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  1. 22 Julio 2019 Radiografía a la red que impulsa la arremetida política de los evangélicos en Chile Partió con el “Bus de la libertad” y en dos años instaló a J.A. Kast como su carta presidencial La oposición al proyecto de Autonomía Progresiva para menores de edad es la nueva ofensiva desplegada por grupos cristianos en el Congreso y ya consiguió complicar la relación de La Moneda con las bancadas oficialistas. El eficaz lobby conservador se sustenta en el activismo de pequeñas entidades evangélicas apoyadas por fuertes redes internacionales, empeñadas en una cruzada continental contra la “ideología de género”. Este reportaje de CIPER es parte de “Transnacionales de la Fe”, un proyecto de investigación integrado por medios de 13 países y coordinado por Columbia Investigative Journalism, de la Universidad de Columbia. Lunes 10 de julio de 2017. Nueve de la mañana. A esa hora estaba previsto que la imponente máquina de reluciente color naranja iniciara su recorrido. Decenas de periodistas esperaban que el “Bus de la Libertad” –flanqueado por dos motoristas de Carabineros– iniciara su marcha en las cercanías de la estación del metro Salvador (Providencia). El recorrido anunciado prometía su paso por Plaza Italia, el corazón de todas las manifestaciones multitudinarias de los santiaguinos, y el frontis del Palacio de La Moneda. En ambos puntos, manifestantes con pancartas del movimiento LGTBI aguardaban al controversial autobús para expresar su repudio. Los canales de TV y las radios informaban en directo. Las redes sociales ardían. Era la noticia del día. Los neumáticos del “Bus de la Libertad” aún no recorrían medio metro y la vocera de esa iniciativa, Marcela Aranda, supo que la campaña ya era un completo éxito: “Creemos que se han cumplido todos los objetivos que tenía el bus, que era visibilizar algo que estaba siendo legislado entre cuatro paredes: la imposición de la ideología de género que quita las libertades a los ciudadanos (…). La manifestación de los padres de Chile es clara, contundente y radical: no aceptaremos que el Estado usurpe nuestro derecho preferente de educar a nuestros hijos”, declaró Aranda esa mañana. Feligresa evangélica, Marcela Aranda ha sido asesora de al menos tres influyentes parlamentarios. Ella es una de las cabezas visibles de la cruzada del mundo cristiano conservador chileno contra la ONU, el PNUD, la OEA, el millonario George Soros (y las fundaciones que financia) y todos los organismos internacionales que promueven lo que ese sector llama “ideología de género”. El recorrido del “Bus de la Libertad” por las calles de Santiago y Valparaíso (del 10 al 13 de julio de 2017) ha sido, sin duda, el punto más alto de atención ciudadana que han conseguido en Chile los grupos que se oponen a la ampliación de las libertades individuales en materias como identidad de género, legalización del aborto y matrimonio homosexual. La experiencia se replicó una semana más tarde en el sur de Chile, con financiamiento aportado por pastores evangélicos. El nuevo periplo incluyó las ciudades de Concepción, Coronel, Lota, Temuco, Osorno, Puerto Montt y localidades de Chiloé. Para el activismo conservador chileno fue un éxito rotundo: impuso el debate y expuso ampliamente los principales ejes de su estrategia. El autobús que recorre las calles con propaganda contraria a la legislación que permite a las personas trans acceder al cambio de nombre y sexo legal, es una campaña que partió en España bajo la batuta de la organización católica conservadora Hazte Oír. En Chile fue impulsada por pequeños grupos –como Padres Objetores, Con Mis Hijos No Te Metas y Observatorio Legislativo Cristiano–, todos con una envidiable capacidad para desplegar su activismo. Si el “Bus de la Libertad” desembarcó con éxito en Chile, en gran parte se debe a que ese proyecto recibió el apoyo del Population Research Institute (PRI), una organización internacional de inspiración cristiana católica (vea la web de esa entidad en la que informa sobre su colaboración con la iniciativa). En 2014, el PRI destinó US$174 mil a financiar “actividades de investigación y educación” en Sudamérica, una región privilegiada para sus actividades proselitistas. Ese mismo año invirtió, por el mismo concepto, solo US$36 mil en Europa, US$6 mil en Asia, US$5 mil en Norteamérica y US$10.957 en África. Del total (US$232 mil), cerca del 75% partió a Sudamérica, según los datos que el propio PRI consignó en 2014 en el formulario “Return of organization exempt from income tax” del Servicio de Rentas Internas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Detalle de la web del Population Research Institute, donde informa sobre su apoyo a actividades en Chile. El PRI es una de las organizaciones que ha impulsado el lobby internacional de entidades católicas y evangélicas conservadoras que presiona para debilitar a la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿El objetivo?: impedir que dicten resoluciones para que los gobiernos y parlamentos americanos legislen a favor de lo que han tildado como “ideología de género”. Ese lobby alcanzó su máxima coordinación política en junio de 2017, apenas dos semanas antes de que el “Bus de la Libertad” iniciara su recorrido en Chile. En esa fecha se lanzó en México una declaración contraria a la intervención de la OEA en estos temas. Ese manifiesto fue firmado por 670 parlamentarios de 18 países. En la misma cita -y con idéntico fin- se constituyó el Congreso Hemisférico de Parlamentarios (vea el reportaje de CIPER “El desconocido rol estelar de J.A. Kast en la ‘guerra santa’ contra la OEA”). El nacimiento del Congreso Hemisférico y la Declaración de México son el hito público más relevante del lobby impulsado y financiado por poderosas organizaciones cristianas internacionales. La más importante de ellas es la estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF), que maneja un presupuesto de US$50 millones anuales. CIPER integra el proyecto de investigación Transnacionales de la Fe, una red en la que participan 16 medios de comunicación de 13 países –coordinada por Columbia Investigative Journalism de la Universidad de Columbia (Estados Unidos)– que indagó las fórmulas que utiliza ADF, y otras organizaciones cristianas que la secundan, para influir en los gobiernos y parlamentos. El reporteo en red demostró que durante años se ha desarrollado una soterrada cruzada para debilitar a la OEA y fortalecer a los sectores conservadores, siguiendo una estrategia diseñada por ADF y otras entidades similares, como Population Research Institute, Political Networks for Values y Advocates International, tres organizaciones que tienen nexos con Chile. De hecho, la crucial cita interparlamentaria desarrollada en México en 2017 fue liderada por el presidenciable chileno José Antonio Kast. En mayo de 2018, Kast visitó La Moneda acompañado de líderes de Citizen Go (que nació como Hazte Oír), la ONG que inició la campaña del “Bus de la Libertad”, para entregar al gobierno de Sebastián Piñera la “bandera de la familia” y pedirle que “se resguarde el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos en todas las instancias”. “AUTONOMÍA PROGRESIVA” Y “PARLAMENTO ABIERTO” Marcela Aranda rehusó hablar con CIPER. Argumentó que no tenía garantías de imparcialidad, debido a que CIPER recibe financiamiento de la Fundación Open Society (que financia George Soros), la que ella identifica como “uno de los pilares del lobby de la ideología de género”. Ese lobby, a su juicio, pretende imponer la agenda legislativa de género “por secretaría”, saltándose a los parlamentos y “burlando” la soberanía de cada país, a través de resoluciones de organismos como la ONU y la OEA y programas financiados por entidades como el PNUD y ONU Mujer (N. de la R.: Open Society es uno de los principales financistas de CIPER. Aquí puede ver las fuentes de ingresos de CIPER en 2017; su aporte en 2018 fue similar y el balance de CIPER de ese año está en proceso). La vocera del “Bus de la Libertad” en Chile –junto a su esposo, Christian Yungue– encabeza el Ministerio de Gobierno y Fe, un pequeño grupo evangélico. Ella, además, dirige otra entidad denominada Observatorio Legislativo Cristiano y ha sido asesora de los senadores Francisco Chahuán (RN), Manuel José Ossandón (RN) y Ena Von Baer (UDI). Reportes de prensa indican que también ha prestado asesorías en el Ministerio de Salud, la Gobernación Provincial de Valparaíso y en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de esa misma región. Las últimas cruzadas de Marcela Aranda: oponerse al proyecto de Ley de Autonomía Progresiva que actualmente se discute en el Congreso y denunciar que el programa Parlamento Abierto fue manipulado para que solo participaran organizaciones liberales, excluyendo a las entidades del mundo conservador. Marcela Aranda El proyecto de Ley para Garantizar la Protección de la Infancia y la Adolescencia, conocido como Ley de Autonomía Progresiva para menores de edad, es considerado por los líderes conservadores como una vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. En este tema, Aranda ha criticado al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, encargado de la agenda legislativa del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y de la relación del Ejecutivo con las iglesias. Blumel, representante del ala más liberal de la coalición oficialista, acordó con la oposición poner el proyecto en tabla. Pero los grupos conservadores han hecho campaña entre los congresistas de las bancadas de gobierno –y algunos DC– hasta convencer a varios de ellos de que la iniciativa puede generar efectos como la despenalización de las relaciones sexuales entre menores y adultos o el cambio de sexo sin consentimiento parental. El lobbyevangélico ha enturbiado la agenda legislativa del gobierno en esta materia y ha enfrentado a una parte importante de las bancadas oficialistas con La Moneda. El ministro Blumel es visto como el cerebro que pone las encuestas por delante de los valores cristianos para darle luz verde a leyes que inicialmente no estaban en el programa de Piñera, como la Ley de Identidad de Género, que facilita a las personas trans el cambio de nombre y sexo, promulgada a fines de 2018. El pasado 1 de julio, a propósito de los avances de la Ley de Autonomía Progresiva, Marcela Aranda publicó en redes sociales un duro mensaje contra el ministro secretario de la Presidencia: “O Piñera no sabe lo que hace Blumel. O Blumel tiene su propia agenda. O esta es otra vuelta de carnero del gobierno” (vea un artículo de La Tercera que abordó ese episodio). El Parlamento Abierto es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Open Government Partnership (OGP), entidad que aboga por la influencia directa de la sociedad civil en las decisiones de políticas públicas. En 2018, la OGP manejó un presupuesto de US$9,9 millones y recibió financiamiento de las fundaciones Hewlett, Red Omidyar, Ford y Open Society. En Chile, el proyecto Parlamento Abierto busca formalizar la participación de organizaciones ciudadanas en los procesos legislativos. Así, podrán exponer sus opiniones directamente en las comisiones parlamentarias durante la tramitación de leyes. CIPER pudo comprobar que, tal como lo ha denunciado Marcela Aranda, en las cuatro primeras convocatorias hechas por el Parlamento Abierto las invitaciones no incluyeron a entidades conservadoras –católicas y evangélicas– que habitualmente habían participado como expositoras en procesos legislativos. Ni siquiera se les informó de la existencia de estas reuniones. Las actividades con las ONG’s participantes en el proyecto se realizaron en mayo, junio, julio y septiembre de 2018. Y a ellas asistieron solo organizaciones liberales y progresistas: Fundación Ciudadano Inteligente, Espacio Público, Base Pública, Corporación Opción, Educación 2020, Fundación Iguales, Observatorio Fiscal, América Solidaria, Casa de la Paz, Chile Sustentable, Chile Transparente, Corporación Humanas, Fundación Multitudes y TECHO. Organizaciones conservadoras que ya habían participado en procesos legislativos relacionados con temas valóricos (como la Ley de Aborto en Tres Causales, la Ley de Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez y la Ley de Identidad de Género) nunca fueron convocadas. Así, permanecían al margen el Observatorio Legislativo Cristiano, Red por la Vida y la Familia, Isfem, Universidad de Los Andes, Universidad Católica, Comunidad y Justicia, Fundación Jaime Guzmán, Advocates Chile, Fundación Soñando Chile, Fundación Somos Padres y Fundación Alma, entre otras entidades. Esa exclusión anunciaba un choque de colosos. Porque varias de las entidades marginadas mantienen relaciones con gigantes del lobby conservador internacional, como Alliance Defending Freedom, Political Networks for Values, Population Reseach Institute y Advocates International. Y así fue. Al mediodía del lunes 19 de noviembre de 2018, la rebelión estalló en la Sala de Lectura de la sede del Senado en Santiago. Y la batuta estuvo nuevamente en las manos de Marcela Aranda. A la quinta convocatoria del programa Parlamento Abierto, llegó de improviso una docena de ONG’s cristianas, conservadoras y “antiglobalistas”. La tensa sesión fue dirigida por la diputada Paulina Núñez (RN), presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia. Aranda tomó la palabra y criticó todo el proceso, cuestionó la gestión de la diputada Núñez, sostuvo que tal como se estaba llevando el programa afectaría la soberanía nacional y las libertades ciudadanas por la imposición de la agenda de organismos internacionales. Radical, exigió reiniciar todo: “Partir de cero”. A su crítica se sumaron otras ONG’s conservadoras. El debate fue subiendo de tono hasta que, alrededor de las 15:00, la diputada Núñez puso fin de forma unilateral a la reunión. Como dijo a CIPER un asistente: “Se paró y se fue”. Nueve días después, el 28 de noviembre, Marcela Aranda recibió un golpe duro. Acompañada por dirigentes del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), la hija de Aranda, Carla González Aranda (19 años), se presentó ante la prensa para explicar las razones que la llevaron a cambiar de sexo y nombre legal. Allí explicó que su decisión de hacer pública su condición de persona trans, fue “brindar un apoyo a quienes están pasando por la misma situación”. También dijo que se había sentido “discriminada” con la campaña del “Bus de la Libertad” que lideró su madre. Y explicó que aunque ya no asistía a la iglesia, aún se consideraba evangélica: “Creo que Dios ama a todos”. En respuesta, Marcela Aranda se refirió a Carla como “mi hijo” y sostuvo que el Movilh la estaba utilizando. QUIEBRE CON PIÑERA Las iglesias evangélicas chilenas están agrupadas en tres grandes entidades: la Mesa Ampliada (cercana a la centroizquierda), el Consejo Nacional y el Concilio Nacional (ambas inclinadas a la derecha del arco político). Las dos últimas apoyaron a Sebastián Piñera en la pasada elección presidencial y a cambio contaron con cupos en las listas de candidatos parlamentarios del partido Renovación Nacional (de la alianza oficialista). Querían consolidar la primera bancada evangélica del país y para ello presentaron 15 candidatos. Consiguieron tres escaños, de un total de 155 (vea el reportaje de CIPER: “Las pugnas y negociaciones para instalar en Chile el poder político evangélico”). La alianza con el piñerismo se selló simbólicamente en septiembre de 2017, en plena campaña electoral, durante el tradicional Te Deum oficiado en la Catedral Evangélica de Santiago. Aunque las tres principales agrupaciones evangélicas nacionales organizaron ese acto litúrgico en conjunto –como se había hecho históricamente–, el Concilio Nacional (anfitrión de la catedral) modificó unilateralmente el programa e introdujo como orador al hijo del obispo Eduardo Durán Castro. Aunque no cumplía con el requisito de ser pastor y ya era candidato al parlamento, Eduardo Durán Salinas intervino en el oficio. Presidente Piñera y el obispo Eduardo Durán en La Moneda. Eduardo Durán Salinas, quien finalmente fue electo diputado, utilizó la tribuna más mediática del mundo evangélico chileno para fustigar con fuerza a la entonces presidenta Michelle Bachelet. Sentada en la primera fila del templo, la mandataria tuvo que escuchar una dura recriminación por sus proyectos de ley sobre aborto en tres causales, identidad de género y matrimonio igualitario. La tensión fue creciendo y al finalizar la ceremonia Bachelet abandonó el templo entre abucheos. Piñera recibió aplausos. La alianza entre el sector evangélico del obispo Eduardo Durán Castro con el gobierno de Piñera marchó sobre ruedas solo seis meses. La crisis estalló cuando La Moneda puso urgencia a la tramitación de la Ley de Identidad de Género heredada de Bachelet. El 12 de septiembre de 2018, en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó ese proyecto, el diputado Eduardo Durán Salinas hizo explícito el quiebre: “Siento un dolor porque el gobierno ha tomado banderas que no le corresponden. La inmensa mayoría que en segunda vuelta le dio apoyo a nuestro gobierno, hoy se siente traicionada”. LAVADO DE ACTIVOS Un día después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género en la Cámara de Diputados, CIPER publicó la alerta por lavado de activos que puso en la lupa de la Fiscalía de Chile al obispo Durán Castro. El principal aliado evangélico de Piñera también quedó bajo investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII). La indagatoria por presunto lavado de activos se originó al detectarse millonarios movimientos en las cuentas bancarias relacionadas con el obispo durante las negociaciones para fusionar su iglesia con una de las mayores entidades pentecostales del mundo: la estadounidense International Pentecostal Holiness Church (IPHC) (vea ese reportaje de CIPER). En enero pasado, el obispo Durán Castro declaró ante la Fiscalía que recibe $30 millones mensuales (cerca de US$45 mil) solo por concepto de “diezmos” (la donación del 10% de los ingresos de cada feligrés). De ese monto, Durán dijo destinar $13 millones (unos US$20 mil) para su uso personal y que entregaba otros $9 millones (alrededor de US$13.600) a sus hijos y a una sobrina. Esto significa que el 74% de los ingresos por diezmos que recibía el obispo Durán eran destinados a sus gastos personales y familiares. Obispo Eduardo Durán Castro Pastores de otras congregaciones dijeron a CIPER que si se consideran las “ofrendas” (aportes voluntarios que hacen los fieles durante los oficios), la cifra global puede superar con creces los $50 millones mensuales (cerca de US$76 mil). CIPER investigó el patrimonio del obispo Eduardo Durán, quien en los años 80 era un modesto empleado de la Sociedad Bíblica (una casa editorial evangélica). Hasta el año 2018 era dueño de al menos 12 propiedades que sumaban $1.152 millones (US$1.745.000) en avalúo fiscal; y de ocho vehículos, dos de ellos de colección. Desde entonces, algunas de esas propiedades han sido vendidas, pero conserva dos empresas y una finca en Isla de Maipo, en la que se realizan actividades recreativas para evangélicos a los que se les cobra unos US$40 por persona por el uso de las instalaciones. Una de las empresas de su hijo, el diputado Durán Salinas, es Southern Waters, la que embotella y comercializa agua bajo distintas marcas. Su producto estrella es “Agua Divina” que se vende principalmente entre los fieles evangélicos. Durán Salinas tiene bienes raíces con un avalúo fiscal de $815 millones (US$1.235.000). IMPUESTOS Y COMUNICACIONES La revelación del incremento patrimonial del obispo Durán y su familia provocó un escándalo público y fuertes críticas del propio mundo evangélico. Los cuestionamientos apuntaron también a su vida privada por los pagos que la iglesia le hacía a su conviviente. El principal efecto de este revuelo fue reforzar un antiguo debate sobre la laxitud de los registros contables que llevan las iglesias y lo pertinente de las exenciones tributarias que las benefician. Otra controversia sobre el patrimonio de las iglesias evangélicas en Chile la provocó la investigación de CIPER que reveló que entre 2010 y 2018 el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, traspasó 151 propiedades a cultos evangélicos en todo el territorio nacional. El más favorecido fue el obispo Eduardo Durán, cuya iglesia (Catedral Evangélica) se hizo del dominio de 12 inmuebles públicos, además de otros aportes en dinero (vea el reportaje de CIPER “El cuantioso aporte inmobiliario de Bachelet y Piñera a la expansión evangélica”). En la batalla por controlar el voto del mundo evangélico la centroizquierda también ha movido sus fichas. Entre 2015 y 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el Estado traspasó 16 propiedades que totalizan 3.566 m2 a iglesias evangélicas de la Región del Biobío, donde la población protestante ha experimentado su mayor crecimiento. En octubre de 2017 el SII emitió una circular para que organizaciones sin fines de lucro con ingresos anuales superiores a $330 millones (US$500 mil), presenten declaraciones juradas detallando sus ingresos, gastos y registros contables. En esa categoría entran las más grandes iglesias evangélicas del país. El objetivo es que sus pastores y obispos puedan demostrar el origen de su patrimonio, el que hoy se oculta en una nebulosa. Sobre todo en las iglesias neopentecostales que han adoptado la “teología de la prosperidad”, donde la acumulación de riqueza se considera una “bendición de Dios”. Si bien las actividades destinadas directamente al culto siempre han estado exentas de impuestos en Chile, actualmente las grandes iglesias manejan exitosos negocios asociados (transportes, centros de recreación, radioemisoras, canales de TV y editoriales, entre otros), los que a juicio de la autoridad impositiva sí deben tributar. El endurecimiento de las normas puede ser un fuerte golpe para las extensas redes comunicacionales (radio y TV) que manejan los cultos evangélicos, las que en países como Brasil y Colombia han sido la base del explosivo crecimiento de esas iglesias y del poder que pueden poner al servicio de dirigentes políticos y del lobby conservador. La organización Advocates Chile, que reúne a abogados evangélicos que litigan o hacen asesoría ad honorem en materias relacionadas con promoción y defensa de la libertad religiosa, participó en 2018 en la mesa de trabajo que reunió a las iglesias con el SII, para analizar las nuevas declaraciones que les pide ese servicio. En este tema clave para los pastores y obispos, Advocates Chile asesoró con dos abogados tributarios, en régimen de voluntariado. Así lo informó a CIPER la directora de Fundación Advocates Chile, Carmen Gloria Moreira, quien agregó que también realizaron una capacitación a pastores y líderes religiosos sobre los alcances de la Ley de Culto y de las normas de tributación. VÍAS PARA INFLUIR EN EL CONGRESO La abogada Carmen Gloria Moreira indicó a CIPER que Advocates Chile no se dedica al activismo en temas valóricos y que no está vinculada a organizaciones político partidistas. Y puntualizó que su fundación reúne “a abogados de distintas corrientes teológicas y probablemente de distintas inclinaciones políticas (…) que trabajan por promover la libertad religiosa como un valor en una sociedad plural y diversa”. Advocates Chile sí mantiene una relación de coordinación con entidades internacionales que participan activamente en el lobby conservador que busca evitar que los gobiernos acojan las resoluciones de organismos multilaterales, como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre esas entidades se cuenta Advocates International, Anajure (agrupación de juristas evangélicos brasileños) e IPPForB (Panel internacional de Parlamentarios por la Libertad Religiosa). A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos (como Brasil, Colombia y México), en Chile los evangélicos no cuentan con universidades o centros de estudios influyentes que elaboren informes en derecho para participar en procesos legislativos. De ahí que organizaciones que sostienen el lobby internacional conservador, como ADF, han privilegiado nexos con instituciones católicas –como la Universidad Católica, la Universidad de Los Andes, la Fundación Jaime Guzmán y Comunidad y Justicia– para influir en la tramitación de leyes a través de la asesoría legislativa que prestan estas entidades. Advocates Chile es, precisamente, una organización evangélica que podría suplir esa falencia, pues intenta posicionarse como un referente en materia de informes legislativos. Sitio web de Reforma Chile El informe anual de derechos humanos del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) de 2015, consignó que en diciembre de ese año Carmen Gloria Moreira asistió a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para hacer una presentación contraria a la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Asimismo, en la tramitación de la Ley sobre Sistema de Garantía de los Derechos de la Niñez, Advocates Chile también presentó observaciones, a través de una ponencia ante la comisión parlamentaria hecha por la abogada María Jesús Cordero. Luego de esta última experiencia, indicó Carmen Gloria Moreira a CIPER, “decidimos que nuestros informes debían ser informes en derecho, sostener posiciones jurídicas, con enfoque en libertad religiosa”. Un camino similar está tratando de recorrer la organización Reforma Chile, liderada por Benjamín Lorca. Buscando diferenciarse de las entidades evangélicas que hacen activismo, Reforma Chile pretende constituirse en un centro de pensamiento socialcristiano. Sus integrantes asisten al Congreso Nacional para conocer el trámite de proyectos de ley, preparan minutas que pueden servir a parlamentarios y gobierno en materia legislativa y mantienen vínculos con la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno. Con el objetivo de profesionalizar un área técnica de apoyo a la política en las iglesias evangélicas, Reforma Chile dicta el Diplomado en Gobierno, Asuntos Públicos y Fe, programa que forma parte de su Escuela de Formación de Gobierno. KAST: LÍDER CONTINENTAL En noviembre de 2018, la promulgación de la Ley de Identidad de Género se selló con una solemne ceremonia en La Moneda, a la que fueron invitados defensores de los derechos LGTBI. Eso no solo trizó la alianza tejida por los obispos y pastores con el Presidente Sebastián Piñera, también provocó que en los templos evangélicos se aprecie con mayor simpatía el discurso ultraconservador del presidenciable José Antonio Kast. Promotor de la Declaración de México, presidente de la comisión constituyente del Congreso Hemisférico de Parlamentarios, miembro del Consejo Asesor de la ultraconservadora Political Networks for Values e invitado a la cumbre conservadora organizada por Eduardo Bolsonaro (hijo del presidente brasileño), José Antonio Kast ya tiene asegurado un puesto entre los líderes políticos que cuentan con el apoyo de las más poderosas organizaciones evangélicas continentales. Su tarea ahora es conquistar el voto de los evangélicos chilenos, tejiendo alianzas con pastores y obispos influyentes. Y ya está en marcha. En la zona de Coronel y Lota (Región del Biobío), que era un histórico bastión comunista y donde hoy el movimiento evangélico ha conseguido su mayor crecimiento, Kast obtuvo su mejor registro en la presidencial de 2017: 20% de los votos (marcó 8% a nivel nacional). Allí el despliegue de su movimiento político Acción Republicana –hoy en proceso de constituirse como partido– ha sido particularmente intenso y desde esa zona ha comenzado a irradiarse su popularidad hacia las iglesias evangélicas del resto del país. Los adherentes a Kast también se han multiplicado entre los feligreses de una de las mega-iglesias neopentecostales chilenas: el ministerio Cristo tu Única Esperanza, que dirige el pastor Fernando Chaparro. Si Kast conquista el corazón de Chaparro tendrá acceso a la poderosa Radio Corporación, una de las redes de radioemisoras más escuchada por los 3,5 millones de fieles evangélicos que el último censo contabilizó en el país y que, organizados y coordinados, podrían decidir cualquier elección. La red de Corporación está compuesta por 32 estaciones que van desde Copiapó en el desierto nortino hasta Punta Arenas, en el extremo sur. En todo caso, Corporación no es la red nacional más grande de emisoras evangélicas. La supera la cadena Armonía, fundada por el pastor Rubén Sáez, con 50 estaciones que cubren todo el territorio nacional, desde Arica (en la frontera con Perú) hasta Porvenir (Tierra del Fuego). Una plataforma de amplificación que cualquier político quisiera tener a su disposición y que en países como Brasil han pavimentado el meteórico ascenso del conservadurismo. Este reportaje es parte del proyecto Transnacionales de la Fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo investigativo del Columbia Journalism Investigation de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Los socios latinoamericanos son: Agencia Publica (Brasil); El País (Uruguay); CIPER (Chile); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); El Centro de Investigación de Puerto Rico; Mexicanos contra la Corrupción (México); y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Fuente: https://ciperchile.cl/2019/07/22/radiografia-a-la-red-que-impulsa-la-arremetida-politica-de-los-evangelicos-en-chile/
  2. RUZADA EVANGÉLICA CONTINENTAL BUSCA FRENAR “IDEOLOGÍA DE GÉNERO” El desconocido rol estelar de J.A. Kast en la “guerra santa” contra la OEA Un potente lobby para debilitar a la OEA es liderado por organizaciones cristianas conservadoras de Estados Unidos. La cruzada quiere ahogar las resoluciones de la OEA que obligarían a los estados miembros a ampliar derechos relacionados con aborto, matrimonio homosexual e identidad de género. La ofensiva evangélica que posibilitó el triunfo de Bolsonaro en Brasil y el ascenso del conservadurismo en Colombia y Centroamérica, tiene su carta para Chile: José Antonio Kast, quien desde 2017 viene ganando terreno en el tramado internacional contra la “ideología de género”. Dos meses antes de lanzar la candidatura presidencial que en 2017 le abrió el camino a un liderazgo con proyección nacional, José Antonio Kast ya había timbrado su pasaporte a las grandes ligas continentales del conservadurismo. Kast anunció su postulación a La Moneda en agosto de ese año y solo el puñado de entusiastas seguidores que entonces le acompañaba se atrevía a vaticinar que terminaría adueñándose del extremo derecho del arco político. Pero Kast ya sabía dónde apuntaba: en junio de ese año, en Ciudad de México, dio un paso clave como aspirante al timón de las fuerzas conservadoras. Un capítulo poco conocido en su historial y que lo asocia con un gigante que en gran parte del continente ya es una fuerza electoral sin frenos: el mundo evangélico conservador. El 15 de junio de 2017 se lanzó la Declaración de México, un manifiesto suscrito por 670 parlamentarios de 18 países de América Latina que se opone a que las resoluciones de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliguen a los estados miembros a modificar sus leyes locales “en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa” (vea aquí la declaración y sus signatarios). Esa reunión en México no tuvo solo como objetivo la firma de una declaración. Fue un acto fundacional: los suscriptores pusieron en marcha el Congreso Hemisférico de Parlamentarios. Desde allí se articularían sus fuerzas políticas, económicas y religiosas, para evitar en estos 18 países que las resoluciones de la OEA y de los otros dos organismos interamericanos amplíen las libertades individuales en materias como aborto y derechos reproductivos, educación sexual, matrimonio homosexual y equidad de género. En corto y simple: la declaración y el Congreso Hemisférico son hitos públicos del lobbyinternacional cristiano que presiona a gobiernos y parlamentos americanos para impedir que legislen a favor de lo que las fuerzas conservadoras llaman “ideología de género”. Y allí, en el centro de la foto oficial de los principales líderes continentales que dieron vida a ambos hitos, un chileno: José Antonio Kast. Su rol fue estelar, pues el líder de Acción Republicana –movimiento que ya está en proceso de inscripción como partido político– integró el equipo de seis personalidades que organizó la reunión de junio de 2017 en México. De hecho, fue ungido como presidente del comité promotor del Congreso Hemisférico (vea un video con su vocería en ese comité). El lobby que desembocó en la reunión de México ha sido impulsado y generosamente financiado por poderosas asociaciones cristianas de alcance internacional, donde el rol de mayor peso lo ha jugado la estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF). En este tipo de organizaciones confluye el poder de grupos católicos y evangélicos conservadores, constituyendo una alianza de dos sectores cristianos que hasta hace algunos años caminaban por veredas diferentes y hasta antagónicas. José Antonio Kast durante su exposición en el Congreso Hemisférico de Parlamentarios. CIPER formó parte de la investigación periodística internacional Transnacionales de la Fe, integrada por 16 medios de comunicación de 13 países, coordinada por Columbia Journalism Investigation de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Esta red colaborativa rastreó las fórmulas que utiliza ADF, y otras organizaciones cristianas que la orbitan, para influir en las políticas gubernamentales y los debates legislativos desde Estados Unidos hasta el Cono Sur. El resultado de esta investigación conjunta revela cómo y a través de qué vías la ADF –así como sus entidades asociadas– ha desarrollado estrategias para debilitar a la OEA y fortalecer al conservadurismo. Este impulso no solo fue el motor de la elección de Donald Trump, sino que también fue determinante en el fulminante crecimiento de la bancada evangélica brasileña que pavimentó la victoria de Jair Bolsonaro, así como en el triunfo del “No” al acuerdo de paz con las FARC en el plebiscito colombiano. Todas esas victorias en votaciones populares se deben en gran medida al apoyo creciente que reciben sus dirigentes y articuladores desde entidades nucleadas bajo el paraguas de ADF. En general, la influencia de estas poderosas organizaciones cristianas conservadoras se ejerce a través de cauces legales de asesoría legislativa y lobby regulado. Pero también hay evidencia de que en algunos países se impulsaron negociaciones reservadas para asegurar que los votos evangélicos beneficiaran a ciertos políticos, bajo el compromiso de que estos impulsarían normas anti aborto y contrarias a la ampliación de derechos de las minorías sexuales. Compromisos que aseguraban la designación de cristianos conservadores en puestos clave para las políticas de salud, educación y relaciones internacionales. De todas las organizaciones cristianas que fueron investigadas por Transnacionales de la Fe, al menos cinco registran vínculos con personas o instituciones chilenas: ADF, Political Network for Values, Advocates International, Population Research Institute e International Human Rights Group. Esta última fue la que financió los pasajes de José Antonio Kast a la cita en México de 2017. Así lo consignó el entonces diputado en la plataforma de transparencia de la Cámara Baja. En el mismo registro oficial del Poder Legislativo figuran los pasajes y la estadía en Maui (Hawai), viaje que hizo Kast en 2016 y que pagó la ADF Academy (entidad que especializa a abogados de toda Latinoamérica en “derecho de familia” y “libertad religiosa”) para que participara en un evento que esa organización auspició. “DEFENDER LA SOBERANÍA” El eje de la acción de ADF es la defensa jurídica de los valores profesados por el cristianismo más conservador. Nació en Estados Unidos en el año 2000, en respuesta al avance de las normas liberales que en ese país limitan o prohíben las manifestaciones religiosas en la educación pública, garantizan el acceso al aborto y amplían los derechos de homosexuales. Pero su origen se sitúa siete años antes, en 1993, cuando una treintena de pastores evangélicos se propuso organizar una fuerza legal capaz de enfrentar a las poderosas organizaciones progresistas –como American Civil Liberties Union (ACLU) y Planned Parenthood– que con sus arcas bien provistas iban sumando adeptos y éxitos en litigios y lobby. Esa trinchera para resistir y contraatacar fue, finalmente, la Alliance Defending Freedom. Los registros públicos estadounidenses de organizaciones sin fines de lucro, indican que la ADF maneja un presupuesto que en los últimos años ha escalado hasta US$50 millones. Aunque sus integrantes son mayoritariamente evangélicos, entre sus miembros también hay una minoría católica. De hecho, quien la presidió desde su creación hasta 2017, Alan Sears(colaborador del ex presidente Ronald Reagan), es un abogado “católico romano”. Manifestación de la Alliance Defending Freedom (fotografía de thedailybeast.com) Hasta mediados de esta década –ha dicho el propio Sears- la ADF colaboró con más de tres mil organizaciones y formó a cerca de cinco mil abogados provenientes de 20 países (Chile en esa nómina), 1.400 de ellos a través de su programa para jóvenes becarios Blackstone Legal Fellowship. Sus fondos fueron aportados por más de un millón de personas y mantenía no menos de 110 mil donantes activos (vea una entrevista de Sears cuando aún dirigía la ADF). Hasta ese momento ADF había invertido US$42 millones para costear litigios en distintos tribunales. Una de sus últimas batallas emblemáticas en Estados Unidos fue su oposición en las cortes a la normativa para que los planes de salud de las empresas financien métodos anticonceptivos abortivos para sus empleadas. Esa poderosa red tejida por la ADF fue la que dio sustento a la cita continental que lideró Kast en México. Allí, actuando como vocero, Kast exigió a la OEA ceñirse al marco legal que determina que sus funciones principales son “trabajar por la paz, la seguridad, la democracia y el respeto a los derechos humanos”. Y denunció “el abuso que ha cometido en el último tiempo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto de dictar órdenes y circulares ejecutivas para promover una agenda de género que sale del marco legal de la OEA y pretende instalar una agenda distinta, no solo en la OEA, sino respecto de cada uno de los países integrantes”. José Antonio Kast remató con un llamado “a defender la soberanía y la autodeterminación de cada país que han sido pasados a llevar, de maneras distintas, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Comisión Interamericana de la Mujer”. La OEA, la Comisión y la Corte Interamericana, han impulsado en sus resoluciones legislar a favor del matrimonio homosexual y la equidad de género, bajo el argumento de que son derechos que están garantizados por los tratados de derechos humanos suscritos por sus estados miembros. De hecho, uno de los factores que gatilló la cumbre parlamentaria conservadora de 2017 en México, fue la inminente respuesta de la Corte Interamericana a una consulta crucial que le formuló el gobierno de Costa Rica: si para respetar el principio de no discriminación e igualdad jurídica, tenía la obligación de establecer un mecanismo expedito para el cambio de nombre legal en casos de personas que apelan a la “identidad de género” y para asegurar los derechos patrimoniales en uniones del mismo sexo. Un aviso publicitario en pleno Times Square que llama a parar a la ADF (fotografía de nbcnews.com). El mundo conservador vio en esta consulta una maniobra del gobierno de Costa Rica para evitar el debate legislativo en su parlamento e imponer “por secretaría” las reformas liberales. Un atajo que podrían recorrer otros países. “El gobierno de Costa Rica hace esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pasar por sobre su parlamento”, afirmó José Antonio Kast en su rol de presidente del comité promotor del Congreso Hemisférico. Y aseguró que la acción de Costa Rica instrumentalizaba el sistema interamericano de derechos humanos. Aunque las respuestas de la Corte no son vinculantes, la amenaza que ven los líderes conservadores es que los gobiernos liberales usen esas resoluciones en el debate legislativo de sus países para imponer sus agendas progresistas. En octubre de 2017, cuando ya era candidato presidencial, Kast asistió a un nuevo encuentro del Congreso Hemisférico, esta vez en Washington. Una de las primeras decisiones del congreso fue entregar una declaración a los cancilleres de cada uno de los 18 países, instándolos a exigirle a la OEA que actúe dentro de su marco legal, que no vulnere la soberanía ni la autodeterminación de sus estados miembros y que no opere de hecho como un supra-poder legislativo y judicial. En Chile esas gestiones no tuvieron éxito bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Pero el 25 de abril pasado se informó que la administración de Sebastián Piñera sí suscribió una carta –junto a Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay– dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se pide respetar las decisiones autónomas de los países miembros. CIPER pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia una versión oficial sobre cómo y dónde se gestó esa carta y quiénes la promocionaron ante el gobierno. La subsecretaría no entregó información y la Cancillería, a través de su unidad de comunicaciones, respondió con un escueto párrafo perfectamente vacío: “Lo que el Ministerio puede señalar es que el envío de la carta a la CIDH fue un acuerdo entre varios países con el objetivo de, a través de una acción conjunta, buscar un procedimiento de mejoras del sistema”. El canciller del gobierno anterior, Heraldo Muñoz, dijo a CIPER que no recuerda haber concedido audiencia o recibido mensajes sobre estos temas. Funcionarios de la Cancillería que trabajaron en esta área, dijeron a CIPER que nunca fueron objeto de presiones, pero que sí están conscientes del poder que tiene el lobby del mundo cristiano conservador a nivel latinoamericano. Uno de ellos recordó un capítulo que lo grafica: -Cuando se votó la resolución en Ginebra (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2016) sobre diversidad sexual, esa resolución la lideraba Brasil en América Latina. Pero los brasileños nos llamaron porque estaban preocupados por la reacción de la bancada evangélica en su país. Nos dijeron que ellos no podían liderar públicamente la propuesta. Y nos pidieron a nosotros (los chilenos) que lo hiciéramos. Y en esto trabajamos con Canadá, que era el otro país que estaba liderando esta iniciativa. Las mismas fuentes señalaron que la carta que ahora firmó el gobierno de Piñera no llegó a través de la Cancillería o el Ministerio de Justicia, sino que fue recibida directamente en el Palacio de La Moneda, apalancada por una entidad católica ultraconservadora. Y agregaron que el silencio oficial sobre el origen de esta iniciativa busca evitar que se conozcan las fuerzas que están detrás del lobby internacional que la impulsó. En todo caso, la carta no pasó inadvertida y generó críticas en la oposición: el pasado 14 de mayo, la Cámara de Diputados citó a una sesión especial en la que los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia tuvieron que dar explicaciones sobre el sentido del documento enviado a la CIDH. El entonces canciller, Roberto Ampuero, dijo ante la Cámara que la carta solo promueve reformas que buscan perfeccionar el sistema regional de protección a los derechos humanos. FIRMANTES CHILENOS De los 670 parlamentarios de la declaración de México, 28 son chilenos (vea esa nómina). La mayoría pertenece a los partidos oficialistas Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), salvo un demócratacristiano: Jorge Sabag. CIPER logró contactar personalmente a una decena de ellos. La mayoría no recordaba el contenido del documento que rubricaron ni quién les había pedido que lo firmaran. Ignacio Urrutia (ex UDI y hoy adherente de Kast) aseguró que estas convocatorias se hacen por correo electrónico y que los parlamentarios se suman sin mayor compromiso posterior. Todos los legisladores consultados concordaron en que después de esa carta no ha existido una articulación entre los firmantes. Ejercitando la memoria, la diputada María José Hoffmann (UDI) dijo que “le sonaba” que José Antonio Kast pudo haber impulsado la declaración, pero que no lo recordaba con exactitud. El diputado Jaime Bellolio, uno de los más liberales de la UDI, señaló: “Creo que fue Kast quien andaba en búsqueda de eso, en la línea de que los países sean quienes definan políticas específicas en materias como aborto y uniones civiles, ya que no existe un derecho humano al aborto o al matrimonio igualitario. Sí, en cambio, existe el derecho humano a la no discriminación arbitraria, a la igualdad de trato. Por eso voté a favor de las uniones civiles y del proyecto de identidad de género, como una manera de entregar mayor dignidad y no discriminación”. Diputado Jaime Bellolio (UDI). El diputado Bernardo Berger (RN), quien inicialmente no recordó la carta ni quién le pidió su firma, dijo después: “Haciendo memoria, la suscribí en los términos que allí aparecen, porque ningún organismo internacional puede pretender imponer políticas desconociendo las profundas creencias religiosas y morales de los pueblos. Hacerlo es un atropello a la soberanía y autonomía de cada país”. Lo que definitivamente no recordó, fue quién le pidió su firma. El diputado Alejandro Santana (RN): “No recuerdo bien, pero yo firmé por la agenda contraria al aborto y al matrimonio igualitario. Los detalles no los recuerdo. Ha habido reuniones aisladas, pero no tienen frecuencia. Era una carta de intención o de instalación de nuestra postura contraria a una agenda que no nos representa”. En la Cámara Alta, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), también dijo no recordar quién le pidió la firma. Lo que sí sabe es que no hubo más coordinación entre los firmantes: “Y, para ser franco, no recuerdo que la idea fuera que la hubiera”, acotó. Si la imagen que José Antonio Kast ha construido en el exterior es la del líder de un sector importante del parlamento chileno que se opone a las directrices de la OEA en materia de género, las bases que lo sustentan aparecen febles. Así lo evidencia la escasa importancia que los mismos firmantes chilenos le han dado a la promoción y continuidad de la Declaración de México. Pero donde su discurso sí ha calado, y hondo, es en el mundo evangélico conservador. De allí que profundizar esa relación se haya convertido en un objetivo clave de su estrategia presidencial. El problema, es que los esfuerzos para organizar políticamente a los feligreses evangélicos aún están lejos de cuajar en una fuerza electoral disciplinada. QUIEBRE EVANGÉLICO CON PIÑERA A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y algunos países de Centroamérica, donde el electorado evangélico es un actor relevante, en Chile las iglesias protestantes no han logrado consolidar una fuerza política. Los primeros pasos en esa dirección se dieron recién en las elecciones de 2017, cuando algunos pastores liderados por obispos como Eduardo Durán, Edito Espinoza y Jorge Méndez, con el auspicio de la poderosa iglesia Catedral Evangélica, le dieron su apoyo público a Sebastián Piñera y, en alianza con un partido de la coalición de derecha (RN), consiguieron tres escaños en la Cámara de Diputados (de 155 miembros). Pero la decisión del gobierno de Piñera de dar curso a la Ley de Equidad de Género (promulgada en noviembre de 2018), que consagra el derecho de las personas trans a cambiar de nombre y sexo legal, quebró esa alianza. Desde entonces diversos pastores han comenzado a acercarse a Kast. Otro elemento que debilitó la relación del gobierno de Piñera con el mundo evangélico es que el principal aliado de La Moneda entre los pastores, el obispo Eduardo Durán Castro, a fines de abril pasado se vio obligado a renunciar a sus cargos de presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal y Pastor Gobernante de la Catedral Evangélica. Durán ha sido investigado por lavado de dinero luego de recibir remesas producto de la alianza de su iglesia con la poderosa congregación estadounidense International Pentecostal Holiness Church (vea ese reportaje de CIPER). La indagatoria salpicó a su hijo, el diputado de RN Eduardo Durán Salinas, pues trascendió que el obispo le entregaba sumas millonarias que no fueron incorporadas en la declaración patrimonial que, por ley, debe hacer el parlamentario. Pero no fue por estas irregularidades financieras que el obispo Durán perdió sus cargos, sino porque sus feligreses se rebelaron tras su anuncio de que se divorciaría para formalizar su relación con una nueva pareja. EVÁNGELICOS Y CATÓLICOS: SANTA ALIANZA Los evangélicos no tienen en Chile ni políticos ni partidos ni universidades ni centros de estudios influyentes. Lo que sí tienen son radios, canales de TV por cable y muchos recursos. Frente a la aridez en el escenario político, organizaciones como ADF se han visto obligadas a tejer alianzas con figuras e instituciones del catolicismo chileno más conservador. Entre esas figuras está el propio Kast, quien participa en el movimiento marianista Shöenstatt; y entre las instituciones, la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), la Universidad de Los Andes (UANDES), la Fundación Jaime Guzmán (FJG) y Comunidad y Justicia. Estas relaciones le han permitido por ahora a la ADF asegurarse de que sus ideas sean escuchadas en los procesos legislativos. Esto ha sido posible a través de su relación con la UC, UANDES, FJG y Comunidad y Justicia, entidades respetadas en materia jurídica y legislativa. Todas ellas elaboran minutas de asesoría para parlamentarios o bien participan como expositoras en las comisiones del Congreso cuando se discuten proyectos de ley relacionados con la “agenda de género”, derechos reproductivos, derechos de la infancia, aborto o unión civil (en Chile no se ha aprobado el matrimonio homosexual). Los primeros registros públicos de vínculos entablados en Chile por ADF datan de 2011. Ese año la Fundación Jaime Guzmán en conjunto con la Universidad de Los Andes, recibieron a un pasante de ADF: Jonathan Richardson, estudiante de la Universidad de Forham (Nueva York), para que analizara el derecho comparado sobre uniones homosexuales e inmigración. Su mentor en Chile fue Luis Alejandro Silva, académico de la Facultad de Derecho de la UANDES. En una publicación interna de esa universidad, Silva explicó que querían “afiatar” la relación con ADF para recibir más estudiantes y enviar alumnos chilenos a capacitarse en Estados Unidos. Universidad de Los Andes. La Fundación Jaime Guzmán es un centro de estudios y de formación ideológica que tiene entre sus directores a José Antonio Kast. Está estrechamente vinculada al partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), en el que militaba Kast antes de crear Acción Republicana. La FJG presta asesoría legislativa a los parlamentarios de la UDI de manera permanente. Ese partido cuenta con una bancada de 30 diputados (de un total de 155) y nueve senadores (de 43). De los 28 parlamentarios chilenos que suscribieron la Declaración de México, 17 pertenecen a la UDI. La Fundación Jaime Guzmán respondió por escrito las consultas de CIPER, indicando que “no posee un convenio explícito con ADF. No obstante, una vez al año, en la medida que exista interés, puede venir a Chile un estudiante por intermedio de este programa”. La UANDES es una universidad del Opus Dei y una de las instituciones de educación superior que reciben más donaciones del mundo privado. En 2012, la UANDES recibió a una de las figuras más reconocidas de la ADF, el abogado Piero Tozzi, quien dictó una conferencia invitado por el centro de alumnos de Derecho. Tres años después, en 2015, un informativo interno de la UANDES promovió entre sus estudiantes de Derecho la postulación a la Beca Areté Academy, ofrecida por ADF, para asistir a un programa de instrucción legal en México “enfocado en derecho, justicia, derecho natural y perspectiva cristiana”. Sobre sus nexos con ADF, la UANDES respondió por escrito a CIPER que “no ha suscrito ningún convenio de colaboración ni establecido una alianza con la entidad estadounidense Alliance Defending Freedom (…). En cuanto a la beca Areté Academy, que financia ADF, una ex alumna de la Facultad de Derecho postuló de manera independiente en 2016 y tuvo la posibilidad de participar en este programa, que es abierto a estudiantes de Latinoamérica que cursan carreras como Derecho, Ciencias Políticas, o se especialicen en campos relacionados”. Respecto a la relación entre la ADF y la Universidad Católica (UC), los primeros registros públicos de sus nexos datan de 2013. Ese año, una publicación interna de la UC promovió entre sus alumnos la pasantía de verano del programa Blackstone Legal Felloship de ADF. Luego se informó que dos alumnas extranjeras (Lucía Vásquez, argentina, e Irene Zegarra, peruana), ambas becadas por el programa Blakstone Legal Fellowship, desarrollaron pasantías de seis semanas en las que elaboraron trabajos de investigación para dos entidades de la universidad: el Centro de Libertad Religiosa y el Centro UC de la Familia. La UC es una universidad pontificia (depende directamente del Papa) y en ella operan varios centros de estudios que generan importantes insumos contrarios al enfoque de género. De hecho, sus informes y minutas fueron pilares de la oposición a la Ley de Despenalización del Aborto en Tres Causales, aprobada bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Sobre sus vínculos con ADF, la UC respondió a CIPER a través de un correo electrónico: “No hay información que dé cuenta de la existencia de un convenio formal de colaboración entre la Alliance Defending Freedom y la UC, sin perjuicio de cualquier relación que profesores e investigadores puedan tener con la institución”. No obstante, en la misma respuesta se informó que un total de 11 estudiantes provenientes de diversas universidades de Estados Unidos y América Latina, en el contexto del programa Blackstone Legal Fellowship de ADF, realizaron pasantías en el Centro UC de la Familia y el Centro Derecho y Religión (ex Centro de Libertad Religiosa) entre 2011 y 2015. Comunidad y Justicia es una organización de sensibilidad socialcristiana que fue constituida hace seis años por un grupo de profesores y estudiantes de Derecho de la UC, la que se financia con donaciones de privados. Inicialmente se dedicó a litigar en juicios donde estuviesen en juego temas valóricos y luego se amplió a la asesoría legislativa. En ambas áreas trabaja ad honorem. Desde hace cinco años ha tomado casos relacionados con identidad de género y en el área de asistencia legislativa ha hecho minutas e informes, por ejemplo, en oposición al aborto. Todo, bajo el enfoque de que limitar la facultad de los padres para educar a su hijos o legalizar el aborto, por ejemplo, constituyen una afectación de derechos humanos. En respuesta a la consulta de CIPER, Comunidad y Justicia señaló que no tiene programas formales de colaboración con ADF que involucren financiamiento, pero que desde 2017 reciben una vez al año un pasante suyo, durante dos o tres meses, que apoya en las áreas de investigación y legislación. Nicolás Rodríguez, director ejecutivo de Comunidad y Justicia, explicó a CIPER que tienen intereses comunes con entidades como ADF, pues consideran que organismos multilaterales (como la OEA) no pueden sobrepasar los procesos democráticos internos de cada país. Para Comunidad y Justicia, las resoluciones de la OEA o la Corte Interamericana constituyen “soft law”, directrices que inicialmente no son vinculantes para los estados, pero que a futuro pueden generar “interpretaciones evolutivas” que terminen presentándolas como obligatorias. Comunidad y Justicia participó como expositora ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados cuando se discutió el proyecto de Ley de Identidad de Género. La representó su coordinador legislativo, Cristóbal Aguilera, y Nicolás Rodríguez. En el mismo debate legislativo también participaron, como expositores invitados, la Fundación Jaime Guzmán y la vicedecana de la Facultad de Medicina de la UANDES, la endocrinóloga Francisca Ugarte. RED ULTRACONSERVADORA Otra organización internacional contraria a la “agenda de género” que mantiene un vínculo con Chile, y que también fue investigada por Transnacionales de la Fe, es Political Network for Values (PNV). La entidad ha estado relacionada con ADF en la organización y promoción de eventos que reúnen a políticos conservadores y de ultraderecha. El principal vínculo de PNV con Chile tiene nombre y apellido: José Antonio Kast. El presidenciable figura en la web de PNV como integrante de su consejo asesor, donde aún se le presenta como “miembro del parlamento de Chile”, aunque dejó su escaño en marzo de 2018. Consejo asesor del Political Network for Values. Abajo a la izquierda está la foto de Kast (fuente: web de PNV). En 2015, Kast asistió a la cumbre organizada por PNV en Nueva York. También se anunció su participación como expositor en la Tercera Cumbre Transatlántica de PNV, el 4 y 5 de abril de este año en Colombia. El programa del evento reunió al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, a representantes del ultraderechista primer ministro de Hungría, Víctor Orban, y al ministro de Educación de Jair Bolsonaro, Ricardo Vélez (vea el programa de la tercera cumbre). Kast ya acumula experiencia en este tipo de eventos del mundo ultraconservador internacional. El 8 de diciembre pasado participó en la Primera Cumbre Conservadora de las Américas, en Foz de Iguazú, convocada por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario brasileño. Su último viaje al exterior es una gira por Europa que está en curso y que lo llevó a reunirse en Madrid, este lunes 24 de junio, con dirigentes del partido ultraderechista Vox. En el mismo viaje tiene prevista una cita con los líderes de la colectividad italiana de extrema derecha Liga Norte. En la cumbre de Foz de Iguazú, Kast fue particularmente crítico con el gobierno de Sebastián Piñera, al que acusó de ceder ante la agenda valórica de la izquierda, citando como ejemplo la promulgación de la Ley de Identidad de Género, que se selló con una solemne ceremonia en el Palacio de La Moneda. Un gesto de calculada dureza que no solo lo acerca a los desencantados de la derecha chilena, sino, principalmente, al electorado que hoy está en el eje de su estrategia presidencial: el mundo evangélico y católico conservador. CIPER realizó el trabajo de campo para los reportajes de la red Transnacionales de las Feentre noviembre de 2018 y marzo de 2019. En los meses de enero y marzo de este año se contactó con la oficina de prensa de José Antonio Kast (a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas), solicitando una entrevista con el ex diputado. No obtuvo respuesta. Próxima entrega de CIPER para Transnacionales de la Fe: quiénes integran y cómo opera la red que impulsa la arremetida política evangélica en Chile. https://ciperchile.cl/2019/06/25/el-desconocido-rol-estelar-de-j-a-kast-en-la-guerra-santa-contra-la-oea/
  3. 27 Octubre 2018 Varios lesionados tras agresión a participantes de marcha de evangélicos Un grupo de desconocidos atacó a los manifestantes lanzándoles diversos objetos. Varias personas resultaron lesionadas hoy en Santiago cuando desconocidos agredieron a los participantes de la “Marcha por Jesús”, que movilizó a miles de evangélicos en la capital y otras ciudades de Chile. Según dijeron a EFE algunos de los afectados, los agresores pertenecían a alguna organización anarquista que lanzaron pequeñas bombas cargadas de monedas a modo de esquirlas, bombas de pintura y otros objetos contra una columna de fieles, al tiempo que gritaban consignas libertarias e insultos contra la gente. El incidente ocurrió en la Alameda , frente al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), cuando la columna marchaba desde la Plaza Italia hacia la Plaza de la Ciudadania, punto final de la manifestación. Los lesionados de mayor consideración fueron trasladados hacia la cercana Posta Central (Hospital de Urgencias), donde recibieron atención médica. La marcha se enmarca en la conmemoración del “Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”, instituido en 2008 para el 31 de octubre de cada año, día declarado festivo para tal efecto, pero que varias veces ha sido cambiada por las autoridades, para acomodarla a la existencia de fines de semana largos, como ha ocurrido nuevamente este año. fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/varios-lesionados-tras-agresion-participantes-marcha-evangelicos/378864/
  4. Gobierno congela entrega de $ 6 mil millones para Catedral Evangélica Desde el Concilio de Iglesias Evangélicas vincularon el hecho con lo ocurrido en el tedeum de septiembre. MOP realizó observaciones al proyecto en mayo, previo al incidente con la Presidenta Bachelet. ------ Esta es la primera vez que se van a destinar recursos del gobierno regional para reparar y ampliar este que es un Monumento Nacional y, en consecuencia, más que a los evangélicos, le pertenece a toda la ciudad, aseguraba en octubre de 2016 el intendente metropolitano, Claudio Orrego, para anunciar el millonario traspaso de recursos a la Catedral Evangélica, ubicada en Alameda 3644, Estación Central. En total, el gobierno había comprometido $ 5.969 millones para mejorar los estándares de seguridad y confortabilidad del recinto religioso. El mismo donde el 10 de septiembre pasado, en medio de la conmemoración del tedeum evangélico, la Presidenta Michelle Bachelet se retiró molesta tras ser duramente criticada en la ceremonia. El financiamiento del proyecto se pactó el 9 de octubre de 2016. Ese día se firmó un protocolo de acuerdo entre los ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Social, el gobierno regional metropolitano y la Catedral Evangélica, entidad representada legalmente por el obispo Eduardo Durán Castro. Pero a un año de alcanzado este acuerdo, la entrega de los fondos y el inicio de los trabajos aún se encuentran paralizados. En un oficio firmado por el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes, al que accedió La Tercera, se da cuenta de que el proyecto aún se encuentra en proceso de formulación por parte de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y su costo total actual es de $ 5.969.282 millones. Esta formulación fue sometida a evaluación técnica y económica, en el marco del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), la que fue calificada como Falta de Información , detalla el texto. El mismo documento añade que de acuerdo a lo anterior, se aclara que, no obstante la voluntad de financiamiento que han manifestado diversas autoridades, el proyecto se encuentra en proceso de formulación y, por lo tanto, no está en condiciones de ser sometido a aprobación formal de su financiamiento. Traspaso de fondos El 18 de agosto de 2016 el proyecto ingresó a los registros del Ministerio de Hacienda en busca de la aprobación del financiamiento. Gastos administrativos por $ 10 millones, consultorías por $ 123 millones y obras civiles por $ 5.835 millones forman parte de los recursos solicitados para la restauración de este templo. Tras ser analizado por los expertos, el proyecto sufrió una serie de observaciones por parte del MOP, responsable de evaluar los antecedentes técnicos y aportar un tercio de los fondos comprometidos por el gobierno. Pero el 30 de mayo de 2017 se decretó la Falta de Información para seguir adelante con el proceso. A través de una respuesta por escrito, desde esta repartición pública precisaron que la Catedral Evangélica fue declarada Monumento Histórico en diciembre de 2013, y como cualquier obra, para contar con el respectivo financiamiento requiere que se apruebe su rentabilidad social, y ello se encuentra en la etapa de evaluación correspondiente. Aun cuando la falta de información sea subsanada, y quedando cinco meses para el término del gobierno, desde el MOP aseguran que para liberar los recursos todavía queda una etapa por sortear : El análisis de rentabilidad social. Tras un año de espera, en el mundo evangélico vinculan la tardanza en la entrega de los recursos con el incidente ocurrido en el tedeum. Cristián Nieto, director de comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, dice que somos escépticos en creer que los recursos se van a entregar en este gobierno. Sobre todo, luego del conflicto que se generó después del tedeum, y por otras situaciones que han pasado con otros obispos, no vemos la entrega de estos recursos como una realidad que vaya a ocurrir en estos cinco meses que quedan de gobierno. Lo más probable es que el proyecto esté descansando el sueño de los justos Desde la Dirección de Arquitectura del MOP dijeron estar a la espera de que los arquitectos e ingenieros contratados por la Iglesia Evangélica entreguen antecedentes para seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, el vocero de la iglesia dice que nosotros no tenemos información de que haya alguna carencia de información o documentos formales que nos hayan solicitado. Estamos esperando una resolución o que nos digan que faltan papeles, porque tenemos un equipo para presentar lo que falta. En la Iglesia Evangélica aseguran que los recursos comprometidos por el gobierno no llegarían a las arcas de la Catedral, sino que serían licitados para que un tercero, contratado por el Ejecutivo, realice las obras de mejora. http://www.latercera.com/noticia/gobierno-congela-entrega-6-mil-millones-catedral-evangelica/
  5. EL CIUDADANO 17 Julio 2017 Luego de recorrer la Región del Biobío, se dirigirá a Temuco, Osorno y Puerto Montt. Bus de “grupos evangélicos” circulará por Concepción: Movilh llama a manifestarse El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual en Biobío (Movilh Biobío) expresó hoy su máximo repudio al “Bus de la Familia” que recorrerá las calles de Concepción, Tomé y Lota esté miércoles. Según informó hoy el diario El Sur, un grupo de evangélicos liderados por el Obispo Carlos Adams preparan una campaña en contra de la diversidad familiar inspirados en el “Bus de la Libertad”, que circuló por Santiago y Valparaíso. El presidente regional del Movilh, Esteban Guzmán, indicó que “es lamentable que estos evangélicos mal gasten su dinero y tiempo para propagar el odio en el sur de Chile, considerando que podrían utilizar esos recursos para ir en ayuda de las personas en situación de calle que están siendo azotadas por las bajas temperaturas que afectan a nuestro país”. “El señor Carlos Adams ha señalado en reiteradas ocasiones que los homosexuales fuimos violados cuando niños. Se esmera en propagar la violencia, hace tres semanas invitó al autodenominado ‘Pastor’ Soto a exponer en Concepción, Lota, Coronel y Talcahuano” recordó Guzmán. Por otro lado, la semana pasada el concejal de Concepción, Ricardo Trostel, solicitó al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, prohibir el acceso de estas campañas a la ciudad. Acción que fue respaldada por el Movilh Biobío. Respecto a esto, Trostel indicó que aún “esperamos una pronta respuesta del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Concepción, frente a la carta que presente la semana pasada en la cual solicité un pronunciamiento y una posible prohibición, no solamente en contra del “Bus de la Libertad” sino que también cualquier otra manifestación sobre bien nacional de uso público que incite al odio”. Agregó que “lamento profundamente que grupos evangélicos, así como el concejal Muñoz, malinterpreten el rol del Estado en la educación de nuestros niños. Interpelaciones como esa instan a validar una educación sesgada e intolerante frente a la diversidad, y que por lo mismo podría ser perfectamente una incitación al odio de forma indirecta”. Mientras que el Movilh Biobio hizo un llamado a “manifestarse en forma pacifica en contra de esté odioso bus. No podemos responder con violencia a un mensaje de intolerancia. No caigamos en las provocaciones de estos grupos conservadores que lo único que hacen es desinformar y confundir a las personas”. Según Adams, luego de recorrer la Región del Biobío, el bus se dirigirá a Temuco, Osorno y Puerto Montt. Fuente: http://www.elciudadano.cl/chile/bus-de-grupos-evangelicos-circulara-por-concepcion-movilh-llama-a-manifestarse/07/17/
  6. “Evangélicos en acción”: El nuevo movimiento político que prepara un grupo de militantes de RN y la UDI The Clinic Online 13 Noviembre, 2015 El movimiento estaría liderado por el pastor Hernán Pérez; María Naipallán, jefa de Gabinete del diputado RN Gonzalo Fuenzalida; y el concejal de Conce Héctor Muñoz. Para la jornada de este sábado está programada una congregación de cerca de 50 protestantes que se dirigirán hasta el Congreso Nacional con un objetivo entre ceja y ceja: Formar un nuevo movimiento político de derecha que cubra a un sector que aseguran no está siendo representado. Según consigna La Segunda, el grupo de militantes tanto de Renovación Nacional como de la UDI, además de independientes, busca crear el movimiento “Evangélicos en acción”, que sirva como una nueva opción del bloque opositor y que represente en el país a ese 20% que sigue esta fe. El vespertino afirma que el movimiento es liderado por el pastor Hernán Pérez; María Naipallán, jefa de Gabinete del diputado RN Gonzalo Fuenzalida; y el concejal de Conce Héctor Muñoz. La Segunda recoge que este movimiento buscaría crecer a tal punto de querer optar a cupos en las municipales del próximo año. Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/11/13/evangelicos-en-accion-el-nuevo-movimiento-politico-que-prepara-un-grupo-de-militantes-de-rn-y-la-udi/
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