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  1. 31 Mayo 2018 Ahora le tocó a Paula Narváez: Contraloría cuestiona contrataciones a honorarios y eventual uso político de imprenta de la Segegob El punto más cuestionado fue la contratación de tres personeros de la Región de Valparaíso, a honorarios en Segegob en momentos en que eran precandidatos. El 20 de abril de este año, la Contraloría evacuó el informe 805/2017 que analizó parte de la gestión de la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez, a cargo de la Secretaría General de Gobierno (Segegob). El análisis correspondió a una auditoría y examen de cuentas a los gastos en personal, específicamente las contrataciones a honorarios, suscritos por el ministerio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017. Al respecto, en la repartición que encabezó uno de los rostros del bacheletismo con mayor proyección -a la que incluso se le atribuyen opciones presidenciales-, se identificaron una serie de anomalías en las contrataciones de personal. Además se cuestionó los documentos de prueba de ejecución de trabajos de tres personeros de la Región de Valparaíso, a honorarios en Segegob en momentos en que eran precandidatos. También se detectó el uso de la imprenta institucional con fines ajenos a los presupuestados al facilitarla para la realización de afiches del movimiento “Aquí la gente” vinculados a No más AFP y “Yo voto para botar”, contra la corrupción, la ley de pesca y otras causas. Desde la otrora administración, el exsubsecretario Omar Jara valoró la resolución, adujo que se implementaron cambios acordes con un pre informe sobre la materia y acuso un interés político del actual gobierno en manchar la gestión suya y de Narváez. Conclusiones El dictamen consigna la existencia de personas contratadas con fines distintos a los autorizados en la ley de Presupuestos. En concreto, 14 profesionales a honorarios cuya ejecución de actividades no guardan relación con los programas para los que fueron contratados. En específico, se cuestiona el caso de la profesional Soraya Jadue Jadue, “quien carece de un vínculo con la Administración que sustente su prestación de servicios, en tanto no se regularice su situación y esta sea debidamente aprobada por esta Entidad de Control a través del trámite de toma de razón”. Se da por subsanado, en esta índole, la situación de Leonardo Pineda, jefe de gabinete de Narváez, quien renunció en las postrimerías de la administración anterior luego de que se constatara el pago de $28 millones, por la elaboración de informes para el diputado Sergio Aguiló (PS). Existe un sumario en curso sobre el tema. El punto más cuestionado fue en relación a tres casos específicos de personas contratadas a honorarios, en los que se observó que solicitados los medios de verificación indicados en los informes mensuales, estos no fueron proporcionados, “lo que impidió constatar si las respectivas labores se llevaron a cabo, y de haberlo sido, si ello aconteció en ocasiones distintas a aquellas en las cuales los contratados tuvieron participación en actividades asociadas a su condición de precandidatos a cargos de elección popular, por lo que el servicio deberá en lo sucesivo velar para que los medios de verificación de las funciones declaradas en los informes de honorarios den cuenta de la relación directa con cada ítem descrito que permita vincularlos”. Se trata de Mario Fuentes Romero, quien fue gobernador de la Provincia de Petorca desde el año 2014, hasta la presentación de su renuncia voluntaria en noviembre de 2016, para ser candidato a diputado por la Quinta Región. El 3 de enero de 2017 fue contratado entre el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2017 por un monto total de $ 10.000.002, pagado en seis cuotas para desempeñarse en el gabinete del subsecretario General de Gobierno. Si bien se presentaron informes sobre labores, éstas no fueron precisos. Lo mismo se critica respecto a otros dos candidatos de la región de Valparaíso contratados en el mismo periodo: René Lues Escobar y Ricardo Bravo Oliva. En tanto, respecto de la función de la imprenta del ministerio, se constató que a través de solicitudes de la División de Organizaciones Sociales, se imprimieron afiches y otros documentos a entidades que no están registradas en el Catálogo del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Además, las impresiones no incorporaron el logo del gobierno, como lo exige la normativa y, en algunos casos, se observó que presentan un contenido que no se vincula con el cumplimiento de las funciones de la entidad auditada o al que podría atribuírsele un contenido de carácter político, por lo que, en lo sucesivo, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el ley N° 20.500, y no imprimir afiches de entidades que no se encuentren inscritas en el registro contemplado en ella. Además, estos tendrán que incluir el logo del gobierno, a fin de dar cuenta de que fue financiado con recursos de éste, y no deberán presentar contenido ajeno a los fines institucionales o al que pudiese imputarse naturaleza política. En concreto, se critica la impresión de 2.300 afiches del movimiento Aquí La Gente y otros del Club Deportivo Colo-Colo en contra de Blanco y Negro. Contraloría también constató que durante el primer semestre del año 2017, “se suscribieron convenios que presentan una reiteración en el tiempo desde por lo menos 4 años en la mayoría de los casos, existiendo algunos que presentan igual función desde el 2009 a la fecha, situación que evidencia que tendrían por finalidad el desarrollo de funciones que, por sus características, constituyen labores habituales y no accidentales de la entidad, por lo que corresponde que la entidad formalice la propuesta de reestructuración informada en su respuesta”. Otro de los puntos criticados fue “el otorgamiento de feriados legales y días administrativos a personas contratadas a honorarios en cuyos contratos no se estipula una jornada diaria de trabajo y respecto de quienes, además, la entidad no lleva un control de asistencia”, junto con el descontrol en la fiscalización de las licencias médicas. En cuanto a este tema, Jara precisó que se tomaron en su momento las medidas respectivas y que fueron informadas como tal al organismo fiscalizador. Además cuestionó el supuesto uso político de la actual Segegob de la información de la auditoría ya que, adujo, desde esta repartición se “filtró” el contenido del documento a la prensa con el objetivo de perjudicarlos. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ahora-le-toco-paula-narvaez-contraloria-cuestiona-contrataciones-honorarios-eventual-uso-politico-imprenta-la-segegob/187145/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/325269-caso-basura-nueva-arista-fiscalia-acoge-denuncia-por-malversacion-y-fraude-al-fisco-que-salpica-a-pinera-en-caso-basura/?hl=%2Bcaso+%2Bbasura&do=findComment&comment=22887904 13 Diciembre 2017 En la acusación que presentó la fiscalía en el Caso Basura hay cuatro contratos a honorarios por servicios no prestados en diferentes municipios. Pero hay muchos más. Sólo en la investigación de esa causa han aparecido más de 20 personas -entre concejales, funcionarios o sus familiares- con contratos cruzados y simultáneos en distintas comunas, muchos de ellos por trabajos de los cuales no hay registro de haber sido ejecutados. A esos se les suman decenas de nombres que aparecen en informes de Contraloría por municipios de todo el país y que han detectado graves irregularidades en la contratación de personal. Con dotaciones que han llegado a triplicarse en los últimos años y que en algunas comunas ya superan los 3.000 funcionarios, los casi inexistentes mecanismos de control poco sirven. Sobre todo cuando quienes tienen que fiscalizar y aplicar esos controles son parte de ese mismo circuito de contratos irregulares. Al principio, la reunión no tenía nada que ver con contratos irregulares ni “funcionarios fantasma”. El objetivo original era establecer directrices y “coordinar el tema de comunicaciones y relaciones públicas” del municipio. Así lo planteó el mismo alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), al comenzar la cita en su oficina ese martes 7 de abril de 2015. Pero a esa altura era inevitable que el tema apareciera sobre la mesa. Mal que mal, tenía al frente suyo a los trabajadores que hacía sólo un par de semanas habían recibido una orden directa para mentirle a un fiscalizador de la Contraloría. Días antes, el 23 de marzo de 2015, un auditor de Contraloría llegó hasta las oficinas de la Radio Municipal de Colina 107.9 FM para preguntar por Alexis Flores. Pero Isabel Valenzuela, entonces jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), se le adelantó y, a sólo minutos de que ingresara, se acercó a dos de los trabajadores de la radio, Luis Felipe Rauco y Rodrigo Videla. Les preguntó primero cuánto tiempo llevaban trabajando allí. Después les dijo que si les llegaban a preguntar por Flores, ellos debían decir que sí lo conocían, que era un periodista que había trabajado en la radio con ellos como editor y productor de los noticiarios. Llegó entonces el fiscalizador donde Rauco y Videla. Les preguntó por Alexis Flores, quien figuró en los registros municipales con un contrato a honorarios entre agosto de 2012 y marzo de 2013. Había llegado como beneficiario del programa comunal de empleo poco antes de iniciar la campaña que lo convirtió en concejal por la UDI para La Cisterna, y al mismo tiempo que tenía un contrato vigente como jefe de gabinete del entonces director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, donde llegó a ganar casi $2,4 millones al mes. Pero lo que tenía en Colina era un “contrato fantasma”: aunque se le pagaron casi de $14,5 millones durante los ocho meses que se mantuvo allí, no hay registro de que efectivamente haya efectuado los trabajos. Ante la pregunta del fiscalizador, los funcionarios de la radio optaron por decir la verdad: que a Flores no lo conocían y que “no se ha desempeñado en la radioemisora, ni ha participado en sus contenidos” (ver dictamen de la Contraloría). Pasaron los días y Rauco y Videla estaban ahora reunidos en la oficina del alcalde Olavarría. También estaban Isabel Valenzuela, otra periodista de la radio y la recién asumida jefa de comunicaciones del municipio, Solange Medina. Todo estaba tan fresco. Era el momento de pedir explicaciones. Y todo quedó grabado en un audio al que tuvo acceso Radio Bío Bío. Mario Olavarría, alcalde de Colina (Pablo Rojas ) Después de unos 46 minutos conversando sobre los contenidos que ofrecía la radio y temas logísticos de su funcionamiento, y de referirse al caso de un tal “Rolo” que fue despedido y que habría tenido a familiares contratados en el municipio –según da a entender el mismo Olavarría, de forma irregular–, llegaron al tema de Flores. Entonces Videla fue directo al grano: -¿Qué hago si llegan de Contraloría a preguntarme quién es Alexis Flores, si yo no lo conocía? Fue algo chocante para nosotros. OLAVARRÍA: ¿Y qué les dijiste? VIDELA: Que no lo conocía… VALENZUELA: Dos minutos antes yo había hablado con Felipe Rauco y le dije que si preguntan por Alexis Flores, fue productor y estuvo aquí un tiempo, pero no dices nada más. Fue la única información y Felipe no la entregó… RAUCO: No fue así. Me preguntaste desde qué momento yo trabajaba en la radio. VALENZUELA: Fue por un tema de coordinación… RAUCO: Bueno, llegó el caballero de Contraloría y me mostró un cuaderno. Nos mostró nuestros contratos (…), nos metió a la oficina y nos preguntó por eso… VIDELA: Es como dice Felipe. Si somos un departamento de Comunicaciones, hablemos las cosas con el respeto que nos tenemos. Somos profesionales y gente grande. OLAVARRÍA: Me parece. Es un tema puntual que hasta un concejal me preguntó el otro día. A veces en las municipalidades se contrata gente –no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que pasa a nivel político–, y a veces hay prácticas que se hacían, que eran usuales, y que no corresponden. Pero de que se hacían, se hacían. Y en esta municipalidad soy súper exigente en eso. Hay muy muy poca, casi nada de gente, lo mismo en la corporación. Hay otras corporaciones que están llenas de amigos y familiares que sólo van a dejar la boleta. Aquí no se van a encontrar con nadie que sea así. En este caso, el tipo vino un par de veces. ¿Cuánto tiempo estuvo acá este perico? VALENZUELA: Desde agosto a marzo. OLAVARRÍA: Y les voy a decir más: yo no sabía. Yo debería estar más enojado, pero hay que apechugar nomás. (…) Somos harto quemados, porque en nuestras municipalidades está lleno de estos pericos. Porque son frescos y hacen estas cosas y pagan favores, y yo soy lo menos de eso. Pero a veces me ha tocado, porque el concejal tanto llega y me dice que tiene un pariente, y bueno, si trabaja, bien. Y aquí, para que sepan ustedes, hay como dos o tres: el señor (Gonzalo) Torres y el señor (Pablo) Atenas, cuando ponen la cara bonita y los votos, no es por cero. Quizás sin quererlo, el alcalde Olavarría reconocía haber cerrado contratos irregulares bajo presión de concejales de Colina, a cambio de favores y votos en el concejo. Pagados, por supuesto, con fondos municipales. Pero también omitía información: había muchos más casos. El sumario que realizó la Contraloría a partir del vínculo con Flores –que aún es concejal en La Cisterna–, dio con otros tres contratos por servicios que no se habrían realizado con funcionarios activos de Cerro Navia y San Ramón (ver sumario). Ahí se develaba la ruta que vincula a la administración de Olavarría con el Caso Basura, una causa que además de licitaciones arregladas y el supuesto pago de coimas, involucra a más de una veintena de personas con contratos cruzados en al menos seis municipios diferentes. Después vendrían otras auditorías y nuevos contratos cuestionados. Entre ellos, el de Alejandro Urra, un abogado que boleteó a SQM por servicios no prestados y que se convirtió en el nexo entre el entorno del alcalde Olavarría y la investigación judicial por financiamiento ilegal de campañas políticas. Además, sólo un mes antes de aquella reunión en la alcaldía, la secretaria de Planificación del municipio, Jessica Severino, fue desvinculada porque, entre otras cosas, –según declaró después a la fiscalía– el alcalde le exigía visar el pago de otras tres boletas por trabajos de los cuales no había constancia de haber sido realizados. Algo irregular, pero una práctica común y extendida, y no solamente en Colina. La multiplicación de los contratos Los municipios se han convertido en un terreno fértil para contrataciones irregulares. En algunos casos, se han configurado extensas redes entrelazadas por contactos políticos, familiares o simple clientelismo que cruzan diversas administraciones comunales. Los mismos nombres van pasando de una municipalidad a otra mediante contratos con pagos millonarios por trabajos de cuya realización no queda ningún registro. Incluso, como pasó en San Ramón, han servido para que personas vinculadas al narcotráfico reciban pagos con platas públicas por no hacer nada (ver reportaje de Informe Especial). En parte se debe a la enorme cantidad de personal que manejan, pero sobre todo, por los escasos niveles de control. Según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en 2016, y sólo considerando el área de gestión municipal de las 52 comunas de la Región Metropolitana, había más de 37.000 funcionarios municipales, incluyendo el personal de planta, a contrata y a honorarios. Estos últimos constituían el 56,6% del total y en algunos municipios, como Puente Alto y Maipú, superaban las 2.000 o incluso las 3.000 personas. Y cada vez son más. Entre 2012 y 2016, en varias comunas la dotación a honorarios creció de forma explosiva e inorgánica, duplicándose o incluso triplicándose, como en Lo Prado y Padre Hurtado. Aunque la gran mayoría de esos empleados cumple con sus labores según lo estipulan sus contratos, es entremedio de toda esa gente que se cuelan diversas irregularidades. https://infogram.com/datos-municipales-or-honorarios-2012-2016-1h7z2lw51q5x6ow Revise cómo varió la dotación de honorarios en cada una de las 52 comunas de la Región Metropolitana entre 2012 y 2016. Para avanzar o retroceder entre municipios pinche las flechas laterales o bien, haga click en el nombre de la municipalidad en la parte superior de esta visualización para desplegar el listado completo y seleccionar cuál comuna desea ver. Fuente de los datos: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) “Cuando estás contratado a honorarios, la fiscalización queda sujeta a la buena fe de lo que te entreguen en los informes. Piensa que en Dideco puedes tener a más de 1.000 personas; lo mismo pasa en otras unidades. Si eres muy acucioso, quizás puedas revisar unos 500, pero difícilmente todos al detalle de cada cosa que hicieron. Desde esa perspectiva, puede pasar que haya personas que no estaban asistiendo o que no prestaban el servicio”, señala el abogado Carlos Fairlie, jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Maipú. A partir de documentos de la investigación de la fiscalía por el Caso Basura a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, dimos inicio a un trabajo que cruzó esos datos con informes de la Contraloría e información publicada en los sitios de Transparencia Activa de distintas municipalidades. Fue así que dimos con trabajos que no calzan con la labor contratada, o que simplemente, no se realizaron, pero que sí se pagaron. Personas que figuran meses o incluso años emitiendo boletas a un municipio donde casi nadie ha oído su nombre y menos los han visto. Sin emitir informes ni dejar registro alguno de las supuestas prestaciones. Y son una práctica extendida en gran parte del sistema de municipios y con actores de todo el espectro político. Sentado en la oficina que ocupa desde diciembre de 2016, cuando asumió como nuevo alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (IC) cuenta que en junio de 2010, en medio de su segundo período como concejal de esa comuna, lo despidieron del Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde se desempeñaba como kinesiólogo desde hacía tres años. Dice que fue porque presentó unas denuncias en la Contraloría contra autoridades del municipio. Y fue en ese momento que su antecesor en la alcaldía, Luis Plaza (RN), el mismo que lo había despedido, se le acercó y le dijo que no se preocupara, que ya le tenía listo un puesto en un consultorio de otra comuna. Tamayo lo rechazó. También cuenta que a los días de haber asumido su nuevo cargo, una mujer se le acercó para pedirle que no despida a su hija, contratada por la administración anterior para cuidar una plaza, pero que en realidad no era su hija quien hacía el trabajo, sino que lo hacía ella, a pesar de que el municipio ya pagaba a una empresa externa para hacerse cargo de esa labor. Todo eso, a pesar de que su contrato decía que el trabajo sería para realizar un “estudio o proyecto que permita conocer de manera sistemática la situación actual de las organizaciones sociales de Cerro Navia para construir fundamentalmente una propuesta que permita apoyar su desarrollo”. Nada decía sobre cuidar un área verde. Y le pagaban $170 mil mensuales por eso. El caso fue denunciado a la justicia (ver querella). “Así lo hacía Plaza, para que le debieran favores, como los padrinos de la mafia. De esa forma, te endeudaba con él (…) Y cuesta pillar esos casos porque nadie te lo viene a confesar. Pero cada persona contratada a honorarios tenía un jefe que certificaba la realización de esos trabajos. A varias de esas personas las tenemos querelladas. Pero no me interesa que se vayan presos, sino que a esto se le ponga un freno. ¿Cuántos alcaldes están hoy en lo mismo? Hay que dar el mensaje de que esto no les saldrá gratis y que las municipalidades no son cajas pagadoras de favores políticos”, dice Tamayo. Patrones que se repiten Ya en mayo de 2010, la Contraloría daba cuenta de ilegalidades en esa área. Un duro informe sobre una auditoría que realizó en la Municipalidad de Lo Espejo respecto a contrataciones realizadas entre 2008 y 2009, constataba el pago de más de $37,6 millones a trabajadores a honorarios que habían plagiado los informes que entregaban para justificar sus pagos. Entre ellos, uno hecho por el mismo administrador municipal David Godoy –mano derecha del entonces alcalde Carlos Inostroza (DC)–, quien además de su rol de planta tenía un contrato a honorarios en paralelo. Además, la auditoría detectó que el 15% de los contratos revisados correspondía a prestaciones sin ningún respaldo de haberse realizado. Godoy argumentó a la Contraloría que parte de esos contratos eran usados como “una forma de compensar diferencias de grado” o, en otras palabras, contratos simulados para mejorar el sueldo de funcionarios de planta y a contrata. Y aunque el alcalde respondió que contaban con la información para respaldar gran parte de los trabajos cuestionados, reconoció que en al menos siete casos no había ninguna prueba de que efectivamente se hubieran realizado, por lo que ordenó un sumario. Uno de esos casos era el del publicista Marco Antonio Calderón. Como Lo Espejo no tiene información publicada respecto a contratos previos a 2016, no está claro cuándo comenzó ese vínculo, cuál fue la labor contratada ni hasta cuándo se mantuvo vigente. Pero al mismo tiempo era concejal en Quilicura por el PRO. Justo un día después de haber dejado el cargo en el concejo en diciembre de 2012, tras no lograr la reelección, el municipio lo contrató a honorarios. Después sería incorporado al personal a contrata y en momentos tuvo dos tipos de contratos distintos de forma simultánea. Su vínculo contractual con Quilicura sigue vigente. Desde entonces, han surgido diversos casos en que se repiten las infracciones en diferentes municipalidades del país. Un documento elaborado por la Contraloría identificó los patrones más comunes: contratos que no especifican las labores a realizar y los dejan como una expresión genérica; otros que se extienden por años y para ejecutar tareas propias de otros funcionarios del municipio; horarios que se contraponen con la naturaleza de los trabajos contratados; jornadas laborales definidas sin establecer mecanismos de control para verificar su cumplimiento; contratos con familiares; y la inexistencia de antecedentes que permitan acreditar la realización de los trabajos. Y en muchos casos, contratos incompatibles de forma simultánea. “¿Cuál es el ente fiscalizador de la gestión municipal? Los concejales, pero ellos también están involucrados en estas irregularidades. ¿Te das cuenta? Quienes están para fiscalizar también están emitiendo boletas, pero a la municipalidad cruzada”, dice Víctor Hugo Alvarado, dueño y representante del estudio jurídico Law & Consulting, que patrocina a un grupo de comerciantes maipucinos querellantes en el Caso Basura. Un reportaje publicado en The Clinic en octubre de 2016, da cuenta de lo anterior. Según ese artículo, el 60% de los concejales activos entre 2012 y 2016 en la Región Metropolitana registraba contratos en otros municipios durante los últimos 10 años, en labores que van desde auxiliar de aseo hasta administrador municipal, la mayoría con jornadas laborales completas. Había algunos que incluso eran concejales en comunas de regiones y que al mismo tiempo tenían contratos en municipalidades del Gran Santiago. Parte de esos vínculos se entrelazan en el Caso Basura, donde los contratos irregulares se han convertido en puentes que interconectan a diferentes municipios, algo así como un circuito en que una veintena de funcionarios y concejales se han ido moviendo sucesivamente entre, a lo menos, seis municipalidades distintas: Cerrillos, Cerro Navia, Colina, Maipú, La Cisterna y Quilicura. En ese contexto, la teoría del Ministerio Público ha sido que parte de las posibles coimas para beneficiar a empresas en millonarias licitaciones, se han pagado mediante dineros municipales que se justifican a través de contratos a honorarios. En su acusación final, la fiscalía recogió a lo menos cuatro contratos de ese tipo. Pero es cosa de escarbar un poco para darse cuenta de que hay muchos más. Honorarios que se ocultan bajo la basura De los cuatro alcaldes acusados por delitos en el Caso Basura, Mario Olavarría es el único que sigue en ejercicio y, por lo mismo, el que más tiene que perder. La fiscalía lo acusa por fraude reiterado al Fisco, no por las distintas licitaciones y tratos directos que KDM se adjudicó entre 2014 y 2015 en su comuna por más de $14.000 millones y que le permiten controlar por completo la ruta de la basura en Colina, sino por dos contratos muy similares al de Alexis Flores y que funcionaban de forma simultánea: el de Marcela Morales y el de César Vidal, dos funcionarios de Cerro Navia que figuraban con contratos a honorarios en Colina por trabajos que nunca se habrían realizado (ver artículo en T13.cl). Su supuesta labor: “Apoyo profesional en la Secretaría de Planificación (Secplan)”. Entre los dos suman más de $83 millones en remuneraciones recibidas de forma ilegal. Hoy la fiscalía pide para Olavarría 12 años de prisión y ya se encuentra suspendido a la espera de lo que suceda en el juicio oral, cuya etapa de preparación y validación de pruebas comenzó el pasado lunes 11 de diciembre. De ser condenado, podría llegar a perder la posición que ostenta desde 2000 y quedar inhabilitado de por vida para postular a cualquier otro cargo público. Pero esos dos contratos son sólo la punta de la hebra, tras la cual hay una madeja mucho más extensa y enredada. Como administradora municipal de Cerro Navia, Morales tenía el impedimento legal de tener cualquier otro trabajo, pero aun así estuvo contratada a honorarios en Colina entre octubre de 2010 y junio de 2014. Labores que ni la Contraloría ni el Ministerio Público han podido acreditar. Ella también enfrenta cargos por esos contratos. A pesar de ello, Radio Bío Bío descubrió que su nombre aparece nuevamente en una planilla de trabajadores a honorarios en septiembre de 2014, sólo tres meses después de su salida de Colina, pero esta vez en Quilicura. No es el único nombre que se cruza entre esas dos comunas. También tenía un contrato desde 2013 en Quilicura el administrador público Edmundo Salazar, quien de forma paralela era empleado a honorarios en Colina y a contrata en el Servicio de Salud Metropolitano Central. Es decir, tenía tres trabajos en simultáneo. En ese último lugar habría trabajado junto a Gonzalo Torres (RN), concejal de Colina, hermano del principal inculpado en las irregularidades del Caso Basura, y jefe de gabinete del ahora ex alcalde Luis Plaza en Cerro Navia. Torres también registró entre 2012 y 2013 contratos simultáneos, aunque no en municipios, sino que en dos servicios de salud distintos. Al irse Morales de Colina, no dejó la vacante: el mismo día firmó por el mismo cargo y el mismo sueldo Mauricio Llancamán, quien desde 2001 es funcionario de planta en la Municipalidad de Maipú, donde todavía ejerce como jefe de la Dirección de Tránsito. También registró un vínculo a honorarios en Colina el ex concejal de Maipú, Carlos Richter (RN), acusado de cohecho y fraude al fisco (ver artículo en T13.cl). Pero no fue ese contrato irregular el que lo llevó a tribunales, sino otro que firmó en Cerro Navia, al igual que el ex concejal y ex alcalde de Maipú, Christian Vittori (ex DC). En esa última comuna también se concentra gran parte de los contratos cuestionados que figuran en querellas asociadas al Caso Basura. Cuando la PDI le preguntó a Luis Molina (PPD), concejal de Cerro Navia durante el período 2012-2016 y asesor del senador Guido Girardi por esos mismos años, por los trabajos que realizó en Maipú y por los que le pagaban cerca de un millón de pesos mensuales, dijo que ahí ejecutaba “labores de coordinación para la realización de eventos, en conjunto con las direcciones del municipio” (ver informe policial). Que eran trabajos esporádicos que se hacían en centros de vecinos, clubes deportivos y otros, donde “yo colocaba mis equipos de audio para la realización de estos eventos. No recuerdo uno en particular, ya que no conozco muy bien la comuna de Maipú”. Pero nada de eso cuadra con las funciones establecidas en el contrato que él mismo firmó: “Reclutar solicitudes, recibir e informar asuntos que tengan relación con DECEP-OMIL y hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de estos”. Entre las personas que han figurado vinculadas a Maipú mediante contratos por supuestos honorarios falsos están la hermana de Marcela Morales, Bárbara Morales; la esposa de Carlos Richter, Marcela Valdés; el ex ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, y, entre otros, dos concejales de Cerrillos que, según Víctor Hugo Alvarado, del estudio jurídico Law & Consulting, hicieron una especie de trueque: al mismo tiempo que Felipe Martínez, concejal comunista por Cerrillos, tenía un contrato a honorarios en Maipú, su compañero en el PC, Ariel Ramos, miembro del concejo municipal de Maipú, tenía un vínculo contractual con Cerrillos. Lo mismo pasó con los democratacristianos Cecilia Fonceay Abraham Donoso, concejales de Cerrillos y Maipú respectivamente, y con contratos a honorarios cruzados. Donoso también fue cuestionado, junto a otros funcionarios de Maipú, por distintos contratos sin respaldo en la Fundación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (ver reportaje de CIPER). Una causa que además de fraude y contratos simulados, apuntaba al posible desvío de platas desde la fundación hacia campañas políticas, en una trama que involucraba al actual ministro de Obras Públicas y ex alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC), y a varias personas de su círculo cercano. El proceso terminó en septiembre de este año en medio de una serie de acuerdos reparatorios que, en el caso de Donoso, le significó devolver $1,5 millones. A todos ellos se suman familiares y cercanos que han sido contratados y varios funcionarios que aparecen mencionados en diversas auditorías de la Contraloría. Varios ya enfrentan acusaciones ante la justicia por posible fraude al fisco. En algunos casos, sus defensas han podido corroborar la existencia de los trabajos y en otros, como el de Marcela Valdés, la misma fiscalía ha desistido de perseguirlos penalmente. Pero mucho siguen abiertos, y lo que les pueda pasar en caso de comprobarse las irregularidades, dependerá de lo que indague la fiscalía y determinen los tribunales, aunque lo que sucedió el pasado jueves 6 de diciembre permite hacerse una idea. Ese día, el Tercer Tribunal Oral de Santiago condenó al ahora ex concejal de Providencia, Rodrigo García Márquez, y a su esposa María Esther Díaz, por haber obtenido entre 2006 y 2013 unos $42 millones de forma fraudulenta. ¿Cómo? Gestionaban la contratación de familiares y cercanos en el municipio, quienes luego cobraban y transferían el dinero a Díaz (ver comunicado del Ministerio Público). Algo muy parecido a lo que algunos querellantes acusan que pasó en Maipú durante la gestión del ex alcalde Vittori. Y según una acusación que hace sólo un mes ingresó al 9° Juzgado de Garantía de Santiago, a pesar haber cambiado la administración, es algo que podría seguir ocurriendo lo mismo en esa misma comuna. Las acusaciones vuelven a Maipú Cathy Barriga (UDI) asumió a fines de 2016 la alcaldía de Maipú, y en menos de un mes ya tenía sus primeros enemigos: la dotación de funcionarios a honorarios. La comuna que lidera es un de las más grandes y complejas de la Región Metropolitana. De acuerdo a la caracterización de la Subdere, es la única que supera los 3.000 funcionarios a honorarios en su planilla de empleados. Y lo primero que ella y su equipo identificaron fue una sobredotación en diferentes áreas. “La alcaldesa solicitó que se hiciera el levantamiento de todas las personas que estaban trabajando y en muchos de esos casos pudimos darnos cuenta de que, como eran contratos a honorarios, los informes no se condecían con la labor que prestaban o simplemente no había ningún tipo de informe. Eso nos dejaba en cierto grado de sospecha de que esas personas no trabajaban, no cumplían la función o derechamente nunca vinieron al municipio”, explica Carlos Fairlie, jefe jurídico de la municipalidad. Cathy Barriga Tras esa revisión, la administración de Barriga decidió no renovar el contrato a unas 456 personas (ver nómina). La mayoría contratados bajo la dependencia de la Dideco, pero había también gente que dependía de las áreas de administración municipal, de seguridad, de salud y medioambiente e incluso de la alcaldía. Pero fueron más allá: abrieron sumarios que aún están en curso y denunciaron ante la fiscalía a 37 personas sobre las cuales no había información respecto a su destinación y función específica o “cuyas funciones no resultan conocidas para el personal y dirección en donde estaban asignados”. También incluyeron a funcionarios que habrían registrado y cobrado horas extra por sobre el máximo permitido e incluso a uno que lo hacía mientras estaba en el extranjero. Por todo lo anterior, llama la atención que el pasado 8 de noviembre, a pocos días de la primera vuelta presidencial, el presidente del Partido Progresista (PRO) y candidato a diputado por el distrito 8, Camilo Lagos, presentara una querella contra Barriga y su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, por supuestas contrataciones irregulares bajo su administración (ver querella). Los acusaban de haber llevado al municipio a cuatro personas que durante los últimos años han trabajado como personal de apoyo o asesores parlamentarios de Lavín en el Congreso y firmar contratos paralelos “con el único objeto de sustraer caudales públicos, sin realizarse las contraprestaciones correspondientes”. A ellos también los acusaban de malversación y fraude al Fisco. Su querella fue admitida. “Hemos visto, y lo estamos documentando, (a ciertos funcionarios) haciendo una activa campaña política por el diputado Joaquín Lavín, incluso en horario laboral. Por lo tanto, hemos entregado estos antecedentes a la justicia para que investigue este posible delito y la posibilidad de que surjan otros nuevos antecedentes”, declaró Lagos en un comunicado publicado en el sitio web del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami. En respuesta, dos de los funcionarios aludidos, Romina Castillo y Gastón Bustamante, se querellaron de vuelta contra Lagos por injurias y calumnias, argumentando que no existían tales contratos paralelos, ya que ambos habrían puesto fin a sus trabajos en la Cámara de Diputados previo a la firma de sus nuevos convenios en Maipú. También señalan que las labores en la municipalidad sí se habrían realizado, aunque en el documento no se refieren a su supuesta participación en actividades de campaña durante su horario de trabajo. Inicialmente, el tribunal no admitió a trámite esta última querella, pues la otra aún se encuentra abierta, “no habiéndose en consecuencia, establecido fehacientemente la falsedad de las imputaciones formuladas por los querellados”. Pero Castillo y Bustamante apelaron y la Corte de Apelaciones les dio la razón. Ahora, ambas causas corren de forma paralela y se encuentran abiertas, a la espera de confirmase si son o no parte de la extensa red de falsos honorarios. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/12/13/falsos-honorarios-los-contratos-que-han-convertido-a-municipios-en-cajas-pagadoras.shtml
  3. 08 Agosto 2017 Trabajadores a honorarios del sector público marchan hasta Hacienda en reclamo de traspaso a contrata El sindicato de trabajadores del gobierno central está solicitando a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda que se adelante la reunión que está indicada para el 16 de agosto, donde se tratará la medida. Para las 12.30 de hoy estaba programada una marcha de los trabajadores del sector público que se encuentran prestando servicios a honorarios hacia el Ministerio de Hacienda en calle Teatinos, en rechazo de la medida que busca traspasarlos a un régimen a contrata. Según señaló el presidente del sindicato, Carlos Villalobos, la indicación “estropea la medida de la Presidenta Bachelet con respecto a regularizar la contratación de todos los honorarios del país”. “Nosotros estamos absolutamente en contra del actual proceso de traspaso, rechazamos la propuesta del gobierno y llamamos a los honorarios a movilizarse a nivel nacional”, agregó el vocero del gremio. Además, pedirán a la Dirección de Presupuestos de la cartera que se adelante la reunión que está programada para el 16 de agosto, donde se analizará la medida. “La Dipres desea imponer la circular n°6, la cual no solo resuelve la crítica situación de trabajo a honorarios, además consolidará en el Estado la existencia de funcionarios a contrata de primera y segunda categoría”, señala el sindicato. Los trabajadores a honorarios representan entre el 40% y el 50% de la fuerza laboral del Estado, y se encuentran en paro desde el 3 de agosto pasado, el cual fue ratificado de manera indefinida en una votación realizada ayer. El 19 de julio, entregaron una carta a la Mandataria donde le señalaron que como ejemplo a un funcionario a honorarios con sueldo de $1 millón, si pasara a la contrata en las condiciones de la Circular N°6, en los meses sin bono se le pagaría un sueldo líquido de $690.312. Lo cual representa “un retroceso en la escala de grado de hasta 3 grados”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/trabajadores-honorarios-del-sector-publico-marchan-hacienda-reclamo-traspaso-contrata/
  4. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/310683-caso-caval-rechazan-solicitud-de-incompetencia-solicitada-por-defensa-de-compagnon-por-arista-de-estafa/page-2?do=findComment&comment=22076458 10 Abril 2017 Caval: Corte de Apelaciones confirma condena que obliga al síndico Herman Chadwick a devolver $127 millones Además, el tribunal de alzada condenó al auxiliar de la administración de justicia a devolver $34.914.800 cobrados como honorarios adicionales. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada el Cuarto Juzgado Civil que condenó al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín a devolver montos cobrados en el marco del convenio judicial preventivo de la empresa Wiesner S.A. En fallo unánime (causa rol 7.079-2016), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mireya López, Alejandro Rivera y Fernando Carreño– confirmó la sentencia recurrida que condenó a Chadwick Larraín a devolver $127.096.084 (ciento veintisiete millones noventa y seis mil ochenta y cuatro pesos), por gastos operacionales que no fueron aprobados por la comisión de acreedores. Además, el tribunal de alzada condenó al auxiliar de la administración de justicia a devolver $34.914.800 (treinta y cuatro millones novecientos catorce mil ochocientos pesos) cobrados como honorarios adicionales. El fallo establece que el síndico incumplió con sus labores frente a la comisión de acreedores que, en el caso de los gastos operacionales, fue reconocido por Herman Chadwick síndico en un proceso criminal. "(…) puede concluirse que la naturaleza jurídica del convenio judicial preventivo es de carácter privado en lo que se refiere a las estipulaciones allí convenidas a las cuales concurren en voluntad tanto el deudor como sus acreedores, pero ello no se contrapone a la circunstancia que conforme al principio de autonomía de la voluntad que rige en el ámbito contractual las partes puedan acordar la sujeción de quien estará encargado de la liquidación de los activos al cumplimiento de obligaciones legales, como ha ocurrido en este caso en el cual se acordó expresamente que la persona a quien se denominó "Síndico liquidador" se rigiera por la norma de responsabilidad consagrada en el artículo 38 de la Ley de Quiebras y en sus honorarios al artículo 34 de la misma ley", sostiene el fallo. Resolución que agrega: "Así, no se trata de un simple mandatario privado que ejecuta un encargo, sino que al haber recaído el nombramiento en un Síndico de Quiebras de la nómina existente para tal efecto, su comportamiento trasciende la esfera netamente privada, y por ende, la persona designada no sólo está obligado a lo que reza el Convenio sino también a las obligaciones inherentes a la ley de Quiebras que le fueron encomendadas, máxime cuando el convenio así lo consideró expresamente en diversas cláusulas sin que hubiera reparo en ello, por parte del liquidador al aceptar el cargo. Refuerza tal conclusión, que la persona designada está sujeta a la supervigilancia de la entonces Superintendencia de Quiebras como lo señala el artículo 8 de la Ley 18.175, circunstancia que no acontece con un simple mandatario. "De todo ello –continúa– puede colegirse que hay un interés público comprometido con el actuar de aquel que siendo Síndico de Quiebras es designado como Síndico liquidador al alero de un Convenio Judicial Preventivo, interés que se encuentra constituido por el correcto funcionamiento de una de las distintas alternativas que contempla la Ley de Quiebras para dar solución a los acreedores impagos, entre ellos, el de los convenios judiciales preventivos los cuales están regulados tanto en su génesis como en su aprobación por la intervención judicial". "En suma, si bien los convenios son de naturaleza contractual, ellos están regulados y si el interventor es un síndico de la nómina este es fiscalizado por la Superintendencia de Quiebras hoy Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, tal como lo dispone el artículo 206 de la ley del ramo 18.175 con la modificación efectuada por la ley 20.07", concluye sobre el punto. Honorarios Asimismo, el fallo establece que el síndico "ha confesado en sede judicial que los gastos por $27.000.000 requerían aprobación de la Comisión de Acreedores, y que aquella faltaba, de manera que conforme a lo dispuesto en los artículos 399 del Código de Procedimiento Civil y 1713 del Código Civil, tal confesión produce plena prueba en su contra por tratarse de un hecho personal que compete al señor Chadwick". Respecto de los montos adicionales que deberá pagar le condenado, el tribunal de alzada concluye que "ha de colegirse que el señor Chadwick percibió honorarios adicionales a los pactados por su labor como Síndico liquidador en el Convenio Preventivo de la proponente Sociedad Wiesner S.A. al menos en la suma de $34.914.800 que fue pagada a través de la sociedad Vicuña y Cía". Y agrega: En efecto, tal suma no podía ser pagada directamente por Wiesner S.A ni tampoco al señor Chadwick, por cuanto este último dado su cargo y conocedor de la normativa que regulaba la materia, al haberse dispuesto que los honorarios eran los que le correspondían según los artículos 33 y 34 de la Ley de Quiebras, sabía que lo adicional sería cuestionado, de allí que el señor Orchard que trabaja en la misma oficina que el señor Chadwick escribiera al abogado de la familia Wiesner "Tenemos que ver cómo implementarlo". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/10/caval-corte-de-apelaciones-confirma-condena-que-obliga-al-sindico-herman-chadwick-a-devolver-127-millones/
  5. 13 Enero 2017 Hasta $1400 millones podría pagar el Estado en indemnización por cada trabajador a honorarios despedido En los últimos meses, las demandas por despidos de este tipo de trabajador han aumentado, sobre todo frente al 90 por ciento de éxito que éstas tienen en tribunales. La cantidad de trabajadores que inicien acciones legales podría aumentar explosivamente, en medio de las desvinculaciones que han comenzado a realizar los municipios recién asumidos. Semanas atrás, un funcionario que llevaba 35 años trabajando en un servicio del Estado fue desvinculado. Tenía una remuneración mensual de 3 millones 500 mil pesos; sin embargo, se fue con las manos vacías. ¿El problema? Era trabajador a honorarios, como otros 305 mil que trabajan para el servicio público bajo esa modalidad. Buscando asesoría frente a este hecho, llegó al abogado laboral Giorgio Marino -de SoyHonorario.cl-, con quien definió iniciar una demanda amparada en que él tuvo una relación de dependencia y subordinación por más de tres décadas, por lo que no era un trabajador a honorarios, sino que correspondía el contrato y los pagos que eso conlleva, tal como lo establece el Código del Trabajo. Los primeros cálculos de la demanda los sorprendieron: incluyendo las cotizaciones no pagadas durante los 35 años, calculando la indemnización, aplicando las tasas de corrección fijadas por la Superintendencia de Pensiones, las leyes laborales no pagadas, multas e intereses, el monto final superaba los 1400 millones de pesos. Finalmente, el trabajador decidió no continuar. Argumentaba que no quería “traicionar al servicio” donde había trabajado por décadas, por lo que desistió en demandar. Marino afirma que varios los que deciden no continuar con estos procesos lo hacen pensando en eso y en que después no serán contratados, pero que a la vez lo que hacen es profundizar más la precarización laboral. La Corte Suprema ha fallado al menos 60 veces en favor de los trabajadores a honorarios y centenares de veces los restantes tribunales, que establece que todo trabajador -bajo la modalidad que sea- que desarrolle labores no accidentales y habituales, con subordinación de dependencia, deben ser considerados como contratados, bajo todas las obligaciones que dicta la ley. Este abogado lleva hoy más de 400 casos en todo el país -con 70 nuevos que se iniciarán en los próximos días en Punta Arenas, Arica y Los Andes-, donde casos como el descrito se repiten por montones. “Lo que la gente tiene que entender es que es un derecho tener un contrato laboral y que el empleador, siendo el Estado, incumple la ley. Por lo tanto, hay dos vías para solucionarlo: por la buena o la judicialización”, explica. Hoy, el 90% de las causas terminan con resultados positivos para los demandantes, ya que se ha fijado jurisprudencia respecto a estas causas, pensando en que es una situación grave porque la mayoría de los trabajadores a honorarios llevan años en esa calidad, sin cotizaciones de salud ni para las pensiones y con poca seguridad sobre sus empleos. El difícil momento para los Municipios Uno de los casos que lleva Marino es emblemático. En noviembre de 2015, Gabriel Pineda (67) fue despedido de la Subsecretaría de Transportes donde trabajó casi por un poco más de 15 años. Durante todo ese tiempo fue funcionario a honorarios de ese ministerio con un sueldo de 890 mil pesos mensuales, por lo que al momento del despido también se fue con las manos vacías. Pineda sí inició acciones judiciales. Luego de diez meses -lo que duran normalmente estas causas-, la Justicia falló a su favor y el fisco debió pagar lo correspondiente a la desvinculación de un trabajador que tenía un contrato indefinido. En total, con todo lo adeudado, multas e intereses, Pineda se llevó más de 180 millones de pesos. Hoy, los municipios viven momentos complejos de cara a las desvinculaciones y términos de relaciones laborales con los miles de funcionarios que se encuentran a honorarios. En Maipú, días atrás, se terminó el contrato a honorarios de 470 personas aludiendo a contratos fantasmas, pese a que muchos de ellos eran trabajadores activos. Hoy eso se está reevaluando. Según Marino, si de las casi 500 personas que fueron despedidas solo 80 llegaran a judicializar el proceso, el monto que debiera desembolsar el municipio sería escandaloso. Usando como referencias los datos del perfil del trabajador a honorarios de sindicato de ese municipio -4,5 años de antigüedad y 500 mil pesos de sueldo promedio-, cada trabajador debiera recibir 40 millones como indemnización. Por el total de demandantes serían 3200 millones de pesos. “El futuro de esto es la asociación de los trabajadores. Es necesario dejar de lado el exceso de individualismo laboral, porque como trabajadores a honorarios no tienen conciencia en común por sus derechos y exigir lo que corresponde”, dice Marino. Otro camino por el que han optado los trabajadores a honorarios es ingresar por la vía judicial “solicitudes declarativas” para acreditar frente a la Justicia que son trabajadores de planta, y ser regularizados como tales, de acuerdo a lo que indica el Código del Trabajo. Hoy se calcula que este año podrían levantare entre 2 mil y 3 mil casos nuevos en todo el territorio nacional, entre los más de 305 mil que se encuentran a honorarios. Si los tres mil judicializan y ganan en tribunales -con un 90% de posibilidad éxito, aseguran- el Fisco debiera desembolsar casi 70 mil millones de pesos, una cantidad irrisoria aunque “pagable”, explica el mismo abogado. “Eso el Estado lo puede costear, pero si los 300 mil trabajadores a honorarios se dieran cuenta de que pueden regularizar sus situaciones o conseguir indemnizaciones por años o décadas de irregularidades, la cantidad de dinero a pagar sería realmente inalcanzable”, concluye Marino. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/01/13/hasta-1400-millones-podria-pagar-el-estado-en-indemnizacion-a-trabajaders-a-honorarios-despedidos/
  6. Gobierno traspasó más de dos mil trabajadores de honorarios a contrata en 2015 La meta que propuso el Ejecutivo para el ejercicio del año pasado fue de lograr el cambio de 1.462 funcionarios, cifra que fue ampliamente superada ya en el tercer trimestre. Una de las promesas de la Presidenta Michelle Bachelet, en su discurso del 21 de mayo del año pasado, fue cumplir con el traspaso de trabajadores a honorarios que ejercían funciones permanentes a la modalidad de contrata. La meta que propuso el Ejecutivo para el ejercicio 2015 fue de lograr el cambio de 1.462 funcionarios, cifra que fue ampliamente superada ya en el tercer trimestre del año pasado, llegando a 2.015 trabajadores, según el informe más actualizado de seguimiento elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Ello denota un avance de 138%, porcentaje que será aún mayor cuando se contabilice el cierre del año, informa "El Mercurio". Al noveno mes de 2015, los ministerios de Economía, Educación y Salud aún tenían pendiente el compromiso asumido con el Ejecutivo, dado que no habían logrado traspasar el 100% de los trabajadores comprometidos. Por ejemplo, en los servicios de Salud se había logrado mover a 148 de 214 cupos comprometidos, mientras que en Economía, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) requería traspasar a más de 60 personas para cumplir con el objetivo fijado. Por otro lado, los que alcanzaron las mayores tasas de traspaso a contrata fueron Interior, Desarrollo Social y Energía, casi duplicando la meta fijada inicialmente. Esta fue una de las medidas incluidas en el protocolo de acuerdo que firmó el Gobierno con la Mesa del Sector Público en 2014, donde se especificaba que al año 2018 deberían haber traspasado a la modalidad de contrata al menos 8.800 empleados a honorarios que realizaban funciones permanentes, tenían más de un año de antigüedad y jornada completa. La meta para el año de 2016 es realizar 4 mil de esos traspasos, lo que se sumarán a los más de 2 mil ya concretados en 2015. Según informó la Dipres, al 6 de enero se ha avanzado en este protocolo en temas como incentivo al retiro, tutela laboral y extensión del posnatal parental, proyecto que fue aprobado por unanimidad en la comisión de Hacienda del Senado la semana pasada y que está a la espera de ser aprobado en la sala de la Cámara Alta. Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, valoró el avance del traspaso de los funcionarios públicos a contrata y destacó la responsabilidad del Ejecutivo en esta materia. "La Presidenta asumió el compromiso que durante su mandato desaparezcan los honorarios y se traspasen a contrata las personas que desempeñen funciones regulares en los servicios públicos", dijo De la Puente. El líder del gremio de los empleados fiscales también se refirió al cumplimiento del protocolo de 19 puntos que firmó su agrupación con el Gobierno en 2015: "Hemos avanzado en algunos y en otros estamos atrasados, es por esto que el día 21 de enero tendremos una reunión con Hacienda y la Dipres donde nos vamos a poner de acuerdo en cuál va a ser el programa que vamos a realizar durante este año". La semana pasada, De la Puente presentó sus reparos públicos al trato laboral que el Gobierno ha dado a los empleados públicos, mencionando la última negociación de reajuste y los reemplazos llevados a cabo en paralizaciones del Registro Civil y de la Dirección General de Aeronáutica. Fuente: Emol.com - www.emol.com
  7. Gobierno aumenta casi 40% los recursos para contratar personal a honorarios en 2016 La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda dijo que el incremento se debe al fortalecimiento de los ministerios de Interior, Salud y Educación. Oposición acusa incoherencia con mensaje de austeridad. SANTIAGO.- Casi un 40 por ciento aumentaron los recursos por parte del Gobierno para contratar al personal a honorarios en el sector público. Así lo informa hoy "El Mercurio", que agrega que lo anterior ocurre pese al compromiso del Gobierno de ir reduciendo esta modalidad de trabajadores y traspasarlos gradualmente a contrata. Según un informe de Libertad y Desarrollo (LyD), el Presupuesto 2016 -que acaba de iniciar su discusión en el Congreso- contempla un límite para el número de personas contratadas a honorarios el próximo año, que llega a 41.862 trabajadores. Esto considera los puestos que se hagan con cargo al subtítulo 21 de cada partida presupuestaria (que se refiere a gastos en personal) como al subtítulo 24 (que se trata de transferencias). El número implica un incremento de 8.512 personas en comparación con 2013, al fin del gobierno anterior, es decir, un alza de 25,5%. Más aun, el proyecto de presupuestos para el próximo año plantea que los recursos destinados a contratar personal a honorarios aumentan 39,1% respecto de 2015. Esto es casi nueve veces el incremento total del gasto público, de 4,4% respecto de este año. Con esto el gasto autorizado máximo en honorarios superará por primera vez los $300.000 millones. Según el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), "este aumento principalmente se debe a la mayor actividad y fortalecimiento de los ministerios de Interior y Seguridad Pública, Salud y Educación". Sin embargo, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) calificó como "una enormidad" el incremento de casi 40% en las platas para estos fines, mientras el gasto en inversión bajará 2,4%. "Cuando el Gobierno dice que hay que apretarse el cinturón, no parece razonable que se apriete el cinturón para la inversión, y no para las contrataciones a honorarios, ni menos en un año electoral como el próximo en que las tentaciones de contratos políticos son mucho más delicadas", afirmó. En la misma línea, el senador José García (RN) dijo que es absolutamente contradictorio este aumento de recursos con la restricción de gasto público que se promueve para enfrentar el estado actual de la finanzas públicas como consecuencia del bajo crecimiento económico. "No se condice que este tipo de gasto aumente tanto, habiendo tanta otra necesidad pendiente", dijo el parlamentario. Ministerios que crecen Los mayores incrementos porcentuales en trabajadores contratados a honorarios entre 2013 y 2016 estarán en los ministerios de Defensa (407%), Segpres (188%) y Energía (82%). En este sentido, Coloma también acusa falta de coherencia con las prioridades planteadas por el mismo Gobierno. "Sorprende que haya alzas de más de 400% como en Defensa. Cuando se dijo que la reforma tributaria era para allegar recursos para la educación, uno sentía que esa iba a ser la prioridad, por eso no se entiende que en la práctica eso no se vea", criticó. En LyD valoraron que el Gobierno haya dispuesto en el Presupuesto 2016 glosas que limiten el número de personas a honorarios. Sin embargo, resaltan que en el mismo proyecto de ley se agrega un nuevo artículo, el 23, que señala que "durante el primer trimestre de 2016, a solicitud de los respectivos servicios e instituciones del sector público, la Dirección de Presupuestos podrá modificar el límite máximo de personas contratadas a honorarios, fijado en las respectivas glosas asociadas a los subtítulos 21 y 24". El informe del centro de estudios agrega que el mismo nuevo artículo 23 del proyecto también dispone que a partir del segundo trimestre la Dipres podrá traspasar hasta 4.000 funcionarios de honorarios a contrata, aunque no se definen criterios para ello. Tras una extensa negociación, el año pasado el Gobierno con la ANEF y la CUT firmaron un protocolo de acuerdo que contempla el traspaso de hasta 8.800 trabajadores de honorarios a contrata durante el período de gobierno. La cifra es similar al incremento de 8.512 funcionarios bajo esta modalidad que se registrará entre 2013 y 2016. Los parlamentarios de oposición calificaron este nuevo artículo como un "cheque en blanco", pues primero autoriza al Ejecutivo a cambiar los mismos límites fijados para contrataciones a honorarios y luego, para traspasarlos a la modalidad de contrata en forma discrecional. "Es un artículo inédito que vamos a intentar cambiar. No corresponde que la potestad del Parlamento quede subordinada a una disposición del Ejecutivo, que puede no solo aumentar los trabajadores a honorarios, sino que además traspasarlos libremente a contrata", sostuvo el diputado UDI Patricio Melero. "Creo que la intención detrás de este artículo es permitir que discrecionalmente se puedan incorporar personas a contrata", agregó García, quien adelanta que este será un tema de debate en la revisión del presupuesto. Se acelera traspaso Si bien inicialmente en el protocolo de acuerdo que firmó el Gobierno con la CUT y la ANEF el año pasado se estableció que entre 2016 y 2018 se iban a traspasar 2.500 trabajadores de honorario a contrata por año en el sector público, llegando a la meta de 8.800, el Ejecutivo decidió acelerar este ritmo y para el próximo año traspasará 4.000 funcionarios a la nueva modalidad. La meta para 2015, de traspasar a 1.462 funcionarios, ya estaba cumplida en 84,5% al cierre de junio, por lo que el 100% estaría cerca de concretarse. www.emol.com
  8. La “yapa” llega al Ejército: Contraloría detectó oficiales que percibían doble sueldo y ordena sumario Una revisión al azar habría detectado que dos abogados con grado militar tenían incongruencias horarias, así como también prestaban servicios a dos reparticiones secretos de la institución, una a honorarios y la otra a contrata.  Nacional 13 de agosto, 2015 Autor: El Dínamo Un error administrativo. Esa fue la explicación bajo la cual los parlamentarios justificaron el que ellos recibieran el viático por transporte -considerando que muchos deben trasladarse hasta el Congreso desde todas las regiones del país- al mismo tiempo que representaban al Poder Legislativo chileno en el extranjero. En esos casos recibían tanto 95 mil pesos para llegar a la sede del legislativo, así como también el viático por día fuera del país, que asciende a cerca de 548 dólares (375 mil 600 pesos al valor de hoy de la divisa). El revuelo fue tal, que hubo un compromiso transversal para devolver estos dineros, y para luego legislar para que esto no vuelva a ocurrir. Pero ahora un caso de características similares afectaría al Ejército. La Contraloría emitió un dictamen, el 14 de julio pasado, donde determinan iniciar un sumario administrativo tras haber detectado irregularidades que implicaban el pago de doble sueldo a oficiales de esta rama de las Fuerzas Armadas. La revisión que dio origen a este caso, según plantea Radio Bío-Bío, habría sido por completo al azar, y se detectaron abogados con grado militar, que en forma paralela realizarían labores tanto a contrata como a honorarios en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y en el Estado Mayor Conjunto (EMCO) respectivamente. En el escrito del ente fiscalizador de la administración del estado, se establece que la División de Auditoría Administrativa encontró, tras realizar un examen aleatorio de documentos obtenidos y analizados, “se verificaron inconsistencias en cuanto al registro de los horarios de los oficiales Roberto Sepúlveda Stela y Sigfried Ponce Córdova, quienes en forma paralela a su designación como miembros del Ejército de Chile, sirvieron, durante el año 2014, en labores a honorarios y a contrata en el EMCO y la DGMN”. Regularmente este tipo de temas son resueltos al interior de la rama de las Fuerzas Armadas involucradas, mediante sumarios internos, pero en esta ocasión, el ente contralor no dejó la investigación interna en manos del Ejército, sino que será la Fiscalía de la Contraloría en Santiago la que revisará y profundizará los antecedentes. Además, en el citado dictamen, también se da cuenta de otras irregularidades, las que ya recibieron sanción por parte de la justicia militar. El fiscal militar de Chillán, Iván González Vivero, su símil de Temuco, Eduardo Padilla Lizama -que incluso fue sorprendido ofreciendo sus servicios profesionales de abogado en dependencias de la Fiscalía militar de la IX región- y el fiscal militar de Puerto Varas, Rodrigo Cuadra Shlie. Los mencionados pasaron también por sumarios ya que sus actitudes comprometen la calidad funcionaria. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/08/13/la-yapa-llega-al-ejercito-contraloria-detecto-oficiales-que-percibian-doble-sueldo-y-ordena-sumario/
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