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  1. 10 Septiembre 2019 Cómo se financiarán las FF.AA sin la Ley Reservada del Cobre Tras la derogación de la Ley Reservada del Cobre, la nueva formula para financiar a las FF.AA contempla un fondo plurianual y otro basal. A más de un año desde que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, principal sustento de las FF.AA desde 1959, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva legislación, que entre otras cosas, contempla un fondo plurianual y otro basal para la adquisición de material bélico y mantenimiento. Según explicó el mismo Piñera, la medida se llevó a cabo tras “escuchar a la sociedad entera. Planteamos la necesidad de modernizar nuestras instituciones para que cumplan con las exigencias y estándares del siglo XXI”. “Las FF.AA cumplen muchos propósitos, el primero asegurar nuestra soberanía e integridad como país, pero tienen que ser útiles no sólo cuando la paz se amenaza, sino también, en tiempos de paz cuando somos afectados por catástrofes naturales”, complementó el mandatario. La nueva ley se basó en nueve puntos que crean un sistema de financiamiento plurianual con amplios controles civiles y democráticos, los cuales, incluyen al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República. 1/Se crea la política de defensa Principalmente será el criterio orientador de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional que se presentará ante las comisiones técnicas de ambas Cámaras. Este punto contempla la planificación para el desarrollo de la fuerza, con una duración no menor a 8 años y derivará en un plan cuatrienal de inversiones. 2/Fondo plurianual Permitirá estabilizar las inversiones a mediano y largo plazo que se hagan en material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento. 3/Consejo a cargo del Banco Central Se crea un consejo que se encargará de la programación y control de flujos financieros y su administración financiera estará a cargo del Banco Central. 4/ Proyección al cuarto año La Ley de Presupuestos de cada año tendrá la proyección del aporte anual del cuarto año, considerando el programa de inversiones. 5/Aporte basal Para poder mantener, sostener y actualizar las capacidades estratégicas de las FF.AA. dedicadas a la defensa de nuestra soberanía, las emergencias y catástrofes, la cooperación internacional, la contribución al Estado y la seguridad e intereses territoriales, se establece un aporte basal que se calculará sobre un promedio entregado a las FF.AA en los últimos seis años. Las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas para emergencias y catástrofes quedarán aseguradas. 6/Fondo de Contingencia Permitirá enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico severamente dañado como consecuencia de emergencias o catástrofes. También se pueden anticipar adquisiciones necesarias y disponibles, establecidas en la planificación del desarrollo de la fuerza. 7/Tendrá controles civiles El ministro de Defensa presentará al Congreso y sus comisiones de Defensa el plan cuatrienal de inversiones conforme a la Política de Defensa. Luego el Congreso discutirá y votará en la Ley de Presupuesto la proyección del aporte al 4° año y el aporte anual. También habrá control de la Contraloría General de la República sobre los decretos que aprueban los proyectos del programa cuatrienal de inversiones vía observaciones y auditorías. Si la Contraloría hace observaciones, el ministro informará al Congreso. Así mismo, la Contraloría fiscalizará el funcionamiento de estas inversiones. 8/Sistema de compras El Presidente enviará al Congreso un proyecto de ley que regule el sistema de compras, incorporando mecanismos de control civil y democrático, resguardando el secreto o reserva cuando corresponda. 9/Derogación definitiva A contar del 1 de enero de 2020, los fondos correspondientes a la Ley Reservada del Cobre dejarán íntegramente de ser derivados a las FF.AA. A partir de ese día, los recursos se destinarán a las arcas fiscales para financiar las necesidades más urgentes de los chilenos, según lo determine el Gobierno y el Congreso de modo gradual en un plazo de 12 años. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/09/10/como-se-financiaran-las-ff-aa-sin-la-ley-reservada-del-cobre/
  2. 18 Julio 2019 Senado aprobó nuevo mecanismo de financiamiento de defensa nacional que deroga Ley Reservada del Cobre Con 35 votos a favor y ninguno en contra, la sala del Senado dio el visto bueno y ahora el proyecto debe ser ratificado por la Cámara de Diputados. "Fuimos capaces de construir un acuerdo con todos los sectores políticos", dijo el ministro de Defensa, Alberto Espina. Si no se aprueba en la Cámara Baja, pasará a comisión mixta. De forma unánime -con un total de 35 votos a favor y ninguno en contra- el Senado aprobó el nuevo mecanismo de financiamiento de la defensa nacional, lo que derogará la Ley Reservada del Cobre. Según publica el diario La Tercera, la vieja aspiración de la ex Concertación desde la recuperación a la democracia, podría ser realidad. Al respecto, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se mostró confiado en que el proyecto será ratificado por la Cámara de Diputados -pese a que necesita un alto quórum de aprobación-. "Fuimos capaces de construir un acuerdo con todos los sectores políticos que no solo pone fin a la Ley del Cobre, sino que permite un financiamiento a las Fuerzas Armadas con un claro control de sus recursos, transparente y que garantiza que el mecanismo perdurará en el tiempo", aseguró Espina. En el caso de no obtener el resultado favorable en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasará a una comisión mixta. El proyecto de ley, entre otras cosas, modifica el financiamiento del 10 por ciento de las ventas de Codelco que son entregadas a las Fuerzas Armadas. Además, modifica el piso mínimo para actividades generales de las FF.AA. establecido en la Ley de Presupuesto y se establece un aporte basal de mantenimiento, sostenimiento y actualización de las capacidades estratégicas. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ley-del-cobre/senado-aprobo-nuevo-mecanismo-de-financiamiento-de-defensa-nacional-que/2019-07-18/093606.html
  3. 04 Agosto 2018 Piñera firma el lunes proyecto que deroga la ley reservada del cobre Nuevo financiamiento de las FF.AA. tendrá como base mensaje impulsado por el exministro Andrés Allamand. Nueva ley mantendrá el 10% de las ventas de Codelco, por 12 años, a beneficio fiscal y no para las FF.AA. EL MINISTRO ALBERTO ESPINA Y EL PRESIDENTE PIÑERA PARTICIPARÁN ESTE SÁBADO DE UNA ACTIVIDAD EN CONJUNTO. Este lunes 6 de agosto, a las 9.30, el Presidente Sebastián Piñera firmará la indicación para modificar el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, y que contempla, entre otras materias, derogar la Ley Reservada del Cobre. Las invitaciones para la ceremonia, que se realizará en el Palacio de La Moneda, ya fueron extendidas a diferentes autoridades de gobierno. La indicación, que será enviada durante la semana al Congreso, se presentará para modificar el mensaje presidencial ingresado durante el primer gobierno de Piñera, en 2011, que fue impulsado por el entonces ministro de Defensa Andrés Allamand y que hoy se encuentra inactivo en el Senado, en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda. En una de las minutas que elaboró el Ejecutivo y a la que accedió La Tercera, se hace un resumen del estado actual del proyecto y sus fundamentos, donde se enumeran las deficiencias del actual sistema de financiamiento. Ahí, se establece que existe una “dificultad de transparencia en la asignación de recursos y complejidad en el control externo de las inversiones”, que el “Congreso Nacional se encuentra excluido de la discusión y decisión en materias relacionadas con la compra del material bélico” y que no “es un sistema eficiente que las compras de material bélico e inversiones en defensa dependan de la volatilidad del precio internacional del cobre”. Junto con eso, se hace un resumen con siete puntos que contempla la indicación que ha sido trabajada por el Ministerio de Defensa, encabezado por Alberto Espina. El primero de ellos estipula que se “reemplaza la estrategia nacional de seguridad y defensa como criterio orientador de las capacidades estratégicas de la defensa nacional por la planificación del desarrollo de la fuerza”. La minuta también confirma que se deroga la Ley Reservada del Cobre, pero señala que “sigue subsistente en lo relativo al impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de doce años”. Como dicho tributo está establecido sobre las ventas de Codelco, esta fórmula busca asegurar -indican fuentes de gobierno-que el erario público reciba recursos de la cuprífera estatal pese a que pueda tener pérdidas en ejercicicios futuros. Explican que la tributación normal de Codelco al Fisco es sobre las utilidades y en caso de un resultado negativo no hay traspaso de recursos. Otro de los cambios que contempla la ley, señalan en el Ejecutivo, es la eliminación del fondo reservado del cobre. Los montos de dicho fondo irán a parar principalmente al presupuesto plurianual que propone la nueva ley, y en menor medida, al nuevo fondo de contingencia estratégico. Los recursos remanentes en las cuentas de esta ley, en tanto, “serán incorporados al fondo de estabilización económica y social, establecidos en la Ley 20.128”, según establece la minuta. También se detalla el fondo plurianual de capacidades estratégicas de la defensa, que “tiene por finalidad financiar la inversión en material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento, en base a un programa de financiamiento de inversiones a cuatro años, que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza”. De igual manera, se afirma que el fondo plurianual contará con los saldos existentes en las indicadas en la “ley 13.196, reservada del cobre, en la Tesorería General de la República que le sean traspasados en conformidad a la ley (…), los que contempla la Ley de Presupuesto del sector público para cada año, considerando el programa cuatrienal de inversiones, los intereses que devenguen las inversiones del fondo y los demás aportes que establezca la ley”. Además, se plantea cambiar la base sobre la cual se calcula la asignación mínima del fondo plurianual de capacidades estratégicas de la defensa. Se afirma que el proyecto aprobado actualmente en el Congreso establece como asignación mínima para cada año un presupuesto no inferior al 70% del monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversión de material bélico. La nueva indicación, en tanto, “reemplaza esa base de cálculo, señalando que ella corresponderá al monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversión en material bélico en el periodo comprendido entre 2010 y 2017”, el que será establecido por decreto supremo. Asimismo, la indicación del Ejecutivo propone limitar el fondo de contingencia estratégico. Con todo, este viernes por la tarde en Defensa transmitían que la propuesta ha sufrido algunas modificaciones y que los montos para el fondo plurianual no están cerrados del todo. Esto, dicen las mismas fuentes, debido a que aún están en conversaciones con Hacienda y la Dipres. Se espera, que el Mandatario y el ministro Espina zanjen el tema durante este fin de semana. Ambos estarán juntos el sábado en una actividad conmemorativa de la Escuela Naval. Los ejes del proyecto 1 Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas La indicación que enviará el Ejecutivo, según se establece en la minuta, crea el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas de la Defensa, el que tendrá como objetivo “financiar la inversión en material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento, en base a un programa de financiamiento de inversiones a cuatro años que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza”. La propuesta plantea que la administración de dicho fondo está cargo de un “órgano técnico colegiado, encargado de la administración financiera, cuidado y rendición de cuentas de los recursos”, el que estará integrado por tres representantes designados por el Ministerio de Defensa Nacional y un representante de la Dipres. 2 Deroga la Ley Reservada del Cobre La iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa, según se lee en la minuta interna de la cartera, propone derogar la Ley Reservada del Cobre, norma que actualmente obliga a Codelco a entregar un 10% de sus utilidades al Fisco, fondos que son destinados a la compra de armamento para la defensa nacional. La indicación del gobierno busca, en todo caso, que dicha obligación subsista por un periodo de doce años para no afectar de una sola vez el presupuesto de la nación. Se establece, además, que los recursos remanentes derivados de dicha normativa, se incorporen al Fondo de Estabilización Económica y Social, establecido en la ley que norma la responsabilidad fiscal. 3 Limita el Fondo de Contingencia Estratégico Según la minuta del gobierno, el proyecto además limita el Fondo de Contingencia Estratégico, el que tiene por finalidad enfrentar situaciones especiales y de emergencia, pudiendo operar también para una oportunidad ventajosa de compra de material bélico apropiadamente avaluado. “El fondo mantendrá una cuenta especial en la Tesorería General de la República y sus recursos se invertirán conforme a las directrices de la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal”, se lee en el texto. También, el reglamento del Fondo establecerá los mecanismos, procedimientos, modalidades y demás normas necesarias para la aplicación de sus recursos. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-firma-lunes-proyecto-deroga-la-ley-reservada-del-cobre/269243/
  4. 02 Marzo 2017 Nueva investigación judicial sacude a la Comandancia en Jefe del Ejército Juez Omar Astudillo procesó a un coronel por aumento injustificado de su patrimonio. Era el encargado de las finanzas de esta unidad. Caso surgió por una carta anónima enviada al magistrado que indaga el fraude con fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre. Una denuncia anónima, presentada al Ministerio de Defensa, al ministro en visita Omar Astudillo -quien indaga hasta hoy el fraude en el Ejército, con fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre- y al Ministerio Público, fue el punto de partida para una indagatoria contra un coronel de la institución castrense. Después de casi cinco meses de diligencias, el juez Astudillo logró establecer algunas líneas investigativas respecto del coronel Sergio Vásquez Undurraga, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército. El reciente lunes 27, el oficial fue encausado por el presunto delito de “incremento patrimonial relevante e injustificado”. Según consigna el procesamiento, hasta ese momento aún ocupaba su cargo. El coronel Vásquez comenzó a ocupar su jefatura en enero de 2014, cuando el comandante en jefe del Ejército era Juan Miguel Fuente-Alba, quien pasó a retiro en marzo de ese año. Desde esa época, según consigna la investigación, Vásquez habría comenzado a experimentar un aumento considerable de su patrimonio. Esta situación quedó expresada, constata el procesamiento, en diversas situaciones. Una de ellas fue el hecho de que el coronel pudo saldar una deuda hipotecaria que mantenía, pagando cerca de $ 31 millones en efectivo. Además, se detectó la aparente compra de un inmueble en Villarrica, por una suma de $66 millones, de los cuales $ 30 millones fueron pagados al contado y el resto mediante un crédito hipotecario. En el proceso también se aborda el financiamiento -de forma parcial- de la compra de un departamento ubicado en Reñaca, Viña del Mar, el cual está registrado a nombre de su cónyuge, y cuyo monto ($ 80 millones) fue cancelado con dinero en efectivo. Los vehículos del coronel también llamaron la atención del ministro, pues posee cuatro móviles (Hyundai, Honda, Mitsubishi y Skoda), por más de $ 47 millones, a través de dineros que ingresaron a su cuenta corriente personal mediante depósitos en efectivo. Según se logró determinar en la indagatoria, el incremento patrimonial ascendería a más de $ 134 millones. A dicho monto se debe agregar el activo circulante que se aplicó en el pago de sus tarjetas de crédito, las que se alzan por sobre los $ 51 millones, en el caso de consumo nacional, y a US$ 87 mil, por concepto internacional. De acuerdo al procesamiento, éste también consigna que todas las operaciones que se han mencionado fueron total o parcialmente financiadas con dineros en efectivo que “no encuentran su origen en las remuneraciones que le han sido pagadas por el Ejército”. Fuentes del caso señalan que el origen del patrimonio del coronel es algo que se debe indagar, pues él habría sido quien autorizaba el pago a los proveedores del Ejército. Declaración del oficial En la causa, el coronel prestó declaración ante Astudillo. Allí señaló que el pago de su deuda hipotecaria la cubrió con la venta de un departamento de un familiar, así como también con dineros recibidos tras el fallecimiento de su padre y “ahorros propios”. En el caso de la vivienda de Villarrica, declaró que el monto que pagó en efectivo por dicha casa ($ 30 millones) correspondía a “unos dineros que tenía en efectivo en su casa de Huechuraba”, supuestamente ahorrados tras una comisión de servicio en Estados Unidos. El Ministerio de Defensa declinó referirse al tema. Sin embargo, según consta en el procesamiento, esta cartera entregó una carpeta al ministro Astudillo con los antecedentes reunidos en una investigación interna hecha por el Ejército. En el Ejército, en tanto, se ratificó a La Tercera el procesamiento del oficial y también que se le concedió “la libertad provisional sin caución”. La institución también indicó que se dispuso que el coronel “entregue su cargo en el área de finanzas, en espera de que se aclare totalmente la acusación que se imputa”. Y se agregó que la entidad militar “continuará cooperando con los tribunales de justicia, como también respeta la presunción de inocencia, mientras no exista un fallo definitivo”. Para el diputado Jaime Pilowsky (DC), “el Ejército debe actuar en esta materia con el máximo de rigor, entregando la información y con las sanciones administrativas correspondientes”. El diputado Jorge Ulloa (UDI) sostuvo que “no podemos seguir aceptando este tipo de situaciones de enriquecimiento ilícito. El Ejército va a tener que hacer algo respecto de ir revisando la situación de las personas que están en posiciones clave de uso de recursos”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nueva-investigacion-judicial-sacude-la-comandancia-jefe-del-ejercito/
  5. 11 de julio del 2016 / 12:30 Hrs Fiscalía Centro Norte formaliza a ex proveedor del Ejército por fraude al fisco de $1.389 millones Pedro Salinas, de la empresa Tecnometal, emitió facturas ideológicamente falsas entre los años 2010 y 2013. Por un fraude que asciende a los $1389 millones la Fiscalía Centro Norte formalizó a un ex proveedor del Ejército, quien tras contactarse con funcionarios de la institución extendió facturas ideológicamente falsas para obtener pagos por servicios que nunca existieron. Se trata de Pedro Salinas, de la empresa Tecnometal, quien fue formalizado por la fiscal Ximena Chong como autor del delito de fraude al fisco, ilícito que se registró entre los años 2010 y 2013. De acuerdo con los antecedentes recabados por la fiscal, Salinas como proveedor del ejército conoció al cabo Juan Carlos Cruz Valverde y a la sargento Liliana Villagrán Vásquez, quienes le solicitan la entrega de facturas ideológicamente falsas, es decir por trabajos ficticios. Salinas accede y una vez recepcionadas, facilitan la tramitación interna de los pagos referidos, tomando parte de la falsificación de vistos buenos, hasta lograr que la Tesorería del Ejército, en la creencia de estar frente a obligaciones reales, dictara la correspondiente resolución de pago. Junto con Salinas, recibían a cambio parte de los dineros obtenidos de manera ilícita. Tanto Cruz como Villagran ejercían funciones en el Comando de apoyo a la fuerza, entidad que tiene a su cargo la ejecución de los proyectos que deben financiarse con cargo a los recursos de la Ley Reservada Del Cobre. Según la Fiscalía Centro Norte, el año 2010 emitió facturas ideológicamente falsas por$33 millones. El año 2011 emitió boletas falsas por $106 millones. El año 2012, por $704 millones y el 2013 por $526 millones, ocasionando un perjuicio total de $1.389.608.000. La fiscal Chong solicitó las medidas cautelar de firma quincenal y arraigo nacional del imputado, las que fueron otorgadas por el tribunal. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-688389-9-fiscalia-centro-norte-formaliza-a-ex-proveedor-del-ejercito-por-fraude-al-fisco.shtml
  6. Ley Reservada del Cobre: 80% de los aportes de Codelco al fisco en 2015 fueron para las FF.AA. Desde la cuprífera estatal han advertido sobre la necesidad de derogar o modificar la legislación. Por su parte, el Ejecutivo estaría analizando alternativas para cambiar la norma. SANTIAGO.- Pese a que el precio del cobre en 2015 cayó más del 20%, el dinero que entregó Codelco a las Fuerzas Armadas se mantuvo relativamente constante respecto de los años anteriores, según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Un monto de $567.079 millones -US$858 millones-, equivalente al 80% del total de $707.704 millones -US$1.070 millones- que traspasó Codelco al fisco el año pasado fue para la Ley Reservada del Cobre, consigna "El Mercurio". El origen de esta normativa se remonta a 1958, pero fue modificada durante el gobierno militar. Esta ley entrega el equivalente al 10% del total de las exportaciones anuales de Codelco a un fondo que administra el Ministerio de Defensa y del cual surgen los recursos para que las distintas ramas de las FF.AA. compren sus pertrechos militares, de acuerdo con las cuotas de gasto que autoriza el Gobierno. Los excedentes de lo recaudado por dicha normativa se acumulan en un fondo especial, que gestiona el Ministerio de Hacienda. El 20% restante de los aportes realizados por Codelco al fisco el año pasado, correspondieron a los impuestos a la renta, específico y de la Ley 2.398, que indica que las empresas estatales o aquellas que tengan participación del Estado, deberán pagar un tributo de 40% que se aplicará sobre la participación en las utilidades que le corresponda al Estado. Cabe recordar que la minera no entregó excedentes en 2015. Intentos de modificar la ley Desde 1995 hasta fines del año pasado, la estatal ha destinado US$17.456 millones a las FF.AA. por medio de esta ley. Esta suma es equivalente -levemente inferior- a lo que tiene hoy presupuestado invertir Codelco para desarrollar sus proyectos estructurales, vitales para mantener la producción. El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, explicó ante los diputados que si esta ley no existiera, la minera habría obtenido una utilidad adicional después de impuestos de unos US$330 millones el año pasado. De ahí que una serie de personas en el sector minero y también al interior de Codelco estén desde hace un tiempo proponiendo derogar esta ley. En tres ocasiones, distintos gobiernos han intentado cambiar la ley, aunque sin éxito. Actualmente, el Ejecutivo también está trabajando para ver alternativas que permitan flexibilizar la norma que en enero cumplió 58 años. En una carta enviada el año pasado a "El Mercurio" por Eduardo Engel, Andrea Repetto y Marcela Ríos, estos insistían en que la forma de asignar recursos de la Ley Reservada del Cobre "incrementa los riesgos de fraude y corrupción", dado que se trata de fondos al margen de la Ley de Presupuestos sobre los cuales tanto el Congreso como la Contraloría cuentan con escasas facultades para fiscalizar su utilización. Los tres profesionales pedían la derogación de la norma, como parte de una "agenda amplia de probidad para el país". Por otro lado, Óscar Landerretche planteó recientemente en el Congreso la idea de que los dineros recogidos por esta ley sean reinvertidos por Codelco, como una forma de devolver la mano por toda la plata que se le ha extraído a la minera estatal sin destinarlos a la empresa. Esto, porque de esta forma la minera tendría más recursos para invertir en sus proyectos y se generarían ahorros para el Estado de entre US$50 millones y US$80 millones. www.emol.com
  7. 03 de junio del 2016 / 21:49 Hrs Ejército hace simulacro de compras para detectar fallas en el proceso General Oviedo dijo que esto permitió reducir la posibilidad de defraudar con boletas falsas con fondos de la Ley Reservada del Cobre. En septiembre deberá estar en marcha el sistema digital que fiscalizará las adquisiciones. Por primera vez, el Ejército de Chile dispuso más de ocho unidades para la realización de un ejercicio inédito de compra y venta de adquisiciones a través de la Ley Reservada del Cobre. El objetivo de la actividad se enmarcó dentro de las 14 medidas urgentes que el Alto Mando se comprometió a ejecutar para optimizar estos procesos y también, señalan desde la institución, para enviar una señal a la ciudadanía que están dando pasos importantes en transparencia y modernización, tras el fraude con fondos de esta ley. En cuatro días, se movilizó a más de un centenar de funcionarios que se congregaron en la Academia de Guerra del Ejército, entre los que habían generales, coroneles, mayores, suboficiales, cabos y empleados civiles. Todos ellos, mediante un juego de roles, detectaron los principales nudos que hasta el inicio de la actividad se presentaban a la hora de comprar insumos. A cargo de dirigir la misión de simulacro estuvo el general Guido Montini, del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), división a cargo de la adquisición de materiales y quien además fue el creador de la iniciativa. La cita contó con la observación del Comando de Educación y Doctrina, institucional, quienes tuvieron como principal responsabilidad la identificación de falencias en la gestión para ir modificando la doctrina de los funcionarios. Esta es la primera edición del proyecto, el cual se repetirá a futuro. Al término del encuentro, los participantes recibieron la visita del comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, quien compartió los principales resultados del simulacro. “Este ejercicio nos sirve para que la gente entienda que el Ejército aprende de sus errores. Estamos convencidos que esto nos da oportunidades como el incorporar tecnologías que nosotros tenemos para otros fines, pero que ahora podrán estar disponibles para todos los usuarios”, indicó. Y agregó que la institución está implementando una forma de automatización y contra chequeo rápido para que cuando se compre un determinado bien, se corrobore si ingresó o no a los almacenes del CAF y así, según el general Oviedo, “se estaría aminorando la posibilidad para que una persona pueda defraudar una factura”. Asimismo, al final de su intervención, Oviedo le informó a los participantes que en septiembre debe estar operando en cada oficina del Ejército, el Sistema de Gestión Logística (Sigle) el cual comenzó a operar como marcha blanca desde inicios de 2015. Sin embargo, aclaró que después de ese mes los funcionarios que no utilicen el sistema incurrirán en una falta. Al respecto, el presidente de la Comisión Investigadora del fraude en el Ejército, el diputado Jaime Pilowsky (DC), señaló que “llegó la época de pasar de archivos Excel, utilizados para el manejo de los fondos de la ley reservada, a la implementación de sistemas seguros y confiables que permitan una correcta utilización de los recursos destinados a la Defensa Nacional”, y dijo que valora “la decisión del general Oviedo para aprovechar una crisis y convertirla en una oportunidad de modernización”. En esa línea, el coronel Sergio Sagredo, del CAF, dijo “como en toda organización grande los cambios son lentos entonces adaptar todos estos procesos que en mucho tiempo se llevaron en libros, tablas, cuadros, a un mundo totalmente digital es un cambio paradigma importante”. Un cabo exponiendo ante parte del Alto Mando durante el simulacro. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-683600-9-ejercito-hace-simulacro-de-compras-para-detectar-fallas-en-el-proceso.shtml
  8. 03 Mayo 2016 Consejo para la Transparencia ordena al Gobierno hacer pública la Ley Reservada del Cobre El pasado 29 de marzo el organismo determinó obligar al Ejecutivo a revelar contenido del texto de la llamada Ley Reservada del Cobre, todo esto luego de la frustrada petición de Salvador Soto Fortes, quien el 13 de octubre de 2015 solicitó sin éxito una copia del documento. Tras un exhaustivo estudio del texto, el CPLT concluyó que “no se aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado, de manera que no se justifica alterar la regla general de la publicidad administrativa ni afectar el derecho de acceso a la información administrativa, máxime si ello supone el control social de una contratación pública”. Según consigna La Segunda, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, comunicó que el Gobierno no apelará a la resolución. El pasado 29 de marzo el Consejo para la Transparencia (CPLT) determinó obligar al gobierno a revelar y entregar contenido de la llamada Ley Reservada del Cobre, todo esto luego de la frustrada petición de Salvador Soto Fortes, quien el 13 de octubre de 2015 pidió una copia del documento. Según consigna La Segunda, el CPLT acogió el reclamo interpuesto por Soto luego de que esta persona solicitara sin exito a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas el acceso a la información de la Ley Reservada del Cobre y a sus modificaciones si es que existieran. Para su negativa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas argumentó que “la divulgación de la información solicitada afectaría a la seguridad nacional, toda vez que, los recursos destinados a través de la referida ley, tratan sobre la adquisición de material bélico y equipamiento militar”. Vale decir que dicho documento no es de libre acceso, incluso para los honorables parlamentarios. De hecho, publica el vespertino, el diputado DC Jaime Pilowsky contó que cuando una autoridad desa acceder al contenido debe dirigirse a la secretaría de la Cámara para revisarlo en el lugar, sin la posibilidad de divulgarlo ni sacarle copia. Pues bien, tras un exhaustivo estudio del texto, el Consejo para la Transparencia concluyó que “no se aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado, de manera que no se justifica alterar la regla general de la publicidad administrativa ni afectar el derecho de acceso a la información administrativa, máxime si ello supone el control social de una contratación pública”. Fue así como el CPLT le dio la razón a Soto y notificó de su determinación a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas para que esté al tanto. Por su parte, dejó en manos del Gobierno la decisión de escoger si acuden o no a la Corte de Apelaciones para reclamar la resolución. Sobre este último Punto, Pilowsky aclaró que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez le informó que no apelarán. “Tomando en cuenta que la publicación de la ley no afecta de ningún modo la seguridad de la nación, acudir de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones es conducir al Ejecutivo a una derrota no sólo jurídica sino también comunicacional”, explicó el diputado falangista que preside la comisión que investiga el Fraude en el Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre. Pilowsky enfatizó que “queremos que la ley salga de la actual caja fuerte, donde se encuentra resguardada del conocimiento de los ciudadanos para que su texto sea conocido”. “No hay ninguna norma de esa ley que ponga en riesgo la seguridad de la nación y muchos aspectos fueron recogidos en el Libro de la Defensa en 2010”, sentenció Pilowsky. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/05/03/consejo-para-la-transparencia-ordena-al-gobierno-hacer-publica-la-ley-reservada-del-cobre/
  9. Topic Oficial 2016 Milicogate Milicogate: Formalizan a proveedores del Ejército por perjuicio al fisco de 2 mil millones Éste se habrían concretado mediante la emisión de facturas presuntamente falsas, lo que generó a partir de un millonario desfalco de los fondos de la ley reservada del cobre. Nacional 13 de enero, 2016 Autor: El Dínamo En esta jornada, la fiscal de la zona Centro-Norte, Ximena Chong, formalizó a dos proveedores del Ejército en el contexto del caso Milicogate. Este caso se generó a partir de un millonario desfalco de los fondos de la ley reservada del cobre, dineros cuyo principal cuestionamiento tiene que ver con la falta de control que existe sobre él. Inicialmente está destinado a obtener elementos de logística (entre otros, armas) para todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Algunas facturas, por servicios que presuntamente no se prestaron, habrían sido emitidas por parte de algunos de estos proveedores del Ejército. Se trata, de acuerdo a Radio Bío-Bío, de Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole e Inversiones y Comercio Capellán. Los empresarios, padre e hijo, habrían emitido facturas ideológicamente falsas causando un perjuicio al Estado que alcanzaría 2 mil millones de pesos. Los documentos habrían sido solicitados por Miguel Escobar y Claudio González, miembros del Ejército procesados por la Justicia Militar. Asimismo, en el tribunal se comunicó que se presentan nuevos cargos contra el representante de la empresa Frasim, Francisco Huincahue, quien ya había sido formalizado por la emisión de facturas falsas al coronel en retiro Clovis Montero y al cabo Juan Carlos Cruz, también procesados. En su caso, la cifra aumentó a cerca de 300 millones de pesos obtenidos ilegalmente. Estas audiencias de comunicación de cargos corresponden a la solicitud de la fiscal Chong, tras la querella del Consejo de Defensa del Estado, que también incluía a los proveedores Pedro Salinas y Víctor Punto. El fraude total al fisco ascendería por sobre los 3 mil millones de pesos. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/01/13/milicogate-formalizacion-proveedores/
  10. Topic de Archivo 2015 Milicogate La institución y el gobierno conocían los hechos hace meses Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre Mauricio Weibel Barahona 13 Agosto, 2015 Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”. Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic. “Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy. Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic. El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic. Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año. En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas. El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar. LOS HECHOS La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”. Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación. El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos. Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario. Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal. Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago. Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones. Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco. Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos). De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems. UN NEGOCIO INQUIETANTE En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área. “Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación. El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos. Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales. Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue. Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército. En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico. Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”. “Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos. El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal. Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa. Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos. Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército. Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón. Foto: Coronel Clovis Montero – ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa. – Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón. Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados. – Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones. En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía. Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado. A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos. El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total. En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio. Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles. En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos. En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver. EL DESTINO DE LOS FONDOS Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención. No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería. Foto: Juan Carlos Cruz Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración. Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré. Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello (ver documento). LA DANZA DE LOS MILLONES ¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar. El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura. Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva. Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país. Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010. Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo. No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia. REVISE LOS DOCUMENTOS: Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/08/13/milicogate-el-gran-robo-del-fondo-reservado-del-cobre/
  11. Chile y las altas cifras del Ejército: es el tercer país más armado de América latina Según el sitio Global Firepower Index, Chile es la tercera potencia militar en América latina. La lista considera 126 países y es encabezada por Estados Unidos, Rusia, China, India y Reino Unido. Por eldesconcierto.cl | 26/09/2015 Global Firepower Index, o Índice global de potencia de fuego, se llama el ranking global del sitio web especializado que enlista las mayores potencias militares en el mundo. El orden es realizado a base de 50 factores, entre ellos, cantidad y calidad de mano de obra militar, presupuesto, vehículos militares, etc. Además, los expertos penalizan a los países que no sepan aprovechar sus condiciones, como aquellos que tienen salida al mar pero cuentan con poco poderío naval. La lista, que considera 126 países, es encabezada por Estados Unidos, Rusia, China, India y Reino Unido. En el caso de los países latinoamericanos, en la posición más alta está Brasil, que que encuentra en el número 38 del listado general. Le sigue México en el puesto 31 y Chile en el lugar 43. LAS CIFRAS DEL EJÉRCITO CHILENO Nuestro país aparece en el puesto 43 del ranking global de las potencias militares del mundo, quedando en el tercer lugar de América latina. Esto se explica por la continua compra de armas al extranjero y por el alto presupuesto anual que reciben, a través de la Ley reservada del Cobre. Así, amparado en políticas públicas, el Ejército posee un alto capital para la inversión en tecnologías y armamento. Otra forma de demostrar que el país tiene recursos y prioriza la inversión a las FFAA, por sobre políticas de desarrollo y demandas sociales. Miembros activos: 60.560 personas. Reserva: 82.000 personas. Población apta para el servicio: 7.182.574 Alcanzando edad militar anualmente: 277.209 Personal de primera línea activos: 60.560 Personal de la Reserva activos: 82.000 Vehículos blindados de combate: 2.346. Tanques: 277 Armas autopropulsadas (RPE): 48 Lanzacohete (MLRSs): 8 Total aeronaves: 236 Aviones de ataque de ala fija: 44 Aviones de Transporte: 131 Buques: 69 Helicópteros: 86 Total Fuerza Naval: 69 Portaaviones: 0 Fragatas: 8 Destroyers: 0 Corvettes: 0 Submarinos: 4 Coastal Craft Defensa: 11 Presupuesto militar: 5.483 millones de dólares. Fuente: http://eldesconcierto.cl/chile-y-las-altas-cifras-del-ejercito-es-el-tercer-pais-mas-armado-de-america-latina/
  12. Diputados Vallejo, Jackson y Cariola proponen financiar educación y salud pública con fondos provenientes de Ley Reservada del Cobre por El Mostrador 19 agosto 2015 Solicitan a la Presidenta, Michelle Bachelet, que presente un proyecto de ley para cambiar los criterios de asignación del 10 por ciento de las ventas de Codelco. Los diputados Camila Vallejo, Karol Cariola y Giorgio Jackson presentaron un proyecto de acuerdo para modificar profundamente la ley reservada del Cobre, entregando recursos permanentes a educación y salud pública. Con esta iniciativa solicitan a la Presidenta, Michelle Bachelet, que presente un proyecto de ley para cambiar los criterios de asignación del 10 por ciento de las ventas de Codelco, que en la actualidad van íntegramente para gastos de defensa, cuya utilización concreta además se maneja de forma secreta. A juicio de los parlamentarios, la educación estatal y la salud pública deben ser tratadas también como políticas estratégicas del Estado y sus presupuestos no deben quedar sometidos a situaciones circunstanciales de la economía. La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, explicó que “nuestra propuesta es presentar este proyecto para solicitarle a la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley para modificar la ley reservada del cobre y dividirlo en tres partes. 33,3% para que se mantengan en las fuerzas armadas, el 33,3% para educación pública y 33,3% para salud pública”. La representante de La Florida añadió que “no podemos crecer con una población que tiene mal acceso a la salud y con una población que está mal educada. Creemos que este 10% del cobre que se le entrega de manera reservada a las Fuerzas Armadas, tiene que ser redistribuido. Tiene que mantenerse un porcentaje en las Fuerzas Armadas y otra parte importante para salud y educación”. “Hoy lo fundamental, más que invertir o gastar en armas y privilegios, a propósito de este caso de corrupción en las fuerzas armadas con el uso de los recursos de la ley reservada del cobre, creemos que es más prioritario invertir mucho más en salud y educación”, añadió Vallejo. Por su parte, Karol Cariola, subjefa de la Bancada PC-IC e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, afirmó que "el día de ayer tuvimos una reunión para hablar de la gran deuda hospitalaria que tiene el país que es tremenda, que ha ido creciendo las listas de espera, los directores de hospitales nos dicen que no tienen los flujos necesarios para poder atender a la ciudadanía como corresponde, tenemos un problema complejo, crítico y si con estos recursos podemos ayudar a lo menos a resolver un poco esas necesidades cotidianas que tienen los ciudadanos para tener atención de calidad, para tener atención oportuna, a mí me parece que es necesario poder hacerlo". La representante de Independencia y Recoleta agregó que "no puede ser que lo que hoy día nos estamos gastando en armas no se pueda entregar para poder desarrollar mejores condiciones para la salud, que es una necesidad urgente sobre todo cuando la propia ministra ha reconocido que estamos en una crisis profunda grave y compleja". En la misma línea, el diputado de RD por Santiago, Giorgio Jackson aseveró que "es lógico y también legitimo que podamos definir democráticamente donde queremos invertir los recursos que vienen del cobre. Para nosotros la educación y la salud son áreas estratégicas tanto o más importante que la defensa para poder garantizar bienestar a la población". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/19/diputados-vallejo-jackson-y-cariola-proponen-financiar-educacion-y-salud-publica-con-fondos-provenientes-de-ley-reservada-del-cobre/
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