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  1. 12 Enero 2019 El 60% de los funcionarios de salud ha sido víctima de agresión en la red pública Gobierno presentó proyecto de ley que tipifica como delito la agresión, que suelen realizar pacientes o familiares, considerándola agravante y elevando penas en un grado. Las agresiones contra el personal de salud se han vuelvo recurrentes. La semana pasada, una funcionaria del Cesfam Boca Sur, de la Región del Biobío, recibió patadas, golpes de puños e incluso el impacto de una silla, tras intentar defender a un adulto mayor que estaba siendo atacado. En ese contexto, una encuesta de la Subsecretaría de la Prevención del Delito del Ministerio del Interior, realizada en agosto a más de 9 mil funcionarios de salud públicos, arrojó que el 60% de los consultados dijo haber sido víctima de una agresión física o verbal en los últimos 12 meses. Se trata, principalmente, de ataques verbales -como insultos, amenazas, hostigamientos y burlas- que concentran el 86% de los casos. Mientras que el 13,7% son agresiones sexuales y físicas con objetos contundentes y armas. Más del 60% de estos hechos proviene de pacientes y sus familiares, mientras que los tiempos de espera y la dotación de personal, sumados a las características del paciente -problemas mentales, de drogas o alcohol- aparecen como los principales causales de la agresión. En tanto, entre las víctimas de estas agresiones, los paramédicos lideran los casos, seguidos por el personal médico, odontólogos y químico farmacéutico (ver infografía). Ana María Vidal, dirigente de la Asociación de funcionarios de Salud Municipal de Talcahuano, relata la inseguridad en la que conviven, luego de que una enfermera fuera amenazada por un individuo que, tras ingresar al Cesfam Paulina Avendaño por una ventana, intentó robar sus pertenencias. “Días antes otra funcionaria fue asaltada saliendo del recinto y luego hubo un asalto dentro de un box. La inseguridad que tenemos nos mantiene en alerta porque ha ido en aumento”, dijo. Esta inseguridad también se reflejó en la encuesta: en 86% de los consultados consideró insuficientes las medidas de seguridad en los consultorios. Proyecto de ley Para abordar esta situación, el gobierno impulsó una mesa de trabajo entre la Asociación de Municipalidades, la Confusam, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención de Delito, donde se están trabajando varias medidas. Entre ellas, un proyecto de ley, presentado ayer, que según la subsecretaria de Prevención, Katherine Martorell, tipificará como delito el maltrato a funcionarios de salud y elevará las penas en un grado. Esto impedirá “que se califiquen como lesiones leves las cometidas contra trabajadores y funcionarios de establecimientos de salud”, plantea el texto. Además, se establece que “las lesiones menos graves inferidas a ciertas personas que gozan de una especial posición o autoridad serán castigadas con presidio o relegación menores en sus grados mínimos a medios, excluyendo la posibilidad de una pena alternativa de multa”. Asimismo, calificará como agravante el maltrato e impondrá la obligación de los jefes de establecimientos de salud de denunciar. Martorell añadió que “el agravante de responsabilidad penal va a depender del delito que origina la agresión , que pueden ser lesiones graves, menos graves o leves”. La iniciativa creará un registro de agresores, ya que hay casos en los que el personal de salud se ve revictimizado al tener que atender a un agresor. “Se propone con el registro que estas personas sean derivadas a otro servicio, pero, en el caso de existir una urgencia, se les deberá prestar la atención”, precisó Martorell. Los gremios de salud valoraron la iniciativa, como una medida de protección. La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, agradeció al gobierno “que haya acogido esta gran inquietud que teníamos. Creemos que era necesario que se concretara porque en el país ha escalado, la violencia”. Según un catastro de la Confusam, en 2018 hubo 157 agresiones físicas y más de 500 verbales contra los funcionarios de salud. La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, destacó que se trata de “un avance y esperamos que tenga un trámite rápido”, añadiendo que seguirá trabajando para “visibilizar el por qué ocurre la violencia, y son las falencias del sistema. Más que criminalizar a los pacientes, queremos generar alianzas, y el llamado es a no agredir”. El ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó que entre las medidas que se adoptarán destaca “el apoyo a las víctimas de delito y agresiones en ejercicio de actividad profesional y acompañamiento”. Una de ellas, mediante el convenio que se firmó con Prevención del Delito, para dar asistencia sicológica, social y jurídica, dentro del Programa de Protección a Víctimas. Además, indicó que en aquellos centros más vulnerables se han incorporado cámaras de seguridad y botones de pánico. Esta semana, Santelices dio cuenta de ello en redes sociales, mostrando la instalación de esta tecnología en el Cecof de Puerto Chacabuco, en Aysén. “Con esto, y ante cualquier situación, los trabajadores pueden ser alertados y aplicar los protocolos de seguridad”, dijo. Asimismo, se ha impulsado la instalación de 29 mesas locales de seguridad. El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, explicó que el objetivo es “constatar, de primera fuente, cuáles son las situaciones, particularidades y nodos críticos de cada comuna o región en materia de seguridad y así alimentar y proveer de insumos a la mesa de seguridad nacional”, las que están en conformación. También se priorizaron otros 26 centros de salud para dotarlos de equipos de seguridad que serán instalados a contar de marzo. (Para ver en detalle la infografía, haz click aquí o en la imagen) Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/60-los-funcionarios-salud-ha-victima-agresion-la-red-publica/481810/
  2. 27 Octubre 2018 Montes insta a funcionarios a dialogar por modernización del Senado Ante las críticas por la creación de nuevos cargos, desde la presidencia del Senado llamaron a seguir conversando para clarificar las dudas que se puedan generar. El presidente del Senado, Carlos Montes, respondió a las acusaciones por parte de asociaciones de funcionarios de la corporación quienes manifestaron su rechazo a los cambios que está impulsando e indicaron que estaría creando cargos de “confianza política”. Ante la misiva de los funcionarios, el presidente del Senado descartó esta visión y apuntó a que es atendible que un proceso de cambios genere dudas e inquietudes, por lo que realizó un llamado a continuar dialogando para clarificarlas. Este plan de modernización, apuntaría a que el Senado desarrolle su labor de manera más eficiente y transparente, por lo cual considera cambios en su estructura directiva, a la vez que busca una reforma global y estratégica a la Secretaría Ejecutiva del Senado, todo según mencionan desde presidencia del Senado “con el objeto de fortalecer el equipo directivo y especializar sus roles”. Según agregan, las preocupaciones de los funcionarios fueron tratadas en una reunión que se llevó a cabo el pasado martes 16 de octubre, ocasión en que se habría explicado que los nuevos cargos serán nombrados a través de un “concurso público, abierto y transparente”, al cual podrán postular tanto funcionarios del Senado como personas ajenas a la institución. La propuesta de Montes incluye la creación de tres nuevas figuras, la de un prosecretario legislativo, otro de finanzas y uno especial para comunicaciones, mientras que actualmente sólo existe un prosecretario que también posee el rango de tesorero. En la misiva de las asociaciones de funcionarios, estos también criticaron el gasto que significaría dividir la prosecretaría lo que llevaría triplicar el gasto actual. Esta iniciativa aún se encuentra en una tapa inicial, y desde la presidencia del Senado apuntan a que fue dada a conocer con el objetivo que sea debatida y con la idea de “generar una conversación necesaria dentro de la institución, que permita enfrentar los desafíos que se plantean a futuro”. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/montes-insta-funcionarios-dialogar-modernizacion-del-senado/378793/
  3. 25 Junio 2018 Funcionarios de Gendarmería dan “ultimátum” al gobierno y exigen reunirse hoy con ministro de Justicia o mañana irán a paro "Queremos que el ministro de Justicia nos reciba hoy con nuestro petitorio, si es que no nos recibe mañana estamos en paro", indicaron los dirigentes tras una larga reunión. Funcionarios de Gendarmería realizaron un “ultimatum” al gobierno y amenazaron con una paralización nacional para mañana si es que no son recibidos hoy por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. “(Damos) Un ultimatum de 24 horas al ministro de Justicia. Queremos que el ministro de Justicia nos reciba hoy con nuestro petitorio, si es que no nos recibe mañana estamos en paro”, indicó Patricio Baquedano, dirigente nacional de Gendarmería. Cabe recordar que los funcionarios penitenciarios están molestos a raíz de la detención de un funcionario de gendarmería que la semana pasada fue formalizado por torturas a raíz de las agresiones que dos ecuatorianos imputados por la muerte de una mujer, recibieron al interior del penal Santiago 1. Andrés Segovia, primer director nacional de Gendarmería, dijo que dentro de lo que piden está “incrementar la dotación de las plantas de la institución. Construcción de nuevas cárceles en el país, que permitan mejorar condiciones de los gendarmes y de los internos”. fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/funcionarios-gendarmeria-dan-ultimatum-al-gobierno-exigen-reunirse-hoy-ministro-justicia-manana-iran-paro/219721/
  4. 08 Noviembre 2017 Funcionarios de la DGAC demandan al Estado ante la CIDH Fue presentada ante la Comisión Interamericana de DD.HH. Se acusa demora del Senado en resolver la contienda por sistema de pensiones. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó el 20 de octubre una demanda de los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En esta reclamaban una demora “excesiva” de parte del Senado para resolver la competencia judicial, entre la Corte Suprema y la Contraloría, quienes tienen posiciones encontradas sobre dónde deben cotizar los funcionarios del organismo aeronáutico. En diciembre de 2016, la Contraloría pidió que fuera el Senado el que resolviera quién es la autoridad competente para resolver el destino previsional de los funcionarios de la DGAC. Esto, en el marco de una acción judicial de 2012, en la que 1.317 empleados civiles pidieron a la Corte de Apelaciones de Santiago que los traspasara de las AFP a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que es el régimen previsional de los miembros de las Fuerzas Armadas. El fallo fue favorable a los funcionarios de la DGAC, pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló y los trabajadores de la Dirección elevaron su solicitud a la Corte Suprema. Durante esa tramitación es que la Contraloría estableció la contienda de competencia para que los parlamentarios dirimieran si ellos o el máximo tribunal debían resolver en qué sistema cotizarían los civiles de la institución aeronáutica. A casi una año, la Cámara Alta aún no toma una decisión al respecto, lo que llevó a los trabajadores de la DGAC a recurrir a la CIDH. En la demanda presentada a través de su abogado, Héctor Rodríguez, se señala que “se han cumplido más de 10 meses desde que el H. Senado de la República debió haber resuelto este asunto, algunos de los demandantes han fallecido durante esta espera, otros han renunciado a la DGAC, otros se han jubilado por un sistema previsional que no les corresponde, etc. A la fecha de hoy, el Senado no ha dado ninguna fecha aproximada de resolución del conflicto”. Rodríguez explicó que la Cámara Alta “ha demorado casi un año en resolver si los empleados tienen o no el derecho a recurrir a los tribunales de justicia. Esta situación de incertidumbre no sólo afecta a los involucrados, sino también a las instituciones y a nuestro estado de derecho”. Además, agregó que “el Senado nos ha dejado en una situación de incertidumbre (…), ha incumplido sus propios compromisos en relación a las fechas de resolución”. Para el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Felipe Harboe (PPD), los funcionarios de la DGAC “están en su pleno derecho de ejercer las acciones internacionales que estimen pertinentes; nosotros tenemos un cronograma definido y prontamente tendremos una discusión sobre la materia. Teníamos un tema pendiente con la sala del Senado que todavía no lo han despejado, pero es ánimo de la comisión tratar esto con la profundidad que corresponde y, además, hay que recordarles que para estos efectos el Senado actúa por disposición constitucional como una especie de tribunal, en consecuencia, no podemos emitir un juicio previo sobre el fondo del tema”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/funcionarios-la-dgac-demandan-al-estado-ante-la-cidh/
  5. Funcionarios de Gendarmería movilizados aseguran que ministro de Justicia "es peor que Pinochet" El reclamo se realizó en un video en el que denuncia a Jaime Campos de no querer acceder a sus demandas, en particular sobre la carrera funcionaria y los denominados "jubilazos". SANTIAGO.- "Usted con su actitud es peor que Pinochet". La cita es parte de un video en el que los gendarmes de Arica y Parinacota reclaman al ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se ha negado a abordar sus peticiones sobre carrera funcionaria y corregir las irregularidades cometidas con los denominados "jubilazos", señalando que parta eso está el director nacional de la institución, Jaime Rojas. Según publica hoy La Segunda, en las imágenes los funcionarios penitenciarios de la puerta norte del país, agregan que "lo único que ha hecho Campos es andar paseando y dando discursos de un verdadero dictador". La acción es parte de una movilización nacional liderada por la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), quienes acusan a la autoridad y al director nacional del organismo de tener "actitudes matonescas". El video se suma a la acción realizada esta mañana por un grupo de gendarmes que se tomaron el acceso de los internos del Centro de Justicia durante una hora. Asimismo, la movilización se realiza a una semana de que se intentaran tomar le ingreso al Ministerio de Justicia, a pasos del Palacio de La Moneda. Preocupación del Poder Judicial Este miércoles el presidente de la Corte de Apelaciones Miguel Vázquez, se refirió a la situación que está viviendo la institución penitenciaria y manifestó su preocupación. "Preocupa porque la seguridad de cada tribunal depende de Gendarmería y es un tema de relevancia. Por eso preocupa al Poder judicial", aseguró. www.emol.com
  6. Historia del topic acá: http://foros.fotech.cl/topic/312570-movilizacion-l-registro-civil-l-nelly-diaz-anuncia-protesta-nacional-de-funcionarios-del-registro-civil-para-la-proxima-semana/?hl=%2Bregistro+%2Bcivil&do=findComment&comment=22157424 08 Junio 2017 Registro Civil: Nelly Díaz arriesga perder presidencia de los funcionarios La “histórica” dirigenta del servicio tenía, hasta hoy, la mayor cantidad de votos, pero la directiva no la reelegiría como líder. Fueron 39 días en que Nelly Díaz lideró uno de los paros más extensos en el servicio público, como presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil, en 2015. Las reuniones con la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, eran cada vez más tensas, pero ninguna de las dos cedía en sus pretensiones. Su liderazgo, sin embargo, podría terminar hoy. Durante esta jornada terminarán las votaciones de la nueva directiva de la asociación de funcionarios del servicio. Según los estatutos del organismo, quienes obtengan las siete primeras mayorías serán los dirigentes nacionales. Sin embargo, entre ellos deberán votar quién debe ser el presidente (con cuatro votos), o presidenta, de la directiva gremial del organismo. Actualmente, según los primeros sondeos, quien tiene la primera mayoría es la actual presidenta, Nelly Díaz. Pero esto no le alcanzaría, según comentaron fuentes al interior del gremio, puesto que quienes aparecen como nuevos dirigentes nacionales entregarían su voto a Santiago González, en desmedro de Díaz, quien ha ganado tres elecciones seguidas y se desempeña en el cargo desde 2009. Según señaló Nelly Díaz, “yo tengo la primera mayoría, casi doblo al que viene segundo. Tengo preferencia nacional en la asociación, pero de todas maneras estamos evaluando solicitar la impugnación de la votación, porque se nota que acá ha habido una intervención política para dejar a gente vinculada a los partidos del gobierno”. Consultado el que asoma como posible nuevo presidente, Santiago González, sostuvo que “prefiero esperar hasta mañana (hoy). La elección no está viciada, ahora, que no le gusta el resultado, es otro tema. Los que votan son los funcionarios de Arica a Punta Arenas, y quienes validan esa votación son los oficiales civiles que actúan como ministros de fe del proceso”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/registro-civil-nelly-diaz-arriesga-presidencia-los-funcionarios/
  7. 04 Junio 2017 Funcionarios del SML anuncian paro de 48 horas desde este lunes Desde la agrupación indicaron que "perseveraremos en nuestro petitorio de ser recibidos en el Ministerio de Justicia, se lo debemos a los más de 300 profesionales que conforman nuestra Asociación a lo largo del país". La Asociación Nacional de Funcionarios Profesionales del Servicio Médico Legal (SML) anunció un paro de 48 horas para este lunes y martes. La agrupación, que reúne a cerca de 300 profesionales, explicó que esta movilización se fundamenta en una “deuda histórica”, por la brecha salarial que han experimentado desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal. A través de un comunicado señalaron que “desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal hemos constatado un aumento sostenido de renuncias de nuestros profesionales, no sólo por las abismales brechas salariales, sino que también por el menoscabo a las condiciones laborales”. Además, indicaron que “perseveraremos en nuestro petitorio de ser recibidos en el Ministerio de Justicia, se lo debemos a los más de 300 profesionales que conforman nuestra Asociación a lo largo del país”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/funcionarios-del-sml-anuncian-paro-48-horas-desde-este-lunes/
  8. 11 Abril 2017 Formalizan a dos funcionarios de la PDI acusados de torturar a mujer peruana embarazada La denuncia habría surgido de parte de una vecina de la víctima, con quien habría tenido una disputa por un asunto inmobiliario. Al ser detenida, la mujer fue insultada de manera xenofóbica por los detectives quienes la trataron con epítetos como “¿Qué hace una peruana aquí” y “acá la vamos a hacer hablar”. Dos detectives de la Policía de Investigaciones de Chile acusados de torturar a una mujer embarazada fueron formalizados este martes en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el tribunal emitiera ayer una orden de arresto que recae además sobre una tercera involucrada en el ilícito, quien actualmente se encontraría en retiro. Los policías están acusados del delito de torturas perpetradas en perjuicio de una mujer de nacionalidad peruana que se encontraba embarazada al momento de concretarse el delito. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se hizo parte querellante en esta causa penal. Los hechos se remontan a 2012 cuando la mujer fue denunciada a la PDI por una vecina, quien acusó a la mujer de haberse realizado un aborto de un feto de siete meses. Esta situación motivó la citación y posterior detención de la mujer en el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de avenida Independencia de la PDI. La denuncia habría surgido de parte de una vecina de la víctima, con quien habría tenido una disputa por un asunto inmobiliario. Al ser detenida, la mujer fue insultada de manera xenofóbica por los detectives quienes la trataron con epítetos como “¿Qué hace una peruana aquí” y “acá la vamos a hacer hablar”. Luego de ser intimidada, la mujer fue trasladada a su hogar para buscar evidencias del hecho, en específico querían encontrar al feto que según los policías se encontraba enterrado en el patio de la casa. Al no encontrar nada continuaron intimidándola y le pidieron que su marido se apersonara en el lugar dado que si no lo hacía –amenazaron- llevarían a su hijo a un centro del Sename. Al llegar su marido los funcionarios de la PDI comenzaron a golpearlo con pies y puños, luego lo encerraron en un baño, lo arrojaron al piso y finalmente lo pusieron de rodillas. En esos instantes la mujer se encontraba en otra pieza donde continuaban intimidándola diciéndole, por ejemplo, “te voy a dar dos cosas, la libertad de tu marido y que él se quede con tu hijo. ¿Y tú que nos vas a dar? Asesina de guaguas, perra maraca”. Fue en ese momento cuando fue golpeada por los policías a pesar de sus signos de embarazo que alcanzaba en ese momento las 20 semanas. Lo mismo pasó con su marido quien también siguió siendo castigado. Luego fueron trasladados a constatar lesiones, donde se les prohibió relatar los tormentos. Finalmente, una vez de vuelta en el cuartel de la PDI, debieron firmar una declaración que no pudieron leer –además de otros papeles- y continuaron siendo castigados, esta vez con expresiones como “dile que tenemos la guagua muerta” y con amenazas respecto de los trámites de permanencia definitiva que la víctima estaba gestionando. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/11/formalizan-a-dos-funcionarios-de-la-pdi-acusados-de-torturar-a-mujer-peruana-embarazada/
  9. Historia del Topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/311250-irregularidades-mop-subdere-l-funcionarios-publicos-denunciados-por-contraloria-no-arriesgan-penas-de-carcel-e-incluso-podrian-optar-a-salidas-alternativas/?hl=%2Bsubdere&do=findComment&comment=22110605 17 Abril 2017 Fiscalía abre ronda de interrogatorios tras denuncia de Contraloría Primeros testimonios serán recogidos en la R. Metropolitana. Luego, en el Biobío y Los Lagos. La diligencia que se realizará esta semana involucraría a una docena de funcionarios. Esta semana, la Fiscalía Metropolitana Sur dará inicio a una ronda de toma de declaraciones a funcionarios de diversas reparticiones públicas, residentes en la Región Metropolitana, involucrados en presuntas irregularidades. La investigación fue abierta por el Ministerio Público, luego de que el contralor general, Jorge Bermúdez, derivara antecedentes por supuestos delitos de negociación incompatible en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Tras revisar la denuncia, el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al jefe de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, para que encabezara las diligencias. Este, a su vez, determinó que los fiscales especializados en delitos violentos y económicos, Paulina Díaz y Víctor Núñez, iniciarán las pesquisas. “Se trata de antecedentes bastante preliminares, que eventualmente podrían dar con la configuración del delito de negociación incompatible, que tiene una penalidad en el Código Penal de presidio menor en su grado medio. En ese contexto, estamos evaluando estos hechos”, dijo el fiscal Guzmán, tras ser designado por Abbott. Según trascendió, desde la Contraloría habrían enviado antecedentes más precisos de los presuntos delitos, cuestión que está contenida en el artículo 175 del Código Procesal Penal y que dice relación con la obligatoriedad del órgano revisor de cuentas de denunciar supuestos delitos cometidos por funcionarios públicos. La diligencia que se realizaría esta semana involucraría a una docena de funcionarios. Entre ellos, la jefa de Unidad de Personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP, Andrea Martínez, y el jefe del Departamento de Finanzas de la Subdere, Juan Alvear Balmelli. Despliegue en regiones Sin embargo, los interrogatorios no solo se limitarían a la Región Metropolitana. En la semana siguiente, los fiscales Guzmán, Díaz y Núñez se trasladarían a la Región del Biobío. Allí le tomarían declaraciones a una decena de funcionarios del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente , incluido el jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería del centro asistencial, Patricio Sáez Bustos. Durante su estadía en Concepción, los persecutores también interrogarían a la jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades en el Gore del Biobío, Daniela Moraga. Posteriormente, los funcionarios del Ministerio Público se trasladarán a Los Lagos para entrevistar a la ex jefa de la división de planificación del gobierno regional, Gloria González Sáez. El diputado PPD Daniel Farcas valoró el inicio de las diligencias por parte del Ministerio Público. “A raíz de este caso, y de esta manera de enfrentar la situación, es muy probable que tengamos a una Contraloría mucho más empoderada y con más posibilidades de intervenir en la fiscalización de instituciones”. Gustavo Hasbún, diputado UDI, señaló que “al país le hace bien que exista un organismo que tenga un rol activo en esta materia”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-abre-ronda-interrogatorios-tras-denuncia-contraloria/
  10. 09 Abril 2017 Funcionarios de la salud llaman a primer paro nacional La movilización esta fijada para el próximo 25 de abril y tendría una duración de 48 horas. Los funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal han decidido convocar a su primera movilización del año, un paro nacional de funciones por 48 horas, para los días 25 y 26 de abril. Como han sostenido, esta manifestación dice relación con la reciente preocupación que existe en el gremio, respecto de “la lentitud con que materias pendientes son abordadas en el Ministerio de Salud”. Materias que dicen haber sido abordadas en un protocolo de acuerdos, definido en el inicio de la actual administración de la ministra de Salud, Carmen Castillo. Uno de los principales puntos que buscan reivindicar los funcionarios, tiene que ver con el financiamiento de la Atención Primaria Municipal. En ese sentido, mencionan que en el año 2015 un estudio ministerial arrojó que el valor del per cápita basal con que se financia salud municipal, debería ser en ese entonces de $ 6.050, cifra que no se condice con el monto aprobado en el presupuesto per cápita 2017, cuyo valor basal asciende a $ 5.274. Desde la organización indican que “en los próximos días se hará entrega de las necesarias orientaciones de cara a garantizar el éxito de nuestra movilización”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/funcionarios-la-salud-llaman-primer-paro-nacional/
  11. 06 Marzo 2017 Carabineros expulsa a nueve funcionarios por investigación de fraude en la institución El General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, señaló que "se manipularon las cuentas corrientes para desviar dineros", y que "estos hechos no los toleramos, por eso pedimos expulsión de los responsables". Este lunes, el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, confirmó el llamado a retiro de nueve oficiales, tras realizarse una investigación por fraude al interior de la institución. Según Villalobos, el hecho, también investigado por el Ministerio Público, “da cuenta del eventual delito por parte de uniformados del escalafón de Intendencia, para lo cual se les ha pedido el retiro a nueve de ellos”. “Como institución estamos dolidos, estamos avergonzados, es una situación no deseada” señaló Villalobos y aclaró que los hechos investigados acontecen desde antes del 2015. En ese contexto, el General Director de la institución señaló que entre los funcionarios dados a retiro “hay algunos que son participantes directos del hecho delictual, pero también hay algunos que están llamados a retiro por una condición de mando”. Villalobos señaló que el fraude consistió en el traspaso de dineros de la institución a cuentas corrientes personales. “Se manipularon las cuentas corrientes para desviar dineros” y no descartó que Villalobos no descartó que con el proceso de investigación hayan más funcionarios involucrados. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/carabineros-expulsa-nueve-funcionarios-investigacion-fraude-la-institucion/
  12. 17 Marzo 2017 Funcionarios de la DGAC presentan recurso exigiendo que no se ejecute descuento por paro En diciembre del año pasado, la Contraloría ordenó dicho descuento de cuatro días a quienes adhirieron a la movilización de diciembre de 2015, que causó graves trastornos en los principales aeropuertos del país La Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días el destino de un recurso de protección presentado por la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en contra de la decisión de la Contraloría General de la República de descontar los días no trabajados por la movilización de diciembre de 2015, en que dicho paro provocó la suspensión de cerca de 350 vuelos y afectó a alrededor de 50 mil personas. La presentación fue hecha por el presidente de la asociación, José Aurelio Pérez, a nombre de los funcionarios. “Terminada la movilización, las autoridades adquirieron el compromiso de que no se adoptarían medidas de represalia en contra de los funcionarios que adhirieron a la movilización”, señala el recurso, que fue acogido a trámite por la Corte de Apelaciones. A renglón seguido, se indica que la Contraloría, luego de una investigación especial hecha durante el año 2016, decidió ordenar el descuento de remuneraciones “a la totalidad de los funcionarios que participaron de la paralización de actividades”, agregando, de acuerdo al texto, que ellos sólo tomaron conocimiento “en el mes de febrero de 2017, una vez que la DGAC, acatando lo ordenado por la Contraloría, comenzó a notificar a cada funcionario para que reintegraran las remuneraciones respectivas”. En diciembre del año pasado, la Contraloría terminó su investigación, en la que ordenó a la DGAC que estableciera un plan de descuento y devolución de las remuneraciones de los cuatro días de paro a los funcionarios que adhirieron a la movilización, que causó graves trastornos en los viajes en los principales aeropuertos del país. El pago de los días no trabajados, de acuerdo a lo que señala el informe de la Contraloría, sería un pago improcedente a los funcionarios. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/funcionarios-la-dgac-presentan-recurso-exigiendo-pago-dias-descontados-paro/
  13. 01 Febrero 2017 Valparaíso pagó sueldos de 331 funcionarios y Jorge Sharp destapa mala práctica que lleva 28 años El alcalde de Jorge Sharp aseguró que pese a no estar de acuerdo con el método con el que se paga a algunos funcionarios en el municipio, tuvo que hacerlo para no dejarlos sin salario. Fueron 331 los funcionarios de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) que pudieron no recibir sus sueldos en el mes de enero debido a que la Municipalidad lleva casi 28 años ocupando un método poco ortodoxo para pagar los salarios. Lo que ocurría era que la Municipalidad de Valparaíso y la Cormuval firmaron un acuerdo en 1988 para que esta última se hiciera cargo del aseo en los edificios municipales. Sin embargo este acuerdo fue objetado por Contraloría debido a que el municipio estaba contratando los servicios privados de la Cormuval sin haber llamado a una licitación previa, y pidió que no se repitiera el acuerdo. El actual gerente de la Cormuval, Marcelo Garrido, explicó a UCV que debido al pronunciamiento de Contraloría se ha debido ocupar un método poco ortodoxo para pagar los sueldos. “Desde ese año (2009) y a la fecha, se han venido obligando ambas partes (municipio y Corporación) a incurrir en ciertas irregularidades, las cuales se plasman en lo que conocemos como el ´decreto de insistencia´, que significa que la dirección de asuntos financieros de la Municipalidad señala que esto no se ajusta a procedimientos regulares y por ende, se le solicita al alcalde que firme un decreto para poder hacer efectivo el pago” En su Facebook, Sharp explicó: “Hoy tuvimos que dictar un decreto de insistencia, es decir, actuar de una forma no estrictamente apegada a la ley para permitir que más de 300 trabajadores de la Cormuval percibieran su sueldo (…) Hicimos esto porque creemos que las malas decisiones y derechamente las prácticas ilegales por años de los mismos de siempre, que han contribuido a generar el déficit financiero más grande de un municipio en Chile, no tienen porque ser cargadas por los trabajadores”. Sharp agregó que investigarán la forma en que se han pagado los sueldos y otras irregularidades detectadas. “La auditoría externa ya está en curso. La está realizando la Contraloría General de la República y nos permitirá conocer el monto del deficit y sus eventuales responsables. También tomaremos otras medidas en este sentido”, dijo. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/02/01/valparaiso-pago-sueldos-de-331-funcionarios-y-jorge-sharp-destapa-mala-practica-que-lleva-28-anos/
  14. 13 Enero 2017 Funcionarios de Aduana desmienten a Gobierno por acuerdo Anfach acusa que el Ejecutivo no ha respetado protocolo firmado en noviembre. Hacienda, por su parte, detalló a los funcionarios el cumplimiento del documento. El paro convocado para ayer y hoy por la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach), volvió a enfrentar a los trabajadores con el Gobierno. Esta vez, el tema en disputa es el cumplimiento del protocolo firmado en noviembre, en el cual el Ejecutivo accedió a incluir las observaciones realizadas por los funcionarios en el proyecto de ley de modernización de la legislación aduanera. El 23 de noviembre, en un documento firmado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, el presidente de la Anfach, Marcelo Reyes, y la senadora DC, Carolina Goic, el Gobierno accedió a retirar la suma urgencia de discusión al proyecto, e integrar a éste las propuestas de los funcionarios, comprometiéndose, además, a dar cumplimiento a otras demandas de los trabajadores. Sin embargo, la directiva de la Anfach convocó a un paro nacional, acusando que el proyecto que actualmente está en su tercer trámite “sólo contiene medidas liberalizadoras del comercio internacional y ninguna que fortalezca a Aduanas en su misión de controlar y fiscalizar”. Advierten además que “el Gobierno el 23 de diciembre, desconociendo el acuerdo, le puso suma urgencia a la iniciativa sin notificarnos”. “Ellos están empecinados en que salga ese proyecto a como de lugar durante el mes de enero, y no entendemos cuál es el apuro. Nosotros firmamos un acuerdo y no se está respetando”, sostuvo el presidente de Anfach, Marcelo Reyes. Respuesta de Hacienda Ayer, cerca del medio día, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado a los funcionarios de Aduanas en el que se detalla la forma en que se ha dado cumplimiento a los puntos contenidos en el protocolo. En dicho documento, el Gobierno sostiene que en una reunión realizada el 22 de diciembre se acordó que Anfach presentaría sus observaciones el 27 de diciembre, detallando que “la sesión del día 27 se desarrolló según lo acordado, sin que Anfach presentara una propuesta nueva”. Asimismo, precisa que “en el caso de las propuestas largamente discutidas se volvió a explicar las razones por las cuales no procedían técnicamente”. Hacienda agrega que “el Gobierno ha mostrado una disposición permanente a mejorar el proyecto. Los puntos acordados con Anfach se han incorporado, los que no se han recogido se han debatido y explicado en múltiples mesas y ante el Congreso. Denunciar un incumplimiento solo porque no se acogen determinadas pretensiones, es desconocer todos los protocolos suscritos y se aleja del espíritu de búsqueda de acuerdos”. Anfach desmiente Al conocer el documento, desde la directiva de la asociación emitieron una declaración titulada “Gobierno miente y Anfach denuncia”, en la que la directiva sostiene que “la carta del Ministerio de Hacienda remitida a los funcionarios de aduanas donde, una vez más, intentan socavar nuestra movilización con relatos que no se ajustan a la realidad, puesto que todos conocemos el refrán: ‘Más rápido se pilla a un mentiroso que a un ladrón’, pareciera que hoy estamos en la comprobación de esa sentencia”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/funcionarios-aduana-desmienten-gobierno-acuerdo/
  15. Viernes 30 de diciembre, 2016 ¡Sharpazo!: 100 funcionarios fueron despedidos del municipio porteño Triste último día laboral del año para el mundo de la Municipalidad de Valparaíso. Impacto por la medida ya que nuevas autoridades habían hecho un llamado a la tranquilidad señalando que no se iban a realizar ajustes. Concejal Carlos Bannen lanza dura crítica por esta medida. Triste fue este último día laboral del 2016 para un centenar de funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso. El alcalde Jorge Sharp y su equipo decidieron poner punto final a los contratos de diversos trabajadores a contrata y honorarios, que prestaban servicio en diversas reparticiones de la Municipalidad porteña. La noticia fue recibida como un balde de agua fría por todo el mundo municipal porteño, en especial porque la propia nueva administración municipal se había encargado de pedir tranquilidad a los empleados municipales, insistiendo al asumir el nuevo gobierno comunal el pasado 6 de diciembre, que “no había de qué preocuparse”, y que “los empleados municipales deben estar tranquilos por la mantención de sus trabajos”. El concejal Carlos Bannen señaló que “es preocupante que no se les haya avisado a todas estas personas con el mes de aviso previo, y en especial el último día del año, cuando la gente ya está en ánimo de comenzar una nueva vida. Esto también significa una alta complejidad para el municipio por las posibles demandas y por el posible costo que va a tener por la Municipalidad de Valparaíso”. “A algunos solamente los han llamado por teléfono sin si quiera darles un mes de aviso, como las buenas prácticas laborales lo aconsejan”, dijo Bannen Algunos de los cargos que ya se habían removido están el de Serplac, jefe del departamento jurídico y administrador municipal, Dideco, jefe de gabinete entre otros. “Hay funcionarios de más de 12 años de antigüedad, honorarios y contrata, por lo que el gasto de estos despidos será tremendo”, destaco la autoridad Escuche las declaraciones del concejal porteño Carlos Bannen. Fuente: http://www.radiovalparaiso.cl/2016/12/30/triste-fin-ano-muni-portena-cerca-100-funcionarios-fueron-despedidos/
  16. 27 Octubre 2016 ¿Y en Chile cuándo? Perú aprueba “muerte civil” para funcionarios públicos corruptos Con esta legislación en el país vecino, los funcionarios gubernamentales que incurran en actos dolosos contra la administración pública no volverán a trabajar en el Estado. En Perú existen pérdidas económicas de 3 mil 570 millones de dólares anuales sólo por actos de corrupción. El diagnóstico del país vecino, es que esta es una de las razones por las que el desarrollo de ese país se ha retrasado tanto. Incluso, la Contraloría General de ese país planteó que estos actos de corrupción representan pérdidas económicas anuales cercanas al 2% delProducto Interno Bruto de ese país Entonces, con el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se llegó a una legislación que establece la “pérdida de derechos civiles” a las personas que cometan delitos de corrupción, cohecho y actos que afecten la administración pública. Esto se le llama “muerte civil”. De acuerdo publica América Economía, la aprobación de esta ley, según el presidente del consejo de ministros del Perú, Fernando Zavala, “también hemos señalado que la pena accesoria de los delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo, y demás comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública sean susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio de Estado”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/mundo/2016/10/27/y-en-chile-cuando-peru-aprueba-muerte-civil-para-funcionarios-corruptos/
  17. 16 Noviembre 2016 Impulsan proyecto para evitar que alcaldes salientes dejen a funcionarios “apernados” Iniciativa busca evitar que a pocos días de que expiren los mandatos de los alcaldes salientes, estos puedan realizar concursos exprés pára llenar los cargos. Los diputados DC Marcelo Chávez y Juan Morano presentaron ayer un proyecto de ley que busca evitar que a pocos días de que expiren los mandatos de los alcaldes salientes, estos puedan realizar concursos exprés para llenar cargos en sus respectivas municipales. “La idea es que se vean impedidos de hacer estos llamados antes de 90 días de concluido su mandato, para que no haya ‘amarre’ de los amigos del jefe comunal en los puestos, lo que va en contra del principio de probidad”, dijo Chávez. La iniciativa también se va a extender a las corporaciones municipales, donde se administran los servicios básicos de educación y salud. “Hay cargos que estuvieron disponibles por mucho tiempo y hoy, súbitamente, les ha bajado interés por hacer concursos para llenarlos”, agregó. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/impulsan-proyecto-evitar-alcaldes-salientes-dejen-funcionarios-apernados/
  18. 21 Septiembre 2016 Ministro Gómez asegura que 30 ex funcionarios de la CNI siguen en servicio activo en el Ejército "Hay una lista que está en una ley secreta que existe del personal que fue traspasado al Ejército al término de la dictadura. De eso quedan muy pocos y se han ido yendo a medida que se cumplen los requisitos. Eso es lo que tenemos como información, pero era personal civil", manifestó. ATON Compartir El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, sostuvo que al menos 30 funcionarios de la ex Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet, aún siguen en servicio activo al interior del Ejército, pero ninguno ejerce cargo en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden. En entrevista con Emol, el titular de la cartera informó que durante los años 90 existían mil 200 funcionarios que mediante una ley secreta siguieron al interior de la institución castrense. "Hay una lista que está en una ley secreta que existe del personal que fue traspasado al Ejército al término de la dictadura. De eso quedan muy pocos y se han ido yendo a medida que se cumplen los requisitos. Eso es lo que tenemos como información, pero era personal civil", manifestó. Por otra parte, el ex senador reafirmó que las fuerzas armadas no avalan los pactos de silencios hechos por los ex miembros de las instituciones castrenses para no informar sobre las violaciones a los derechos humanos, argumentado que “todo lo que sea 'pacto de silencio', de quedarse callados en violaciones a los Derechos Humanos, si existe, son de quienes fueron miembros de las Fuerzas Armadas que hoy están en retiro. Pero la institución hoy no ampara 'pactos de silencio'. Al revés, se están buscando y entregando todos los antecedentes". En este sentido, Gómez indicó que al interior de los actuales altos mandos del Ejército "ninguno de ellos perteneció a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) ni a la CNI (Central Nacional de Informaciones), ni tuvo participación en los hechos que se investigan en los tribunales", afirmó. En dicho contexto, recordó que el comandante en jefe de esa institución, general Humberto Oviedo, elaboró un documento en el que se "hace explícita la situación que se vivió en esa época y se habla sin eufemismos, se habla de violaciones a los Derechos Humanos y creo que eso es muy importante de decirlo, porque si yo culpo al actual comandante en jefe de las violaciones que cometieron (Augusto) Pinochet y los criminales de esa época, estamos trasladando eso al actual mando y lo que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones miren hacia atrás, les dé vergüenza los delitos cometidos y no que se establezca una cierta relación de defensa si es que es atacado el actual Ejército". Además , la autoridad efectúo un llamado a los militares en retiro a que “si tienen antecedentes lo pudiera declarar ante los tribunales”, sin embargo, “esta gente participó en una época en que había impunidad total y por lo tanto han tenido una participación en el tiempo que no ha sido de colaboración, salvo casos muy particulares". Finalmente, el otrora timonel Radical valoró la acción de la justicia para buscar la verdad sobre los delitos de lesa humanidad durante la dictadura, argumentando que “los jueces están haciendo una labor increíble desde el punto de vista de la investigación, en particular Mario Carroza. Él está haciendo una buena labor y día a día logra mayores antecedentes, con lo que significa la demora en el tiempo". Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/ministro-gomez-asegura-que-30-ex-funcionarios-de-la-cni-siguen-en-servicio-activo-en-el-ejercito/xIQpiu!299RUy8xaA34s/
  19. 25 Agosto 2016 No coincide con la política de austeridad anunciada en el Parlamento Jubilazo: el millonario bono de retiro que exigen 40 funcionarios del Congreso Convencieron a los senadores para que a través de una indicación quedaran al margen del proyecto que incluye a todos los funcionarios públicos, con el fin de negociar con Hacienda por cuerdas separadas. Un bono de incentivo al retiro está exigiendo un grupo de funcionarios del Congreso Nacional quienes desean negociar con Hacienda por cuerdas separadas, rechazando el bono aprobado para todos los funcionarios del sector público. Según consigna Radio BioBio, de ser aprobado alcanzaría hasta 200 millones de pesos para los sueldos más altos. Al menos 40 funcionarios perciben honorarios superiores al sueldo promedio de un parlamentario, que fluctúa entre los 9 y 10 millones de pesos. En definitiva, la Asociación de Funcionarios del Congreso rechazó el tope de 11 meses propuesta por la ANEF y exige que se les paguen hasta 18 meses, tal como ha ocurrido históricamente con los funcionarios del Poder Legislativo. Para alcanzar tal meta, convencieron a un grupo de senadores para que a través de una indicación quedaran al margen del proyecto que originalmente incluía a todos los funcionarios públicos y de esta forma pudiesen negociar por cuerdas separadas su propio bono. La indicación fue aprobada en el Senado y fue respaldada en tercer trámite por una amplia mayoría de diputados, excepto la mesa de dicha Corporación que se abstuvo, argumentando que iba en coherencia con la política de austeridad que han proclamado a propósito del ajuste presupuestario que exige la llegada de más diputados y senadores en 2018. "Están pidiendo condiciones de bonos a retiro anteriores, incluso algunas fueron cercanas a los 18 meses sin tope, lo cual es muy distinto al marco que plantea la mesa. Nosotros en el Congreso estamos disponibles tal vez para buscar un incentivo mayor pero entendiendo no solamente los que estamos en el Parlamento, somos sujetos de escrutinio público, sino también sus funcionarios", sostuvo al respecto el diputado y vicepresidente de la Cámara, Gabriel Silber. Por su parte, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, aseguró: "Nosotros hicimos esa indicación a la solicitud de los senadores porque los propios trabajadores del Congreso le solicitaron al Senado quedar fuera de esto. Ellos querían una negociación separada pero como yo expliqué en la Sala tenemos que ver qué se pone de parte y parte. Si no hay nada sobre la mesa yo tendría la inclinación de hacer un espejo, simplemente incluir nuevamente a estos funcionarios en la ley". En tanto, el presidente de la entidad, Raúl de La Puente, dijo: "Ellos han pedido ser excluidos de este beneficio, por lo tanto no sé yo las características de las remuneraciones que ellos tienen, por cuanto la mayoría de la gente de acá del Congreso no pertenecen a nuestra organización". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/25/jubilazo-el-millonario-bono-de-retiro-que-exigen-40-funcionarios-del-congreso/
  20. 26 Julio 2016 Funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia convocan a movilización para exigir salida de Javiera Blanco La movilización partirá a las 12:00 hrs. de este miércoles 27 de julio, en la esquina de Alameda con Estado y participarán los funcionarios del Registro Civil y su dirigenta Nelly Diaz, los trabajadores del Sename, del Servicio Médico legal, Gendarmería y de otras instituciones, además de dirigentes de ANEF. Diferentes asociaciones de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia realizarán una marcha solicitando la salida de Javiera Blanco de la cartera, además de "solidarizar con las y los funcionarios no uniformados de Gendarmería", señalan los convocantes. La movilización partirá a las 12:00 hrs. de este miércoles 27 de julio, en la esquina de Alameda con Estado y participarán los funcionarios del Registro Civil y su dirigenta Nelly Diaz, los trabajadores del Sename, del Servicio Médico legal, Gendarmería y de otras instituciones, además de dirigentes de ANEF. La manifestación es convocada y organizada por ADIPTGEN, agrupación que representa al estamento que agrupa a directivos, profesionales, técnicos, administrativo y auxiliares de Gendarmería. La convocatoria se dan en el marco de una crisis de las instituciones de Gendarmería y el Sename, ambas dependientes del Ministerio de Justicia y en medio de fuertes a críticas a la administración de la ministra Javiera Blanco. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/26/funcionarios-dependientes-del-ministerio-de-justicia-convocan-a-movilizacion-para-exigir-salida-de-javiera-blanco/
  21. 02 Julio 2016 Funcionarios del Ministerio Público reclaman asignación profesional para todos los estamentos La federación sindical también planteó a la autoridad la oposición al proyecto de ley que modificaría la ley 19.296, normativa que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, la que contempla dentro de las atribuciones del fiscal, la regulación de horas extras para los dirigentes sindicales. Fiscalización laboral, asignación profesional para todos los estamentos, deterioro del clima laboral, casos de abuso y maltrato laboral y sexual fueron algunos de los temas planteados por la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (FENAMIP), al fiscal nacional, Jorge Abbott. La federación sindical también planteó a la autoridad la oposición al proyecto de ley que modificaría la ley 19.296, normativa que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, la que contempla dentro de las atribuciones del fiscal, la regulación de horas extras para los dirigentes sindicales. “Nuevamente vemos como se presentan proyectos que vulneran nuestros derechos. Primero fue la carrera funcionaria sólo para fiscales y, recientemente, la propuesta de modificación de la ley 19.296”, señala el documento. La dirigenta nacional del Ministerio Público, Paulina Ruiz, explicó que el fin de esta presentación es “transcurridos siete meses de la instalación de la nueva administración, se concrete un plan de trabajo que contemple una mesa de trabajo, un tema específico y su propuesta de solución”. En relación con la asignación profesional, la organización sindical propone trabajar en una mesa tripartita, en virtud de la importancia del tema. “La asignación profesional requiere presupuesto y una voluntad del Ejecutivo y el tema de la fiscalización laboral también, para que no se sigan realizando despidos arbitrarios dentro de la institución y también para frenar y sancionar los abusos y casos de maltrato y acoso laboral y sexual que ocurren al interior del Ministerio Público y que muchas veces quedan impunes”, finalizó. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/02/funcionarios-del-ministerio-publico-plantean-asignacion-profesional-para-todos-los-estamentos/
  22. Aumento del gasto en funcionarios durante este Gobierno es más del doble de lo que se ahorrará con el ajuste fiscal El ministro Rodrigo Valdés anunció un recorte presupuestario de $380 mil millones para enfrentar las “vacas flacas”, pero durante los primeros dos años del Ejecutivo se han gastado $960 mil millones en gasto de personal, debido principalmente a la contratación de 60 mil nuevos empleados públicos. Hace apenas tres meses, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, defendía ante el Congreso el proyecto de ley del presupuesto público 2016 por su “gran seriedad y responsabilidad” fiscal. En febrero insistió en que “lo que no podemos hacer es ponernos a gastar y después tener que recortar, eso es muy nocivo. Entonces cada avance de gasto tiene que ser coherente con ingresos más adelante”. Sin embargo, el viernes pasado la Presidenta Michelle Bachelet admitió que “la economía está lenta y habrá que hacer algunos ajustes”, recortes que detalló Valdés esta semana y que ascenderán a $380.000 millones (US$540 millones), que equivale al 1% del presupuesto aprobado para este año. Sin embargo, dicho ahorro representa sólo el 40% de los $960.000 millones que el Gobierno ha aumentado en gasto de funcionarios públicos durante los primeros dos años de gestión. Ese incremento se explica principalmente por la contratación de 60 mil nuevos empleados públicos, cifra que corresponde a casi el 30% de los 222 mil puestos de trabajo creados durante esta administración. Las fuertes alzas en honorarios, sueldos, horas extras y viáticos Sólo este año el incremento de recursos para contratar personas a honorarios en el Estado subió en 39,1%, en relación con 2015. El Ministerio de Defensa lideró ampliamente con un alza del 407%, seguido por la Segpres con 188% y Energía (82%). Además, durante los dos primeros años de esta administración los gastos en horas extraordinarias subieron en casi $10 mil millones (+12,2% respecto de 2014), y el pago de viáticos se disparó en $17 mil 530 millones (+26,6). El presupuesto para las asignaciones críticas –montos que se suman a los sueldos de directivos– subieron en $2 mil 687 millones. En qué consiste el “apretón” de Hacienda El plan de austeridad que anunció Valdés reduce precisamente dichos gastos, ya que el 71,3% de los dineros ($270 mil millones) se destinarán a pagar menos viáticos, horas extras, publicidad, viajes, estudios, fletes, adquisición de bienes y servicios y renovación de vehículos nuevos. En tanto, los restantes $109 mil millones se ahorrarán a través de menor gasto de capital. Valdés justificó dicha reducción en el menor crecimiento mundial, la desaceleración china y los países emergentes, la caída del cobre y el menor crecimiento de nuestro país y de los ingresos tributarios. El jefe de las finanzas públicas destacó que mantener la disciplina fiscal “permite tener tasas de interés más bajas y el riesgo país a raya. Eso significa mejores condiciones de financiamiento para todos. En la medida que evitemos desequilibrios, podemos enfrentar mejor los problemas del mundo y además, nos permite mantener estas buenas condiciones de financiamiento que tenemos”. Sin embargo, algunas calificadoras de riesgo internacionales valoraron la “voluntad de las autoridades de ajustarse a condiciones adversas” pero advierten que podrían haber nuevos recortes fiscales. Incluso, varios economistas coinciden en que el recorte mínimo debería estar por sobre los US$1.500 millones. El 42% de los beneficios sociales del Estado se gasta en burocracia Según la información disponible en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (Dipres), el año pasado el Gobierno de Bachelet gastó US$36 mil millones en la entrega de subsidios, pagos de pensiones e inversiones en obras de conectividad, educativas y salud, entre otras, pero gastó casi la mitad, US$15 mil millones (42%), en burocracia estatal. Y es que en pagar los sueldos de los funcionarios públicos que trabajan en los ministerios y servicios públicos que entregan dichos beneficios el Estado gastó US$10.300 millones, y los restantes US$4.700 millones se destinaron a financiar bienes y servicios de consumo y producción. Esta manera de administrar el gasto público se ha mantenido inalterada durante los últimos 15 años, ya que los recursos destinados a la burocracia estatal han oscilado entre el 42 y 44% de los beneficios asignados. www.ellibero.cl
  23. M. de Justicia por paro Registro Civil: "Esta paralización ha sido utilizada para cuestionar la Reforma Laboral" La movilización cumplió ya quince días y la cartera asegura que se han tomado medidas para mitigar los efectos del paro. El Ministerio de Justicia emitió un comunicado para referirse al paro del Registro Civil, que ya lleva quince días. "La paralización (...) es ilegal e injustificada y se fundamenta en supuestos compromisos que las autoridades del Gobierno jamás han realizado", indica. El escrito explica las negociaciones pactadas: "los funcionarios exigen una nueva bonificación que en el contexto actual resulta imposible de satisfacer, considerando que los trabajadores del servicio han tenido un incremento de sus remuneraciones de más de un 50% real en los últimos 7 años". "La bonificación se plantea cuando se tiene plenamente vigente un acuerdo firmado el 5 de agosto del año 2014 por los dirigentes que hoy encabezan la movilización, donde se señala de manera explícita que 'con este acuerdo quedan resueltos completamente los temas económicos planteados por Anercich, y una vez que se materialicen los aumentos de grados señalados en la cláusula tercera, se tendrán por cumplidos íntegramente, los acuerdos de este protocolo'". Sin embargo, la cartera fue amás allá, y agregó que "lamentablemente, esta paralización ha sido utilizada por sectores interesados para cuestionar la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que se discute en el Congreso Nacional, destinada a equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores. Este oportunismo resulta inaceptable, considerando que la iniciativa en trámite tiene por objetivo dotar al país de organizaciones sindicales fuertes y responsables, fundamentales para el desarrollo del país en el largo plazo". "El Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional del Registro Civil se encuentra adoptando las medidas destinadas a asegurar que aquellos trámites indispensables puedan ser realizados, implementando centros de atención especiales en todas las regiones del país. Al mismo tiempo, se ha extendido la vigencia de las cédulas de identidad vencidas o que se encuentren por vencer, hasta el 31 de diciembre del presente año, por lo que quienes se encuentren en esta situación no requieren renovar su documento. Igualmente hemos extendido el valor actual de los pasaportes hasta 5 días hábiles después de que concluya esta paralización ilegal", sentencia. www.latercera,com
  24. El golf, la gula y el sexo impropio: las prohibiciones para funcionarios chinos El Partido Comunista chino anunció nuevas medidas para luchar contra la corrupción. El gobernante Partido Comunista de China incluyó por primera vez al golf y la gula como violaciones a sus normas para evitar que los funcionarios participen en prácticas corruptas, a la vez que endureció las reglas contra las conductas sexuales impropias de sus miembros. El presidente chino, Xi Jinping, ha lanzado una dura campaña contra la corrupción desde que asumió el liderazgo del partido a fines del 2012 y la presidencia en el 2013. Decenas de funcionarios de alto rango han sido investigados o encarcelados. Las noticias de sobornos y el alto nivel de vida de los funcionarios, incluidos banquetes extravagantes, han provocado la ira generalizada del público debido a que los burócratas deberían vivir con salarios modestos y llevar vidas ejemplares en el aspecto moral. Las nuevas normas son una actualización de las regulaciones existentes y están diseñadas para señalar con mayor exactitud qué constituye una violación a la disciplina, informó en la noche del miércoles la agencia oficial de noticias Xinhua. Por primera vez, las reglas se aplican a los 88 millones de miembros del partido y también incluyen un código de ética, dijo Xinhua. Las nuevas normas hablan sobre "relaciones sexuales impropias" con otros, ampliando el rango de las prohibiciones que sólo se referían a "tener amantes y cometer adulterio". Las nuevas reglas también prohíben la formación de "camarillas" que busquen dividir al partido, ocultar temas personales que deberían ser informados y abusar de posiciones de poder para buscar beneficios para familiares y empleados. www.latercera.com
  25. Sondeos en la mira: Funcionarios del gobierno de Piñera controlan las encuestas Por Mario López M. Transformadas en una eficiente arma de lucha e influencia en el actuar de las personas, las empresas a cargo de los sondeos de opinión se encuentran en su inmensa mayoría sometidas al predominio casi exclusivo de la derecha en Chile. Nadie pareciera detenerse a examinar quién elije los temas a estudiar, elabora los cuestionarios, escoge a los entrevistados y selecciona los resultados a entregar. En nuestro país se ha asignado, sobre todo en el último tiempo por parte de los medios de comunicación de derecha, una credibilidad casi sacrosanta al valor de las conclusiones de las encuestas. Baste mirar como El Mercurio, La Tercera, la televisión y en general todos los medios que le son afines a la Alianza, no dudan en titular o abrir programas de noticias, dando por incuestionables los resultados que determinadas empresas publican. La Presidenta Bachelet ha sufrido semana a semana el acoso de la empresa Plaza Pública Cadem, creada en 2014 por un exfuncionario del gobierno de Piñera. Al definir su propia identidad, la empresa señala que “para cumplir con nuestra promesa, de que nuestra información sea oportuna y contingente, hemos implementado una metodología mixta entre encuestas telefónicas y presenciales (en puntos comunales de afluencia) que nos permitirá mejorar los estándares actuales de las encuestas telefónicas”. Las personas que no poseen teléfono y que residen en sectores marginales, no son consultadas. Esa es uno de los cuestionamientos metodológicos al sistema. Un arma peligrosa No se trata de demonizar los sondeos de opinión, sobre todo teniendo en cuenta que sus análisis no solo responden a materias políticas y cuyos aportes, dentro y fuera del país en otras áreas, son cada vez más valorados como instrumentos para campañas y toma de decisiones por particulares y autoridades públicas. Las encuestas en materia política, sin embargo, no son ni tan recientes ni tan creíbles como se cree. Tampoco escapan a la intencionalidad de quienes las aplican. Recién a los inicios de la década del 30 comenzaron a ser utilizadas en temas políticos y periodos electorales en el mundo. A finales de los 60 ya representaban un instrumento necesario para auscultar a los electores pero sería junto a la penetración masiva de la televisión, que las encuestas entran a ser derechamente una herramienta imprescindible de marketing, tanto para conocer qué desean los potenciales votantes y elaborar programas que intenten satisfacer sus necesidades como para potenciar las características positivas del candidato. Un arma de marketing de peligrosas consecuencias, encargada de dar por cierto lo que no siempre es. En nuestro país son aún de más reciente data. Las financian políticos, partidos, gremios empresariales, gobiernos y en general quien se interese por conocer qué piensa su potencial “clientela”. Pero debe sumarse en nuestra realidad dos hechos muy perniciosos. El primero que encuestadoras y quienes las validan -los medios masivos de comunicación-, son todos de derecha y segundo, que se encuentra muy en pañales la legislación que las regula, con apenas algunas limitaciones electorales, como las del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que prohíbe difundirlas 3 días antes de elecciones. Manipulación de resultados Y es justamente la prensa en nuestro país, mayoritariamente de derecha, la que entrega “credibilidad” a las encuestas que le benefician, e incluso llena titulares anunciando resultados que la experiencia demuestra, no son ni exactos e incluso algunos ni tan cercanos, pero logran el efecto de influir tanto en la opinión pública como en el comportamiento de la ciudadanía. Recuerde usted que previo al plebiscito en que resultara derrotado Pinochet, las encuestas lo daban ganador por un importante margen. Escándalo se originó también durante el gobierno pasado, cuando la empresa Adimark se negó a mostrar los resultados de una encuesta en pleno periodo eleccionario municipal en 2012. La empresa dirigida por Roberto Méndez se excusó de darla a conocer basada en que por un tema de “control de calidad interno” resolvió descartar los resultados. Las respuestas no se hicieron esperar y muchas provinieron desde los mismos personeros del gremio. En el peor periodo de Piñera, entre octubre de 2012 y enero de 2013, la encuesta Adimark sospechosamente dejó de realizarse Cristián Bofill, el hoy director de Canal13, siendo director del diario La Tercera, uno de los medios fuertemente cuestionado por los errores en los vaticinios de las encuestas que se publicaron en las semanas previas a las elecciones municipales de 2012, señaló: “Adimark, que predicó tanto sobre errores de otras, cancela encuesta octubre. No era que si sabían cómo hacerlas?”, señaló vía Twitter. No fue el único, el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus, cuestionó que existía un importante segmento social dejado de lado en los sondeos, por los mecanismos utilizados en esa medición, asegurando que en Adimark “ese problema lo han tenido siempre”. Piñera por tres… Por eso no deja de llamar la atención que detrás de las más conocidas empresas de sondeos de opinión pública y que se dedican a materias políticas, se encuentren la derecha y empresarios de ese sector. CEP, Adimark y últimamente Cadem son la mejor expresión de ello. No han estado ajenas a cuestionamientos, sobre todo por la redacción de las preguntas, la oportunidad de ellas, la selección de los encuestados e incluso por quienes están tras bambalinas. La CEP es dirigida por Harald Beyer, el acusado constitucionalmente exministro de educación del gobierno de Sebastián Piñera. Entre los directores de dicha entidad, los nombres de Arturo Fontaine, Eliodoro Matte, Wolf von Appen, Alfredo Alcaíno, Roberto Angelini, Juan Claro, Jean Paul Luksic, Joaquín Villarino, Bruno Philippi, Salvador Said, Luis Enrique Yarur y Sergio de Castro, son algunos de quienes son o han sido sus directores. Todos ligados a la derecha y el empresariado. Adimark, es dirigida por Roberto Méndez, un hombre de reconocidas ideas conservadoras y quien fuera ex asesor y muy cercano a Sebastián Piñera, lo que ha marcado para muchos la identidad y credibilidad de los sondeos de opinión en cuestiones políticas de esa empresa. Cadem por su parte, la más reciente en el mercado de la cosa pública (2014), es dirigida por Roberto Izikson, hombre de confianza de Sebastián Piñera durante su gobierno y quien era el encargado de las encuestas desde el “segundo piso” pasado. Proviene de la escuela “Méndez”. No fue nada lo que dijo… sino cómo lo dijo Un sondeo, más allá de sus resultados, se valida por la calidad y objetividad de sus herramientas sobre las cuales se construye el muestreo. No fue menor la controversia que levantó hace unos meses la encuesta CEP sobre materia educacional, la que fue duramente cuestionada por la metodología utilizada. Las preguntas que se efectuaron fueron denunciadas por su clara intencionalidad y manipulación del encuestado. A tanto llegó el tema que no pocos hicieron el ejercicio de dar vuelta el sentido de las preguntas, lo que terminaba arrojando un resultado muy distinto al dado a conocer por Méndez, que rechazaba el copago y la reforma. Así por ejemplo, el muestreo consultaba: -¿Cree usted que las universidades debieran ser gratuitas para todos los estudiantes o sólo para los estudiantes de familias con menos recursos? Distinto habría sido preguntar: ¿Cree usted que las universidades debieran ser pagadas por créditos millonarios para todos los estudiantes o sólo para los estudiantes de familias más ricas? También se denunció en noviembre 2011 por los propios empleados de Adimark -que estaban en huelga-, que cómo era posible que sin existir trabajadores en la empresa, se realizara una encuesta ese mes que otorgaba un aumento en la aprobación a Piñera. La entonces presidenta del sindicato Gloria Poblete, señaló que “tras un mes en paro laboral, y sin ningún trabajador en la empresa, no se explican cómo Adimark otorgó al gobierno (de Piñera) un repunte en su aprobación. Fue un regalo de cumpleaños, reconoció más tarde Roberto Méndez. Poblete señaló que “es muy probable que dada la cercanía de Roberto Méndez y elexpresidente Piñera, estos resultados se pudieron manejar”. No fue la única acusación. La dirigenta indicó que “más allá que Méndez sea asesor del gobierno, los trabajadores realizan su tarea en forma seria y a cabalidad, pero en esta ocasión, los resultados me parecen muy dudosos” y agregó que emplazaba al dueño de Adimark, Roberto Méndez, a que “aclare cómo obtuvo los resultados de esta última encuesta, ya que los trabajadores estaban en huelga”. Hechas a medida No solo las preguntas son determinantes en los resultados, sino que también la interpretación que la empresa hace de la misma. Por ejemplo, si se toma en las diversas encuestas el porcentaje que “rechaza” la gratuidad en la reforma educacional, ¿significa necesariamente que no la desea por no estar de acuerdo con que ella se lleve a efecto? Mírelo desde otro punto de vista. ¿No será que eventualmente la descarta porque estima que es insuficiente y que debería aumentarse la gratuidad o acortarse los plazos para que se lleve a cabo? Corriente fue ver a las autoridades de la pasada administración vanagloriarse del aumento del empleo según los sondeos encargados por ese gobierno, por ejemplo, pero nada decían acerca de la calidad del empleo, remuneraciones o condiciones de trabajo de los encuestados. El sondeo Casen fue otro ejemplo palmario que demuestra el manejo de los resultados al antojo de quien los presenta como favorables. Y sin ir más lejos el gran fracaso de “la encuesta de las encuestas” en el gobierno Piñera, el Censo, que demostró que los resultados entregados eran distintos a los obtenidos y ni siquiera resultaron fidedignos. Las encuestas en nuestro país adolecen de rigurosidad necesaria para otorgarles credibilidad. Muestreos previos en todas las últimas elecciones en Chile comprueban que más allá de “aproximaciones”, las diferencias con la realidad han sido muchas. Como método científico una encuesta debiera entregar resultados precisos. Para ello debe ajustarse a criterios de calidad en su metodología. Si ello no es así, los resultados no serán válidos. Las que se aplican en Chile, sobre todo en materia política en el último tiempo, dejan mucho que desear. No pasan control de calidad Así lo aseguró David Bravo, director del Centro de Microdatos “Estas encuestas (…) Tienen problemas metodológicos, no hay información metodológica que permita por ejemplo calcular el error muestral, no se reportan pilotajes o procesos para validar preguntas, no se muestran los cuestionarios, no se reporta el error de medición, no se conocen actividades que permitan dimensionar el error de procesamiento de la información, no tienen información sobre el tratamiento de la no respuesta, no se entrega documentación de los procesos de ajuste post-encuesta y los datos innominados no están disponibles”, acusó. En la misma oportunidad, en el seminario sobre “Encuestas electorales en Chile: una evaluación”, realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expuso Marta Lagos, directora de MORI quien criticó que “Internacionalmente hay códigos que norman detalladamente los procedimientos para hacer encuestas de calidad, pero lamentablemente en Chile no se aplican”. El cuestionamiento apunta a que “se ocupa la misma metodología para encuestar sobre distintos temas y no se asume que las encuestas electorales son una especialidad dentro de las encuestas de opinión”. Y ello no es menor pues se pueden perfectamente alterar resultados a partir de una deficiente metodología. Lagos señaló que los estándares de calidad pasan entre otras cosas porque los cuestionarios, por ejemplo, deben “explorar las dimensiones de las demandas ciudadanas, formular preguntas que apunten a responder las interrogantes relevantes para el votante, diferenciarlas según los distintos públicos y lograr diseñar un modelo interpretativo del comportamiento, deben ser "políticamente representativas"”. Gato por liebre No solo eso indica Marta Lagos: “en cuanto a las muestras, éstas deben ser representativas, es decir independiente del tipo de encuesta, debe tener una cobertura superior al 85%, de lo contrario la muestra no es adecuada para hacer estudios electorales. Asimismo, la ponderación por censo no es suficiente para una encuesta electoral y el tamaño de la muestra no debe ser inferior a los 1000 casos”. Basta ver que la mayoría de las encuestas están lejos de cumplir con esos parámetros. Para Marta Lagos, la situación es bastante seria. “En Chile se ha aceptado “vender leche cortada”, lo que conlleva a error a las personas que no tienen cómo distinguirla. Para ella, “Se requiere un sistema en que el público sepa cuál es el grado de blancura de una encuesta”. Por ello se ha atrevido a proponer que se instaure un sistema de acreditación obligatoria, organismo internacional de por medio y que los que publican encuestas electorales suscriban los códigos de la industria y se sometan a las medidas disciplinarias que un organismo internacional como WAPOR/ESOMAR, disponga si es que trasgreden los códigos”, indicó Las encuestas no son buenas o malas según beneficien o perjudiquen a nuestros candidatos o autoridades, sin embargo se requiere un mínimo de transparencia en el manejo de las mismas. Tampoco se puede ser juez y parte al momento de presentar como verídicos hechos que no han sido verificados por nadie, pero que sin embargo la derecha a través de sus medios de comunicación ensalza cuando les conviene… en el caso que sean ciertos, por supuesto. www.cambio21.cl
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