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  1. 21 Febrero 2019 Monckeberg reitera que aún no definen si presentarán propuesta de indemnización por años de servicio Ante las críticas de algunos sectores, el titular del Trabajo dijo que una vez que determinen los plazos será el momento para analizar el tema. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, se reunió en un conversatorio con más de 100 dirigentes sindicales de diversos sectores económicos del país para dialogar acerca de la agenda de Modernización Laboral que ingresará próximamente al Congreso. En la reunión el ministro se refirió a las críticas a la propuesta de indemnización por años de servicio que realizó en Pulso TV el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar. “Tal como ya lo hemos dicho esto es una propuesta de una comisión técnica, transversal de destacados dirigentes de distintas tendencias políticas, nosotros las estamos analizando y una vez que tomemos la decisión sobre su ingreso o no ingreso o el momento, será el momento para conversar el tema”, señaló. Colegio de Profesores en picada contra alternativa de indemnización por años de servicio: “Es una propuesta indecente” El presidente del Magisterio se fue en picada contra la iniciativa y la calificó como una propuesta indecente e inaceptable. Además indicó que espera que los partidos de oposición no estén dispuestos a legislar sobre dicha medida. El titular del Trabajo se refirió además a las críticas del líder de la CPC, Alfonso Swett, quien dijo que plantear el tema sin una propuesta seria y completa no aportaba a la discusión, y sostuvo que “no lo comparto”. Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/monckeberg-reitera-aun-no-definen-presentaran-propuesta-indemnizacion-anos-servicio/538169/
  2. 15 Mayo 2017 Corte Suprema condena al fisco a pagar indemnización por muerte de diputado UDI Juan Lobos El fallo determina que "en septiembre de 2005, esto es, antes del accidente de tránsito materia de la demanda, se elaboró el Volumen N° 6 del Manual de Carreteras denominado "Seguridad Vial", cuyo punto 6.103.4 señala que los inspectores fiscales fiscalizan los caminos públicos y el punto 6.203.705 considera como elemento de seguridad vial los cercos que sirven como una barrera para evitar el ingreso a la faja vial de un camino" La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) a la pareja de un conductor que murió en abril de 2011 luego de que el vehículo que conducía embistiera a un caballo que ingresó a una vía no concesionada. En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Arturo Prado- estableció la responsabilidad del Fisco por falta de servicio al no establecer medidas de seguridad para evitar que animales ingresen a la carretera Q 50, vía en que murió el diputado Juan Lobos Krause, pareja de la demandante Sandra Rodríguez Durán. "Que las disposiciones legales y reglamentarias referidas deben ser interpretadas en su conjunto, de modo que el régimen jurídico de responsabilidad por daños producidos en carreteras sea visto de modo orgánico. En esa línea argumental, la responsabilidad del Fisco de Chile puede apreciarse en este caso tratándose de una vía pública no concesionada, que no contaba con cercos que impidieran el ingreso de animales a la vía, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1° y 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, recayendo en el Ministerio de Obras Públicas los deberes del planeamiento, estudio, proyección, construcción, mejoramiento y defensa de la obra pública fiscal en cuestión. En otras palabras, el Fisco es responsable de los daños causados por deficiencias viales que derivan de la omisión de esos deberes", dice el fallo. Agrega que: "si bien a la luz del artículo 160 N°11 de la Ley N°18.290, se establece la responsabilidad de los dueños u ocupantes de predios colindantes con accesos a las vías públicas, quienes deberán mantener en condiciones las cercas o puertas para evitar la salida del ganado, lo cierto es que en este juicio lo que se persigue es la responsabilidad por falta de servicio del Fisco de Chile y si se aprecia la regulación de los deberes del Ministerio de Obras Públicas que se ha expuesto en los motivos precedentes, se infiere que esa preceptiva tiene por primera finalidad suprimir las causas que originen peligrosidad a los usuarios de las obras. Esto deriva del deber de seguridad que tiene el ente fiscal de adoptar medidas para precaver daños a la vida y a la integridad física de las personas. Luego, para determinar exactamente cómo se traduce este deber en reglas concretas, corresponde examinar en este caso las disposiciones reglamentarias y técnicas sobre la materia. En particular, se dará cuenta de las normas que contiene el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, que es un documento elaborado con el objeto de establecer las políticas y uniformar los procedimientos e instrucciones en las áreas técnicas en que ésta se desenvuelve, para cumplir su función de planificar, diseñar, construir, conservar y operar las carreteras y caminos que componen la red vial del país de su tuición, junto con velar por la seguridad vial y protección ambiental". Además se afirma que: "en lo relativo a este último aspecto es necesario tener en cuenta que en septiembre de 2005, esto es, antes del accidente de tránsito materia de la demanda, se elaboró el Volumen N° 6 del Manual de Carreteras denominado "Seguridad Vial", cuyo punto 6.103.4 señala que los inspectores fiscales fiscalizan los caminos públicos y el punto 6.203.705 considera como elemento de seguridad vial los cercos que sirven como una barrera para evitar el ingreso a la faja vial de un camino, distinguiéndose en el Volumen N°3 del Manual el tipo de cerco en zona rural y zona urbana, el riesgo potencia de fauna animal y la categoría de camino de que se trata, especificándose el tipo de cerca fiscal, ordinariamente de alambre de púa para la zona rural". La sentencia del máximo tribunal establece además que: "en el análisis en concreto del estándar de conducta exigible al Ministerio de Obras Públicas, debe tenerse en consideración el nivel de riesgo de accidentes viales en la circulación de los vehículos por una zona rural, en la que el cruce de animales tiene una alta probabilidad (…) es inequívoco que pesaba sobre el Fisco de Chile el deber de seguridad en el diseño, mejoramiento, mantenimiento y defensa de la ruta, traducido en la especie en la implementación de los cierres perimetrales, considerado el riesgo de accidentes atendidos los factores que se han expuesto, obligación que como se ha visto nace de los artículos 1 y 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 en correspondencia con las pautas normativas y técnicas entregadas en el Manual de Carreteras" Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/15/corte-suprema-condena-al-fisco-a-pagar-indemnizacion-por-muerte-de-diputado-udi-juan-lobos/
  3. Estado deberá pagar $100 millones a ex prisionero político por torturas en 1974 La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución de primera instancia y consideró que corresponde indemnizar a Ismael Lastra Goycolea, quien estuvo detenido en los campos de prisioneros de Londres 38, Tejas Verdes, Chacabuco y Tres Álamos. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a Ismael Lastra Goycolea, ex prisionero político de los campos de prisioneros de Londres 38, Tejas Verdes, Chacabuco y Tres Álamos, quien fue sometido a vejámenes entre febrero y julio de 1974. En fallo unánime, la séptima sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Pilar Aguayo, el fiscal judicial Jorge Norambuena Carrillo y el abogado (i) Jorge Norambuena Hernández– revocó la resolución de primera instancia que había rechazado la demanda presentada por la víctima. La sentencia de Corte de Apelaciones establece que la víctima fue sometida a torturas por parte de agentes de Estado, hecho que además fue comprobado por la Comisión Valech, configurando un crimen de lesa humanidad reparable, tanto en el aspecto penal como civil. La resolución establece que “como ambas acciones tienen su fuente en el derecho internacional humanitario, son interdependientes, pues buscan el cumplimiento por parte del Estado de Chile, de su obligación de reparación y satisfacción, sin perjuicio de la garantía de no repetición ante su vulneración, y por lo mismo, se encuentran amparadas por el mismo estatuto de imprescriptibilidad, por lo que corresponde rechazar esta excepción que ha opuesto el Fisco de Chile, asilándose en su propia normativa interna". Además, el fallo explica que “como se ha acreditado la existencia de un hecho ilícito, que también constituye un crimen de lesa humanidad, el que es imprescriptible, el transcurso del tiempo en este caso es irrelevante para sostener que se ha extinguido la acción indemnizatoria intentada por el actor, porque si conforme a la normativa internacional humanitaria, a la que se encuentra obligado el Estado de Chile, no prescribe tal delito, no puede sostenerse que exista una fecha desde la cual se puedan computar el plazo que contempla el derecho civil, cuando regula el instituto de la prescripción de las acciones, sobre la base de la comisión de un hecho ilícito". Por lo tanto, se concluye que “resulta plenamente procedente resarcir el daño moral que ha sufrido el actor, no siendo óbice para ello el que sea beneficiario de otras prestaciones por parte del Estado de Chile, u otro tipo de reparación pecuniaria, que buscó indemnizarlo en otros aspectos, y con otro tipo de prestaciones, que también se contemplan en la normativa internacional humanitaria, que no han sido materia de la acción intentada en esta causa por el demandante, en cuando víctima de la violencia institucionalizada estatal de aquella época". Fuente : http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/estado-debera-pagar-100-millones-a-ex-prisionero-politico-por-torturas/2017-02-15/133053.html
  4. 21 Enero 2017 Condenan a Movistar a indemnización de US$ 14 millones La Corte de Apelaciones multó a la operadora móvil por conductas anticompetitivas con la empresa de ingeniería OPS. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó, el 17 de enero, la sentencia que condena a Movistar a pagar US$ 14 millones a OPS, empresa prestadora de servicios de ingeniería y telecomunicaciones, ante perjuicios ocasionados por conductas anticompetitivas de parte del gran operador móvil. La condena es resultado de un juicio anterior, en el que OPS demandó al operador móvil ante el Tribunal de Defensa la Libre Competencia (TDLC),dado que en esa época (2007), OPS llevaba cuatro años comprando minutos a Movistar, para luego ofrecer servicios de telefonía, con costos más bajos de los que cobraban los grandes operadores, a sus clientes. Esto en el contexto de que en ese momento los cargos de acceso para llamar de fijo a móvil tenían un valor considerablemente mayor respecto a una llamada realizada desde un teléfono móvil de una red, hacia otro aparato móvil de esa misma red. Según se establece en la primera demanda presentada ante el TDLC, cuatro años después de firmar contrato con OPS, Movistar incrementó las tarifas en un 86% solamente a esta empresa, que además competía directamente con ellos, que proporcionaba los mismos servicios de OPS a algunos clientes con el objetivo de abaratar costos. La demanda, que fue acogida por el Tribunal y posteriormente ratificada por la Corte Suprema, finalizó el año 2010 con una condena del pago de una multa por 3.000 UTA, (suma equivalente US$2,4 millones) al Fisco. Sin embargo, tres años después OPS decidió presentar una nueva demanda contra Movistar por la “indeminización de los perjuicios sufridos a partir de las conductas anticompetitivas desplegadas por la demandada y sancionada por el TDLC y la Corte Suprema”, según señala el documento legal. Perjuicios que acorde al abogado y representante de la firma, José Miguel Gana, de Gana&Galvez, corresponde a la “pérdida de clientes y menor venta en relación al desarrollo comercial de OPS en el período previo al alza arbitraria de precios”. “Participación que cayó abruptamente de 9,6% a 1,8%”, agrega. Por esto, la compañía demandó a Movistar por US$ 20,4 millones. En esta etapa, la defensa principal del gran operador móvil, apuntaba a la ilegalidad de las operaciones de OPS, pues según lo dictaminado en el fallo, la empresa habría iniciado sus actividades sin autorización previa de la Subtel cuando decidió demandar a Movistar. Tras la demanda, sobre la cual la compañía telefónica presentó un recurso de apelación y de casación, la Corte de Apelaciones condenó hace unos días a Movistar al pago de US$ 14 millones. Nueva etapa Acorde a la defensa de la compañía demandante, si bien están contentos con el resultado de la Corte no descartan presentar un recurso de casación. “Considerando que la Corte redujo una parte de la demanda que presentamos por los perjuicios, estamos satisfechos por el hecho de que se hayan reconocidos los daños causados a mi representada”, señala José Miguel Gana. “Estamos analizando si presentar recurso de casación o no”, añade. Por otra parte, según explica Gana, Movistar también tiene la opción de presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. Instancia en la que la autoridad podría bajar aún más la sentencia, que ya fue reducida una vez por la Corte de Apelaciones. Según indican desde la industria este proceso podría llegar a atrasar hasta un año más la sentencia final. A partir del 17 de enero, fecha en la que se dictaminó la sentencia de la Corte, se establece un plazo de 15 días hábiles para que ambas partes presenten recursos de casación. De no ser así, Movistar deberá pagar la multa asignada a OPS. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/condenan-movistar-indemnizacion-us-14-millones/
  5. 13 Enero 2017 Hasta $1400 millones podría pagar el Estado en indemnización por cada trabajador a honorarios despedido En los últimos meses, las demandas por despidos de este tipo de trabajador han aumentado, sobre todo frente al 90 por ciento de éxito que éstas tienen en tribunales. La cantidad de trabajadores que inicien acciones legales podría aumentar explosivamente, en medio de las desvinculaciones que han comenzado a realizar los municipios recién asumidos. Semanas atrás, un funcionario que llevaba 35 años trabajando en un servicio del Estado fue desvinculado. Tenía una remuneración mensual de 3 millones 500 mil pesos; sin embargo, se fue con las manos vacías. ¿El problema? Era trabajador a honorarios, como otros 305 mil que trabajan para el servicio público bajo esa modalidad. Buscando asesoría frente a este hecho, llegó al abogado laboral Giorgio Marino -de SoyHonorario.cl-, con quien definió iniciar una demanda amparada en que él tuvo una relación de dependencia y subordinación por más de tres décadas, por lo que no era un trabajador a honorarios, sino que correspondía el contrato y los pagos que eso conlleva, tal como lo establece el Código del Trabajo. Los primeros cálculos de la demanda los sorprendieron: incluyendo las cotizaciones no pagadas durante los 35 años, calculando la indemnización, aplicando las tasas de corrección fijadas por la Superintendencia de Pensiones, las leyes laborales no pagadas, multas e intereses, el monto final superaba los 1400 millones de pesos. Finalmente, el trabajador decidió no continuar. Argumentaba que no quería “traicionar al servicio” donde había trabajado por décadas, por lo que desistió en demandar. Marino afirma que varios los que deciden no continuar con estos procesos lo hacen pensando en eso y en que después no serán contratados, pero que a la vez lo que hacen es profundizar más la precarización laboral. La Corte Suprema ha fallado al menos 60 veces en favor de los trabajadores a honorarios y centenares de veces los restantes tribunales, que establece que todo trabajador -bajo la modalidad que sea- que desarrolle labores no accidentales y habituales, con subordinación de dependencia, deben ser considerados como contratados, bajo todas las obligaciones que dicta la ley. Este abogado lleva hoy más de 400 casos en todo el país -con 70 nuevos que se iniciarán en los próximos días en Punta Arenas, Arica y Los Andes-, donde casos como el descrito se repiten por montones. “Lo que la gente tiene que entender es que es un derecho tener un contrato laboral y que el empleador, siendo el Estado, incumple la ley. Por lo tanto, hay dos vías para solucionarlo: por la buena o la judicialización”, explica. Hoy, el 90% de las causas terminan con resultados positivos para los demandantes, ya que se ha fijado jurisprudencia respecto a estas causas, pensando en que es una situación grave porque la mayoría de los trabajadores a honorarios llevan años en esa calidad, sin cotizaciones de salud ni para las pensiones y con poca seguridad sobre sus empleos. El difícil momento para los Municipios Uno de los casos que lleva Marino es emblemático. En noviembre de 2015, Gabriel Pineda (67) fue despedido de la Subsecretaría de Transportes donde trabajó casi por un poco más de 15 años. Durante todo ese tiempo fue funcionario a honorarios de ese ministerio con un sueldo de 890 mil pesos mensuales, por lo que al momento del despido también se fue con las manos vacías. Pineda sí inició acciones judiciales. Luego de diez meses -lo que duran normalmente estas causas-, la Justicia falló a su favor y el fisco debió pagar lo correspondiente a la desvinculación de un trabajador que tenía un contrato indefinido. En total, con todo lo adeudado, multas e intereses, Pineda se llevó más de 180 millones de pesos. Hoy, los municipios viven momentos complejos de cara a las desvinculaciones y términos de relaciones laborales con los miles de funcionarios que se encuentran a honorarios. En Maipú, días atrás, se terminó el contrato a honorarios de 470 personas aludiendo a contratos fantasmas, pese a que muchos de ellos eran trabajadores activos. Hoy eso se está reevaluando. Según Marino, si de las casi 500 personas que fueron despedidas solo 80 llegaran a judicializar el proceso, el monto que debiera desembolsar el municipio sería escandaloso. Usando como referencias los datos del perfil del trabajador a honorarios de sindicato de ese municipio -4,5 años de antigüedad y 500 mil pesos de sueldo promedio-, cada trabajador debiera recibir 40 millones como indemnización. Por el total de demandantes serían 3200 millones de pesos. “El futuro de esto es la asociación de los trabajadores. Es necesario dejar de lado el exceso de individualismo laboral, porque como trabajadores a honorarios no tienen conciencia en común por sus derechos y exigir lo que corresponde”, dice Marino. Otro camino por el que han optado los trabajadores a honorarios es ingresar por la vía judicial “solicitudes declarativas” para acreditar frente a la Justicia que son trabajadores de planta, y ser regularizados como tales, de acuerdo a lo que indica el Código del Trabajo. Hoy se calcula que este año podrían levantare entre 2 mil y 3 mil casos nuevos en todo el territorio nacional, entre los más de 305 mil que se encuentran a honorarios. Si los tres mil judicializan y ganan en tribunales -con un 90% de posibilidad éxito, aseguran- el Fisco debiera desembolsar casi 70 mil millones de pesos, una cantidad irrisoria aunque “pagable”, explica el mismo abogado. “Eso el Estado lo puede costear, pero si los 300 mil trabajadores a honorarios se dieran cuenta de que pueden regularizar sus situaciones o conseguir indemnizaciones por años o décadas de irregularidades, la cantidad de dinero a pagar sería realmente inalcanzable”, concluye Marino. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/01/13/hasta-1400-millones-podria-pagar-el-estado-en-indemnizacion-a-trabajaders-a-honorarios-despedidos/
  6. Autopista deberá indemnizar a familia de mujer fallecida por pedrada con $610 millones Corte Suprema ratificó fallo en favor de la familia de Andrea Urrejola, quien murió en marzo de 2012 tras una pedrada contra el automóvil en el que viajaba. Este viernes y en fallo unánime, la Corte Suprema condenó a la Autopista del Maipo a pagar una indemnización total de $610 millones de pesos a la familia de Andrea Urrejola Montenegro, quien murió el 9 de marzo de 2012, en un accidente provocado por una pedrada lanzada al viaducto. La sala acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia que rechazó la demanda de dos hermanos de la víctima, concediendo el pago de una indemnización de $5.000.000 para cada uno de ellos. Así, el fallo ratifica la responsabilidad de la empresa concesionaria por la faltas de medidas de seguridad en la autopista. La sentencia asegura, además, que a los hermanos de la víctima también les corresponde ser indemnizados, ya que “provocó en los demandantes efectos psicológicos y de ánimo, aludiendo que tanto la testimonial rendida y los informes psicológicos”. www.latercera.com
  7. Condenan a Johnson & Johnson a pagar millonaria indemnización a familia de mujer que murió de cáncer por El Mostrador 24 febrero 2016 En una demanda civil, los parientes de Jacqueline Fox atribuyeron a la utilización durante años de talco de bebés la aparición de la enfermedad que terminó con su vida. La compañía se defiende y considera que el veredicto "echa por tierra décadas de ciencia que demuestran la seguridad del talco como cosmético en muchos productos". Johnson & Johnson fue condenada a pagar 72 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de cáncer tras usar durante años talco para bebé y otros productos de la empresa, que este miércoles rechazó el fallo y estudia sus opciones legales. Un jurado popular de Misuri (EE.UU.) falló a favor de los familiares de Jacqueline Fox que interpusieron una demanda civil contra J&J por haber ocultado durante años a los consumidores los riesgos del talco en productos cosméticos. "Este veredicto echa por tierra décadas de ciencia que demuestran la seguridad del talco como cosmético en muchos productos y aunque entendemos a los familiares, estamos totalmente en desacuerdo", dijo una portavoz de la empresa al canal de televisión CNN. Se trata del primer veredicto en un tribunal de Estados Unidos a favor de un afectado, según el cual los familiares de Fox tienen derecho a recibir una indemnización de 10 millones de dólares y otros 62 millones por daños y perjuicios de carácter punitivo. Los abogados de la familia Fox aseguraron en la demanda que la mujer usó durante décadas talco para bebé y otros productos de Johnson & Johnson y hace tres años le detectaron un cáncer de ovarios y falleció en 2015. Para los miembros del jurado, la multinacional es responsable de fraude, negligencia y conspiración al considerar probado que conocía desde hace años los riesgos para la salud del uso de productos con talco pero no alertó nunca a los consumidores. El caso de Fox es uno de los cerca de un millar de demandas similares a las que se enfrenta Johnson & Johnson en tribunales de Misuri y Nueva Jersey y la empresa está estudiando ahora sus opciones legales. Investigadores de la Escuela de Medicina de Pittsburgh publicaron en el año 2005 un estudio en el que se sugiere que las mujeres que evitan el talco en la higiene genital tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de ovarios. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/02/24/condenan-a-johnson-johnson-a-pagar-millonaria-indemnizacion-a-familia-de-mujer-que-murio-de-cancer/
  8. Tribunal ordena indemnizar a la totalidad de los alumnos de la Universidad del Mar del país La sentencia señala que el plantel debe pagar los costos de arancel, matrículas, transportes y arriendos a más de 20 mil estudiantes ligados al platel al momento del primer anuncio de cierre en 2012. SANTIAGO.- El Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar ordenó indemnizar a la totalidad de los alumnos de la Universidad del Mar que se encontraban estudiando o ligados al plantel al momento del primer anuncio de cierre, en 2012. La sentencia, según revela hoy El Mercurio de Valparaíso, emanada el 8 de enero de este año, surge como respuesta a una demanda colectiva interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de la Quinta Región, zona donde pertenecía la casa central de la cuestionada casa de estudios. Sin embargo, de hacerse efectiva, contemplaría una solución para ex alumnos de todo el país. La acción exige el reconocimiento de al menos diez "cláusulas abusivas" de los contratos que cada uno de los alumnos debió firmar al ingresar al plantel, además de la indemnización de todos ellos, según su situación, incluyendo el pago por el detrimento del título profesional una vez que se conoció las condiciones en la que estudiaban. Las indemizaciones Las compensaciones fueron divididas en cuatro grupos según las distintas condiciones de daño. El primer grupo son aquellos jóvenes que fueron reubicados en otras universidades gracias al convenio realizado por el ministerio de Educación, a ellos se les deberá pagar el dinero gastado en traslados a otras casas de estudio u otras sedes equivalentes a la beca Junaeb de la U.del Mar según tramos, con un monto mínimo de $32.000 por diez meses. El segundo grupo está compuesto por quienes se reubicaron en 2013 en otras universidades de forma individual dejando de ser estudiantes de la cuestionada casa de estudios. A ellos se les debe indemnizar el atraso académico de cada uno. Además recibirán dinero por los costos de traslado y por la diferencia entre el arancel pagado entre 2013 y 2014 en la nueva institución y la vigente en la U del Mar. Hay además un tercer grupo que lo componen quienes cuya reubicación no fue posible y por eso no pudieron estudiar durante el año 2013. A ellos se les debe indemnizar con un monto equivalente a un arancel de su carrera en el 2012 y además si corresponde, el retraso académico que esto significó. Por último el cuarto grupo está compuesto por quienes tuvieron ramos cursados en la Universidad del Mar que no fueron o no son susceptibles de convalidación u homologación en otras instituciones. A ellos se les compensará el valor de todas las matrículas y aranceles pagados durante todos los años de permanencia en la Universidad y los gastos en que hayan incurrido por concepto de transporte, para lo cual se considerará, para cada alumno, un monto equivalente a dos pasajes diarios a una tarifa de $ 180 cada uno durante 5 días por semana y durante 10 meses, cada año. Finalmente, para el caso de aquellos estudiantes que hayan debido cursar estudios fuera de su lugar de origen y que hayan efectuado gastos relativos a alojamiento, pensión, residencia o arrendamiento se calculará una indemnización que corresponde a la suma de $ 95.000 mensuales, por 10 meses, cada año. Apelación del síndico de quiebra El síndico de quiebra de la Universidad del Mar, Cristián Herrera, ingresó un recurso de casación que busca anular la resolución del tribunal viñamarino. Dentro de sus argumentos, está que los acreedores del plantel están "tanto o quizás más afectados que los alumnos de la casa de estudios tantas veces señalada". También dice que la prueba de Sernac en la demanda no es consistente, por tratarse de "recortes de prensa" y testigos "funcionarios del propio Sernac". Además, sostiene que no se han acreditado los perjuicios por los que se pide la indemnización. www.emol.com
  9. Corte Suprema ordena al Estado a pagar mil millones de pesos a víctimas de violaciones a DD.HH. Fallo del organismo establece que la suma deberá ser dividida entre los familiares de cuatro detenidos desaparecidos, entre 1973 y 1974, cuyas causas fueron revisadas sólo en el aspecto civil. SANTIAGO.- Este martes se publicó el fallo de la Corte Suprema mediante el cual ordenó al Estado de Chile a indemnizar con una suma total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos) a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de familiares de cuatro detenidos desaparecidos, en tres causas que fueron revisadas por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, sólo en el aspecto civil. En el primer caso, la Sala Penal ordena a pagar una suma total de $190 millones al padre y hermanos de Luis Guajardo Zamorano, destacado ciclista nacional, que figura como detenido desaparecido desde el 20 de julio de 1974 y víctima de la "Operación Colombo". En el segundo caso, la Segunda Sala ordenó indemnizar con $700 millones $700.0000.000 a los familiares de Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo que fueron detenidos el 13 de octubre de 1973 por personal del retén Catillo en el fundo El Palomar de la ciudad de Parral. En el tercer caso, en tanto, la Sala Penal determinó que el fisco deberá pagar $110 millones a la cónyuge e hijos de Juan de Dios Salinas Salinas, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la localidad de Isla de Maipo. En las tres situaciones, en tanto, el máximo tribunal estableció que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles e inadmistiables en el aspecto penal y civil. "Dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional, en el que representaban al gobierno de la época y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure", señala el fallo. Del mismo modo, el documento añade que "el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna". "Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado", concluye. www.emol.com
  10. Corte Suprema confirma indemnización del Estado a familia de Matías Catrileo El máximo tribunal determinó que el Estado debe entregar $130 millones a la madre y a la hermana del comunero mapuche que falleció en enero de 2008 por violencia innecesaria de Carabineros. En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó hoy que el Estado debe indemnizar con $130 millones a la madre y a la hermana del comunero mapuche Matías Catrileo Quezada, fallecido el 3 de enero de 2008 luego de una acción de "violencia innecesaria" del cabo de Carabineros Walter Ramírez Inostroza. El fallo del máximo tribunal determinó que el Estado debe entregar $80 millones a María Quezada Merino, madre de Catrileo; y $50 millones a la hermana de la víctima, Catalina Catrileo Quezada, por la responsabilidad del Estado en el "actuar irracional del cabo de carabineros Walter Ramírez Inostroza, quien fue condenado en diciembre de 2011 a la pena de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad en el delito de violencia inncesaria con resultado de muerte". En el fallo, la Corte Suprema indicó que "quedó establecido, además, en dicho proceso criminal que el cabo segundo Walter Ramírez Inostroza utilizó armas de fuego no existiendo un peligro real e inminente para su integridad, razón por lo que la violencia ejercida al momento de los hechos fue del todo innecesaria y no encuentra motivo racional que la justifique. A mayor abundamiento, no existe una equivalencia entre las agresiones percibidas por parte de los funcionarios policiales y los medios empleados para repelerlas, esto es, efectuar entre 5 y 6 disparos con un arma de fuego semi automática y de largo alcance". La resolución del máximo tribunal agrega que "el Cabo 2° Ramírez Inostroza, no pudo menos que preveer las consecuencias que de esta conducta habrían de seguirse, en este caso, la muerte de Matías Catrileo Quezada, y por tanto responder por los resultados que causó su actuar, ello atendida su experiencia e instrucción en el manejo de la fuerza física como en el uso de las armas de fuego como medios para cumplir muchas de las obligaciones que le impone el servicio, teniendo especial consideración el estar adscrito a la dotación de una unidad especializada". www.latercera.com
  11. Corte Suprema ordena al fisco indemnizar a prisioneros políticos de Isla Dawson La sentencia confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política. La Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado pagar una indemnización total de más de $4 mil 500 millones a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar $150.000.000 a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes. La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado en la Región de Magallanes. Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional. www.latercera.com
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