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  1. 09 Agosto 2017 Diputados aprueban proyecto de ley que termina con diferencia entre obreros y empleados La medida beneficiará a unos 350 mil trabajadores y trabajadoras, entre los que se encuentran principalmente manipuladoras de alimentos, temporeras y trabajadoras de casa particular. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime, el proyecto de ley que elimina las diferencias entre obreros y empleados. La iniciativa permitirá que en caso de accidente laboral o de enfermedad profesional, los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, ISL, calificados como obreros podrán acceder a atención de salud especializada. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, indicó que “actualmente la legislación permite que si el afectado por un accidente laboral es ‘empleado’, tiene la libertad de acceder a toda la red de prestadores con las que cuenta el sistema. Sin embargo, los ‘obreros’ no pueden acceder libremente a la red asistencial, pues la normativa contempla que su atención está limitada a los establecimientos pertenecientes a los Servicios de Salud, hecho que sin duda, es discriminatorio y que además limita las posibilidades de una oportuna atención y posterior rehabilitación de los trabajadores”, aseguró. Según la ministra Krauss “esta iniciativa junto con eliminar la distinción entre empleados y obreros, mejorará la calidad y oportunidad de las prestaciones que reciben hoy unos 350 mil trabajadores afiliados al ISL, lo que sin duda generará los incentivos necesarios para fortalecer el registro y la gestión de los servicios públicos de salud en el ámbito del funcionamiento del seguro de accidentes del trabajo”. En tanto, la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara especificó que “una vez que el proyecto sea aprobado en todas las instancias legislativas, quienes se verán mayormente beneficiados serán las trabajadoras manipuladoras de alimento y las de casa particular, así como los y las temporeras”. “Antiguamente, existía una premisa en el mundo laboral que disociaba entre aquellos trabajadores que fundamentalmente le imprimían a su trabajo un esfuerzo físico, calificándolos de obreros, versus aquellos que aplicaban un esfuerzo intelectual, definiéndolos de empleados. Hoy, en cambio, esa premisa se ha abandonado, conforme a todas las teorías modernas del desarrollo del mundo laboral”, dijo Jara. La distinción que hace la ley entre “empleados y obreros”, se basaba en la preeminencia del esfuerzo intelectual o del esfuerzo físico, diferencia que existió en nuestra legislación para efectos laborales hasta el año 1978, que fue definitivamente suprimida por el Decreto Ley N° 2.200. Sin embargo, para efectos previsionales esta diferencia se mantuvo y subsiste hasta hoy, encontrándose actualmente consagrada en el Código del Trabajo y en el artículo 83 del DL N° 3.500 de 1980. Tras la aprobación del proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados, el próximo paso es su discusión en el Senado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/diputados-aprueban-proyecto-ley-termina-diferencia-obreros-empleados/
  2. 13 Febrero 2017 Fiscalía investiga grabaciones telefónicas a empleados que atienden a víctimas Se busca esclarecer el eventual incumplimiento de deberes funcionarios en relación con una solicitud de grabación de llamados. Trabajadores de la Fiscalía de Maipú denunciaron que se estableció un sistema de registro telefónico sin su consentimiento. El 20 de enero pasado, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, mediante la resolución n° 026-2017, ordenó iniciar una investigación administrativa “para esclarecer el eventual incumplimiento de deberes funcionarios respecto de la solicitud y tramitación de grabación de llamados telefónicos de funcionarios de la Unidad de TCMC de la Fiscalía local de Maipú”. La apertura de la indagatoria fue justificada por el Ministerio Público debido a “la naturaleza y las circunstancias de los hechos referidos”. En concreto, se investiga una denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Occidente (Asffro), que alega que el Ministerio Público habría autorizado realizar grabaciones a sus teléfonos institucionales sin su consentimiento. Estos son usados por los funcionarios para atender a víctimas de delitos. La investigación interna quedó a cargo de la jefa de la Fiscalía de Melipilla, Verónica Monjes, y por vacaciones quedará al mando el jefe de la Fiscalía de Curacaví, Luis Cáceres. Según un documento, en que se da una respuesta del director ejecutivo regional de la fiscalía, Rodrigo Lazo, a una solicitud formal de información por Ley de Transparencia, realizada por los empleados públicos tras enterarse de las supuestas interceptaciones, “el 27 de diciembre de 2016, mientras desempeñaban sus funciones en sus puestos de trabajo, una funcionaria recibió un llamado telefónico de una persona que se individualizó como técnico (de una compañía telefónica), informando que estaba realizando pruebas de audio para posteriores grabaciones”. Ante ello, dice el documento, la funcionaria de la fiscalía que recibió el llamado le preguntó a cuáles grabaciones se refería. Y “esta persona señaló que eran pruebas de audio para registrar todo el tráfico de llamados de sus teléfonos institucionales, ya que sus teléfonos estaban en un listado que, por orden de Cristián Zamorano (técnico informático de la fiscalía), debían ser intervenidos para grabar todas sus conversaciones telefónicas”. Tras esto, indica el documento, la Asociación de Funcionarios consultó sobre la situación -mediante correo electrónico- a la administradora de la Fiscalía de Maipú, Claudia González; al fiscal jefe Luis Pablo Cortés y también a la fiscal adjunta Claudia Herrera. Al respecto, González respondió, mediante un e-mail fechado el 29 de diciembre pasado, que “efectivamente, se solicitó un sistema de grabación de llamadas para los contactos efectuados por contact center. Esto tiene por finalidad tener un respaldo en caso de alguna duda o reclamo de usuarios. Este sistema sólo se aplica para esa función, debiendo ser habilitado por cada funcionario a través de una clave”. Sin embargo, esa respuesta no dejó conforme a las funcionarios, debido a que -según ellos- no les habilitaron ese sistema en sus teléfonos, el cual además les pide una clave para iniciar las grabaciones. Por ello, según el documento, los funcionarios afectados con las supuestas interceptaciones pidieron que se les entregue una serie de antecedentes. Sin embargo, esto se encontró con la negativa del Ministerio Público, por “encontrarse vigente el desarrollo de esta investigación administrativa”. Entre los antecedentes que requirieron y les fueron negados están “la cadena de correos u oficios en los que se solicitó, por parte de las jefaturas de la Fiscalía de Maipú, la habilitación del sistema de grabaciones y el contenido de la solicitud”. Hasta ahora ya han declarado en el caso los fiscales de Maipú, el funcionario que presentó la denuncia a nombre de la asociación y también el técnico informático que supuestamente envió la orden para autorizar las grabaciones por parte del Ministerio Público a la compañía telefónica. Versiones Consultado el presidente de la Asociación de Funcionarios de la fiscalía, Fabio Trujillo, dijo “presentamos una denuncia para aclarar si es que se estableció un sistema de grabación completa de las comunicaciones de los teléfonos institucionales. Si es así, habría un acto ilegal y vamos a iniciar todas las acciones legales por un hecho que no corresponde en una institución pública”. Trujillo niega que se les haya habilitado un sistema de contact center a los funcionarios, como señala la administradora de la Fiscalía de Maipú en el correo, el cual debe ser autorizado por los mismos usuarios a través de una clave. “Es imposible haber establecido un sistema de contact center para aquellos objetivos sin haber habilitado primero los teléfonos institucionales. Y como no se habilitaron, la única vía y la más rápida es un sistema de grabación completa”, dijo. Desde la Fiscalía Occidente señalaron que se “determinó iniciar una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en que se solicitó y gestionó la implementación del sistema de registro y gestión de tráfico de llamadas CCS en la Fiscalía Local de Maipú. Este sistema se ocupa en los call center de otras unidades -como las fiscalías de flagrancia- y opera en los teléfonos fijos de funcionarios específicos, para respaldar el contacto con las víctimas y gestionar la efectividad y estacionalidad de las llamadas. La grabación se activa con una clave que usa el propio funcionario”. Agregaron que “la investigación administrativa está a cargo de la fiscal jefe de Melipilla, Verónica Monjes, quien debe indagar eventuales incumplimientos funcionarios”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-investiga-grabaciones-telefonicas-empleados-atienden-victimas/
  3. 15 Diciembre 2016 Oficinas y empleados de Easy Taxi “sufren” luego de anunciar nuevo servicio Según han detallado, el recinto donde operan fue rayado y dos de los operadores atacados con postones. Luego de que la empresa Easy Taxi lanzara el servicio Economy, el que opera con autos particulares, las oficinas de la compañía fueron “atacadas” por sujetos que se oponen a este tipo de aplicaciones. Ellos insisten en que son los taxistas tradicionales los protagonistas de las agresiones. Según informaron, el día lunes dos de los empleados de la aplicación móvil fueron embestidos por una acción perpetrada con postones desde Antonio Varas, calle aledaña a la oficina de la empresa. Además, ayer miércoles “un acto de violencia se vuelve a repetir, la fachada del recinto fue rayada”, comentaron. “Estos son incidentes provocados por taxistas mafiosos, hay formas de demostrar el descontento, pero atentar a la integridad física de los colaboradores es un acto cobarde y antisocial”, afirmó Manuel Parraguez, Gerente General de Easy Taxi. Como detalló, también han recibido múltiples amenazas de funa a través de las redes sociales, en donde grupos de taxistas estarían planeando herir al equipo. “La ley sigue durmiendo en el congreso, el sistema de transportes es tierra de nadie, sino no estaríamos en el conflicto actual. Aquí se vulneraron los derechos del gremio con una competencia arbitraria e injusta. El nivel de estrés y desesperación hacen que ocurran situaciones como las de ayer y hoy vividas”, argumentó. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/oficinas-empleados-easy-taxi-sufren-luego-anunciar-nuevo-servicio/
  4. 11 Noviembre 2016 Médicos del Hospital Salvador se suman a movilización fiscal Gremio descartó llamado a paro institucional, pero convocó a una marcha para el miércoles 16. Este viernes, el gobierno se abrió a una mesa de trabajo “exploratoria”. Sector público valoró el gesto. Un paro indefinido comenzaron este viernes los médicos del Hospital del Salvador, en Providencia, para solidarizar con la movilización que desarrollan los empleados públicos de todo Chile desde hace 15 días, quienes demandan del Estado un reajuste salarial superior al 3,2% ofrecido por el gobierno. “Lamentamos mucho esta situación, pero la verdad es que seguir funcionando prácticamente sin fichas clínicas, con policlínicos abiertos, pero que no están operando a cabalidad porque no está el resto del equipo de salud, se torna riesgoso para los pacientes”, dijo Ana María Arriagada, integrante del capítulo médico del recinto. Subrayó que la situación es “dramática”. Según la presidenta del Colegio Médico Regional Santiago, Izkia Siches, el hospital de Talagante y el hospital Lucio Córdova también están en paro de médicos, mientras que recintos como el San José, Exequiel González Cortés y la Asistencia Pública (ex Posta Central) se encuentran movilizados, pero garantizando turnos éticos. El secretario de la Agrupación Nacional de Médicos de la Atención Primaria, Camilo Bass, dijo que pasaba lo mismo con los galenos que trabajan en consultorios. Enrique Paris, presidente del gremio a nivel nacional, descartó un llamado a paro institucional. Sin embargo, convocó a sus asociados a marchar el próximo miércoles 16 de noviembre para apoyar las demandas de los empleados públicos. En el Ministerio de Salud, en tanto, se informó que hasta esta jornada se habían suspendido 6.500 cirugías y 25 mil consultas de especialidad. La situación en salud llevó también a que los trabajadores del Servicio Occidente acudieran al arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, para que actuara como mediador en el conflicto. Hoy, el prelado dijo que “he contestado apenas recibí comunicación; ellos me presentan una angustiosa situación por la propuesta de reajuste que ofrece el gobierno y les agradezco la confianza en la Iglesia de Santiago. Desde el lunes estaré fuera del país, en Roma, pero el sacerdote Andrés Moro me representará en la tarea de facilitar el diálogo”. Mesa de negociación Cerca de las 16 horas, los dirigentes de los empleados públicos aseguraban que el paro se extendía hasta el lunes o hasta que existiera una oferta “satisfactoria”. Aun así, el gobierno los convocó a una mesa de trabajo “exploratoria”, que se inició a las 20.30, lo que fue valorado por el gremio. “El gobierno ha aceptado lo que reiteradamente hemos solicitado, que es una reunión a fin de discutir el problema del reajuste del sector público”, manifestó Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef). Agregó que “iremos con la mejor voluntad de buscar buenos acuerdos. Si eso no ocurre, no es necesario decir mucho más”, advertía. Al cierre de esta edición, la cita seguía en desarrollo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/medicos-del-hospital-salvador-se-suman-movilizacion-fiscal/
  5. 07 Noviembre 2016 Gobierno alista cambios a bonos de empleados públicos tras crítico informe Asignaciones por gestión crecieron en mandato de Bachelet. El 2015 se destinaron $ 82 mil millones para incentivos Pese a los sucesivos paros y conocidos problemas de atención durante los últimos años, el Registro Civil cumplió el 2015 un 95,8% de sus metas de gestión. El gobierno le otorgó una puntuación alta por alcanzar los objetivos fijados por el mismo organismo como “reclamos recibidos del público, respondidos dentro del plazo de 4 días hábiles” o “cédulas de identidad tramitadas dentro del plazo de 5 días hábiles”. El Servicio Nacional de Menores, Sename, tiene índices similares de excelencia en gestión: el 2015 la cifra de cumplimiento de metas de ese organismo alcanzó un 92%. Para obtener el puntaje, ellos evaluaron ítems como “diagnósticos realizados por los Proyectos de Diagnóstico Ambulatorio en un tiempo menor a 38 días corridos” Gendarmería, que ha estado bajo investigación por pago de pensiones millonarias y malos tratos a los reos, obtiene en el informe de gestión publicado cada año por la Dirección de Presupuestos un 100% de logro de metas. Debido a esos buenos índices, los funcionarios de todos esos organismos reciben bonificaciones, que pueden alcanzar hasta el 30% de sus remuneraciones. Esta situación quedó registrada en un crítico informe elaborado en julio de 2016 por el Centro de Sistemas Públicos del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. En el documento se detalla que el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), instrumento que fija una serie de metas de modernización y eficiencia a los servicios gubernamentales desde 1998, es una política pública que no está cumpliendo el objetivo de mejorar la calidad del aparato estatal y, por el contrario, “da incentivos monetarios asociados a indicadores y metas, lo que ha ido constituyendo un obstáculo que dificulta severamente la mejoría en la gestión del Estado”. El problema es que, pese a sus falencias y trabas burocráticas, todos los servicios públicos evaluados anualmente por un comité interministerial, (195 reparticiones), obtienen siempre los máximos puntajes en sus metas de gestión. Los PMG van asociados a un estímulo económico directo para todos los funcionarios, de planta y a contrata, que trabajen en la repartición que alcanzó sus metas de gestión con un grado de cumplimiento superior al 90%. El porcentaje de las reparticiones públicas evaluadas como “exitosas” en su gestión ha crecido año a año. Hasta 2013, un 86% de los servicios conseguía cumplir un 90% de sus metas o más. Pero en 2014, con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, los organismos que logran cumplir estas metas se disparan a 99,5%. Cifra que se mantiene el 2015, cuando un 98% de los servicios públicos recibe la puntuación máxima y que se tradujo en el pago de $ 82 mil millones a los funcionarios del Estado (ver infografía). “No tiene ninguna lógica. En estos 18 años que lleva el sistema de incentivos, ¿qué servicio público ha mostrado una mejoría real en su gestión? ¿Aduanas? ¿El SAG? ¿El SII, tal vez? Pero todos se califican como si fueran excelentes”, señala Luis Zaviezo, consultor del Centro de Sistema Públicos, quien elaboró el informe “Estudio de Diseño e Implementación de los Incentivos Institucionales del Sector Público”, junto a académicos como Pablo González, Mario Waissbluth y Carlos Castro, entre otros. Zaviezo explica que, a mediados de los ‘90, diseñaron desde la Dipres junto al economista y futuro presidente del Banco Central, Mario Marcel, el sistema de PMG para incorporar conceptos de medición de gestión dentro del sistema público. Sin embargo, para que se aprobara la ley, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) pidió vincularla a un mecanismo de incentivos económicos. Con el paso de los años, los bonos por este concepto fueron incrementándose y los funcionarios ya lo entienden como un derecho adquirido. “Los mecanismos de incentivo han terminado siendo incorporados a lo que los funcionarios consideran parte de su renta basal”, señala el informe de la U. de Chile. Si en 1998 las asignaciones por cumplimiento de metas eran de un 3% del sueldo, en la actualidad por asignación de modernización los funcionarios reciben un 15% de su sueldo como base, más un 7,6% si el servicio cumple las metas del PMG. (La mitad del monto si sólo cumplen el 75% de las metas, pero esto prácticamente nunca ocurre). Además, algunos servicios reciben un 8% extra por el desempeño colectivo de los equipos de trabajo. Así, un funcionario puede llegar a recibir hasta el 30,6% de su remuneración en pagos trimestrales. Según explica Zaviezo, si consigue todos los bonos, un funcionario puede prácticamente ganar un sueldo más al año. Desde la Dipres, señalan que el pago promedio que reciben los funcionarios por concepto de bono de gestión equivale a $ 387.280. Estas cifras salen a la luz en medio de la fuerte discusión entre el gobierno y la ANEF por el reajuste al sector público. Dipres evalúa propuestas Fue la misma Dipres, que encabeza Sergio Granados, la que el año pasado encargó el estudio a la Universidad de Chile para evaluar los necesarios cambios que requiere el sistema de los PMG. Las duras conclusiones del informe hoy están en las oficinas de Hacienda y también en manos de la ANEF. “Por parte del Gobierno, el estudio está siendo analizado en detalle respecto de sus conclusiones y propuestas, para luego pasar a una etapa de eventuales medidas que pudieran tomarse para que el sistema de PMG pase a una nueva etapa, en la cual éste pueda renovar y potenciar su capacidad de incentivo para mejorar la gestión de los funcionarios”, señalan en Dipres. El informe propone elaborar metas de gestión de los servicios “que sean efectivamente relevantes”, ya que hoy día muchos organismos fijan metas que no son estratégicas para la calidad del servicio. Tal es el caso de la Presidencia de la República, cuyos funcionarios son bonificados por cumplir un 100% de sus metas de gestión, que incluyen tareas como “inventarios físicos” o “porcentaje de días disponibles de vehículos de la Presidencia de la República en el año”. Así, proponen “decretar un instructivo presidencial que tenga por objetivo orientar y revisar el conjunto de los indicadores y metas de cada servicio”. Como una iniciativa de mediano plazo, piden modificar la Ley 19.553 para “transformar de variable a fijo el incentivo institucional. El costo monetario para el Fisco de esta decisión sería mínimo considerando que actualmente se asigna el 100% del incentivo”. Para el diputado UDI Juan Antonio Coloma, “es urgente modificar el sistema de entrega de los Programas de Mejoramiento de Gestión. Hoy se han conformado en un verdadero bono incluido a las remuneraciones. El 99% de los funcionarios tiene la excelencia, cuando muchas veces y en varios servicios, est o no es así”. Según el legislador, “tienen que haber organismos externos que fijen las metas que se deben cumplir, porque lo que ocurre en la práctica es que cada servicio o ministerio envía una propuesta de mejoramiento de la gestión. Entonces, es la misma gente la que se va poniendo las metas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-alista-cambios-bonos-empleados-publicos-tras-critico-informe/
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