350, dirección del Partido Comunista de Chile y al que pertenecen todos sus representantes legales. Aunque el PC y el Ical se retiraron en enero de 2014 de la institución, la investigación jurídica, a la que tuvo acceso The Clinic en 2014, plantea la responsabilidad de todas estas empresas, unidas económicamente a través del PC, sobre los sueldos y cotizaciones de los trabajadores. A la vez, solicita el congelamiento de sus cuentas y el pago de una multa, según el artículo 507 del Código del Trabajo, por haber realizado acciones tendientes a ocultar el patrimonio de la universidad. De Barraza, quien hasta hoy era subsecretario de Previsión Social, específicamente, según consignó Ciper Chile se establece que estuvo involucrado en el retiro de utilidades desde la inmobiliaria Libertad, ligada a su vez a Ical. “El 12 de diciembre de 2012 se reunieron los cuatro socios de Inmobiliaria Libertad S.A. El socio mayor era ONG ICAL, representada por Claudio De Negri Quintana, que con 101 acciones tenía el 50,5% de la propiedad. Ediciones ICAL Ltda., cuyo representante era Marcos Barraza, tenía el 25,5%. Con ambas el PC ya controlaba el 76% de las acciones de la inmobiliaria. Además, el partido ya tenía la mayor parte de Inversiones Salvador S.A., que seguía siendo titular del 23,5%. Y Max Marambio, a través de Nazareno S.A., apenas conservaba una acción, equivalente al 0,5%. El acta de esa sesión indica que Marcos Barraza, presidente del directorio, partió señalando que la venta de Huérfanos 1721 ya se había concretado. Después, informó que la inmobiliaria “no contempla proyectos de nuevas inversiones propias del giro, por lo que no tiene sentido y carece de justificación mantener en caja sumas superiores al capital de $1.600 millones” (*). Con esa justificación, Barraza propuso reducir el patrimonio de la sociedad. Acto seguido, De Negri tomó la palabra en nombre de ONG ICAL y pidió aprobar la propuesta “porque su representada requiere dichos fondos para las actividades propias de su institución”. Así, se sancionó la segunda repartición de utilidades detectada por CIPER en el manejo de la universidad ARCIS. La expansión del PC en Arcis En 2004 se creó la Inmobiliaria Libertad para sacar de la crisis a una universidad desfinanciada por una expansión regional fracasada. La sociedad quedó constituida por cuatro socios, cada uno con cerca del 25% de sus acciones: Max Marambio (mediante sus sociedades Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.), Ediciones Ical Limitada, Inversiones Salvador S.A. (formada por académicos para esta instancia) y Corporación Universidad Arcis. Ediciones Ical, según establece el estudio, habría sido creada poco antes, en diciembre de 2003. Fue constituida por Óscar Azócar y el ahora diputado Daniel Núñez, ambos miembros del PC y socios de la Corporación Arcis. Este fue el comienzo de una serie de acciones entre otros miembros de la Corporación y el PC, quienes formaron varias sociedades paralelas que se desprenden del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), think tank del PC fundado en 1983, y que en el transcurso de la permanencia del partido en la universidad, recibieron pagos o ejecutaron acciones en representación de la casa de estudios. La primera de estas sociedades fue Ical Capacitaciones, creada el 22 de agosto de 2006 por los socios constituyentes Gastón Quezada, Rolando Álvarez y Marta Godoy. Luego, el 3 de marzo de 2008, Patricio Palma y Juan Andrés Lagos, quien ocupó cargos directivos en la Corporación desde 2004 hasta enero de este año y actualmente es asesor de Nicolás Eyzaguirre en el Ministerio de Educación, formaron el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz Sociedad Anónima. El estudio también establece que miembros de la Inmobiliaria Libertad, representada por Patricio Palma, Jorge Cárcamo y Pablo Monje, constituyeron, el 31 de marzo de 2011, el Centro de Estudios y Análisis de Políticas Públicas. Y el 4 de septiembre de 2013, Inmobiliaria Libertad, representada por el propio Palma, constituyó Arrayán Seguridad y Aseo S.A, junto a la socia Camila Vergara. Ambas sociedades también con domicilio en Cumming 350, sede del PC. La arremetida del Ical en Arcis continuó. Primero mediante modificaciones a la sociedad comercial de responsabilidad limitada Servicios Arcis, cuyo nombre de fantasía era Liberarcis y que fue creada por Jorge Arrate y Roberto Celedón y administrada por Sergio Trabucco en 2003. El 11 de julio de 2010, Jorge Echeverría cede el 100% de sus derechos a Ical Ediciones quedando ésta y la Corporación como únicos socios de Liberarcis, dejando como administrador a Pablo Monje. Un año después, el 25 de septiembre de 2011, la Corporación Arcis cede a Ical el 100% de sus derechos sociales (90% del capital social) en $900.000. Así, con la ONG Ical controlando el 90% de los derechos sociales e Ical Ediciones con el 10% restante, se modificó la razón social a Servicios Ical Limitada, pudiendo usar como nombre de fantasía Consultora Ical. La presencia de Ical, desde entonces, quedó sin contrapeso en el Directorio de la Corporación. La presidencia fue asumida por Marcos Barraza, actual subsecretario de Previsión Social, quien entonces era director de Ical. Con Barraza a la cabeza el PC sumó seis directores –de un total de siete- controlando completamente la universidad. Hasta ahora el rol del PC en la crisis Arcis no ha sido aclarado: en abril el informe de la comisión investigadora que eximía de responsabilidad a miembros del PC con el argumento de que no había antecedentes para concluir que hubo lucro en esa casa de estudios fue rechazado, lo que generó una crisis en el oficialismo. Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/05/11/marco-barraza-el-pc-que-asume-en-desarrollo-social-y-que-estuvo-vinculado-a-la-crisis-arcis/
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