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  1. 17 Diciembre 2018 Héctor Leiva, fiscal: “Los que cometen estos delitos actúan en condiciones que favorecen la impunidad” Qué dificultades enfrentan fiscales y policías para identificar a los autores de hechos de violencia rural y qué herramientas se requieren para ello son preguntas que responde el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Héctor Leiva, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, responde por escrito a las preguntas de La Tercera con las cuales se busca conocer las razones de los escasos resultados que obtienen fiscales y policías al perseguir delitos catalogados como “violencia rural”, como son los robos con intimidación a camioneros e incendios a recintos públicos y privados. ¿Qué herramientas necesita la fiscalía para obtener resultados y condenar a los autores de violencia rural o actos terroristas? La fiscalía ha hecho formalmente sus observaciones para reformar la Ley 18.314 que regula y castiga conductas de carácter terrorista, en aspectos que dicen relación con la exigencia subjetiva de la normativa (hoy además de probar el tipo penal base debemos probar la finalidad de infundir miedo en la población, lo que resulta difícil en la práctica), y en la necesidad de incorporar herramientas investigativas como agentes encubiertos e informantes que sí están consideradas en delitos de drogas, de lavado de dinero, sexuales e, incluso, en algunos delitos patrimoniales. Esto permitiría a las policías obtener información de mejor calidad sobre quienes desarrollan estas acciones. ¿Por qué las policías, que actúan bajo la dirección de la fiscalía, no logran obtener evidencias para identificar a los responsables? Quienes cometen estos delitos actúan en condiciones que favorecen la impunidad. Normalmente con ausencia de testigos, en lugares despoblados donde no hay cámaras, en horarios en incluso condiciones climáticas adversas que dificultan la investigación. Utilizan guantes para no dejar huella y pasamontañas para no ser reconocidos e, incluso, hemos constatado que recogen los casquillos de las municiones que disparan para no dejar evidencias. Cuando no hay detenidos en flagrancia, debemos desarrollar investigaciones que por su complejidad requieren de mayores diligencias y tiempos de respuesta. En los pocos casos en que hay testigos las personas no quieren declarar, por miedo. Hay casos en que hay detenidos por receptación de vehículos robados, pero luego el tribunal declara ilegales las detenciones. ¿Hay fallas en el proceder de la policía? Hay que hacer el análisis caso a caso. En las situaciones que menciona, la fiscalía no ha compartido el criterio del tribunal y por lo mismo ha formalizado y seguido adelante con la investigación a pesar de la declaración de ilegalidad de las detenciones. Lamentablemente, para la receptación de vehículos la ley no contempla la posibilidad de un recurso de apelación por la ilegalidad de la detención, como sí ocurre en los robos, tráfico de drogas y otros delitos. ¿Es necesario mejorar los procedimientos de Carabineros y la PDI para evitar estas situaciones? Sin duda, considerando que muchas veces la posibilidad de una condena se frustra por situaciones de este tipo. Este año en el juicio por el ataque incendiario a una iglesia de Padre Las Casas dos de los acusados fueron absueltos porque el tribunal cuestionó el procedimiento policial en el que fueron detenidos a bordo de un vehículo, junto a las otras dos personas que resultaron condenadas. Durante 2018 la Fiscalía Regional puso en marcha un observatorio judicial de violencia rural que realizó un análisis estadístico y jurídico de la totalidad de sentencias absolutorias (…) Este diagnóstico nos servirá como insumo para seguir trabajando en la capacitación de las policías y otros organismos colaboradores para mejorar falencias. ¿Por qué la fiscalía decide no perseverar en delitos graves? Nos gustaría que en todos se lograra la identificación de los responsables y tener pruebas para condenarlo, pero cuando no ocurre necesariamente debemos adoptar decisiones como la de no perseverar. Como ocurre en cualquier otra fiscalía del país, aquí se deben usar racionalmente los recursos con que se cuenta -que siempre son escasos- y concentrarlos en casos de mayor gravedad o con probabilidades de un resultado. Y como expliqué antes, en estos casos desarrollamos investigaciones que por su complejidad requieren de mayores diligencias y tiempos de respuesta. A modo de ejemplo, en la investigación por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay trabajamos durante 3 años para identificar a las últimas personas que llevamos a juicio. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/hector-leiva-fiscal-los-cometen-estos-delitos-actuan-condiciones-favorecen-la-impunidad/448380/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/338285-programa-ascar-pdi-toma-158-declaraciones-y-revisa-60-carpetas-sobre-programa-ascar-del-sename/?hl=%2Bcaso+%2Bsename&do=findComment&comment=23613793 05 Agosto 2018 Caso Ascar: Fiscal no descarta citar a declarar a ex ministros en calidad de imputados La ex ministra de Justicia ya fue interrogada por esta causa en calidad de testigo. Marcos Emilfork pretende "determinar las responsabilidades en todas las esferas que sean necesarias". El fiscal a cargo del caso Sename no descarta citar a declarar a a los ex ministros de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco. El fiscal a cargo del caso Sename, Marcos Emilfork, dijo que no descarta citar a declarar en calidad de imputados a los ex ministros de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco por la presunta malversación de fondos públicos en el marco del programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar). Blanco ya fue interrogada como testigo por el equipo que investiga la causa, y por ahora Javier Lagos Rosales, ex coordinador de Ascar, se mantiene como el único imputado por estas irregularidades. Anteriormente, Rosales aseguró que en el programa procedían bajo instrucciones del ministro del momento, y que los gastos "se hicieron conforme a los procedimientos establecidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". En entrevista con Reportajes de La Tercera, Emilfork indicó que autoridades de otros gobiernos están siendo investigadas, y advirtió que "puede que en los próximos días la ex ministra Javiera Blanco y el ex ministro José Antonio Gómez sean citados en calidad de imputados". El fiscal añadió que "quienes trabajaban en Ascar sabían desde el principio que se trataba de un programa cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los niños en el sistema residencial. Lo mismo con el pago de subvenciones, donde también hemos encontrado inconsistencias en los pagos a privados por parte del Estado". "Estamos desarrollando con mi equipo una estrategia para determinar las responsabilidades en todas las esferas que sean necesarias, siempre con responsabilidad y de forma seria y objetiva", finalizó. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/proteccion/caso-ascar-fiscal-no-descarta-citar-a-declarar-a-ex-ministros-en/2018-08-05/122246.html
  3. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/343183-juicio-destitucion-fiscal-abbott-el-correo-donde-abbott-respaldo-al-fiscal-guerra-en-el-caso-penta/?hl=%2Babbott&do=findComment&comment=23983985 17 Octubre 2018 Solicitud de remoción: abogado de Abbott celebra rechazo mientras que el FA dice que “no es una buena señal” En fallo unánime los ministros del máximo tribual rechazaron la solicitud de destitución presentada por los parlamentarios del Frente Amplio en julio pasado. En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó la solicitud de remoción presentada por parlamentarios del Frente Amplio en contra del fiscal nacional, Jorge Abbott. La determinación, aunque coincide con lo vaticinado, claramente no dejó conforme a las partes. Mientras Luis Bates, abogado del máximo persecutor, celebró la decisión, quien representa a los diputados, Inti Salamanca aseguró que no es una buena señal. Si bien aún se debe conocer el detalle del fallo, Bates sostuvo que “pareciera que el fundamento más importante es la falta de envergadura que tienen las causales por las que se acusó. Eso es importante como referente, para que acusaciones de esta naturaleza se hagan con más fundamento y así no exponer al fiscal nacional a situaciones de esta naturaleza, atendidas sus funciones”. “La Fiscalía está investigando a la Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la Iglesia. En consecuencia, hay que proteger a los fiscales. Eso no significa que estén extensos de responsabilidad, pero para asignarles responsabilidad, se necesitan que sean hechos de extrema gravedad”, comentó. Consultado sobre si este tipo de solicitudes afectan a la institucionalidad, el abogado afirmó, agregando que con estas se pone “en la agenda política y pública la credibilidad y la probidad de la Fiscalía y eso es muy delicado por el efecto que produce en la ciudadanía”. “En el futuro tienen que tener más cuidado y que las causas sean extremadamente graves, de lo contrario se afecta a la institución. Una acusación infundada afecta a todo el sistema”, subrayó. Por su parte, Salamanca lamentó la determinación de los magistrados, por cuanto “la corte tenía la posibilidad de ordenar la casa. Lamentablemente la posibilidad de comportamiento a la cual debe someterse, no es de un grado elevado hoy en Chile, lo que permite no solo que esté en juicio la probidad administrativa, sino que también la fe pública en las instituciones del Estado”. “Estamos tristes, no es una buena señal para el país, sin embargo, no claudicaremos en ocupar las herramientas que nos confiere la Constitución para perseguir las responsabilidades políticas. Nos basamos, no solo en sentencias judiciales, la prueba que presentó esta parte era contundente”, sostuvo. Asimismo, se preguntó: “¿Acaso no es grave que un fiscal nacional que se inhabilitó para conocer de causa Penta, haya intervenido en dichas investigaciones?”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/solicitud-remocion-abogado-abbott-celebra-rechazo-fa-dice-no-una-buena-senal/364374/
  4. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/339691-ajuste-fiscal-los-90-millones-que-pago-la-moneda-en-radio-taxi-pag-2/page-2 23 Septiembre 2018 Ahorro fiscal: a julio gasto real en honorarios cae casi 20% pero aumenta 4,4% el de horas extras Estudio del Observatorio Fiscal analiza cuál ha sido la trayectoria de los ahorros comprometidos por el gobierno en el plan de ajuste para enfrentar la estrechez fiscal y las presiones de gasto. La evaluación tiene doble lectura: hay tendencia al ahorro en algunos ítem, pero otros aumentan el gasto. Viáticos, gastos en representación, honorarios, publicidad, compra de vehículos, horas extra y arriendo en infraestructura. Esas son las líneas generales de ahorro anunciadas por el Ejecutivo en abril, como parte del ajuste fiscal para enfrentar las presiones de gasto detectadas por la actual administración y un déficit estructural más alto del estimado. Se trata de los subtítulos 21, 22 y 29, que posteriormente fueron formalizados en un decreto de ajuste fiscal que tuvo una toma de razón no exenta de problemas tras ser cuestionado inicialmente por la oposición, devuelto por Contraloría para correcciones, y finalmente aprobado en julio con un recorte de US$1.063 millones para 2018. Los que bajan Según el análisis del Observatorio Fiscal, que recoge las líneas generales enunciadas en abril por el Ministerio de Hacienda, efectivamente se han observado ahorros en términos de gasto fiscal, aunque también se aprecian algunos incrementos (ver tabla). Entre las disminuciones de gasto más importantes está el ítem honorarios (con un gasto ejecutado a julio de $210 mil millones), que muestra una caída de casi 20% en términos reales, es decir, comparando el avance del gasto a julio de 2017 versus el mismo período de 2018, lo que podría haber sido incidido por el aumento de las contratas. Esta cifra también es inferior al promedio del gasto de los últimos tres años a julio (2014-2017) que tuvo un ritmo de crecimiento de 14,2%. Si se toma cuanto “pesa” el gasto en honorarios dentro del total aprobado para el Gobierno Central en el Presupuesto, también hay un retroceso: entre enero y julio de 2017 los recursos del ítem crecieron 1,1% versus el 0,9% el mismo período de 2018. De acuerdo al Observatorio, las carteras que más han disminuido este gasto son el Servicio Electoral con 9 puntos porcentuales (pp) de baja; los ministerios de Economía y Agricultura (más de 2pp) y Vivienda (1,2pp). Otro de los ítem que evidencia ahorro es el de viáticos nacionales y al extranjero (con un monto ejecutado a julio por $50 mil millones) que al cierre del primer semestre disminuyeron en 8,8% real, por debajo del promedio de 10,8% del trienio 2014-2017 para el mismo período y también con un retroceso en relación al gasto neto de 0,21% versus 0,23% del mismo período de 2017. El reporte indica que las áreas que más han disminuido este gasto son los ministerios de Relaciones Exteriores (0,6pp de su gasto total), de Bienes Nacionales y Medio Ambiente (0,2pp) y Segegob (0,13pp). También retroceden los gastos asignados a publicidad y difusión, que si bien tienen un volumen menor dentro del Presupuesto ($12 mil millones a julio en ejecución), son más políticamente “cuestionables”. Así, en términos reales este gasto al 30 de julio cayó casi 30%, representando un 0,05% del gasto neto del gobierno, mientras que ambos porcentajes se ubican por debajo de su promedio de los últimos 3 años. El Observatorio también hizo notar lo que ocurre con los recortes al programa Más Capaz que al primer semestre disminuyó su gasto en 60% real, en tanto que su presupuesto actualizado a julio se redujo 18%, en línea con lo informado por el Ejecutivo para el programa.Los que suben. El informe muestra aquellos ítems que en vez de disminuir su gasto lo han aumentado. Aquí aparece el gasto en horas extraordinarias que al 30 de julio aumentó en 4,4% real con respecto al año anterior (con una ejecución de gasto a julio de $86 mil millones), representando un 0,35% del gasto neto del gobierno. Ambos porcentajes, observa el informe, se encuentran por sobre su comportamiento de tendencia de los últimos 3 años. Agrega que los ministerios con mayor incidencia en este aumento son la Segpres (0,4pp), Segegob (0,15pp) y la Contraloría (0,1pp). Lo mismo ocurre con el ítem arriendo de infraestructura, con un aumento real de 10,5% frente al mismo período de 2017 (con un gasto a la fecha del reporte de $75 mil millones), y representando un 0,3% del gasto neto del gobierno. Nuevamente ambos porcentajes están por sobre el promedio 2014-2017, en tanto que los ministerios con mayor incidencia son Segpres (0,6pp), Segegob (0,5pp) y Energía y medio Ambiente (0,4pp). El Observatorio Fiscal hizo notar un ítem adicional, que se consideró en el detalle del decreto de julio: el gasto en servicios técnicos y profesionales que aumentó su gasto en términos reales de 8,25%, con una ejecución del gasto a la fecha de $113 mil millones, equivalente al 0,46% del gasto neto del gobierno y también como en caso anteriores, superior al promedio de los últimos tres años. Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/ahorro-fiscal-julio-gasto-real-honorarios-cae-casi-20-aumenta-44-horas-extras/328028/
  5. 05 Agosto 2018 Caso Sename: Fiscal indica que 278 muertes de niños no fueron denunciadas Marcos Emilfork explica que antes de su investigación no existió la posibilidad de reconstruir las circunstancias de estos fallecimientos. Según el fiscal Emilfork, el Estado "violó los derechos humanos de los niños". Marcos Emilfork, el fiscal que lleva el caso del Sename, indicó que 278 de las 878 muertes de niños que investigó junto a su equipo nunca fueron denunciadas por sus familiares ni sus cuidadores. En su entrevista con Reportajes de La Tercera, el persecutor relató que cuando solicitó a la institución la cantidad exacta de menores que murieron en distintas residencias entre 2005 y 2016, le respondieron que esa información no existía. "A poco andar nos dimos cuenta de que había muchos otros casos, muchos otros nombres, niños, niñas que fallecieron por distintas razones, casos que nunca se denunciaron y, por tanto, nunca hubo una investigación", explica el persecutor. Según Emilfork, en el caso de los 278 decesos que no fueron notificados, que corresponden al 32 por ciento del total, "nunca existió la posibilidad desde un órgano independiente de reconstruir las circunstancias en que falleció ese niño o niña, más allá de si existe responsabilidad penal o no". Respecto al informe entregado por las Naciones Unidas esta semana, el fiscal aseguró que "viene a sostener lo mismo que dijimos nosotros cuando formalizamos la investigación de Lissette y es lo que vamos a sostener al momento de acusar. Este se trata de un caso de apremio ilegítimo. El Estado cometió apremios y también violó los derechos humanos de los niños en democracia". Pasar de los diagnósticos a la acción Ante estas declaraciones, el diputado parte de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja Gustavo Sanhueza (UDI) reconoció que "siguen ocurriendo hechos dolorosos y lamentables, y siguen muriendo niños en los centros. Esto no se acaba de un día para otro, tenemos que pasar de los diagnósticos a la acción". "El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tomó una decisión de fondo, y por otro lado, la solución de hacer una reingeniería total, porque esto no está funcionando, entonces no sacamos nada con seguir haciendo lo mismo", añadió. En tanto, la diputada Camila Flores (RN) enfatizó que en este caso han ocurrido "muertes horribles" y urgió que "las responsabilidades se deben perseguir caiga quién caiga, da lo mismo si es una autoridad o son personas de la sociedad civil". "No es posible que estos hechos tan lamentables queden en impunidad, por lo tanto necesitamos el máximo rigor de la ley y que todos aquellos que hayan cometido acciones y omisiones respecto de estos terribles decesos paguen sobre estos crímenes", sentenció. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/proteccion/caso-sename-fiscal-indica-que-278-muertes-de-ninos-no-fueron-denunciadas/2018-08-05/152918.html
  6. 04 Agosto 2018 Fiscal Raúl Guzmán: “En la Iglesia hay voluntad de colaborar, eso hay que traducirlo en hechos” El persecutor, que indaga los delitos sexuales cometidos en las escuelas de la congregación Marista en Chile, rastrea qué pasó con las denuncias eclesiásticas en la Iglesia. El fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán no solo estuvo atento al avance de las investigaciones por delitos sexuales en la Congregación Marista. Esta semana, siguió con atención el mensaje que la Iglesia enviaba desde Punta de Tralca, pues ahora cuenta con amplias facultades para indagar a la Congregación Marista en todo el país. ¿Cómo toma esta decisión? Es una decisión del fiscal nacional, con el objetivo de dar una mejor atención a las víctimas, facilitar el contacto con ellas, también facilitar la denuncia y la adherencia con el proceder que significan estas investigaciones. Además nos facilita las diligencias en otros puntos del país. ¿Cuantas personas investigan en la congregación? 25 personas investigadas. En ese contexto hay 35 víctimas, lo que puede variar a lo largo del tiempo. ¿Ha logrado establecer encubrimiento de estos casos? Hasta el momento estamos investigando la realización directa de hechos constitutivos de delito, es decir, los autores. Una vez que tengamos más antecedentes si estos hechos fueron conocidos con anterioridad por alguien que tenga una obligación de denunciar y si estos hechos una vez que le fueron comunicados no se investigaron por la participación intencionada de alguien, sin duda que se puede investigar la omisión de denuncia, la obstrucción a la investigación o eventualmente el encubrimiento. ¿Estos hechos fueron denunciados al interior de la Iglesia? Tenemos algunos antecedentes de esos hechos que se han incorporado a la investigación y que fueron indagados en su oportunidad por otra instancia eclesiástica. Sin embargo, estamos haciendo otros requerimientos y particularmente lo que se está requiriendo al Vaticano dice relación con un informe que va a tener una generalidad de otros involucrados o de otros hechos que nos van a permitir esclarecer o nuevos delitos o bien ratificar lo que hoy día estamos investigando. ¿Se refiere al informe Scicluna? Efectivamente. ¿Hay relación del excanciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, con los hechos que investiga? Sostuve una reunión con el fiscal Emiliano Arias para coordinar diligencias, sobre todo analizar la evidencia que tenemos en cada una de las investigaciones ya que pueden haber en nuestras carpetas información relevante para su investigación y viceversa. ¿Pero han logrado constatar encubrimiento de parte de Muñoz? Una vez que tengamos más antecedentes estaremos en vías de esclarecer si hubo otro tipo de participación como el encubrimiento. ¿Qué trabaja con el fiscal Arias? Estamos analizando algunos antecedentes, quizá la próxima semana vamos a tener una mayor claridad sobre eventuales nuevos hechos. ¿Se ha hecho seguimiento para saber qué ocurría con las denuncias que llegaban al arzobispado? Efectivamente existe un procedimiento cuando se efectúan las denuncias ante las autoridades eclesiásticas. Sabemos cómo funcionaba, cómo operaba, dónde pasaban las distintas instancias que existían dentro de la Iglesia para conocer, investigar y sancionar estos hechos y también para el cumplimiento de estas sanciones. ¿Ha habido colaboración efectiva? En la Iglesia hay una voluntad de colaborar, eso hay que traducirlo en hechos. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscal-raul-guzman-la-iglesia-voluntad-colaborar-traducirlo-hechos/269767/
  7. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/329833-caso-luchsinger-mackay-juez-que-absolvio-a-comuneros-en-caso-luchsinger-se-inhabilita-de-juicio-por-quema-de-iglesia-pagina-2/page-1 Fiscal Alberto Chiffelle tras veredicto en caso Luchsinger Mackay: “Aquí se logró establecer la verdad” El fiscal además se refirió sobre la absolución de la machi Linconao, asegurando que "hay que esperar la sentencia para saber la razón que tuvo el tribunal para, por mayoría no pronunciarse por su condena". El fiscal Alberto Chiffelle manifestó que “aquí se logró establecer la verdad” luego de que se diera a conocer el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal sobre los once imputados por el caso Luchsinger Mackay, que resultó con tres de los acusados declarados culpables. “Hoy se logró establecer, con el veredicto que escuchamos, que el hecho que nosotros siempre hemos sostenido es de carácter terrorista”, aseguró el fiscal, y rescató que tribunal acogiera la tesis“que al menos los tres de los acusados tienen participación directa” en la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay El fiscal señaló que “desde los inicios de este caso, cuando formalizamos a los once imputados y lo acusamos, se fue estableciendo en distintos medios una post verdad que era una verdad tergiversada de cierta manera, donde se puso a los imputados como víctimas de esta investigación”. Hoy pasadas las 10 horas en Temuco se condenó a tres imputados, a José Peralino Huinca, José Trancal Coche y Luis Trancal Quidel como autores de delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista en el caso Luchsinger Mackay. Al mismo tiempo se absolvió a ocho imputados, entre ellos a la machi Francisca Linconao por falta de pruebas en la participación del hecho. Al respecto el fiscal señaló que “hay un voto en contra, del juez Vara, que ella debió haber sido condenada. Hay que esperar la sentencia, porque el veredicto no dice nada al respecto para saber la razón que tuvo el tribunal para, por mayoría, no pronunciarse por su condena”. En lo que respecta a las sentencias a los tres acusados, el fiscal Chiffelle asegura que “tienen que ser condenados a al menos 20 años y un día”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/fiscal-alberto-chiffelle-tras-veredicto-caso-luchsinger-mackay-aqui-se-logro-establecer-la-verdad/154589/
  8. El caso de maltrato laboral que podría complicar al Fiscal Nacional ante la Corte Suprema El episodio sería incluido en la solicitud de remoción que, en los próximos días, presentaría el Frente Amplio contra el jefe máximo del Ministerio Público. En octubre del año 2016, el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago determinó que dicha institución había vulnerado las “garantías constitucionales” de Claudia Muñoz, una administradora pública que se desempeñó cuatro años en el servicio, que denunció en dos ocasiones el acoso y el abuso recibidos por parte de otra funcionaria de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía, y que terminó despedida, a pesar de estar con licencia, a través de una carta firmada por el propio Jorge Abbott. A finales de marzo de 2016, la administradora pública Claudia Muñoz fue despedida del Ministerio Público, por medio de una carta firmada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, tras cuatro años trabajando en la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión del citado organismo. Un período que no resultó fácil y en el que fue víctima de “acoso y abuso laboral", según consta en una sentencia del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago. Este caso sería uno de los argumentos –en paralelo al incumplimiento de su inhabilitación en el Caso Penta– que se considerarían en la solicitud de destitución que está por enfrentar el Fiscal Nacional y que sería presentada en los próximos días formalmente ante la Corte Suprema. La historia se remonta al año 2015, cuando Muñoz trabajaba en la referida División de Estudios, donde también se desempeñaba Erika Flores, quien estaba a cargo de coordinar la unidad en la que prestaba servicios la administradora pública y de la cual fue trasladada luego de denunciar una serie de eventos en los cuales Flores “desacreditaba y criticaba el trabajo de otros miembros de la unidad de forma pública”. Muñoz denunció en dos ocasiones los maltratos recibidos ante el gerente de la división, Claudio Ramírez: la primera de forma oral y, la segunda, a través de una carta firmada, junto a 11 funcionarios, la que fue entregada el 14 de diciembre de 2015. Solo tres meses después se vieron algunos resultados, como la instrucción de la Fiscalía Nacional, del 23 de marzo, de iniciar una investigación, la que finalmente no habría arribado a puerto. En medio de este proceso, la administradora pública acudió a la Asociación Chilena de Seguridad, la cual le otorgó una licencia médica, a partir del 15 de marzo de 2016, basada en los reiterados casos de acoso y abuso laboral sufridos. A pesar de encontrarse con licencia, Muñoz recibió la notificación de su despido, por medio de una carta firmada por Abbott, en su calidad de Fiscal Nacional. La idea de presentar una solicitud de remoción contra el fiscal Abbott surgió de un grupo de parlamentarios liderados por el Frente Amplio y esta sería ingresada a la Corte Suprema entre el viernes 15 y el martes 19 de junio, según explicó el diputado Tomás Hirsch. Si bien no quiso dar ningún pormenor del contenido argumentativo de la solicitud, señaló que aún se encuentran afinando los últimos detalles del documento final, pero recalcó que tiene certeza de que “existen los argumentos suficientes” para que la Corte Suprema declare admisible la solicitud. Frente a esta situación, la administradora pública acudió a tribunales y presentó una denuncia de tutela laboral “por vulneración de derechos fundamentales”, ante el Segundo Juzgado del Trabajo en la capital, la que fue acogida y finalmente suscrita, a pesar de la apelación del Ministerio Público. En la sentencia se recalcó que la Fiscalía, “conociendo del hostigamiento laboral de que estaba siendo objeto” la denunciante, “no solo no hizo nada, sino que pese a haber sido representado ello en forma grupal, la jefatura de la división tomó una actitud de reproche hacia los reclamantes”. El fallo agregó que se vulneraron las “garantías fundamentales de la denunciante doña Claudia Andrea Del Carmen Muñoz Orellana, específicamente su integridad psíquica con ocasión o a causa del despido, materializado mediante acta de notificación de resolución que pone término al contrato de trabajo de 31 de marzo de 2016”. Y que, en las pruebas presentadas, “se da cuenta de un hostigamiento permanente en el tiempo, por parte de la funcionaria, Erika Flores”. No solo eso. Según consta en la sentencia, Flores incurrió en un trato altanero con sus compañeros de trabajo, y hasta fue acusada de “agresión física en contra de otro funcionario” del Ministerio Público. Finalmente, el fallo destacó lo injustificado del despido, detallando que la misma división de la cual fue desvinculada Muñoz incorporó “cinco cargos más en el año 2016”. Conocedores del caso destacaron que la Fiscalía solo “pretendió acallar cualquier reclamo o denuncia por acoso al interior de la misma división”. La idea de presentar una solicitud de remoción contra el fiscal Abbott surgió de un grupo de parlamentarios liderados por el Frente Amplio y esta sería ingresada a la Corte Suprema entre el viernes 15 y el martes 19 de junio, según explicó el diputado Tomás Hirsch. Si bien no quiso dar ningún pormenor del contenido argumentativo de la solicitud, señaló que aún se encuentran afinando los últimos detalles del documento final, pero recalcó que tiene certeza de que “existen los argumentos suficientes” para que la Corte Suprema declare admisible la solicitud. No fue la única En el pasado, ya ha habido otros casos que han complicado al Fiscal Nacional, los que en su mayoría terminaron teniendo una salida consensuada entre ambas partes. Uno de ellos es el de Paulina Ruiz, dirigenta sindical del Ministerio Público, hecho que data del 2016, cuando el 1 de agosto de ese año distintos dirigentes sindicales llegaron hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer una serie de casos en los que se acusaba de atentar contra los derechos fundamentales de los funcionarios de la Fiscalía. Tras la sesión, Ruiz –que ejercía como presidenta de la Fenamip– fue entrevistada por CNN sobre lo expuesto en la comisión y, al día siguiente, el Fiscal Nacional hizo saber, por medio de un correo electrónico a los funcionarios, su “profundo malestar y decepción por el equívoco mensaje” entregado por la dirigenta sindical e, incluso, planteó que había sembrado “gratuitamente la desconfianza entre todos quienes tenemos el orgullo y responsabilidad de servir al Ministerio Público”. El 30 de agosto, Ruiz fue notificada por el Fiscal Regional Metropolitano de Occidente de una causa abierta en su contra por sus declaraciones en televisión y, tres días después, se le informó que había sido el propio Abbott quien había ordenado “abrir una investigación criminal” en su contra bajo el ítem “otros hechos”. Entre las pruebas recopiladas en dicha causa, se encontró un compilado de distintas intervenciones en medios de dirigentes gremiales del Ministerio Público, por lo que la Fenamip presentó una denuncia por prácticas antisindicales en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. El 30 de enero de 2017, ambas partes llegaron a un acuerdo, el cual puso fin a la causa laboral y que fue firmado por el propio Abbott, por Ruiz y el abogado de la organización gremial, Mauricio Daza, quien colaboró en un principio con el equipo que hoy lleva a cabo la solicitud de remoción del Fiscal Nacional. Este actuar de Abbott con sus funcionarios podría ser constitutivo de “negligencia manifiesta”, por hacer caso omiso de la investigación que estaba llevando adelante la misma Fiscalía interina del Ministerio Público, tal como detalla la sentencia del Juzgado del Trabajo. Argumento que también aplicaría respecto de las reuniones por el Caso Penta que mantuvo con el actual ministro Hernán Larraín y uno de los abogados en la causa. http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/12/el-caso-de-maltrato-laboral-que-podria-complicar-al-fiscal-nacional-ante-la-corte-suprema/#print-compact
  9. 27 Abril 2018 Parlamentarios rechazan dichos del fiscal Jorge Abbott y preparan solicitud de destitución La diputada Claudia Mix está trabajando en una solicitud de destitución del fiscal nacional, a raíz de sus dichos de que el trabajo del Ministerio Público no afecte el funcionamiento de otros poderes del Estado. La ley establece que 10 parlamentarios pueden solicitar su salida, que sería revisada por la Corte Suprema. Indignación en el mundo político generaron los dichos del fiscal nacional Jorge Abbott, quien el martes pasado en su cuenta pública pidió indirectamente a los fiscales del país no seguir adelante en causas judiciales contra parlamentarios. “Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”, dijo la máxima autoridad del Ministerio Público. “Debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular”, agregó. Los dichos lo llevaron a enfrascarse en una pelea mediática con el fiscal Carlos Gajardo, quien recordó que la primera acción que tomó Abbott fue sacarlo a él y a Pablo Norambuena de la causa SQM. Dijo además que él le comunicó personalmente al fiscal nacional sobre las evidencias de posible cohecho cometido por Pablo Longueira en la tramitación de la Ley del Royalty. “La respuesta fue que le parecían que las filtraciones eran más graves y que esos hechos no eran necesariamente constitutivos de delitos”, dijo Gajardo. Abbott no se quedó tranquilo y lo acusó de que “el personaje se lo comió” en una entrevista con T13 Radio. En esa misma conversación, insistió en no perseguir a políticos porque “mientras los parlamentarios están desaforados, las personas no están representadas y eso altera la democracia”. Impugnación en el aire El artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público lo manifiesta así las posibilidades de remoción del máximo persecutor: “El Fiscal Nacional solo podrá ser removido por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”. La solicitud de dimisión debe ir acompañada de medios de prueba que la motiven y, si estos se aceptan, pasará a ser revisada por la Corte Suprema, que necesita cuatro séptimos de sus miembros para que se produzca la remoción. El quórum inicial de 10 diputados de la República no se ve impensado ante el rechazo que han manifestado varios parlamentarios hasta ahora a los dichos de Abbott. “Se debe perseguir sea político, sea senador, sea diputado, sea obispo o una persona natural. No tiene que haber un privilegio. Esto contraviene absolutamente la igualdad que está establecida por la Constitución, donde todos somos iguales ante la ley”, aseguró Carlos Bianchi, vicepresidente del Senado. Varios manifestaron su rechazo a través de Twitter, como Maite Orsini, Hugo Gutiérrez, Gabriel Boric y Gonzalo Winter. Sin embargo, la única parlamentaria que habló directamente de la destitución fue Claudia Mix, de Poder. El equipo de Mix está preparando la solicitud de destitución para compartirla con el resto del Frente Amplio, bancada que dobla el mínimo establecido por la ley para solicitar la salida de Abbott. En paralelo, están preparando un proyecto de ley que quite el fuero a los parlamentarios. Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/27/parlamentarios-rechazan-dichos-del-fiscal-jorge-abbott-y-preparan-solicitud-de-destitucion/
  10. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/331521-deficit-fiscal-gobierno-reconoce-que-no-cumplio-meta-tras-deficit-fiscal-estructural-de-17-en-2017/?hl=%2Bdeficit+%2Bfiscal 24 Marzo 2017 Eyzaguirre insiste que no hubo un cambio intencional en el cálculo del déficit fiscal y explica la polémica variación porcentual El ex ministro de Hacienda señaló que "es importante preguntarnos si esta modificación tendrá alguna incidencia en el devenir fiscal futuro de la economía. Muy poco". Polémica causó la diferencia en el déficit estructural que dejó el Gobierno de Michelle Bachelet, el cual fue dado a conocer un día antes del cambio de mando. Así, en vez de ser un -1,7% del PIB como se había dicho inicialmente, la cifra terminó siendo un -2,1%. Frente a ello, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre admitió que se produjo un error en el cálculo del déficit por parte de los técnicos de la Dirección de Presupuestos, pero que no hubo una modificación intencional. A raíz de lo anterior y de las últimas críticas de parte del ministro de Economía, José Ramón Valente, quien dijo que el "el Gobierno anterior le mintió a todos los chilenos", Eyzaguirre insistió en su postura a través de una carta publicada este sábado en El Mercurio. "Quisiera precisar que no ha habido modificación alguna en el balance, déficit y endeudamiento efectivo al 31 de diciembre de 2017", escribió. "La Dirección de Presupuestos corrigió, en los primeros días de marzo, su estimación del balance estructural para dichos años, corrección que fue informada previamente a las autoridades entrantes y al Consejo Fiscal Asesor. La nueva cifra entrañaba un déficit estructural de 2,1% del PIB, superior en 0,4% puntos porcentuales al previamente informado", agregó. Además, explicó por qué se produjo esta situación. "Esta modificación obedeció a una corrección en el precio efectivo de venta de cobre obtenido por Codelco, el que habría resultado superior al previamente imputado. Esto, como se señaló, no afectó al balance efectivo, por cuanto este se confecciona sobre la base de los traspasos materializados por parte de Codelco", precisó. Finalmente, el otrora ministro de Estado le bajó el perfil a lo sucedido y dice que, a pesar del error de cálculo, "más importante es preguntarnos si este cambio tendrá alguna incidencia en el devenir fiscal futuro de la economía. Muy poco", enfatizó. Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/03/24/899924/Nicolas-Eyzaguirre-insiste-que-no-hubo-una-modificacion-en-el-calculo-del-deficit-fiscal-y-explica-la-polemica-variacion-porcentual-del-PIB-2017.html
  11. 30 Enero 2018 Gobierno reconoce que no cumplió meta tras déficit fiscal estructural de 1,7% en 2017 El balance fiscal estructural (largo plazo) solo bajó 0,1 punto del PIB, cuando el compromiso era 0,25 puntos. “Al depender de los resultados la convergencia no es tan fácil”, dijo el Director de Presupuestos, Sergio Granados. La meta autoimpuesta en 2015 por el gobierno de Michelle Bachelet, de reducir el déficit fiscal estructural (de largo plazo) en 0,25 puntos del PIB por año, no se cumplió en 2017, según lo informó el propio Director de Presupuestos (Dipres), Sergio Granados, al dar a conocer el cierre de las cuentas públicas del año pasado. “No recaudamos lo que pensábamos que íbamos a recaudar”, explicó Granados, señalando que el déficit estructural cerró levemente sobre los $3,08 billones, es decir, en torno a US$ 5.070,5 millones, lo que implica un déficit de 1,7% del PIB. Así, comparado con el resultado de 2016 (-1,8% del PIB), solo mejoró el balance en 0,1 puntos, incumpliendo la meta que estableció el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés en 2015. De hecho, en el Estado de la Hacienda Pública del año pasado, el gobierno indicó que el déficit estructural de 2015 fue 1,9% del Producto (usando los parámetros estructurales de cobre y PIB tendencial del Presupuesto 2018), por lo que en ninguno de los dos años se logró implementar la nueva regla, de reducir el déficit de largo plazo en 0,25 puntos del PIB por año. Menos aún se logró cumplir lo comprometido por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, cuando en octubre de 2014 enfatizaba que “el balance estructural es lo que guía nuestra política fiscal. En el Presupuesto de 2018 vamos a estar convergiendo a un erario equilibrado estructuralmente”. Aún así, Granados defendió la “señal de política” que implica tener este compromiso fiscal, planteando que “hemos hecho una larga discusión, respecto de que la meta se plantea en términos presupuestarios. Presupuestariamente siempre hemos planteado 0,25 puntos, pero el resultado depende del comportamiento de los ingresos y de los gastos”. Recalcando su idea, el director de Dipres indicó que “los ingresos no los manejamos”, y agregó que “al depender de los resultados, la convergencia no es tan fácil (…) los resultados dependen de varios factores que uno no maneja”. Respecto de la falla en el cálculo en el caso de los ingresos, que crecieron 4,7% real frente a 2016, Granados comentó que “nuestra economía está ralentizada”, haciendo referencia al magro crecimiento de 1,5% proyectado (por el consenso de mercado) para 2017. En el caso de la política fiscal, afirmó que “el compromiso que hemos hecho es mantener estables los gastos; no hemos sobreejecutado más que 0,5%, específicamente porque hemos tenido un año de emergencias”. Además, planteó que “los gastos operacionales de salud no se cumplen”, momento en que aprovechó de advertir que “el sistema de salud es un problema que va a tener que atacar el próximo gobierno”. De esta manera, y pese al compromiso de estabilización del gasto que enfatizó Granados, Dipres informó que el déficit efectivo de 2017 alcanzó 2,8% del PIB, siendo el mayor balance negativo desde 2009.(Ver infografía). Reacción del mercado Pese a estas explicaciones, los analistas criticaron duramente el manejo fiscal del presente gobierno, apuntando a las decisiones de gasto, y también a las expectativas de recaudación que generó la reforma tributaria. Patricio Rojas, economista y socio de Rojas & Asociados, planteó que “en el periodo de Michelle Bachelet (2014-2017) el gasto público creció en promedio 5,5%, y la economía crece en torno a 1,9%, lo que da cuenta que el gasto está completamente desalineado del comportamiento de la actividad”. Así, remarcó que “en materia fiscal hubo un deterioro significativo durante este gobierno, considerando además que sin el alza del precio del cobre el segundo semestre -que no estaba anticipado- tendríamos un contexto de recaudación mucho más pobre, y por tanto un déficit mayor”. Rojas apuntó al rendimiento de la reforma tributaria, asegurando que “probablemente se calculó una resultado que finalmente no se alcanzó en la recaudación efectiva, que es bastante escuálida, y solo generó mayores recursos por medidas específicas que no se repetirán los siguientes años, como la declaración de capitales en el exterior, o la ventana de pago del FUT”. En este sentido, el economista destacó que los ingresos tributarios de los contribuyentes no mineros crecieron solo 0,3% respecto del año anterior, mientras que el aporte de la minería privada avanzó 6.513,3% frente al prácticamente nulo aporte que realizó en 2016. Asimismo, Dipres informó que en el caso de Codelco, el aporte creció 46,7% real anual. Por su parte, Tomás Flores, economista y académico de la U. Mayor, sostuvo que “evidentemente la reforma tributaria tuvo un rendimiento muy inferior al esperado. El cambio del comportamiento del contribuyente, junto al menor crecimiento económico que generó, llevó a que los ingresos fiscales crecieran mucho menos que lo proyectado por el ex ministro Alberto Arenas”. Además, Flores señaló que si bien el ministro Rodrigo Valdés “intentó moderar el gasto, había un impulso detrás que fue muy difícil de revertir”. Ambos factores, remató Flores, llevaron a que “el endeudamiento del gobierno prácticamente se duplicó en estos cuatro años, pudiendo cerrar en 25% del PIB al cierre de 2017”. Mirando el legado fiscal que heredará la siguiente Administración, el economista indicó que “esta situación le impone al próximo gobierno, en especial al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, una exigencia mucho mayor. En lugar de recibir cuentas fiscales ordenadas, tienen una economía degrada en su clasificación de riesgo, y con gastos comprometidos no compatibles con los ingresos”. Gasto corriente y de capital Otro de los factores que generó críticas en los especialistas fue el aumento de gasto corriente en la ejecución 2017, ya que al crecer 6,5% real frente a 2016, implicó que se sobreejecutara este tipo de gasto en 101,6%, parte de la explicación de la ejecución de 100,5% del gobierno central. En el desglose, se observa que gran parte de este mayor gasto se dio en Personal, que subió 5,9%, mientras que la compra de bienes y servicios de consumo y producción aumentaron 4,3%. En tanto, el gasto corriente destinado a intereses subió 12,8%, subsidios y donaciones 6,9%, y las prestaciones previsionales 5,1%. Visto por ministerio, la cartera de Salud tuvo una sobre ejecución de 114,9%, mientras que Interior registró una ejecución de 105,8%. Trabajo, por su parte, sobreejecutó su gasto corriente en 104,8%, y Defensa en 100,5%. Al contrario, analistas enfatizaron la fuerte caída del gasto de capital, (-3,1% real anual), lo que significó una segunda contracción de este gasto desde 2016 (cuando bajó 4,8%). En este caso, Vivienda anotó una sobre ejecución de 100,7%, pero el resto de las principales carteras subejecutó su gasto de capital aprobado. Por ejemplo, Obras Públicas ejecutó un 98,5%, Salud alcanzó 97,5%, e Interior llegó a ejecutar 90,1%. Lejos de los demás ministerios, Educación volvió a dar cuenta de problemas para ejecutar inversión, llegando apenas a 75,9% del gasto capital aprobado. Fuente: http://www.latercera.com/negocios/noticia/gobierno-reconoce-no-cumplio-meta-tras-deficit-fiscal-estructural-17-2017/52197/
  12. 29 Diciembre 2017 Fiscal regional Andrés Montes renuncia al Ministerio Público A través de un correo enviado a otros persecutores y funcionarios, comunicó que el 12 de enero se hace efectiva su dimisión al cargo. Durante la jornada de este viernes, el persecutor jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, el fiscal Andrés Montes Cruz, renunció al Ministerio Público. De esta forma, Montes deja vacante el cargo que asumió el 15 de septiembre de 2010, luego de que el fiscal nacional de ese entonces, Sabas Chahuán, lo nombrara en el cargo. A través de un correo enviado a otros persecutores y funcionarios, comunicó que el 12 de enero se hace efectiva su dimisión al cargo. Como se ha informado hasta ahora, el motivo de su renuncia es que ganó concurso por Alta dirección Pública para desempeñarse en el cargo de Fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero. El fiscal regional Centro Norte Andrés Montes cumplía su periodo el 17 de septiembre 2018, por lo que adelantó su salida en nueve meses. Por Ley, estaba imposibilitado de retomar su cargo como fiscal adjunto, pues los jefes regionales tienen fecha de salida tras los ocho años que dura su cargo. Dentro de su currículum, un detalle no menor, es que Montes instruye el caso Cascadas, en el que aún está pendiente una eventual formalización al ex controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. Además, preparó la prueba, pero no estará en el juicio oral de Aldo Motta. Como fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero, realizará indagatorias administrativas a empresas que violen la ley de mercado de valores o usen información privilegiada. Funciones que antes las realizaba el SVS. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscal-regional-andres-montes-renuncia-al-ministerio-publico/ Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aceptó renuncia del Fiscal Metrop. Centro Norte, Andrés Montes, quien asumirá como Fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero. Junto con agradecer su compromiso con el Ministerio Público, le deseó el mayor de los éxitos en sus nuevas tareas. — Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) 29 de diciembre de 2017
  13. 06 Noviembre 2017 Asaltan domicilio del fiscal Carlos Gajardo En el domicilio, ubicado en La Reina, se encontraba la asesora del hogar, quien fue intimidada por los delincuentes, junto a las dos hijas de Gajardo, menores de 10 años. Este lunes dos sujetos armados asaltaron la casa del fiscal Carlos Gajardo, jefe de la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Oriente. En el domicilio, ubicado en La Reina, se encontraba la asesora del hogar, quien fue intimidada por los delincuentes, junto a las dos hijas de Gajardo, menores de 10 años. Desde al casa del fiscal fueron sustraídos un televisor, teléfonos celulares y juegos de Play Station. Según información preliminar los asaltantes serían menores de edad. El fiscal Ernesto Navarro se encuentra investigando el robo con intimidación. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/asaltan-domicilio-del-fiscal-carlos-gajardo/
  14. 29 Octubre 2017 Fiscal regional de La Araucanía, tras absoluciones en caso Luchsinger: “No es concebible pensar que incendiar a dos ancianos vivos en su casa sea un delito común” Persecutor de la IX Región cuestionó veredicto que, además de exculpar a los 11 imputados, descartó el carácter terrorista del incendio en que falleció el matrimonio Luchsinger Mackay. El pasado miércoles, a las 10.00, las máximas autoridades del Ministerio Público tenían su atención puesta en lo que ocurría en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. En ese momento, los jueces comenzaron a leer su veredicto sobre los 11 acusados por el caso Luchsinger Mackay, a quienes la fiscalía sindicó como los presuntos autores del ataque incendiario de carácter terrorista en que falleció el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido en enero de 2013 en La Araucanía. Para 10 de los imputados, el Ministerio Público había pedido presidio perpetuo calificado. Los jueces, no obstante, dijeron otra cosa: que durante el juicio, que se extendió por más de 30 jornadas, el ente persecutor no pudo probar más allá de toda duda razonable que los acusados fueran los autores del crimen. Así, todos los imputados quedaron absueltos y en libertad. Los magistrados, además, descartaron que el incendio en que murieron las víctimas sea de carácter terrorista. En este escenario, el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, relató a La Tercera las impresiones que le dejó el juicio, insiste en que las pruebas eran suficientes para condenar y aseguró que hoy “se nos impone un estándar probatorio que es muy difícil de alcanzar”. ¿Cómo toman la resolución del juicio por el caso Luchsinger? Es un fallo que no compartimos, necesitamos conocer la sentencia para analizar el razonamiento que hizo el tribunal y determinar si es plausible recurrir de nulidad. La fiscalía ha hecho una labor seria, objetiva y acuciosa, y la tranquilidad que nos queda es que las víctimas así lo han entendido, es a ellas a quienes nos debemos. Sin perjuicio de lo anterior, siempre estamos revisando nuestro trabajo y un resultado adverso nos obliga a analizar lo realizado, tanto por nosotros como por las policías, como parte de un proceso de mejora continua. ¿Las pruebas aportadas eran suficientes para lograr una condena? En concepto de la fiscalía, en este caso había prueba suficiente para establecer la existencia de un delito terrorista y también la participación de cada uno de los acusados. No resulta concebible pensar que el incendiar a dos ancianos vivos en su domicilio corresponda a un delito común. Existe un conjunto de circunstancias que fueron expuestas en el juicio que dan cuenta de un propósito que va más allá, que es infundir temor por la acción del fuego. En cuanto a la participación, en esta causa hay la declaración de un imputado que reconoció su participación en estos hechos e involucró a las restantes 10, acogiéndose a la delación compensada que la propia ley establece. Aportó un conjunto de antecedentes que luego fueron corroborados en diligencias que se extendieron por meses y que nos permitieron aportar prueba indiciaria que ratificaba sus dichos. Lamentamos que el tribunal no compartiera esa convicción. ¿Seguirán buscando a los responsables de este crimen? En esta causa ya hay una persona condenada (Celestino Córdova) a la pena más alta por hechos de violencia rural en lo que va de la reforma procesal: 18 años de presidio. En este segundo juicio fueron juzgadas otras 11 personas. Aún no conocemos la sentencia definitiva, tenemos que analizarla para ver si procede un recurso que nos permita anular el juicio, pues nuestra convicción en cuanto a la participación de estas personas en los hechos no ha variado. ¿Estima que en La Araucanía, en los casos de violencia rural, los jueces exigen un estándar probatorio superior al resto del país? Si bien no conocemos aún el tenor de la sentencia, en base al veredicto, una primera impresión que nos queda es que al menos se nos impone un estándar probatorio que es muy difícil de alcanzar. En el primer juicio, con un acusado que fue detenido en flagrancia, logramos obtener una condena, pero ahora en la misma causa, cuando se entrega a conocimiento del tribunal el juzgamiento de otras 11 personas con prueba que emana de la confesión de una de ellas y de un trabajo de verificación de su testimonio, se nos dice que eso no basta y se nos exigen pruebas adicionales y distintas. ¿De qué forma esto puede afectar la moral de los fiscales que indagan este tipo de causas? Si bien no nos conforma el fallo, esto no nos desmotiva. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso. Lo que no me parece normal ni tolerable son las descalificaciones a fiscales, las acusaciones livianas de racismo y montajes -que hemos escuchado incluso de defensores públicos- ni el clima hostil que debieron enfrentar en muchas de las audiencias. Eso sin duda desgasta, pues detrás hay familias, hijos. Pero los fiscales de la zona han dado muestras plenas de que tienen la fortaleza anímica y mental para trabajar en situaciones adversas. ¿Cómo se investigarán y se intentarán probar en tribunales las otras causas de violencia rural, como quema de camiones o iglesias, en que no existen testigos directos ni registros visuales? En estas causas el escenario es particularmente complejo, pues en la comisión de estos delitos hay organización y planificación para favorecer la impunidad. Actúan de noche, valiéndose en algunos casos de la neblina, usualmente en sectores rurales donde no hay cámaras; utilizan guantes para no dejar huellas y pasamontañas para no ser reconocidos, e incluso hemos constatado que recogen los casquillos de las municiones que disparan para no dejar evidencias, por tanto es muy difícil obtener prueba directa. En los últimos años hemos desarrollado una fuerte labor de capacitación a las policías para mejorar el trabajo y resguardo del sitio del suceso, el levantamiento de evidencia, de elementos que permitieran constituir indicios para provocar prueba indirecta o indiciaria. Pero además exige de todo el sistema, no solo ya de la fiscalía: una apertura al juzgamiento de los hechos conforme a eso y no exigirnos tener siempre prueba directa. Porque, adicionalmente, en estas causas está constatado que hay temor en las víctimas y los testigos y las personas no quieren declarar. Si el sistema no entiende que la prueba indiciaria tiene la misma validez que la prueba directa, es muy difícil obtener sentencias condenatorias. ¿Cómo evalúa la efectividad que está teniendo la Ley Antiterrorista? ¿Cree que sería mejor no seguir invocándola? La fiscalía tiene un rol estrictamente técnico, que es apegarse al principio de objetividad y legalidad. Esto es aplicar la ley vigente. La Ley de Conductas Terroristas es ley vigente. Hemos participado en una serie de comisiones a modo consultivo, en las cuales se nos ha preguntado la opinión. Hemos ido al Congreso a exponer cuál es nuestra visión crítica de la misma, pero sigue siendo ley vigente, y cuando se dan los presupuestos en un hecho de que en nuestro concepto concurre lo que dice la ley, la invocaremos. ¿Requiere modificaciones la legislación antiterrorista? En diversos ámbitos, desde luego. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, por lo menos se requiere la objetivación del tipo penal. El día de hoy se nos coloca en un umbral casi imposible de alcanzar, que es probar la psiquis del sujeto que comete este ilícito. Por otro lado, contiene una serie de deficiencias en cuanto a técnicas investigativas para arribar a un buen resultado y en torno a brindar un soporte adecuado de protección a las víctimas y testigos. Hay carencias evidentes en esa materia. Un Estado de derecho requiere una Ley Antiterrorista moderna. ¿Se está abusando de la prisión preventiva en la región? Las críticas apuntan, fundamentalmente, a la extensión de la prisión preventiva. Responsablemente afirmo que la fiscalía desarrolla las investigaciones en el menor tiempo posible. El tiempo promedio de la prisión preventiva en la región es de poco más de 180 días. Pero particularmente, en estas causas desde hace años que vengo sosteniendo que nos enfrentamos a un escenario de dilación injustificada de audiencias. ¿Cree que las defensas están alargando las prisiones preventivas para generar mecanismos de presión y acusar persecución por parte del Ministerio Público? Esta causa es el ejemplo de ello. La fiscalía formalizó en el mes de marzo (de 2016) y en agosto presentó acusación. Seis meses de investigación y fueron presentados los antecedentes para hacer el juicio. Y resulta que finalmente el juicio se desarrolla un año más tarde. ¡Un año más tarde! Y eso es imputable a quién, ¿a la fiscalía? En ningún caso. Aquí hay una estrategia deliberada de las defensas que apunta a jugar al desgaste, a provocar la falta de adherencias de las víctimas y testigos al juicio. Lo escuchamos de la propia familia Luchsinger, están cansados de la forma en que se enfrenta el proceso, de no contar con una respuesta rápida y oportuna. ¿Ocurre algo similar en otra causa que se tramite en la región? El caso iglesia. La fiscalía acusó en septiembre y en el transcurso de un mes y medio se ha diferido en cuatro ocasiones el inicio de la preparación de juicio oral. Y todo indica que se continuará difiriendo en el tiempo. Son personas que están privadas de libertad, que estuvieron en huelga de hambre, y lo que sus defensas hacen es dilatar el inicio del juicio. Me parece que las críticas que se formulan son realizadas al voleo y no se compadecen con la realidad; son desinformadas, porque la fiscalía hace su trabajo en el menor tiempo posible. Si las defensas aportaran en torno a desarrollar los juicios, tendríamos juicios en menos tiempo y probablemente -en concepto de ellos- un veredicto absolutorio en menor tiempo. Es más, instamos por que se dictara una ley para modificar la cautela de garantía, que se utiliza con fines dilatorios. Lamentablemente, nos hemos encontrado en la práctica que los tribunales no le dan la operatividad necesaria. Algunos abogados señalan que existe discriminación por parte de la fiscalía respecto de los imputados de la etnia mapuche. ¿Qué le parecen estas afirmaciones? Falsas, categóricamente falsas. Es una crítica que no se compadece con el esfuerzo que hace la fiscalía por desarrollar un trabajo objetivo y técnico. Tenemos una realidad intercultural, donde gran parte de nuestras víctimas pertenece a la etnia mapuche, donde el número de personas que son juzgadas por estos ilícitos ni siquiera supera el 0,3% de las causas que ingresan a la fiscalía, de modo tal que esa crítica no tiene ningún fundamento serio. En la Operación Huracán, en que se imputó a ocho personas por ataques a camiones en La Araucanía, el presidente de la Corte Suprema estimó que faltaban pruebas para pedir la formalización, y que los mensajes de WhatsApp no bastaban. ¿Cree que se apresuraron en solicitar la formalización? Esta investigación la aperturamos el 21 de septiembre, cuando Carabineros nos hizo entrega, en conformidad con la legislación vigente, de un oficio con información obtenida por ellos en el marco de la Ley de Inteligencia, el cual daba cuenta de una organización que había perpetrado diversos ataques incendiarios y que, adicionalmente, preparaba la eventual comisión de al menos dos atentados en los días siguientes. Una vez analizados y ponderados dichos antecedentes, estimamos que la única decisión posible era exponerlos ante un juez de garantía para que este definiera si correspondía o no la detención. Fue lo que se hizo, la jueza de turno otorgó las órdenes de detención y posteriormente, en la audiencia, dispuso la prisión preventiva. El amparo deducido por las defensas fue primero rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco, pero luego la Corte Suprema lo acogió por un criterio estrictamente técnico, pues en su concepto el fallo de la jueza no tenía los fundamentos suficientes. Pero no debemos olvidar que este fallo tiene un contexto, se da en el marco de una audiencia que se extendió por cinco horas, en las cuales se escuchó latamente tanto a los fiscales como a las defensas. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscal-regional-la-araucania-tras-absoluciones-caso-luchsinger-no-concebible-pensar-incendiar-dos-ancianos-vivos-casa-sea-delito-comun/
  15. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/322805-caso-caval-fiscalia-formalizara-a-yerno-de-joaquin-lavin-en-caso-caval/?hl=%2Bcaso+%2Bcaval&do=findComment&comment=22755923 01 Octubre 2017 Fiscal Emiliano Arias revela que asumió personalmente todas las aristas del caso Caval Para este viernes se suman a la lista de formalizados en esta investigación, Isaac Givovich, yerno del acalde de Las Condes, Joaquín Lavín. El fiscal Emiliano Arias, en conversación con Radio Bío-Bío, reveló que asumió personalmente todas las aristas del denominado caso Caval, protagonizado por Natalia Compagnon. Para este viernes se suman a la lista de formalizados en esta investigación, Isaac Givovich, yerno del acalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Ese día, la Fiscalía de O’Higgins además hará modificaciones a la arista principal de esta causa, la compra-venta de predios en Machalí, y en las coimas pagadas en las licitaciones de la empresa Saydex. Givovich recibirá cargos como presunto autor de delitos tributarios, precisamente como facilitador de una factura falsa de 400 millones de pesos a Juan Díaz, otro de los imputados en este caso. En diálogo con Radio Bío Bío, el fiscal Arias confirmó que revisó toda la indagatoria, que resolvió asumir todas sus aristas y calificó estos cambios como una complementación de la audiencia original. “Asumí personalmente la dirección de esta investigación en los primeros 10 días de septiembre y en consecuencia de esta revisión surge la necesidad de efectuar esta complementación de la formalización originaria y así como también la formalización de otras personas respecto de las cuales hay antecedentes de su participación en otros delitos”, expresó Arias. El fiscal, hasta ahora, instruía de manera personal la arista de la presunta estafa de Caval al empresario Gonzalo Vial Concha, mientras el resto de la investigación estaba a cargo del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya. El Tribunal de Garantía de Rancagua, la semana pasada, rechazó un recurso de reposición que interpuso la defensa de Compagnon para impugnar la audiencia. Antonio Garafulic, abogado de la socia de Caval, anunció que no declinará en su idea de considerar ilegal esta audiencia, porque según él, la investigación está cerrada. “Estamos evaluando que vía procesal de recursos ordinarios y extraordinarios podemos aún deducir”, dijo. Precisar que en la arista principal, la compra venta de predios en Machalí, además serán re formalizados, para precisar hechos, todos los imputados, donde se encuentran, entre otros, la misma Compagnon, Mauricio Valero y el síndico Herman Chadwick. Fuente: https://cambio21.cl/politica/fiscal-emiliano-arias-revela-que-asumi-personalmente-todas-las-aristas-del-caso-caval-59d155d9aa2d742c057d813d
  16. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/321605-presupuesto-de-la-nacion-tension-entre-ambas-camaras-aumento-de-parlamentarios-podria-entrampar-ley-de-presupuesto/?hl=%2Bpresupuesto&do=findComment&comment=22672838 12 Septiembre 2017 Eyzaguirre prevé reducción en el déficit fiscal efectivo para el próximo año El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que en el Presupuesto 2018 se incluirá una proyección de ingresos estructurales para los próximos cuatro años. El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, destacó los esfuerzos del gobierno en pos de reducir el déficit estructural, al exponer este martes los lineamientos y prioridades que considerará el análisis del proyecto de Ley de Presupuesto 2018 ante la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso. El secretario de Estado se refirió a la posición fiscal del próximo año, asegurando que “la consolidación fiscal que ya iniciara el ministro Valdés y que vamos a continuar el año 2018, se va a reflejar también en una reducción del déficit efectivo”. Detalló que ello implica “un menor nivel de endeudamiento, que es lo que obviamente uno debe hacer cuando la situación económica comienza a mejorar”. Respecto a la continuidad en el tiempo de los esfuerzos de reducción del déficit efectivo, considerando que el próximo año se espera mayor recaudación por la entrada en régimen de la reforma tributaria, el titular de Hacienda sostuvo que sin esa ley los ingresos fiscales tienden a crecer más o menos alineados con el crecimiento del PIB. “Con la reforma tributaria pueden crecer más que el crecimiento del producto, porque justamente se está subiendo la tasa de impuestos. Por lo tanto, en 2018 los ingresos fiscales van a crecer conforme al crecimiento proyectado de la economía por parte de distintos analistas y el Banco Central, está en una cifra que probablemente duplica al crecimiento de este año y eso por tanto sube los ingresos fiscales”, sostuvo. Agregó que además “hay todavía un efecto remanente de la reforma tributaria, que hace que los ingresos crezcan más que proporcionalmente el crecimiento de la economía”. No obstante, agregó que hacia adelante “no es que se detenga el crecimiento de ingresos, sino que va a ser pari passu (a igual nivel) con el crecimiento de la economía”. Consultado por la prensa a la salida de la instancia parlamentaria, Eyzaguirre insistió en que “hacia 2018, tal como ya ocurrió con el Comité Consultivo del Precio de Referencia del Cobre, las perspectivas son de una mejoría. Como también vamos a reducir el déficit estructural, las dos cosas juntas implican necesariamente que el déficit efectivo también se reduce”. El secretario de Estado precisó que “efectivamente pensamos presentar el presupuesto con cuáles son los ingresos estructurales previstos para los cuatro años siguientes y cuáles son los gastos comprometidos. Ya es materia de la futura administración, conforme a La ley de Responsabilidad Fiscal, el definir cuál va a ser su política de reducción del déficit. Por tanto, van a estar los ingresos y los gastos comprometidos, allí una diferencia y si esa diferencia se usa para reducir déficit o para aumentar gasto ya es una decisión de política”. Consultado respecto a si se incluirá un fondo de libre disposición para la próxima administración en el erario 2018, la autoridad fiscal dijo que se continuará “una tradición republicana que es que la administración que llegue cuente con un porcentaje del gasto, como ha sido en la historia, a efectos de poder determinar al más breve plazo sus prioridades”. No obstante, recordó que “los gobiernos tienen la atribución de hacer reasignaciones, por tanto, tampoco es estrictamente cierto que los grados de maniobra en el año 18 estén limitados al fondo de libre disposición”. Detalló que nuestra legislación “no obliga a la ejecución plena de todas las partidas, y por tanto pueden perfectamente hacerse reasignaciones para re priorizar”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/eyzaguirre-preve-reduccion-deficit-fiscal-efectivo-proximo-ano/
  17. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/319134-puente-cau-cau-condenan-al-mop-a-pagar-29-millones-a-inspector-fiscal-por-despido-injustificado/?hl=%2Bpuente 01 Agosto 2017 Fiscal da luz verde al MOP para desarme del Puente Cau Cau El persecutor José Morales afirmó que tras la prueba de carga, se levantará la prohibición de intervenir la obra. Casi seis horas duró el descenso del tablero (brazo) norte del Puente Cau Cau, en la Región de Los Ríos. El procedimiento tiene como objetivo realizar una prueba de carga y es parte de las pericias que desarrolla la fiscalía en la investigación por presunto delito de fraude al Fisco y prevaricación en la construcción del puente basculante, que desde 2015 está paralizado por una falla en el sistema de levante. El fiscal Centro Norte, José Morales, a cargo de la investigación, explicó que este miércoles o jueves se bajará el brazo sur, dejando completamente horizontal la estructura. Tras esto, se realizará la prueba de carga, que estaría fijada para la próxima semana. Según explicó Morales, esta pericia “busca probar las deformaciones, vibraciones y tensiones del puente, para definir si en las condiciones actuales está diseñado y construido de acuerdo a lo que fue presupuestado y si es apto para ser utilizado”. Esto, añadió el fiscal, con el objetivo de saber si hubo algún fraude al Fisco, en cuanto al diseño y construcción del puente, y “eventualmente establecer si hubo algún funcionario que malversó caudales públicos”. En tanto, el próximo 8 de agosto termina el plazo de seis meses de prohibición de intervenir el puente que había establecido la fiscalía. En ese contexto, Morales explicó que estas son las últimas pericias que se realizarán en la estructura. “Nosotros después de esto ya terminamos los trabajos sobre el puente”, dijo. Con esto se da lugar a que el MOP comience el desmantelamiento de la estructura. El seremi de la Región de los Ríos, Jorge Alvial, señaló que “como Ministerio de Obras Públicas hemos dado todas las facilidades para que se realicen estas pericias y esperamos que se hagan lo más rápido posible. Estamos esperando que concluya la prohibición que tenemos para intervenir el puente”. La autoridad explicó que independientemente de los resultados de las pruebas, el MOP mantendrá la decisión de desmantelar el Cau Cau, lo que implica un cambio en el sistema de levante y un diseño de ingeniería de reparación, a cargo del consorcio chileno holandés AG-LEN BridgXperts. “Tenemos un consorcio contratado, y estamos esperando algunos procesos administrativos, como la toma de razón de Contraloría, para dar inicio al desarrollo de la ingeniería”. Respecto de cuándo podría comenzar esta intervención, señaló que la próxima semana se tendría información de los plazos. Respecto de este nuevo proceso, la empresa constructora del puente, Azvi, cuestionó que el MOP haga la desmantelación sin una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sobre los efectos que podrían tener los sedimentos que caigan al río. El seremi acotó que “el MOP nunca ha ejecutado algo fuera del marco de la normativa ambiental y nos vamos a regir por eso. El puente en sus inicios no contaba con RCA, por lo que no se hace pertinente para el desmonte”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscal-da-luz-verde-al-mop-desarme-del-puente-cau-cau/
  18. Historia del topic acá: http://foros.fotech.cl/topic/315617-fraude-en-carabineros-l-direccion-de-finanzas-de-carabineros-burlo-en-2011-investigacion-por-cohecho-a-cargo-del-fiscal-jose-morales-pagina-2/page-2?hl=%2Bfraude&do=findComment&comment=22384488 04 Julio 2017 Malversación en Carabineros: Fiscal revela que monto defraudado asciende a $25.500 millones En alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago Ministerio Público logró dejar en prisión preventiva a mayor que recibió cerca de $500 millones. A $25.500 millones ha ascendido el monto que fue malversado por la denominada “mafia” que operó en Carabineros. Así lo reveló hoy en alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos. En el marco de una apelación del Ministerio Público por el arresto domiciliario del mayor de Carabineros Alejandro Ponce Ovalle, el fiscal regional detalló que en los últimos conteos del equipo que lidera la suma de esta histórica malversación ascendió de $22.500 millones a $25.500 millones en sólo un par de semanas. La Cuarta Sala del tribunal alzada capitalino acogió la petición de la Fiscalía y el CDE y revocó el arresto domiciliario del imputado ordenando su prisión preventiva, tras conocer los antecedentes que lo sindican como receptor de cerca de $500 millones. Cabe recordar que en la malversación de caudales públicos, las penas van asociadas a los montos defraudados al Fisco, por lo que el que estas sumas aumenten afectan las condenas que arriegsna los líderes de esta denominada “mafia de Intendencia” que operó al menos desde 2006 en Carabineros. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/malversacion-carabineros-fiscal-revela-monto-defraudado-asciende-25-500/
  19. 26 Julio 2017 El nuevo caso del fiscal Gajardo y un personaje 'a lo Pablo Alcalde' Según trascendió, el Presidente Ejecutivo del OTIC, Michel Faure, estaría imputado por lavado de activos y otros tipos penales económicos, y siendo investigado por múltiples operaciones financieras e inmobiliarias entre el organismo que preside y empresas vinculadas a su familia. El Organismo de Capacitación de la Cámara Española de Comercio y de la Sociedad Nacional de Minería, OTIC Proforma, es la nueva entidad que está en la mira del fiscal que ha tenido a su cargo los casos más emblemáticos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, el Fiscal de alta complejidad, Carlos Gajardo. Según trascendió, el Presidente Ejecutivo del OTIC, Michel Faure, estaría imputado por lavado de activos y otros tipos penales económicos, y siendo investigado por múltiples operaciones financieras e inmobiliarias entre el organismo que preside y empresas vinculadas a su familia. Las aristas del caso, sin embargo, podrían exceder el ámbito meramente privado dado que los recursos administrados por el OTIC se originan en una franquicia tributaria por lo que distintos abogados de la plaza, han indicado que podría tratarse también de malversación de caudales públicos, delitos tributarios, entre otros. Sin embargo, llama la atención que la organización que preside Faure ha sido incluida recientemente en uno de los rankings de mayor reputación corporativa, el Great Place to Work, que destaca a las mejores empresas para trabajar. La situación recuerda lo ocurrido con el ex gerente de La Polar, Pablo Alcalde, quien en 2010 fue galardonado como el ejecutivo de la década por el diario La Tercera. Cinco años más tarde, en 2015, Alcalde terminaría condenado a cinco años de cárcel (remitidos) por lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa, marcando el inicio de casos que han comprometido la ética empresarial en Chile y la reputación de ejecutivos de alto perfil público. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2017/07/26/el-nuevo-caso-del-fiscal-gajardo-y-un-personaje-a-lo-pablo-alcalde/
  20. Historia del Topic acá http://foros.fotech.cl/topic/317289-caso-bancard-exalmar-no-puede-limpiar-su-imagen-sebastian-pinera-todavia-sigue-involucrado-en-irregularidades/?hl=%2Bcaso+%2Bexalmar&do=findComment&comment=22416909 17 Julio 2017 Caso Exalmar: Fiscal Guerra notifica cierre de investigación contra ex presidente Piñera A través de un correo electrónico, el investigador informó a las partes que dará por cerrado el caso sin formalizar al ex Mandatario. A través de un coreeo electrónico enviado a las 16:08 de hoy, el fiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra comunicó a la defensa del ex Presidente Sebastián Piñera que cerrará el denominado caso Exalmar en que el ex Jefe de Estado tiene calidad de imputado tras la querella del diputado PC Hugo Gutiérrez. Pese a que durante esta investigación, que bordea los 9 meses, no se imputó a ninguna persona, el fiscal Guerra deberá comunicar al tribunal este cierre. Junto con esto, el investigador debe adoptar una decisión no menor: si solicitar no perseverar en el caso o pedir derechamente que Piñera sea sobreseido definitivamente de los hechos por los que fue querellado. En el segundo de los casos, el tribunal deberá escuchar al querellante y de sobreseer a Piñera no podrá ser nuevamente investigado por los hechos que se le atribuyó y por los cuales se le indagó respecto a supuesto uso de información privilegiada en negocios de su empresa Bancard en Perú, cuando Chile mantenía con este país un litigio fronterizo en La Haya. “Estimados intervinientes, por medio de la presente, comunico que con fecha 17 de julio de 2017 de conformidad al artículo 248 del Código Procesal Penal, he resuelto declarar cerrada la investigación”, dice el correo electrónico enviado por el jefe regional de la zona Oriente. La comunicación se hizo a Juan Domingo Acosta, abogado del ex Mandatario, al querellante Fernando Monsalve y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Fuente: http://www.latercera.com/noticia/caso-exalmar-fiscal-guerra-notifica-cierre-investigacion-ex-presidente-pinera/
  21. 07 Julio 2017 Muerte de Lissette: Fiscal imputará nuevos apremios a niños en centro del Sename El Ministerio Público descubrió que posterior a la muerte de la niña de 11 años funcionarios del Centro Galvarino cometieron otros delitos similares a los imputados por la muerte de la menor. Esta tarde el fiscal Marcello Sambuceti pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia formalización a cuatro funcionarios del Sename imputados por hechos cometidos entre 2015 y posteriores a la muerte de la menor Lissette Villa dentro Centro de Reparación Especializado de Administración Directa, dependiente de dicha institución. Según detalló Sambuceti a La Tercera “la solicitud de formalización a estos cuatro funcionarios es por apremios ilegítimos en relación a cuatro a menores distintos del centro Galvarino durante el 28 de agosto del 2015 hasta el 4 de mayo del 2016″. “Algunos de estos menores resultaron con lesiones y nunca fueron informadas a la justicia ni reglamentariamente dentro del propio Servicio Nacional de Menores“, detalló. El fiscal además explicó que ha solicitado al Sename las diversas diligencias respecto a los sumarios administrativos pero no se ha otorgado dicha información. Sambuceti es parte del equipo liderado por el fiscal regional de Los Lagos Marcos Emilfork quien indaga la muerte de niños dentro de centros del Sename en todo el país. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/muerte-lissette-fiscal-imputara-nuevos-apremios-ninos-centro-del-sename/
  22. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/316074-compania-general-electricidad-fiscal-arias-se-muestra-sorprendido-tras-sancion-de-abbott-y-asegura-no-haber-cometido-ninguna-infraccion/?hl=%2Bincendios&do=findComment&comment=22398131 04 Julio 2017 Fiscal Arias evalúa ir al TC tras ratificación de sanción en su contra Ministerio Público mantuvo sus cuestionamientos por el accionar que tuvo en la indagatoria por incendios forestales. El lunes en la tarde y a través de correo electrónico. Así notificaron a la defensa del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que el recurso de reposición presentado ante el Ministerio Público se rechazaba. La acción apuntaba a dejar sin efecto la sanción contra el abogado, consistente en una multa equivalente al 5% de su sueldo durante un mes, por ordenar la apertura de una investigación por oficio, luego de que se enterara de que habían grabado una conversación entre él y las víctimas del incendio de Pumanque, el pasado 1 de febrero. En este caso están imputados tres ejecutivos de la empresa CGE. La abogada del fiscal Arias, Marisa Navarrete, comentó este martes que presentó el recurso de reposición sin muchas esperanzas de que fuera a obtener algún resultado positivo, pero aclaró que lo hizo porque es requisito agotar todas las instancias internas del Ministerio Público, antes de recurrir a otras esferas externas. “La verdad es que no estamos sorprendidos”, dijo la jurista, quien agregó que a partir de ahora evaluarán las vías a seguir. En ese contexto, explicó que podrían presentar un recurso de protección ante la corte o una tutela laboral, que ha sido eficaz en otros casos que involucran a funcionarios públicos. “Y eso es porque se entiende que los derechos laborales trascienden el hecho de ser funcionario público o privado”, agregó, apuntando que “también existen otras vías. Una de ellas podría ser el Tribunal Constitucional (TC) o los Juzgados Civiles”. Navarrete también sostuvo que “si ninguna de ellas resulta, existen instancias internacionales, porque hemos venido sosteniendo que hay dos garantías, al menos, que se habrían vulnerado”. Agregó que la primera es “el debido proceso, porque Arias no tiene posibilidad de apelar ante una persona distinta del fiscal nacional”. La segunda es “que se ha vulnerado la libertad de expresión”. Situaciones que podrían hacer que el fiscal recurra incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscal-arias-evalua-ir-al-tc-tras-ratificacion-sancion/
  23. 16 Julio 2017 Columna de Rodrigo Valdés: Un desafío fiscal y de crecimiento A mi juicio, lo que ha ocurrido con el ciclo de precios del cobre es fundamental para explicar qué ha pasado en Chile en los últimos cuatro años, donde básicamente crecimos menos por una reducción de la inversión. Unos 10 puntos base en el riesgo país y un impacto en los activos financieros acorde a eso. Eso fue lo que un análisis de mercado estimó como el costo que Chile tendría que pagar luego de que la clasificadora de riesgo S&P rebajó nuestro rating soberano desde AA- a A+, modificando la perspectiva de negativa a estable. Los analistas coincidieron en aseveraciones como “no es una sorpresa”, “estaba internalizado”; y también recordaron que las diferencias en el spread de los países con grado de inversión son bajas y que con el reciente recorte de China -que sí fue una sorpresa- “no pasó nada”. Y en efecto, el viernes no se observaron impactos muy relevantes ni en la Bolsa (donde el Ipsa incluso rompió el techo de los 5.000 puntos), el tipo de cambio (que se vio presionado, pero por las noticias de inflación en Estados Unidos), los bonos soberanos que se transan en los mercados externos o el CDS (seguro contra impago) de Chile, cuando se compara con algunos países similares. A esto se suma el hecho de que la nueva nota sitúa a Chile en el grupo donde están economías más desarrolladas, como Japón, Israel, Eslovaquia, Irlanda y Eslovenia. Además, nos mantiene un par de escalones por encima de los países latinoamericanos mejor posicionados, que son los de la Alianza del Pacífico. Este conjunto de ingredientes podría haber llevado a algunos a hacer una interpretación más benévola o complaciente de lo que esta señal significa para Chile. Afortunadamente, no ha sido el caso y, en general, esta noticia se ha sopesado con la seriedad que amerita. Es la primera rebaja desde que tenemos nota con esta clasificadora y nos remonta al que tuvimos hasta 2010, aunque por encima del que teníamos hasta 2006. Razones Aunque las razones de este movimiento en nuestra calificación crediticia están claramente descritas en el informe de S&P, la “opinología” local ha planteado explicaciones de todo tipo. Por eso, vale la pena insistir en que la agencia afirma que en la base de su decisión está el prolongado período de bajo crecimiento que ha dañado los ingresos del Fisco, lo que junto con una fuerte presión política para impulsar el gasto ha contribuido a incrementar la deuda pública. Si bien estiman que esta sigue siendo baja comparada con la de otros países, les preocupa su ritmo de aumento en un escenario de lento crecimiento. Agregan que los aún bajos precios de cobre y bajos niveles de confianza empresarial restringen el consumo privado y la inversión, limitando las expectativas de crecimiento. A mi juicio, lo que ha ocurrido con el ciclo de precios del cobre es fundamental para explicar qué ha pasado en Chile en los últimos cuatro años, donde básicamente crecimos menos por una reducción de la inversión, que responde en gran parte a la caída del precio del cobre. Si ponemos en perspectiva nuestra dinámica de inversión, es casi indistinguible de la que ha existido en otras economías mineras, como Perú, Canadá y Australia: todos vivimos un boom del 2010 al 2012 y luego una disminución significativa. A esto se suma un pobre desempeño de nuestras exportaciones. Este tipo de comparaciones muestran que, aunque probablemente la reforma tributaria tuvo impacto en la inversión y el crecimiento, el factor cobre ha sido el más importante. En cuanto al aumento de la deuda, es verdad que el déficit ha aumentado, pero en el margen se ha ido ampliando a tasas decrecientes. Al informar sobre las cifras fiscales la semana pasada, detallamos que la proyección de balance estructural para 2017 es de -1,7%, en línea con nuestro compromiso de ir reduciendo gradualmente ese monto en aproximadamente un cuarto de punto de PIB por año. Aquí otra vez el factor cobre es relevante: si en 2011 los ingresos fiscales por cobre eran más de 4% del PIB (aproximadamente US$ 10 mil millones), en los últimos dos años llegan apenas a 0,5% del PIB. Perspectiva estable Mirando hacia adelante, lo que más interesa en este ámbito es evitar una espiral de downgrades. Para eso no hay otra receta que seguir tomando en serio el desafío fiscal y de crecimiento que enfrentamos, en el contexto de las múltiples necesidades de gasto que existen. Es un desafío país, de este gobierno y de los venideros. Nosotros nos mantendremos en el marco de nuestra estrategia fiscal para reducir el déficit estructural gradualmente y el Presupuesto 2018 será un fiel reflejo de ese compromiso. Que S&P haya cambiado la perspectiva crediticia desde negativa a estable es muy importante, porque significa que no esperan cambios en la nota en los próximos dos años, por cierto, mientras no se produzcan eventos significativos en la macroeconomía o en la política fiscal. Esta estabilidad apunta a un escenario donde la economía recupera su ritmo de crecimiento -suponen 2% el próximo año y 2,5% hacia el 2020-, y el déficit fiscal sigue una trayectoria de disminución gradual, permitiendo que la deuda se estacione bajo el 30% del PIB. Pero hay un tercer ingrediente de máxima importancia, que es que el actual gobierno y los que le sucedan mantengan lo que la agencia calificó como “pilares distintivos” de nuestra economía: reglas fiscales y monetarias responsables, apertura comercial y de inversión, así como seguridad y predictibilidad jurídica. El compromiso de Chile de anclar las políticas fiscales y monetarias a un marco de reglas transparente es una fortaleza para nuestra calificación crediticia. De hecho, S&P considera que nuestra estrategia fiscal es coherente con mantener nuestra buena clasificación actual. Y así tenemos que reconocerlo todos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/columna-rodrigo-valdes-desafio-fiscal-crecimiento/
  24. 28 Mayo 2017 Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins: “El sumario para mí es injustificado y busca distraer el trabajo del equipo investigativo” El persecutor se refirió a las indagatorias administrativas en su contra, entre ellas la solicitada por CGE. Además, señaló que Natalia Compagnon irá a juicio oral y que Sebastián Dávalos no será sobreseído, por ahora. Un año a cargo de la Fiscalía Regional de O’Higgins cumplió esta semana el fiscal Emiliano Arias, quien dijo haber “superado las expectativas” que tenía al momento de llegar a la VI Región. En sus casi 12 meses en la zona ha tomado distintas investigaciones, donde Caval y los incendios del verano han sido las que más llaman la atención de la opinión pública. Sin embargo, Arias también ha visto investigaciones administrativas en su contra; una de ellas en el caso Corpesca, tras dar una entrevista, donde finalmente terminó sobreseído. Hoy, carga una nueva indagatoria, esta vez solicitada por la defensa de los ejecutivos de CGE, formalizados por algunos incendios ocasionados en la VI Región. El denominado “fiscal rebelde” conversó con La Tercera, donde habló de las investigaciones que lleva y que enfrenta. ¿Cómo evalúa este primer año en la fiscalía? Hemos cumplido como persecutores penales en la región. En el cronograma que me fijé al inicio estaba conocer la realidad delictual para poder proyectar ciertas acciones que me llevaran a hacer un cambio, a través de los fiscales adjuntos, y la verdad es que todo ha andado mucho más rápido de lo pensado. Hemos tenido muy buenos resultados en temas de robo, y en lo que dice relación con ciertos aspectos propios de las características de la región, como el tema del abigeato y los incendios. ¿Lo de los incendios ha sido lo más complejo? Nos fue bastante bien en este tipo de investigaciones. Desde 2013 a la fecha eran unos 10 formalizados en total por incendios, pero este año tuvimos unos 40 formalizados, porque fuimos capaces de generar con el resto de las instituciones, las policías y la Conaf, un conocimiento acabado sobre los siniestros. Ahí se dio con un elemento investigativo que tenía que ver con el delito de presunta omisión de los controladores de la eléctrica CGE… Sí. Comenzamos a ver la realidad de estos incendios, a través de la Fiscalía de Alta Complejidad que creamos, y pudimos ver que había unos bastante fáciles de determinar, como encontrar al sujeto que prende el fuego, ya sea de manera voluntaria o negligente. Luego encontramos un tipo de incendio con origen eléctrico, que tenía como característica que los cables conductores de electricidad generan chispas y se enciende el material combustible que está abajo. Hasta ahí era un desafío superior, en relación a la investigación de estos delitos, sobre todo porque no hay una jurisprudencia anterior. Para entenderlo bien, hay un ilícito de omisión, y entendemos por omisión no evitar lo evitable, teniendo la obligación de hacerlo. Como lo hemos dicho en audiencias, es una obligación de estas empresas realizar su función sin dañar a personas y propiedades, porque además de ser una actividad comercial, no puede quedar entregada a las reglas del mercado común y corriente. ¿Cómo toma el sumario que se le abrió por un reclamo de los abogados defensores de dos ejecutivos de CGE formalizados en el caso? Esto no es nuevo. Como fui fiscal jefe de Pudahuel, trabajé con persecutores de todas partes del mundo, y hay dos cosas bien particulares cuando uno investiga intereses de personas que tienen acceso a una defensa más allá de lo que se ventila en audiencia. Son estrategias integrales de defensas y dentro de esto se ataca al investigador, ‘el investigador es malo, tiene un sesgo, tiene aquí y allá’. Y eso es reconocido por los organismos internacionales. Tomando en cuenta que existe este tipo de herramientas de los defensores, las Naciones Unidas tienen instrumentos orientados a resguardar la labor del fiscal, lo cual comparto, porque para mí esto (el sumario), es injustificado y busca distraer el trabajo del equipo investigativo. Pero acá el Ministerio Público acoge el reclamo y abre el sumario correspondiente. ¿Cree que se le da el punto a la defensa? El mérito o no de la misma lo va a determinar el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien está a cargo del sumario. No estoy de acuerdo en que se utilice a los fiscales para distraerlos de su función. No es porque yo me haya robado un bien, ni haya cometido un delito, sino porque están dirigidos a moldear la forma en cómo se investiga. ¿Debiese la Fiscalía Nacional elevar el estándar para acoger reclamos? Yo creo que lo que debiese existir es un estándar que fuera conocido tanto por los fiscales regionales, como por los adjuntos, sobre cuándo se puede ver afectada la investigación. La verdad es que es bueno que me pase a mí como regional, porque ya llegué al tope de la carrera en el Ministerio Público. Distinto es el caso de un persecutor adjunto, porque si se le hace un sumario deja de ascender, y no me gustaría que esta forma de litigar se extienda, porque los defensores defienden intereses particulares. ¿Entonces no hay estándares que regulen el ingreso de reclamos antes de abrir un sumario? No son conocidos y no puede ser que cambien como cambia la jefatura de la institución. No puede ser que el estándar cambie según Guillermo Piedrabuena, Sabas Chahuán, Jorge Abbott o el que viene… Es cosa de recordar cuántos reclamos teníamos los fiscales que veíamos el caso Penta-SQM en esa época (de Sabas Chahuán). ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos cedido a los sumarios? Habríamos estado llenos de sumarios, y no se hicieron. ¿Por decisión de Sabas Chahuán? Claro, y trabajamos tranquilos, porque lo que se resguarda es la independencia. El hecho de que haya un sumario, por infundado que sea, a uno lo distrae. ¿Se ha notado el cambio de mano de los dos últimos fiscales nacionales en este tipo de cosas? Es que no conozco otro ejemplo concreto, o si se está trabajando en los criterios. Los fiscales deberíamos saber que cuando aparece un reclamo, cuando alguien no es ni interviniente en una causa (como en el caso Caval), que se debe rechazar de inmediato. Cuando investigativa el caso SQM había muchos reclamos de las defensas, pero el fiscal nacional no las tomó en cuenta… ¿Usted cree que a diferencia de esa época, actualmente Jorge Abbott debiese, tal vez, no acceder ante tantas peticiones? Lo que yo creo es que se debe tomar conciencia, por parte de todos los que formamos el Ministerio Público, de que hay determinado tipo de causas en las cuales los fiscales están mucho más expuestos y en las cuales se debe proteger con mayor fuerza la independencia de los fiscales. ¿En qué tipo de causas? Aquellas que afectan intereses que tienen acceso a este tipo de defensas. ¿Y en qué lo vemos? En las causas políticas, donde se actuó adecuadamente, porque pudimos investigar tranquilos, porque no se nos hicieron todos los sumarios que se nos pedían; en consecuencia, lo que yo pido es que se tenga conciencia de que toda vez que vamos a investigar a quienes representen intereses económicos importantes, intereses políticos importantes, o afectemos, como se dijo acá, a la actividad económica, la verdad, vienen como contrapartida esas presiones, las cuales buscan descalificar al investigador. Esa conciencia debería ser reflejada con mayor rigurosidad al momento de evaluar la posibilidad de iniciar una investigación administrativa. ¿Cómo tomó el sumario que le abrieron por el caso Corpesca? Agradezco mucho la experiencia que he tenido en estos casos, porque lo que yo puedo ver ahí, en definitiva, es que hay intereses extrapenales que quieren influir en la investigación para que vaya para un lado u otro. Hay casos concretos con un conejillo de Indias, siendo atacado desde el sector que protege a un área entera de la política chilena, o en casos que estoy en el otro lado aparece un reclamante que dice que yo favorezco los intereses de la UDI, por ejemplo. Entonces, con este tipo de cosas démonos cuenta de que es una forma de litigar, influir ilegítimamente en las persecuciones penales. ¿Con estos sumarios no se mancha la carrera de un fiscal, aunque sea sobreseído? A mí me quedan ocho años en la región y no te quepa duda de que me van a pedir 10 mil investigaciones administrativas más. Entonces, el tema es cómo se protege la independencia del fiscal que investiga, con qué se va a quedar después, porque al día de hoy soy el sumariado, soy el fiscal con calificación más baja, pero como te digo, a esto entré porque lo que yo quiero es un cambio de la realidad criminal, y la hemos logrado en la Región de O’Higgins. Tiene la nota más baja, ¿cómo lo toma? Poco me interesa la nota en ese sentido. Este tipo de notas le afectan a un fiscal adjunto, porque lo priva en su ascenso, yo quiero cumplir en la región. Pero si presentó una reconsideración es porque existe una molestia… Claro. Yo no creo ser el más malo, ni tampoco el mejor, pero sí estar en el medio, y esa nota está muy bajo de la media. ¿Cómo se está trabajando en el cierre de la investigación del caso Caval, antes de pasar a la etapa de acusación? Dentro de la primera quincena de junio estamos dispuestos a cerrar y acusar en los 10 días correspondientes. Creo que eternizar las causas al único que le hace daño es a la fiscalía. ¿Irán a juicio oral? Claro. Ahora, no me cierro si es que hay antecedentes nuevos, antes de la audiencia de preparación de juicio oral. ¿La señora Natalia Compagnon va a juicio oral? Hasta las fecha, ella va a juicio oral, con los antecedentes que tenemos hoy día. ¿Cuál es el escenario de Sebastián Dávalos en la causa, por qué no ha sido sobreseído? Los plazos de investigación se refieren o afectan únicamente a las personas formalizadas. Que se cierre la investigación y que se acuse atañe sólo a las personas formalizadas. Ahora, en este caso en concreto, nos vamos a oponer al sobreseimiento. ¿Actualmente hay algo que vincule a Dávalos en un delito? No me puedo referir, porque es secreto de la investigación. Lo que no se dan son las causales de sobreseimiento. ¿No tiene que ver con una decisión política para no quedar mal con la opinión pública? Yo no tomo decisiones políticas, yo ejerzo mi función de manera independiente. Sé que es un año complejo por las elecciones, no vivo alejado de la realidad, pero no considero elementos políticos para tomar mis decisiones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/emiliano-arias-fiscal-regional-ohiggins-sumario-injustificado-busca-distraer-trabajo-del-equipo-investigativo/
  25. 15 Mayo 2017 Piratería en TV paga genera perjuicio fiscal de US$ 70 millones al año Hoy existirían más de 300 mil dispositivos que transmiten este servicio ilegalmente, dice la CNC. VTR, FOX y DirecTV generaron medidas para frenar esta actividad, que reduce sus ingresos. Pese a que el crecimiento de la industria de la TV de pago se ha ido estancando de forma progresiva durante los últimos años, pasando de un crecimiento de 10% de abonados de TV de pago entre 2013 y 2014, a 3,5% en el período 2015-2016, según registran las cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la piratería ilegal sigue siendo un problema relevante tanto para el Estado como para las empresas. Así lo confirma el último informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que revela pérdidas anuales de US$ 70 millones por evasión tributaria a causa de esta actividad. “Es inaudito ver cómo la piratería de TV de pago se posiciona como un actor relevante dentro de la industria de las telecomunicaciones, su crecimiento la sitúa como el quinto operador del mercado, considerando que las conexiones ilegales en nuestro país podrían superar los 300 mil dispositivos”, afirma Nicole Kuppenheim, directora ejecutiva del Observatorio del Comercio Ilícito de la CNC. Esto, a pesar del apagón de la TV ilegal que se vivió en el año 2012, en el que se bloquearon y se reiniciaron los decodificadores tanto de cable como satélite, gracias a la coordinación de los principales actores -DirecTV, FOX y VTR, entre otros- para solucionar el tema. Medidas “La piratería es el quinto actor de la industria de TV paga en Chile. Un actor relevante que crece día a día y sin sanciones. Su operación no sólo causa un daño a los actores legales, sino al país en su conjunto”, señala Gianpaolo Peirano, director legal de DirecTV Chile. Peirano asegura que quienes más pierden por esto son los clientes, ya que la piratería desincentiva el desarrollo e inversión para la creación de nuevos contenidos, al igual que la realización de distintos proyectos de innovación en distintas áreas. Por ello, en 2012, después del apagón, crearon la Alianza Contra La Piratería de la TV de Pago, que realiza un trabajo sistemático para contrarrestar esa realidad. En VTR, pese a que se han visto muy afectados por la piratería en TV, también se ha comenzado a observar en los servicios de internet: “La lucha contra la piratería es compleja, porque los piratas van evolucionando con la tecnología existente y por ello hemos redoblado nuestros esfuerzos de fiscalización”, explica Cristián Ariztía, vicepresidente Comercial y de Clientes de VTR. “Hoy, para VTR es una prioridad cautelar la calidad de servicios de nuestros clientes evitando que malos vecinos perjudiquen la velocidad de internet o la experiencia de TV de quienes sí pagan justamente. Para ello hemos creado un área especialista con dedicación exclusiva para identificar conexiones ilegales y corregirlas”, agrega. Desde Fox, en tanto, señalan que combatir la piratería en el país es clave y por ello prepararon una campaña educativa. “Como parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo en América Latina, la campaña educativa ‘Liga Antipiratería’ tiene como objetivo generar conciencia en los niños acerca del valor de sus propias creaciones y de los daños sociales, económicos y morales que produce la copia no autorizada”, dice Daniel Steinmetz, chief Anti-Piracy Officer de FNG Latin America. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/pirateria-tv-paga-genera-perjuicio-fiscal-us-70-millones-al-ano/
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