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  1. 06 Agosto 2018 La Suprema en la mira de la oposición Todas las bancadas -desde la DC al Frente Amplio- analizan la opción de realizar una acusación constitucional en contra de los cinco ministros que dieron la libertad condicional a siete condenados por delitos de lesa humanidad. Con cadenas se amarraron a uno de los pilares del Palacio de Tribunales dirigentes de las juventudes del Partido Comunista, el PS y la DC para protestar contra la decisión de la segunda sala penal de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a siete condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían penas en Punta Peuco y en Colina 1. Pero el descontento no solo se manifestó en las juventudes. Ayer las bancadas de oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio, se reunieron con agrupaciones de derechos humanos para analizar posibles caminos a seguir, ante el temor de que vuelvan a concretarse fallos de esta índole. Una de las opciones más inmediatas es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decisión que ya había sido adoptada por el Partido Socialista. En el Congreso, en tanto, la apuesta es retomar una agenda legislativa en la materia, reimpulsando proyectos sobre inhabilidades de indultos y libertades condicionales. Uno de ellos duerme en Valparaíso desde 2016, en una comisión mixta en el Parlamento. La Cámara y el Senado ya acordaron nombrar a los nuevos integrantes de la instancia para reflotar la iniciativa. En paralelo, sin embargo, en las últimas horas cobró fuerza la idea de impulsar una acusación constitucional contra los cinco ministros que aprobaron la liberación de los reos. La medida fue anunciada en las últimas horas por diputados PS y el Partido Comunista. Distintas fuentes de la oposición aseguran que en el encuentro de ayer con las agrupaciones de derechos humanos se evidenció una disposición de llegar a un acuerdo y respaldar en conjunto la iniciativa. Así, bancadas opositoras consensuaron dar a conocer su posición definitiva hoy, en el Congreso. Con todo, dos partidos del Frente Amplio -Revolución Democrática y el Partido Humanista- y la Federación Regionalista Verde Social ya adelantaron que respaldarán el libelo. “Hay buen ánimo, creo que puede ser muy importante que la oposición actúe unida para llevar adelante una acusación constitucional. Delitos de esta envergadura no pueden quedar impunes”, dijo el diputado comunista Daniel Núñez. Según fuentes del PS, más allá del análisis jurídico, existe un deber político en la centroizquierda de votar favorablemente la acusación, al menos dentro de la sala, argumentando que no sería bien recibido que ese sector no apoye una medida basada en la defensa de los derechos humanos. En esa línea, en sectores de oposición fueron bien recibidas las declaraciones del jefe de bancada de la DC, Matías Walker. “Nos preocupa sobremanera el efecto expansivo que esta sentencia de la Corte Suprema pueda acarrear sobre otras resoluciones en la materia”, sostuvo. El parlamentario apuntó, por ejemplo, a la decisión de la defensa de Miguel Krassnoff -exagente de la DINA condenado por distintos delitos de lesa humanidad- de pedir el indulto tras los nuevos antecedentes de la corte. “Un efecto expansivo nos preocupa y es uno de los temas que vamos a tener presentes al momento de tomar una decisión como bancada”, añadió. Otro de los puntos a considerar por los legisladores es la eventual preocupación que tendría el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien se reunió ayer con los diputados socialistas Jaime Naranjo y Gastón Saavedra. “Yo a Haroldo Brito lo vi muy acongojado, muy preocupado, claramente es una situación muy compleja para él”, dijo Naranjo. La bancada PPD, en tanto, había anunciado el fin de semana que respaldaría la acusación. Ayer, sin embargo, la directiva del partido discutió el asunto y decidió que la mejor alternativa era solo acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, desde la bancada aseguraron que ambas alternativas no son incompatibles. “La acusación constitucional está sujeta a si hay acuerdo político y están los votos para llevarla adelante. Si no están los votos no lo vamos a hacer”, dijo el diputado Ricardo Celis. Supremos se cuadran En el interior de los tribunales, ajenos a las protestas de la Plaza de la Justicia, los supremos se cuadraron tras las decisiones de la segunda sala penal. El ministro Hugo Dolmetsch, quien preside la instancia, insistió en que estos “no son los primeros fallos, yo llevo sólo dos semanas y aquí hace un buen tiempo que está la idea de que la gente que cumple con los requisitos objetivos para la libertad condicional se le conceda sin ninguna distinción” Agregó que no le “preocupa” la acusación. “He hecho lo que corresponde, que es mi trabajo, pero si el Parlamento considera que he excedido mis funciones, bueno, tendrá que verse”, sentenció. En tanto, el vocero Lamberto Cisternas dijo que “la corte, y en particular los ministros que se verían afectados están con calma, esperando a ver si esto se concreta o no, y en el evento de que se concretice se expondrán los argumentos jurídicos que se ha tenido para resolver como se resolvió; argumentos que, dicho sea de paso, están claramente expuestos en la sentencia”. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, evitó ahondar en el tema, aunque sí dijo que “ellos (la sala penal) están revisando sus posiciones y antecedentes y me parece que lo más razonable es que no opine sobre lo que ellos puedan hacer. Las salas son autónomas para resolver”, advirtió. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-suprema-la-mira-la-oposicion/272134/
  2. 11 Julio 2018 El nuevo escenario del cyberbullying tras el inédito fallo de la Corte Suprema Es la primera vez que el máximo tribunal determina que los padres de un niño, que difundió imágenes íntimas de una menor, deban pagar indemnización por ese delito. La divulgación de imágenes de una persona por internet sin su consentimiento no es algo demasiado nuevo. Varios casos ligados al mundo del espectáculo y del deportes, entre otros, incluso han llegado a ser mediáticos. Sin embargo, el fallo que esta semana emitió la Corte Suprema, respecto de la difusión de imágenes “íntimas” de una menor por parte de otro niño, estableció un parámetro inédito en esa instancia judicial: que la figura del menoscabo hacia una persona y su honra a través del espectro digital, lo que actualmente se rotula como cyberbullying, no sale gratis. Alguien debe pagar. En este caso, los padres del autor del hecho. El máximo tribunal se pronunció respecto de un episodio ocurrido en 2014, donde un menor de edad, entonces de 15 años, difundió fotos íntimas de su polola, de 14, a través de Instagram y WhatsApp, luego de que ella terminara la relación en septiembre de ese año. En el colegio se percataron de la situación luego de que alumnos de un curso mayor a los involucrados le contaran a una inspectora que estaban circulando fotos de carácter sexual de la niña. Producto del bullying que la menor sufrió en el colegio, sus padres tuvieron que cambiarla de establecimiento. Y, después de tres años de que la madre de la niña hiciera la denuncia, la Suprema condenó al padre del menor que divulgó las imágenes a pagar $ 3 millones. Las características del caso responden exactamente al llamado cyberbullying, una conducta que no está tipificada como tal por el Código Penal, pero a la cual incluso se le atribuyen víctimas fatales. El caso más reciente es el de una menor de 16 años y alumna de un colegio de Santiago, que se quitó la vida en una cafetería de Providencia. En esa oportunidad, se especuló sobre la existencia de un foro, abierto en Facebook, con ataques hacia ella e incluso amenazas. Para el abogado penalista Alfredo Morgado, el fallo de la Corte Suprema “es una clara muestra de que la legislación chilena no está a la altura de las necesidades que impone la modernidad, por ejemplo, en el uso de internet y redes sociales por parte de los jóvenes, el acceso a la tecnología y los cuidados que ello implica”. Según Morgado, “este fallo evidentemente confirma una tendencia jurisdiccional respecto de la responsabilidad de los padres sobre lo que hacen sus hijos. El concepto es la solidaridad parental. Pero eso aún no está claramente delimitado en la esfera de los adolescentes. ¿Cómo pueden los padres cuidar lo que sus hijos suben a redes sociales, si probablemente nunca los ven en esos actos? ¿Hay que limitarles el uso de internet? ¿No es ese también un derecho de los jóvenes, a la información y al conocimiento?”. Desde el ámbito civil, el abogado y académico de la U. Católica, Óscar Contreras, cataloga el fallo como de “novedoso” y explica que “es un avance jurisprudencial importante, porque lo que hace es establecer, en el marco de una sentencia, una responsabilidad a los padres directamente de los hechos culposos de los hijos”. Sobre el cyberbullying, Contreras añade que “a través de estos fallos, lo que se está haciendo es que la persona que intente externalizar un daño, es decir, distribuirlo en la sociedad, ya no le va a resultar, porque va a tener un costo directo para él o las personas civilmente responsables. Por eso es tan importante la jurisprudencia, porque va formando un criterio que moldea lo que tienen que ser las conductas de la sociedad, y lo que es básicamente la responsabilidad de todos”. El superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, destaca el fallo de la Suprema, porque “por un lado está el derecho de resguardar el honor, la honra y la integridad de los hijos, y por el otro, el deber de los padres de cumplir con su responsabilidad en la educación integral de sus hijos y del buen uso que ellos les den a las redes sociales. Agrega que “la utilización de las redes sociales debe ser consciente y adecuada, porque es responsabilidad de toda la comunidad establecer buenas relaciones, y de esa labor no están exentas las familias”. El abogado Contreras subraya también que la primera forma de prevenir y generar responsabilidad es a través de pagos: “La única manera de dar ejecución a las normas legales es con indemnizaciones”. Aarón Vásquez y otro caso de responsabilidad parental Algunos casos judiciales en Chile han marcado los límites y responsabilidades respecto de los padres con sus hijos y las actuaciones de estos últimos. De los últimos años, tal vez el más conocido es el de Aarón Vásquez, el joven que en octubre de 2006, a sus 17 años, agredió con un bate de béisbol de aluminio al ciclista Alejandro Inostroza en el sector de la Plaza Pedro de Valdivia, Providencia. Las lesiones fueron tan brutales que le causaron la muerte. Como era menor de edad al momento del crimen, Aarón fue condenado a siete años de reclusión por homicidio calificado. Tras cinco años de reclusión nocturna en un centro semicerrado del Sename en Copiapó, se le concedió la libertad asistida especial. Sin embargo, el caso no terminó solo allí. En marzo de 2015, la Corte Suprema ratificó la sentencia que ordenaba el pago de una indemnización total de $ 262 millones a María Eugenia Villarroel, madre de “Troxel” (la víctima). Y se estableció que el monto debería ser cancelado por el padre del agresor, el pastor evangélico Jorge Vásquez, y por el propio autor del homicidio. Otro caso reciente sobre el tema de la responsabilidad parental, en este caso ligado al bullying, también llegó a tribunales a mediados del mismo 2015, cuando el Segundo Juzgado Civil de Santiago falló sobre la responsabilidad del autor de un video en donde una menor de edad aparecía en una clara situación de índole sexual. Todo aquel episodio, respecto de la grabación hecha en 2007, con un teléfono celular, fue ampliamente difundido y comentado. En abril de 2015, el tribunal condenó tanto al autor de aquel video como a sus padres a pagar una indemnización de $ 35 millones a la persona afectada. Y especificó que al momento del incidente los progenitores sabían de la existencia de las imágenes, pero no hicieron nada por evitar su divulgación. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-escenario-del-cyberbullying-tras-inedito-fallo-la-corte-suprema/239894/
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/335445-proyecto-educacion-superior-gobierno-retira-reglamento-de-desmunicipalizacion-pag-2/page-2?hl=%2Breforma+%2Beducacion&do=findComment&comment=23525166 07 Mayo 2018 Fallo del TC sobre reforma a educación superior Publicado el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de reforma a la educación superior, es posible analizar las razones que tuvieron parte de los ministros para declarar inconstitucional parte del artículo 63 de dicha ley, lo que significó mantener la posibilidad que personas jurídicas con fines de lucro pudieran continuar siendo controladoras de instituciones de educación superior. Aun cuando no se trata de un fallo unánime, el voto de mayoría es suficientemente clarificador para reivindicar principios esenciales relativos a la protección de la libertad de enseñanza, y relevar que es contrario a la Constitución introducir discriminaciones o prohibiciones arbitrarias. Estos razonamientos, ciertamente valiosos, ponen de manifiesto el importante rol que el TC juega en nuestra institucionalidad, para efectos de impedir que las garantías constitucionales puedan ser pasadas a llevar. Conforme la visión que se impuso en el TC, dado el sistema creado en la ley de educación superior para fiscalizar y evitar el retiro de excedentes, la limitación contendida en el artículo 63 no aportaba en demasía al objetivo perseguido. Por el contrario, limitaba la libertad de enseñanza, al poner trabas adicionales a las que la Constitución exige para abrir establecimientos educacionales. En ese sentido, cuestiona que la prohibición de lucrar exigida a las personas naturales no sea extensible a personas naturales y que dicha restricción no aplica en la normativa general que regula a las demás organizaciones sin fines de lucro. Adicionalmente, argumenta que las instituciones se organizaron legalmente de acuerdo con las normas que existían al momento de su fundación y, por ende, cambiar la normativa afectaría derechos previos. En este punto en particular, la excepción que la ley otorga a tres universidades privadas del Consejo de Rectores (Cruch) demuestra que no es esencial exigir que todos los controladores sean sin fines de lucro para conseguir el objetivo buscado por el legislador. Llama la atención, eso sí, la diferencia de visiones de los ministros del tribunal. Mientras su presidente consideró que la gran mayoría de los artículos de la ley no pasan el examen constitucional, argumentando que “no basta que una ley sea democrática para que sea constitucional”, los integrantes del voto de minoría hacen ver que debe existir una “deferencia al legislador”, por lo que considera un error que el tribunal se haya pronunciado sobre aspectos que no eran parte de los artículos que debían ser revisados por dicho organismo; respecto al fondo, refuta cada uno de los argumentos dados por la mayoría. La próxima promulgación de esta ley por parte del Presidente de la República cerrará la discusión sobre el lucro que se ha tomado el debate público desde, al menos, las movilizaciones de 2006. Pese a que en estas mismas páginas se ha manifestado la inconveniencia respecto a cómo el anterior gobierno zanjó dicho tema -tanto en educación escolar como superior-, aprobadas ambas regulaciones es necesario ahora que el sistema educativo se concentre en los desafíos más urgentes para lograr un sistema que entregue una formación que abra oportunidades a todos los estudiantes, independiente de su origen, y promueva la creación de bienes públicos de calidad. Fuente: http://www.latercera.com/opinion/noticia/fallo-del-tc-reforma-educacion-superior/155823/
  4. 08 Agosto 2017 DC rechaza fallo de la Corte Suprema que concedió beneficio a ex CNI condenado por violación a los DD.HH. El partido mostró su descontento por la resolución del máximo tribunal del país que otorgó libertad condicional a un uniformado que asesinó a un militante DC en 1994. La Democracia Cristiana rechazó la resolución de la Corte Suprema que concedió la libertad condicional del sargento 1° Armando Cabrera Aguilar, ex CNI, condenado por el asesinato de un militante del partido en 1984. En un comunicado, la falange recordó que el 18 de septiembre de ese año Mario Fernández, quien se desempeñaba como transportista, fue detenido por agentes de la CNI en su domicilio ubicado en Ovalle y trasladado a un cuartel de la CNI donde fue torturado, lo que le causó la muerte. “La Corte Suprema ha acogido un recurso de amparo presentado por la defensa del peligroso criminal Armando Cabrera Aguilar, sargento 1° de Carabineros de Chile y asesino de nuestro camarada Mario Fernández López, otorgándole el espurio beneficio de la libertad condicional, revocando lo que había resuelto la Comisión de Libertad Condicional”, se lee en la declaración de la DC. Desde el partido también enfatizaron que “en dictadura nuestra Corte Suprema casi no acogió recursos de amparo, tal vez de haberse acogido el de Mario Fernández viviría”. La DC rechazó el beneficio carcelario porque Armando Cabrera cumplía condena en Punta Peuco “con las mejores condiciones por lo que no puede verse comprometida su situación de salud”. https://twitter.com/PDC_Chile
  5. 15 Enero 2017 A nueve años de su inicio, este martes se conocerá fallo de juicio por la Operación Cóndor El proceso iniciado en Italia por los crímenes en conjunto de las dictaduras latinoamericanas podría entregar su sentencia el 17 de enero y con decenas de militares procesados de distintos países. La sentencia del juicio celebrado en Roma contra 28 militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay imputados por la desaparición de italianos durante la Operación Cóndor, plan represivo contra opositores en estos países en las décadas de 1970 y 1980, se conocerá previsiblemente el próximo martes, tras 9 años entre investigaciones y fase procesal. La fecha probable para la sentencia es el 17 de enero y para ello ya ha anunciado su presencia en Roma el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic. El pasado diciembre se escucharon los alegatos de los abogados defensores y el tribunal presidido por la jueza Evelina Canale fijó la última audiencia para el 17 de enero de 2017. El Tribunal de Roma celebra este proceso en primera instancia desde el 12 de febrero de 2015 y el caso fue abierto tras una larga investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo. En la lista de acusados que presentó inicialmente Capaldo figuraban hasta 140 acusados de Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, las trabas burocráticas a la hora de notificar las imputaciones de la Justicia italiana y la muerte de los acusados, ya de avanzada edad, ha acabado fijando la lista de imputados en los 28 actuales. El pasado 14 de octubre, la fiscal Tiziana Cugini pidió la cadena perpetua para 27 de ellos: dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos. Aunque el próximo martes el Tribunal tendrá que tomar nota del fallecimiento, el pasado 28 de diciembre, de uno de estos imputados, el teniente general Gregorio Álvarez, presidente y dictador de Uruguay entre 1981 y 1985, y que estaba cumpliendo condena por hechos vinculados a la represión durante estos años. Los militares chilenos imputados son Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama y Manuel Abraham Vásquez Chauan. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170115/pags/20170115113357.html
  6. Corte Suprema confirma fallo contra empresa por acoso telefónico El máximo tribunal condenó a Presto S.A a no realizar más llamadas y al pago de las costas de la causa. Este lunes la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en junio pasado por la Corte de Apelaciones y acogió el recurso de protección presentado en contra de la empresa Servicios y Administración de Créditos Comerciales Presto S.A, por el acoso telefónico de una persona que no está registrada como cliente. En fallo unánime (causa rol 35225-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la decisión de fondo que acogió la acción judicial presentada por el abogado Andres Hassen Rosales en contra de la empresa. Asimismo, pero con el voto en contra de la ministra Egnem, la Tercera Sala condenó a la parte recurrida al pago de las costas de la causa. El fallo de primera instancia (causa rol 34.199-2016) dio por establecido el actuar arbitrario de la empresa por cobrar una deuda inexistente. "Como puede apreciarse, la norma discurre sobre la base que las actuaciones de cobranza extrajudicial que se permite a los proveedores lo sean en relación a quienes revistan la calidad de deudores y, como se indicó más arriba, es un hecho probado que el recurrente no reviste esa condición y que esta circunstancia es conocida por Servicios y Administración de Créditos Comerciales Presto S.A. Si bien el hecho de haber proporcionado la deudora como número telefónico de contacto el del recurrente pudo haber justificado un primer llamado al recurrente y alguno otro posterior, lo cierto es que habiendo éste manifestado que el número no pertenece a aquélla, proporcionado uno diferente e incluso presentado un reclamo formal, conforme aparece a fojas 1 y 2, tal justificación desaparece y deja desprovista a las sucesivas llamadas ulteriores de fundamento legal y de razonabilidad. Si la recurrida desea ponerse en contacto con su deudora a fin de instar extrajudicialmente por el cobro de lo que estima se le debe, claramente ha de optar por otras vías que supongan no llamar al teléfono móvil de quien tiene certeza no ostenta esa calidad, independientemente de que se trate de su cónyuge", sostiene el fallo de primera instrancia. Por lo tanto, concluye, "(...) se acoge el recurso deducido en lo principal de la presentación de fojas 3 por don Andrés Said Hassen Rosales, y a fin de asegurar la debida protección del afectado se ordena a Servicios y Administración de Créditos Comerciales Presto S.A. abstenerse de efectuar nuevas llamadas telefónicas al nombrado Hassen Rosales y que digan relación con la deuda que Carmen Ortiz mantiene con la referida compañía. www.t13.cl
  7. Respecto de la tuición de una niña de 5 años Inédito fallo de Juzgado de Familia marca un precedente a favor de la adopción homoparental por El Mostrador 1 marzo 2016 Basada en un informe de la Oficina de Protección de Derechos de San Ramón, la jueza Beatriz Ramírez resolvió que la menor “refiere que tiene dos mamás y las ama a ambas”, sin embargo, es la madre de crianza el “principal personaje” que responde a “las necesidades emocionales y básicas de la niña”. El 23 de febrero pasado, la Jueza Titular del Primer Juzgado de Familia de San Miguel, Beatriz Ramírez, entregó el cuidado provisorio de una niña de 5 años a su madre de crianza, Jacqueline Díaz, luego de que en diciembre pasado la mamá biológica, identificada como Carolina B., la apartara por tiempo indefinido de su hogar. Al momento de nacer la niña, Jacqueline y Carolina B. eran pareja, sin embargo, cuando la relación terminó, la progenitora abandonó el hogar y dejó a su hija bajo el cuidado de la madre de crianza, mientras que el padre biológico, según determinó el tribunal no estaba en condiciones de hacerse cargo, por cuanto siempre estuvo ausente. A fines del año pasado, las madres acordaron que la niña pasaría la Navidad con Carolina, pero la madre biológica no entregó a la menor en la fecha acordada, el 25 de diciembre, generando una diferencia entre ambas mujeres que las hizo llegar hasta la justicia, después de haber tenido un acuerdo de palabra. En este escenario Jacqueline Díaz consiguió el apoyo jurídico de la abogada Melisa Manfredi, ligada al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) Basada en un informe de la Oficina de Protección de Derechos de San Ramón, la jueza Ramírez resolvió que “la niña refiere que tiene dos mamás y las ama a ambas”, sin embargo, es la madre de crianza el “principal personaje” que responde a “las necesidades emocionales y básicas de la niña”. Ante el juzgado, Carolina, la madre biológica, “negó haber dejado hija al cuidado de la requirente, sin embargo de los documentos de salud y educacionales (…) como certificados médicos de atenciones de urgencia de la niña e informes escolares, figura como apoderado Jacqueline Díaz, quien fue descrita como responsable, cooperadora, activa y mostrándose muy preocupada por la niña manteniendo ésta excelente asistencia, agregando en el informe las educadoras no conocer a la madre biológica ni al padre biológico de la niña, ya que no acudieron nunca al colegio”, afirma el fallo del tribunal. El Tribunal puntualizó que “la niña estuvo siempre bajo el cuidado responsable de doña Jacqueline Díaz, que existe una situación de riesgo para la niña en la casa” de la madre biológica, “tanto por su inestabilidad emocional y conducta negligente” y que, por tanto, la menor debe quedar “bajo la protección y responsabilidad de doña Jacqueline Díaz”. La abogada Manfredi declaró que el fallo es "un hito que marca un importante precedente sobre la crianza y adopción homoparental, toda vez que se pone el centro del debate a la interés superior del niño, sin importante la orientación sexual de quien los críe”, dijo. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/01/inedito-fallo-de-juzgado-de-familia-marca-un-precedente-a-favor-de-la-adopcion-homoparental/
  8. Confirman fallo que obliga al Estado a indemnizar a sobrevivientes de tragedia de Antuco La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia que obliga al Estado a pagar $25 millones a cada uno de los seis conscriptos que sobrevivieron a la marcha por los faldeos del volcán Antuco en 2005. En un fallo unánime, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia en primera instancia del Segundo Juzgado Civil de Concepción, que condenó al Estado a pagar $25 millones a cada uno de los seis soldados conscriptos sobrevivientes de la marcha en los faldeos del volcán Antuco, en mayo de 2005, en la que además perdieron la vida 45 militares. En el fallo se señaló que "resulta evidente que ha sido el Estado de Chile quien ha puesto a los demandantes en la misión militar del 18 de mayo de 2005, imponiéndoles además la obligación de cumplir dicha misión bajo el mando de los funcionarios de la planta del Ejército de Chile que resultaron penalmente condenados por impartir dichas instrucciones, por lo que, bajo ningún respecto puede el Fisco argumentar que la acción desplegada por los referidos funcionarios públicos se encuentra desprovista de vínculo con el servicio público al que estaban obligados de cumplir y, habiéndose desarrollado este servicio en forma deficiente, se compromete con ello la responsabilidad estatal". El documento puntualizó que "si bien los actos desarrollados por los funcionarios de planta del Ejército de Chile que fueran condenados penalmente constituyen una "falta personal" y no una falta de servicio propiamente dicha; es igualmente claro que en este caso concreto, "el servicio no puede separarse de la falta", ya que la referida "falta personal" ha sido cometida en ejercicio de la función pública que cumplían los funcionarios aludidos, afectando a los demandantes que se encontraban realizando el servicio militar, cumpliendo las órdenes emanadas del personal superior jerárquico". www.latercera.com
  9. Corte Suprema falla a favor de Capel por uso de la palabra "Pisco" Embajada de Perú había presentado impugnación ante Instituto Nacional del Propiedad Intelectual y luego un recurso ante la Corte Suprema. La Corte Suprema puso punto final, hace pocos días, a la disputa que mantenían la Embajada de Perú en Chile y Cooperativa Capel por el uso de la palabra Pisco. En 2014 la empresa pisquera inscribió ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) las marcas “Círculo del Pisco” y “La Cofradía del Pisco”. Posteriormente, la embajada peruana, a través de sus abogados, presentó una impugnación ante dicho organismo por el uso de la palabra Pisco, porque a su juicio se vulneraba la denominación de origen establecida por Perú. El 23 de abril de 2014 el Inapi emitió su fallo a favor de la empresa chilena. Sin embargo, la embajada peruana presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema. Y tras siete meses, el máximo tribunal del país emitió un fallo definitivo y favorable a la empresa chilena. “Lo que hizo la embajada de Perú fue buscar la última instancia, que en este caso es la Corte Suprema, quien confirma en todas sus partes la decisión del tribunal de INAPI con el de segunda instancia y ratifica todos los argumentos esgrimidos por Capel para indicar que la Denominación de Origen de Pisco, es una denominación que favorece a un producto chileno y no a la posición peruana, que estaba planteando una extraterritorialidad de la Ley peruana para ser aplicada en Chile”, dijo Jimena Muñoz, fiscal de la empresa Capel. De esta manera, la abogada aseguró que el tema quedó completamente zanjado “porque una vez que la Corte Suprema se pronuncia no hay más tribunal donde recurrir. Nos sentimos tremendamente satisfechos porque la Corte Suprema de manera tajante y sin dar lugar a ningún tipo de duda confirmo que la denominación de origen de la palabra pisco corresponde a un patrimonio que es chileno. Ahora esperamos que en los próximos días también la corte haga lo mismo con la otra marca (La Cofradía del Pisco)”. El gerente de la Asociación de Productores de Pisco, Claudio Escobar, destacó la noticia y valoró además el trabajo que se ha desarrollado con las autoridades. “Valoramos la cercanía y la disposición del Ministro de Agricultura, y, en general, de todos los participantes del Consejo Asesor, por buscar mecanismos de apoyo para el sector. Se ha generado un constante intercambio de información, consultas y apoyos, que se han traducido en resultados concretos. Con todo este trabajo, creemos que estamos en el camino correcto para llegar al tan anhelado reconocimiento por parte del Estado de Chile, de la Titularidad de la Denominación de Origen Pisco”, dijo. www.latercera.com
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