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  1. 10 Junio 2019 Corte Suprema propuso nuevo sistema de designación de jueces El máximo tribunal reconoció que existe una falta de "objetividad" en el proceso que se realiza actualmente para nombrar magistrados. La Corte Suprema presentó este lunes medidas internas para modificar el proceso de nombramiento de jueces, cuestionado luego de que se desatara una crisis en el Poder Judicial de la Región de O'Higgins y de que fracasara la nominación de la jueza Dobra Lusic como nueva integrante del máximo tribunal. Según propuso el Pleno de la Suprema, el proceso partirá con un denominado "currículum ciego", que implica que no se conocerán los nombres de los postulantes, quienes luego deberán dar una prueba de conocimientos. Además, establece que los concursos se transparentarán mediante audiencias públicas. "Si se dice que en ese sentido estamos reconociendo que antes había menor objetividad, la respuesta es sí, porque el sistema del Código Orgánico de Tribunales es muy abierto, de tal manera que no coloca ninguna limitación y eso también ha conspirado un poco contra el proceso, porque el ir autolimitándose tiene las dificultades de que puede, de alguna forma, tomarse con la disposición legal", reconoció el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas. Esta misma jornada el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, se volvió a reunir en el Ministerio de Justicia con el jefe de la cartera, Hernán Larraín. Ya se habían encontrado la semana, cuando el secretario de Estado le entregó los documentos con las ideas matrices del proyecto anunciado por el Gobierno enfocado específicamente en modificar el sistema de nombramiento de jueces a la Suprema, tras la fallida nominación de Lusic. El próximo viernes se iniciará una mesa de trabajo conjunta para abordar tanto la propuesta del Poder Judicial, presentada hoy, como la que está elaborando el Ejecutivo para reformar el sistema general de designación de magistrados en tribunales. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/corte-suprema-propuso-nuevo-sistema-de-designacion-de-jueces/2019-06-10/142915.html
  2. 26 Septiembre 2018 Asociación de jueces en la mira por aportes de empresas privadas Varias firmas entregaron donaciones, en dinero y diversos elementos de merchandising, para un encuentro gremial internacional, en Viña del Mar. LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS PIDIÓ APORTES PARA UN ENCUENTRO GREMIAL. Una serie de cuestionamientos generó el hecho de que la Asociación Nacional de Magistrados solicitara, en noviembre de 2017, a diversas empresas privadas que aportaran fondos económicos para financiar la Convención Internacional de Jueces, que se realizó en Chile, y que incluyó charlas e incluso viajes a Viña del Mar para los invitados. El tema no causó resquemor sino hasta hace pocas semanas, previo a las elecciones del ente gremial, las que se adjudicó la jueza Soledad Piñeiro, tras la gestión encabezada por el magistrado Álvaro Flores. En esa oportunidad y a solo horas de efectuarse las votaciones, la titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, no solo cuestionó el modelo de recaudación, pues iría contra los estatutos de la organización, sino también la forma cómo esta acción podría afectar la independencia de los jueces y que habría casos en los que, incluso, deberían inhabilitarse. Críticas que, si bien tuvieron apoyo de otros magistrados, también fueron objeto de reproches de algunos miembros, tal como dan cuenta una serie de correos electrónicos publicados por un reportaje de Radio Biobío. Según publicó la radioemisora, para realizar los aportes, las diversas empresas habrían firmado “acuerdos de confidencialidad”, algunas en calidad de “colaboradores”. De los correos electrónicos publicados por ese portal se desprende que algunas firmas habrían aportado con $ 10 millones, pero que también solicitaron no aparecer públicamente en la actividad. Un banco, en tanto, según esos mismos documentos, cedió merchandising para los asistentes y pendones durante la actividad. Al respecto, la presidenta electa de la asociación, Soledad Piñeiro, quien asumirá en octubre próximo sus funciones, señaló que “no haremos declaraciones al respecto”. Sin embargo, el titular en ejercicio, Álvaro Flores, aseguró que los aportes se hicieron mediante “contratos de auspicio”, lo que fue “informado y aprobado por unanimidad por el directorio”. Flores descartó también que se haya pasado por sobre los estatutos organizaciones y agregó que el tema será analizado en la reunión de directorio. Desde el mundo académico hay diversas posiciones. El abogado Luis Bates, exfiscal nacional, dijo que se deben conocer los detalles de la actividad para analizar la pertinencia del financiamiento. Aseguró que “si se trata de una actividad académica, que además incluya a la Academia Judicial, es legítimo”, pero que no se justificaría en caso contrario. Para el penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, “es inaceptable la confidencialidad, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber si los jueces han recibido algún beneficio que podría el día de mañana tener algún favorecimiento”, y emplazó a la asociación a “hacer públicos los aportes”. El senador PPD Felipe Harboe no cree que el hecho “afecte la imparcialidad de los jueces”, aunque agregó que “no parece adecuado, menos si es confidencial”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/asociacion-jueces-la-mira-aportes-empresas-privadas/332193/
  3. Francisca Silva Barbara Muñoz Andrei Hadler Monserrat Bustamante Dinasty Schuster ValerithaxHP Svensson Dawsons Forch Blanca Stark
  4. María José Quintanilla Mario Guerrero Barbara Muñoz Carolina Soto Carolina Soto Andrei Hadler Juan David Rodriguez Gianina Ramos Maria Jimena Pereyra Mario Guerrero Licetty Alfaro Francisca Silva Dinasty Schuster ValerithaxHP Svensson Dawsons Forch Blanca Stark
  5. 10 Octubre 2017 Asociación de jueces exige medidas a la Corte Suprema para mejorar protección de menores El presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, señaló que "ste acuerdo de la asociación, que es el primero, es una especie de carta Gantt para nosotros”. “Este acuerdo de la asociación, que es el primero, es una especie de carta Gantt para nosotros”. Así calificó el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, el acuerdo al que llegó la agrupación este fin de semana, en relación a cómo enfrentar las deficiencias del sistema de protección de menores de edad en el país. En el documento acordado se establecen siete puntos centrales, en que demandan al Estado y a la Corte Suprema una serie de medidas para mejorar una situación que, según dicen, fue detectada por la comisión investigadora del Sename II, realizada por la Cámara de Diputados este año, y que “arroja entre los resultados que se mantienen las mismas problemáticas detectadas en el año 2012”. Entre las determinaciones más importantes, destacó Flores, “estamos pidiendo que se institucionalice una defensoría en favor de los niños”. En ese punto, el documento detalla que “es imprescindible la equiparación del estándar de protección de los niños, superando la actual limitación normativa (…) de la ley de los Tribunales de Familia, haciendo exigible que la defensa de los derechos del niño esté a cargo de un abogado autónomo y especializado”. También pide al máximo tribunal “la eliminación inmediata del Centro de Medidas Cautelares”. De acuerdo a Flores, requieren que la Suprema “se abstenga de alterar las competencias de los jueces de familia, porque el Centro de Medidas Cautelares significó alterarlas, pues muchos jueces perdieron sus competencias de protección”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/asociacion-jueces-exige-medidas-la-corte-suprema-mejorar-proteccion-menores/
  6. 10 Octubre 2017 Ya presentaron recursos de protección y requerimientos al TC contra ley de reajuste del sector público Jueces y fiscales estudian llevar a Chile a la CIDH por congelamiento de sus sueldos más altos Las asociaciones de Magistrados y persecutores penales acusan una "discriminación arbitraria" en la medida que impedirá a sus funcionarios que ganen más de 4,4 millones de pesos acceder al beneficio que elevará en 3,2% los ingresos de los empleados fiscales. Como contraparte, el CDE recordó que se trata de una medida que también afecta a ministros, subsecretarios y otros altos cargos. “Discriminación arbitraria” es de lo que acusan al gobierno las asociaciones de Magistrados y de Fiscales por excluir a sus funcionarios que ganan más de 4,4 millones de pesos del reajuste de 3,2% para el sector público, por lo que no descartan denunciar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo indicó el abogado Hernán Bosselin, quien representa a ambas entidades, durante su alegato ante el Tribunal Constitucional en el marco de los requerimientos que éstas presentaron contra el artículo 1 de la Ley 20.975 del Ministerio de Hacienda y que se refiere precisamente al incremento de las remuneraciones de los empleados fiscales. Una vez que el organismo presidido por el ministro Iván Aróstica se pronuncie sobre dichos requerimientos, continuará la tramitación de dos recursos de protección cuya tramitación está suspendida y que fueron interpuestos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde la Asociación de Fiscales se indicó que la vía de la CIDH es una opción que se evaluará conjuntamente con la asociación de jueces dependiendo del dictamen del TC y cuando se agoten las vías judiciales internas, es decir, con el pronunciamiento final de la Corte Suprema. En tanto, durante los alegatos ante el TC, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rodrigo Quintana, desestimó los argumentos de los requirientes, indicando que no existe tal disciminación, ya que la norma se aplica a todos los funcionarios públicos, incluyendo a ministros, subsecretarios, consejeros del consejo de defensa del estado y ministros de otros tribunales. Y en declaraciones consignadas por el portal DiarioConstitucional.cl, afirmó que "si hubiera una restricción y en eso quiero ser muy categórico, aunque no le guste a mi querida contraparte, es que esta plenamente justificada de acuerdo a la Constitución hacer reducciones a las remuneraciones de los empleados públicos del Estado”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/10/jueces-y-fiscales-estudian-llevar-a-chile-a-la-cidh-por-congelamiento-de-sus-sueldos-mas-altos/
  7. 30 Marzo 2017 El recuerdo de Manuel Guerrero a 32 años del Caso Degollados: "Ha habido denegación de justicia y abandono de deberes de los jueces" "Al alba del día 30 de marzo decidieron el método para deshacerse de ellos: utilizar un corvo atacameño -el que el Ejército le regaló a Gary Medel-, para degollarlos y que murieran desangrados" A 32 años del secuestro y homicidio de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, militantes comunistas ultimados por un comando de Carabineros, el hijo de uno de ellos Manuel Guerrero, de 14 años a la fecha de ocurridos los hechos, publicó en su perfil de facebook un texto para conmemorar la fecha, con el reclamo de que sólo uno de los autores del crimen se mantiene en prisión, el civil Miguel Estay Reyno, "El Fanta". El resto está libre sin haber completado sus condenas. Si el 29 fue fuerte, el 30 de marzo de 1985 fue devastador. Es el día en que la búsqueda frenética por rescatar con vida a los secuestrados resultó infructuosa. Cerca del mediodía supimos que los cuerpos de mi padre y de José Manuel habían aparecido en un camino rural en Quilicura, junto a un tercer cuerpo que resultó ser el de don Santiago Nattino. A los tres los habían tenido prisioneros en el antiguo local de la Firma, recinto de tortura del Comando Conjunto que actuó represivamente entre 1974-1976 y del Servicio de Inteligencia de Carabineros, SICAR, que se había reconvertido en la Dirección de Comunicaciones de Carabineros de Chile, DICOMCAR. Ubicado en la central calle Dieciocho, en el antiguo local del diario El Clarín, frente de la actual Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICIT. Ahí los tuvieron esposados, con la vista cubierta, aplicándoles tormentos durante el día y la noche del 29 de marzo. A mi padre le extrajeron las uñas de las manos, le quemaron ambas orejas y le quebraron la frente de un culatazo. Se trataba del mismo recinto en que habían torturado a mi padre durante su primera detención en 1976, y por parte de las mismas personas. Esto porque la DICOMCAR tenía un personal de 150 integrantes, la mitad de ellos heredados del Comando Conjunto. Al alba del día 30 de marzo decidieron el método para deshacerse de ellos: utilizar un corvo atacameño -el que el Ejército le regaló a Gary Medel-, para degollarlos y que murieran desangrados. Todo esto ocurrió bajo Estado de Sitio, con la ciudad de Santiago bajo completo control militar. El tránsito de la carretera de la costa, entre el aeropuerto de Pudahuel y Santiago, fue detenido por el lapso de tiempo necesario para que los agentes pudieran cometer su crimen en total impunidad. El secuestro del día anterior en el Latino también había contado con la coordinación de Carabineros, quienes detuvieron el tránsito por Av. Los Leones, entre Eliodoro Yáñez y Pocuro. Esa fue la razón de que los alumnos del Latino, a minutos de las 08:30 de la mañana, de pronto sintiéramos un completo silencio desde la calle, el que solo fue interrumpido por un helicóptero de Carabineros que apoyaba la operación por encima del Colegio, y luego por el sonido de ruedas autos frenando a toda velocidad; gritos de nuestros padres y estudiantes resistiendo el rapto, y el balazo final al tío Leo que intentó impedir que éste ocurriera. Los perpetradores eran Carabineros y un civil -Miguel Estay Reino, el Fanta, ex comunista convertido en agente del Comando Conjunto-, quienes dependían directamente de César Mendoza Durán, Director General de la institución e integrante de la Junta Militar, a quien informaban de las acciones el coronel Luis Fontaine y el coronel Julio Michea, jefes de la DICOMCAR. Esta línea de mando de Carabineros fue la responsable intelectual, y en el caso de Michea además material, del secuestro y crimen. El grupo operativo que llevó adelante el secuestro y el triple homicidio fue liderado por el mayor Guillermo Gonzalez Betancourt y el capitán Patricio Zamora, ambos partícipes materiales. También estuvó involucrado Miguel Estay Reino, el Fanta, quien fue el de la idea de utilizar el corvo como arma. Las ejecuciones mismas en Quilicura, ante la vista y mando de Gonzalez Betancourt, Zamora y el Fanta, fueron perpetradas por cabos de Carabineros. Tal como se aprecia, no se trata de un delito simple, sino de un crimen de Estado. El caso cumple todos los requisitos para que sea calificado de Terrorismo de Estado. Sin embargo, luego de diez de años de investigación sin colaboración de los hechores, y luego de dictaminadas las penas -presidio perpetuo-, el tratamiento que se le ha dado a los perpetradores es que como si tratara de delitos simples. Ello ha llevado a que al día de hoy, y a pesar que las condenas fueron de por vida, el único que sigue cumpliendo condena en Punta Peuco es Miguel Estay Reino. Todos los demás han recibido beneficios intra y extrapenitenciares, que no corresponden a delitos de lesa humanidad. Casi la totalidad de los condenados por este triple secuestro y crimen se encuentran hoy libres, sin haber terminado de cumplir sus condenas. Lo anterior constituye denegación de justicia por parte del Estado de Chile y abandono de deberes por parte de los jueces que, al otorgar los beneficios extracarcelarios en estos casos, no han reconocido la calidad de delitos de lesa humanidad de estos crímenes, faltando a la jurisdicción internacional en la materia, específicamente a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tal motivo, en estos días, además de recordar a nuestros caídos, les extendemos la invitación a hacerse parte del reclamo de justicia, adhiriendo a la iniciativa que como Familiares de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad presentaremos al Congreso Nacional, para que se acuse constitucionalmente al Pleno de Ministros de la Corte Suprema, por incurrir en notable abandono de deberes (referidos al inciso segundo del artículo 5º de la Constitución chilena), por negarse a efectuar una declaración de reconocimiento jurisdiccional interamericano, que reconozca la primacía jerárquica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto dado que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen con claridad que no se les puede otorgar beneficios de salida a criminales de lesa humanidad. Ello implica que la Corte Suprema debía dejar sin efecto los beneficios que han sido otorgados en estos últimos años a quienes se encuentran cumpliendo condena. Junto al abogado Fernando Leal y Mirna Troncoso, quien el 30 de agosto inició estas gestiones, en estos días presentaremos el requerimiento al Congreso Nacional. Un saludo fraterno en este día de pena, pero también de compromiso. La lucha amorosa por una sociedad más justa, que honre a nuestros caídos y esté a la altura de una vida digna, continúa. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/30/el-recuerdo-de-manuel-guerrero-a-32-anos-del-caso-degollados-ha-habido-denegacion-de-justicia-y-abandono-de-deberes-de-los-jueces/
  8. 07 Marzo 2017 Informe de jueces revela falta de gendarmes y fallas de seguridad Documento da cuenta de que las situaciones más peligrosas se deben a fugas y amenazas verbales a magistrados. Durante una reunión realizada este martes en el Ministerio de Justicia, la Asociación Nacional de Magistrados dio a conocer un informe acerca del diagnóstico sobre las fallas de seguridad detectadas en los tribunales del país. En este documento dan cuenta de que las situaciones más peligrosas se deben a fugas, amenazas verbales a los magistrados y acciones violentas del público en las audiencias. Además, indican que hay una custodia “subestándar” de los imputados por la falta de gendarmes, insuficiencia de guardias privados para labores de control y deficiencias estructurales, como faltas de separación entre el público y los abogados. En este punto hacen referencia a una carencia de cámaras de seguridad, puntos ciegos en los dispositivos y que no hay un sistema de botones de pánico. Además, indicaron que a raíz de la falta de personal hay ocasiones en que hay más imputados que gendarmes en las audiencias y que se necesitan más detectores de metales por parte de los guardias. Finalmente, indican que estos problemas también se registran en los Tribunales de Familia y, además, solicitan que se aumente la dotación de gendarmes y policías. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/informe-jueces-revela-falta-gendarmes-fallas-seguridad/
  9. 12 Enero 2017 Encuesta revela la peor evaluación de jueces y fiscales desde 2011 Estudio de Paz Ciudadana analizó el rol de distintas instituciones en materia de delincuencia. Victimización se mantuvo estable y se produjo una baja en el temor. La peor evaluación de la ciudadanía, desde 2011, obtuvieron los jueces y fiscales del Ministerio Público por su labor en el combate de la delincuencia. Así lo reveló el Indice de Victimización Nacional 2016, realizado por la Fundación Paz Ciudadana y GfK Adimark (ver infografía). Los encuestados evaluaron con nota 2,9 el desempeño de los fiscales durante el último año. Esta es la peor apreciación desde julio de 2011, cuando fueron calificados con un 3,8. Misma situación que les ocurrió a los jueces, quienes obtuvieron un 2,5. “Aquí la noticia es que hay un deterioro y una mala evaluación. Hay un problema de credibilidad, de confianza en el sistema judicial completo”, sostuvo Roberto Méndez, director de Adimark. Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señaló que “acá hay, efectivamente, una crisis de confianza de la ciudadanía en las distintas instituciones. Es evidente que los órganos que administran justicia están entre los peor evaluados y eso no es grato”. Para el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), las cifras se explican en el hecho de que “la gente, al sentir que los fiscales no persiguen y que si no hay una persona que es detenida, esa causa se va a archivar, obviamente estas situaciones van mermando la confianza y hacen que la evaluación sea cada día más mala”. A esto se agrega que disminuyó el nivel de satisfacción de la ciudadanía con las policías luego de denunciar un delito. En 2015, un 35% se mostró descontento con su labor, cifra que alcanzó un 42% en 2016. Victimización Entre las principales conclusiones del estudio destaca que la victimización se mantuvo en relación al año pasado, pasando de 38,9% a 38%. Aunque esta cifra no varía, el estudio revela que hubo un alza de los ilícitos en el sector nororiente de la capital. Se desprende, además, que el temor de la población bajó cerca de tres puntos porcentuales (de 21,1% a 17,9%). Otro resultado dado a conocer hoy fue la baja de los delitos violentos cometidos el último año, los que pasaron de 23,9% a 29,5%. El informe muestra, eso sí, que se registró un aumento de los ilícitos perpetrados en la vía pública, los cuales pasaron de 82,5% en 2015 a 85,3% el 2016. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, valoró los datos entregados por la encuesta y agregó que “ese tipo de cifras indica que vamos en la línea correcta, y lo que tenemos que hacer en 2017 es que ese índice pase a la baja”. En tanto, el presidente de la Fundación Paz Ciudadana, Agustín Edwards del Río, indicó que “queremos que este debate contribuya a mover voluntades públicas y privadas para mejorar la prevención y el combate a la delincuencia y, así, tener mejores niveles de seguridad en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Daniel Farcas (PPD), calificó los resultados de “dulce y agraz”. “La Subsecretaría de Prevención del Delito debería poner todo su esfuerzo hoy en sacar a la mayor cantidad de fuerzas policiales a la calle”, sostuvo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/encuesta-revela-la-peor-evaluacion-jueces-fiscales-desde-2011/
  10. 17 Noviembre 2016 Se abre nuevo frente por reajuste de 3,2% al sector público Magistrados enfrentan a La Moneda y califican como “grave agresión a la independencia judicial” el congelamiento de sueldos a los jueces “Convocamos a todos los miembros del Poder Judicial a mantenerse alerta”, advierten y emplazan a la presidenta Bachelet a que envíe un veto que elimine esta reducción en las remuneraciones que afecta alrededor de mil jueces. Los funcionarios piden que se aplique al menos el reajuste correspondiente al IPC y que el Presidente de la Corte Suprema también abogue a favor de ello. Desde la Directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile hoy emitieron una declaración pública en rechazo al congelamiento y rebaja en la remuneración de más de mil jueces considerada en el presupuesto 2017 para el Poder Judicial. “Rechazamos que tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional no adviertan la grave agresión a la independencia judicial que significa reducir los salarios de quienes, como un poder independiente del Estado, ejercemos la función jurisdiccional”, se afirma en el escrito. También lamentan “la falta de visión de las autoridades políticas”, ya que argumentan que pese a los llamados de atención, estos no consideraron “las graves implicancias que para el régimen democrático tiene la reducción del salario de los jueces, homologando su tratamiento al de un empleado subordinado del Estado”. De igual forma critican que debiese ser a lo menos una obligación actualizar con la variación del IPC cada año las remuneraciones de los trabajadores, “sin perjuicio de impulsar políticas de mejoramiento centradas principalmente en los salarios más bajos”. Por último, llaman a la presidenta Michelle Bachelet a enviar un veto que elimine este congelamiento y reducción, además que se aplique al menos el reajuste conforme al IPC. De igual forma, solicitan al presidente de la Corte Suprema que abogue con urgencia en favor de ello. “Instamos al Ejecutivo y el Congreso Nacional a corregir este paso en falso consagrando con urgencia y con la más alta jerarquía, una norma que permita asegurar la irreductibilidad de la remuneración de los jueces”, se afirma en la declaración y se convoca “a todos los miembros del Poder Judicial a mantenerse en alerta ante este grave y reiterado atentado a la independencia de la función Jurisdiccional, derecho ciudadano, condición esencial del régimen democrático”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/17/magistrados-enfrentan-a-la-moneda-y-califican-como-grave-agresion-a-la-independencia-judicial-el-congelamiento-de-sueldos-a-los-jueces/
  11. Interior fija reunión clave que busca sellar acuerdo político en La Araucanía La cita, que se realizará a comienzos de enero, reunirá a fiscales, policías, jueces y políticos. El ministro Jorge Burgos viajó a Temuco y dijo que la Presidenta irá cuando su agenda se lo permita. El 7 de enero de 2016, esperan en el gobierno, podría marcar un antes y un después en la forma en que el Estado ha manejado los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía. Esto, porque el Ministerio del Interior citó a una reunión clave con todos los actores del sistema, en que se fijarán los lineamientos para afrontar estas situaciones. En otras palabras, se tratará de un acuerdo público en que también participarán jueces, fiscales y policías. En el Ejecutivo lo califican el paso previo a una alianza que incluya a políticos de todos los sectores. Este fue uno de los principales anuncios que se realizó hoy en el Senado en el marco de una sesión especial que pidieron los parlamentarios de la zona. Además del gobierno, también estuvieron representantes de las policías y del Ministerio Público. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, indicó que “hemos hecho un esfuerzo hace largo rato (...). Es un proceso que cerraríamos con el Poder Judicial y para nosotros es un hito, porque va a permitir que el conjunto de la institucionalidad pública enfrente los problemas delictuales”. Aleuy añadió que el paso clave se logra desde el entendimiento del conflicto como político. “Lo que se requiere es análisis político, porque cuando hablamos de violencia rural y no violencia étnica, estamos hablando de política. Cuando decimos que no hay que hablar de tomas pacíficas y violentas, sino que sencillamente de tomas, es política. Los problemas complejos de los países no son problemas técnicos, porque si seguimos buscando soluciones técnicas que son unidireccionales, no vamos a arreglar este problema”. Fiscales En la sesión especial también estuvieron presente los fiscales regionales del Biobío y La Araucanía, Julio Contardo y Cristian Paredes, respectivamente. Contardo indicó que “tenemos hechos que van desde el hurto de especies, como la madera, hechos derivados en violencia entre vecinos de predios ,y el tercero asociado a los grupos organizados, cuyo actuar es la quema de maquinaria. Por lo tanto, es importante no hablar de conflicto mapuche”. Paredes, por su lado, señaló que menos del uno por ciento de las causas que ingresan al año en su zona tienen relación a episodios de violencia rural. Además, dijo que de todos los imputados que pasan por el sistema penal, no más del 20% pertenecen a la etnia mapuche y de estos, sólo el 3% se relaciona a hechos de violencia reivindicatorios. Respecto a los incendios, el persecutor dijo que han aumentado un 90%, en comparación con 2014. En la ocasión, el senador RN Alberto Espina indicó que “este gobierno ha sido incapaz de liderar una propuesta por la paz que avance seriamente en la solución de uno de los conflictos más violentos que recuerde la historia de nuestro país”. Añadió que “queremos que la Presidenta de la República, con el mayor respeto que me merece, vaya a La Araucanía, porque su deber es estar donde están los problemas del país, debe estar al lado de los chilenos, en las buenas y en las malas”. En tanto, el senador PPD Felipe Harboe indicó que “tenemos un problema de eficacia y de concepción. Aquí se requiere política integral, es cierto, pero también se requiere hacerse cargo de consecuencias”. Visita de Burgos Hoy, el ministro del Interior, Jorge Burgos, visitó la IX Región para presentar una querella por la última quema de camiones, ocurrido el fin de semana pasado. Durante las cerca de tres horas que estuvo en Temuco, el ministro presentó una acción judicial “por los delitos de Ley de Seguridad del Estado y algunos de la Ley de Control de Armas, y otros del Código Penal, en contra de aquellos que resulten responsables del incendio de cuatro camiones y daños a otros dos en las cercanías de Lautaro en la madrugada del domingo”. Respecto del motivo de su viaje, señaló que era para “demostrar, por disposición de la Presidenta de La República, nuestro apoyo a la labor que realiza el intendente en la persecución de los ilícitos”. Sobre la petición de los transportistas que Michelle Bachelet visite la zona antes de enero, Burgos dijo que la Mandataria viajará a La Araucanía “cuando su agenda lo permita, no tengan ninguna duda”. El gesto del ministro fue visto con recelo por los camioneros de la zona. José Villagrán, presidente del gremio local, manifestó que “cuando supimos por la prensa dijimos, que bueno que vienen, porque trae una respuesta y va a dar una buen a señal y va a invocar la Ley Antiterrorista, que es la que corresponde. Pero, lamentablemente, vino a hacer más de lo mismo”. La presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, indicó que la presentación de Burgos, “no cambia en nada las cosas y todo sigue su curso regular. Por lo tanto, su visita fue sólo para mostrar la preocupación que tienen frente a lo que está sucediendo, pero en el fondo es una querella más”. www.latercera.com
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