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26 Agosto 2017 La mitad de los imputados y condenados por ley penal juvenil son adultos En total son nueve mil ingresos a centros y programas del Sename. De esos, cinco mil tienen más de 18 años. El 38% de los privados de libertad son mayores de edad. El centro cerrado de Limache recibe a menores infractores. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) sanciona a menores de edad de entre 14 y hasta 18 años por delitos cometidos durante ese tramo etario. Sin embargo, según cifras del Servicio Nacional de Menores (Sename) enviadas al senador RN Alberto Espina el 26 de agosto pasado, de las 9.806 personas registradas en el sistema entre enero y junio de este año, 5.092 tienen 18 años o más, lo que equivale al 51,9% del total (ver infografía). De acuerdo con las mismas cifras, la mayoría de los adultos que cumplen medidas provisorias -previo a su condena- o sanciones judiciales por ilícitos cometidos cuando eran menores, tienen actualmente entre 18 y 19 años (3.482), e incluso hay una persona de 37 años. Desde el Sename explicaron que esto se debe a que “las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado pueden prolongarse hasta cinco años si el infractor tiene menos de 16 años, o hasta por diez años si tiene más de 16 años. En otros casos se trata de personas que cumplieron condena en el sistema adulto, pero tenían pendiente otra sanción por un ilícito cometido como menores de edad, por lo que comenzaron a cumplir esta última cuando ya eran mayores de edad”. En el informe elaborado por el servicio también se da cuenta de que los delitos más comunes por los que han sido sancionados los jóvenes y adultos que están en el sistema son los robos con violencia, con intimidación, en lugar habitado, receptación, hurtos, tráfico de droga y homicidio (ver infografía). Para el director de la unidad especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos, de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo, esto se explica porque “el porcentaje de adolescentes que cometen delitos se concentra mayoritariamente en el grupo de los 16 a 17 años y, en consecuencia, cuando se dicta una sentencia de uno, dos o más años el condenado habrá alcanzado la mayoría de edad durante el proceso”. En ese sentido, agregó que “resulta preocupante que del total de 9.806, más de la mitad sean adultos y, más aún, que al menos un 20% tiene múltiples sanciones, por lo que urge un sistema de unificación de sanciones y una norma clara que castigue de manera agravada cuando se cometen varios ilícitos”. Para Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, la razón por la que más de la mitad de los imputados por RPA sean adultos se debe a que “una vez que son condenados como menores se mantienen en el Sename hasta el cumplimiento total de la condena”. A este problema, dijo, se suma que las penas no se cumplen de manera simultánea, lo que deja en evidencia un problema de diseño del sistema de ejecución de sentencias. “Si estás cumpliendo una condena en libertad y te vuelven a condenar, tienes que esperar a que se cumpla la primera y ahí recién empieza la segunda. Esto atenta contra las posibilidades de reinserción efectiva de un joven y hace que el sistema tenga altas tasas de reincidencia”, explicó. Para Sánchez estas cifras “no tienen lógica porque la intervención no está pensada para un rango etario mayor a los 18 años”. Señaló que para solucionar este tema las condenas se deberían cumplir simultáneamente, especialmente cuando la extensión de la suma de esas sentencias significa que la persona va a ser muy adulto como para estar cumpliendo condena en el Sename. Respecto a cómo se puede explicar el caso de una persona que a los 37 años esté cumpliendo una sanción por Ley de RPA, dijo que “a algunas personas les quedaron causas pendientes (decretadas cuando era menores), lo que significa que cuando salen de la cárcel al ser adultos tienen que cumplir esa condena”. Adultos presos en Sename De los más de cinco mil adultos registrados en el sistema de RPA, casi la mitad (2.433) cumplen una condena en un Programa de Libertad Asistida Especial, el que consiste en el acompañamiento de un delegado que se encarga de intervenir de forma ambulatoria a una persona para reintegrarla a la sociedad. En tanto, hay 280 adultos recluidos en centros cerrados del Sename. A ellos se suman 62 más que también se encuentran privados de libertad por internación provisoria, un tipo de cautelar que es el símil de la prisión preventiva. Así, de un total de 891 personas recluidas por infringir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 549 son menores y 342 son adultos, lo que equivale al 38%. Melo indicó que esta situación complica a los recintos de detención “ya que se debe respetar esa separación”. Agregó que “esta dificultad se agudiza en los centros de regiones, donde tienen en el mismo lugar a adolescentes en internación provisoria y condenados, y a hombres y mujeres que están recluidos en el mismo establecimiento”. Según Melo, también debiera prohibirse que personas que hayan estado en prisión preventiva o cumpliendo condena encarcelados como adultos, ingresen luego a un centro cerrado del Sename a cumplir una sentencia privativa pendiente como adolescente. Cree que esto produce un contagio “criminógeno”. En tanto, para el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que hayan mayores de edad internados en un centro del servicio “no es bueno (…) las intervenciones están pensadas para adolescentes y jóvenes, no para adultos”. Al respecto, desde el Sename señalaron que “cuando los mayores de edad permanecen en los recintos privativos de libertad, tienen secciones separadas de los menores. Del mismo modo, quienes están cumpliendo sanciones por la LRPA en recintos de Gendarmería están en secciones juveniles, separados de la población que cumple condena por la ley penal de adultos”. Agregaron que todos los mayores de 30 años informados que están cumpliendo sanciones por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, no se encuentran recluidos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/la-mitad-los-imputados-condenados-ley-penal-juvenil-adultos/

El Gobierno con más imputados de la historia: los colaboradores que Piñera debe esconder en el clóset Entre marzo y abril reapareció, mandó cartas a la militancia gremialista, dio entrevistas políticas analizando el escenario presidencial y fue parte activa de la campaña de refichaje de la UDI para lograr la meta de 18 mil 500 militantes reinscritos. Para el piñerismo eso fue como un mal necesario, algo inevitable, acotado, pero que bajo ninguna circunstancia, de aquí a noviembre, puede repetirse durante la campaña de Sebastián Piñera por regresar a La Moneda. El Servicio de Impuestos Internos (SII) puso fin a la querella contra Longueira por financiamiento ilegal de la política y optó por la vía de la multa para sancionarlo, pero aún pesa sobre él la formalización –desde junio de 2016– por presunto cohecho. Para la Fiscalía, “gran parte de los presuntos ingresos desde SQM a sus cercanos fueron gracias a favores de Longueira, como el párrafo que incluyó en la ley de Royalty minero el 2010 a petición del ex gerente de la compañía, Patricio Contesse". Así, el ex ministro de Economía durante el Gobierno de Piñera, lejos de ser una pieza clave en el comando de campaña, debería quedarse –a ojos de analistas cercanos a la derecha y piñeristas– en el clóset político, para evitar que el ex Mandatario deba enfrentar otro flanco de críticas por sus ex colaboradores y figuras de la Alianza que judicialmente siguen en las cuerdas por casos de cohecho, fraude al fisco, lavado de activos o boletas ideológicamente falsas. Es que a Longueira se suman el ex ministro de Minería Laurence Golborne; el ex subsecretario de la misma cartera, Pablo Wagner; los senadores desaforados Iván Moreira y Jaime Orpis; el ex secretario de Estado Gabriel Ruiz-Tagle; y el ex administrador electoral de Piñera, Santiago Valdés. Una nómina completa que pecó de falta de probidad y que eclipsa la premisa del “Gobierno de excelencia”, que Piñera usó casi como mantra político durante su administración. En la derecha consideran que Piñera es incombustible a los cuestionamientos que apuntan a los conflictos de interés entre política y negocios. Recuerdan que la lista es larga –desde el papel que jugó en el Banco de Talca en la década de los 80, el uso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN, mientras fue senador RN, el caso Cascadas y hasta el caso Exalmar el año pasado–, sin que eso genere mella en el apoyo que recibe en las encuestas. Dicen que esto se debe a que ya pagó los costos de todo aquello, por eso es que sigue manteniéndose sin mayor variación en el 24 y 25 por ciento de apoyo. Además, en el piñerismo apuestan a que el “abuso” que hace el abanderado Manuel José Ossandón, de poner cotidianamente el dedo en la llaga de las debilidades de Piñera –sus antiguos colaboradores–, va a terminar por “desgastar el recurso”, neutralizando aún más el efecto que pudo tener. Eso no quita que en sectores de la derecha se reconozca reservadamente que hasta finales del año pasado este era un tema no menor, que había bastante preocupación por el impacto de esta nómina de casos reñidos abiertamente con la probidad y que hubo un momento en que efectivamente se temió que Piñera se viera afectado por el “síndrome Golborne”, que tuviera que verse obligado a dar un paso al costado de la carrera por La Moneda ante el peso de los cuestionamientos. Ahora hay mayor tranquilidad, consideran que el escenario en la Nueva Mayoría está tan complejo y revuelto, que los contrincantes de Piñera son débiles, contradictorios y la votación de la centroizquierda está tan dividida, que casi tiene asegurada la banda presidencial por “default”. “Los problemas de Piñera y sus ex colaboradores quedan totalmente eclipsados, en segundo plano ante la mala competencia que tiene”, sentenció un ex asesor de la administración piñerista. Una visión compartida por el analista político Tomás Duvall, quien precisó que “efectivamente algunos van a intentar usar esos temas durante la campaña, pero no creo que tenga una repercusión importante”. Sin embargo, en el seno del propio piñerismo consideran que, a pesar de eso, al ex Mandatario “no le conviene” tener al ex ministro de Economía y figura emblemática de la UDI en la primera fila de su comando, ni a ninguno de los demás cuestionados, formalizados o desaforados. “Longueira tiene que estar marginado del comando para noviembre, aunque la UDI trata de amarrar a Piñera, debe estar fuera”, sentenció un estrecho colaborador del círculo de hierro del candidato. Cuando la UDI difundió el video en que apareció Longueira enviando un dron a la casa de Piñera para reficharlo y al final se les veía juntos y sonrientes, la estrategia no cayó bien en RN, pero se entendió –explicaron– que era una maniobra necesaria, que los partidos juegan un papel clave en las primarias, que para el ex Presidente es fundamental el despliegue territorial del gremialismo y que en ese sentido, la figura del ex timonel UDI era la única capaz de movilizar base militante para reinscribirse. Pero también tienen claridad en cuanto a que es una alternativa que no puede repetirse, menos con la experiencia posterior, ya que cada vez que aparece Longueira se le fustiga y genera ruido en la opinión pública. No hay que olvidar que, a mediados de abril, el ex líder UDI dio una entrevista a El Mercurio en que comparó al candidato del PS-PPD-PR y PC, Alejandro Guillier, con Dj Méndez, vaticinó que será la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la que pasará con Piñera a la segunda vuelta y aseguró que a dicha coalición “le da exactamente lo mismo que la NM pierda esta elección; buscan adueñarse de la conducción de la izquierda , formando el Podemos criollo, y el PS les pavimentó el camino". La noticia no estuvo en el contenido ni el análisis, sino que en el incendio virtual que se generó en redes sociales después que el conductor de CNN, el periodista Daniel Matamala, lo fustigara en su cuenta de Twitter: “Longueira, formalizado por fraude al fisco y cohecho reiterados, dictamina en los diarios de hoy qué candidaturas son éticas y cuáles no”. El ex ministro de Piñera resolvió irse a juicio y a su favor juega la dificultad para establecer y comprobar judicial y fehacientemente el cohecho, pero sí fue formalizado por tal cargo. En el marco de la discusión de la Ley de Royalty, durante el primer año de mandato de Piñera, que financiaría la reconstrucción por el terremoto del 27F, Contesse le envió a Longueira la redacción de un artículo sobre invariabilidad tributaria que beneficiaba a su minera –que después fue acogido por el Gobierno– y una "carta tipo" con los argumentos a favor de la modificación, dejando solo en blanco el espacio para que el ex timonel escribiera los nombres de los destinatarios. Entre los años 2009 y 2014, años en que Longueira fue senador, ministro de Economía y candidato presidencial, su entorno recibió unos 730 millones. El frente judicial Por más que Piñera ha tratado de dar por cerrado cualquier tema vinculado a los problemas que generó la relación entre la política y dinero en su Gobierno, los hechos vuelven a poner este ítem en el centro de la agenda pública. A principios de mayo el abanderado UDI-RN anunció un fideicomiso ciego para sus inversiones y días después se hizo pública su declaración de patrimonio, dos hechos con los que su núcleo duro esperaba dar por cerrado el capítulo. Pero, a la semana siguiente, la Corte de Apelaciones resolvió ampliar el desafuero del senador UDI Jaime Orpis –que cumple arresto domiciliario–, en fallo dividido en el caso de cohecho, pero de manera unánime en lo relativo a delitos tributarios y fraude al fisco. El Ministerio Público entregó nuevos antecedentes, como haber usado los fondos dispuestos para contratar colaboradores para aumentar artificialmente el sueldo a su secretaria y un colaborador, dinero que habría sido traspasado a él y su cónyuge, generando un perjuicio fiscal de $48 millones; y en la acusación de cohecho, la Fiscalía planteó que recibió de Corpesca un total de $5.200.000 mensuales. En el mundo judicial reconocen que Orpis es el más complicado de la derecha, ya que sería reformalizado y efectivamente tiene altas posibilidades de que se dicte prisión preventiva en su contra. A la semana siguiente, fue el turno del emblemático senador de la Alianza, Iván Moreira, quien durante la administración piñerista era un visitante semanal a los patios de La Moneda y que hoy hace un intenso despliegue de campaña a favor de la reelección del ex Jefe de Estado. El 24 de mayo, la Corte de Apelaciones aprobó su desafuero, en el marco de la investigación del caso Penta, por delitos tributarios e infracción a la Ley de Donaciones por un monto superior a los 38 millones, divididos en nueve boletas, lo que se suma a la formalización a la que se le sometió en el año 2015 por dicha facilitación de boletas ideológicamente falsas, instancia en que no se le aplicaron medidas cautelares, porque precisamente gozaba de fuero. Su defensa apelará ante la Corte Suprema y Moreira apuntó al Ministerio Público, aplicando al pie de la letra la estrategia de la política del empate que ha usado el gremialismo desde hace dos años. "Las decisiones de la Fiscalía han sido discriminatorias, arbitrarias, sesgadas y politizadas (…) me tuvieron dos años en la incertidumbre, durante ocho meses no movieron la causa, y lo hace justo en medio de una campaña electoral. Que el país saque sus conclusiones”, sentenció. Tan complicada como la de Orpis, aseguraron en el mundo judicial, es la situación del ex subsecretario Wagner, quien fue formalizado el 1 de marzo por cohecho y lavado de activos, debido a los $42 millones que recibió del grupo Penta mientras era funcionario de Gobierno de Piñera, con el objetivo de que favoreciera los intereses del dueño del holding y amigo personal del ex Mandatario, Carlos Alberto Délano. Se encuentra con arresto domiciliario e intenta obtener una salida abreviada, lo que lo obliga a reconocer su culpabilidad en los hechos. Ese mismo día fue reformalizado Golborne, quien ya había sido sometido a tal situación en junio del 2016, por haber emitido boletas ideológicamente falsas por casi $ 378 millones entre los años 2012 y 2014. A través de un recurso ante el Tribunal Constitucional, trató de establecer la inconstitucionalidad de la aplicación del delito de infracción a la Ley de Donaciones, el que fue declarado inadmisible por el TC. Si bien en estos años han sido señalados por la justicia la senadora UDI y ex vocera del Gobierno piñerista, Ena Von Baer, en el caso Penta, y el ex ministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, por la colusión del confort, lo cierto es que la situación de su ex administrador electoral, Santiago Valdés, es de las más delicadas para Piñera, porque el ingeniero civil representa el corazón de su oficina financiera. Valdés esta formalizado, desde octubre de 2015, por su rol como gerente de Bancorp, una de las tantas empresas del ex Mandatario, nexo por el cual el candidato de derecha figura en una lista de testigos solicitados por el Ministerio Público, cargo a través del cual firmó 15 facturas a SQM que se presumen falsas, por parte de Administradora Bancorp, cuyos pagos suman $318 millones, más el eventual pago irregular de bonos a altos ejecutivos de CHV, cuando el canal era controlado por dicha sociedad, y por un contrato de futuro, o forward, suscrito entre la misma Bancard y CB. http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/01/el-gobierno-con-mas-imputados-de-la-historia-los-colaboradores-que-pinera-debe-esconder-en-el-closet/

06 de agosto del 2016 / 01:25 Hrs El 41% de los imputados por "portonazos" en la zona oriente es menor de edad De 151 sospechosos registrados hasta junio, 62 son adolescentes. De ellos, 33 se encuentran privados de libertad. La comuna que tiene más casos es La Florida, con 208 denuncias. Le sigue Las Condes con 129 y Vitacura con 117. A principios de este año el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, creó un equipo especial para investigar los robos violentos de autos, conocidos como “portonazos”. Este tipo de delito se caracteriza en que un grupo de delincuentes intimida al conductor de un automóvil que se detiene para abrir el portón de su casa. Luego, este concepto se amplió a todos los asaltos agresivos para robar vehículos. A seis meses desde que se creara la Unidad de Robos Violentos de Automóviles (Urva), los fiscales Pablo Antúnez, Felipe Díaz y Alvaro Pérez hicieron una presentación al fiscal nacional Jorge Abbott con un balance del trabajo realizado. Según los resultados de ese informe, hasta el 30 de junio de este año se registraron en la zona oriente 62 menores de edad imputados por este tipo de ilícitos, de un total de 151 personas investigadas. Los 89 restantes son adultos. De ese universo, 93 están privados de libertad. De ellos, 30 son adolescentes y 63 corresponden a adultos en prisión preventiva. El fiscal jefe de la Unidad “antiportonazos”, Pablo Antúnez dijo que es común que en este tipo de delitos participen menores. “El vehículo robado muchas veces es usado como una herramienta de trabajo para cometer otros delitos. Por ejemplo, van asaltando a peatones, luego atracan servicentros y terminan haciendo robos en lugar habitado. No necesariamente el vehículo es el botín y, por lo tanto, no son delincuentes avezados, adultos o con mucha trayectoria”, explicó Antúnez. El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, indicó que actualmente hay 17.721 casos policiales en que están involucrados menores. “Cuando los jóvenes tienen menos control de sus impulsos, tienen más incentivos de participación en estos delitos”, dijo. En tanto, para la directora de Paz Ciudadana, Catalina Mertz, “este delito en particular tiene más motivaciones juveniles, porque quienes persiguen estos ilícitos dicen que roban vehículos que les gustaría conducir”. Además, la unidad de la Fiscalía Oriente registra a junio de 2016 un total de 151 casos terminados, de los cuales 122 corresponden a sentencias condenatorias, lo que representa el 80,8% del total. Hay, además, 13 sentencias absolutorias y nueve decisiones de no perseverar. Autopistas Si bien la alta tasa de condenas es alta, el fiscal Antúnez señaló que “estamos con una problema bien grande, que es el tema de las autopista urbanas. Hace poco tiempo nos enviaban esta información casi en línea y, no sé por qué, nos exigen que les pidamos esa información vía documento escrito con todo lo que eso demora”. En cuanto al comportamiento de este fenómeno en la zona oriente, la comuna de La Florida concentra la mayor cantidad de casos ingresados, con 208. Les siguen Las Condes con 169 y Vitacura con 117. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, explica que “somos una comuna bastante próspera, con mucha gente que está adquiriendo vehículos atractivos. El progreso que han tenido ciudadanos de la comuna ha sido atractivo para el delito”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-691640-9-el-41-de-los-imputados-por-portonazos-en-la-zona-oriente-es-menor-de-edad.shtml