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  1. 08/10/2016 “Milicogate”: Caen tres generales. Y los demás involucrados y los responsables políticos... ¿cuándo? Tal como lo anunciara en exclusiva Cambio21 en noviembre pasado y se reiterara en diversas publicaciones, las investigaciones que la justicia civil lleva en paralelo a la militar arrojaba responsabilidad penal sobre los generales que hoy se encuentran en prisión preventiva. Pero aún se está lejos de llegar a todos los cómplices y a los que debieron evitar que sucediera. Sin embargo esto es recién la punta de iceberg, pues son varios otros los altos oficiales que aparecen involucrados en los hechos ilícitos que se investigan, incluido un excomandante en jefe del Ejército. Algunos de oscuro pasado en materia de DDHH y fraudes a la institución. Cambio21 dio a conocer en noviembre pasado que desde la justicia civil se había detectado que varios generales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, al menos durante el periodo 2010-1014, habían dejado de cumplir sus deberes militares al no controlar los trabajos y pagos que emanaban de la institución y que eran cargados dolosamente a los Fondos de la Ley Reservada del Cobre. También dijimos que "la fiscal militar Paola Jofré inició una amplía investigación sobre todos quienes trabajan en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, unidad desde donde desaparecieron miles de millones de pesos, a través de facturas falsas". Igualmente dimos cuenta que la abogada mantenía constantes reuniones de coordinación con la fiscal civil del caso, Ximena Chong, antes que asumiera el ministro en visita Omar Astudillo, designado de manera especial por la Corte de Apelaciones y quien ordenó los procesamientos de tres generales en retiro. Incluso cuestionábamos la justicia militar no investigara "los bienes y cuentas bancarias de los generales Miguel Muñoz, responsable de seguir la evolución de los saldos de la Ley Reservada del Cobre; Héctor Ureta, quien firmó el ingreso de la empresa Tajamar al registro de proveedores del Ejército, ni del general Jorge Salas, que en el año 2012 ordenó a funcionarios militares y civiles del CAF dejar de cumplir labores de control". Es más, señalábamos que varios otros oficiales debían ser investigados por su eventual responsabilidad en los hechos. Dos recientes resoluciones acreditaron que las aseveraciones de Cambio21 tenían fuerte respaldo en los hechos. La primera es de carácter judicial y concluyó con el procesamiento de los generales en retiro Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías quienes, entre 2011 y 2014, tuvieron bajo su cargo el CAF, donde se concentra el millonario fraude. La segunda es una resolución de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que amplió la responsabilidad respecto de otros involucrados, solicitando que sean investigados. La resolución judicial Al ordenar la detención de los oficiales que ahora se encuentran recluidos en Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén, el ministro Astudillo recalcó que se trataba del delito contemplado en el Código de Justicia Militar de "incumplimiento de deberes militares" y que ello -por ahora-, no implicaba imputarles enriquecimiento ilícito con los montos defraudados. Aclaró, asimismo, que los procesados no habían cumplido con el más mínimo deber de controlar que los subordinados bajo su mando no utilizaran mecanismos dolosos mediante licitaciones y adquisiciones fraudulentas y emisión de facturas ideológicamente falsas, que implicó millonarios pagos ilícitos. Lo defraudado va en más de $5.600 millones. Y no descartó que el excomandante en jefe del Ejército Miguel Fuente-Alba fuera procesado. Este no ha comparecido a prestar declaraciones en la justicia civil ni ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. De llegar a sentenciarse a los tres generales procesados las condenas podrían alcanzar hasta los cinco años y no se descarta que por los montos involucrados y la cantidad de ilícitos cometidos estas puedan ser mayores. Operará en su favor la atenuante de irreprochable conducta anterior, pero siempre y cuando no aparezca en las investigaciones que sus patrimonios se vieran beneficiados en la comisión de los delitos, lo que podría implicar que se amplíen los procesamientos. La Comisión de la Cámara de Diputados Unánime fue el acuerdo de la Comisión Investigadora que determinó responsabilidades en el fraude con los fondos reservados del cobre, más conocido como Milicogate. Las conclusiones son abrumadoras sobre la laxitud y nulo control en el uso de los millonarios recursos que transfiere Codelco a las FF.AA. y que entre el año 2000 y 2015 el Estado de Chile destinó a la compra de armas.Se trata de 20 mil millones de dólares respecto de los cuales se desconoce el monto exacto de lo defraudado, pues lo investigado hasta hoy abarca solo cuatro años. La principal deducción a la que llegaron los parlamentarios tras nueve meses de pesquisas es la increíble falta de fiscalización y la ausencia de un plan de control de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Defensa, de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la tesorería de la institución, y del entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. Se trata de once conclusiones lapidarias respecto de la responsabilidad de las instituciones involucradas y 22 recomendaciones, la principal de las cuales es la derogación de la Ley Reservada del Cobre. En la Comisión participaron diputados desde la UDI hasta el PC y fue dirigida por el DC Jaime Pilowsky. La unanimidad alcanzada habla de la gravedad y lo irrefutable de los hechos. La falta de control posibilitó que funcionarios del Ejército y proveedores se apropiaran miles de millones. Cae jefe de escolta de Pinochet Se trata de un viejo conocido de la prensa, no solo por haber sido el jefe de las escoltas de Augusto Pinochet y de su viuda, Lucía Hiriart, o haber asumido el mando de tropas en la Parada Militar durante la administración Piñera -época en que ocurrieron los delitos que se investigan-, sino que además porque en 2011, cuando comienzan a ocurrir los ilícitos investigados, el general Antonio Cordero Kehrera era jefe del CAF. Pero no es lo único en que se ha visto mezclado judicialmente. Una querella criminal interpuesta en contra del proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, (mayo 2016) en el marco de una licitación por más de once millones de dólares en la compra de uniformes para las FFAA y que implicó el pago de sobreprecio en perjuicio del Estado (fraude al fisco y delitos tributarios), también lo involucra como querellado. Se le imputa haber firmado la licitación y las dolosas modificaciones a sus bases que habrían favorecido a la empresa de Cartoni, CyM S.A., con sobreprecio de más de $300 millones y no pago de impuestos por más de $1.000 millones. La causa se tramita ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Otra querella, esta vez presentada ante la justicia militar, persigue su eventual responsabilidad y la de otros oficiales por la licitación fraudulenta. Según investigación de Cambio21, el mencionado general se desempeñaba -entre diciembre de 2012 hasta la actualidad- como director de la empresa privada S2T Servicios y Soluciones Tecnológicas que presta servicios a las FFAA, filial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército. "Aunque cada jefe de proyecto llevaba sus saldos al día, pudo haber gente maliciosa que se aprovechara de esa brecha o interregno, e hiciera uso ilícito de esa información para cometer el fraude, amparada en la falta de visibilidad que proveían las herramientas informáticas existentes (sic)", señaló Cordero a la Comisión Investigadora. El general de la planilla Excel Jorge Salas Kurte estuvo a cargo del CAF en 2012. En ese año y de acuerdo con un informe de la PDI, "ordenó a los funcionarios militares y civiles que dejaran de revisar las facturas que les llegaban, para solo tramitarlas". No es lo único que en materia de secretismo se le imputa. En su calidad de jefe de la División de Logística, sancionó al teniente coronel Carlos Díaz Kastowsky, quien había denunciado anomalías ante el general Óscar Izurieta en un proceso de compra de helicópteros en el período 2005-2006. Salas le aplicó cuatro días de arresto y dos puntos menos en "criterio y discreción", por haber informado a la prensa las anomalías. El general reconoció que "nos vimos obligados a optimizar el sistema de registro y de administración en línea: la planilla Excel. Opino que, a pesar de ser un sistema precario, se podía hacer algo relativamente confiable asignando los atributos pertinentes". Para Salas Kurte la causa de este escándalo radica en la prensa, "porque existe la necesidad de encontrar un general (que) esté involucrado", sin hacerse cargo de del tremendo desfalco fiscal. Es más, para él toda la responsabilidad en estos ilícitos recae "en el delincuente (que) era el ejecutivo de cuentas, quien debía revisar que la documentación contable de las unidades viniera conforme y debía ingresarla al SIFIE y al sistema de planillas Excel. Por eso, no se puede hacer cargo a ningún comandante de unidad". Los culpables: la prensa y los suboficiales. ¡De Ripley! Irregularidades con botas y visores nocturnos El general Miguel Muñoz Farías, hoy procesado, también se ha visto involucrado en cuestionadas licitaciones adjudicadas a CyM, el proveedor preferido del Ejército. Una licitación de octubre de 2012 le fue encargada con una oferta de $594,3 millones (más IVA) por quince mil pares de botas Coyote para clima templado y frío. En mayo de 2013, el general Muñoz Farías suscribió un addendum (apéndice del contrato), en el que extendió el plazo de recepción del calzado (que presentaba retrasos en su entrega) y además sumó otros 4.500 pares de botas, con lo que el pago a CyM ascendió a $913,7 millones. La compra se incrementó en 25% y el valor a pagar tuvo un sobreprecio de $206 millones. No ha sido lo único en que aparece cuestionado bajo el mando de Muñoz Farías. Se adquirieron más de tres mil visores nocturnos por un monto de US$16,5 millones en julio de 2012. Seis meses después, el mismo día que debía adjudicarse, el general Muñoz invalidó la licitación por presuntos "errores administrativos", abriéndose un nuevo proceso de concurso. El escándalo explotaría en diciembre de 2013 cuando ante el entonces comandante en jefe del Ejército, Miguel Fuente-Alba, se interpuso un recurso por parte de Theon Sensors, acusando una serie de modificaciones en el proceso que favorecieron a una empresa de Cartoni: OIP Sensors Systems. La investigación demostró que Theon debió haber resultado ganador. CyM aparecía en cuarto lugar. Frente a la Comisión Investigadora Muñoz Farías se despachó algunas declaraciones de antología: "Si un grupo de personas están hoy detenidas y procesadas es justamente porque los detectó el Ejército. Tal vez, no se descubrió en el momento (...) Por haber estado a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y posteriormente del Estado Mayor del Ejército, puedo afirmar con absoluta convicción y honestidad profesional que no era efectivo que en el Ejército no existiera ningún tipo de control en la materia analizada, que permitiera la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre". O sea, nunca hubo Milicogate. Los que faltan Se trata de los responsables políticos, quienes no han asumido su responsabilidad en los hechos: los ministros de Defensa entre 2010 y 2014 -EN LA FOTO-, Jaime Ravinet de la Fuente (ind.); Alfonso Vargas Lyng (RN) - Interino; Andrés Allamand Zavala (RN) y Rodrigo Hinzpeter Kirberg (RN), quien terminó junto al mandato de Sebastián Piñera, los que -según la Cámara- "no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas". La Comisión Investigadora determinó en su informe que otros generales también tienen responsabilidad y se debe investigar su participación. Desde luego, la del general Juan Miguel Fuente-Alba, comandante en jefe de la institución castrense durante la comisión de los delitos, quien "no ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos como son los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y Contraloría del Ejército". También asignó "responsabilidad directa" a los generales Andrés Polloni Contardo, Jorge Guzmán Fredes e Iván González López, que dirigieron la Contraloría General del Ejército. Asimismo, involucró y pidió investigar al conocido general Cristián LeDantec Gallardo, quien ha sido además involucrado en la desaparición de 22 campesinos de Paine en 1973 y que fuera acusado -a pesar de haberlo desmentido-, de conversaciones secretas llevadas con Sebastián Piñera durante los hechos del 27 de febrero de 2010. Imputó asimismo "falta de cuidado en el ejercicio de su cargo y la omisión del General de Brigada Carlos Villalobos Vera, quien estuvo al mando de la División de Mantenimiento del CAF desde el año 2009 hasta el año 2012, quien de manera inexplicable ignoró un informe elaborado, en septiembre de 2011, por el coronel Miguel Cantallopts, jefe del Departamento II ‘Inteligencia' quien dio cuenta de irregularidades tales como falsificación en una cotización realizada por dos funcionarios que finalmente terminaron procesados y en prisión". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161007/pags/20161007202149.html
  2. Mauricio Daza: Platas políticas: abogado de Ciudadano Inteligente dice que el SII no sigue con las querellas porque "hay involucrados de la Nueva Mayoría" Uno de los querellantes en los casos Penta y SQM asegura que el servicio ha tenido "una actitud errática" desde que aparecieron entre los involucrados personas del bloque oficialista. "Ha obrado con un criterio más bien político" dice Frente a la posición del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Fernando Barraza, respecto de las investigaciones de platas políticas, donde no entregó seguridad de que el organismo siga presentando acciones legales contra los involucrados, en sus palabras porque la labor del servicio "no es presentar querellas sino cumplir con la ley", ya surgieron los primeros cuestionamientos. Barraza respondió de esta manera a la advertencia que hizo el Fiscal Nacional Jorge Abbott en relación a que de no haber más querellas habría que cerrar las causas. Pero es Mauricio Daza, abogado querellante en las causas Penta y SQM, a nombre de la Fundación Ciudadano Inteligente, quien entrega una interpretación política de la actuación que ha tenido el SII respecto de ampliar las querellas contra personas como Laurence Golborne, o derechamente seguir acciones legales contra políticos como Rodrigo Peñailillo o Pablo Longueira. Para Daza, el diagnóstico es evidente. [el SII] ha tenido una conducta errática, en cuanto a la presentación de querellas criminales, sobre todo cuando se abrió la denominada arista SQM”, aseguró al portal El Muro. Daza puntualiza que “a partir de la acción criminal que nosotros interpusimos hace casi un año, en el contexto de la investigación que, hasta ese momento, se seguía sólo en relación al caso PENTA” , y cree que “desde ese momento, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a hacer reparos que no se condicen con la actitud que había tenido con PENTA, donde presentó múltiples querellas y fueron bastante pro-activos en la persecución penal, lo que no se ve en el caso SQM”, afirma. El abogado cree que este nuevo diseño tiene que ver con los involucrados que aparecieron en el caso. "Se debe a que en la arista SQM aparecieron personeros vinculados a la alianza de gobierno de la Nueva Mayoría, sector que designa el cargo del director del SII y, lamentablemente, es un cargo de confianza político y, eso, empañó todo lo que hizo y no hizo el Servicio de Impuestos Internos, desde ese instante en adelante en las otras causas”, aseguró. A su juicio "A partir de los antecedentes que existen y que se han dado a conocer, durante el último año, se demuestra que el Servicio de Impuestos Internos ha obrado con un criterio más bien político en la arista SQM. El Servicio de Impuestos Internos no es un organismo que sea, realmente, independiente y, en ese sentido, se debe avanzar para establecer por ley, las condiciones necesarias para que sí lo sea. No puede seguir ocurriendo que el SII, finalmente, sea dirigido por un cargo de naturaleza política, sobre todo, cuando existe un conjunto de causas que involucran a las principales autoridades políticas del país y, ése, es un punto que está pendiente”, concluyó. Fuente: www.elmostrador.cl
  3. No más secretos: se estima que el Ejército deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI Por Equipo Cambio21: El Ejército chileno se verá en la obligación de tener que entregar información considerada confidencial para transparentar las investigaciones de abusos de derechos humanos y de las desapariciones en dictadura. La vía a la verdadera reconciliación nacional no ha llegado a puerto, ni siquiera con la vuelta a la democracia, pues aún quedan muchos cabos por atar en materia de derechos humanos. Este mismo razonamiento fue refrendado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia que ordenó al Ejército entregar información sobre integrantes del organismo represor de la dictadura la Central Nacional de Informaciones (CNI) que se mantengan en activo en la institución armada. El fallo fue unánime, y los ministros de la Novena Sala, Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y el abogado Óscar Torres, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado en contra de la resolución que ordenó la entrega de una copia del listado de los funcionarios del Ejército, relacionado con el personal activo, y que fueron integrantes de la agencia de la dictadura de Pinochet. El Ejército sostenía la imposibilidad de entregar dicha información dado que no existirían registros acordes con los solicitados. Además de considerarse tal información de carácter reservado, personal y por un tema de inteligencia del Ejército. La instancia judicial "En relación al primer argumento invocado en el recurso de reclamación presentado por el Ejército, esto es, que no tiene registro o archivo con los nombres de los funcionarios del Ejército de Chile, correspondiente al personal activo de la institución, que integraron la Central Nacional de Informaciones (CNI), cabe precisar, que si en su oportunidad la institución pudo cumplir con la entrega de la nómina de funcionarios de la CNI que habrían participado en el proceso denominado operación Albania que conoció el Ministro en Visita Sr. Hugo Dolmestch Urra en el año 1998, ello significa que sí se encuentra en condiciones de entregar la información referida", detalla el fallo. "Máxime si se considera que actualmente se encuentran disponibles aplicaciones tecnológicas y computacionales que permiten cumplir con aquello en mejores condiciones materiales y administrativas que en el pasado", complementa la resolución. Más aún, la resolución de la Corte añade que "la causal de secreto o reserva no resulta aplicable al caso en análisis, ya que la excepción a la obligación de entregar información por un órgano del Estado, se basa en la hipótesis de: "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", atendido a que el requerimiento de entrega de información no tiene un carácter genérico, sino que especifico, ni se han aportado antecedentes que puedan justificar que la labor requerida implique procesar un elevado número de actos administrativos, ya que la propia recurrente ha señalado en su reclamo que estima el número de funcionarios que estaría comprendido en la citada entrega de información corresponde a un universo de 7.436 funcionarios, lo que además implica que ya ha cuantificado la información atingente". La mirada de los involucrados Conversamos con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto para saber cuáles eran sus apreciaciones frente a esta situación. El abogado dijo: "me parece que la Corte ha actuado bien pues esa es una información que se necesita en los procesos que se están investigando actualmente". "Es una información que debe ser pública por lo demás, por lo tanto me parece bien que la Corte obligue al Ejército a masificar esta información. Para el futuro es elemental, además de demostrar que no se trata de información confidencial y secreta del Ejército, luego, abre la posibilidad para que los jueces puedan realizar sus investigaciones con mucha más libertad y rapidez", explica el abogado. "Las causas se entorpecen sin la información, y el que estos nombres se liberen generará una mayor transparencia, optimismo y destacar los avances de los Tribunales que aportan y apoyan las causas de los Derechos Humanos. No debe haber tantos secretos al interior de la administración pública", finaliza el abogado Caucoto. La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, en conversación conCambio21, se refirió también a la situación. "El Ejército tiene la obligación interna y nacional de entregar toda la información que sea requerida por las instituciones de investigación, y sobre todo los que tienen que ver con los listados de funcionarios de la DINE y de la CNI. Aquí no se realizan cosas con una finalidad de riesgo para el país, todo lo contrario", explica. "Que la Corte de Apelaciones pida esto es a raíz de que el Ejército tiene la obligación de proporcionar toda la información requerida. Hasta el momento ellos siempre evitaron entregar la información, a lo más proporcionaban los alias pero muy raramente los nombres", afirma la abogada. Finaliza sus comentarios refiriéndose a la responsabilidad del Ejército: "es inadmisible la forma de obrar de ellos. Los nombres reales de quiénes participaron es una obligación y si no la entregan se ponen al margen de la Constitución y de las obligaciones internacionales que obligan al Estado nacional en materia de Derechos Humanos internacionales", concluye. www.cambio21.cl
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