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  1. 18 Junio 2019 Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, BioBioChile publicó que el Ejército había sancionado a los fiscales militares de Angol y Puerto Varas, respectivamente. ¿El motivo? Ambos habían realizado trabajos como abogados particulares durante sus horas de trabajo. En el caso del primero incluso aparecían firmados los libros de asistencia, en el segundo no se pudo saber, porque dicho libro fue incinerado. A raíz de estos hechos un ex fiscal militar, presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República donde manifiesta, con una serie de documentos, que esos dos hechos no son aislados al interior de la Tercera División de Montaña y que también habría al menos un integrante del alto mando involucrado. El Ejército reaccionó, dicen que antes de que la CGR interviniera, e intentó "endurecer" las medidas de control difundiendo una circular, para lograr (una vez más) que sus funcionarios respeten las normas de probidad. Con fecha 16 de mayo de 2014, el entonces comandante en jefe de la Tercera División de Montaña del Ejército, general de brigada Camilo Vidal Castillo, distribuyó una especie de recordatorio a las 18 unidades castrenses que dependen de su mando. El documento (con timbre “público”) al cual tuvo acceso BioBioChile, se refiere al control horario de ingreso y salida al cual están sujetos los oficiales de los servicios profesionales, incluyendo las disposiciones para el control de la jornada laboral a través de un libro de asistencia o registro electrónico. Lee también... Sancionan a fiscal militar por participar en causas particulares: indagan quema de libro La intervención del “mandamás” del Ejército Sin embargo, de poco sirvió ese intento de refrescar la memoria entre los funcionarios, ya que el 18 de abril de este año, nuevamente se distribuyó un documento similar (eso sí con timbre “reservado”) y que se titula “Circular de Comando”, esta vez fue firmada por el mismísimo comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez Menanteau. En él, se realiza una considerable modificación donde se incluye a “los oficiales que pertenecen a los escalafones de los servicios profesionales y del servicio religioso”, quienes “deberán registrar diariamente sus horarios de llegada y salida en la organización institucional de la cual forman parte, para efectos de dejar constancia de las horas trabajadas; las que, semanalmente, deberán ser concordantes con aquellas consignadas en el respectivo decreto de nombramiento”. Una medida que no nació porque sí. El origen de la nueva medida En diciembre de 2018 y enero de 2019, BioBioChile publicó dos notas similares, desde Los Ángeles y Puerto Montt, respectivamente. En ambas se informaba sobre la sanción a fiscales militares que participaron en audiencias particulares, durante sus horarios laborales. Se trata del entonces fiscal militar de Angol, capitán Cristopher Marchant Bocaz y el fiscal militar de Puerto Varas, teniente coronel Rodrigo Cuadra Schlie. En este último caso se incluye la incineración del libro de asistencia, que denunció el ex fiscal militar Rodrigo Vera Lama. Pero no fueron los únicos que habrían caído en este tipo de irregularidades. El requerimiento a Contraloría Precisamente el también abogado, Rodrigo Vera, ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República, solicitándole que investigue “faltas a la probidad en el Ejército”. En el documento de 149 páginas, se detallan las irregularidades mencionadas, pero se suman más antecedentes y nuevos nombres como el del mayor Eduardo Padilla Lizama (ex fiscal militar de Temuco y actual asesor jurídico de la Tercera División de Montaña), quien junto con Marchant Bocaz, habrían realizado labores como docentes, durante sus horarios de trabajo, pero no precisamente en universidades. “Empleaban la jornada de trabajo del Ejército, para fines particulares, ya sea ejercicio libre de la profesión de abogados y también haciendo clases dentro de grupos de formación de Carabineros, en las ciudades de Temuco y Valdivia”, explica Vera Lama. Representando a sus superiores De acuerdo a lo investigado por Rodrigo Vera y que explica a través de su requerimiento en la CGR, el ex fiscal militar de Angol, Cristopher Marchant, actuó como abogado particular, durante sus horas de trabajo, pero tuvo dos “clientes” que conocía bastante bien. Se trata del coronel Juan Michelsen Haverbeck y el entonces teniente coronel Miguel Ángel Navarrete Rehren, a quienes los representó en audiencias registradas el 24 de marzo de 2017 en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles y el 19 de abril de 2018 en la Corte de Apelaciones de Temuco, respectivamente. Aunque para el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, quien conversó sobre el requerimiento con Radio Bío Bío, la acusación contra Michelsen y Navarrete “es totalmente errado, totalmente errado, no es así como usted lo dice”. ¿Pero qué roles cumplían estos oficiales en ese entonces en el Ejército? El coronel Michelsen se desempeña como Auditor del Tercer Juzgado Militar, mientras que el actual coronel Navarrete era el comandante del Destacamento Número 17 de Los Ángeles. Oficiales importantes para la institución que aparecen en este requerimiento, pero hay uno con mucho más poder, que igualmente es mencionado. El rol de un alto mando El general de brigada Rodrigo Sandoval Calderón, desempeñaba y desempeña un rol clave en el Ejército, al momento de las irregularidades denunciadas tenía el grado de coronel del Escalafón de Justicia y era el auditor militar. Actualmente es el Auditor General del Ejército y por último, aunque no menos importante, ejerce como integrante de la Sala Penal en la Corte Suprema, cuando se revisan casos que vienen de la Justicia Militar. Este uniformado también aparece en el requerimiento a la CGR, porque su firma y timbre están en los cuestionados libros de asistencias de Marchant y Padilla. El mismo Rodrigo Vera lo explica: “Estos libros de asistencia -que contienen información que no se condice con la realidad, es decir que aparecen firmados, no obstante que estos oficiales no prestaban funciones en el Ejército en esas fechas, porque estaban haciendo trabajos particulares- llevan la firma del entonces coronel Rodrigo Sandoval”, detalla. Agregando que “se le hace la interrogante a la Contraloría respecto a las razones por las cuales este coronel, actual general en servicio activo, realizaba esta firma como una especie de control”. En cuanto al libro de Cuadra, como fue incinerado, no se puede saber si también contaba con la rúbrica y timbre del general Sandoval. El comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, también fue consultado sobre el rol del general Rodrigo Sandoval en la revisión de estas asistencias inexistentes, pero indicó que “hoy el general Rodrigo Sandoval se encuentra en Santiago y a mí no me consta lo que usted dice”. Aún así, los libros de asistencias son claros… Las respuestas del Ejército El requerimiento a la Contraloría General de La República lo ingresó el abogado y ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama el 27 de marzo de este año. Según el general Morales, ellos sabían antes de eso lo que estaba pasando, pero la “Circular de Comando”, fue emitida el 18 de abril de este año. “Nosotros ya estábamos enterados, ya habíamos tomado las medidas administrativas”, antes de que se presentara el requerimiento. “La institución ya estaba en conocimiento de los hechos relacionados con esta presentación, que era efectivamente que hubo tres fiscales militares que habían utilizado algunas horas de su trabajo, en actividades particulares como abogados”, sostuvo el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña. Pero no sólo eso, también -agregó- se adoptaron las sanciones correspondientes a situaciones que calificó como “faltas a la probidad administrativa”. “Medidas disciplinarias que fueron ejemplares en relación a la situación y obviamente a partir de eso se adoptaron medidas a nivel de todas las fiscalías militares, (…) toda vez que los fiscales tienen que cumplir como cualquier funcionario público las horas para las cuales están contratados”, recalcó el general. Reintegro de sueldo percibido Consultado sobre qué medidas se adoptaron, el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña se limitó a decir que son “medidas administrativas propias de la administración que tiene el Ejército”. Ante la pregunta de si corresponde que se regresen los dineros que percibieron los fiscales militares mientras trabajaban como docentes o abogados particulares en horarios que correspondía que cumplieran como funcionarios de la institución castrense, este respondió que “las medidas que se adoptan en el ámbito institucional, van a la hoja de vida, en términos de que hay una puntuación negativa, es decir, tienen efectos negativos en sus carreras”. La opinión institucional “Obviamente no estamos por avalar ninguna actitud que afecte a la probidad administrativa y por eso es que en el momento de tomar conocimiento de algunas situaciones de esta naturaleza, se tienen que adoptar las medidas que correspondan a fin de remediar estas conductas”, manifiesta el general Joaquín Morales. Junto con eso, agregó que ya existiría un aprendizaje por parte de los fiscales militares. “En estos momentos los fiscales militares tienen muy claro su quehacer y esperamos que esto no vuelva a ocurrir”, recalcó el oficial. Posibles delitos Tras el requerimiento presentado por el ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama, la Contraloría General de la República pidió las explicaciones y el Ejército respondió. En paralelo, hay sumarios administrativos en desarrollo que ejecutan internamente en la institución castrense. Para Vera Lama, al menos en el caso de la incineración del libro de asistencia de Puerto Varas, a través de la Justicia Militar, este hecho sí revestiría características de delito. Sin embargo, el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, aclara que “para nosotros este tema está zanjado”, porque según él ya tomaron todas las medidas administrativas que debían adoptar. <iframe height="600px" width="600px" src="https://www.biobiochile.cl/assets/bbcl-embed/#/static/documentos/2019/06/cje-emge-dpe-1-1b-r-n-1000-11680-18-abr_-2019.pdf?title=cje-emge-dpe-1-1b-r-n-1000-11680-18-abr-2019" frameborder="0" allowfullscreen="true" style="border: 0px solid;"></iframe> <iframe height="600px" width="600px" src="https://www.biobiochile.cl/assets/bbcl-embed/#/static/documentos/2019/06/presentacion-1.pdf?title=presentacion-1" frameborder="0" allowfullscreen="true" style="border: 0px solid;"></iframe> Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2019/06/18/de-pitutos-a-quema-de-libro-de-asistencia-denuncia-revela-nuevas-irregularidades-en-el-ejercito.shtml
  2. 07 Junio 2019 Diputado Mellado denuncia irregularidades en propiedad de expresidenta Bachelet en Lago Caburgua El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, presentó una denuncia por infracción a la Ley de Urbanismo y Construcción en el Juzgado de Policía Local de Cunco por las construcciones de carácter irregular que mantendría también a orillas del lago Caburgua la expresidenta Michelle Bachelet. Según información entregada por el diputado Miguel Mellado a Radio Bío Bío, la denuncia la presentó a las 16:30 a través del concejal de RN en dicha comuna, Gabriel Guerrero. Lee también... DC denuncia a Piñera en Juzgado de Policía Local por no pagar contribuciones en casa de veraneo De acuerdo con la denuncia, la exmandataria ha presentado 3 veces solicitudes de permisos de edificación pero ninguno de ellos, a lo largo de al menos 2 décadas, ha sido completado. El primero data de 1995, el último de 2013 y ninguno habría tenido recepción definitiva. El parlamentario aseguró que “ella está pagando $80.000 de contribuciones, sí, pero resulta que ella nunca ha tenido recepción definitiva de los inmuebles cuyos permisos pidió”, por lo que están pidiendo una multa de 100 UTM y la demolición de los bienes. “Ella está ocupando indebidamente inmuebles que pidió un permiso (…) Impuestos Internos no los puede tasar, por lo tanto está evadiendo contribuciones”, acusó. Los antecedentes surgen luego de las denuncias emitidas desde la oposición respecto de la casa de veraneo del presidente Sebastián Piñera en el mismo lago. La denuncia contra el mandatario vino desde el parlamentario demócratacristiano Gabriel Ascencio, quien ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Tesorería General de la República (TGR) por el no pago de contribuciones de una de las viviendas de Piñera. Lee también... Abogado de Piñera entrega descargos por uso de casa de veraneo en Caburgua sin recepción municipal Ascencio anunció que denunciará formalmente al mandatario en el Juzgado de Policía Local de Pucón por “flagrante y confesa infracción al artículo 145 de la Ley de Urbanismo y Construcción”, evitando pagar contribuciones en 30 años. Por esta situación, el mandatario fue citado para declarar este viernes, pero en su lugar asistió su abogado, Walter Graf, quien aseguró que el caso se está regularizando. Revisa aquí la denuncia del diputado Miguel Mellado: <iframe height="600px" width="600px" src="https://www.biobiochile.cl/assets/bbcl-embed/#/static/documentos/2019/06/denuncia-miguel-mellado-1.pdf?title=Documento%20correspondiente%20a%20la%20denuncia%20del%20diputado%20Miguel%20Mellado" frameborder="0" allowfullscreen="true" style="border: 0px solid;"></iframe> Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/06/07/diputado-mellado-denuncia-irregularidades-en-propiedad-de-expresidenta-bachelet-en-lago-caburgua.shtml
  3. 01 Agosto 2018 Migrantes pagaron $ 2.556 millones en multas y cuestionan uso de fondos Contraloría halló irregularidades en cuenta que recibe el dinero que deben cancelar infractores a Ley de Extranjería. Se estableció un déficit de $ 41 millones. Recurso se usa para pagar los pasajes aéreos a quienes son expulsados. CIUDADANOS HAITIANOS PARTICIPANDO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA, EN SANTIAGO. Con el objetivo de verificar cómo está cumpliendo la Subsecretaría del Interior su rol en materia de migración, la Contraloría realizó una revisión a esta repartición, la que arrojó una serie de situaciones irregulares. El estudio, que está en el informe N° 801/2017 del 24 de julio de 2018, reveló antecedentes poco conocidos en esta área. Por ejemplo, que el Estado cobra multas a los extranjeros que incumplan la Ley de Extranjería, dinero que después se utiliza para expulsar a migrantes infractores. Estos recursos quedan depositados en una cuenta del BancoEstado, que a diciembre de 2016 alcanzaban los $ 2.556 millones. Justamente en este ítem, dice el documento, fue detectada una irregularidad. Al comparar el registro entre el dinero que ingresó al Estado por estas multas en 2016 y 2017 con los fondos que efectivamente entraron a la cuenta bancaria, se encontró un déficit superior a los $ 41 millones. Para subsanar esto, señala la CGR, el gobierno deberá ejecutar la auditoría a la cuenta corriente, “determinando si la diferencia corresponde a la documentación que no ha remitido la Gobernación Provincial de Curicó”, repartición donde se habría generado el descuadre financiero. Sobre esto, el exjefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior (DEM) Rodrigo Sandoval señaló que “en mayo de 2017 se constataron ciertas inconsistencias contables en la gobernación que me indica (Curicó) y alcancé a instruir que se requiriera una aclaración de ese tema por parte de su gobernadora. Renuncié unas semanas después, razón por la que desconozco el resultado de esa indagación ni las medidas aplicadas”. La Contraloría, además, abarcó otras áreas. Así, se detectó “la ausencia de documentación soportante de la devolución de multas mal cobradas” por un poco más de $ 5 millones. Asimismo, el ente contralor identificó adquisiciones de pasajes aéreos para trasladar a extranjeros desde regiones a Santiago, los que debían ser expulsados del territorio nacional. La Contraloría estableció que en la mayoría de los casos el proveedor fue Blanco Viajes Ltda., a pesar de que existía un acuerdo vigente con otra empresa aérea a través del convenio marco. Sobre este punto, Sandoval señaló que “se instruyó proceder a ese pago por parte del subsecretario, a lo cual no me cabía hacer mayor cuestión, pues el reglamento le da a él la facultad de definir esa clase de pagos. Desconozco el modo en que se escogía la agencia, pues luego de la instrucción el rol del DEM pasó a ser más bien de registro de los pagos que la PDI solicitaba y que la subsecretaría financiaba, y no se nos dio ninguna incidencia en esta decisión”. Otro punto que identificó Contraloría fue que al comparar la información de la Subsecretaría del Interior con la del Registro Civil, entre 2015 y 2016, se constató que de un total de 375.986 cédulas de identidad entregadas a migrantes durante ese lapso, hay 10.408 que fueron concedidas y no están registradas en la base de datos del DEM. Esta situación, señala, “evidencia la ausencia de coordinación, interconexión de los sistemas y bases de datos de ambas instituciones”. Desde el DEM señalaron que “el informe de Contraloría hace referencia a las funciones institucionales en materia de migración durante el periodo 2016-2017. Lo que nos corresponde ahora, tras recibir el informe final, es trabajar en la implementación de las observaciones que contiene el documento, no obstante, muchas de ellas ya se encuentran en marcha con la gestión del nuevo DEM, que se inició durante la presente administración”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/migrantes-pagaron-2-556-millones-multas-cuestionan-uso-fondos/266151/
  4. 30 Mayo 2018 Contraloría revela irregularidades en gestiones desarrolladas por Conaf Esto tras la investigación solicitada por Manuel José Ossandón, referente a la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de aeronaves y en las adquisiciones de bienes y equipos para el combate del fuego. Esta jornada la Contraloría General de la República se pronunció respecto de la denuncia presentada por el Manuel José Ossandón, referente a la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de aeronaves y en las adquisiciones de bienes y equipos para el combate del fuego, entre enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017, por parte de Conaf. Tras la investigación pertinente, el organismo emitió un informe final en el que concluyen que la Corporación Nacional Forestal, habría incurrido en una serie de irregularidades. Se concluye, entre otras cosas, que durante la temporada 2016-2017, Conaf “no tuvo en operación dos de sus aeronaves, lo que, según sus propias investigaciones internas, obedeció a desperfectos provocados por errores administrativos. Tal falencia se suplió con contrataciones externas, lo que significó un mayor gasto para el combate de los incendios ocurridos en esa temporada de, al menos, USD 1.856.400”. En ese sentido, se indicó que las bases de licitación contenían exigencias improcedentes, falencias en la evaluación técnica de las ofertas, y evaluación errónea de las mismas. Asimismo, se determinó que existió una escasa fiscalización por parte de Conaf a los planes de manejo para incendios en los predios de Santa Olga y Florida. Incluso, se establece que en cuatro de los siete predios con planes de manejo no tenían medidas preventivas. De la misma forma, el organismo detectó que Conaf no cuenta con una política ni instructivo actualizado para el inventario de bienes destinados al combate de incendios. La respuesta de Conaf Por su parte, y por medio de un comunicado, Conaf indicó que “a través de las gerencias y unidades correspondientes, se encuentra analizando las observaciones del informe final a objeto de adoptar las medidas pertinentes e implementar las acciones que en cada caso se señalan tendientes a subsanar las situaciones observadas por el Organismo Contralor”. Las medidas, según agregaron, están sujetas a la revisión de la Contraloría. Contraloría‏Cuenta verificada @ContraloriaclSeguirSeguir a @Contraloriacl Más #InvestigaciónConaf: Te presentamos los resultados de la última Investigación Especial llevada a cabo en @conaf_minagri con relación a la prevención de incendios forestales de 2016-2017 (Santa Olga y Florida) Informe completo https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/23eca34f65a5d56fd8399df477978a4c/html … Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-revela-irregularidades-gestiones-desarrolladas-conaf/186064/
  5. 11 Julio 2018 Contraloría detecta una serie de irregularidades en auditoría realizada a Metro de Valparaíso Entre las principales conclusiones del informe realizado por el organismo fiscalizador hay reparos al actuar de la empresa en las "horas puntas" y falta en el cierre en los registros de averías e incidentes. La Contraloría General de la República encontró una serie de irregularidades en una auditoría realizada al Metro de Valparaíso.El objetivo de la revisión efectuada era fiscalizar el cumplimiento de los contratos de asistencia técnica y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de señalización, electrificación y comunicaciones de la empresa, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Dentro de las principales conclusiones establecidas por la contraloría están que “se comprobó la contratación mediante trato directo de la empresa Servicios de Ingeniería Cat Global Ltda. para realizar los servicios de mantenimiento y apoyo de la gerencia de operaciones, a contar del periodo 2014 y hasta la fecha, sin que se evidencien motivos fundados que justifiquen esa modalidad excepcional de contratación, esa entidad deberá procurar, en lo sucesivo, el apego a los principios asociados a la libre concurrencia, transparencia en sus operaciones, economía y eficiencia, entre otros, sin perjuicio de acreditar la ratificación de dichas contrataciones con el directorio de MERVAL, ello, conforme lo comprometido en su respuesta, lo que se validará en el seguimiento al presente informe”. Se detectó, además, que se establecieron cláusulas de renovación “que eventualmente permiten la extensión indefinida de dichos acuerdos de voluntades, la empresa deberá procurar el apego a los principios de transparencia y libre concurrencia, evitando la inclusión de las citadas cláusulas a modo de prevenir sucesivas prórrogas y acuerdos tácitos con la contraparte”. También se advirtieron deficiencias “en el sistema SIRIAOF, relativas a la ausencia de plazos máximos para el cierre de eventos de averías e incidentes, así como la constatación de 679 averías y 791 incidentes pendientes de finalizar o aclarar en el aludido sistema, la entidad auditada deberá cumplir con la medida comprometida en orden a incluir un plazo límite para estos procedimientos y regularizar lo que se encuentra pendiente, asegurando con ello la integridad y exactitud de la información que administra la citada herramienta informática, lo que será verificado en una visita de seguimiento que realice este Organismo de Control”. El organismo presentó reparos al actuar de la empresa durante la “hora punta”. “Respecto de densidades máximas de pasajeros en trenes, las cuales fueron superadas en los horarios puntas de ambas vías, así como la falta de evidencia en tareas de seguimiento y revisión posterior de los incidentes ocurridos, que den cuenta de medidas preventivas y correctivas adoptadas, la entidad auditada deberá por una parte, instaurar acciones que permitan propender a resguardar las condiciones de confortabilidad y seguridad necesaria para el traslado de pasajeros, y por otra cumplir con las medidas comprometidas en orden a establecer una plataforma común destinada al análisis de eventos que afectan la operación del servicio, lo que será verificado en una futura visita de seguimiento que realice este Organismo de Control”, se señala. Se agrega que “en cuanto a la falta de un procedimiento formal que describa las principales rutinas aplicadas en la medición de la frecuencia, y a la ausencia de un historial de las modificaciones realizadas de intervalos y frecuencias, la empresa deberá implementar las medidas comprometidas, en cuanto a elaborar un documento formal que contenga criterios, definiciones y algoritmos considerados para el cálculo y medición de variables operacionales, y programar una consulta de búsqueda para obtener información específica sobre los cambios de planilla respectivamente”. Contraloría ✔@Contraloriacl Algunos de los principales resultados de la Auditoría realizada a @MetroValpo: Problemas con contrato a empresa de mantenimiento Debilidades en medidas preventivas en horario punta Alto registro de averías e incidentes sin resolver Informe https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/5dc6d2ac1c0d5baef87d4a5b42e58c2e/html … 15:59 - 11 jul. 2018 Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-detecta-una-serie-irregularidades-auditoria-realizada-metro-valparaiso/239557/
  6. 09 Junio 2018 Tomás Hirsh presentará querella contra Sebastián Piñera por supuestas irregularidades en campaña El diputado humanista emplazó al Presidente a que se refiriera a estos supuestos "aportes de personas naturales extranjeras, de empresas extranjeras y si estas donaciones fueron declaradas en su rendición de cuentas". El diputado humanista, Tomás Hirsh anunció que este lunes presentará una acción judicial por supuestas “graves irregularidades” en el financiamiento de la campaña presidencial de Sebastian Piñera. De acuerdo al parlamentario, el Mandatario habría aceptado una donación por parte de un empresario extranjero. De acuerdo a la revista El Periodista, el jefe de Estado se reunió con Ricardo de la Blanca Grimati, CEO y fundador de Freedom Social Technology – empresa con sede en Miami – quien asegura donó a Sebastián Piñera una plataforma tecnológica para campañas políticas destinada a manejar de una manera más eficiente la red de militantes y voluntarios. “Estamos en presencia de varios hechos que podrían ser ilícitos y que deben ser investigados. Primero, aporte de un ciudadano extranjero. Segundo, aportes de una persona jurídica, y tercero, hemos revisado que esta donación no fue incluida y declarada en la rendición de cuenta de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, lo que de comprobarse, conformaría un grave incumplimiento en la legislación electoral de nuestro país”, aseguró Hirsch. El parlamentario agregó que desde La Moneda sostienen que el aporte no fue utilizado en la campaña presidencial, sin embargo Hirsch asegura que este argumento no tiene asidero legal, ya que “toda donación recibida por un candidato o candidata, debe ser declarada en los procedimientos que establece el Servel, independiente que se utilice o no”. Por todo lo anterior el diputado hizo un llamado al Presidente a que explique con toda claridad si recibió aporte de personas naturales extranjeras, de empresas extranjeras y si estas donaciones fueron declaradas en su rendición de cuentas. “La ciudadanía tiene derecho a saber si el Presidente de la República cumplió o no con la ley, y por eso llamamos a que sea el propio mandatario el que responda transparentemente al país. Él es quien dialogó con el empresario y llegó a un acuerdo bastante particular, tu me necesitas, yo te necesito y vamos haciéndo negocios, por eso interpondremos las acciones judiciales que corresponda, para que la justicia aclare esta irregular situación” Antes estos hechos, Hirsch anunció que junto a su equipo jurídico están recabando más antecedentes para presentar el próximo lunes 11 de junio una denuncia o querella, para que el Servel o el Ministerio Público investigue esta irregularidad y que se aclare si hubo incumplimiento de la legislación correspondiente”. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/tomas-hirsh-presentara-querella-sebastian-pinera-supuestas-irregularidades-campana/199576/
  7. Contraloría detecta graves irregularidades en pensiones de Carabineros Hasta el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegó la auditoría que la Contraloría General de la República (CGR)realizó a la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca), en la que se detectaron graves irregularidades en la entrega de pensiones (revisa acá la auditoría completa). El contralor, Jorge Bermúdez, había adelantado la gravedad de los hallazgos el lunes en entrevista con CNN, medio asociado a Radio Bío Bío. Este martes, en tanto, ratificó sus palabras, al señalar que “tenemos hallazgos que son bastantes graves (…) Eso significó que haya denuncia al Ministerio Público y una remisión al Consejo de Defensa del Estado para que ellos ejerzan las acciones pertinentes”. El análisis de la Contraloría, que incluyó los años 2015, 2016 y 2017, por un monto total de 1.021.719 millones de pesos en pensiones asignadas, determinó que Dipreca, a junio de 2017, “efectuó pagos improcedentes por la suma de 196,7 millones de pesos, por concepto de reliquidación de pensiones de retiro y de montepíos, sustentados en resoluciones generadas irregularmente” por la misma Dipreca. Contraloría dijo en su informe que iniciará un “procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos”. Además, Dipreca deberá establecer los procedimientos que permitan verificar la legitimidad de las resoluciones de otorgamientos de beneficios previsionales, emitidos por el Departamento P.4 de Carabineros. El ente contralor también objetó una pensión por concepto de montepío de una mujer cuyo nombre aparece tarjado en el informe. Hasta mayo de 2017, dicha persona recibió 36,2 millones de pesos “sin tener la calidad de cónyuge del causante de la pensión, razón por la cual esa entidad previsional (Dipreca) deberá informar las gestiones realizadas para asegurar el reintegro de los recursos pagados de manera improcedente”. Además, Dipreca fue detectada realizando desembolsos eventualmente improcedentes por 16,8 millones de pesos a una “beneficiaria que registra dos matrimonios vigentes -el segundo con el causante- y a una montepiada cuya pensión deriva de un causante con un matrimonio anterior vigente”. Dipreca se encuentra realizando un estudio jurídico de los dos casos anteriores, por lo que una vez finalizado, debe remitirlo a Contraloría en 60 días hábiles. Los desórdenes contables de la entidad de previsión de Carabineros también fueron materia de análisis de la CGR. En su auditoría, detectó que existen partidas sin conciliar en la cuenta “Pensiones” que tiene Dipreca en el BancoEstado, por un total de 10.645 millones de pesos. Al respecto, Contraloría señaló que dichos desórdenes “se refieren, principalmente, a transacciones que se encuentran contabilizadas por Dipreca y no registradas por la entidad bancaria y abonos o cargos bancarios que no se condicen con los registros contables del servicio, los cuales datan, en algunos casos, desde el año 1999”. Dipreca también deberá informar sobre las pensiones de 39 personas que, ya sea por fallecimiento, matrimonio o reincorporación a Carabineros, habían perdido su calidad de beneficiarios. La entidad previsional se demoró más de 90 días en efectuar el procedimiento de descargo de esas 39 personas de su sistema de pensiones, por lo que tendrá que comunicar a Contraloría sobre cómo recuperará esos recursos en 60 días. Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/17/contraloria-detecta-graves-irregularidades-en-pensiones-de-carabineros.shtml
  8. 12 Enero 2018 Cámara hiperbárica suma cinco años sin ser instalada en Coquimbo Informe de Contraloría denunció irregularidades en la planificación de la compra. Asocian muertes de buzos a la falta de esta tecnología en la zona. El 28 de noviembre de 2012, las autoridades de la Región de Coquimbo llegaban hasta el Hospital San Pablo de la ciudad homónima para anunciar la llegada de una cámara hiperbárica al establecimiento. A cinco años de aquel día, el instrumento nunca ha operado. Un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), con fecha 22 de septiembre de 2017, dejó en evidencia la situación al advertir que el equipamiento se encuentra “sin uso y sin cumplir con el objetivo por el cual fue adquirida”. Lo cual ha equivalido a una serie de procedimientos administrativos en busca de responsabilidades. Según el comunicado publicado por el Ministerio de Salud en 2012, su objetivo era “tratar los síndromes de descompresión que habitualmente afectan a buzos y pescadores artesanales que sufren accidentes por inmersión”. Además, la inversión de $197 millones otorgaría a la ciudad la única cámara entre la II y V Región, “por lo que debiese atender todos los casos de descompresión de buzos profesionales, civiles, deportistas y personal de las Fuerzas Armadas de Chile, que ocurran entre la Tercera y Cuarta Región”, señalaban en la ocasión. No obstante esta promesa, los buzos que han padecido de Enfermedad Asociada a Descompresión Inadecuada (EADI) han sido trasladados hasta el Hospital Naval de la Región de Valparaíso. El informe de la Contraloría asegura que en la Región de Coquimbo han ocurrido 63 casos de EADI entre 2012 y febrero de 2017, cifras que ubican a la IV Región a la cabeza en el nivel nacional. De estos casos, el diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD), denunciante del hecho a la CGR, asevera que dos o tres de culminan en muertes. Según relata el congresista, el último fallecimiento se produjo en noviembre de 2017, en cuyo caso el traslado de la víctima, desde Puerto Aldea a Coquimbo y luego a Valparaíso, tardó 17 horas. Hasta el lugar no llegó con vida. “Fue una tortura la que recibió, estas cosas son dramáticas. Es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede pasar nuevamente algo de estas características”. De acuerdo al director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, pese a que la cámara fue recibida “conforme” en su momento, a posteriori los equipos médicos consideraron que no cumplía con las condiciones de atención y la calificaron de “poco segura”. El análisis de la máquina elaborado por la empresa Landmarine, señaló que “las modificaciones y adquisiciones” tienen un costo de $128.458.728. Cifra que en su momento, asegura la autoridad, no ha podido ser pagada. “La gente se olvida que en la región hubo un terremoto en 2014 que nos cambiaron las prioridades en salud. Hubo que reponer muchas cosas”, indicó Jorquera, quien añade que junto con el dinero requerido para el instrumento, se deben sumar aproximadamente 200 millones “para habilitar el lugar”. El documento del ente contralor asevere que por concepto de gastos de traslado, gastos de hospitalización en Viña del Mar se han gastado desde 2012 más de $194 millones. “Monto muy superior al costo de reparación aludido precedentemente”, cuestiona el informe. Sin embargo, estos argumentos no han sido suficientes para quienes cuestionan la gestión realizada desde Salud. Para Jaime Araya, presidente de la Asociación Gremial de Buzos mariscadores de la Región de Coquimbo, “a las autoridades poco les importa la vida de los buzos de este país. Cuántos más van a morir. O tenemos que salir a hacer tira las calles, a romper la vía pública para que nos escuchen”. Según el diputado Alvarado, “es una situación bastante escandalosa que la hemos puesto en conocimiento de la CGR. Hay que buscar las responsabilidades respectivas, en este caso en el Ministerio de Salud”. Para el concejal de Coquimbo Fernando Viveros, “este informe viene a ratificar una seguidilla de errores que han existido en los últimos años”, en tanto enfatiza que la falta de esta tecnología “nos deja en una situación de mucha vulnerabilidad de Antofagasta a Valparaíso, donde no tenemos ninguna cámara hiperbárica funcionando, ni público ni privada”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/camara-hiperbarica-suma-cinco-anos-sin-instalada-coquimbo/
  9. 06 Mayo 2017 CUT admite irregularidades en fallidos comicios ante Tribunal Electoral de RM En un documento presentado el jueves, Bárbara Figueroa se “allanó” a las denuncias ingresadas contra las elecciones de 2016. Acusaciones apuntaron a alteración de padrones, votantes inhabilitados, falsificaciones de certificados, y pérdida de material electoral. El pasado jueves 4 de mayo la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, ingresó al Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana (TE) un documento en el que aceptó las acusaciones de irregularidades planteadas en las impugnaciones interpuestas al fallido proceso electoral de agosto de 2016, el cual finalizó con una directiva transitoria liderada por ella y Nolberto Díaz. En representación de la CUT, Figueroa ingresó un texto en el que señala “que vengo en allanarme de las impugnaciones interpuestas en estos autos por compartir las alegaciones de los demandantes en cuando a la nulidad de la elección realizada con fecha 26 de agosto de 2016 y, por ende, la necesidad de efectuar nueva elección de Consejo Directivo para la CUT”. En septiembre de 2016, Pedro Sepúlveda, dirigente del sector disidente de la Central y Nolberto Díaz (actual secretario general), ingresaron al TE dos impugnaciones por separado en las que ambos solicitaron anular las elecciones de agosto y acusando alteración del padrón electoral, entrega de documentación falsificada (certificados de vigencia), robo de cajas con material electoral,votantes inhabilitados. Estas denuncias apuntaron directamente a los sectores de la multisindical liderados por Figueroa, Arturo Martínez (ex vicepresidente), y el propio Díaz. Según explicó una fuente del TE, en la carta Figueroa “acepta en nombre de la CUT, que todo lo que plantearon los denunciantes efectivamente ocurrió. Asumió jurídicamente todas esas denuncias”. Efectos En el escrito, la titular de la CUT agregó que “no existe, por tanto, controversia alguna que deba dilucidar vuestro Tribunal, razón por la cual, solicito respetuosamente dictar sentencia sin más trámite, declarándose la nulidad de la elección desarrollada el 26 de agosto de 2016”. Para el abogado y ex titular de la Dirección del Trabajo, Marcelo Albornoz, el documento presentado por Figueroa representa “la aceptación absoluta y total, porque estamos hablando de un allanamiento expreso, de los hechos y vicios que están consignados en las reclamaciones ingresadas al Tribunal Electoral”. Agregó que el escrito es “mucho más que renunciar a defenderse”, planteando que con esta declaración la directiva se expone a mayores dificultades. “Figueroa valida todas las denuncias y las acepta como verídicas y reales, por ende, la responsabilidad que le corresponde a ella o a otros integrantes de la CUT en los hechos denunciados, porque obviamente los vicios alguien los comete, se aceptan. Para que existan vicios tiene que haber un responsable”, aseguró Albornoz. En esa línea, el ex DT agregó que si dentro de los hechos que se impugnaron hay antecedentes de algún delito “ahí se genera un tema bien importante, porque daría paso a otra investigación que tendría otro tipo de sentencia. Eso aplica sólo si se les impugnó hechos ilícitos, porque acá Figueroa allanó las denuncias a nombre de la CUT”. El movimiento “A recuperar la CUT”, encabezado por el disidente Andrés Giordano, fue uno de los sectores que respaldó la impugnación realizada por Sepúlveda. Respecto al documento ingresado por la titular de la Central, Giordano sostuvo que tiene una clara intencionalidad política. “Esa carta sólo persigue el propósito de acelerar el pronunciamiento del Tribunal Electoral y con ello poder llevar a cabo elecciones que validen o legitimen precisamente la misma directiva que está siendo cuestionada en el Tribunal”, afirmó. Opinión compartida por Albornoz, quien agregó que “el objetivo final de esto es acortar la duración del juicio, y así obtener una pronta sentencia que levante la suspensión de las elecciones que ellos quieren realizar”. Fuentes cercanas al Tribunal Electoral sostuvieron que el ingreso de este documento “facilita la entrega de una sentencia final, lo que no debería tomar más de dos semanas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/cut-admite-irregularidades-fallidos-comicios-ante-tribunal-electoral-rm/
  10. 15 Mayo 2017 Denuncian presuntas irregularidades en manejo de fondos en la Cruz Roja No existiría ningún control de las cuentas corrientes. Hay una denuncia en el Ministerio Público. Presidente de la institución reconoce “faltas”, pero dice que no hay sustracción de dineros. Desvíos de recursos institucionales, apropiación indebida y venta irregular de propiedades son parte de una denuncia por presuntas irregularidades al interior de la Cruz Roja Chilena, una de las organizaciones de voluntariado más importantes del mundo y que en Chile cuenta con cerca de 154 filiales. Se trata de una causa que indaga el Ministerio Público, donde se denuncian irregularidades durante el 2013 y 2014, presentadas por un ex funcionario de la institución. La causa está alojada en la Fiscalía de Temuco, Región de La Araucanía. Los dardos apuntan directamente a la ex presidenta de la Cruz Roja Lorenza Donoso y al actual mandamás, Patricio Acosta, quien se desempeñaba como vicepresidente del organismo durante el periodo en que se habrían cometido los ilícitos. La acusación realizada se respalda en un informe elaborado por la empresa auditora Deloitte a petición del actual presidente de la entidad. Dicho documento -al cual tuvo acceso La Tercera- abarcó un análisis contable del periodo 2013 y 2014. Cuenta de 35 páginas y los resultados fueron entregados a la institución en mayo de 2016. Entre las principales conclusiones destacan la falta de procesos de auditorías bianuales a las sedes centrales y regionales. También se acusa la inexistencia de un control centralizado de todas las cuentas corrientes bancarias a nombre de Cruz Roja Chilena. Se señala, además, la inexistencia de un control formal de los ingresos económicos que recibe la institución por concepto de donaciones. Incluso, se acusa que en 2014 no todas las filiales entregaron su información contable a la central de la Cruz Roja. Otra falencia que se menciona es el nulo registro de los activos con los que cuenta la institución. Irregularidades en los procesos de arriendo de oficinas y dependencias del organismo también se denuncian en el informe de Deloitte. Según datos de la institución, el presupuesto que manejan bordea los $ 1.800 millones, explicando que no reciben recursos por parte del Estado. Incluso, una de las partes querellantes del caso envió un documento al Ministerio de Desarrollo Social -al cual también tuvo acceso este medio-, en el que se pide al titular de la cartera, Marcos Barraza, que adopte medidas para “evitar que Cruz Roja Chilena tenga la administración (este año) de los albergues para la atención de gente en condición de calle”. Consultados por este tema, la cartera sostuvo que “no ha recibido dicha denuncia”. Agregaron respecto de la administración de albergues por el Plan Invierno que “no existe ningún inconveniente con Cruz Roja, dado que a la fecha se encuentra al día con rendiciones del programa e informes técnicos finales de los periodos anteriores”. Cruz Roja Desde la dirección de la entidad dijeron estar al tanto de estas denuncias. Además, reconocieron la existencia de “faltas” en materia económica. “Tenemos problemas porque nos falta profesionalización. Nos quedamos con algunos procesos en el pasado. Pero lo tenemos consciente y lo queremos cambiar”, sostuvo el presidente nacional de la Cruz Roja, Patricio Acosta, sobre las conclusiones de la auditoría. Agregó que “con todas las carencias que podamos tener, con todas las observaciones que hizo el informe (de auditoría), pongo las manos al fuego de que aquí nadie se ha llevado las platas para la casa”, indicó. Dijo que han adoptado todas las medidas para solucionar las “faltas” arrojadas por Deloitte e instó a que quienes tengan dudas acudan a las oficinas de la entidad a revisar los registros contables. “He detectado que hay presidentes que no se manejan en algunas materias, entonces ese trabajo ya no es para un simple voluntario que no tiene formación profesional”, sostuvo. Y añadió: “¿Qué les estamos pidiendo hoy a las filiales? Si no tienen un director de finanzas que pueda hacer bien la pega, contraten un contador. Ya lo estamos exigiendo”. Descartó, además, que no existan respaldos de las donaciones, e indicó que poseen todas las cartolas de depósitos. Anunciando que harán una nueva auditoría externa para el periodo 2015-2016, la cual actualmente está en proceso de licitación para ver qué empresa se la adjudica. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/denuncian-presuntas-irregularidades-manejo-fondos-la-cruz-roja/
  11. 16 Abril 2017 Valparaíso: municipio crea comisión para indagar irregularidades Mesa de organizaciones sociales revisará los contratos y licitaciones. Concejal UDI advirtió que el ente fiscalizador es la instancia municipal. Posibles irregularidades en procesos de licitación y contratos, principalmente en las áreas de transporte, aseo y parquímetros, llevaron al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a tomar una medida extra a la auditoría financiera que levantó comenzada su administración, en diciembre de 2016. Esta vez, de la mano de las organizaciones sociales, determinó la creación de una Comisión Anticorrupción en la sede edilicia, que revisará la administración de los recursos en los últimos 10 años. Se trata de una fórmula similar a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, pero a partir del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso (Cosoc), al cual ya se le dio cuenta de la adversa situación financiera. Según se ha informado, ésta presenta un déficit cercano a los $ 6 mil millones. La administración municipal actual sostiene que esa cifra estaría ligada a los contratos celebrados por las gestiones anteriores. Respecto de la responsabilidad de revisar estas materias por un ente no municipal, Sharp indicó que “es parte de una inquietud ciudadana, para recabar antecedentes y analizar la información que existe, y que será complementaria a la actividad de otras instancias” A su juicio, “es la mejor forma de salir de las sospechas de los consejeros sobre contratos celebrados que han sido lesivos y que han generado el déficit municipal. La idea es conformar una Contraloría Ciudadana Social, que también fiscalice nuestra administración”. Hasta nueve integrantes podría tener esta comisión, que será integrada por representantes de diversos organismos y redactará un informe final. El Cosoc, en tanto, es un organismo reco- nocido en la Ley Orgánica de Municipalidades, que actúa como ente “consejero” del alcalde y del concejo municipal. Está compuesto por 27 consejeros, quienes representan a organizaciones como juntas de vecinos, trabajadores, iglesias y colegios profesionales, entre otras. Si bien las conclusiones que se logren no serán vinculantes para la municipalidad, se aseguró que tendrán un “carácter informativo relevante”. “Si de los antecedentes revisados se observa que hay posibles delitos, estos serán denunciados al Ministerio Público”, se aclaró. La vicepresidenta del Cosoc, María Teresa Alvarado, señaló que “podremos revisar contratos con economistas y con el Colegio de Abogados; tenemos las herramientas técnicas para fiscalizar y hablarles a los porteños con la verdad”. El concejal Carlos Bannen (UDI) apuntó que “la participación está bien, pero la decisión final es de los concejales, quienes por ley somos los fiscalizadores (…). Hay cosas que nos enteramos por los medios. Hemos tenido errores en procedimientos que nos dejan fuera de foco. Y se debe tener muy en claro que todo contrato, al ser sometido a votación por el concejo municipal, iba fiscalizado por la Contraloría”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/valparaiso-municipio-crea-comision-indagar-irregularidades/
  12. Historia del Topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/311250-irregularidades-mop-subdere-l-funcionarios-publicos-denunciados-por-contraloria-no-arriesgan-penas-de-carcel-e-incluso-podrian-optar-a-salidas-alternativas/?hl=%2Bsubdere&do=findComment&comment=22110605 17 Abril 2017 Fiscalía abre ronda de interrogatorios tras denuncia de Contraloría Primeros testimonios serán recogidos en la R. Metropolitana. Luego, en el Biobío y Los Lagos. La diligencia que se realizará esta semana involucraría a una docena de funcionarios. Esta semana, la Fiscalía Metropolitana Sur dará inicio a una ronda de toma de declaraciones a funcionarios de diversas reparticiones públicas, residentes en la Región Metropolitana, involucrados en presuntas irregularidades. La investigación fue abierta por el Ministerio Público, luego de que el contralor general, Jorge Bermúdez, derivara antecedentes por supuestos delitos de negociación incompatible en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Tras revisar la denuncia, el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al jefe de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, para que encabezara las diligencias. Este, a su vez, determinó que los fiscales especializados en delitos violentos y económicos, Paulina Díaz y Víctor Núñez, iniciarán las pesquisas. “Se trata de antecedentes bastante preliminares, que eventualmente podrían dar con la configuración del delito de negociación incompatible, que tiene una penalidad en el Código Penal de presidio menor en su grado medio. En ese contexto, estamos evaluando estos hechos”, dijo el fiscal Guzmán, tras ser designado por Abbott. Según trascendió, desde la Contraloría habrían enviado antecedentes más precisos de los presuntos delitos, cuestión que está contenida en el artículo 175 del Código Procesal Penal y que dice relación con la obligatoriedad del órgano revisor de cuentas de denunciar supuestos delitos cometidos por funcionarios públicos. La diligencia que se realizaría esta semana involucraría a una docena de funcionarios. Entre ellos, la jefa de Unidad de Personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP, Andrea Martínez, y el jefe del Departamento de Finanzas de la Subdere, Juan Alvear Balmelli. Despliegue en regiones Sin embargo, los interrogatorios no solo se limitarían a la Región Metropolitana. En la semana siguiente, los fiscales Guzmán, Díaz y Núñez se trasladarían a la Región del Biobío. Allí le tomarían declaraciones a una decena de funcionarios del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente , incluido el jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería del centro asistencial, Patricio Sáez Bustos. Durante su estadía en Concepción, los persecutores también interrogarían a la jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades en el Gore del Biobío, Daniela Moraga. Posteriormente, los funcionarios del Ministerio Público se trasladarán a Los Lagos para entrevistar a la ex jefa de la división de planificación del gobierno regional, Gloria González Sáez. El diputado PPD Daniel Farcas valoró el inicio de las diligencias por parte del Ministerio Público. “A raíz de este caso, y de esta manera de enfrentar la situación, es muy probable que tengamos a una Contraloría mucho más empoderada y con más posibilidades de intervenir en la fiscalización de instituciones”. Gustavo Hasbún, diputado UDI, señaló que “al país le hace bien que exista un organismo que tenga un rol activo en esta materia”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-abre-ronda-interrogatorios-tras-denuncia-contraloria/
  13. Las otras denuncias y sumarios por filtraciones que incomodan al Ministerio Público Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/05/852832/Las-otras-denuncias-y-sumarios-por-filtraciones-que-incomodaron-al-Ministerio-Publico.html Ayer, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó una nueva investigación interna contra Emiliano Arias mientras que el lunes18 defensores del caso Penta presentaron su reclamo por fuga de datos en la causa que dirige el fiscal Manuel Guerra. Ayer, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó un nuevo sumario contra el jefe regional de O´Higgins, Emiliano Arias, por sus dichos en el marco de la investigación por incendios forestales en su zona. Específicamente, porque aseguró públicamente que el inicio de las llamas tenía relación con la falta de mantención del tendido por parte de la Compañía General de Electricidad (CGE), lo que fue denunciado por los propios defensores de los ejecutivos de la firma ante el jefe nacional del Ministerio Público. La investigación interna -que quedó en manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes- es la segunda que enfrenta Arias en menos de un año, luego que en 2016 Abbott instruyera lo mismo, pero por hechos similares en el caso Corpesca que, además, le valieron al investigador la salida de la causa, pero a su vez, el sobreseimiento en la misma. El sumario por actos que podrían estar vinculados a hechos relacionados a filtraciones, se suma a otra denuncia, esta vez, por la fuga de datos que apuntan directamente a funcionarios de la institución. El lunes, un grupo de 18 defensores, en representación de 27 imputados en el caso Penta, solicitaron a la Fiscalía Nacional abrir una investigación sumaria y otra penal contra todos quienes resulten responsables estos presuntos hechos. Ambas situaciones se suman a otras similares que han incomodado al Ministerio Público y que involucran a causas igualmente mediáticas. Tal fue el caso del ex ministro Jorge Insunza, quien es perseguido penalmente por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente -bajo la supervisión del fiscal regional Manuel Guerra- por su presunta participación en delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible supuestamente ocurridos durante el periodo que ejerció como parlamentario. Específicamente, porque su defensor público, Carlos Mora, denunció la divulgación en medios de prensa, de la declaración como imputado que prestó ante los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo en un periodo en que ésta tenía carácter de reservada. Asimismo, acusó la difusión de informes y peritajes que -igualmente- permanecían bajo secreto, lo que también vulneraría lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prohíbe a los fiscales entregar información sobre causas en curso. Por ello es que Abbott, tras acoger la denuncia, remitió todos los antecedentes al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, quien quedó a cargo de establecer si existe o no delito al respecto y, en caso de haberlo, establecer responsabilidades. ME-O arremete contra fiscal Pablo Gómez Siguiendo la misma línea, la defensa de Marco Enríquez-Ominami, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, estimó que las declaraciones hechas por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, días después de su formalización por delitos tributarios, podrían ser interpretadas como un juicio anticipado respecto de su representado. Lo anterior fundamentó la presentación de una denuncia ante Abbott, quedando la investigación en manos del fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, quien luego de tres meses de sumario, concluyó que Gómez "no infringió su deber de objetividad y de reserva legal" con sus dichos a la prensa.
  14. Denuncia de Contraloría por irregularidades en altos servicios públicos afectarían al MOP y a la Subdere Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/27/851338/Denuncia-de-Contraloria-por-irregularidades-en-altos-servicios-publicos-incluiria-al-MOP-y-a-la-Subdere.html La información surge luego de que el jefe de la entidad fiscalizadora, Jorge Bermúdez, afirmara que entregó antecedentes de cinco jefes de finanzas de entes que reciben altos montos de dinero anualmente. Luego de que el contralor, Jorge Bermúdez, informara que denunción ante la fiscalía a cinco jefes de finanzas de altos servicios públicos por detectar anomalías en su gestión, hoy se dio a conocer que éstos serían miembros de un hospital regional y dos gobernaciones regionales (que no fueron especificados), la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Obras Públicas. Así lo consigna "La Tercera" citando a fuentes al interior del Ministerio público. La información surge un día después de que en entrevista con ese mismo medio, Bermúdez hiciera pública la medida y asegurara que la investigación realizada por el ente fiscalizador se desarrolló mediante muestras aleatorias a entidades públicas que manejan altos montos de dinero en sus presupuestos anuales. Sin embargo, no dio a conocer los nombres de las entidades afectadas. En base a la Ley de Presupuesto, el MOP maneja un presupuesto estimado de casi mil 600 millones de pesos al año. Por su parte, la Subdere llegaría a los mil millones en el mismo período. El contralor aclaró que las auditorías se realizaron durante dos semanas contrastando las declaraciones de intereses de algunos funcionarios públicos con la información que está registrada en los antecedentes estatales. La denuncia de Bermúdez sorprendió a los miembros del Ejecutivo. Este domingo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez, afirmó "si hay situaciones irregulares que se detecten éstas deben ser denunciadas". Agregó que se debe avanzar en transparencia y que para ello "la labor de Contraloría es fundamental". Fuentes del Ministerio Público aseguran que este lunes, en el marco de la ceremonia de aniversario de los 90 años de la Contraloría Nacional, el fiscal nacional, Jorge Abbott designaría a un persecutor regional para que lidere las indagaciones entorno a las anomalías detectadas. Basandose en la juridicción, esta responsabilidad se le sería confiada a Andrés Montes, fiscal regional de la zona Centro Norte de la Región Metropolitana. Recién después de que se establezca a un fiscal a cargo del caso, se darían inicio a los procesidmientos correspondientes y se daría a conocer los nombres de los servicios involucrados.
  15. 28 Febrero 2017 Concejala de Santiago denuncia irregularidades de empresa que realiza servicios de aseo en la comuna Acusa a la empresa "HGR – Horacio Francisco González Román" de vulnerar los derechos de sus trabajadores, quienes hasta la fecha no han recibido ningún pago por su trabajo. “No cuentan con un contrato, de hecho ni siquiera tienen claridad de cuánto van a ganar”, sostiene Irací Hassler. En el Concejo Municipal de Santiago del lunes 27 de febrero, la concejala Irací Hassler (PC), cumpliendo el rol fiscalizador que le compete, acusó graves irregularidades de la empresa “HGR – Horacio Francisco González Román”, que se adjudicó la licitación pública “Servicio de limpieza de calles, recolección y transporte de basura desde ferias libres, dependientes de la comuna de Santiago”. Dicha empresa comenzó a operar el pasado 27 de diciembre en la comuna, después de la aprobación de su adjudicación por la gestión recién asumida. La denuncia acusa la vulneración de derechos de los trabajadores de dicha empresa, quienes hasta la fecha no han recibido ningún pago por su trabajo. Incluso “no cuentan con un contrato, de hecho ni siquiera tienen claridad de cuánto van a ganar”, señaló la concejala. Agrega que “son además en su gran mayoría personas migrantes, quienes sufren una mayor vulneración de sus derechos y no tienen otra alternativa que trabajar para este tipo de empresas y en las condiciones que ellas determinen”. Estos trabajadores deben realizar sus labores con condiciones muy precarias e inseguras, no cuentan con las herramientas que se estipulan en la licitación ni con el uniforme adecuado. “Ante cualquier accidente quedan en la más absoluta desprotección”, puntualizó. Por otro lado, también hay irregularidades con los camiones, que fueron corroboradas por el Director de Aseo, Mauricio Valenzuela, presente en el Concejo. “Los camiones no son de propiedad de la empresa ni cuentan con las especificaciones técnicas, como estipula la licitación, y más grave aún, no cuentan con permiso de circulación al día”, agrega la concejala. Con lo anterior, el Municipio de Santiago permite y trasgrede la Ley de Tránsito 18.290, artículo 98, que manifiesta lo siguiente: “Los vehículos que hayan perdido sus condiciones de seguridad serán retirados de la circulación y puestos a disposición del tribunal competente, en los locales que para tal efecto debe habilitar y mantener la Municipalidad”. También hay responsabilidad directa del municipio en el incumplimiento de los horarios establecidos para el despeje de las calles y el bloqueo de vehículos particulares, para que los trabajadores puedan realizar sus labores con las condiciones adecuadas. Entre otros problemas reportados, se señala la falta de hidrolavadoras con vapor, necesarias principalmente en los sectores de pescadería, que resguardan la salubridad de la población. Su ausencia es causal de término de contrato. El alcalde Felipe Alessandri se mostró sorprendido por los elementos entregados, sin embargo la Dirección de Aseo manifestó ya estar al tanto de todos los problemas reportados, sin haber actuado aún en concordancia. En los próximos días debieran cursarse las multas solicitadas en el Concejo Municipal, que eventualmente derivarán en el término del contrato de HGR y el Municipio de Santiago. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/28/concejala-de-santiago-denuncia-irregularidades-de-empresa-que-realiza-servicios-de-aseo-en-la-comuna/
  16. 08 Febrero 2017 Municipalidad de Valparaíso denuncia graves irregularidades en permisos de edificación El alcalde Jorge Sharp no descartó la posibilidad de establecer un proceso administrativo en contra del director de obras por la responsabilidad que podría competerle. Vecinos del Cerro Florida presentaron un recurso de irregularidad para impedir el inicio de los trabajos de edificación de una torre de departamentos en terrenos del ex Consultorio Mena. “Aquí hay algo muy grave, se otorgó un permiso sin considerar todos los elementos que la misma ley y las ordenanzas de urbanismo y construcción establecen. Es una situación grave que amerita que se van a revisar los procesos al interior de la municipalidad, sostuvo el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, quien no descartó la posibilidad de establecer un proceso administrativo en contra del director de obras por la responsabilidad que podría competerle. Nicolás Guzmán, jefe del departamento jurídico del municipio porteño agregó se trata de una serie de infracciones a la normativa urbanística: por ejemplo el permiso de edificación tendría imprecisiones respecto al anteproyecto aprobado y el informe del revisor independiente. Además “hay infracción por inexistencia de proyecto de cálculo estructural y la realización de un estudio de mecánica de suelos en un terreno distinto a aquél donde se sitúa el proyecto respecto al cual se concedió el permiso, entre otras irregularidades” expuso. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/municipalidad-valparaiso-denuncia-graves-irregularidades-permisos-edificacion/
  17. 27 Diciembre 2016 Investigación revela una serie de irregularidades tras la muerte de Manuel Contreras La indagatoria establece que tras la muerte del condenado militar hubo varios elementos que funcionaron de forma anormal, incluso, denunciando la supuesta falsificación de documentos públicos. Un pase de sepultación provisorio entregado después de incinerar el cuerpo del "Mamo" Contreras dio origen a una lista de irregularidades. Director del Cementerio General acusa falsificación de instrumento público y califica como "grave" la situación. Rol del Ejército y del Seremi de Salud aún no está claro. La muerte de Manuel Contreras Sepúlveda, conocido como el "Mamo", fue difundida la medianoche del 7 de agosto de 2015 por el director del Hospital Militar, Juan Eduardo Durruty, mediante un escueto comunicado de prensa. No hubo honores militares ni ceremonias públicas. Tampoco se reveló el lugar y la hora de su entierro. El funeral del "Mamo", al igual como lo fue parte importante de su vida, se hizo en las sombras y bajo un celoso y poco claro despliegue de seguridad. Contreras, quien cumplía una condena de 520 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, murió en el Hospital Militar ese 7 de agosto a las 22:20 horas debido a, de acuerdo a su acta de defunción, un paro respiratorio gatillado por una crisis blástica severa y una mielodisplasia multilinaje. Desde ese momento comenzó una cadena de hechos y contradicciones entre funcionarios públicos y de organismos privados que, hasta ahora, no permite establecer cómo fue su proceso de cremación, el rol que jugó el Ejército, ni cuál fue el destino final de sus restos. Así lo constató Radio Bío Bío a través de la recopilación de diversos antecedentes que dan cuenta de una serie de irregularidades en torno a la cremación del ex líder de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del ex general Augusto Pinochet. ¿Irregularidades, acuerdos y presiones? Cuando una persona fallece, los deudos deben iniciar un periplo para dar sepultura a su familiar o para llevar a cabo su cremación. Si la persona fallecida quiere ser incinerada debe dejar manifestada su voluntad expresamente ante un notario y, si no firmó este documento en vida, los responsables de dar cumplimiento a ello son sus familiares directos, es decir, el cónyuge sobreviviente o en su defecto sus hijos. En cualquier caso, antes de sepultar o cremar a una persona, se deben realizar ciertos trámites legales en determinado momento. Ese no fue el caso de Manuel Contreras. Mauricio Newman, jefe de ventas de servicios funerarios de la Sociedad Acoger, empresa que desde 2005 administra el Cementerio Católico y que estuvo a cargo del proceso de incineración de Contreras, aseguró a la prensa y aún mantiene sus dichos, que al momento de proceder contaba con todos los documentos necesarios, incluso el permiso de sepultación; de otra manera no lo podría haber cremado. Pero los trámites funerarios tienen un punto de partida en el Registro Civil, la repartición pública responsable de otorgar los certificados y permisos para sepultar un cuerpo. Después de ello, siguen los trámites en otras instancias que permitirán cumplir con la inhumación de un cadáver. Según la investigación de Radio Bio Bio, en el caso de Manuel Contreras, según indica su certificado de defunción, falleció a las 22:20 horas de la noche del viernes 7 de agosto de 2015 y fue incinerado después de las 05:00 horas del sábado 8 de agosto, en la madrugada, a menos de siete horas de su deceso. Pero la inscripción de su fallecimiento se realizó el mismo 8 de agosto después de las 09:00 horas en la oficina del Registro Civil, que cumple turnos los fines de semana y festivos para inscribir el fallecimiento de una persona y obtener la autorización de sepultación. ¿Cómo, entonces, incineraron el cuerpo de Contreras sin tener este documento necesario para continuar con el servicio fúnebre? La respuesta está en el Seremi de Salud Región Metropolitana, organismo que tomó la decisión de autorizar el procedimiento. En efecto, pasada las 09:30 AM de ese sábado 8 de agosto, cuando Contreras ya estaba incinerado, Andrés Muñoz Mesa, funcionario de la Funeraria Carrasco Hnos., se presentó en la oficina del Registro Civil para inscribir el fallecimiento de Manuel Contreras. En el servicio extrañó el trámite de Muñoz Mesa, pues ya había aparecido en las noticias que Contreras había sido cremado cuatro horas antes. Como sea, el permiso de sepultación entregado a Muñoz Mesa fue un pase "provisorio", lo que permite que los deudos continúen con los trámites hasta que terminen con todo el proceso y quede la información correcta inscrita en el Registro Civil. No obstante, tanto la Funeraria Carrasco Hnos., y el funcionario Muñoz Mesa, sabían que inscribir después de incinerar no es legal. Además, Muñoz Mesa solicitó el permiso de sepultación para incinerar en el Cementerio Católico, pero en el acta oficial aparece que Manuel Contreras Sepúlveda quedó inscrito como sepultado en el Cementerio General. "Debo ser enfático al señalar que al Cementerio General nunca ingresó el cuerpo del señor Contreras. Acá no se encuentra sepultado y me parece grave esta situación", dice Raschid Saud, director del Cementerio General. "Esto podría llegar a ser constitutivo de un delito, como falsificación ideológica de instrumento público. Es demasiado grave y se debe aclarar", agrega. Para Raschid Saud, "acá hay algo que es indesmentible", pues "la cremación no se desarrolló bajo las normas que rigen a los cementerios. Primero, no puede ser que una persona sea cremada y posteriormente solicitar el permiso de sepultación, eso no puede suceder. Luego, me parece que esto vulnera el derecho a la igualdad de los ciudadanos porque un trámite de estas características no permite saltarse procedimientos que son para todos iguales y, finalmente, si esto no se aclara prontamente, podría ser un tema que constituiría delito sancionado por nuestra legislación y ordenamiento jurídico. Este caso es extraño y muy grave, aberrante e inaceptable porque, además, cometieron una falta grave a la transparencia". Saud explica que es prácticamente imposible cremar un cuerpo de madrugada, incluso si éste ha sido sometido a un proceso de deshidratación. Además, plantea que las irregularidades en torno a la muerte de Manuel Contreras les afecta, "principalmente, en nuestro carácter de transparencia. En términos legales buscaremos que se aclare, porque existe un dato falso en un instrumento público donde somos nombrados y no corresponde a la realidad y eso no puede ser. Esta información se debe corregir". Director Hospital San José: Yo no firmé Para incinerar es necesario obtener otros documentos, como la autorización de cremación, que podría haber firmado el director del Hospital San José, centro hospitalario que cumple con esta función debido a que el Cementerio Católico está ubicado en la zona norponiente (Recoleta). Por tanto, se encuentra por resolución ministerial facultado para ello. Pero como el deceso de Contreras se produjo de noche y en fin de semana, el director del Hospital, José Miguel Puccio, no intervino en esto. "El documento para permitir una cremación tendría que ser firmado por mí, pero cuando el deceso ocurre un fin de semana la firma recién se estampa el día lunes. A este recinto no ingresó ninguna solicitud, ningún documento, por lo tanto, no firmé nada ni tuve mayores antecedentes", dice Puccio. ¿Quién pudo firmar, entonces? Según el director del Hospital San José, fue el Seremi de Salud de la Región Metropolitana. "Pese a ello, este trámite no podría haberse realizado de madrugada", explica Puccio. "En estos casos y como señalé antes, hay que esperar hasta el día lunes para obtener la firma del Seremi. Es extraño de todas maneras, pero con seguridad puedo decir que en este hospital no se encuentra registrado el señor Contreras", agrega. El rol del Seremi Pocas son las excepciones que consagra la Ley 4.808 para sepultar o cremar con rapidez, o con varios días de plazo, un cuerpo. Entre ellas, las enfermedades contagiosas o cuando se trata de una personalidad pública relevante, como lo fue el fallecimiento del exPresidente Patricio Aylwin. Manuel Contreras no respondía a ninguno de los dos casos. En su artículo 46, de hecho, el cuerpo legal establece que el servicio de sepultación o cremación no puede realizarse antes de 24 horas del fallecimiento. Pero Contreras, al parecer, tuvo un trato especial. "La Unidad de Inspección Sanitaria de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, encargada de revisar la documentación y emitir las resoluciones de cremación, tiene habilitados turnos las 24 horas del día, los siete días de la semana", dice Carlos Aranda, seremi de Salud, en una entrevista que respondió vía correo electrónico. Aranda, según reconoce, recibió y firmó la solicitud de cremación de Manuel Contreras personalmente, pues se encontraba de turno ese fin de semana monitoreando un sistema frontal que afectó la Región Metropolitana y a gran parte del país. "Es necesario destacar que el Seremi de Salud cumple su función y ejerce su autoridad permanentemente, sin límites de horarios", explica. Según el funcionario público, recibió correctamente la solicitud de incineración de Manuel Contreras. Y para firmar dicho permiso, tuvo a la vista el certificado de defunción, el pase de sepultación otorgado por el Registro Civil y la manifestación notariada de la voluntad de Contreras de ser incinerado. Sin embargo, de acuerdo a sus respuestas y a los datos recabados, Aranda habría autorizado la cremación de Contreras sin tener a la vista el pase de sepultación provisoria que Muñoz Mesa, de la Funeraria Carrasco Hnos., había conseguido en el Registro Civil después de cremar a Contreras. Consultado sobre este tema, Aranda señaló que "del Código Sanitario se desprende el Reglamento de Cementerios, el cual debe ser cumplido por esta Seremi de Salud. El artículo 48 del Reglamento General de Cementerios indica que ´ningún cadáver podrá permanecer insepulto por más de 48 horas (...)´ y no hace referencia a un mínimo de tiempo. Se suma a lo anterior, la manifestación por escrito y cumpliendo todas las indicaciones del Reglamento de Cementerios, emitido por el fallecido, por lo tanto, se cumplió con el reglamento". Sin embargo, Manuel Pavez, presidente de la Asociación Nacional de Funerarios (Agrenaf), dice que es prácticamente imposible conseguir un permiso de incineración sin el pase provisorio del Registro Civil. Tampoco está de acuerdo en realizar el servicio antes de 24 horas de fallecido. "No es posible si no cumplo el plazo previo y los trámites esenciales. Primero, se produce la muerte de la persona; segundo, certifica la muerte un médico; y tercero, se inscribe en el Registro Civil. Ahora, cuando se trata de una cremación, hay que recurrir a otra instancia, que es el Ministerio de Justicia a través del Registro Civil, posteriormente al Ministerio de Salud y sus oficinas autorizan las cremaciones de lunes a viernes desde las 09:00 horas hasta las 16:00 horas", dice Pavez. "Después de ese horario ni a Cristo le abren la puerta para autorizar una cremación", agrega. Respecto a excepciones, señala que "el reglamento es intransigente en esto. Basta recordar cuando falleció Augusto Pinochet, pues la familia tuvo que esperar el tiempo correspondiente y tener toda la documentación para proceder a cremar". Sobre el caso de Contreras, Pavez cree que como Agrenaf no pueden "hacer vista gorda de una actividad de cremación que, claramente, no cumplió con todas las exigencias reglamentadas". Por ello, agrega, "hablé el mismo día sábado (8 de agosto de 2015) con Mauricio Newman (de la Sociedad Acoger, empresa que administra el Cementerio Católico) para consultarle cómo había hecho ese servicio antes de tener el certificado de defunción y la autorización de Contreras, porque desde las primeras horas de la mañana ya estaba en las noticias que Contreras había sido cremado. Mauricio sólo aseguraba que había tenido todos los documentos antes de cremar el cuerpo. Discutimos por eso, porque es imposible que cremara un cuerpo antes de estar oficialmente muerto". Pavez lleva trabajando más de 50 años en el rubro funerario y, según dice, sólo ha visto un caso similar al de Contreras. "Me refiero al caso de Ítalo Nolli, cuando en los años 80 simuló la muerte de su mujer y la incineró en el Cementerio General para cobrar un seguro de vida", recuerda. "La mujer estaba de vacaciones en el sur y se enteró por el obituario. Regresó a Santiago y denunció a Nolli", agrega. Llaman a investigar Varias fuentes consultadas para este artículo han señalado que el Ejército estuvo presente en el Hospital Militar cuando falleció Manuel Contreras y que tuvo que ver con los permisos conseguidos para su cremación. De hecho, las mismas fuentes, que prefirieron mantener reserva, dicen que fueron militares quienes eligieron a la empresa Acoger, del Cementerio Católico, en desmedro del Parque del Recuerdo, que también negoció esa noche para realizar el servicio funerario del ex director de la DINA. "En cuanto a lo que consta al Ejército de Chile, el general ® Manuel Contreras Sepúlveda, falleció en una pieza del pensionado del Hospital Militar de Santiago, la que fue custodiada en todo momento por personal de Gendarmería de Chile, conforme a la normativa legal", dijo el Ejército, en una respuesta que envió vía correo electrónico. "Respecto al resto de la información requerida, la institución no tiene ningún antecedente debido a que fue gestionado directamente por la familia", agregó, respecto a consultas sobre el rol que habrían tenido en este tema. Como sea, Contreras fue incinerado con su grado de general y con su uniforme militar de gala. Aquello, para los familiares de detenidos y ejecutados políticos durante la dictadura, fue una afrenta. "Si hay dudas respecto al proceder que se tuvo posterior a la muerte de Manuel Contreras, nos parece que sería correcto hacer las denuncias a los tribunales de justicia", dice Lorena Pizarro Sierra, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). "Más aún si hay pruebas que dan cuenta que el Ejército, o cualquier otro poder, presionaron para conseguir algo y no se respetaron los protocolos. Para nosotros el tema de fondo es tan serio que nos vale desnudar siempre lo que son las operaciones de impunidad que protegen a los violadores de los derechos humanos", agrega. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161227/pags/20161227113032.html
  18. 01/11/2016 Otra del Registro Civil: Ahora acusan irregularidades en licitación de pasaporte de Morpho Según el abogado querellante, se habrían realizado movimientos para beneficiar a una empresa privada en la confección de los documentos, además de encarecerlos. Más de 460 mil personas fueron afectadas en las últimas elecciones municipales por cambios de domicilios involuntarios, en los que se atribuye parte de la responsabilidad a Morpho, empresa francesa que trabaja desde 2013 con el Registro Civil en la operación del sistema informático de cédulas de identidad y confección de pasaportes. Esta adjudicación de la firma europea -la más cara que se presentó a la licitación- suma una nueva arista de irregularidades relacionadas al organismo. El abogado litigante y gerente legal de Casa de Moneda hasta 2013, Carlos Bravo, aseguró que se enteraron extraoficialmente que Morpho los había sacado del contrato en la producción de pasaportes que realizaban hasta 2013. Acusa una "colusión" entre esa empresa y el Registro Civil que ha sido ocultada. El actual gerente general de Casa de Moneda, Fernando Aguirre, -que asumió el cargo a mediados de 2014-, indicó que en la base de la licitación, efectivamente, la institución estaba comprometida para hacer las tapas de los libros de pasaportes, pero que debía cumplir requisitos que en ese periodo no cumplían. Con el cambio de producción en pasaportes, estos documentos pasaron de costar cerca de 50 mil pesos a más de 89 mil. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161101/pags/20161101113640.html
  19. 06 de agosto del 2016 / 12:09 Hrs Evo Morales vuelve a emplazar a Chile en ceremonia de independencia boliviana En medio de la ceremonia de independencia boliviana, el mandatario altiplánico habló acerca de los "temas pendientes" con Chile y dijo que la agenda marítima es "irrenunciable" En el marco del día de la independencia de Bolivia, el Mandatario Evo Morales realizó un discurso en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa y habló acerca de la relación con Chile y reiteró que durante la visita del canciller David Choquehuanca, se dieron a conocer "irregularidades". El pasado 17 de julio, Choquehuanca llegó a Chile con el fin de realizar una inspección en los puertos de Arica y Antofagasta, ante lo cual Morales manifestó "hemos destapado cómo Chile no cumplía especialmente con los derechos básicos del ser humano". En la ceremonia celebrada en la ciudad Tarija el Presidente de Bolivia emplazó nuevamente al gobierno chileno señalando que durante el año 2006 Chile y su país realizaron una agenda en las que destacaban temas como una salida el mar, Silala, el río Lauca y que actualmente Chile "niega tener temas pendientes". En esta línea el mandatario altiplanico señaló que "tiene mucha esperanza que se resulvan" las dos demandas que enfrenta su país y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya y añadió "Bolivia siempre estará esperando diálogo para resolver temas pendientes con Chile u otros países" "El mar es irrenunciable, ya no son tiempos para callar", continuó el mandatario y concluyó el tema diciendo. "Ningún país vecino va a humillarnos, Bolivia se respeta". PROHIBICIÓN DE ACTOS EN ANTOFAGASTA Luego de que el intendente de Antofagasta, Valentín Volta, no autorizara ningún acto público en relación al aniversario patrio de Bolivia, el gobierno de Evo Morales aseguró que se trata de una decisión "dictatorial y abusiva". El ministro de Defensa altiplánico, Reymi Ferreira, manifestó que ese tipo de manifestaciones "siempre se ha hecho", por lo que la medida es "inédita" y una "descortesía diplomática". "Creo que es una nueva agresión, es un contrasentido y no es algo que ocurrió en el pasado. Esto es represalia por la demanda marítima y la reivindicación del Silala que hemos asumido", agregó en conversación con la radio estatal. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-691680-9-evo-morales-vuelve-a-emplazar-a-chile-en-ceremonia-de-independencia-boliviana.shtml
  20. 3 Junio 2016 Sabat intenta involucrar a concejal en irregularidades de licitación de la basura en Ñuñoa En la declaración ante la fiscalía el 30 de mayo, aseguró que en 2012, cuando se discutía si la recolección de la basura comunal quedaba en manos de KDM, el concejal de la DC Jaime Castillo lo habría visitado en su oficina. Allí, como una manera de convencerlo, Castillo le habría indicado que si aprobaban a la segunda empresa en competencia -Dimensión- los gastos de campaña de todos los concejales de la Concertación quedarían saldados. Castillo indicó que los dichos de Sabat, no eran más que “aleteos de ahogado”. Un giro inesperado tuvo la declaración que prestó el pasado 30 de mayo el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, frente al fiscal oriente Jose Antonio Villalobos en marco de la investigación por una supuesta aprobación ilegal de la licitación a la empresa de retiro de basura KDM, fraude al fisco y enriquecimiento ilícito, denuncia realizada por el ex concejal Pablo Vergara. En calidad de imputado, Sabat aseguró que las acusaciones eran infundadas, que todo estaba en regla, que su patrimonio estaba justificado, que las entidades correspondientes habían visado los procedimientos y que jamás había recibido plata de la firma. Sin embargo, reveló que en una oportunidad, cuando en 2012 se discutió en el concejo municipal si se mantenía a KDM o bien se cambiaba por otra firma de recolección de residuos sólidos, el concejal Jaime Castillo (DC), concurrió a su oficina. Allí, como una manera de convencerlo, Castillo le habría indicado que si aprobaban a la segunda empresa en competencia -Dimensión- los gastos de campaña de todos los concejales de la Concertación quedarían saldados. Sabat le indicó a Villalobos que en ese mismo instante echó a Castillo de su oficina con viento fresco, sin mencionar la supuesta cantidad de dinero que recibirían si adjudicaban el retiro de la basura a dicha firma. Esta es la primera vez desde que se inició la indagatoria en febrero pasado, que Sabat prestaba testimonio, como también la primera oportunidad en que deja entrever un viso de presuntas coimas por parte de otro miembro del concejo municipal de Ñuñoa. Este diario contactó a Jaime Castillo. El concejal de la DC indicó que los dichos de Sabat, no eran más que meros “aleteos de ahogado”. “Lo que él dice por supuesto que no es cierto. Yo ni siquiera podía entrar a su oficina porque era un búnker. Además nosotros ni siquiera teníamos relación . Es un invento por la situación que atraviesa. Es la reacción de un desesperado”, concluyó. Momento exacto Las diferencias de criterios de Sabat y Castillo constan en el concejo del 14 de marzo de 2012 y que está grabado. En la oportunidad, Castillo argumenta en contra de otorgar la licitación a KDM. Básicamente, impugna que el valor aumentará en más de $ 1.300 millones y que dicha diferencia con los otros oferentes es “muy sustantiva”. “La verdad es que eso a mí me complica, porque me parece excesivo, por mucho cambio que se haya producido, no creo que pueda ser tanto”, dijo Castillo hace ya más de cuatro años. De vuelta, Sabat irrumpe: “Me imagino que pidieron la información de la otra empresa que estamos hablando, la empresa Dimensión, que es la seguidora de Enasa. ¿Qué le pasó a esta empresa? Quebraron, le quitaron la flota, todas las comunas se fueron al tacho, son los mismos dueños que tienen otro nombre. Ya vimos en 2003 lo que pasó, le requisaron camiones la fiscalía, porque clonaron las patentes de los camiones”. Castillo nuevamente responde: “Si la plata fuera tuya o mía me importa un rábano. La gente nos está mirando… es una propuesta millonaria”. En síntesis, le pelea en el concejo fue mala para Sabat. A favor de favorecer a KDM hubo tres votos. En contra 5. Sin embargo, con el pasar de los días y atendido a que no hubo quorum, Sabat hizo uso de sus facultades y otorgó a KDM la licitación. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/03/sabat-intenta-involucrar-a-concejal-en-irregularidades-de-licitacion-de-la-basura-en-nunoa/
  21. 23 de junio del 2016 / 10:15 Hrs Macri presenta su reforma electoral Busca terminar con el voto de papel, obligar a la realización de debates presidenciales y establecer duras sanciones a las irregularidades electorales. Tras meses de negociaciones en busca de apoyo, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, daba el primer paso concreto para avanzar en la reforma política prometida durante la campaña electoral que lo llevó a la jefatura de Estado. De esta forma, Macri presentó este jueves el proyecto de ley de reforma electoral que busca darle agilidad y mayor transparencia al actual sistema de votación. "Estamos enviando al Congreso un proyecto muy importante que va a cambiar la historia de nuestro país", dijo Macri junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez. "Hace muchos años que se viene discutiendo que hay que cambiar el sistema de votación, eso prometimos en la campaña". El proyecto propone la implementación de la votación con boleta electrónica, la eliminación de las listas colectoras y candidaturas múltiples, y la obligatoriedad de que se lleve a cabo un debate presidencial. Además, planteará nuevos controles y duras sanciones para las irregularidades electorales, y mantiene las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. De todas formas el gobernante pidió analizar si acaso las primarias obligatorias “han sido un instrumento valioso o no para mejorar el sistema electoral". También criticó que el año pasado "casi hubo elecciones todos los fines de semana". La iniciativa también legislará un nuevo mecanismo de transición entre un gobierno saliente y otro entrante. Esto con el objetivo de evitar la incómoda situación como la ocurrida en diciembre pasado, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a sus ministros no informar sobre sus áreas a quienes los reemplazarían en el gobierno macrista y hasta se negó a traspasar al Presidente electo el bastón de mando. Mauricio Macri junto al secretario argentino de Deportes, Carlos MacAllister (izquierda), y a unos deportistas olímpicos, en la residencia presidencial de Los Olivos en Buenos Aires (Argentina), el miércoles Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/06/678-686195-9-macri-presenta-su-reforma-electoral.shtml
  22. Santiago, 12 de mayo de 2016 | Hora: 19:25:28 Destituyen a director de Vialidad Araucanía denunciado por una serie de irregularidades La información señala que el director ha sido denunciado por estar involucrado en un supuesto intento de soborno. El gobierno le pidió al director regional de Vialidad en La Araucanía, Pablo Rodríguez, dejar su cargo. Junto a él abandonaría sus funciones la inspectora fiscal de Contratos. La información proporcionada señala que Rodríguez, quien ha sido denunciado por estar involucrado en supuestas irregularidades, se encontraba en reuniones en Santiago cuando a algunas autoridades políticas de la región les confirmaron que le habían pedido la renuncia. Rodríguez, al ser consultado por Radio Bío Bío no desmintió, ni quiso confirmar la información. Sólo se limitó a decir que estaba evaluando algunas cosas, sin entregar mayores antecedentes. Eso se debería a que es posible que lo reubiquen en otras funciones en el mismo servicio público. También, de acuerdo a la información que manejan autoridades políticas de la región, en Vialidad se habría tomado la decisión de sacar de su cargo a la inspectora fiscal de contratos, Roxana Hernández. La destitución del director de Vialidad regional se conoció justo el día en que en el Tribunal de Garantía se falló contra el dueño de la empresa Ingecovial, Pedro Velasco. Esta persona había denunciado a Rodríguez, aseverando que les habría pedido 50 millones de pesos a cambio de adjudicarles un proyecto. De acuerdo a un comunicado que envió la autoridad de gobierno, el tribunal dictó veredicto condenatorio contra Pedro Velasco por el delito de injurias. La sentencia será leída el próximo viernes 13 de mayo. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160512/pags/20160512113228.html
  23. Macri encarga ocho auditorías para determinar legado kirchnerista El Presidente argentino busca precisar el estado en que recibió el país de su antecesora, tras serie de irregularidades detectadas. El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, encargó realizar ocho auditorías a distintas áreas del gobierno para definir el estado en que fueron dejadas por la administración de Cristina Fernández. Medios trasandinos revelaron ayer detalles sobre la serie de auditorías solicitadas por Macri a su jefe de Gabinete, Marcos Peña, para transparentar la condición en que su gobierno recibió el país, revisando los manejos en programas y áreas sensibles de la administración pública durante la era kirchnerista, tal como los planes de ayuda a embarazadas y madres jóvenes, empresas energéticas y centros culturales y el manejo de recursos cuantiosos durante un período en el que, según el diario Clarín, los organismos de control estuvieron aletargados o directamente paralizados. Las auditorías apuntan a Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio, al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para jubilados y pensionados, a los planes Qunita y Sueños Compartidos, los centros culturales Néstor Kirchner y Tecnópolis, gestión integral de residuos sólidos urbanos, las transferencias de fondos educativos a las provincias, y la carga tributaria a los combustibles. Las auditorías, que estarán a cargo de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN) y de cada ministerio, tendrán 60 días para establecer si corresponden sanciones administrativas o denuncias judiciales a sus antecesores. Según el diario Clarín, “la irregular transición presidencial, que tuvo su cúspide en la ausencia de Cristina (Fernández) en las ceremonias del 10 de diciembre, hace pensar que Macri reelaboró la idea de mirar hacia el futuro que presentó durante su campaña y revisará los papeles y la actuación de su antecesora”. La tarea no estará libre de dificultades ya que los mecanismos de control fueron virtualmente desarticulados por el gobierno de Fernández. “La Sigen también fue desmantelada por la gestión del kirchnerista Daniel Reposo y cada ministerio tiene una Unidad de Auditoría Interna (UAI), que reporta a la Sigen, pero todas están desactivadas”, publicó el diario La Nación. El periódico agrega que “apenas asumió, Peña descubrió que para pagar sueldos en un organismo descentralizado él tenía que firmar una autorización. No había sistema de débito automático. Cuando sus ministros piden información a los directores de Recursos Humanos sobre el personal de planta y contratado, las planillas no existen o no llegan. En muchos casos, los directores de RR.HH. no tienen la información. En otros, no la suministran por viejas simpatías con el kirchnerismo”. La tarea apunta entonces a reactivar las UAI y revisar inventarios de bienes del Estado, deudas, licitaciones en marcha, listados de personal, entes cooperadores que contratan personal con recursos del Estado, ante las sospechas de corrupción y malos manejos. Según el diario La Nación, estas sospechas ya fueron analizadas por el propio Macri quien en la última reunión de Gabinete fue informado de que las provincias también presentan desórdenes en materia de contratos de funcionarios y de planes sociales. Además, se le informó de cientos de subsidios a empresas y cooperativas gestionados de manera irregular. Presidente visita zonas afectadas El Presidente Mauricio Macri visitó ayer la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, una de las más afectadas por las inundaciones que afectan la región noreste de Argentina, registrando un saldo de dos muertos y al menos 10.000 evacuados. Macri interrumpió sus vacaciones de Navidad en el sur del país, y junto a autoridades locales realizó un recorrido para evaluar la situación y determinar las medidas que tomará el gobierno ante una de las peores inundaciones de las últimas décadas, que afecta además a Brasil, Paraguay y Uruguay. “Tenemos que comprometernos con soluciones definitivas, el gobierno participará con 66% de inversión necesaria para construir las viviendas. Esta inundación nos agarró sobre el final de año, con un gobierno saliente que se gastó lo que no tenía, el año que viene tendremos un presupuesto nuevo”, dijo el mandatario. www.latercera.com
  24. El senador RN dijo que "el que nada hace, nada teme" Ossandón emplaza a Piñera y lo llama a "dar la cara" ante "las irregularidades políticas en las que pueda estar involucrado" por El Mostrador 9 septiembre 2015 El ex alcalde de Puente Alto se distanció del respaldo dado por su partido (RN) a la crítica que realizó el ex Mandatario al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Ossandón aseguró que "Piñera está más preocupado de la campaña presidencial que de lo que les pasa a los chilenos". La ácida crítica que realizó el ex Presidente Sebastián Piñera ayer, en el marco de una actividad realizada en la Universidad Finis Terrae, contra el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, fue apoyada por distintos sectores de la derecha chilena. "Francamente pienso que nunca tan pocos han causado tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo", dijo Piñera, lo que fue respaldado por el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, quien aseguró que "estoy completamente de acuerdo con lo señalado por el Presidente Sebastián Piñera, e incluso yo le agregaría a su frase que nunca antes en la historia de Chile una Presidenta elegida con tantos votos había cometido tantos errores y perdido tanto apoyo en tan poco tiempo". "La Nueva Mayoría está actuando con esquizofrenia. Un día hacen un mea culpa, reconocen lo mal que lo han hecho y, al día siguiente, cuando un ex Presidente con responsabilidad afirma lo mismo que ellos han reconocido, responden con ataques personales", agregó. Visión distinta, sin embargo, a la del senador RN Manuel José Ossandón, quien dijo a Radio Bío Bío que el ex Mandatario está más preocupado de hacer campaña presidencial: "Piñera está más preocupado de la campaña presidencial que de lo que les pasa a los chilenos". Además, el ex alcalde de Puente Alto interpeló al ex gobernante por no responder a sus nexos con los casos de supuesto financiamiento irregular a la política. "Tiene que dar la cara mirando a los ojos, sobre la base de las irregularidades políticas en las que pueda estar involucrado, todos tenemos que responder las preguntas. El que nada hace, nada teme", finalizó Ossandón. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/09/ossandon-emplaza-a-pinera-y-lo-llama-a-dar-la-cara-ante-las-irregularidades-politicas-en-las-que-pueda-estar-involucrado/
  25. Contraloría detecta millonario pago irregular de horas extras en municipio de Viña del Mar Auditoría apunta a presuntos periodos de trabajo más allá de los "físicamente" posibles por día. Según da cuenta un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, emitido el 27 de agosto, se detectaron presuntas irregularidades en el cumplimiento y pago de horas extraordinarias a 443 funcionarios de planta y contrata del municipio de Viña del Mar, durante 2014 y parte de 2015. La auditoría determinó que el municipio habría pagado horas extraordinarias que resultaban imposibles de ejecutar. Por esta razón, la Contraloría iniciará un sumario administrativo, a fin de establecer las responsabilidades. Por ejemplo, en virtud del informe, se habrían cancelado $ 9.404.729 sólo a 44 funcionarios que cobraron horas extras imposibles de realizar. Según el punto 1 del mencionado informe, “se determinó que la entidad edilicia pagó horas extraordinarias al personal de planta y contrata, las cuales superan el tiempo disponible que tenían para ejecutarlas, comprobándose, entre otros, que en 6 y 9 casos examinados, los funcionarios, que disponían de uno y dos días para trabajar, respectivamente, se les pagaron entre 98 y 317, y entre 108 y 169 horas extras, en cada caso, lo que resulta físicamente imposible de ejecutar”. Además, se registraron horas en los medios de control sin que los funcionarios estuvieran efectivamente prestando servicios, ya que varios de ellos, en ese momento, teóricamente estaban haciendo uso de permisos, feriados y/o licencias médicas. Además, la Contraloría regional indicó en su informe que los funcionarios cuestionados no cumplían con los requisitos para ser beneficiados con horas extras, debido a la naturaleza de su labor, y no contaban con el documento de respaldo de la autoridad que se requiere. El informe de la auditoría, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de marzo de 2015, en el cual se cancelaron $ 3 mil 193 millones por concepto de horas extras, da cuenta de más situaciones irregulares, en total 25. Entre ellas, también figura el registro de ingresos a la jornada laboral por parte de terceros y funcionarios que habiendo marcado su entrada, no estaban en sus puestos de trabajo. En el municipio se informó “que si existen funcionarios que han infringido sus deberes, y se acredita a través de los sumarios que efectuará la Contraloría, deben responder por sus acciones”. También se comunicó que, respecto del pago de horas extras en forma proporcional, en los períodos de licencias médicas por enfermedad o maternal, “es una situación controvertida, en que han existido diversos pronunciamientos”. “Lo importante es que se fiscalice y que estén bien las observaciones, y se puedan corregir errores si se comprueban”, puntualizó la concejala Eugenia Garrido (UDI). Para el concejal Víctor Andaur (PC ) “esta no es la primera vez que Contraloría entrega un informe con irregularidades. Espero que también se modifique el sistema de remuneración”. En la Fiscalía Regional de Valparaíso se informó que no se ha tomado conocimiento formal del informe, por lo que, hasta ahora, no se ha abierto ninguna causa. www.latercera.com
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