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  1. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/344938-notarias-septiembre-futura-ley-de-notarios-zen-que-consiste-la-figura-del-fedetario/?hl=%2Bnotarios&do=findComment&comment=24012016 07 Enero 2019 Las 16 audiencias por lobby registradas en la Cámara por ley de notarios Los diputados Jorge Alessandri (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Matías Walker (DC), Gabriel Boric (MA), Leonardo Soto (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Francisco Eguiguren (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Raúl Soto (DC), Amaro Labra (PC) y un asesor de Luciano Cruz-Coke (Evópoli), recibieron a gestores de intereses relacionados a la ley en marcha. Algunos concretaron audiencias más de una vez. “Hay un lobby feroz para impedir cambios fundamentales en la reforma de notarios”. La acusación hecha por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en entrevista con La Tercera, abrió el debate sobre las reuniones de legisladores con las asociaciones que se verían afectadas por esta iniciativa. Dentro de la Comisión de Constitución de la Cámara -donde se está discutiendo este proyecto- si bien algunos parlamentarios reconocieron la existencia del lobby, discreparon del tono del ministro y señalaron que se ha hecho “de forma transparente”. Desde que el proyecto de ley ingresó el 2 de septiembre vía Cámara de Diputados, 16 audiencias constan en el registro público que la corporación mantiene en su link de Transparencia. Así, los diputados Jorge Alessandri (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Matías Walker (DC), Gabriel Boric (MA), Leonardo Soto (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Francisco Eguiguren (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Raúl Soto (DC), Amaro Labra (PC) y un asesor de Luciano Cruz-Coke (Evópoli), recibieron a gestores de intereses relacionados a la ley en marcha. Algunos concretaron audiencias más de una vez. Según estos registros, sindicatos del Conservador de Bienes Raíces como también representantes de la Asociación de Notarios han acudido hasta el Congreso de Santiago y de Valparaíso, para expresar sus apreciaciones sobre el proyecto. Entre las tratativas, según las solicitudes de audiencias, el punto central de interés que se plantearon estas audiencias apunta a las consecuencias para trabajadores y usuarios sobre el proyecto de división juridisccional del Conservador de BienesRaíces de Santiago, que, a juicio de las asociaciones, sería perjudicial. La mayoría de los diputados consultados por La Tercera ayer señalaron que todas las audiencias se registraron y que cumplen con los requerimientos de la Ley de Lobby. El ministro, sin embrago, habló de que se han realizado “comidas”, advirtiendo sobre eventuales presiones ejercidas sobre los parlamentarios. “Algo hemos oído de comidas, actuaciones e informes, no tenemos claro exactamente qué es lo que hay, pero sí advertimos esa presión”, fueron las palabras de Larraín. En los registros, en tanto, aparecen tres direcciones señaladas como lugar donde ocurrieron las audiencias que no corresponden a sedes del Congreso: las del 21 del 12 realizada a las 11 horas entre José Antonio Valenzuela (asesor de Cruz-Coke), que según el registro ocurrió con el Sindicato de Empresas Conservadoras de Bienes Raíces en la Calle Carlo Magno 1428, Providencia. El mismo sindicato celebró en Agustinas 1185, oficina 57, una audiencia con Aamaro Labra el día 17 de diciembre pasado, a las 11.30 horas. Mismo lugar donde el 30 de noviembre también se reunió el diputado Jorge Alessandri con el secretario de la Asociación de Notarios, Mauricio Astudillo. Desde esa asociación, su presidente, Alfredo Martin, afirmó que “jamás me he reunido con parlamentarios en audiencias que no sean oficiales y reguladas”. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/las-16-audiencias-lobby-registradas-la-camara-ley-notarios/474225/
  2. 12 Noviembre 2018 Diputados no registraron viaje por Lobby: deberán enfrentar a la Comisión de Ética Gabriel Boric (MA) y Maite Orsini (RD) integraron la delegación que visitó Palestina a fines de agosto. Fue una Invitación del Secretario General De OLP, Saeb Erakat” con un costo de $3.000.000. Hoy, la presidenta de la Cámara Maya Fernández confirmó que el diputado Gabriel Boric “tendrá que dar explicaciones” por su reunión en Francia con Ricardo Palma Salamanca y que será citado a la Comisión de Ética. “El diputado tiene que dar las explicaciones y dar cuenta de lo que ocurrió, porque es lo que corresponde. Entiendo que va a ir o lo van a traspasar a (Comisión de) Ética. Mi rol es garantizar el cumplimiento del reglamento y me imagino que se hará un debate y ahí la Comisión de Ética tendrá que tomar una decisión puntual”, dijo Fernández a radio Cooperativa. Hasta esa, la diputada socialista desconocía que la parlamentaria RD, Maite Orsini también estuvo en la polémica cita en París. Además de las críticas por el encuentro con Palma Salamanca, Boric y Orsini se exponen a una sanción de la Comisión de Ética de la Cámara de diputados por incumplir la obligación de registrar su viaje a Palestina en el Registro de Lobby. Si bien el viaje realizado en agosto no tuvo un costo para la Cámara porque se trató de una invitación de la comunidad palestina, los parlamentarios tienen la obligación de registrar este tipo de encuentros pagados con un máximo de 30 días. A diferencia de Boric y Orsini, Jaime Bellolio (UDI) consigna una “Visita Oficial Mediante Una Invitación De Parte Del Secretario General De Olp, Saeb Erakat” con un costo de $3.000.000. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/diputados-no-registraron-viaje-lobby-deberan-enfrentar-la-comision-etica/398299/
  3. 15 Diciembre 2017 Pescadores de Juan Fernández denuncian lobby que busca reducir en 80% parque marino En una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, acusan directamente a Subpesca de pasar por alto la protección marina que anunció la propia mandataria en su cuenta pública del 1 de junio. En una carta abierta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, los sindicatos y agrupaciones de pescadores Juan Fernández acusaron a la Subsecretaría de Pesca de "reducir hasta en 80 por ciento el parque marino en torno al archipiélago que fue propuesto por nuestra comunidad" y que fue anunciado por la jefa de Estado. "Dicha Subsecretaría está defendiendo los intereses particulares de la flota que pesca pez espada, lo que atenta contra el ecosistema del que dependemos y pone en riesgo su legado como Presidenta de Chile", advierte la misiva, que también acusa a la repartición estatal de negarse "a la ampliación del área marina protegida de múltiples usos de 12 a 24 millas". "Para nosotros esta es la zona histórica de pesca local y la que está en mejor estado de conservación debido al cuidado que hemos tenido en nuestra actividad pesquera", sostienen los pescadores, quienes advierten que, en cambio, "la propuesta de Subpesca está pensada en favorecer en el corto plazo a un sector pesquero que ha actuado en beneficio propio y en perjuicio del bien común". La nota, que lleva la firma de los sindicatos de Pescadores Independientes de la Pesca Artesanal de Juan Fernández y de Pescadores de la isla Alejandro Selkirk, de la Agrupación de Pescadores de Robinson Crusoe, y del Gremio de Turismo de Robinson Crusoe, asegura que han mantenido "una cultura de respeto por el medioambiente la langosta de Juan Fernández es la pesquería más sustentable de Chile y nuestra forma de manejar su pesca ha sido considerada como un ejemplo para el mundo. Cuidar la naturaleza es para nosotros una convicción ética (...) Aprendimos tempranamente que si no cuidábamos las especies marinas que nos dan el sustento, simplemente no tendríamos qué comer el día de mañana". Sin embargo, sostiene que "esto no durará mucho tiempo si no hacemos algo para cuidarlos. Cada vez más se acercan barcos industriales a pescar a estas aguas de manera indiscriminada. Estas flotas han depredado cerca del continente y ahora, como los peces escasean, vienen a buscar lo que nosotros hemos mantenido por más de un siglo. Ya lo vivimos hace unos años cuando los barcos industriales destruyeron varios montes submarinos de Juan Fernández con sus redes de arrastre. Arrasaron con todo, se fueron y no dejaron nada para nosotros ni para el país". Señalan que por eso respaldaron la decisión de la jefa de Estado de proteger el mar de Juan Fernández, que se refrendó el 1 de junio de est año en su Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y el país, señalando que con su establecimiento "Chile llegará a la histórica cifra de un millón de kilómetros cuadrados de su mar completamente protegido y se constituye en un líder mundial en la conservación marina". Por eso, insisten, consideran sorpresivo que ahora la Subpesca defienda "los intereses particulares de la flota que pesca pez espada, lo que atenta contra el ecosistema del que dependemos y pone en riesgo su legado como Presidenta de Chile". Sobre este punto explican que "la pesquería de pez espada se ha desarrollado de manera completamente irregular en las aguas de Juan Fernández. La flota palangrera industrial tuvo un 70% de capturas de ejemplares de pez espada bajo talla el año 2016. Hace unos años dos embarcaciones palangreras encallaron en la isla Alejandro Selkirk, derramando petróleo sobre miles de langostas que se encontraban en nuestro viveros listas para ser exportadas. Los barcos fueron abandonados y nunca se hicieron responsables del daño causado. También tenemos pruebas de la captura ilegal de langostas que estos barcos han hecho en nuestras islas". Finalmente, los pescadores expresan que "con mucho esfuerzo y por varias generaciones a lo largo de 120 años hemos hecho sacrificios muy grandes para tener el ecosistema en excelente estado de conservación y la pesquería más importante de Chile. Reducir el parque marino que propusimos equivale a castigarnos injustamente y favorecer a los que han depredado nuestros mares". CARTA ABIERTA DE JUAN FERNANDEZ A PRESIDENTA MICHELLE BACHELET Excelentísima Presidenta Bachelet, El pueblo del Archipiélago de Juan Fernández ha sido guardián del mar que nos rodea desde sus inicios. Por nuestra ubicación tan remota y las dificultades para conectarnos con el resto de Chile aprendimos tempranamente que si no cuidábamos las especies marinas que nos dan el sustento, simplemente no tendríamos qué comer el día de mañana. Gracias a esta cultura de respeto por el medioambiente la langosta de Juan Fernández es la pesquería más sustentable de Chile y nuestra forma de manejar su pesca ha sido considerada como un ejemplo para el mundo. Cuidar la naturaleza es para nosotros una convicción ética. Ya que hemos sido afortunados por la abundancia marina en nuestras islas, no hemos sido codiciosos, evitando pescar más allá de lo necesario. Por ello la totalidad de la zona económica exclusiva que rodea al archipiélago aún posee una gran abundancia de especies como atunes, peces espada, tiburones y jureles. Pero esto no durará mucho tiempo si no hacemos algo para cuidarlos. Cada vez más se acercan barcos industriales a pescar a estas aguas de manera indiscriminada. Estas flotas han depredado cerca del continente y ahora, como los peces escasean, vienen a buscar lo que nosotros hemos mantenido por más de un siglo. Ya lo vivimos hace unos años cuando los barcos industriales destruyeron varios montes submarinos de Juan Fernández con sus redes de arrastre. Arrasaron con todo, se fueron y no dejaron nada para nosotros ni para el país. Esta amenaza latente nos llevó a proponer la protección del Mar de Juan Fernández, de un incalculable valor ecológico, a través de la creación de un parque marino de 485 mil kilómetros cuadrados, más un área marina costera protegida de múltiples usos hasta las 24 millas desde las islas, para la subsistencia y desarrollo sostenible de nuestro pueblo. Queremos reconocer y agradecer su decisión de proteger el Mar de Juan Fernández, acogiendo esta propuesta tan sentida de nuestra comunidad. Recibimos con orgullo y emoción su decisión de crear estas áreas marinas protegidas anunciada el 1 de junio de este año en su Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y el país, señalando que con su establecimiento “Chile llegará a la histórica cifra de un millón de kilómetros cuadrados de su mar completamente protegido y se constituye en un líder mundial en la conservación marina.” Nos complace enormemente como pueblo haber aportado a este legado ambiental histórico, no sólo con el parque marino Juan Fernández sino también con el parque Nazca-Desventuradas, de 300.000 km2, también impulsado por nuestra comunidad. A través de delegaciones de Juan Fernández la hemos acompañado junto a sus Ministros en cuatro conferencias internacionales donde su legado de conservación marina fue aplaudido: la Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas, IMPAC4, la Asamblea General de la ONU y Our Ocean 2017 en Malta. Por estas razones queremos expresarle nuestra sorpresa y máxima preocupación por la intención de la Subsecretaría de Pesca de reducir hasta en un 80 porciento el parque marino de Juan Fernández propuesto por nuestra comunidad y anunciado por usted. También Subpesca se niega a la ampliación del área marina protegida de múltiples usos de 12 a 24 millas. Para nosotros esta es la zona histórica de pesca local y la que está en mejor estado de conservación debido al cuidado que hemos tenido en nuestra actividad pesquera. Dicha Subsecretaría está defendiendo los intereses particulares de la flota que pesca pez espada, lo que atenta contra el ecosistema del que dependemos y pone en riesgo su legado como Presidenta de Chile. La pesquería de pez espada se ha desarrollado de manera completamente irregular en las aguas de Juan Fernández. La flota palangrera industrial tuvo un 70% de capturas de ejemplares de pez espada bajo talla el año 2016. Hace unos años dos embarcaciones palangreras encallaron en la isla Alejandro Selkirk, derramando petróleo sobre miles de langostas que se encontraban en nuestro viveros listas para ser exportadas. Los barcos fueron abandonados y nunca se hicieron responsables del daño causado. También tenemos pruebas de la captura ilegal de langostas que estos barcos han hecho en nuestras islas. Con mucho esfuerzo y por varias generaciones a lo largo de 120 años hemos hecho sacrificios muy grandes para tener el ecosistema en excelente estado de conservación y la pesquería más importante de Chile. Reducir el parque marino que propusimos equivale a castigarnos injustamente y favorecer a los que han depredado nuestros mares. La propuesta elaborada por la comunidad de Juan Fernández fue pensada en beneficio del país - cuyas pesquerías están sobreexplotadas en un 70% - y en los océanos del mundo que requieren mayores áreas marinas protegidas para conservar sus ecosistemas y recuperar la actividad pesquera. A través de este parque marino y el área marina costera protegida de múltiples usos hasta la milla 24 alrededor de las islas, se protegerá una reserva de vida y recursos marinos para siempre y se fortalecerá nuestra pesquería artesanal y el turismo, además de ayudar a nuestros compañeros del continente que sufren por la escases de recursos marinos que se han sobreexplotado. La propuesta de Subpesca, en cambio, está pensada en favorecer en el corto plazo a un sector pesquero que ha actuado en beneficio propio y en perjuicio del bien común. Presidenta Bachelet, confiamos plenamente en que usted cumplirá su palabra con Juan Fernández y hará respetar su decisión frente a reparticiones de su Gobierno que pretenden atentar contra el mayor legado ambiental en la historia de Chile. Sindicato de Pescadores Independientes de la Pesca Artesanal de Juan Fernández Agrupación de Pescadores de Robinson Crusoe Sindicato de Pescadores de isla Alejandro Selkirk Gremio de Turismo de Robinson Crusoe Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/15/pescadores-de-juan-fernandez-denuncian-lobby-que-busca-reducir-en-80-parque-marino/
  4. 28 Noviembre 2017 Enrique Correa: el rey de lobby que menos audiencias registra en la ley que regula el lobby Luego de ser uno de sus principales impulsores desde la industria y al cabo de tres años de funcionamiento, el ex ministro representa todas las prácticas que en una nueva etapa de la legislación deben ser superadas. Luego de 10 años de tramitación en 2014 se aprobó la ley que regula la actividad del lobby en Chile. Uno de los más activos involucrados en su discusión, fue el ex ministro Enrique Correa, dueño y fundador de la consultora Imaginacción, quien estuvo entre los primeros en reconocer abiertamente que se dedicaba al lobby, en un intento por quitarle el barniz peyorativo y transparentar esta actividad, cuyo principal objetivo es influir en las autoridades para la toma de decisiones públicas. Al cabo de tres años de funcionamiento, la ley obliga a que los lobbistas se inscriban en un registro y además todas las audiencias efectuadas con las autoridades, queden debidamente anotadas. Sin embargo, es el propio Correa quien menos aparece en los registros de audiencias con las autoridades. Este año, sólo aparece una audiencia entre Correa y el Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, efectuada según el registro el 12 de septiembre. Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, afirma que la ley en los términos que está planteada actualmente, se está cumpliendo. Efectivamente se están registrando las audiencias y los viajes y en general si bien necesita perfeccionamiento, se está capturando información relevante”, sin embargo, al mismo tiempo, enfatiza que “en el tema más de fondo, creemos que la ley tiene que pasar a una nueva etapa de la regulación del lobby. Actualmente la legislación se enfoca en las autoridades y en sus audiencias con gestores de intereses y lobbistas. Sin embargo, las autoridades no hacen el lobby, son los lobbistas los que deben transparentar mucho más su actividad. Así sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en la Unión Europea. Son cuatro ejemplos en que la legislación está enfocada en que el lobbista debe transparentar: quien lo contrata, por cuanto lo contrata, para qué temas lo contrata y con quien está haciendo lobby”. Actualmente, la ley permite que las autoridades que piden una reunión o consulta, no estén obligadas a registrar ese encuentro o conversación. Según Drago, “esa norma existe, más que con un lobista es con expertos en áreas o materias determinadas, donde la autoridad puede requerir él una consulta y solicitar una reunión. Creo que esa norma es correcta. Efectivamente las autoridades tienen que tener ese espacio deliberativo para el proceso de toma de decisiones sobre todo si son ellos los hacen la consulta. Puede que a partir de eso hayan malas prácticas que es muy difícil de saber si existen, justamente porque no queda registro”, asegura. En la audiencia efectuada entre Correa y el ministro Muñoz sólo se especifica que se efectuó para tratar “temas de política internacional vecinal”. Para Drago el contenido de las reuniones es otro de los aspectos a mejorar de la ley. “La trazabilidad del proceso de decisiones públicas se está logrando muy parcialmente. Se registra muy poco del contenido, se utiliza mucho la figura de "otros" y hay audiencias en las que el contenido es muy reducido, y otras que no, en que es muy detallado. Hay una asimetría en la información de la que se deja constancia que hay que modificar, tratar de ser más preciso en lo que queda registrado de las materias discutidas para que exista una trazabilidad en el proceso de toma de decisiones”. Otro de los aspectos importantes es saber cuántas audiencias son efectivamente rechazadas. “Lo que sí necesita una modificación urgente son las audiencias no realizadas, no acogidas. Porque hoy se registran todas las audiencias que se realizaron. Pero no queda ningún registro de las audiencias que fueron rechazadas. Esa es una deficiencia de la ley que hay que corregir pronto, porque esa es la forma de poder detectar si se cumple el principio de no discriminación. La ley obliga a que se reciba a todas las partes que están interesadas en la misma materia. Sin embargo cuando no queda registro de las reuniones rechazadas es imposible realizar un control social sobre este punto”, afirma el presidente del Consejo para la Transparencia. Fuente; http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2017/11/28/enrique-correa-el-rey-de-lobby-que-menos-audiencias-registra-en-la-ley-que-regula-el-lobby/
  5. 14 Julio 2017 Girardi denuncia a British American Tobacco por "lobby y lavado de imagen" en foro: "Es vergonzoso e inmoral que esté vinculado a una empresa que es responsable de 16 mil muertes al año en Chile" Chile Libre de Tabaco le envió una carta a Margarita Ducci Budge, Directora Ejecutiva de Pacto Global Chile, iniciativa promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), auspiciador del evento, manifestando su preocupación por estar vinculada a la industria tabacalera y le solicita que excluyera a BAT del foro, como un imperativo ético, porque "una empresa que mata a sus consumidores no tiene moral para hablar de sostenibilidad". Este viernes Chile Libre de Tabaco, junto al senador Guido Girardi, la Dra. Lidia Amarales, directora de Respira Libre, y Guillermo Paraje, economista de la Escuela de Negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez, denunciaron la "estrategia de lobby y lavado de imagen" de British American Tobacco (BAT), como auspiciador del Foro Iberoamericano de Comunicación Responsable 2017, que se desarrolla en la Universidad Andrés Bello, en el marco de la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en alianza con organismos gubernamentales, empresas estatales y universidades. Sonia Covarrubias, coordinadora de Chile Libre de Tabaco, sostuvo que es impresentable que se establezca una alianza con BAT, quien es “responsable socialmente” de comercializar un producto legal que mata, enferma y discapacita a la población chilena; que diseña estrategias de marketing dirigidas a la población juvenil para iniciarlos en el consumo de tabaco, que viola constantemente la ley de tabaco y que ha sido multada en Chile por desarrollar prácticas anticompetitivas. Chile Libre de Tabaco le envió una carta a Margarita Ducci Budge, Directora Ejecutiva de Pacto Global Chile, iniciativa promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), auspiciador del evento, manifestando su preocupación por estar vinculada a la industria tabacalera y le solicita que excluyera a BAT del foro, como un imperativo ético, porque "una empresa que mata a sus consumidores no tiene moral para hablar de sostenibilidad". Ducci respondió negando que Pacto Global tuviera relación con la organización del evento, sin embargo fue quien inauguró el foro y participó del panel, junto al representante de BAT. Lidia Amarales afirmó que “la industria tabacalera tiene un doble estándar, por un lado está tratando de impedir que avance el proyecto de ley de tabaco en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y por otro participa y auspicia un foro sobre responsabilidad social y sostentabilidad”. En esta misma línea, el senador Guido Girardi dijo “que es vergonzoso e inmoral que Pacto Global esté vinculado a una empresa que es responsable de 16 mil muertes al año en Chile. Toda la política de BAT está enfocada a enganchar a los niños, con aditivos y saborizantes, y hay cómplices pasivos que lo toleran”. Además el senador felicitó a la subsecretaria de Economía y al gerente de ENAP que se abstuvieron de participar y dijo que “como presidente de la Comisión de Salud enviaremos una carta a los rectores de la UCV y de la UAB, porque no nos parece que universidades que tienen un sentido público se presten para este tipo de operaciones comunicacionales o de marketing que está haciendo BAT Chile”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/14/girardi-denuncia-a-british-american-tobacco-por-lobby-y-lavado-de-imagen-en-foro-es-vergonzoso-e-inmoral-que-este-vinculado-a-una-empresa-que-es-responsable-de-16-mil-muertes-al-ano-en-chile/
  6. Viajes de ex ministros: Ximena Rincón anota récord de nueve visitas a la Región del Maule Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/25/832809/Viajes-de-ex-ministros-Ximena-Rincon-anota-record-de-nueve-visitas-a-la-Region-del-Maule.html Según los destinos registrados desde mayo de 2015 hasta octubre de 2016 en la plataforma de la Ley del Lobby, la ex titular del trabajo registró también nueve viajes a la región de Valparaíso. Los ex ministros de la Segegob Marcelo Díaz (PS) y del Trabajo Ximena Rincón (DC) dejaron sus cargos el pasado viernes, un día antes de expirar el plazo legal que obliga a las autoridades a dejar sus cargos públicos en caso de querer postular al Parlamento A la dimisión de Rincón y Díaz se sumó la de la ex ministra del Deporte Natalia Riffo (MAS). En el caso de Rincón y Díaz, ambos arribaron en mayo de 2015 al puesto que dejaron el 18 de noviembre. El ex vocero lo hizo desde la Embajada de Chile en Argentina, mientras que Rincón lo hizo proveniente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. A través de la plataforma de registro del lobby, se pudo conocer la bitácora de ambas ex autoridades durante el año y medio previo a renunciar al Gobierno. En el caso de Rincón, según publicó "El Mercurio", realizó nueve visitas al Maule, zona que hasta antes de ser ministra Segpres, en 2014, representó en el Congreso. En la DC dan por descontada la postulación de Rincón a la circunscripción que en 2017 elige cinco senadores, uno más que en los anteriores procesos. Sin embargo, en abril de 2015, cuando aún no se concretaba su enroque a Trabajo, Ximena Rincón anticipó -en entrevista a "El Mercurio"- su intención de terminar su carrera política tras su paso por el Ejecutivo. "Tengo decidido retirarme de la política después de este trabajo con la Presidenta", aseguró en esa oportunidad. Así como periódicamente Rincón fue al Congreso por el trámite de proyectos afines -traslados que no fueron incluidos en el conteo de ambos secretarios de Estado-, la ex ministra también concurrió en otras nueve oportunidades a la Región de Valparaíso a actividades fuera del Parlamento. Lo hizo, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2015, cuando asistió a la conmemoración del Día del Trabajador Portuario en el puerto de San Antonio. Los viajes del ex vocero de Gobierno En el caso de Marcelo Díaz, sus destinos fueron dispersos a lo largo del país, mientras que La Serena es la única ciudad que repitió al visitar en dos oportunidades. Si bien la Región de Coquimbo no renueva senadores, el ex secretario de Estado sí podría, eventualmente, liderar una repostulación a la Cámara Baja. Anteriormente fue diputado (por dos períodos, 2006-2014) por el distrito 7, el que incluye Andacollo, La Higuera, La Serena, Paihuano y Vicuña. Al dejar la Segegob, Díaz expresó que su salida fue "una decisión vinculada con mi desafío futuro", el que podría estar relacionado con una postulación a la Cámara Alta. En el PS explican que Aysén podría ser una de las circunscripciones por donde podría competir Díaz.
  7. 24 Junio 2016 por CARLOS HUNEEUS La reforma universitaria de Bachelet y los intereses político-económicos que la impedirán Las universidades privadas con fines de lucro y las que tienen intereses políticos pueden mirar con tranquilidad su futuro, porque saben que esa práctica regulatoria llevará a que la anunciada Superintendencia de Educación sea capturada por ellos y no se esforzará por hacer cumplir la ley. En estos años, además, sus controladores y directivos han desarrollado sofisticados sistemas administrativos y contables para prevenir posibles problemas con el Servicio de Impuestos Internos (SII), contratando a distinguidos abogados y expertos tributarios, incluyendo a un ex director del SII. “Las revoluciones asumen un curso que es para nosotros familiar a través de la historia y que a menudo vuelve a conducir hacia las fuerzas del pasado”. (Max Weber, 2 de diciembre de 1918). La Presidenta Michelle Bachelet ha prometido una ambiciosa reforma a la educación superior para que sea gratuita, sin fines de lucro y de calidad. Estos objetivos acogen las demandas de las organizaciones estudiantiles del 2011, con masivas manifestaciones ciudadanas, cuyo cumplimiento han exigido este año las federaciones estudiantiles de la Confech. Veintisiete meses después de llegar a La Moneda por segunda vez, su gobierno no tiene una propuesta sobre la reforma de educación superior. Ha iniciado la gratuidad, aunque sin una ley que la defina, establezca sus objetivos y regule su funcionamiento. No ha entregado información sobre el monto de recursos que requerirá y cuál será su financiamiento, a mediano y largo plazo. Se ha recurrido a una argucia legal, “la glosa”, recurso empleado antes por el Ministerio de Hacienda para impulsar políticas, cuando ha querido evitar al Congreso cuando necesita una ley que las financie. El Ministerio de Educación ha mantenido un estricto secreto sobre el contenido de la reforma. Se ha limitado a entregar minutas, muy generales, a los rectores del CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) y a los dirigentes de la Confech. Sin embargo, tales documentes son punteos de temas complejos, lo cual ha acentuado la incertidumbre y la desconfianza en las autoridades universitarias y dirigentes estudiantiles. Mientras tanto, se consolida el nuevo sistema de educación superior transformado por la dictadura, híbrido en su estructura y diverso en su composición, con universidades históricas, estatales y privadas, y nuevas universidades, estatales y privadas de diversa naturaleza las segundas, en las cuales dominan las privadas con fines económicos y las que también tienen objetivos políticos. Esta reforma es la más compleja de este gobierno y probablemente de las anteriores impulsadas por los gobiernos democráticos. Lo es por la importancia de la educación superior, la diversidad de instituciones que se propone cambiar –estatales, no estatales-históricas y privadas fundadas de acuerdo a la legislación de la dictadura–, la variedad y envergadura de los intereses que se verán afectados –políticos, económicos y religiosos– y por la incertidumbre de los apoyos que reúne. Este último aspecto es de enorme trascendencia porque una reforma de esta envergadura no es viable de impulsar sin contar con el respaldo de los rectores, los estudiantes y los profesores. Es una reforma sistémica, pues los cambios afectarán no solo a la educación superior, sino también afectarán al sistema económico, pues varias de las nuevas universidades son controladas por grupos empresariales o empresarios que se han opuesto a las reformas que cambien el orden institucional del sistema económico y han construido apoyos políticos transversales para ello. La política tiene que ver con instituciones, formales e informales, que disponen de capacidades e intereses, que se han desarrollado a lo largo de su historia. Reformar instituciones es una tarea difícil, porque requiere tener claridad de los objetivos, lograr mayorías en el Congreso y tener el apoyo de la comunidad que las componen. Cambios complejos, además, necesitan para su aprobación legislativa no solo la regla decisoria de la mayoría, en la definición de Lehmbruch, sino una proporcional (o consociativa), es decir, una amplia mayoría, para que la institución cuente con una alta legitimidad y sus autoridades dispongan de la autoridad y el poder necesario para llevar a la realidad las transformaciones. Las universidades son instituciones complejas, por sus funciones –la formación de profesionales y el desarrollo de las ciencias, las artes y las letras– y sus singularidades organizativas –integrada por profesores y estudiantes–. La importancia de estas funciones explica que en las democracias avanzadas el Estado ha tenido una preocupación especial por su desarrollo, asumiendo diversas responsabilidades, desde su financiamiento, hasta su supervisión en el uso de los recursos que le proporciona. Al momento del Golpe Militar de 1973 había un sistema universitario heterogéneo, con ocho universidades, que llamaremos “históricas”, dos estatales –la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (UTE)– y seis privadas, con diferentes historias y fuentes de legitimación, creadas por iniciativas de particulares. Todas ellas pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH), creado por ley de 1954, y con personalidad jurídica desde 1964, para apoyar al Ministerio de Educación en el desarrollo de la educación superior. La consolidación de ese sistema fue expresión del Estado de compromiso, que hizo posible el desarrollo de nuestra democracia. Es necesario recordar su surgimiento y desarrollo. La Universidad de Chile fue fundada en 1843, por un Estado pequeño y de reducida complejidad, y se le asignaría también “la superintendencia de la educación”. La Universidad Técnica del Estado (UTE), fundada en 1947, fue posible porque se construyó sobre la base de la Escuela de Artes y Oficios, creada en 1847. El desarrollo del Estado democrático, que incluyó un largo y conflictivo proceso que llevaría a la separación de la Iglesia del Estado, llevó a los católicos en 1988 a la fundación de la Universidad Católica (UC). No fue causal que ocurriera cuatro años después que se aprobaran las leyes “laicas” por el gobierno del presidente Domingo Santa María (1881-1886). Las otras universidades surgieron por iniciativa de las autoridades locales, organizaciones religiosas y habitantes de ciudades del norte, centro y sur del país. En 1919 se creó la Universidad de Concepción (UdeC), en lo cual la Masonería tuvo un importante papel, y en 1954, la Universidad Austral de Valdivia. Se crearon universidades en otras ciudades, como Valparaíso y Antofagasta, la Universidad Católica de Valparaíso (UCV) (1928) y la Universidad del Norte (1956), respectivamente, por iniciativa de la Iglesia Católica. En 1929 se fundó la Universidad Técnica Federico Santa María con la filantropía de quien lleva su nombre, la única universidad privada propiamente tal, carácter que perdió durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) por la presión de su federación de estudiantes. Las universidades no estatales del CRUCH han beneficiado a los habitantes y a la economía de las regiones de Santiago, Concepción, Valparaíso, Antofagasta y Valdivia. La UdeC es responsable del 95% de la Investigación científica de la Región del Bíobío, como lo indica un estudio reciente de la OCDE. Sorprende el silencio transversal de los parlamentarios de esas zonas, cuando se ignora ese legado Después del golpe militar, las universidades históricas fueron intervenidas, tuvieron rectores delegados, que fueron militares en servicio activo o en retiro, y sufrieron la represión, con diferente intensidad, muy intensa en la de Chile y en la UTE, con detenidos, torturados y hasta desaparecidos. Hubo diferencias en le gestión durante el nuevo régimen, pues en la Universidad Católica de Chile hubo “cogobierno” de militares y civiles, con el Movimiento Gremial (“los gremialistas”) ocupando altas posiciones en su dirección. Ellos tomaron decisiones que reactivaron la expulsión de centenares de profesores en 1975 “por razones presupuestarias”. Y de ahí salieron “los Chicago boys”, que impulsaron el liberalismo radical que desmanteló el Estadio empresario y de bienestar, dos columnas de nuestra democracia, los cuales, además, traspasaron importantes recursos a su Escuela para que impulsara algunos de sus programas, como lo detallé en mi libro El régimen de Pinochet. Este sistema universitario fue drásticamente transformado por los nuevos gobernantes, con dos cambios institucionales, estrechamente vinculados entre sí. Por un lado, se buscó el debilitamiento institucional y económico de la Universidad de Chile y la UTE, que fueron reducidas a universidades de Santiago, perdiendo sus sedes de provincias. Por otro lado, impulsó la privatización de la educación superior, con el objetivo que las instituciones privadas fueran los actores dominantes en el futuro sistema de educación superior. Los dos cambios fueron impulsados siguiendo objetivos políticos, que iban más allá de las aulas y laboratorios: reducir el tamaño del Estado al mínimo y asegurar que el mercado y los empresarios tuvieran un peso dominante en el sistema económico y en la educación superior. El cambio en este último permitiría a los impulsores del cambio influir en la formación de personal profesional y en la formación y difusión de las ideas, que la derecha consideró había perdido por la reforma universitaria. El DFL Nr. 1 del 3 de enero de 1981 quitó a las Universidades de Chile y la UTE sus sedes de provincia y "con el fin de romper con la centralización de la educación”, las fusionó en las respectivas ciudades. Hasta se le cambió el nombre a la UTE, para resaltar el objetivo de reducir su ámbito de acción: es la Universidad de Santiago de Chile (Usach). Esta fusión dio origen a nuevas universidades, trece en total, distribuidas a lo largo del territorio nacional, desde Arica, a Punta Arenas. La Universidad de Chile sufrió otro golpe: se le quitó el Instituto Pedagógico, que tenía en Santiago y Valparaíso, para crear dos universidades: la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Para reafirmar su voluntad de debilitar a las universidades estatales, el gobierno no proporcionó a estas nuevas el financiamiento de su instalación, que provocó un importante costo económico, que dificultó su desarrollo. Este cambio se ha consolidado, porque son universidades que no desean volver atrás, y se incorporaron al CRUCH. Sin embargo, son heterogéneas en su complejidad institucional, calidad académica y desempeño. Como universidades estatales, no tienen una administración moderna, como tampoco la tiene el Estado. Además, han abandonado su carácter inicial –ser universidades regionales–, pues han abierto dependencias en Santiago para realizar actividades de docencia y extensión, similar a las que llevan a cabo las universidades históricas de la capital, reafirmando el centralismo del Estado. El DFL 1 de 1980 privatizó la educación, estableciendo que se podía “crear universidades como instituciones de derecho privado sin fines de lucro” (art. 15). Surgieron cuatro universidades al comienzo de esta nueva etapa, en 1981/1982, en que destaca la Universidad Diego Portales y la Gabriela Mistral, 16 al final de la dictadura, en 1988 y 1989, cuando era evidente que terminaba –entre ellas la de las Américas, la San Sebastián, por empresarios ligados a la UDI, y de los Andes, creada por impulso del Opus Dei– y 11 fueron fundadas en democracia, entre las cuales están la Universidad del Desarrollo, fundada por políticos de la UDI; Bernardo O`Higgins, por iniciativa de militares en retiro; la Miguel de Cervantes, controlada por políticos del PDC, y la Universidad Alberto Hurtado. Esta última fue una iniciativa de los jesuitas. Este nuevo sistema de educación superior no fue interpelado por los gobiernos democráticos, como la privatización de las empresas públicas. Aún más, la privatización fue reforzada, pues Mineduc y el Ministerio de Hacienda se empeñaron en una expansión de la matrícula que fuera financiado por las familias y no por el Estado, que no tenía recursos porque no se subieron los impuestos a los más ricos. Un hito en esta política de expansión de la matrícula fue el Crédito con Aval del Estado (CAE), impulsado desde 2004, que integraría a los bancos en el negocio de la educación, y que sería aprovechado eficazmente por las universidades creadas por intereses económicos. La Presidenta Bachelet ha afirmado que su gobierno ha concluido la “obra gruesa” de sus principales reformas, incluyendo la de educación superior. Sin embargo, ello no es así porque la “obra” es completa, pues cada día que pasa se consolidan las con fines de lucro y las con interés político. Aún más, se pueden reforzar con la gratuidad si se acogen a ella. Cada día que demora en iniciar la reforma, es un día que ganan estas instituciones, que pueden seguir desarrollándose en un sistema sin regulaciones, con un Estado reducido en su tamaño y con universidades estatales que tienen problemas y carencias. En ciertas áreas, como las ciencias sociales, siguen retrasadas. Estas últimas se han expandido y se han consolidado. Algunas tienen decenas de miles de estudiantes, como la Universidad Santo Tomás, Andrés Bello, de Las Américas y San Sebastián, con sedes en regiones, que les da un carácter nacional, que la dictadura quitó a la Universidad de Chile y la UTE. Los controladores y directivos de estas universidades recurren a una falacia estadística al afirmar que su matrícula es muy superior a la de las del CRUCH, que les daría legitimidad para recibir un trato similar a las universidades históricas. Callan el hecho central de que impulsaron un crecimiento irresponsable de la matrícula y fue caro y de mala calidad, aprovechando que el gobierno no estableció regulaciones y no tuvo voluntad política para controlarlas. Ese desarrollo con una “asociación público-privada” generó una burbuja de éxito, que estallaría, con escándalos (Universidad del Mar, casos de sobornos en la acreditación de algunas, que llegaron a la justicia, con sentencias condenatorias) y por su alto costo, que llevó a un endeudamiento de las familias, que se expresó en las protestas de 2011. Las del CRUCH, por el contrario, siguieron una expansión responsable de la matrícula, que ahora utilizan en su contra las privadas con fines de lucro. Para comprender la política de educación superior de los gobiernos de la Concertación, es útil recurrir a la interpretación de Albert O. Hirschman sobre las limitaciones de las políticas de desarrollo por etapas, pues esta fue así. Como las reformas son complejas y no se puede hacer todo en una etapa, se dividen las tareas, de tal manera que en una primera se ponen sus cimientos, para después, en una segunda etapa, impulsar otras políticas que las completarán, corrigiendo los errores cometidos en la primera. En la primera fase de la política de crecimiento de la educación superior el principal objetivo fue impulsar la expansión de la matrícula, para que democratizar el acceso a ella y entraran los hijos de las familias de los estratos populares. Habría sido una etapa exitosa, se dice, porque el 70% de los estudiantes son primera generación. Sin embargo, en esta primera etapa se descuidó de la calidad y el costo, ni se consideraron las necesidades de regulación. Esas limitaciones se corregirían en una segunda etapa, que buscaría consolidar el cambio iniciado en la primera. Sin embargo, como advirtió Hirschman, las políticas que buscan alcanzar objetivos por etapas suelen no llegar a buen término, sin poder pasar a la “segunda etapa”, pues durante la primera se consolidan poderosos intereses que, cuando la autoridad quiere pasar a la segunda etapa y cambiarlos, ellos se oponen porque no quieren perder lo alcanzado. Los obstáculos que enfrenta el gobierno de la Presidenta Bachelet para llevar adelante su política de reforma de la educación superior muestra cuán poderosos son los intereses que se han consolidado en la primera y ellos se encuentran no solo en las universidades surgidas después de 1980/81. La oposición a la segunda etapa se encuentra, primeramente, en las nuevas universidades, especialmente las fundadas por intereses económicos o políticos, porque tienen poder e influencia, que han reforzado en los últimos años, por desarrollos ocurridos fuera de ellas, expresados en el entrecruzamiento de intereses económicos y políticos. Esto se manifiesta en la puerta giratoria de ex ministros y altos funcionarios que trabajan en o con el sector privado, para fortalecer a este. También se manifiesta en los diversos canales de financiamiento, legal, alegal, ilegal o contrario a la ética de la política, que ha creado redes personales con parlamentarios y dirigentes de todos los partidos. Esta convergencia de intereses se refuerza con la derechización de intelectuales y políticos de centro e izquierda y su conversión al neoliberalismo, resaltando las bondades del mercado, las virtudes de los grandes empresarios y elogiando una “modernización” que solo trajo beneficios para todos. No son los controladores de universidades privadas, nacionales o extranjeros, los que necesitan movilizarse para criticar públicamente la reforma de la educación superior. Lo hacen sus lobbistas, sus amigos en la política y en los medios de comunicación y especialmente sus rectores, que tienen contactos para buscar influir a las autoridades y para persuadir a la opinión pública en torno a sus intereses. Un ejemplo es la Universidad de las Américas, controlada por el consorcio estadounidense Laureate, y la San Sebastián, con rectores que son militantes de partidos de la NM, PPD y PDC, respectivamente, y que fueron ministros de la Presidenta Bachelet en su primer gobierno. El presidente de la Junta Directiva de la Andrés Bello, también de Laureate, fue el ministro de Educación de Pinochet que le correspondió impulsar la reforma de 1980/1981 y fue presidente de SQM. El segundo obstáculo viene de una práctica regulatoria del Estado durante un cuarto de siglo, en la cual, con escasas pero honrosas excepciones, los órganos reguladores no tuvieron voluntad política de cumplir su labor, son tigres de papel, sin dientes, ni garras. Sus altos directivos son capturados por la industria que debieran regular y se esfuerzan más por asegurar su éxito, que defender los derechos de los consumidores y de la competencia. El reciente caso de la Superintendenta de AFP, que facilitó la adquisición de una AFP chilena, cuyo presidente es el rector de la Universidad San Sebastián, por una empresa estadounidense, sugiriéndole lo hiciera a través de la fusion con una AFP de papel, que le permitiría evitar el pago de millonario impuesto. El uso de este resquicio legal fue rechazado por la Contraloría General de la República, pero fue visado por el ministro de Hacienda. Esta práctica por años quiere decir que las instituciones regulatorias tienen componentes informales que estarán presentes en la que se establezca para la educación superior. Las universidades privadas con fines de lucro y las que tienen intereses políticos pueden mirar con tranquilidad su futuro, porque saben que esa práctica regulatoria llevará a que la anunciada Superintendencia de Educación sea capturada por ellos y no se esforzará por hacer cumplir la ley. En estos años, además, sus controladores y directivos han desarrollado sofisticados sistemas administrativos y contables para prevenir posibles problemas con el Servicio de Impuestos Internos (SII), contratando a distinguidos abogados y expertos tributarios, incluyendo a un ex director del SII. Una tercera dificultad se encuentra en la fractura del CRUCH, con el Consorcio de las Universidades Estatales (CUE), que llevó a la formación del G-9, que agrupa a las otras. Es una división que no favorece al CUE, ni al objetivo de tener una mejor educación superior. Fue gatillada por las primeras, que reclaman un “trato preferente”. Esta demanda, que tiene legitimidad histórica, divide a una institución que tiene una alta legitimidad histórica, precisamente por tener historias distintas. La inseguridad y la sensación de amenaza pueden generar desarrollos que desborden los objetivos buscados por quienes toman decisiones estratégicas, por muy buenas que hayan sido sus propósitos. Hasta ahora no se aclara en qué consiste esa “preferencia”, más allá de pedir un mayor financiamiento. Además, los discursos y entrevistas en medios de comunicación de algunos rectores, como también de parlamentarios que los apoyan en esto, suscitan nuevas preguntas, que confunden la agenda de reforma. El discurso de lo “estatal” queda, a un nivel normativo, sin referirse a la realidad de sus universidades, con debilidades de administración, gestión y forma de gobierno que se debieran debatir y corregir y los perjudican, especialmente a sus profesores y estudiantes. En una palabra, se requiere una fundamentación secular, laica y no beata, de la demanda de las universidades estatales por una atención “preferente”, con énfasis no solo en los derechos que ello implicaría sino también de sus obligaciones, con mayor transparencia y accountability. Ese debate mostrará, entre otros hechos, que el apoyo en la sociedad es menor al que piensan los rectores y hay considerables matices entre los parlamentarios, incluso de izquierda. La fractura del CRUCH solo favorece a las nuevas universidades privadas de interés económico y las que tienen intereses políticos. La Presidenta Bachelet ha afirmado que su gobierno ha concluido la “obra gruesa” de sus principales reformas, incluyendo la de educación superior. Sin embargo, ello no es así porque la “obra” es completa, pues cada día que pasa se consolidan las con fines de lucro y las con interés político. Aún más, se pueden reforzar con la gratuidad si se acogen a ella. Cada día que demora en iniciar la reforma, es un día que ganan estas instituciones, que pueden seguir desarrollándose en un sistema sin regulaciones, con un Estado reducido en su tamaño y con universidades estatales que tienen problemas y carencias. En ciertas áreas, como las ciencias sociales, siguen retrasadas. Y los parlamentarios y los partidos, especialmente los de gobierno, también tienen responsabilidad en esta situación, sin ofrecer definiciones públicas, convencidos que la protesta estudiantil morirá por cansancio y los jóvenes no los castigarán en las próximas elecciones, siguiendo la tendencia de la juventud por un cuarto de siglo de no concurrir a las urnas. Los dos partidos surgidos del movimiento estudiantil –Revolución Democrática (RD) y la Izquierda Autónoma (IA)– no tienen los recursos políticos para cambiar esa tendencia histórica de no participar en elecciones, ni tienen una propuesta programática para ello. RD integró el equipo directivo de Mineduc hasta hace algunas semanas y tiene responsabilidad en el estado actual; la IA se ha dividido. No fue casual que el primer ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, con el equipo de RD que invitó a trabajar con él, no iniciara el programa de reforma con la educación superior, porque advirtió rápidamente su complejidad y la fortaleza de los intereses que serían afectados. Ella quedaría para una “segunda etapa” del ministerio, en la cual se encuentra en estos momentos, con la situación que hemos tratado de resumir acá. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/24/la-reforma-universitaria-de-bachelet-y-los-intereses-politico-economicos-que-la-impediran/
  8. Topic Oficial 2016 Reforma Laboral Los retrocesos para los derechos de los trabajadores en la Reforma Laboral Gonzalo Castillo | Sábado 2 de enero 2016 9:49 hrs. A más de un año de su presentación, expertos realizan un balance del camino legislativo que ha recorrido el proyecto, el que ha estado, a juicio de los consultados, marcado por los retrocesos en materia de derechos laborales, además del “fuego amigo” que ha torpedeado la iniciativa, según la CUT. Distintos actores sociales hicieron un balance a más de un año que la Reforma Laboral inició su proceso legislativo, en el cual a juicio de algunos expertos, se han verificado retrocesos en un proyecto que ya consideraban deficitario respecto del objetivo de generar más derechos para los trabajadores y sindicatos. El abogado laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, plantea que la Reforma Laboral implica sólo retrocesos para los derechos de los trabajadores, tanto que caracteriza a la iniciativa como un “proyecto de flexibilidad laboral”, y ejemplificó con la introducción de los pactos de adaptabilidad, los cuales permitirán al empleador distribuir de manera más libre los horarios de trabajo de los trabajadores. Otros retrocesos, a juicio de Ugarte, tienen que ver con los requisitos para formar sindicatos, ya que quedaría instituido que sus integrantes deben representar al 50 por ciento de los trabajadores; así también la figura de los servicios mínimos en caso de huelga y la ampliación del plazo para hacer efectiva la huelga, que ahora serían hasta cinco días, además de que ahora el empleador podrá exigir, sin acuerdo del sindicato, que los trabajadores voten cada cinco días el fin de la huelga, o que se elimina el fuero retroactivo en la constitución de un sindicato: “Cuando digo retrocesos no es que sean avances que están mal hechos, no, los trabajadores quedan en peor pie que la legislación actual”, asegura el jurista. En tanto, el abogado Ugarte sostiene que a la luz de todos estos elementos, el apoyo de la CUT a la Reforma Laboral se explica, entre otras cosas, por “la tozudez, una lealtad mal entendida por el Partido Comunista, que es el que controla a la CUT ahora, que lo hace montarse un relato ficticio de que esto es un avance, y por otro lado ignorancia”, y califica como “sorprendente” que muchos de estos retrocesos no sean entendidos por los dirigentes sindicales. Finalmente, José Luis Ugarte se mostró pesimista respecto de la posibilidad que el proyecto pueda dar marcha atrás, dado que desde la CUT se han conformado con defender la iniciativa “tal cual salió de la Cámara” como si fuera un avance, y planteó que, salvo excepciones, los parlamentarios tienen una concepción neoliberal del trabajo. Una de los pocos aspectos que se pueden rescatar de este proceso, a juicio de Ugarte, es que los trabajadores han notado que han sido abandonados por los partidos políticos. “Que el movimiento sindical chileno sepa que está solo y que no tiene ninguna influencia en el proceso político, y que tú tienes senadores y parlamentarios completamente cooptados por la ideologíaempresarial –ya ni siquiera por el mundo empresarial en términos de boletas y esas cosas-, de manera tal que ven con alivio que no haya sindicatos, es un proceso necesario, y creo que prepara al movimiento sindical para algo que es obvio: si no se tiene poder, no se puede pretender jugar en la política como se pretendió hacer en esta vuelta”. Gonzalo Durán, investigador de Fundación Sol, sostuvo que la fuerza sindical en Chile está muy mermada, teniendo en cuenta que de un total de 11 mil sindicatos activos, en la mitad de ellos se verifican menos de 40 afiliados, y que en veinte años el incremento real de las remuneraciones de los trabajadores ha subido un 3 por ciento, cuestiones que desde su punto de vista “son impresentables en una coalición que se hace llamar de centro-izquierda”. “Eso responde, efectivamente, a entender en la visión de quienes han gobernado que se pueden buscar de estas soluciones tipo “ganar-ganar”, donde al empresariado no hay que tocarle la tasa de ganancia, por ejemplo, y a nuestro modo de ver ese es un camino errado. En el contexto de las relaciones de producción siempre va a existir el conflicto entre el capital y quien vende su fuerza de trabajo. El trabajo y la acción colectiva, necesariamente tiene que estar al centro de la agenda de transformaciones”. Gonzalo Durán destacó que en 2015, desde su perspectiva, se produjo la politización de los trabajadores en Chile, “algo bastante necesario y positivo”, y otro aspecto importante tiene que ver con la autonomía del movimiento sindical “que se puedan generar demandas que no sean las del Gobierno, sino las de la clase trabajadora”. El ex dirigente sindical Cristián Cuevas consideró que del momento que la Reforma Laboral desechó la posibilidad de incluir la negociación por rama, esta no representa lo que se había planteado por el mundo sindical, y a esto se suma que “la Reforma se ha ido desdibujando, empequeñeciéndose, y sobre todo, al arbitrio del empresariado de nuestro país, que es cavernícola, casi primitivo, de no entender las relaciones laborales en un mundo globalizado, en donde los temas que están planteando, la verdad son bastante suaves, y que en ningún apuntan a ninguna situación distinta de seguir reproduciendo el modelo de precarización ”. El vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, si bien señaló que el proyecto “es insuficiente”, y que aún tiene mucha “letra chica, y que lleva entre medio una fórmula de reemplazo en huelga que nosotros rechazamos”, espera que se comience a saldar las deudas con el mundo sindical, ya que “nos deben todo”, aseguró el dirigente. “Nosotros dijimos huelga sin reemplazo, sin descuelgue y sin grupos negociadores, y nos estamos encontrando con la sorpresa que ocho senadores de la Nueva Mayoría, tres del PPD y cinco de la DC se van a descolgar del ideario de la centro-izquierda. Eso nos parece grave, porque no puede ser que aquí haya fuego interno desde la propia Nueva Mayoría. En ese contexto, esperamos que todas estas ideas sean rechazadas las próximas semanas y logremos, a lo menos el piso aprobado en la Cámara”. Nolberto Díaz fue enfático al señalar que en el oficialismo hay diferencias profundas “que son motivo de quiebre”, y que se han expresado durante la discusión sobre este proyecto, ya que que, a juicio del vicepresidente de la CUT, hay sectores de la Nueva Mayoría que le creen más al empresariado. Díaz aseguró que los trabajadores siempre han estado estando solos políticamente hablando, y que siempre los han traicionado: “Nos traicionaron cuando hubo en Chile un golpe, durante la Dictadura asesinaron a más de 300 dirigentes sindicales y la Concertación hizo una promesa el año 1989 que, al día de hoy 25 años después no ha cumplido. Nadie puede pretender creer que nosotros somos ignorantes de esa realidad. A nosotros nos costó meter el tema laboral en el Programa de Gobierno porque no estaba, y ahora que vamos entrando al tercer año de gobierno hemos tenido traiciones al interior de la propia Nueva Mayoría”. En relación con los procesos internos de la CUT, Nolberto Díaz señaló que el deber la multisindical es transparentar sus padrones electorales, “aquí lo que tiene que haber es un mayor nivel de transparencia de los padrones electorales, porque la misma transparencia que se les pide a los partidos políticos, es la misma transparencia pública de los padrones de la CUT. Yo creo que ese es el desafío”. Durante la primera semana de enero, la Reforma Laboral comenzará a ser analizada por la Comisión de Hacienda del Senado, para luego ser vista en detalle por la Sala instancia desde la cual, de ser aprobada, se trasladará nuevamente a la Cámara, aunque los diputados ya han advertido que si la Cámara Alta realiza cambios sustantivos al proyecto lo rechazarán, siendo muy probable que una comisión mixta deba destrabar este eventual conflicto. Fuente: http://radio.uchile.cl/2016/01/02/los-retrocesos-para-los-derechos-de-los-trabajadores-en-la-reforma-laboral
  9. Comisión mixta rechaza la gratuidad en estacionamientos de centros comerciales El proyecto original establecía gratuidad a todo evento para la primera media hora y dos horas más libres de cobro presentando una boleta de compra de un bien o uso de un servicio. SANTIAGO.- La comisión mixta decidió rechazar la opción que permitía la gratuidad en el cobro en los estacionamientos por media hora, en los centros comerciales. La instancia decidió rechazar la idea propuesta en la Cámara de Diputados que establecía gratuidad a todo evento en los estacionamientos de los centros comerciales para la primera media hora y dos horas más libres de cobro presentando una boleta de compra de un bien o uso de un servicio en ellos. El diputado DC Marcelo Chávez, autor del proyecto que regula el cobro en los estacionamientos, incluyendo la gratuidad durante un período de de tiempo, lamentó "la actitud vergonzosa del Gobierno y el lobby de los centros comerciales, que terminaron ganando y logrando que se eliminara definitivamente la gratuidad". El parlamentario agregó que "esto es un retroceso absoluto y quienes votaron de esa manera en la comisión mixta, tendrán que dar las explicaciones a la ciudadanía de por qué un proyecto de ley que beneficiaba a la gente, termina en un retroceso absoluto en los derechos de los consumidores". El diputado Chávez señaló finalmente que "hay algunos aspectos que se mantuvieron y que son positivos, como eliminar el cobro por fracciones de minutos y ahora se va a cobrar por minutos efectivamente utilizados, se va a eliminar la multa cuando se pierde el ticket y se cobrará por los minutos en que se estuvo estacionado". El proyecto, cuyo informe de comisión mixta debe ser ratificado ahora por ambas Cámaras, ingresó en noviembre del 2014 y fue presentado por los diputados Marcelo Chávez, Fuad Chahin, Sergio Espejo, Aldo Cornejo, Pablo Lorenzini, Iván Flores, Víctor Torres y Matías Walker. www.emol.com
  10. 27 Abri 2016 El lobbista y ex ministro no asistió y sólo "entregó antecedentes" Platas Políticas: SII citó a declarar a Correa por boletas de Imaginacción para pagar servicios al PPD En el marco de la investigación en torno a las empresas que rectificaron pagos, el organismo requirió detalles sobre los pagos desde Imaginacción a una firma que prestó servicios al PPD. Quien si concurrió fue la actual alcaldesa de Santiago Carolina Tohá El 14 de abril, la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá concurrió hasta las oficinas del Departamento de Delitos Tributarios del SII en respuesta a la citación hecha por el organismo para entregar detalles sobre boletas eventualmente falsas que sirvieron para respaldar pagos desde el PPD mientras Tohá presidía la colectividad en 2012. Se trata de dos boletas emitidas por servicios prestados desde la empresa Creatika del periodista Claudio Canales por la implementación de una página web. Canales declaró en la fiscalía donde se investiga el caso SQM, que estos trabajos fueron acordados con la actual alcaldesa, pero que luego se le pidió emitir las boletas a nombre las las firmas Kybalion, del ex embajador en Paraguay, Alejandro Bahamondes militante PPD y la otra a Imaginacción, la consultora de lobby y comunicación estratégica de Enrique Correa. Según informa La Tercera, la declaración de Tohá se enmarca dentro de la investigación que realiza el SII a las empresas que rectificaron pagos frente al organismo, entre ellas SQM. En este contexto, Tohá explicó que desconocía los detalles de estos trabajos, pero admitió que ella había aprobado la implementación de la página web. Otro de los citados a entregar su testimonio al respecto en el SII fue Enrique Correa. La boleta que se pagó a Claudio Canales a Imaginacción es de 2011 y asciende a los $8,5 millones. Sin embargo Correa no asistió pero según consigna el matutino "entregó antecedentes" relacionados. Al cierre de esta nota tanto desde Imaginacción como desde el SII no entregaron detalles sobre de qué se trataron específicamente estos datos y por qué Correa se acogió a esta opción en vez de concurrir a declarar. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/27/platas-politicas-sii-cito-a-declarar-a-correa-por-boletas-de-imaginaccion-para-pagar-servicios-al-ppd/
  11. Urbanistas denuncian colusión entre municipios e inmobiliarias Fernando Seymour | Jueves 18 de febrero 2016 17:39 hrs. No más de diez serían las inmobiliarias que presionan a los políticos para diseñar la ciudad. A juicio de los expertos, la única solución es legislar con transparencia ante la ciudadanía. Cuando se habla del sector inmobiliario, sus defensores no dudan en recurrir a dos argumentos para explicar sus bondades. Por una parte, la contribución que se hace a asegurar altos niveles de mano de obra, permitiendo disminuir las cifras de desempleo, independiente de la calidad de éste. Por otra parte, el aporte, a través de la venta de propiedades, a mantener la demanda por créditos hipotecarios, donde los bancos e instituciones financieras resultan ser los grandes beneficiados. Incluso, no es extraño que este rubro sea presentado como un atractivo mercado para los inversionistas, al ofrecer rentabilidad, estabilidad y tangibilidad. Factores fundamentales cuando se habla de crisis o recesión económica. Sin embargo, también están aquellos que apuntan a las presiones de las inmobiliarias, a la alta injerencia que tienen en el proceso de distribución y construcción de la ciudad, así como a las irregularidades respecto del uso de suelos. “En Chile uno a veces se sorprende por la falta de planificación y desregulación en normativas, lo que ha reinado en los últimos 30 años”, plantea el profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile Alberto Texido. Una idea de autorregulación del mercado, agrega el también vicepresidente del Colegio de Arquitectos, que se implementa durante la dictadura. “En el caso de la ciudad se liberan suelos, límites urbanos, alturas. Pero claramente somos conscientes de que la autorregulación no existe, tal como ocurre con las farmacias, los supermercados y otros muchos ejemplos. Se requiere de un Estado que tenga claridad en normas y reglas controladoras de esta supuesta libertad mal entendida”. Para otros, el tema es aún más preocupante. “Chile es un laboratorio del neoliberalismo, cuya esencia es que el más grande se come al más chico. Es bueno para el 0,5 por ciento de la población que existe en el país”. La afirmación del arquitecto Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, apunta a lo que critica como “un sistema materialista que permite que en la búsqueda del interés privado se vulneren las normas del interés público”. Negocios inmobiliarios y más colusiones La desregulación, en el caso de la ciudad, ha repercutido en excesivos crecimientos no planificados, lo que incide en los tiempos de traslados, pero también en los grandes negocios en la periferia. Esto, como detalla Alberto Texido, a propósito del cuestionado caso Caval. “Muchos empresarios vinculados al mundo político que se han movido durante las últimas décadas con negocios similares. Es decir, comprar suelo rural, presionar o esperar la ampliación del límite urbano y generar negocios inmobiliarios que multiplican los valores del suelo por 10, 20 o 30 veces”. Como negocio, algo que resulta muy atractivo. “Por lo que el crecimiento del límite urbano, más allá de la forma, es un problema del negocio que se está buscando permanentemente”, explica el vicepresidente del Colegio de Arquitectos. “El Estado chileno, a través de sus ministerios, se resiste a ejercer su rol”, denuncia por su parte Patricio Herman. “Ellos prefieren que opere el abuso y la prepotencia de los grandes actores del mercado, llámense grandes constructoras e inmobiliarias, que hacen y deshacen dentro del ámbito de las ciudades. Y los gobiernos no reaccionan, desde Pinochet hasta el actual de Michelle Bachelet”. Y es que para el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, no cabe duda de que los grandes actores del mercado están coludidos con las municipalidades, así como con el gobierno central. “Gobiernos de operadores políticos, a los que lo único que les interesa es la generación de crecimiento económico a como dé lugar”. “Yo creo que hay unas diez grandes constructoras e inmobiliarias que han capturado al Estado chileno. Y el Estado actúa en base a las directrices que le entregan las constructoras y las inmobiliarias respecto de la utilización del recurso suelo. Ellos son los que mandan. Por ejemplo, la que fundó Sebastián Piñera, que se llama Inmobiliaria Aconcagua y que hoy forma parte de SalfaCorp. También están Besalco y Deco”. Cuestionamientos que se repiten cuando se trata de temas como la altura de la edificación y las posibilidades de que la inversión inmobiliaria se haga cargo de los impactos que genera en el entorno. “Vialidad, espacios públicos, donde muchas veces el edificio se levanta, se termina y el inmobiliario busca la manera de no generar ningún tipo de compensación”, detalla Texido. ¿Otro ejemplo evidente? “El caso de los cerros de Valparaíso con torres de 30 pisos junto a viviendas de tres pisos”. Pero también surgen críticas hacia el Congreso. “No todos, pues hay salvedades”, reconoce Herman, cuestionando “las facturas truchas, regalos y dádivas que entregan los grandes grupos económicos, entre los que naturalmente se encuentran las inmobiliarias. Los parlamentarios en general no entienden de estos temas. Y el que entiende opta por el silencio, para no molestar al sector”. Incluso, propone una analogía. “Tal como dijo Patricio Aylwin en su gobierno, respecto de la justicia, ‘la justicia en la medida de lo posible’, estos gobiernos plantean un crecimiento económico ciñéndose a la ley en la medida de lo posible”. Planificación urbana como un bien común y no particular “La Cámara Chilena de la Construcción, el gremio que representa al mundo inmobiliario, siempre está planteando la necesidad de densificar”, asegura el profesor Alberto Texido. Esto, considerando que la expansión y densificación sin límites han dejado de manifiesto que la idea de autorregulación no ha sido efectiva. “Aparecen varias necesidades de regular y de que la normativa sea de calidad”, añade el arquitecto, donde las transformaciones deben darse justificadamente y mediante una densificación regulada. Por ello, resulta importante entender la planificación urbana como una acción técnica en favor del bien común por sobre el bien particular. “Fortalecerla, respetarla y entenderla como el consenso colectivo de convivencia”. Incluso advierte que “siendo que es legítimo que el privado busque la mayor rentabilidad posible, no es legítimo que el Estado deje de ser responsable de regular y de tener claro los impactos que esas intervenciones generan, para que exista un compromiso mutuo de que las intervenciones no generen saturaciones, impactos innecesarios, mitigaciones permanentes o infinitas de esos impactos previos”. “Por lo tanto –agrega–, entender que la planificación urbana debe instalarse o reinstalarse como un valor, superando las reacciones inmediatas”. En ese sentido, no son pocos los que piensan que la actual legislación resulta insuficiente. “Si los Estados se han dado cuerpos legales, resoluciones, ordenanzas, reglamentaciones, es decir, marcos regulatorios para los diferentes sectores de la economía, lo lógico es que todos los actores que se desenvuelven en los diferentes mercados se ciñan escrupulosamente a las reglas del juego que deben ser parejas para todos. Eso en Chile no existe”. Así lo lamenta Patricio Herman, quien propone “una reingeniería total dentro de los ministerios para que el desarrollo en las ciudades sea armónico y sustentable, lo que no existe”. En ese contexto, aún permanece en el Congreso un proyecto que busca modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, específicamente en cuanto a la instalación de centros comerciales y supermercados en áreas urbanas. “Plantearlo como discusión legal, al menos da la oportunidad de decir que los que quieran entrar al lobby de todas estas situaciones, positivas, negativas, a favor o en contra, entregarán sus inquietudes en esta regulación”. Así lo piensa Texido, quien de paso recuerda que también existe la discusión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para implementar, en los próximos años, la Política Nacional de Desarrollo Urbano que, entre otros temas, apunta a nuevos instrumentos de planificación territorial y nuevas prioridades sobre las problemáticas de impactos, mitigaciones, participación ciudadana. Reflexiones que se suman a las del presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. “Existe una relación bastante directa entre los avisadores y la prensa del duopolio que impide que la opinión pública conozca. A través de tratos y relaciones personales entre las autoridades municipales y ciertos actores del mercado, se están generando ganancias absolutamente ilegítimas, desconocidas por la opinión pública”. Y es que para Patricio Herman “en Chile es muy fácil hacerse rico, pero hay que tener contactos políticos o ser político”. Fuente: http://radio.uchile.cl/2016/02/18/urbanistas-denuncian-colusion-entre-municipios-e-inmobiliarias
  12. Topic de Archivo 2015 Reforma Laboral Conozca los avances de la Reforma Laboral en el Congreso Titularidad sindical, negociación colectiva efectiva, derecho a huelga resguardando servicios mínimos, son algunas de las modificaciones al Código Laboral que aprobó la instancia y que le permitirá continuar su trámite en el Congreso Miércoles 3 de junio de 2015 | por La Nación Publicado por: C.M. - Foto: Archivo Agencia Uno Un paso en su tramitación dio el pasado martes la iniciativa que busca actualizar y mejorar las relaciones entre empleadores y empleados en el marco de la reforma laboral, con la aprobación por parte de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de las enmiendas que el Ejecutivo busca introducir al código laboral. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, subrayó que esta primera etapa sorteada en el Parlamento “un triunfo para los trabajadores y un gran avance en materia de derechos laborales”, enfatizando a la vez que ello “va hablando de un Código del Trabajo actualizado, que responde a aspiraciones de mucho tiempo en nuestro país”. El proyecto de ley pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para analizar los aspectos que engloba como la titularidad del sindicato en la negociación colectiva con la empresa; beneficios a quienes participen de la negociación o sindicalizados y se extenderá al resto previo acuerdo entre el sindicato y el empleador y además, elimina el reemplazo en huelga. A su turno, el diputado Tucapel Jiménez manifestó que “este proyecto no es el mismo que entró (al Congreso). Durante meses hubo un arduo trabajo que fue dirigido en su momento por la ministra Javiera Blanco y actualmente por la ministra Ximena Rincón, donde se escucharon a todas las partes. Esta labor permitió hacer las correcciones necesarias para perfeccionar este proyecto, cuyo corazón permanece intacto”. En concreto, las modificaciones que continuarán su tramitación en la Corporación son: TITULARIDAD SINDICAL Hoy la titularidad para negociar beneficios con el empleador pertenece tanto a los grupos negociadores como a las organizaciones sindicales constituidas en la empresa. Cambio Establece que ésta sólo pertenece al sindicato de la empresa en la que se constituye y el grupo negociador sólo podrá ejercer la negociación en la empresa que no tenga sindicato. Adicionalmente, el sindicato interempresa podrá negociar de manera reglada y obligatoria con el empleador, siempre que cumpla con el quórum necesario de trabajadores afiliados en la empresa, según tamaño. SERVICIOS MÍNIMOS Según el actual Código del Trabajo, se deben garantizar estos solo en casos de daño actual e irreparable a los bienes materiales o daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud que preste servicios esenciales. Cambio La enmienda aprobada con estándar OIT determina los servicios mínimos en casos de seguridad o funcionamiento. Es decir se establece un mecanismo para que las empresas que presten servicios de utilidad pública, otorguen atención de necesidades básicas de la población (vida, salud y otros) y garanticen la prevención de daños ambientales o sanitarios. EXTENSIÓN DE BENEFICIOS Hoy sólo el empleador de manera unilateral, sin expresar causa y sin requerir la aceptación del trabajador al que se le extienden los beneficios, puede extender beneficios a los no sindicalizados. El trabajador paga el 75% de la cuota sindical respectiva. Cambio El nuevo sistema impone que ambas partes (empleador y sindicato) de común acuerdo pueden consensuar la extensión los beneficios pactados en el contrato colectivo a los empleados sin afiliación sindical, siempre que ellos acepten y paguen la totalidad de la cuota sindical. REEMPLAZO EN HUELGA Hoy en día el reemplazo está permitido siempre que la empresa en la última oferta cumpla con ciertos requisitos mínimos. En ese caso podrá reemplazar desde el primer día de huelga a los trabajadores; de no cumplir las exigencias podrá reemplazar a los trabajadores en huelga partir del día 15 de iniciada. El costo es de 4UF por reemplazado. Cambio Con el proyecto de ley el reemplazo de las labores de quienes están en huelga está expresamente prohibido por considerarlo una figura antisindical, ya sea con trabajadores internos o externos. PISO MÍNIMO Actualmente existe un piso mínimo de negociación que se activa en la última etapa de esta.. Cambio La iniciativa del Gobierno incluyó un piso desde el inicio de la negociación, del que están excluidas, entre otras materias, el incremento real pactado, la reajustabilidad pactada, el bono de término de negociación y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo del contrato anterior. NEGOCIACIÓN INTEREMPRESA Y POR RAMAS El Código actual no permite la negociación colectiva de sindicatos interempresas dentro de una misma compañía, tampoco permite negociación por ramas, pero sí negociación por federaciones y confederaciones en forma voluntaria. Cambio Establece un quórum del sindicato interempresas para negociar dentro de la unidad productiva, según su tamaño. No permite negociación por ramas, permite negociación por federaciones y confederaciones en forma voluntaria con un sistema de incentivos. GRUPOS NEGOCIADORES Hoy los grupos negociadores pueden participar en una negociación colectiva al igual que las organizaciones sindicales. Cambio Se eliminan los grupos negociadores de las empresas, otorgándoles titularidad a los sindicatos. Sin embargo, en aquellas empresas donde no existan sindicatos, se les exigirá el mismo quorum que a éstos para constituirse como grupos negociadores: en empresas de menos de 25 trabajadores, un mínimo de 8; y en empresas sobre 50 trabajadores, un mínimo de 25 trabajadores o el 10% del total. Estos grupos no gozarán de fuero, como sí los dirigentes sindicales. Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/economia/laboral/conozca-los-avances-de-la-reforma-laboral-en-el-congreso/2015-06-03/220005.html
  13. El ‘cortafuegos’ instalado para no indagar a otros grandes contribuyentes Platas políticas: el SII le echa tierra a investigación de las otras grandes empresas involucradas en el financiamiento irregular de campañas por Claudia Urquieta y Bastián Fernández 30 diciembre 2015 Ripley, Alsacia, CorpBanca y parte importante del holding de los Angelini, por mencionar algunas, han corrido una suerte muy distinta al destino judicial que enfrentan SQM, Penta y Corpesca. Una escapada milagrosa donde ha sido clave el Servicio de Impuestos Internos, que no se ha querellado contra estas compañías. Incluso, según fuentes ligadas al servicio, ha optado por dejar en el cajón del olvido la continuación de estas investigaciones. La posibilidad de rectificar las declaraciones de impuestos de años anteriores, pagar una multa y zafar del escándalo ha sido decisiva en esta jugada que, de paso, da un respiro al mundo político. Ya ha pasado más de un año desde que a fines de septiembre de 2014 aparecieron por primera vez cinco políticos involucrados en el financiamiento irregular de la política mediante la comisión de delitos tributarios en alianza con los dueños y altos ejecutivos del Grupo Penta. Solo el comienzo de uno de los casos que terminaría por estallar en el corazón de la clase política y empresarial chilena y que dejaría varios heridos en el camino. Al principio, y tal como publicó este medio, la mayoría de los nombres estaban vinculados a la UDI: los senadores Iván Moreira, Ena von Baer, así como el ex alcalde Pablo Zalaquett y el entonces candidato presidencial Laurence Golborne. La única excepción en ese entonces era Andrés Velasco. No se sospechaba que Penta era apenas la punta del iceberg. En medio del escándalo las señales políticas e institucionales fueron duras y funcionaron bajo la lógica del “caiga quien caiga”. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó denuncias y querellas “contra todos quienes resulten responsables” y la Fiscalía, con Carlos Gajardo a cargo de la investigación, persiguió las diferentes aristas que se abrían. En enero de 2015 no solo habían aparecido nuevos políticos –el otrora poderoso coronel de la UDI, Jovino Novoa, por ejemplo– sino también nuevas empresas, como Ripley, Alsacia y SQM. Esta última encendió las alarmas en la Nueva Mayoría. Y es que la minera controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, había sido caja pagadora de varios personeros del oficialismo, entre ellos el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien en mayo de este año dejó su cargo tras conocerse boletas personales y de buena parte del comando de precampaña de Bachelet a la minera. Hasta ahora el SII no ha presentado una querella o denuncia en su contra, lo que se explicaría por el manto de protección en torno al ex ministro activado desde el oficialismo. La Caja de Pandora que abrió SQM implicó un giro radical en la forma en que se continuó abordando las investigaciones, porque aunque la minera no metálica se transformó en un caso en sí misma, la aparición de políticos involucrados de todos los sectores y la entrada en escena de muchas más empresas –como Ripley, Alsacia y Aguas Andinas– terminó con un Servicio de Impuestos Internos aplicando diversas fórmulas para evitar que la situación siguiera escalando y salpicando a más personajes y compañías. Es así como los otros grandes contribuyentes que aparecieron vinculados al financiamiento irregular de la política parecen haber sido olvidados. De hecho, obtuvieron una vía de escape a la medida para zafar del escándalo. Un drástico cambio al interior del organismo que selló el futuro de las grandes empresas y dejó a salvo a sus dueños y altos ejecutivos de ser formalizados por delitos tributarios. El cambio del SII Según fuentes que conocieron de cerca el tema, ya en mayo de este año había datos “suficientes” relacionados con distintos grandes contribuyentes para realizar una recopilación de antecedentes sobre delitos tributarios. Un paso previo, aunque no obligatorio, para que el SII presente una denuncia o querella. “Eso nunca se pudo hacer porque los antecedentes no se tuvieron, ni la autorización de parte de la Dirección del servicio para poder realizar esa recopilación”, comenta la misma fuente. Asimismo, fuentes internas del servicio apuntaron entonces al ex director Michel Jorratt –según informó este medio– como el responsable de detener las investigaciones por delitos tributarios contra las nuevas empresas que aparecían en el financiamiento irregular de la política. Entre estas se encontraban Copec, Arauco, Aguas Andinas, BCI, CorpBanca, Metalpar, Cencosud, Pesquera El Golfo, Newport, Inversiones Caburga y Endesa. Otras fuentes ligadas al SII manifiestan que “lo que se conoce en relación con el financiamiento irregular de la política y la comisión de delitos tributarios que se cometieron para ese financiamiento es algo muy pequeño: es como la punta del iceberg. El asunto es mucho mayor (…). Lo que ocurre ahí es que existe una especie de acuerdo transversal político de que no se investigue más, que se limite la investigación: lo que ya se abrió, se abrió. Pero no se va a abrir más”. La jugada se fraguó al interior del servicio y consistió en que los casos de grandes contribuyentes fueran revisados por la subdirección de Fiscalización, y no por la subdirección Jurídica, con el fin de abrir una solución administrativa. Así los grandes contribuyentes tendrían la posibilidad de realizar rectificaciones de sus declaraciones de impuestos de años anteriores, las que tienen asociadas multas por los impuestos no pagados producto de aportes irregulares a campañas. Una decisión que en la práctica significó también que se diluyera la posibilidad de presentar querellas o denuncias por delitos tributarios contra los responsables de las empresas involucradas. Según Marisa Navarrete, ex abogada jefe de la Oficina de Licitación Penal del SII, “el llamado que se hizo a empresas para autodenunciarse, terminó en que varias rectificaron sus declaraciones de impuestos pagando lo que supuestamente habrían evadido con estas prácticas similares a Penta y SQM. El tema es que hoy el SII frente a una acción similar debería tener la misma actuación. No puede haber una discriminación”. Esto porque, si bien –según explica Navarrete– la rectificatoria de las grandes empresas y el pago de impuestos pueden ser considerado una atenuante, no eliminan el delito tributario que ya se cometió. “Hay un organismo público al que se le entregó la atribución de poder querellarse contra los delincuentes tributarios, entonces, lo que se entiende que hiciera este organismo es poder perseguir criminalmente esos delitos. Pero hoy parece que no quiere hacerlo, incluso, su director –Fernando Barraza– ha dicho que el servicio no está para querellarse criminalmente sino para recaudar impuestos. Entonces, ese es un criterio totalmente distinto de lo que había venido haciendo el SII. Y está obviamente teñido por la connotación política que tienen los casos. Porque lo que ha venido haciendo el servicio es prestándole ropa a la restricción de la persecución penal del delito tributario”. Fuentes cercanas a la investigación señalan que los fiscales “cumplen con la obligación legal de consultarles a los emisores de boletas, a quien más emitió boletas falsas ideológicamente. Lo siguen haciendo. Una vez con ese antecedente lo envían al SII. Pero de ahí no ha venido nada de vuelta. Pese a que Angelini y Alsacia hacían lo mismo que Penta y SQM”. El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, no cree que “exista una voluntad mayor para avanzar respecto a la situación de otras empresas que podrían haber hecho aportes a campañas y actividades políticas en forma ilícita”. Daza también se refiere a la polémica que se generó durante el año respecto de si la Fiscalía necesitaba una denuncia o querella del SII para investigar y el cambio que significó, en la presentación de los escritos por parte del Servicio, que limitó la presentación de querellas dejando fuera la frase “contra quienes resulten responsables”. En octubre pasado el actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aclaró que su visión estaba más cercana a la del Servicio de Impuestos Internos. Durante su intervención ante la Comisión de Constitución del Senado señaló que “si no hay querella o denuncia, no es viable ninguna acción penal”. Por lo mismo, Daza advierte que “aceptar que solo se puede investigar a partir de querellas del SII y solo a aquellas personas que ese organismo señale de manera explícita, en la práctica es entregarle la dirección de la investigación criminal a un servicio dirigido por personas elegidas por el gobierno de turno y que han demostrado responder a un interés político más que técnico”. Desde la oposición han observado el proceso con suspicacia, en especial desde la UDI, donde no han sido pocas las voces que acusan un trato desigual por parte del SII y una persecución política que quedó en evidencia en el cambio que tuvo el organismo cuando dejaron de ser solo políticos de oposición los involucrados en financiamiento irregular de la política. Para el senador gremialista Víctor Pérez, el SII “ha fijado una política para dejar fuera no solo a grandes contribuyentes sino que a la Nueva Mayoría completa. ¿Como se explica que, por ejemplo, una secretaria de la UDI con una boleta fue querellada y en otros casos hay decenas de boletas y no se presenta una querella? Es absurdo y vergonzoso. Esto va a manchar permanentemente la trayectoria del SII”. Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, señala que “los hechos conocidos durante el 2015 parecen mostrar de manera concluyente que la corrupción no es solo un problema de valores o de carácter ético. Es también un problema de mal diseño o mal funcionamiento de reglas del juego que incentivan la corrupción. El SII siempre fue el principal garante y la institucionalidad por excelencia de confianza de los ciudadanos acerca del sistema de recaudación fiscal. Mal que mal te metía la manos en tu bolsillo pero nadie dudaba de que lo que hacía –a través de la propuesta de declaración de impuestos, por ejemplo– era lo correcto”. Y agrega que las decisiones por acción u omisión de La Moneda en relación con la conducta institucional del SII, en los casos conocidos, solo han contribuido a instalar un manto de dudas sobre su accionar, que ha minado en alguna medida la confianza en esta institución. La confianza se ubica en el corazón de la relación entre ciudadanos y Estado. Es particularmente importante en relación con los servicios que influencian la vida y la libertad (salud y seguridad). Pero también lo es respecto de muchos otros servicios, como sería el caso del SII. Aun cuando se siga cumpliendo el servicio formal y las metas de resultado sigan alcanzándose en el SII, lo cierto es que esta falla en la confianza podría destruir efectivamente el valor público que el servicio se ha propuesto construir. Unas 200 empresas y sociedades han efectuado rectificaciones, según publicó El Mercurio a fines de mayo. En agosto, sin embargo, La Tercera publicó que fueron 78 los contribuyentes que se autodenunciaron en el marco del plan especial llamado “procedimiento voluntario y administrativo para la autodenuncia y rectificación de declaraciones afectadas con operaciones que generaron ventajas fiscales indebidas”. Según ese medio, el total de impuestos netos girados fue de $9.043.845.797, sobre los que no se entregó el detalle, ya que las 38 personas jurídicas y las 40 personas naturales declinaron revelar su identidad, a excepción de tres sociedades: Inversiones Banpenta S.A., Empresas Penta S.A. e Inmobiliaria Duero Limitada. Pese a lo anterior, ha trascendido información relativa a algunas empresas. A continuación un listado de todas las compañías que han aparecido a lo largo de la investigación por financiamiento irregular de la política y sus respectivas rectificaciones, todos los antecedentes que –según fuentes allegadas al servicio– “ameritaban” una recopilación de información para determinar la presentación de denuncia o querella. Grupo Angelini: plata para todos "En uno de mis viajes a Chile en 2012 y aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a Martelli". La declaración es de Jorge Rosenblut, ex presidente de Enersis. En ella reconoce que gestionó recursos de Copec y también SQM. La investigación de la Fiscalía a empresas distintas a Corpesca, del grupo Angelini, involucradas en el financiamiento irregular de la política –que afectaría a Empresas Copec, Copec Combustibles, Celulosa Arauco y Constitución (Celco), Seguros Cruz del Sur (ahora de propiedad de Security), e Inversiones Siemel– no ha sido sencilla. Durante meses el SII dilató la entrega de un pendrive al Ministerio Público con la documentación contable otorgada al servicio por los ejecutivos del grupo y que avaló la rectificación tributaria con que reconocieron haber realizado pagos irregulares. El pendrive, que el SII tenía al menos desde comienzos de mayo, finalmente llegó a manos de los fiscales en agosto. Según informó Qué Pasa, en mayo pasado el grupo Angelini emitió un cheque por $ 850 millones al SII para pagar los impuestos por boletas y facturas de Arauco, Copec y Copec Combustible, que ingresaron en su contabilidad y que fueron a financiamiento irregular de la política. Varios de los nombres involucrados aún están bajo reserva. Entre los destinatarios más conocidos se cuentan Asesorías y Negocios (de Giorgio Martelli), Harold’s & Johns, Jaime Orpis y colaboradores de Marta Isasi, Andrés Velasco, Marco Enríquez-Ominami, Felipe Harboe, Pablo Zalaquett e Iván Moreira. Zalaquett: Ripley, CorpBanca, Alsacia y Eurocorp "Yo reconozco que el pago a Reactor y el pago a Cristina Zúñiga fue una colaboración a mi campaña, y está claro que la ley no lo permitía", declaró Pablo Zalaquett. Así confirmó el aporte irregular que recibió desde siete empresas distintas para su fallida candidatura senatorial del 2013. "Se logró establecer que las facturas 'falsas' emitidas correspondían a servicios prestados por Reactor SpA y Asesorías Cristina Zúñiga EIRL en la campaña senatorial de Pablo Zalaquett Said, durante 2013, las cuales fueron pagadas ese mismo año por SQM, Corpbanca, Inversiones Alsacia S.A., Comercial Eccsa S.A. (Ripley), Eurocorp S.A., Empresas Penta S.A. y Asesorías e Inversiones La Manada Ltda. (del mismo Zalaquett) con la intermediación de Carmen Luz de Castro Blanco y Roxana Riquelme Donoso, quienes trabajaban para Pablo Zalaquett Said", estableció un documento elaborado por el propio SII el 19 de marzo pasado y que se encuentra en la carpeta de investigación de la Fiscalía. CorpBanca, cuyo controlador es el empresario Álvaro Saieh –dueño también de SMU y Copesa–, se cuenta entre las empresas que rectificaron ante el SII, por ejemplo, la factura de Asesorías Cristina Zúñiga EIRL por $10 millones como gasto rechazado. “A pesar de corresponder a servicios efectivamente recibidos por el banco, no cumpliría con todos los requisitos del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta”, dijo la empresa en su momento. Además, en el mismo oficio que el banco de Saieh le envió al entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, agregó que “en cuanto a la existencia de boletas o facturas emitidas para justificar financiamientos a campañas políticas, cumplo con informar que, a nuestro leal saber y entender, no existen boletas o facturas que hayan sido emitidas a Corpbanca con tales fines”. Ripley apareció en la indagatoria tras la declaración del periodista Iván Correa, de Reactor Spa, que realizó una asesoría digital para Pablo Zalaquett. En total Reactor emitió tres facturas por $1 millón cada una a Eccsa, filial de Ripley y por las que no se prestaron servicios reales, según el testimonio de Correa. El gerente general de Inmobiliarios de Ripley, Sergio Hidalgo, declaró ante el SII en marzo pasado y reconoció los pagos para la campaña del ex alcalde de Santiago por servicios no prestados: "Estos fueron servicios que suponemos se otorgaron por la empresa Reactor Spa, al señor Pablo Zalaquett Said y que la empresa comercial Eccsa S.A. pagó al amparo del artículo 9 inciso 3° de la ley 19.844 (...). Hoy a la luz de los hechos que han sido de público conocimiento, nos percatamos que pudimos haber cometido un error tributario, pero jamás un delito". Según la misma declaración de Iván Correa, de Reactor, la empresa emitió dos facturas a nombre de Eurocorp S.A., por $2.5 millones cada una. Lo anterior fue reconocido en su momento por el gerente general de la empresa, Alejandro Ruiz, quien señaló ante el Servicio que "las facturas que usted me exhibe corresponden a una donación a la candidatura de Pablo Zalaquett, quien me contactó pidiendo apoyo a lo cual yo accedí a entregarle $ 5 millones (…) autoricé el aporte a la campaña no sabiendo la forma como se iba a documentar”. Longueira: Cencosud, BCI y Metalpar Cencosud apareció luego de la declaración de Ana Carolina Palacios Silva, cuñada de Carmen Luz Valdivieso, jefa de gabinete del ex ministro y ex candidato presidencial UDI, Pablo Longueira. Ana Palacios aseguró al SII y a la Fiscalía que había boleteado para el holding de Horst Paulmann $8 millones y para el Banco BCI $9 millones. “La Titi me pidió otras boletas en el año 2010 para dos empresas distintas a SQM, al ver el documento de mis agentes retenedores del año 2011, una de estas empresas es Cencosud Retail… quien me retuvo el 10% de la boleta correspondiendo a $ 793.334 y la otra empresa es Banco de Crédito e Inversiones… la retención del 10% es $ 909.333. Los servicios de estas boletas yo no los presté a estas empresas y si bien conozco a Cencosud Retail y al Banco de Crédito e Inversiones, yo nunca les he prestado servicios a ellos y no conozco a nadie de las gerencias ni nadie intentó contratarme este año para prestarle ningún servicio”, dijo Palacios. Agregó que los dineros eran para Pablo Longueira, “para que éste los distribuyera principalmente entre candidatos jóvenes, toda vez que la última campaña del dirigente, previo a la primaria presidencial de 2013, fue en el año 2005". En junio el BCI rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos un total de $250 millones que –según reconocieron– fueron entregados como aportes políticos a la UDI. Otras declaraciones similares a la de Palacios, que también apuntaron a Pablo Longueira, fueron las de Solange Hermosilla, Ricardo Jorquera y el ex concejal de RN, Patricio Lazcano. Los tres dijeron que boletearon, además de para SQM y Pesquera El Golfo, para Metalpar, a solicitud de 'Titi' Valdivieso, la histórica asesora de Longueira. Aguas Andinas Salió al baile por sus vínculos con Bancard, propiedad de Sebastián Piñera, y por los pagos de bonos por desempeños a altos ejecutivos de Chilevisión. Fue el ex director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, quien admitió que su empleador, Bancard, le solicitó facturar parte de sus honorarios a la empresa sanitaria. La compañía realizó su rectificación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), aunque se desconoce el monto. Endesa En abril Endesa confirmó que aportó US$ 1 millón para la campaña presidencial de 2013 y es una de las que rectificó ante el SII. Además, le encargó un informe al estudio de abogados Cariola, Diez y Pérez Cotapos, el que le recomendó declarar como gasto no utilizable ante el Servicio de Impuestos Internos aquellos pagos que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. “Estos pagos ascienden a $276 millones y la declaración rectificatoria será presentada por la compañía en los próximos días”, informó en junio Endesa. El estudio analizó el período entre 2012 y 2015 y determinó que la empresa había pagado a Personas Expuestas Políticamente (PEP) la suma de $333 millones, y $216 millones a proveedores relacionados con el financiamiento de campañas políticas. Grupo Said El 17 de abril pasado el Grupo Said apareció en la mira de la investigación del financiamiento ilegal de la política, tras la declaración de la militante DC Clara Bensan, controladora de la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin). Según su testimonio, en 2009 Giorgio Martelli le pidió emitir facturas falsas a SQM y a Inversiones Caburga, como una forma de allegar recursos a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Inversiones Caburga es una de las dos sociedades del Grupo Said que presentó rectificaciones frente al SII, por $663 millones entre el 2009 y 2014. La otra es Newport, que rectificó $ 95 millones entre el 2010 y 2011. Según publicó Ciper Chile, a pesar de la evidencia acumulada y de los testimonios prestados por representantes de ambas compañías –y también por personas que recibieron esos pagos– que confirman que se trata de donaciones políticas por fuera de la vía legal, a saber, el Servicio Electoral (Servel), la investigación sobre estas sociedades no ha evidenciado avances judiciales. Pese a ello, se pudo confirmar que funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del SII continúan solicitando información de las operaciones contables de las empresas del grupo Said. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/30/platas-politicas-el-sii-le-echa-tierra-a-investigacion-de-las-otras-grandes-empresas-involucradas-en-el-financiamiento-irregular-de-campanas/
  14. Usuarios de la salud critican presiones e intervencionismo de las Isapres Fernando Seymour D. | Miércoles 2 de diciembre 2015 17:33 hrs A propósito del proyecto de ley que se tramita en el Senado, distintos sectores cuestionan el “traje a la medida para que las Isapres sigan usufructuando del negocio”. Esto, tanto por las quejas de las empresas aseguradoras, que consideran pérdidas por la judicialización, como por las exigencias de una ley corta que lo resuelva. Son múltiples los reclamos que surgen, permanentemente, desde el ámbito de las Isapres, ya sea de los usuarios como de las propias empresas aseguradoras. En el caso de estas últimas, a pesar de las constantes utilidades que reciben gracias a las cotizaciones de los primeros. Y es que a propósito del actual proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, que busca reformar el sistema de Isapres, la industria de las aseguradoras de salud ha aumentado sus presiones en busca de una legislación favorable a sus intereses. Por ejemplo, el hecho de que el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, acuse que el resultado operacional de la industria, considerando la judicialización, arroja pérdidas por 4 mil 106 millones de pesos. Esto, al considerar gastos por costas judiciales y el congelamiento de precios de los planes de los afiliados, como consecuencia de los recursos de protección acogidos en las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, desde la Superintendencia de Salud han aportado otros antecedentes. “En los últimos cinco años las instituciones de salud previsional han retirado por sobre los 270 mil millones de pesos en utilidades del sistema. Tenemos varias de ellas que tienen por política retirar el 100 por ciento de las utilidades”, ha dicho el superintendente Sebastián Pavlovic. A pesar de todo, en la Asociación de Isapres insisten en lo que consideran un complejo escenario. Incluso, han enviado mensajes al Gobierno, advirtiendo sobre los daños que está causando la judicialización, advirtiendo que en el futuro la situación podría empeorar. “Cambiaría el término pérdidas por menores utilidades, porque no están teniendo pérdidas. Han tenido utilidades brutales durante los últimos años. En 2013 un 75 por ciento sobre el año anterior y en 2014 más de un 50 por ciento”. La aclaración del abogado Carlos Tagle, defensor de los cotizantes a través del sitio web “mesubieronelplan.cl”, se fundamenta en que “con el lenguaje que ocupan las Isapres quieren aparecer como víctimas frente a una situación de abuso que ha permanecido por más de 20 años”. Agrega que la judicialización tampoco ha afectado mayormente las utilidades de las Isapres. “Cuando un sector empresarial tienen que meterse la mano al bolsillo grita, como dicen en el campo, más que marrano alzado. Es una exageración de las Isapres, porque el sistema sigue funcionando bien y sano”. Pero en sus declaraciones, desde las empresas aseguradoras de salud también intentan influir en los contenidos del proyecto que se discute en el Senado. De hecho, proponen una fragmentación de éste en dos partes, con una ley que efectivamente estudie cambios al actual sistema, pero otra que considere una ley corta que resuelva lo que consideran el problema de la judicialización. No obstante, la respuesta del abogado Tagle apunta a que “fraccionar el proyecto es nada más que hacer un traje a la medida para que las Isapres sigan usufructuando del negocio de la salud”, cuestiona el abogado Tagle. Esto, por considerar que “la salud es un derecho garantizado en la Constitución. Se le permite participar al sector privado, en un ámbito que le correspondería al Estado, pero por un factor social. Y es eso lo que no entienden las Isapres. Está bien que tengan algunas utilidades, pero están trabajando en un sector que corresponde al ámbito público”. “El modelo de negocio y las utilidades pueden cubrir las variaciones” “Las Isapres están en una posición de presionar a través de las pérdidas, en función de que el Gobierno les arregle sus problemas a través de una ley que resuelva las alzas de precios y la judicialización, y así poder seguir ganando utilidades”. Los cuestionamientos de Matías Goyenechea, director de la Fundación Creando Salud, se fundamentan en los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, “en los que los jueces se han pronunciado respecto de que las alzas que realizan las Isapres son injustificadas”. En cuanto a los supuestos déficit operacionales por las pérdidas que estarían experimentando las aseguradoras privadas, el propio Goyenechea plantea que “con el modelo de negocio que tienen y la cantidad de utilidades que poseen, perfectamente pueden hacerse cargo, si es que efectivamente se producen variaciones en sus ingresos”. Por ello, su molestia radica en que “las presiones que están haciendo las Isapres, por un lado básicamente apuntan a que les resuelvan el negocio. Lo que quieren es que haya una ley corta que implique que el problema de los reajustes de precios quede sancionado por ley, para evitar que los usuarios, que en el fondo están en su derecho, reclamen contra las alzas injustificadas que realizan ellos. Y eso me parece que es impresentable”. “Si se les va a generar un proyecto de ley o la política le va a arreglar el problema a las Isapres –agrega Goyenechea– los únicos intereses que estarían siendo expresados serían los intereses de los empresarios, dejando de lado a la gran mayoría de la población que busca que se le resuelvan sus problema de salud”. Pero las presiones también han surgido desde la Comisión de Salud del Senado. En este caso, hacia el Gobierno, producto del retraso en el envío del proyecto que anunciara la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado. Y es que luego que se postergara lo que se concretaría inicialmente en septiembre, aún no se define una fecha, a menos de un mes de que concluya el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo. En respuesta, los legisladores incluso decidieron reponer la iniciativa presentada por el gobierno de Sebastián Piñera. En ese contexto, los cuestionamientos del abogado Carlos Tagle también se dirigen a que en la discusión “solamente están considerando a las Isapres. De hecho, cuando se formó la comisión solicitada por la Presidenta Michelle Bachelet, estaban representaban las Isapres y los designados por el Gobierno. En ningún caso existe alguien que represente a los cotizantes y que defienda sus derechos”. Mientras que Matías Goyenechea repara en algo fundamental. “No hay que olvidar que aquí opera un negocio en función de tarificar a las personas según el riesgo, es decir, de si tienen la posibilidad de enfermarse o no, lo cual atenta contra todo derecho a la salud”. Su conclusión es que “eso hoy está haciendo crisis, por lo que más que arreglar el negocio, se requiere avanzar hacia un sistema solidario”. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/12/02/usuarios-de-la-salud-critican-presiones-e-intervencionismo-de-las-isapres
  15. La Global Energy Balance Network recibió aportes y asesorías desde la compañía Y ahora Coca Cola: los mails que comprometen a la empresa en campaña de científicos que postulan que la obesidad se debe solo a la falta de ejerciciopor El Mostrador 25 noviembre 2015 Unos correos electrónicos obtenidos por The Associated Press, demuestran que Coca Cola habría tenido un rol fundamental en la creación de la Global Energy Balance Network. En los mensajes se evidencia que "la empresa ayudó a escoger los líderes del grupo, escribir su misión y sugerir artículos y videos para su sitio web". A muchos les extrañó la postura que establecieron algunos científicos de la Global Energy Balance Network que postulaban que la obesidad se debe a la falta de ejercicio y no al consumo excesivo de calorías. Tiempo después, The New York Time destapó la olla e informó que Coca Cola donó 1,5 millones de dólares a estos científicos, en el año 2008. Pero esto no quedó ahí, sino que –según unos correos electrónicos obtenidos por The Associated Press– la compañía además habría tenido un rol fundamental en la creación de la Global Energy Balance Network. En los mensajes se evidencia que "la empresa ayudó a escoger los líderes del grupo, escribir su misión y sugerir artículos y videos para su sitio web", según consignó La Tercera. "Quiero ayudar a tu compañía a evitar la imagen de ser un problema en la vida de la gente y que vuelva a ser una empresa que ofrezca cosas importantes y divertidas", escribió el presidente de Global Energy Balance Network a un ejecutivo de Coca Cola, en 2014. La idea era que el centro "rápidamente se establezca como el lugar a donde van los medios para obtener comentarios del problema de obesidad" y lograr una campaña para contrarrestar a los "todavía retóricos extremistas de la salud pública", según indican los correos electrónicos. Desde Coca Cola asumieron la responsabilidad en los hechos. "Se ha vuelto claro para nosotros que no hubo un nivel suficiente de transparencia en relación con la participación de la compañía con Global Energy Balance Network", dijo el director general de Coca Cola, Muhtar Kent, por medio de un comunicado. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2015/11/25/y-ahora-coca-cola-los-mails-que-comprometen-a-la-empresa-en-campana-de-cientificos-que-postulan-que-la-obesidad-se-debe-solo-a-la-falta-de-ejercicio/
  16. INFOGRAFÍA | Influencias y presiones: El mapa del lobby en Chile ¿Quiénes son? ¿Cuáles fueron las asesorías más polémicas que llevaron adelante? ¿Qué relaciones tienen con el mundo político? ¿Quiénes son sus principales clientes? eldesconcierto.cl les entrega una completa infografía de las tres principales consultoras del lobby en Chile. Por Mauricio Leandro Osorio | 16/10/2015 En la siguiente infografía eldesconcierto.cl les entregará un mapa de las tres principales consultoras de lobby en Chile. Para hacerlo más didáctico encontrarás en color azul la consultora de las hermanas Velasco, en rojo Enrique Correa y en verde Eugenio Tironi. Haz clic en la imagen: Fuente: http://eldesconcierto.cl/infografia-influencias-y-presiones-el-mapa-del-lobby-en-chile/
  17. Lo pillaron chanchito: Farcas modificó perfil de Wikipedia de Mirosevic acusándolo de injurias The Clinic Online 06 Octubre, 2015 El cambio realizado por Farcas tenía relación con el debate que se creó en torno de la presentación de un proyecto de ley, encabezado por Mirosevic, que proponía integrar el uso del software libre por parte del Estado, lo que le ocasionó un desencuentro con el parlamentario del PPD. Durante la tarde de este martes, un usuario de Twitter percibió y reveló un cambio en el artículo de Wikipedia del diputado Vlado Mirosevic (PL) que habría sido intervenido por su par Daniel Farcas (PPD). YORNAL. @yornalcl El diputado @dfarcas editando la página de Wikipedia de @vladomirosevic. ¿Trabajo legislativo? Gracias @EstadoEdita. 14:35 - 6 oct 2015 El cambio realizado por Farcas tenía relación con el debate que se creó en torno de la presentación de un proyecto de ley, encabezado por Mirosevic, que proponía integrar el uso del software libre por parte del Estado, lo que le ocasionó un desencuentro con su par del PPD. Fue este último quien presentó un proyecto similar, pero que buscaba beneficios para la multinacional Microsoft, según acusó el diputado del PL. Fue finalmente la iniciativa de Farcas la que se aprobó. El conflicto, revelado por Mirosevic en su libro “Liberales Plebeyos. El relato de un pipiolo del siglo XXI”, fue recogido por la página Wikipedia, en la que originalmente decía que “dicho proyecto fue bloqueado por otro presentado por el diputado Daniel Farcas, a petición de grupos de lobby de Microsoft”. Es ese párrafo el que fue modificado por el diputado Daniel Farcas, el que escribió en su lugar que “esta falsa acusación es otra injuria que no tiene ninguna relación con la verdad”. Al respecto, el parlamentario del PPD reconoció que modifico la versión del perfil Mirosevic, producto de que era “una injuria”. “Nunca hubo proyecto de ley, jamás presentamos un proyescto de ley en función del proyecto de acuerdo”, dijo en su Twitter, en relación a la iniciativa del software libre. Nicolas Borcoski @NBorcoski @dfarcas hola, quiero su versión. Qué andaba editando la bio de otro diputado en Wikipedia?? Daniel Farcas @dfarcas @NBorcoski la versión q es una injuria, NUNCA hubo proyecto de ley, jamás presentamos un proyecto en función del proyecto de ACUERDO. 17:27 - 6 oct 2015 El diputado liberal también se refirió al asunto mediante redes sociales, restándole importancia a la situación. Vlado Mirosevic V. @vladomirosevic @rlawrence74 @yornalcl @EdFaundez @dfarcas @EstadoEdita Muchachos, q no se pierda tiempo en esto. Mejor pongamos ojo, pestaña y ceja a #TPP 15:36 - 6 oct 2015 Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/10/06/lo-pillaron-chanchito-farcas-modifico-perfil-de-wikipedia-de-mirosevic-acusandolo-de-injurias/
  18. Las reservadas gestiones de los candidatos a fiscal nacional para sumar apoyos políticos El lobby de quienes esperan suceder a Sabas Chahuán en el Ministerio Público está desatado. Al menos los candidatos José Morales, Raúl Guzmán, Jorge Abbott y Juan Enrique Vargas han tenido reuniones con parlamentarios y/o magistrados. El tema que más tiñe la elección es cuál va a ser la política respecto de las investigaciones sobre platas políticas. Las conversaciones privadas con los senadores despiertan suspicacias, pues varios legisladores están siendo investigados por esos mismos ilícitos y votarán para elegir a la persona que definirá el futuro de esas indagatorias. Al menos siete senadores y quince ministros de la Corte Suprema han sido objeto de lobby para conseguir su apoyo para una de las decisiones políticas más importantes de la temporada: la designación del nuevo fiscal nacional. Cualquier oportunidad sirve para promocionar un nombre, por lo que desde reuniones bilaterales en casas de parlamentarios, cafés en lugares públicos y hasta el cabildeo de pasillo son aprovechados. El conteo proviene de información que los propios candidatos o sus círculos más cercanos entregaron a CIPER y los antecedentes apuntan a que los más activos en este lobby han sido Guido Girardi (PPD), por el lado de los senadores, y el fiscal José Morales, por el lado de los postulantes. Corte Suprema Los primeros frutos del intenso lobby desplegado en las últimas semanas se verán este viernes 2 de octubre, cuando el pleno de la Corte Suprema escuche los planteamientos de los 11 aspirantes a encabezar el Ministerio Público. De ahí saldrá una quina, desde donde la Presidenta Michelle Bachelet escogerá un nombre, que deberá ser ratificado por el Senado. El cargo, de por sí importante, cobra una especial relevancia en momentos en que el Ministerio Público investiga causas por financiamiento ilegal de la política que afectan al gobierno y a senadores en ejercicio. Estos quienes aprobarán a la persona que definirá las líneas de su futuro judicial, lo que ha causado una polémica respecto a la necesidad de que se inhabiliten durante la votación. Los rumores de que el “programa” presentado por algunos candidatos en su lobby ante los senadores incluye su postura respecto a cómo enfrentar estas causas, han enturbiado el proceso. Sólo cinco de los candidatos que quieren heredar el puesto de Sabas Chahuán pasarán a la segunda etapa y hasta ahora a siete se les atribuye posibilidades de alcanzar esa meta. Entre ellos se cuentan el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, José Morales; el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán; el ex fiscal regional de Valparaíso y actual director ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abbott; el decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas; el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo; el ex fiscal jefe de Rancagua y ex juez del crimen, José Luis Pérez Calaf, y el abogado Juan Carlos Manríquez (vea las fichas con sus currículos y casos emblemáticos en que han participado). Completan la nómina de postulantes los abogados Hilda Cerda, Jaime Jansana e Iván Pavlov, y el fiscal Rafael Mera. GIRARDI CON MORALES, ABBOTT Y GUZMÁN En la recta final del proceso, las operaciones para ensalzar o desestabilizar a los postulantes se multiplicaron. En ese contexto causó ruido la filtración de las causas judiciales en las que se han visto envueltos, las que incluyen un caso de prisión preventiva por apropiación indebida, una querella por violencia intrafamiliar y hasta cotizaciones impagas a una empleada doméstica (vea el artículo de La Tercera con el detalle). También aparecieron los primeros reportes sobre reuniones reservadas entre algunos de los candidatos y senadores. En este escenario, dos senadores del PS se comunicaron con funcionarios del Ministerio Público para señalar que les parecía “imprudente” que los postulantes intentaran coordinar reuniones con miembros de la Cámara Alta. Esto, porque hay senadores que se han visto afectados por las investigaciones de aportes ilegales a campañas políticas. Hasta este momento, los senadores tocados por estas indagatorias, ya sea de manera directa o indirecta, son Jaime Orpis, Iván Moreira y Ena Von Baer (todos de la UDI); Jorge Pizarro y Pedro Araya (ambos DC); Felipe Harboe (PPD) y Fulvio Rossi (PS). Además están involucrados en procesos judiciales los senadores Carlos Bianchi (Ind.), actualmente desaforado, y Eugenio Tuma (PPD). Los mismos senadores socialistas han expresado que su colega Guido Girardi (PPD) está promocionando el nombre del fiscal Morales y que en las conversaciones de pasillo se le presenta como un aspirante dispuesto a poner límites o flexibilizar las indagatorias sobre financiamiento ilegal de la política. El fiscal Morales reconoció a CIPER que ha tenido conversaciones con senadores, pero aseguró que en ellas nunca se ha referido a investigaciones que estén curso y que tampoco lo hará, porque, en caso de ser elegido como fiscal nacional, podría quedar inhabilitado para conocer esas causas por haber emitido una opinión previa. Senador Guido Girardi Aunque Morales declinó explicitar con qué senadores se había reunido, en su entorno aseguran que, además de Girardi, ha tenido conversaciones con Alfonso de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD),Alberto Espina (RN), Jaime Quintana(PPD) y Juan Antonio Coloma (UDI). Consultado por CIPER, el senador Girardi aseguró que no ha operado a favor de Morales. Pero reconoció que se había reunido con él. También dijo que se ha dado cita con otros dos candidatos: Juan Enrique Vargas y Jorge Abbott. El senador PPD sostuvo que estaba dispuesto a reunirse con todos los postulantes que quisieran exponerle sus proyectos y que no veía inconveniente en aquello. También dijo que de los tres aspirantes con los que se ha reunido, dos le pidieron la cita y al tercero lo recibió “a solicitud del gobierno”. Girardi no quiso detallar cuál de los tres postulantes fue el que llegó recomendado por el gobierno, ni quién lo derivó: “No es importante de dónde provinieron las solicitudes (para recibirlos)”, dijo. CIPER pidió una entrevista con el decano Vargas, pero en su oficina informaron que no hablará con la prensa hasta después de que la Corte Suprema confeccione la quina. El fiscal Raúl Guzmán entregó la misma respuesta. Reportaje completo: http://ciperchile.cl/2015/10/01/las-reservadas-gestiones-de-los-candidatos-a-fiscal-nacional-para-sumar-apoyos-politicos/
  19. Tabacaleras utilizarían a pequeños agricultores para su lobby Victoria Viñals | Miércoles 9 de septiembre 2015 10:16 hrs. El senador Guido Girardi denunció de manera tajante el lobby que estarían realizando las compañías tabacaleras para evitar la aprobación de la iniciativa que introduce modificaciones a la Ley del Tabaco. “Han desarrollado toda una estrategia para movilizar a los pequeños productores y a los trabajadores, dado que ya no lo pueden hacer impunemente como lo hacían en el pasado los mismos gerentes que se paseaban libremente por los pasillos del Congreso”. Las acusaciones del senador PPD Guido Girardi apuntan al lobby que las tabacaleras han realizado, considerando el mensaje transmitido a los trabajadores: “Que si se aprobaba esta ley iban a quedar cesantes y en el fondo, es una manera muy brutal, despiadada y cruel de presionar a los trabajadores”, plantea el parlamentario. Además, denuncia que les financiaron los buses para que viajaran al Senado a hacer lobby en defensa de las empresas o simplemente para gritarles a los senadores que intentaban defender la salud y la vida de las personas. La denuncia de Girardi se sitúa en medio de una serie de solicitudes de respaldo realizadas por un grupo de agricultores tabaqueros a autoridades de gobierno y parlamentarios. Las gestiones buscarían detener la aprobación del proyecto de ley que adecúa la legislación nacional al estándar exigido en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. La modificación legal contempla el empaquetado genérico de cigarrillos, el aumento del mensaje de advertencia al 100 por ciento de las dos caras principales de la cajetilla y prohíbe el uso de aditivos y sustancias de sabores como cacao y mentol, entre otras medidas. Evitar la aprobación Hace algunas semanas la compañía tabacalera British American Tobacco, que agrupa las marcas de cigarrillos Kent, Lucky Strike y Pall Mall, entre otras, anunció un cese de operaciones en caso de aprobarse una serie de modificaciones realizadas a la ley del tabaco. Según pudo constatar Radio Universidad de Chile vía Ley del Lobby, los agricultores tabaqueros se habrían reunido con el diputado UDI Ramón Barros y con el diputado RN Jorge Rathgeb. El 22 de julio pasado, el mismo grupo de agricultores se habría reunido con la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara, donde manifestaron su preocupación relacionada con el cese de actividades de la empresa tabacalera. En esa oportunidad, y según está expuesto en la página web de la Cámara de Diputados, los agricultores señalaron que “tienen una muy buena relación con la Compañía Chilena de Tabaco (British American Tobacco Chile, BAT) y destacaron que la empresa funciona a modo de banco, financiando las producciones a través de préstamos, sin las limitaciones tradicionales de los bancos y permitiendo una buena rentabilidad respecto de los cultivos”. Adicionalmente a estos eventos, el grupo de tabaqueros declaró mediante un comunicado de prensa, haber “sostenido audiencias con el Ministro de Economía, Luis Céspedes, de Agricultura, Carlos Furche, y con asesores del titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre”. Consultado por los vínculos, el diputado Rathgeb reconoció haber tenido reuniones con los agricultores y no descartó que existan intenciones de lobby. “Puede ser que se trate de lobby, no se puede descartar nada. Pero eso significa que hay gente que está dispuesta a defender su cupo de trabajo, su fuente laboral. No se trata de gente pagada para hacer lobby. Entiendo yo que esas personas son trabajadores que laboran con agricultores, con campesinos que cultivan estos productos. Si bien es cierto que se trata de una superficie pequeña a nivel nacional, abarca una buena cantidad de personas. Este es un tema que también tenemos que asumir como Estado y darles una solución”, advirtió. Sobre la pérdida de la fuente laboral y los eventuales perjuicios a los que se verían expuestos los productores de tabaco, Girardi descartó que se trate de un escenario plausible. “Todo esto es una farsa, una mentira. Ojalá las tabacaleras se fueran de Chile (…) Están amenazando al Poder Legislativo, la misma amenaza que han hecho a los trabajadores. Esto es una suerte de chantaje. Si Chile es uno de los países de mayor consumo de tabaco en el mundo, cosa que no va a cambiar de un día para otro. Ojalá fuera así. Ellos van a seguir vendiendo su basura que mata, van a seguir haciendo publicidad engañosa, van a seguir enganchando niños porque con eso obtienen utilidades millonarias”, criticó. El proyecto de ley iniciado por moción del propio Girardi, del socialista Fulvio Rossi y del ex senador DC Mariano Ruiz-Esquide, fue aprobado en el Senado y se despachó a la Cámara de Diputados donde se encuentra a la espera de su tramitación. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/09/09/tabacaleras-utilizarian-a-pequenos-agricultores-para-lobby-en-el-congreso
  20. Juan Cristóbal Guarello y su salida de Radio Futuro: “Tuve una discrepancia con la dirección de la empresa” El periodista, fiel a su estilo, hizo una ácida crítica a las farmacias. Sus declaraciones terminaron en una disculpa oficial de la emisora. Desde Iberoamerican Radio, holding dueño de Radio Futuro, señalan que la decisión estaba tomada de antes debido a problemas de horario CultPOP22 de julio, 2015 Autor: Luc Gajardo Twitter está llorando y es por Juan Cristóbal Guarello. Los amantes del cáustico estilo del periodista llamado “King Kong” por su fanaticada montó en cólera, desazón y pena. ¿La razón? Esta mañana en su lugar, en el programa “Palabra que es noticia” de radio Futuro, estaba su colega, el curicano Cristián Arcos, haciendo dupla con Antonio Quinteros. Primero los twitteros la emprendieron contra Arcos, quien humildemente respondió todos los troleos hacia su persona diciendo “gracias, gracias”. Segundo, buscaron la razón del alejamiento de Guarello del programa. Y la teoría fue solamente una. Juan Cristóbal, fiel a su estilo, había barrido con la industria farmacéutica y las principales cadenas. Esto después de la absolución de 10 ejecutivos involucrados en el infame caso “colusión” y luego de que el programa Contacto denunciara irregularidades en los precios de venta de los medicamentos. Desde la emisora indicaron que si bien existió esa discrepancia, que terminó con Quinteros leyendo al aire un comunicado oficial que ofrecía disculpas a los afectados por los dichos de Guarello, la decisión de sacar a “King Kong” de Futuro para que siguiera solamente en ADN estaba tomada de antes, principalmente porque “Los Tenores” alargaron su horario al aire. Consultado por El Dínamo al respecto, Juan Cristóbal Guarello prefirió no ahondar en el tema pero fue claro: “Es verdad yo venía con problemas de horario de antes. Pero lo único que te puedo decir es que también hubo una discrepancia entre la dirección de la empresa y yo sobre cómo se abordó el tema de la farmacias”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/cultpop/2015/07/22/juan-cristobal-guarello-sale-del-aire-de-radio-futuro-tuve-una-discrepancia-con-la-direccion-de-la-empresa/
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