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  1. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/344098-fraude-en-el-ejercito-turismo-militar-procesan-a-coronel-por-fraude-al-fisco-que-embauco-a-general-en-8-mil-dolares-pagina-2/?hl=+ejercito 04 Noviembre 2018 Ministra Rutherford investiga posible fraude de militares en misión de paz en Haití Una serie de testimonios, incluido el de una funcionaria de una de las seis agencias de viaje que tenía contacto con el Ejército, detallan un modus operandi por parte de algunos integrantes de la institución: cotizaban el pasaje más barato, el de clase turista, pero pedían que les cobraran el precio más alto. Luego, la empresa les devolvía el excedente como "sobre equipaje". Debido a esta investigación, está procesado por fraude al fisco el general ® John Griffiths, y el ex jefe de la sección de Pasajes y Fletes del Comando de Personal, coronel ® Fredis Jara, además de otros oficiales. Un posible nuevo caso de fraude en el Ejército está investigando la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford. La jueza indaga a integrantes de la misión de paz a Haití por el mal uso de dineros en pasajes aéreos, ya que habrían incurrido en “sobre equipaje”. De acuerdo a los testimonios, revelados por el diario El Mercurio, entregados a Rutherford, se detectó que oficiales del Ejército recibían dineros por medio del “exceso de equipaje”. La alerta la dio el contador de una de las agencias de viaje vinculadas a los presuntos ilícitos, ya que indicó que la entrega de estos fondos fue "habitual", "sobre todo en los traslados de militares hacia Haití". La investigación de la ministra, quien guarda todos los antecedentes en un expediente llamado "Cuadernos separado Empresa de Turismo", narra como ocurren los hechos: tras la designación del oficial que viajaba, se solicitaba a la empresa una cotización. Luego la firma cotizaba el pasaje en la clase turista con la tarifa más alta y con eso el pasajero pedía que con ese valor -autorizado por el Ejército y que constaba en la factura-, se eligiera un pasaje más barato y que el saldo restante fuera restituido por la empresa de turismo como "devolución de excedente" o bien se cambiaban las rutas y se agregaban pasajes de familiares hasta completar los fondos autorizados por la institución castrense. Pero uno de los últimos modus operandi era el "exceso de equipaje", tal como señaló el testimonio de Annie Stange Werner, funcionaria de Turavión quien mantenía contacto con el Ejército. Según Werner, las devoluciones a funcionarios correspondían a excesos de equipaje y explicó que cuando se cotizaban los pasajes les pedían incluir este ítem. Además, la empresa de turismo emitía un cheque al pasajero para que se pagara este exceso de equipaje en el aeropuerto, pero que la empresa no fiscalizaba si se pagaba o no efectivamente. Tras ese testimonio, la ministra ordenó a la Brigada de Delitos de Funcionarios de la PDI que analizara las facturas, las que dieron cuenta de montos elevados para un exceso de equipaje. Actualmente, se encuentra analizando todos los viajes detectados en seis empresas de turismo, a fin de especificar cuáles son las que tienen participaciones irregulares. Debido a esta investigación, está procesado por fraude al fisco el general ® John Griffiths, y el ex jefe de la sección de Pasajes y Fletes del Comando de Personal, coronel ® Fredis Jara, además de otros oficiales. Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/04/ministra-rutherford-investiga-posible-fraude-de-militares-en-mision-de-paz-en-haiti/
  2. 15 Septiembre 2017 Explosión en edificio de Recoleta deja a dos personas con riesgo vital El estruendo se escuchó a varios metros a la redonda y se debió a una acumulación de gas, afectando a dos departamentos. Otra persona se encuentra internada en la Posta Central, pero sin lesiones de consideración. Pasadas las 10.15 horas de esta mañana una explosión por acumulación de gas al interior de un edificio residencial, dejó a tres personas heridas, dos de ellas en estado de gravedad. Los heridos que fueron trasladados hasta Posta Central- y que vivían al interior del inmueble- fueron identificados como Martin Alexis Reyes Barra, 32 años; Bárbara Solange Urrutia Badilla, 30 años; y Gustavo Alexander Alegría Palavicino, de 18 años. El teniente coronel Eduardo Grandón de la prefectura Santiago Norte, precisó que dos a tres cuadras a la redonda se han evacuado y “estamos aislando el sitio del suceso”. En tanto, el coronel de Carabineros, Héctor Álvarez, confirmó que la principal tesis hasta el momento es la acumulación de gas. Personal de Bomberos explicó que la explosión se originó en el cuarto piso y que desde muy temprano los vecinos percibieron olor a gas. Voluntarios de Bomberos se encuentran trabajando en el lugar. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/explosion-edificio-bellavista-deja-varios-heridos-moviliza-bomberos/
  3. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/311895-argentina-cristina-k-ayer-bonadio-autorizo-la-ida-de-la-ex-presidenta-y-su-hija-florencia-a-europa-pero-ahora-rivolo-pidio-mas-informacion-ya-que-esa-charla-en-oxford-no-figura-en-el-cronograma-oficial-pag-2/page-2?hl=%2Bargentina&do=findComment&comment=22192164 17 Mayo 2017 Juez investiga si Cristina Fernández recibió a Odebrecht durante su gobierno El magistrado investiga presuntas irregularidades y sobreprecios en la contratación de varias empresas por parte de la estatal AySA, la mayor compañía de servicios de distribución de agua y saneamiento de Argentina. Un juez argentino investiga si la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) se reunió durante su mandato con representantes de la empresa brasileña Odebrecht, en el marco de una causa por irregularidades en la contratación de obras públicas, confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales. A raíz de una petición del fiscal del caso, Federico Delgado, el juez federal Sebastián Casanello solicitó a la actual Jefatura de Gobierno información sobre posibles registros de visitas oficiales de determinados empresarios a la Casa Rosada, el Ministerio de Economía, y la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires. El magistrado investiga presuntas irregularidades y sobreprecios en la contratación de varias empresas por parte de la estatal AySA, la mayor compañía de servicios de distribución de agua y saneamiento de Argentina, para la construcción de una planta potabilizadora en 2008. Por dicha causa están imputados varios funcionarios de la empresa pública -como su ex titular, Carlos Ben- y representantes de las contratistas, entre las que se encuentra Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción brasileño “Lava Jato”. Casanello realizó dicha solicitud la pasada semana después de que Delgado le enviara un vídeo de 2013 que muestra brevemente cómo Fernández recibe a miembros de la constructora brasileña para mantener una reunión oficial. Según insistieron las fuentes judiciales, este supuesto encuentro no supone un hecho delictivo en sí y la ex presidenta tampoco está imputada en la causa, pero podría tratarse de “un indicio más” de la existencia de estas presuntas irregularidades. El caso se inició a finales del pasado año a raíz de una denuncia de la diputada de centro-izquierda Margarita Stolbizer por el presunto pago de sobornos de Odebrecht a AySA entre 2007 y 2014. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/juez-investiga-cristina-fernandez-recibio-odebrecht-gobierno/
  4. 23 Marzo 2017 Fiscalía investiga desfalco de $691 millones en Hospital Dipreca de Carabineros El Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos. Un desfalco por $691 millones en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) investiga la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Esto, luego que la propia institución informara al Ministerio Público sobre un sumario que arrojó irregularidades en el pago de remuneraciones a médicos cirujanos de especialidad anestesia durante al menos los últimos 17 años. Según consignó El Mercurio, junto a lo anterior, Dipreca entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos. "En el sumario constan los testimonios de diversos médicos del hospital que dan cuenta de inconsistencias e irregularidades en el cumplimiento de las jornadas de trabajo en función de la modalidad de contratación que ellos tenían, implicando con ello la cancelación de horas de trabajo sin que aquellas fueran efectivamente realizadas", dice la querella. "Los mismos médicos anestesistas reconocen el hecho y aseguran que esta práctica tenía larga data y que, por lo demás 'era conocido por las autoridades del hospital', en el servicio de anestesiología, las cuales consentían estos pagos abultados irregularmente", agrega. De acuerdo al matutino, las irregularidades comenzaron en 1996, momento en que el subdirector médico del hospital era el doctor Luis Berr y la jefa del Servicio de Anestesiología era la doctora Angélica Silva. "Esta práctica se mantuvo en el tiempo, siendo habitual y persistente, prolongándose también durante el año 2013, época en que se realiza la investigación sumaria que da origen a esta investigación ante la fiscalía del Ministerio Público", afirma el texto del CDE. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/23/fiscalia-investiga-desfalco-de-691-millones-en-hospital-dipreca-de-carabineros/
  5. 13 Febrero 2017 Fiscalía investiga grabaciones telefónicas a empleados que atienden a víctimas Se busca esclarecer el eventual incumplimiento de deberes funcionarios en relación con una solicitud de grabación de llamados. Trabajadores de la Fiscalía de Maipú denunciaron que se estableció un sistema de registro telefónico sin su consentimiento. El 20 de enero pasado, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, mediante la resolución n° 026-2017, ordenó iniciar una investigación administrativa “para esclarecer el eventual incumplimiento de deberes funcionarios respecto de la solicitud y tramitación de grabación de llamados telefónicos de funcionarios de la Unidad de TCMC de la Fiscalía local de Maipú”. La apertura de la indagatoria fue justificada por el Ministerio Público debido a “la naturaleza y las circunstancias de los hechos referidos”. En concreto, se investiga una denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Occidente (Asffro), que alega que el Ministerio Público habría autorizado realizar grabaciones a sus teléfonos institucionales sin su consentimiento. Estos son usados por los funcionarios para atender a víctimas de delitos. La investigación interna quedó a cargo de la jefa de la Fiscalía de Melipilla, Verónica Monjes, y por vacaciones quedará al mando el jefe de la Fiscalía de Curacaví, Luis Cáceres. Según un documento, en que se da una respuesta del director ejecutivo regional de la fiscalía, Rodrigo Lazo, a una solicitud formal de información por Ley de Transparencia, realizada por los empleados públicos tras enterarse de las supuestas interceptaciones, “el 27 de diciembre de 2016, mientras desempeñaban sus funciones en sus puestos de trabajo, una funcionaria recibió un llamado telefónico de una persona que se individualizó como técnico (de una compañía telefónica), informando que estaba realizando pruebas de audio para posteriores grabaciones”. Ante ello, dice el documento, la funcionaria de la fiscalía que recibió el llamado le preguntó a cuáles grabaciones se refería. Y “esta persona señaló que eran pruebas de audio para registrar todo el tráfico de llamados de sus teléfonos institucionales, ya que sus teléfonos estaban en un listado que, por orden de Cristián Zamorano (técnico informático de la fiscalía), debían ser intervenidos para grabar todas sus conversaciones telefónicas”. Tras esto, indica el documento, la Asociación de Funcionarios consultó sobre la situación -mediante correo electrónico- a la administradora de la Fiscalía de Maipú, Claudia González; al fiscal jefe Luis Pablo Cortés y también a la fiscal adjunta Claudia Herrera. Al respecto, González respondió, mediante un e-mail fechado el 29 de diciembre pasado, que “efectivamente, se solicitó un sistema de grabación de llamadas para los contactos efectuados por contact center. Esto tiene por finalidad tener un respaldo en caso de alguna duda o reclamo de usuarios. Este sistema sólo se aplica para esa función, debiendo ser habilitado por cada funcionario a través de una clave”. Sin embargo, esa respuesta no dejó conforme a las funcionarios, debido a que -según ellos- no les habilitaron ese sistema en sus teléfonos, el cual además les pide una clave para iniciar las grabaciones. Por ello, según el documento, los funcionarios afectados con las supuestas interceptaciones pidieron que se les entregue una serie de antecedentes. Sin embargo, esto se encontró con la negativa del Ministerio Público, por “encontrarse vigente el desarrollo de esta investigación administrativa”. Entre los antecedentes que requirieron y les fueron negados están “la cadena de correos u oficios en los que se solicitó, por parte de las jefaturas de la Fiscalía de Maipú, la habilitación del sistema de grabaciones y el contenido de la solicitud”. Hasta ahora ya han declarado en el caso los fiscales de Maipú, el funcionario que presentó la denuncia a nombre de la asociación y también el técnico informático que supuestamente envió la orden para autorizar las grabaciones por parte del Ministerio Público a la compañía telefónica. Versiones Consultado el presidente de la Asociación de Funcionarios de la fiscalía, Fabio Trujillo, dijo “presentamos una denuncia para aclarar si es que se estableció un sistema de grabación completa de las comunicaciones de los teléfonos institucionales. Si es así, habría un acto ilegal y vamos a iniciar todas las acciones legales por un hecho que no corresponde en una institución pública”. Trujillo niega que se les haya habilitado un sistema de contact center a los funcionarios, como señala la administradora de la Fiscalía de Maipú en el correo, el cual debe ser autorizado por los mismos usuarios a través de una clave. “Es imposible haber establecido un sistema de contact center para aquellos objetivos sin haber habilitado primero los teléfonos institucionales. Y como no se habilitaron, la única vía y la más rápida es un sistema de grabación completa”, dijo. Desde la Fiscalía Occidente señalaron que se “determinó iniciar una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en que se solicitó y gestionó la implementación del sistema de registro y gestión de tráfico de llamadas CCS en la Fiscalía Local de Maipú. Este sistema se ocupa en los call center de otras unidades -como las fiscalías de flagrancia- y opera en los teléfonos fijos de funcionarios específicos, para respaldar el contacto con las víctimas y gestionar la efectividad y estacionalidad de las llamadas. La grabación se activa con una clave que usa el propio funcionario”. Agregaron que “la investigación administrativa está a cargo de la fiscal jefe de Melipilla, Verónica Monjes, quien debe indagar eventuales incumplimientos funcionarios”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-investiga-grabaciones-telefonicas-empleados-atienden-victimas/
  6. 05 Octubre 2016 Ministra Delpiano informa a la Cámara que se investiga a siete Ues por eventuales irregularidades Secretaria de Estado abordó la materia en sesión para revisar la situación de grupo Laureate en Chile. El 22 de septiembre se abrió la última indagatoria para revisar el caso de la U. Viña del Mar. Con una baja convocatoria partió a las 16.30 horas la sesión especial citada en la Cámara de Diputados para abordar la situación del grupo Laureate y el lucro en las universidades en que participa como controlador. En ella la ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó los mecanismos de regulación del lucro en las universidades chilenas e informó que hay siete planteles que están siendo investigados actualmente por presuntas irregularidades o por lucro. A las 17.00 horas y en plena exposición, ante sólo 34 legisladores presentes, la secretaria de Estado especificó que actualmente están indagando a tres universidades del grupo Laureate: U. Andrés Bello, U. de Las Américas y U. de Viña del Mar. Los otros planteles bajo investigación son la U. Central, la U. Iberoamericana, la U. Mayor y la U. Gabriela Mistral, según enumeró Delpiano durante la sesión. En tanto, otros cuatro planteles también fueron investigados (las universidades de la República, Arcis, San Sebastián, Santo Tomás y Central. Además, la secretaria de Estado aclaró que “el Mineduc cuenta con atribuciones para fiscalizar a las instituciones, pero la investigación es a las universidades y en ningún caso a grupos de inversión”. En ese sentido, Delpiano explicó que la indagatoria a la Universidad de Las Américas fue iniciada en octubre de 2014 a raíz de que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) informó deficiencias que afectaban la sustentabilidad del proyecto y citó un informe de una consultora externa que evidenciaba que el plantel tenía “cuentas por pagar a relacionados por $ 7.000 millones”. En tanto, la investigación contra la U. Andrés Bello comenzó el 14 de junio de 2016 a raíz de una serie de deficiencias académicas denunciadas, pero, según Delpiano, se inició principalmente por una denuncia del diputado Mario Venegas que apuntó a la relación comercial activa que mantendría la U. Andrés Bello con su controlador el grupo Laureate y su participación en Chile, lo que sería más cercano a la investigación que se lleva a cabo actualmente”. Delpiano explicó que, por ejemplo, dentro de las denuncias que llegaron al Mineduc contra esta casa de estudios se encuentran alegatos contra “las deficiencias académicas planteadas por alumnos de las carreras de Química y Farmacia, el 13 de mayo de 2016, de Derecho el 25 de mayo de 2016, y del postgrado de Peridoncia, el 7 de abril de 2016”. A esto se suma que el Consejo de Presidentes de la Universidad Andrés Bello planteó una serie de situaciones que según la ministra “afectarían a la institución y donde se impone la necesidad de dilucidar las diversas acusaciones de lucro de las que ha sido objeto el plantel”. Tras esto, el ministerio decidió ampliar la indagatoria a la U. de Viña del Mar, la que se formalizó el 22 de septiembre. “El Mineduc entiende que resulta pertinente razonable y necesario ampliar sus investigaciones al conjunto de instituciones universitarias dependientes del conglomerado. A fin de determinar la configuración de posibles infracciones legales”, señaló Delpiano. Tanto la U. mayor como la U. Andrés Bello intentaron impugnar la investigación, pero no lo lograron. Penalizar el lucro En la sesión la Cámara de Diputados se acordó pedirle al gobierno penalizar el lucro como delito, además de solicitarle al Mineduc que transparente los antecedentes de las investigaciones relacionadas al lucro, así como al Servicio de Impuestos Internos el detalle de las revisiones que han realizado. Los diputados también acordaron solicitar un fondo que permita a la universidades estatales recibir a los alumnos de aquellos planteles cuestionadas y crear herramientas de fiscalización permanente. La ministra Delpiano, en ese sentido, destacó la creación de la Superintendencia en la reforma. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ministra-delpiano-informa-la-camara-se-investiga-siete-ues-eventuales-irregularidades/
  7. 06 de agosto del 2016 / 21:32 Hrs PDI investiga a hacker que adultera el encriptado de las cédulas de identidad Con esta técnica crean documentos falsos que después son usados por suplantadores. Vulnerabilidad se logra a través de alteraciones en el algoritmo codificado en cada carné. Las alarmas se encendieron a fines de abril, cuando efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI detuvieron a cinco personas que intentaban retirar dinero desde una cuenta corriente del BancoEstado. Los delincuentes estaban suplantando a un cliente con una cédula de identidad falsificada y quedaron al descubierto porque a uno de los cajeros le causó desconfianza la actitud de los sospechosos. El caso pudo haber quedado en esa detención, pero hubo un elemento particular que llamó la atención de los detectives: la falsificación de la cédula era de alta calidad e incluso había pasado las verificaciones biométricas. En el plástico se mantenían todos los datos del ciudadano original, pero se cambiaba la fotografía por el del suplantador. Revisando antecedentes de causas similares, los policías se dieron cuenta de que este caso no era aislado, sino que se había repetido en bancos y casas comerciales de todo el país. En más de 50 ocasiones se había intentado vulnerar las medidas de seguridad y se habían presentado documentos falsificados. Todos corresponden a las cédulas de identidad amarillas, que se emitieron entre 2002 y 2012 y que dejarán de tener vigencia en 2022. Pero lo más grave es que la adulteración no era sólo estética: los cerebros tras estos fraudes lograron desencriptar el algoritmo que está en la parte trasera de los documentos y que tiene la apariencia de un código de barras. Para esto se requieren conocimientos avanzados de informática. Algunos de los detenidos con cédulas falsas en su poder indican que tras estas operaciones estaría un reconocido hacker del mundo delictual, cuyo alias se mantiene bajo reserva. Modus operandi León Paul, gerente general de la empresa de verificación de identidad TOC, y quien se querelló por estos delitos, reveló cómo se logró la sofisticada adulteración. Señaló que las máquinas de tecnología biométrica, que buscan evitar suplantaciones, leen el código que está al reverso de las cédulas y este proceso arroja una serie de cifras, entre las que se encuentran el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, nacionalidad y la huella dactilar. Es este último punto el que adulteran. “Del total de números, eligen la sección que equivale a la expresión matemática de la huella. Esta parte la parcelan y luego ponen la huella del suplantador en un lector, que la transforma en un código hexadecimal. Este nuevo código es ingresado en la sección donde estaba la huella original de la persona, le ponen un algoritmo de encriptación y reconstruyen el código de barras”, indicó. Con esta técnica, los delincuentes se pueden presentar en locales comerciales con los documentos adulterados y pedir préstamos, créditos de consumo o hacer retiros de dinero. Si la entidad quiere verificar la identidad y pide al delincuente que ponga la huella dactilar en un lector, el sistema verá que los parámetros coinciden y autorizará la transacción. El comisario de la Bridec Carlos Paz, jefe del grupo operativo y de flagrancias de esta unidad policial, indicó que en los casos detectados se han solicitado créditos comerciales por hasta cinco millones de pesos. El detective añadió que otro uso que se les ha dado a estos documentos es para pedir reemplazos de tarjetas de multitiendas. Con los plásticos nuevos, en menos de dos horas realizan millonarias compras en los establecimientos. Los expertos indican que el nivel de sofisticación del fraude es tan alto, que no son muchos los capaces de llegar a concretar este delito. Entre los posibles autores que baraja la policía están ex empleados de la empresa que desarrolló esta tecnología para el Registro Civil. Esta firma opera tanto dentro como fuera del país. También en círculos policiales se barajan nombres de expertos en informática que se pasaron “al lado oscuro”. Respecto del alias del hacker, es un nombre que se repite en una serie de investigaciones de fraudes informáticos, como son los phishing (a través de mails maliciosos) y pharming (donde se utilizan sitios web falsos). Advertencias León Paul indicó que desde febrero de este año desarrollaron una tecnología que permite identificar si el encriptamiento ha sido adulterado. El gerente general añade que “la principal recomendación es cambiarse a la nueva cédula. Tiene tecnología que hoy hace imposible su adulteración. Eso sí, no sabemos qué pasará en tres o cuatro años más”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-691729-9-pdi-investiga-a-hacker-que-adultera-el-encriptado-de-las-cedulas-de-identidad.shtml
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