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  1. 30 Septiembre 2019 Denuncian que cinco isapres discriminan a personas transexuales De acuerdo a la Superintendencia de Salud, una seguradora restringió al 25% del plan contratado en todas las prestaciones a quienes se declaran transexuales. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que, de acuerdo a una investigación de la Superintendencia de Salud, al menos cinco isapres discriminan a las personas por su identidad de género, considerando a la transexualidad como una enfermedad preexistente con el fin de rebajar la cobertura de sus planes. Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, aseguró que “estamos en presencia de una política transfóbica de 5 isapres que están abusando de las personas con identidad de género de diversa. Se trata de Colmena Golden Cross, Cruz Blanca, Banmédica, Vida Tres y Nueva Más Vida, todas las cuales incurren en ilegalidad”. En ese contexto, Jiménez llamó a las instituciones “a ofrecer disculpas públicas y a modificar sus políticas en breve. Esta es una situación escandalosa. Valoramos los esfuerzos que está emprendiendo la Superintendencia de Salud para terminar con estas prácticas”. De acuerdo a los antecedentes, la situación fue descubierta tras una investigación de la Superintendencia de Salud, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago obligara el pasado 6 de agosto a la Isapre Colmena Golden Cross a retirar a la transexualidad de su lista de patologías, tras un recurso de protección presentado por el mencionado movimiento LGBTI a favor de un hombre trans que había sido discriminado. En carta dirigida al Movilh, el Superintendente de Salud (s) Patricio Fernández Pérez, dijo que tras fiscalizar a Colmena Golden Cross se constató que “esa aseguradora restringe al 25% del plan contratado en todas las prestaciones” a quienes se declaran trans. “La cobertura restringida otorgada constituye un actuar ilegal de la Isapre Colmena”, señaló. Pérez añadió que el 12 de agosto “esta Superintendencia requirió información a todas las Isapres sobre la política y criterios que aplican en la evaluación, aceptación o rechazo de la afiliación de personas con transexualidad”. “Las Isapres Colmena Golden Cross, Cruz Blanca, Banmédica, Vida Tres y Nueva Más Vida informaron que, en caso de una persona transexual solicite afiliación, se evalúa como cualquier otro diagnóstico, enfermedad o patología pre-existente y/o solicitan informes médicos que especifiquen tratamientos y/o cirugías realizadas o por requerir en el futuro”, agregó. Además, la autoridad de Salud explicó que “en cuanto al número de casos, Colmena Golden Cross informó haber recibido cinco solicitudes de ingreso, Cruz Blanca una, que fue aceptada con restricción de cobertura del 25% del plan, y Vida Tres una solicitud que se encontraba en evaluación”. Por el contrario “las isapres Consalud, Fundación, Cruz del Norte, Chuquicamata, Fusat, Río Blanco y San Lorenzo informaron que no consideran tal condición (la transexualidad) como objeto de evaluación al ingreso”, añadió. “La Superintendencia se encuentra estudiando el tema para complementar las normas vigentes, instruyendo a las isapres en concordancia a lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y en armonía con las leyes, en el sentido de que la condición de trasgénero no es una enfermedad y a la obligación de evitar todo tipo de discriminación arbitraria”, apuntó Pérez. Finalmente, destacaron que se modificará la normativa interna con el fin de “impartir instrucciones generales a las isapres para regular las referidas prácticas objetadas y fiscalizar su cumplimiento”, Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/09/30/denuncian-que-cinco-isapres-discriminan-a-personas-transexuales/
  2. 18 Junio 2019 Marcelo Díaz: Las denuncias en San Ramón son un tumor para el PS "Allí hay clientelismo", acusó el diputado socialista en Cooperativa. Un reportaje televisivo mostró acarreo de gente y que militantes expulsados tuvieron participación en los comicios internos en la comuna. "Lo que pedimos es que se anule esa mesa de San Ramón, que no se vuelva a hacer la elección ahí y que se intervenga ese padrón", solicitó Díaz. El diputado Marcelo Díaz (PS) afirmó en El Diario de Cooperativa que las nuevas denuncias de irregularidades en San Ramón son un "tumor" para el Partido Socialista, situación que vuelve a empañar las elecciones internas de la colectividad. Un reportaje de Canal 13 reveló que ex militantes socialistas, expulsados de la tienda por graves acusaciones en el Municipio de San Ramón, tuvieron participación en los comicios internos en la comuna y que había personas inscritas en el padrón con domicilios vinculados al narcotráfico, además de revelarse acarreo de votantes. "Yo no puedo sino decir que allí hay clientelismo y ese clientelismo es reclutar a la gente para que fiche en el partido a cambio de alguna prebenda y a mí me parece que eso es un verdadero tumor que lesiona muy gravemente a la vida de los partidos, porque no es una realidad que exista en todo el país", aseguró Díaz este martes en Cooperativa. El parlamentario, quien es integrante de la lista de Maya Fernández en las elecciones internas, reconoció que "el reportaje es bien desolador para nosotros. Nos tiene que motivar a reaccionar, a actuar, a no permanecer impávido". "Lo que pedimos es que se anule esa mesa (de San Ramón), que no se vuelva a hacer la elección ahí y que se intervenga ese padrón. Ayer (martes) apareció un dato que me parece grave, siete o nueve personas con domicilio en un inmueble que ha sido allanado en dos ocasiones por casos de narcotráfico, más de 200 militantes inscritos en la comuna, algunos de reciente data", manifestó. El diputado socialista dio cuenta de que "en su momento hicimos querellas, expulsamos a algunos militantes, pero varios de nosotros venimos sosteniendo hace más de un año la necesidad de intervenir el padrón, de revisarlo, nos dicen que no se puede y es perfectamente posible que el Tribunal Supremo dicte una resolución en la que suspende la militancia de todos y revise, uno por uno, ese padrón, porque hay cosas que no pueden ocurrir". El ex ministro sostuvo que estas nuevas irregularidades denunciadas en San Ramón dañan "muy seriamente al partido (...) este tipo de cosas nos dañan como institución, nos afectan gravemente y, desde esa perspectiva, yo creo que es la hora de actuar". "Esto es consistente con la presentación que hicimos como lista (de Maya Fernández) ante el Tribunal Supremo pidiendo la nulidad de todas las mesas de la elección de San Ramón por diversas irregularidades", algunas como "un padrón compartido en 10 mesas, por tanto no había ninguna posibilidad de fiscalizar que alguien no votara en distintas mesas; hablamos incluso en nuestra presentación de casos de cohecho, de acarreo masivo", recordó. Díaz dijo esperar que "el Tribunal Supremo reaccione y espero que el partido reaccione, porque he visto ayer y hoy en distintas redes de comunicación interna del partido el efecto devastador que tuvo este reportaje en el ánimo de los militantes y el partido es demasiado importante como para no hacer nada". Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/partido-socialista/marcelo-diaz-las-denuncias-en-san-ramon-son-un-tumor-para-el-ps/2019-06-18/081101.html
  3. 23 Abril 2019 Parlamentarios de RN denunciaron a Jorge Sharp por “notable abandono de deberes” El senador Francisco Chahúan y el diputado Andrés Celis presentaron un requerimiento ante Contraloría por la presunta falta de respuesta a 300 oficios enviados por Carabineros al alcalde de Valparaíso. El senador Francisco Chahúan y el diputado Andrés Celis, junto con el consejero regional Jaime Perry, presentaron un requerimiento ante Contraloría en contra del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a quien denunciaron por un supuesto mal uso de recursos públicos y “notable abandono de deberes”. Los militantes de RN cuestionaron al edil por el uso del concepto de “Alcaldía Ciudadana” y por, presuntamente, no dar respuesta a más de 300 oficios enviados por Carabineros a la municipalidad, donde se daba cuenta de una serie de factores de riesgo en la comuna. Aquellos factores abordan problemáticas como los sitios eriazos y abandonados, como la cantidad de roedores, basura, riesgo de incendio y ocupaciones ilegales, además de otros aspectos relacionados a la seguridad vial. “No ha respondido ninguno. No le responde a Carabineros y ni siquiera repara algunos de los factores de riesgo, que hoy hacen que Valparaíso sea la comuna donde por lejos donde hay mayor delincuencia en la región“, expresó Celis. Según los opositores al frenteamplista, en la comuna hay problemas en la luminaria comunal, problemas delictuales, comercio ambulante y exceso de follaje o árboles en mal estado, los que recaerían en su responsabilidad. El consejero Perry, que aspira a competir por la alcaldía, también cuestionó el concepto usado por la municipalidad en sus logos y vestimentas, los que según él, constituye “un eventual proselitismo político“. La idea de los integrantes de Chile Vamos es que el contralor instruya un procedimiento disciplinario para que se determinen las responsabilidades administrativas involucradas en las irregularidades que se denuncian. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/04/23/parlamentarios-de-rn-denunciaron-a-jorge-sharp-por-notable-abandono-de-deberes/
  4. 04 Marzo 2019 “He actuado con apego a la ley”: Ubilla responde por denuncia sobre adquisición de terreno en zona mapuche La autoridad se refirió a una publicación que consignó que en 2008 había contravenido la Ley Indígena al comprar un inmueble en el sector de Quetroleufu, a unos 13 kilómetros de Pucón. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a la publicación del diario digital Interferencia que aseguró que en 2009 la autoridad habría comprado dos terrenos al interior de una comunidad mapuche por 10 millones de pesos, pese a que este acto contravendría la Ley Indígena, según consignó la publicación. A través de un comunicado, al que tuvo acceso La Tercera, Ubilla sostuvo que “he actuado con apego a la ley y a la normativa vigente y cumpliendo los requisitos que ella establece”. La autoridad explicó que el inmueble fue comprado a una mujer identificada como Guadalupe Moris Gajardo quien “no pertenece a ningún pueblo indígena” porque “el mencionado terreno le fue transferido a la señora Moris por la liquidación de la sociedad conyugal, según escritura pública de febrero de 2008”, agregó el subsecretario. En este sentido aseguró que “conforme a la Ley 19.253, para que una tierra sea indígena, además de los títulos que la propia ley indica -como los Títulos de Merced- es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella, lo que no ocurría al momento de la compraventa”. El subsecretario Rodrigo Ubilla se encuentra de vacaciones y retornara a sus funciones en La Moneda en las próximas dos semanas. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/he-actuado-apego-la-ley-ubilla-responde-denuncia-adquisicion-terreno-zona-mapuche/553570/
  5. 08 Abril 2019 Movilh denuncia que “neonazi” intenta apropiarse de su marca Según el organismo, el individuo se caracteriza por fotografiarse con personajes públicos abiertamente contrarios a los derechos LGBTI, como el diputado Eduardo Durán y José Antonio Kast. El Movilh denunció que un sujeto identificado como Luis Andrés Luces Armado, de nacionalidad venezolana y apuntado por la organización de diversidad como un “neonazi”, inició los trámites ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), del Ministerio de Economía, para inscribir a la marca “Movilh” como propia. El vocero del Movilh, Oscar Remetería, sostuvo que “hoy hemos tomado conocimiento de este abusiva conducta que a todas luces está motivada por el odio a la diversidad y la discriminación y cuya clara intención es denostar el nombre de nuestra organización, así como apropiarse ilegítimamente del mismo”. Añadió que “nuestra abogada, Mónica Arias, ya inició las gestiones ante la Inapi, para garantizar el buen uso de nuestra sigla e impedir que un neonazi la inscriba, en cualquier categoría. Confiamos en una buena recepción, porque la Inapi tiene como deber garantizar que en la inscripción de una marca sea efectivamente propia y que no tenga un fin malicioso, como ocurre claramente en este caso”. Fue el pasado 10 de enero cuando la Inapi acogió a tramitación la inscripción de la marca “Movilh” solicitada por el sujeto. “Más aún, este sujeto también inició los trámites para inscribir la marca ‘Partido Socialista’, ‘PS’ y ‘Corporación Universidad Bolivariana”, añadió el Movilh. El sujeto en cuestión, acusa el Movilh, se ha manifestado además en reiteradas ocasiones contra los migrantes, el movimiento LGBTI y los judíos, al punto que una vez llegó al extremo de quemar la Torah. Según el Movilh, este individuo se caracteriza además por fotografiarse con personajes públicos abiertamente contrarios a los derechos LGBTI, como es el caso del diputado evangélico Eduardo Durán y el ex candidato presidencial José Antonio Kast. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/04/08/movilh-denuncia-que-neonazi-intenta-apropiarse-de-su-marca/
  6. 06 Abril 2019 PPD acusó que Gobierno pretende privatizar canales de comunicación de la Onemi La ex Presidenta Bachelet reservó la línea radioeléctrica para que las policías y Onemi pudieran comunicarse en caso de catástrofe. Motivación de licitar a privados presuntamente se debe a una explotación comercial debido al surgimiento de nuevas tecnologías El Partido Por la Democracia (PPD) denunció que el Gobierno busca privatizar los canales de comunicación exclusivos que existen entre la Onemi y policías en caso de catástrofes. El Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet reservó 20 MegaHertz del espectro radioeléctrico para que las policías y Onemi puedan comunicarse, frecuencia que fue eliminada por la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones, según aseguró el PPD. "Esto me parece realmente muy serio, porque va en la misma tónica de lo que está haciendo este Gobierno: la privatización de la Salud, la privatización del agua, y un conjunto de otros bienes públicos que terminan en manos privadas", señaló el timonel del PPD, Heraldo Muñoz. En este contexto, en el Congreso se está discutiendo un proyecto que busca fijar por ley la reserva del espectro radioeléctrico para sistemas de emergencias, sin embargo, si el Gobierno persiste con la decisión de eliminar la actual frecuencia, la legislación, una vez aprobada, no tendría aplicación práctica. El ex subsecretario Telecomunicaciones Pedro Huichalaf puntualizó que "hoy hay un proyecto de ley en el Congreso que está en segundo trámite constitucional en el Senado, justamente donde se va a reservar esa banda que hoy día el Gobierno está eliminando". "No tan sólo está quintando la banda de emergencia sino que también está adulterando y pasando a llevar la discusión democrática que está en el Congreso, no ha hablado con ningún parlamentario y puede suceder que salga la ley y no exista espectro porque se lo va a licitar y entregar a privados", agregó Huichalaf. Cabe señalar que según los voceros del PPD la motivación de licitar a privados presuntamente se debe a una explotación comercial debido al surgimiento de nuevas tecnologías como el 5G. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/ppd/ppd-acuso-que-gobierno-pretende-privatizar-canales-de-comunicacion-de-la/2019-04-06/162220.html
  7. 18 Noviembre 2018 Denuncian a senador Ossandón por tráfico de influencias: La historia de presiones y revanchas en Pirque El viernes 9, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, denunció al senador RN Manuel José Ossandón por tráfico de influencias. En la acusación -que esconde un duro desencuentro familiar-, el edil acusa a su también primo de amenazas sistemáticas para que el municipio favorezca a una empresa de su hijo en el marco de un negocio de extracción de áridos desde el río Maipo. Eran pasadas las 9.10 horas del 5 de octubre de 2017 cuando lo que sería una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Pirque se vio interrumpida con la aparición del senador Manuel José Ossandón. “¿Hola, cómo están?, vengo a ayudar a mi comuna”, habrían sido las palabras del parlamentario -según recuerdan presentes en la cita- previo a sentarse en la sala ante la mirada de los concejales y del alcalde Cristián Balmaceda. La presencia del parlamentario RN no estaba en tabla ni agendada con anterioridad, pero por tratarse de una autoridad del Poder Legislativo nadie se atrevió a pedir explicaciones. A eso se suma que tanto Ossandón como el jefe comunal son primos e históricos residentes de la zona. La reunión continuó como estaba pactada. “En el nombre de Dios y de la patria, el señor alcalde abre la sesión del concejo municipal”, dijo el ministro de fe Eugenio Zúñiga. La presencia de Ossandón en esa jornada si bien fue sorpresiva respondía a una situación que no era nueva para los concejales presentes. En días anteriores, la mayoría de ellos habrían sido contactados por el propio senador, quien les pidió que accedieran a la prórroga que estaba pidiendo la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA. “Creo que están cometiendo muchos errores, los cuales no corresponden”, dijo el excandidato presidencial, según quedó en el acta de la reunión del concejo. El documento, además, registra que Ossandón señala que “no tiene negocios sobre el río”, pero que “tengo un nivel moral por las cosas que me tocó hacer como alcalde de Pirque y Puente Alto”. Hace nueve años, las municipalidades de Pirque y Puente Alto firmaron un convenio para otorgar en conjunto los permisos y las concesiones para que particulares puedan realizar extracciones de áridos en el río Maipo. La encargada de administrar los dineros provenientes de este negocio, repartiéndolo por partes iguales para cada municipio, es Puente Alto. Los áridos son la denominación que se le da al material granulado que se extrae de los ríos y que es utilizado, principalmente, como materia prima en construcciones de viviendas. De hecho, la mayoría de las empresas que se dedican a este rubro tienen vínculos con inmobiliarias que le compran el material. A fines de 2015, Cavilú SpA, la firma a la cual aludió Ossandón en su visita al concejo, se adjudicó un contrato por 12.000 UF -que se firmó el 7 de enero de 2016- para extraer el material en el marco de una licitación pública. Sin embargo, no había podido iniciar faenas, pues solo en agosto de este año logró uno de los requisitos planteados en las bases de licitación: la obligación de tener antes de 18 meses debidamente aprobada la evaluación de impacto ambiental. La falta de esa cláusula es la razón que entrega la administración de Balmaceda para que con fecha 6 de junio de 2018 el Concejo Municipal de Pirque rechazara la petición del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, de prorrogar la concesión a Cavilú. Hasta entonces -según afirman en la Municipalidad de Pirque- el convenio conjunto había reportado a la comuna un par de remesas sin comprobantes adecuados para registrar el ingreso de los dineros, siendo el último monto enviado en marzo de 2016 por $ 13 millones. La ruta fue distinta en el caso de la Municipalidad de Puente Alto, donde Codina y el concejo de esa comuna accedieron a dilatar el plazo de la concesión, que, según las bases de licitación, es por 20 años. Según se consigna en un acta del Concejo de Puente Alto de esa fecha, una pieza clave para la prórroga a Cavilú SpA fue la opinión favorable del asesor jurídico de esa comuna, Antonio Llompart Cosmelli, quien actualmente es asesor a honorarios en el Ministerio de Vivienda para “elaborar informes técnicos mensuales, a nivel conceptual, descriptivo y legal sobre la extracción de áridos”. En 2011, Llompart tuvo que renunciar a la dirección del Serviu en el marco del denominado caso Kodama, una investigación por presunto fraude al Fisco en una negociación de un corredor del Transantiago. La decisión promovida por el alcalde Balmaceda desató una guerra total entre él y Ossandón, quien, además, es su primo y cuyo hijo está implicado en la propiedad de Cavilú SpA, y que por estos días comenzará a librarse en tribunales. Problemas de familia Al despacho del fiscal nacional, Jorge Abbott, llegó el lunes 12 una denuncia penal de ocho carillas. Había sido dejada el viernes 9 por el propio alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda. En el documento, el jefe comunal revelaba una serie de “gestiones” y “amenazas” realizadas por Manuel José Ossandón para presionarlo en favor de la empresa Cavilú SpA y prorrogar su licitación para extraer áridos en el río Maipo. Uno de los problemas -según el documento- es que el presidente del directorio y uno de los socios de esa firma es Nicolás Ossandón Lira, de 23 años, uno de los hijos del parlamentario, por lo que se configuraría el delito de tráfico de influencias. En la denuncia, a la que accedió Reportajes, el alcalde Balmaceda explicita al fiscal nacional que desde que decidieron no seguir adelante con la licitación de los áridos “he sido víctima de un constante acoso por parte del honorable senador don Manuel José Ossandón, argumentando que, por mera voluntad y animadversión, me he empecinado en denegar la solicitud planteada por Explotadora de Áridos Cavilú SpA; además, se ha comunicado con gran parte de los concejales de Pirque intentando que intercedan por la empresa Cavilú SpA. Las presiones sobre mi persona para acceder a la solicitud de la empresa han sido de tal entidad, llegando incluso a la imputación de ilícitos y a las amenazas de requerir investigaciones especiales en materias que son propias del municipio”. El edil también relata en la denuncia criminal la intempestiva visita del senador RN al Concejo Municipal -a la que se alude al principio- y una frase que habría quedado en WhatsApp, además de audios que Ossandón le habría enviado: “Quiero que sepas que lo que advertí va en serio y está en tus manos arreglar”. Es en este marco que el alcalde de Pirque pide a la fiscalía investigar estas conductas por la insistencia “sistemática” de su primo para que la empresa de su hijo -que además es sobrino del denunciante- pueda operar en el río Maipo, “aun cuando, a nuestro juicio, aquello fuera contrario a derecho, acciones que a mi parecer son de tremenda gravedad”. En la denuncia del alcalde quedó registro del último cara a cara de Balmaceda y Ossandón. Fue el 22 de junio de 2018, cuando “nuevamente y sin cita previa se apersona a mi oficina el senador, señalando que la Municipalidad de Pirque podría recibir de la empresa Cavilú el traspaso del terreno que está ofrecido con ocasión de la licitación de explotación de áridos a la cual se hizo referencia, me precisó que los dineros pendientes desde el 2016 a la fecha iban a llegar al municipio, que él se encargaría de aquello”. El jefe comunal dijo que en ese minuto y ante tal insistencia lo interpeló consultándole si él tenía alguna relación con esa empresa: “Me respondió tajantemente que no, que esto lo hacía únicamente por ayudar a la familia de los propietarios de esta que lo necesitaban”. La empresa Áridos Cavilú tenía, según los registros de Dicom, dos accionistas: Manuel Cabrera Losada, empresario puentealtino fallecido en agosto de 2017, e Inversiones y Servicios Ossca SpA. Esta última empresa fue constituida en septiembre de 2017, un mes antes de la sesión del Concejo a la que asistió el senador Ossandón y un mes después del accidente en que Cabrera Losada perdió la vida. Ossca, según el Conservador de Bienes Raíces, fue creada por Fabián Arturo Cabrera, hijo del fallecido dueño de Cavilú, con el 60% de las acciones, y Nicolás Ossndón Lira, con el 40%. La escritura de la sociedad establece que Cabrera pagó su participación en Ossca con 4.000 acciones de Cavilú. Y con ello, el hijo del senador se hizo accionista de la empresa de áridos. Nicolás Ossandón Lira es el gerente general de Áridos Cavilú desde enero de 2017. Lo más probable es que, por tratarse de un senador en ejercicio y por su investidura, sea un fiscal regional quien indague si efectivamente Ossandón pudo incurrir en el delito de tráfico de influencias, tal como denuncia Balmaceda y su equipo jurídico. Reportajes intentó obtener una versión directa del alcalde de Pirque, quien confirmó la denuncia ante el Ministerio Público y agregó que los mismos hechos fueron llevados también ante la Contraloría. “Las pruebas y antecedentes los aportaremos a la investigación penal”, dijo uno de sus asesores. “Una venganza” Los Balmaceda son de las familias históricas de Pirque. El tercer alcalde desde la fundación de la comuna que nació como un apéndice de Rancagua, en 1925, fue José Manuel Balmaceda, padre del actual jefe comunal y primo de Roberto Ossandón Valdés, progenitor del senador RN. Cristián Balmaceda y Manuel José Ossandón son primos y desde hace años han protagonizado públicos enfrentamientos. De hecho, para los pircanos no es desconocido que ambas autoridades mantienen disputas por “el dominio” de esa zona. A tal punto llega la enemistad, que este año, cuando el senador anunció que volvería a militar a RN tras su fallida carrera a La Moneda, el alcalde Balmaceda renunció a las filas de ese partido. El origen de la disputa no está -en todo caso- del todo claro, pese a que fue evidente la falta de apoyo de Ossandón en las últimas municipales. Con todo, en el entorno del senador RN sostienen que la acción de Balmaceda busca tapar irregularidades en su gestión como alcalde. “Esta denuncia es una venganza, porque yo no le acepté que les eche la culpa a funcionarios modestos de las cosas que ha hecho él. Ilegalmente él trata de reventar una empresa en la que trabaja un hijo mío”, señaló el senador a Reportajes. Cercanos a Ossandón denuncian, a su vez, supuestas irregularidades en las que estaría implicado el alcalde, como haber autorizado un contrato falso a una familiar de un concejal o la supuesta pérdida de $ 470 millones de pesos por concepto de permisos de circulación. La primera está en la antesala de una suspensión condicional de procedimiento y se pactó la devolución de los honorarios y, la segunda, está vigente en la fiscalía sin formalizados. Las esquirlas de esos casos -que afectaron, según esta versión de cercanos a Ossandón, injustamente a funcionarios de la Municipalidad de Pirque, fueron el detonante de la visita que este realizó a su primo-alcalde. “Aquí hay una conducta errática y arbitraria por parte del alcalde de Pirque. Él, en junio de este año, de manera unilateral, sin preguntarle al concejo, le pone término al convenio de explotación y no respetó el debido proceso. Acá hay un interés de botar una concesión quién sabe con qué finalidad”, afirmó el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. “Pirque, en los últimos 10 años, ha recibido aproximadamente $ 640 millones de la explotación del río que creo sería bueno que Pirque aclarara en qué ha utilizado esos recursos y existen todos los respaldos necesarios. La Contraloría, incluso, ha señalado que no existen discrepancias”, señaló al explicar los beneficios que ha traído el convenio. “No tenía conocimiento de las acciones de Nicolás Ossandón en Cavilú, pero en estricto rigor, no existe incompatibilidad para que el hijo del senador ejerza actividades comerciales en el territorio donde el senador es autoridad. Nosotros lo que hemos resguardado permanentemente es el cumplimiento del contrato y hemos sido muy estrictos con la empresa, que ha cumplido con los requisitos”, remató Codina. Los concejales de Pirque, en tanto, sostienen que los problemas de la administración conjunta de la explotación de los áridos responde a una disputa familiar. La concejala RN Natalia Pérez sostiene que esta situación obedece a “las rencillas que el alcalde Balmaceda tiene con el senador Ossandón que, como es de público conocimiento, son familiares y no tienen ninguna relevancia al momento en que evalué el proyecto”. Pérez junto al concejal PPD David Nieto fueron quienes votaron para acceder a la prórroga solicitada por la firma. Este último aseguró que todo esto se trata de “una vendetta”. “Lo que pasa es que el alcalde Balmaceda le tiene una rivalidad incomprensible al senador Ossandón y por eso no quiso seguir adelante con este negocio”, dijo. Consultado si alguna vez supo que uno de los accionistas de la empresa que se vería beneficiada por la concesión era hijo del senador, Nieto aclaró: “Acá eso no es relevante, lo relevante es mantener el convenio y así beneficiar a los vecinos de la comuna… Eso lo supimos hace un par de meses, pero en nada afecta mi posición”. El integrante del concejo sostuvo que él mismo invitó muchas veces al senador a las sesiones y el alcalde no lo ponía en tabla. “Hay una animadversión y lo que quiero yo es solicitar la destitución de Balmaceda”. Fuente: https://www.latercera.com/reportajes/noticia/denuncian-senador-ossandon-trafico-influencias-la-historia-presiones-revanchas-pirque/405793/
  8. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/342931-movilizacion-feminista-agosto-movimiento-feminista-de-la-upla-inicia-huelga-de-hambre-ante-nula-respuesta-de-las-autoridades/?hl=+movimiento%20+feminista 01 Septiembre 2018 Feuc denuncia a dos profesores de la Facultad de Derecho Se trata del historiador Gonzalo Rojas, por supuestos hostigamientos hacia un alumno de Periodismo y una alumna de Derecho y del profesor de Derecho Natural, Raúl Madrid, a quien acusan de "dichos homofóbicos". En una decisión que destacan como inédita, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc) denunció el jueves 30 de agosto a dos profesores de la Facultad de Derecho ante la Secretaría General de la casa de estudios. Uno de ellos es el profesor de Derecho Natural Raúl Madrid, a quien se le acusa por sus “dichos homofóbicos” en Twitter, y el otro es el conocido historiador y columnista Gonzalo Rojas, por supuestos hostigamientos hacia un alumno de Periodismo y una alumna de Derecho, a quienes -según se señala- obligó a pedirle disculpas públicas tras críticas por su postura en contra del movimiento feminista. Desde la Feuc explicaron que se decidió tomar esta iniciativa para que “salga a la luz que existe una red de encubrimiento en la Facultad de Derecho, ya que no se aplican los mismos procesos ni sanciones que en el resto de la universidad”. Las denuncias en contra de los académicos se suman a la carta pública firmada por más de 300 exalumnas de Derecho en mayo de este año y que acusan discriminaciones dentro de Derecho UC. Fuente: https://www.latercera.com/reportajes/noticia/feuc-denuncia-dos-profesores-la-facultad-derecho/303212/
  9. 11 Julio 2018 Carlos Mesa denuncia intención de eliminarlo "políticamente" con juicio en su contra El ex presidente enfatizó que lo que hoy ocurre es "la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia: la criminalización de la política". El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals. Carlos Mesa dijo que "pase lo que pase" no renunciará a ser vocero de la causa marítima boliviana porque su "compromiso es con el país". El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa sostuvo este miércoles que existe una intención de eliminarlo "políticamente" tras la decisión de la Fiscalía de solicitar autorización para enjuiciarlo por un fallo internacional que obligó a su país a pagar una multa millonaria a una empresa chilena. Mesa, que también es vocero de la demanda marítima boliviana contra Chile, dijo a los medios que la decisión del Ministerio Público es "la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia: la criminalización de la política". Esta criminalización, según dijo, se efectúa a través de un "mecanismo que sustituye a la dictadura de botas y de charreteras, de tanques y de ametralladoras, por la persecución judicial a título de investigación y de cargas de defensa del Estado". El ex mandatario reaccionó así tras conocer que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra dentro del caso conocido como Quiborax. Mesa vaticinó que la aprobación del juicio se hará "en tiempo récord". No descartó acudir a instancias internacionales tras agotar las instancias legales internas porque "se están vulnerando los derechos fundamentales de una persona a la que se acusa cuando hay pruebas más que fehacientes" de que hay que investigar también a otra gente. Aseguró que no tiene problema con la investigación, pero demandó que en la misma se incluya a ex funcionarios y actuales autoridades vinculadas con el caso, como el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el procurador general, Pablo Menacho. "¿Cómo puede ser posible que se haga una acusación que solamente toma en consideración la fase inicial del proceso de expulsión de Quiborax y no la pésima defensa que se ha hecho durante diez años? Eso es una aberración", manifestó Mesa. Aseguró que se considera "acusador de quienes son los verdaderos responsables de este desastre de defensa del caso Quiborax". El ex presidente enfatizó que lo que hoy ocurre es "la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia: la criminalización de la política". El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals. El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa sostuvo este miércoles que existe una intención de eliminarlo "políticamente" tras la decisión de la Fiscalía de solicitar autorización para enjuiciarlo por un fallo internacional que obligó a su país a pagar una multa millonaria a una empresa chilena. Mesa, que también es vocero de la demanda marítima boliviana contra Chile, dijo a los medios que la decisión del Ministerio Público es "la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia: la criminalización de la política". Esta criminalización, según dijo, se efectúa a través de un "mecanismo que sustituye a la dictadura de botas y de charreteras, de tanques y de ametralladoras, por la persecución judicial a título de investigación y de cargas de defensa del Estado". El ex mandatario reaccionó así tras conocer que el Ministerio Público presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra dentro del caso conocido como Quiborax. Mesa vaticinó que la aprobación del juicio se hará "en tiempo récord". No descartó acudir a instancias internacionales tras agotar las instancias legales internas porque "se están vulnerando los derechos fundamentales de una persona a la que se acusa cuando hay pruebas más que fehacientes" de que hay que investigar también a otra gente. Aseguró que no tiene problema con la investigación, pero demandó que en la misma se incluya a ex funcionarios y actuales autoridades vinculadas con el caso, como el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el procurador general, Pablo Menacho. "¿Cómo puede ser posible que se haga una acusación que solamente toma en consideración la fase inicial del proceso de expulsión de Quiborax y no la pésima defensa que se ha hecho durante diez años? Eso es una aberración", manifestó Mesa. Aseguró que se considera "acusador de quienes son los verdaderos responsables de este desastre de defensa del caso Quiborax". ¿Candidato presidencial? Mesa sostuvo que "en principio no quiero ser candidato a la presidencia del Estado", pese a que es uno de los opositores que mejor marca en las encuestas frente a Evo Morales. En una entrevista radial, Mesa enfatizó que primero espera que se respete el referendo del 21 de febrero, en el que se rechazó la reelección de Morales. En este contexto, añadió, "creo que adelantarme a eso, no antes de que los acontecimientos se produzcan, sería distorsionarlo, porque volvemos a jugar al tema de la candidatura". "Yo prefiero dar una respuesta categórica, demos primero el paso uno (respeto al voto del 21F), con ese paso estoy absolutamente comprometido. Cuando ese paso haya sido resuelto, espero que positivamente, volveremos a hablar de la candidatura. En este momento mi respuesta es la que te acabo de dar", sostuvo. El origen del caso El proceso se remonta a 2004, cuando fueron revocadas concesiones mineras a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax, durante el Gobierno de Mesa. Ambas firmas presentaron una controversia ante el CIADI, entidad dependiente del Banco Mundial que a finales de mayo cerró el caso a favor de las demandantes al entender que la revocación no se ajustó a la ley. En junio pasado, el Estado boliviano firmó un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas. El Gobierno de Morales responsabiliza a Mesa del fallo adverso argumentando, entre otros, que con las decisiones asumidas por el exmandatario el país no cumplió con las leyes internas ni con el derecho internacional. Mesa defendió los procedimientos aplicados para revocar la concesión y consideró que lo que busca el Gobierno es que la gente se olvide del referendo de 2016 que negó a Evo Morales la posibilidad de ser candidato en las elecciones generales de 2019. Añadió que "pase lo que pase" no renunciará a ser vocero de la causa marítima boliviana porque su "compromiso es con el país". Fuente; https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/bolivia/politica/carlos-mesa-denuncia-intencion-de-eliminarlo-politicamente-con-juicio/2018-07-11/214823.html
  10. 05 Agosto 2018 ANEF denunció más de 100 despidos injustificados en las últimas semanas Según la agrupación, el Ministerio de Obras Públicas desvinculó al 13 por ciento de su personal. La agrupación no descarta "profundizar" sus movilizaciones ante este panorama. Más de 1.200 trabajadores han sido despedidos desde el pasado 11 de marzo. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) acusó que más de 100 funcionarios de varios ministerios e instituciones gubernamentales han sido despedidos injustificadamente en la últimas semanas. Muchas de estas desvinculaciones han ocurrido en los ministerios de Desarrollo Social y el de Obras Públicas (MOP). Según la asociación gremial, en esta última cartera se instruyó a desligar al 13 por ciento de su personal, lo que corresponde a 1.200 funcionarios, aproximadamente. La agrupación añadió que más de 100 trabajadores han sido despedidos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), y anteriormente se le solicitó la renuncia a más de 30 funcionarios del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama). El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, aseguró que en el caso del MOP "no les importa que la infraestructura de nuestro país siga teniendo problemas, tal como ha tenido durante los últimos años por la falta de fiscalización, porque prefieren despedir a quienes afectan los intereses de las empresas privadas". Insunza realizó un llamado a "ordenar la casa" a los ministros Fontaine y Moreno, y a preocuparse de la función pública, "porque si no hay un cambio de actitud, las movilizaciones que ya hemos emprendido se van a profundizar y se van a ampliar para detener esta razia en el Estado". "El Estado es un mal empleador" En tanto, la dirigente de la Dirección General de Obras Públicas, Analía Inostroza,reconoció que estos despidos afectan a administrativos, técnicos y profesionales, y considera que "ya es hora de que transparentemos esta situación y que el Gobierno respete a los funcionarios de carrera que tenemos en el Ministerio". "Tenemos funcionarios de más de 20 años de servicio que se están desvinculando. En el caso de concesiones, el Estado es un mal empleador, por lo tanto, han estado toda su vida a honorarios y no tienen derecho a tener asociación gremial, siempre se les pasó a llevar", explicó. Fosis está paralizado Los trabajadores del Fosis iniciaron el pasado viernes una paralización que pretende que se reviertan los despidos de más de 100 funcionarios. "El argumento que ha estado utilizando el último tiempo el Gobierno de manera bastante mañosa y errada, era el de la famosa restructuración", explicó el secretario de la Asociación de Funcionarios del Fosis, Patricio Lamas. "La verdad es que en los servicios nuestros no cuesta nada hacer una restructuración, es cosa de agarrar un papel y un lápiz y modificar un organigrama, y con eso creen que es posible despedir a trabajadores y trabajadoras que llevan bastantes años en el servicio", agregó. Más de 1.200 trabajadores han sido despedidos desde el pasado 11 de marzo, cifra que puede incrementar con el anuncio del MOP. Estas desvinculaciones se suman a las 300 primeras que se dieron en el Ministerio del Interior a principios de año. Ante este panorama, la ANEF solicita mayores argumentos al Gobierno, porque consideran que está realizando una restructuración con un proceder incorrecto. Además, demandan que el Presidente Sebastián Piñera responda a la petición de la Cámara de Diputados de entregar más antecedentes respecto a los despidos, pues se ha demorado más de 30 días en replicar la solicitud. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/denuncias/anef-denuncio-mas-de-100-despidos-injustificados-en-las-ultimas-semanas/2018-08-05/143954.html
  11. 01 Agosto 2018 Poder Judicial denuncia espionaje informático a sus sistemas desde servidores extranjeros La judicatura dice enfrentar "ataques" desde distintas direcciones internet para extraer datos de la plataforma de tramitación de causas a nivel país, que afectan a las plataformas civiles, penales, Corte Suprema, entre otros. La Corporación Administrativa del Poder Judicial presentó -en la más estricta reserva- una denuncia en donde reconocen solicitudes que se hacen a través de un software desde proveedores como Microsoft, o Amazon.com. La anomalía no sólo fue detectada en el exterior, sino también en empresas nacionales como VTR Banda Ancha, GTD Internet y Movistar, entre otros. Hasta ahora se desconoce a sus autores, como tampoco las motivaciones que hay detrás. La Corporación Administrativa del Poder Judicial presentó una denuncia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en donde dan cuenta de supuestos ataques recibidos desde distintas direcciones de internet. Estos últimos tendrían el objetivo de extraer datos de la plataforma de tramitación de causas a nivel país, que afectan a las plataformas civiles, penales, Corte Suprema, entre otros. Por el caso, que reveló el periodista Jorge Molina de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, aún no se han identificado autores ni sus motivaciones, labor que quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte. Con los antecedentes recabados hasta el momento, el Poder Judicial interpuso una denuncia por espionaje informático. Según la denuncia, han hecho esfuerzos por bloquear los puntos de origen de los “ataques”, logrando sólo una mitigación temporal. Según el CAPJ, los programas identificados que estarían siendo usados para ingresar a sus sistemas servirían para automatizar consultas manuales con el objetivo de burlar el límite de ingresos que un usuario puede realizar en el sistema. Asimismo, otro programa tendría la función de intentar modificar los parámetros de consulta judicial para permitir múltiples conexiones lo que, entre otros efectos, ralentiza el sistema a nivel país. En un informe preparado por la jefa (s) del Departamento de Informática y Computación de la CAPJ, se señala que junto a los problemas de lentitud que provoca esta extracción de datos masiva, también existe un “incremento del costo presupuestario de la institución”. Por esta razón el PJUD se ha visto en la obligación de invertir en la adquisición de equipamiento de la plataforma de seguridad. ¿Ciberespionaje? Sin embargo, expertos dudan de que estemos ante un caso de “espionaje informático”. Para Javier Godoy, ingeniero que actualmente trabaja en Estados Unidos como experto en comercio electrónico, asegura que desde el punto de vista técnico no se podría hablar de espionaje “cuando la información es de acceso público, tal como pasa con muchos sitios, especialmente con el Poder Judicial”. “Cualquiera puede buscar las causas que una persona tiene tan solo con su nombre y apellido”, indicó. Carlos Oliva, desarrollador de software independiente y miembro de la consultora Sigma 5, podríamos estar hablando de “scraping”. Ésta es una técnica que se usa para obtener sistemáticamente datos de una web simulando ser un usuario en un navegador común. Para ello, se usan programas a los que se les enseña a “leer” secciones del sitio web, lo que es muy usado para obtener datos como el valor de la UF o el dólar del día. “La desventaja que tiene es que es muy dependiente de la estructura de la web que estés leyendo”, explicó. “Si cambian el diseño, tu programa queda inutilizado, y tienes que hacerlo de nuevo, pero es una práctica común y lejos de ser un ataque o hack“. El Poder Judicial detectó que estos puntos de origen provenían de proveedores como Microsoft, Amazon.com, Digital Cable System, Digital Ocean, lo que, según explica Oliva, se debe a que son servidores “en la nube”, que son de fácil acceso y baratos. También habrían usado proveedores nacionales, como VTR Banda Ancha, GTD Internet y Movistar, entre otros. Aportar a la comunidad Según explica en su blog el informático y experto en ciberseguridad, Fernando Lagos, hay “scrapers” diseñados sin fines maliciosos, con el objetivo de “aportar a la comunidad”. Según explicó a BioBioChile, esto se podría usar para hacer herramientas que faciliten el acceso a la información. “Imagina que Poder Judicial no tuviera una aplicación móvil. Una persona podría hacer una que, mediante esta técnica, accediera a información de forma mas cómoda”. Recuerda también que los motores de busqueda como Google o Yahoo! también hacen scraping, y que “muchas veces se indexa contenido confidencial”. Cerrarle la puerta al impostor Entre las posibles soluciones que se pueden considerar para evitar este tipo de prácticas, está el uso de una herramienta conocida que Oliva llama “recaptcha”. Éste es un filtro que muestra un panel con 12 imágenes de alguna temática, pidiendo al usuario identificar aquellas en que se vea un automóvil o una señal de tráfico. A diferencia de otras versiones de esta herramienta, según Oliva, el “recaptcha” tiene menos posibilidades de ser sorteada por los programas automatizados. Respecto de esto, Lagos clarifica que éste “no es un elemento para molestar a los usuarios, sino que previene este tipo de conductas. Es capaz de distinguir entre un programa y un humano”. Otra opción, indica Oliva, sería usar un sistema “que otorgue credenciales de acceso para poder identificar individualmente a quien hace cada consulta y establecer un sistema de cuotas de uso justo”. Paradójicamente, les serviría para evitar los daños de este tipo de prácticas al regularlas. “Seria un sistema donde ellos explícitamente autorizan la extracción de datos de forma automatizada, bajo una serie de condiciones que ellos mismos podrían establecer”. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-judicial/2018/08/01/poder-judicial-denuncia-espionaje-informatico-a-sus-sistemas-desde-servidores-extranjeros.shtml
  12. 22 Junio 2018 Netanyahu responde a denuncia por fraude en contra de su esposa: “Se ha batido el récord de lo absurdo” Sara Netanyahu es inculpada por presunto "fraude" y "abuso de confianza" al haber reclamado indebidamente cerca de 100.000 dólares en alimentos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el viernes de “absurda” la inculpación de su esposa, acusada de haber reclamado indebidamente cerca de 100.000 dólares en comidas a expensas del erario público. El ministerio de Justicia anunció el jueves la inculpación de Sara Netanyahu por presunto “fraude” y “abuso de confianza”. “Esta semana, se ha batido el récord de lo absurdo. Por primera vez en la historia se ha presentado un acto de acusación contra la esposa de un dirigente por unas comidas, algunas de las cuales fueron servidas a huéspedes oficiales e incluso a jefes de Estado”, afirmó el primer ministro en un video publicado en su cuenta de Facebook. “La cosa más absurda de este acta de acusación es que se basa en un reglamento administrativo ilegal, ya que no obtuvo el aval de la comisión de Finanzas de la Knesset (Parlamento)”, agregó. La inculpación de Sara Netanyahu, de 59 años, no parece que vaya a tener un efecto político inmediato sobre su marido. Pero se suma a los múltiples casos de supuesta corrupción en los que si está implicado el primer ministro. Sara Netanyahu es sospechosa de haber encargado entre septiembre de 2010 y marzo de 2013, para ella misma, su familia e invitados, cientos de comidas preparadas por un valor de “más de 350.000 séqueles” (83.000 euros, 96.000 dólares), según el ministerio de Justicia. La justicia le reprocha haber declarado falsamente que no había cocineros disponibles en la residencia oficial del primer ministro y pedir “cientos de comidas de catering externos a cargo del erario público”. Fuente: http://www.latercera.com/mundo/noticia/netanyahu-responde-denuncia-fraude-esposa-se-ha-batido-record-lo-absurdo/216873/
  13. 22 Mayo 2018 Colegio de Dentistas denuncia al Sernac alza artificial de precios y descuentos falsos por parte de megaprestadores de salud El presidente del gremio entregó esta mañana un informe en donde evidencian que las isapres y megaprestadores engañan a sus afiliados ofreciendo aranceles más caros con supuestos grandes descuentos para hacer parecer sus servicios como más conveniente. Esta mañana el presidente del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, Jaime Acuña, hizo entrega al Sernac de una denuncia por megaprestadores que, según indican, engañan a los pacientes al alzar artificialmente los precios por tratamientos odontológicos. Según expresó el Dr. Acuña, el informe entregado fue preparado por una consultora independiente en el que se verifican las prácticas de los megaprestadores de salud, cuyos aranceles son más caros que los que cobran los profesionales en forma particular, “lo que reviste un engaño para los afiliados a las isapres”, indica. Esta “integración vertical” entre isapres y megaprestadores, expresó, propicia numerosas irregularidades, tales como promoción de urgencias limitadas a un cierto número de atenciones, un recambio reiterado de profesionales por las malas condiciones para el desempeño de su trabajo, y otras como falta de insumos, o la utilización de algunos de muy baja calidad, y de poca mantención de equipos. “Hemos venido al Sernac a pedir que por una vez por todas se enfrente el tema de la atención odontológica en Chile para los beneficiarios de isapres. Viven en un sistema engañoso, que se le entrega publicidad que lleva a pensar que los tratamientos dentales son de bajo costo… Existe claramente una relación vertical entre la isapre y los megaprestadores y que al final al único que está perjudicando es a los pacientes de Chile y a los beneficiarios”, expresó. Según denuncia el experto, actualmente todos los megaprestadores de salud en Chile usan esta práctica. Asimismo, denuncia que los dentistas contratados por estos megaprestadores muchas veces no pueden ejecutar debidamente las atenciones o procedimientos quirúrgicos, porque se venpresionados por los límites de tiempo de atención por paciente que les imponen los megaprestadores. Descuentos y promocionesUno de los puntos más cuestionables que contiene el informe es lo relacionado a presupuestos y ofertas que ofrecen las empresas a sus afiliados. Según indicó Acuña, los aranceles seleccionados fueron contrastados con precios de mercado, comprobándose que los megaprestadores “inflan” las llamadas tarifas base para hacer aparecer las suyas como más convenientes. “Es decir, se comprueba que mediante este tipo de anuncios los pacientes son engañados con ofertas que no son tales”, afirma. La investigación de la consultora comprobó también que estas empresas prestadoras presentan falsos descuentos, al no presentar precios reales de mercado con qué compararlos, y falta de información veraz y oportuna hacia los consumidores del servicio. “Durante todos los días del año un megaprestador a través de su isapre ofrece grandes descuentos y generan un presupuesto final que hace pensar al beneficiario de la isapre que está recibiendo un gran beneficio, (pero) les aseguro que si tomaran ese presupuesto y lo llevan al mercado libre – clínicas, consultas privadas, etc – el valor es mucho mas barato”. Otros procedimientos igualmente cuestionables son las ofertas de planes dentales que no cumplen con la modalidad de libre elección y cuyos montos son limitados a prestaciones, obligando al paciente a pagar por paquetes que no son necesarios o incurrir en más gastos de los estipulados. También se alerta por los cobros excesivos por exámenes de laboratorio que luego son externalizados, lo que significa al consumidor pagos sobrevalorados por la intermediación. Entregando este documento y haciendo la denuncia respectiva, desde el Colegio Cirujano Dentista solicitaron la intervención del Sernac para regular y terminar con esta práctica. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/colegio-dentistas-denuncia-al-sernac-alza-artificial-precios-descuentos-falsos-parte-megaprestadores-salud/174486/
  14. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/328295-reduccion-listas-esperas-ges-fiscalia-investiga-malversacion-de-caudales-publicos-pagina-3/page-3?hl=%2Blista+%2Bespera&do=findComment&comment=23080575 02 Enero 2018 El Ministerio del Interior presentó una denuncia y no una querella por los pacientes que fueron retirados administrativamente de la lista de espera en Rancagua, mientras que la Fiscalía de O’Higgins confirmó que está investigando a todos los hospitales de la región. Catorce días exactos demoró el Ministerio del Interior en presentar una acción judicial por el caso de 16 personas que fueron retiradas de la lista de espera en el Hospital de Rancagua, sin recibir la atención que médica que requerían y que incluso fallecieron esperándola. Lee también: Listas de espera: estudian designar a un fiscal para investigar posibles irregularidades Si bien en su momento el Gobierno anunció que presentaría una querella en contra de quienes resulten responsables, la vocera, Paula Narváez, informó que el pasado 28 de diciembre Interior presentó una denuncia para perseguir responsabilidades. Dicha acción judicial fue confirmada por la fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Marcia Allende, quien además informó que todos los hospitales de la región están siendo indagados. La diputada independiente, Karla Rubilar consideró inaceptable que el Gobierno haya anunciado una querella y luego sólo presentara una denuncia, hecho que fue utilizado -a juicio de la parlamentaria- como una herramienta de electoral a pocos días de las elecciones presidenciales El fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, inició una investigación respecto de la muerte de 16 personas que fallecieron estando en lista de espera GES, que incluye adicionalmente a otros 49 pacientes con patologías graves -como cáncer- que esperaban atención, pero cuyos casos se cerraron administrativamente en el Hospital de Rancagua. Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/01/02/interior-presenta-denuncia-por-pacientes-retirados-administrativamente-de-lista-de-espera.shtml
  15. 09 Enero 2018 Ministro de Defensa descarta denuncia de Evo Morales por “vuelos chilenos irregulares” "El Presidente boliviano nos tiene acostumbrados a estas situaciones que son falsas", aseguró el jede de la cartera, José Antonio Gómez. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, se refirió a la denuncia que realizó el Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien pidió investigar presuntos “vuelos irregulares” de aviones chilenos sobre el espacio aéreo boliviano. Las declaraciones fueron emitidas tras reunirse con el Presidente electo, Sebastián Piñera, donde abordaron temas de coordinación de cara al cambio de mando. “El Presidente boliviano nos tiene acostumbrados a estas situaciones que son falsas. Ustedes recordarán que hace años atrás dijo que teníamos instaladas fuerzas militares en la frontera y los propios periodistas fueron a verificar que esto no era así. Y esto tampoco es verdadero, se quedará demostrado haga la investigación que haga”, aseguró. Y agregó: “Los problemas internos de Bolivia no se resuelven creando conflictos con Chile”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ministro-defensa-descarta-denuncia-evo-morales-vuelos-chilenos-irregulares/
  16. 13 Noviembre 2017 Núñez (PC) denuncia: "Ex fiscal Peña defiende a estafadora de loteos brujos" Se trata de la dueña de la empresa Parcons quien está formalizada junto a su socio Juan Miranda Carmona por vender "loteos brujos" a cerca de 60 personas, estafa que ascendería a $200 millones, consignó el parlamentario. "Es escandaloso que el ex fiscal Alejandro Peña defienda a una empresaria de La Serena que hace ocho meses está en prisión preventiva por los delitos de estafa reiterada y por subdividir sitios en menos metros cuadrados de lo establecido por la Ley de Urbanismo en el sector de Pan de Azúcar, Coquimbo". Así lo denunció el diputado PC Daniel Núñez sobre la actual labor que está desarrollando el ex jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera. “Es escandaloso que el ex fiscal Peña nominado por Piñera para combatir la delincuencia, ahora defienda a una estafadora como Ximena Burdiles, yo me pregunto, ¿cuál es la ética de alguien que fue autoridad de Piñera y ahora defiende a narcotraficantes y estafadores sólo porque ellos le pagan dinero?”, afirmó Núñez. Se trata de la dueña de la empresa Parcons quien está formalizada junto a su socio Juan Miranda Carmona por vender "loteos brujos" a cerca de 60 personas, estafa que ascendería a $200 millones, consignó el parlamentario. Burdiles fue detenida por la PDI en marzo pasado cuando intentaba huir del país rumbo a Lima, Perú, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. El legislador emplazó a los ex intendentes de Piñera de la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Gahona, hoy candidatos a diputado, a que se pronuncien sobre el tema. “Espero que se pronuncien en este caso que afecta tanto a vecinos de la Parcela 45, en Pan de Azúcar, como en otros sectores, acá hay una calidad moral que está en duda”, dijo Núñez. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/13/nunez-pc-denuncia-ex-fiscal-pena-defiende-a-estafadora-de-loteos-brujos/
  17. 08 Noviembre 2017 Parlamentarios del PC aseguran que es un acto de corrupción Denuncian a Piñera ante Contraloría por conflicto de interés en Ley de Royalty Minero Los diputados PC Lautaro Carmona y Daniel Núñez solicitaron al Contralor Jorge Bermúdez que se pronuncie respecto del conflicto de interés no declarado por el ex Presidente, quien benefició a SQM a través de la ley del Royalty Minero, a la vez que había una situación contractual entre sus empresas Bancorp y Vox Populi, con la minera no metálica. Este miércoles 8 de noviembre, los diputados del Partido Comunista, Daniel Núñez y Lautaro Carmona, llegaron hasta la Contraloría General de la República para ingresar un requerimiento que busca un pronunciamiento oficial acerca del conflicto de interés de Sebastián Piñera en ley de Royalty minero que benefició a SQM, que implica la vulneración del principio de probidad por parte de la ex autoridad. El diputado por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, sostuvo que “Sebastián Piñera, que era dueño de Vox Populi y de Bancorp realizó contratos durante los años 2009 y 2010 con la empresa SQM y estos contratos se pagaron incluso cuando él era Presidente de la República. Esto además se hace cuando Piñera presenta el proyecto de Royalty Minero que consideró una invariabilidad tributaria que solo ha beneficiado hasta el día de hoy a la empresa SQM”. “Esto es una prueba de fuego para el Contralor, porque vamos a ver si ahora tiene el valor y la fuerza para demostrarle a todos los chilenos que él actúa con transparencia y que aquí se van a poner estándares de probidad, altas exigencias como corresponde, por lo que queremos que él señale que se vulneró el principio de probidad y que sea un precedente para que haya una separación tajante entre el vínculo perverso entre la política y los negocios”, agregó el parlamentario. En la misma línea, el diputado por la región de Atacama, Lautaro Carmona, destacó que este es un tema “sensible, serio y de gravedad política”, razón por que la que exigen el pronunciamiento del Contralor. “Estamos hablando de actos que están claramente reñidos con la probidad, quiero decir que el propio Contralor ha sostenido que la corrupción, por tanto la falta de probidad, no sólo está en el soborno, sino que también en el conflicto de intereses”, recordó Carmona. En ese sentido, Carmona detalló que “hay conflictos de intereses cuando las empresas tienen como dueño al propio Presidente de la República, y hay leyes del Ejecutivo que favorecen a la empresa SQM. Queremos que el Contralor tenga un pronunciamiento fuerte y drástico frente a este tema, porque Piñera es nuevamente candidato presidencial. Queremos si saber si estamos expuestos como Estado de Chile a una eventual gestión que beneficie a sus empresas, que beneficie a sus capitales, contra lo que beneficie al país”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/08/denuncian-a-pinera-ante-contraloria-por-conflicto-de-interes-en-ley-de-royalty-minero/
  18. 09 Octubre 2017 Por Mario López M. Grave denuncia: La trenza Ponce Lerou-Piñera prepara nuevo "negocio" del Litio A tanto llega la soberbia o seguridad que no solo se están repartiendo ministerios y cargos en la derecha, sino que además ya están preparando los negocios que beneficiarán –o pagarán favores- al yerno de Pinochet. Cuando siguen apareciendo dineros sucios desde la minera no metálica a la campaña del candidato de Chile Vamos, los que ya rondan los $500 millones, desde su entorno se busca “limpiar” a Soquimich para que haga negocios con el Estado. Los nombres de Julio Ponce Lerou, SQM y Sebastián Piñera han tenido más de algo en común en los últimos decenios: ser pragmáticos y estar asociados a casos de corrupción y al litio. Las recientes boletas descubiertas que ligan –nuevamente- al ex Mandatario con dineros ilegales provenientes de Soquimich y dirigidos a su campaña electoral no parecen ser producto de la gran amistad que lo liga con el dueño de la minera no metálica; por el contrario, importantes diferencias comerciales de intereses los han enfrentado, como el caso Cascadas. La frialdad en los negocios caracteriza a ambos magnates, quienes para perseguir sus objetivos no han trepidado en rozar –y según muchos, cruzar-, la delgada línea de lo ético y lo lícito. Los dineros de SQM a Piñera Julio Ponce Lerou, directa o indirectamente, transfirió a la campaña de Sebastián Piñera cerca de $500.000.000 entre 2009 y 2010. La Administradora Bancorp S.A., controlada por Bancard, propiedad del candidato derechista, entregó 16 facturas –ideológicamente falsas- a la SQM por un total de $340 millones. Vox Populi, también de propiedad del exmandatario, dio cinco facturas que suman $26 millones, según las querellas del SII, que tienen de paso formalizado al administrador de la campaña y exgerente de Bancard, Santiago Valdés, mano derecha de Piñera. A lo anterior se suman los recién descubiertos $103.000.000 que proveedores de la campaña de Sebastián Piñera boletearon directamente a SQM y donde algunos de los partícipes han reconocido ante la fiscalía que tales servicios jamás se prestaron a la minera sino que a la campaña del líder derechista. El informe del estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling, contratado por la propia SQM, dio a conocer entre otros puntos que la empresa minera no metálica realizó tres rectificaciones tributarias ante el SII, por un total de 14 millones 747 mil 125 dólares en seis años. Entre ellos hay mil 425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos. El documento abarca a casi todo el espectro político, pero la derecha se lleva la mejor parte y en ella las empresas o campaña de Piñera son los principales beneficiados. El estudio concluye además que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM. El litio, la piedra del tope Resulta legítimo preguntarse qué motivó tales millonarios pagos que Ponce Lerou hace a Piñera O, dicho de otro modo, ¿a cambio de qué se hicieron? Un hecho marcó de parte del gobierno del ahora candidato su relación con SQM. La concesión ilegal en 2012 que, vía licitación, adjudicó a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a través de un contrato de operación especial, la explotación por 20 años de 100 mil toneladas de litio. Hubo postulación de otros interesados y la oferta de la empresa de Ponce Lerou superó a sus contrincantes. Hasta ahí todo parecía parte del juego del mercado, salvo por un par de detalles no menores. Por un lado SQM ocultó deliberadamente que no cumplía con los requisitos al tener juicios con el Estado, básico para poder postular a licitaciones, y por otro, que desde el gobierno el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y la abogada exjefa jurídica de la esa subsecretaría, según dijo el fiscal José Morales, firmaron “un acta que consideramos ideológicamente falsa” que acreditaba que “SQM cumplía con las fases exigidas en la licitación”. En otras palabras, falsificación de instrumento público. Acuerdos con la fiscalía dieron salidas alternativas a ambos. ¿Fue el litio lo que quería conseguir Ponce Lerou? Es lo que la fiscalía investiga, sobre todo teniendo en cuenta que ha sostenido en todas las formalizaciones relacionadas con esa empresa que quienes cometieron cohecho –funcionarios públicos como el exsubsecretario Wagner o el exministro y senador Pablo Longueira-, beneficiaron a SQM, el uno mediante el acceso a una licitación ilegal que fue dejada sin efecto, el otro vía beneficios específicos relacionados con el proceso legislativo que ayudaba a la empresa y donde la redacción de normas fue efectuada desde la minera, en secreto. El negociado no ha terminado Si alguien pensó que al ser descubierta la licitación ilegal del litio en el gobierno de Piñera que favorecía a Ponce Lerou ponía fin a esa espuria relación y que el asunto estaba concluido, comete un grave error. Ya se comenzó a preparar el terreno para implementar el negocio 2.0 en una eventual nueva administración del candidato derechista. A pesar de los actuales litigios, arbitrajes y cargos existentes entre el Estado -Corfo (2), Superintendencia de Medio Ambiente (6) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (1), esta última por el menor pago que por años se imputa que Soquimich ha hecho al Estado de Chile-, ya comenzaron a lanzarse las vías de contactos para generar “un arreglo entre Julio Ponce Lerou y Sebastián Piñera”, como lo reconoce expresamente el medio derechista La Segunda, que sostiene que al ex Presidente “le conviene un acuerdo win-win entre SQM y el Estado”. Según el vespertino, un “ex ministro de Piñera, ligado al tema litio”, vaticina que “en algún momento tiene que zanjarse la ampliación de la cuota de extracción en el Salar de Atacama (que le permitiría aumentar la producción anual a la firma), por lo que la única posibilidad es lograr un acuerdo con SQM”, señala. No es el único. Otro NN citado, esta vez un ex consejero de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), ente que fiscaliza la cadena de litio, afirma: “no me cabe duda que en un eventual gobierno de Piñera va a ser más fácil para SQM lograr un mejor trato”. Según otro NN, una ex autoridad fiscalizadora de la administración pasada, “lo lógico es que se extienda la cuota de extracción de litio a SQM…”. Tres ilustres desconocidos, todos presuntamente ligados a Piñera y en un medio de comunicación que ha sido artífice de la campaña del exmandatario, comienzan a anticipar que el negocio del litio entre la eventual administración Piñera y SQM solo debió esperar algún tiempo, pero vuelve para enriquecer aún más a la empresa de Ponce Lerou, quien la obtuvo entre gallos y medianoche a vil precio del Estado y que “financió campañas políticas para protegerse”, según el autor del libro “Todo sobre Julio Ponce Lerou”, Manuel Salazar. De protección a negocio De acuerdo con Salazar, Ponce Lerou buscó seguridad de cara a la vuelta a la democracia: “Después de los 90 él sabe que tarde o temprano van a empezar a revisar cómo se quedó con Soquimich, cómo se hizo cargo de los salares donde está explotando el litio y para eso necesitaba protección y la consigue con dinero, financiando campañas políticas”. Pero ante la imposibilidad de actuar o la complacencia de las autoridades, el financiamiento no solo buscó defensa, sino que ahora nuevos negocios. No era protección lo que pretendía, según la carpeta investigativa, cuando Patricio Contesse, su gerente general, se reunió en apenas dos días con siete políticos. El 19 de mayo de 2014 lo hizo con el entonces senador de la UDI Jovino Novoa, los diputados UDI Ernesto Silva y Javier Macaya y el alcalde Pablo Zalaquett, además de Carlos Ominami. El día 20 fue el turno de Pablo Longueira y Cristián Leay, ambos de la UDI. El litio, en un comienzo un importante recurso que se exportaba sin manufactura, en bruto, se transformó en un importante recurso a partir de las baterías que le utilizaban en teléfonos, vehículos, etcétera. Por ello su interés, apenas llegada la democracia, de afianzar concesiones y, en pleno gobierno de Piñera, quedarse con la mayor tajada que le asegurara el 40% de su explotación mundial. Por ello ahora nuevamente vuelve a la carga con el pragmático beneplácito de Piñera, aseguran sus cercanos. La frustrada jugada que quiere reeditar La licitación del litio que se desmoronara al conocerse la falsificación del informe que favorecía a SQM buscaba entregarle a Ponce Lerou un contrato de operación especial, para la explotación por 20 años de 100 mil toneladas del recurso en los salares. Como se recordará, en ese momento se encontraban por una parte en la minera no metálica Hernán Büchi y en el ministerio de Minería Hernán de Solminihac, hermano de quien posteriormente asumiera la gerencia de SQM, Patricio de Solminihac, quien entonces era miembro del directorio de la compañía. De efectuarse el planificado acuerdo en un eventual nuevo gobierno de Piñera, este entregaría a Ponce Lerou el monopolio mundial de la producción del litio, no siendo en realidad un negocio para el país el que se explote el recurso natural y no se agregue un valor adicional. Entregarle la concesión a SQM negaría la posibilidad de que como país produjéramos productos manufacturados de litio, sobre todo considerando que este recurso no generará los mismos ingresos del cobre, por lo que resulta esencial darle valor agregado al mineral y crear así una industria basada en su explotación. La pretendida nueva licitación solo busca ser una concesión encubierta. Por ello la simple multa que se busca cursar a SQM para “limpiar” a esa empresa para permitirle negociar con el Estado al ponerse fin a cualquier litigio, ya está siendo estudiada en sectores oficialistas que se aprontan, de ganar Piñera, a un nuevo escenario judicial o administrativo ante la Contraloría o reparos judiciales. Caducidad pendiente Parlamentarios han exigido al gobierno que proceda a caducar la concesión del litio actualmente en manos de Soquimich, luego que la Cámara de Diputados aprobara el Informe de la Comisión Especial Investigadora que analizó las irregularidades del contrato suscrito entre Corfo y SQM y que diera lugar a un litigio. El documento de ahí emanado y que en enero pasado fuera aprobado por 60 votos a favor, 11 abstenciones y 24 en contra, dictamina que “el Proyecto (que vincula a Corfo con SQM) para la explotación del Salar de Atacama es, en estricto rigor, de propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, quien ha invitado y finalmente se asoció a un empresa privada que garantizaba la mejor administración de dicho proyecto”. La diputada DC Yasna Provoste, quien también votó a favor, subrayó que el año pasado Corfo solicitó el término anticipado del contrato con SQM para el proyecto en el Salar de Atacama, no solo por incumplimientos graves por pagos de arrendamiento, sino porque la empresa no generó los sistemas de supervisión o fiscalización. “Somos, junto con Argentina y Bolivia en el bloque latinoamericano, los principales productores de litio, pero mientras estos dos últimos países han acometido proyectos para tener real injerencia en esta industria, nosotros estamos empezando a tratar de entender el presente y futuro del litio”, dijo la parlamentaria DC. ¿Durmiendo con el enemigo? Por años SQM ha venido creando las condiciones para hacerse de la explotación monopólica del litio. Para ees ha adquirido con bajo perfil derechos de agua y un sinnúmero de concesiones mineras en el Salar de Atacama. Ello, a pesar que tiene en su poder la explotación hasta el año 2030 y donde ya ha extraído cerca del 70% del máximo establecido para su explotación. Actualmente y luego que en 2014 Corfo solicitara–en el marco de un primer arbitraje- el término anticipado del contrato con SQM, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Humeres (que debiera fallar a más tardar el primer trimestre de 2018), se interpuso una segunda demanda arbitral donde la Corporación de Fomento se cuestiona el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para explotar litio en dicho salar. Ahí se denuncia que SQM logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea esa compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030. También acusa que “ha solicitado y obtenido para sí pedimentos, concesiones mineras de explotación y mensuras, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos mineros comprendidos dentro del proyecto a que se refiere el 'Contrato de Proyecto'”. Lo que busca la segunda demanda arbitral es que se restituyan estos derechos mineros y de agua y queden a nombre de Corfo. Esta es la empresa con la que la pretendida nueva administración Piñera quiere negociar y a la que quiere ampliar plazos y mejorar condiciones de explotación. Fuente: https://cambio21.cl/cambio21/grave-denuncia-la-trenza-ponce-lerou-piera-prepara-nuevo-negocio-del-litio-59d80554aa2d7469837f0b62
  19. 01 Octubre 2017 Acusan irregularidades en la municipalidad de Conchalí Las denuncias que enfrenta René de la Vega a ocho meses de asumir como alcalde El popular cantante de “Chica rica”, quien logró ser single radial y hit televisivo de los 90s, hoy se encuentra en el centro de una polémica municipal. De la Vega actualmente contempla una denuncia por actos atentatorios contra la libre competencia y por abandonos de deberes, una demanda civil y una querella por estafa. El 6 de diciembre de 2016, René de la Vega, asumió como alcalde de Conchalí, luego de presentarse como candidato independiente en las elecciones municipales del año pasado, en donde logró salir electo por un estrecho margen. Sin embargo, el arquitecto, quien a finales de los 90s tuvo una corta pero mediática carrera musical como cantante, hoy enfrenta varias denuncias de privados y concejales que lo acusan de abandono de deberes y de atentar contra la libre competencia dentro del municipio. El cantante de “Chica rica”, quien logró ser single radial y hit televisivo de los 90s, no ha podido lograr tal éxito en su nueva faceta como alcalde. Diferentes empresas que postularon a licitaciones del municipio están acusando a De la Vega de un mal manejo y uso de dineros fiscales. El dueño de una empresa que se encarga de la instalación de paletas publicitarias y que por más de tres años trabajó para la municipalidad, presentó una denuncia en su contra por actos atentatorios contra la libre competencia, en donde lo acusa de ser quien instigó en la ocurrencia de los hechos, beneficiando así, al conglomerado de empresas Stand Off S.A, CBS OUTDOOR CHILE S.A y JC DECAUX OOH CHILE S.A, donde es director general, Fernando Camacho, investigado por aportes irregulares a campañas políticas. Según relata el dueño de la empresa de paletas publicitarias, a través de una carta respuesta, el propio conglomerado fue quien le informó que ya no sería él, el actual titular de los derechos de ocupación. “CBS OUTDOOR CHILE S.A. a través de su continuadora JC DECAUX OOH CHILE S.A me contesta por escrito señalando que se me había caducado la autorización B.N.U.P. por la I. Municipalidad de Conchalí”, acusa en la denuncia. “La I. Municipalidad de Conchalí expresa en su respuesta a requerimiento de transparencia que no dispone de domicilio del infrascrito para notificar Decreto de revocación de Concesión, sin embargo, en los comprobantes de pago de Derechos Municipales de los años anteriores figuran mis domicilios (…) lo que desmiente del todo lo aseverado por el municipio en respuesta a requerimiento de transparencia”, relató el denunciante, quien acusa “clara complicidad, confabulación y colusión para dejarme fuera de la concesión y ser entregada a una empresa dominante de mercado”. Por su parte, la empresa involucrada, JCDecaux, asegura que “aquí no es que se haya preparado una licitación para perjudicar a alguien”. El gerente de la firma, Felipe Saavedra, explicó que en el caso de estos permisos municipales “se puede poner término sin grandes formalidades jurídicas, es bastante liviano el tema legal de estos contratos”. Transfish En Noviembre de 2016, la empresa de aseo urbano y áreas verdes, Transfish, que ha trabajado por más de 20 años con la municipalidad de Conchalí, recibió una visita inesperada en sus dependencias. “Un día tocó el timbre de la empresa y dijo: Hola, soy el alcalde de Conchalí, necesito hablar con el representante legal de la empresa”, relata el abogado de la compañía, Jaime Briceño. “Siempre me llamó la atención que el alcalde, estando electo, se apersonara en la oficina de Transfish directamente sin invitación. Sin nada llegó y ahí fue cuando señaló que los contratos había que cambiarlos”, revela Briceño. “Las normas de probidad, la ley de lobby, estaban siendo completamente pasadas a llevar en esta situación”, añade. La empresa Transfish tenía un contrato con el municipio que consideraba el barrido de las calles junto con un programa de reciclaje, el cual se dejó sin efecto de común acuerdo por ambas partes, bajo ciertas condiciones, que según relata el abogado, finalmente no se respetaron. Es por esto que la empresa presentó una demanda civil contra la municipalidad por el cobro de las facturas correspondientes al periodo de enero al 30 de julio de 2017. “La municipalidad no tiene plata nos dijeron. Luego hicieron llegar un acta, a lo que Transfish, aceptó dejar sin efecto el contrato en enero de 2017. Sin embargo, hasta el 30 de julio 2017 seguiría vigente. Es decir, Transfich siguió prestando el servicio, pero luego de estos 6 meses no nos pagaron las facturas”, explica Briceño. Cabe mencionar que dicha empresa aún mantiene la concesión del retiro de la basura de la comuna, pero reclama el término referido al otro contrato de manera unilateral. El representante legal de Transfish, asegura que luego de lo ocurrido, tuvo “acceso al presupuesto del 2017 y ahí está contemplado el ítem del contrato, están los dineros para el contrato, ya que es un contrato de primera necesidad el barrido de las calles”. “Por lo tanto todo este montaje que se hizo en cuanto a que no había dinero, era todo mentira. Era solo para que Transfish accediera a dejarlo sin efecto”, acusa el defensor. Actualmente, el abogado está en proceso de una querella por estafa en contra de René de la Vega, y de quien se desempeñaba como administrador municipal, el arquitecto Miguel Ángel Moraga Toro, y que ahora asumió el cargo de Subdirector del Departamento de Obras de la municipalidad. La pugna al interior del municipio Desde que René de la Vega asumió la alcaldía, diversos funcionarios de Conchalí afirman sentir persecución por haber trabajado en la administración anterior y advierten que “su principal preocupación es su imagen pública”, relatan. “Estamos frente a una persona de comportamiento muy curioso. No desea dialogar y no reconoce al consejo como interlocutor”, añaden las fuentes, quienes prefieren no revelar su identidad. Por otra parte, acusan que el vehículo que actualmente maneja René de la Vega, en el que llega todos los días a la municipalidad, corresponde a un BMW que no es de su propiedad. El dueño de la patente, a la cual tuvo acceso El Mostrador, tiene importantes juicios en la ciudad de Antofagasta por estafa. Las fuentes también relatan que no es la primera vez, ya que anteriormente estaba con otro vehículo, que “aparecía también a nombre de otra persona con problemas legales”. “En el área de salud y educación se están incrementando nuevamente deudas de previsión de los trabajadores, lo que lo coloca en una situación grave de abandono de deberes”, detallan las fuentes, quienes lo describen además como “una persona que no paga lo que se compromete a pagar” La familia del “chico rico” Entre quienes conforman este equipo político, se encuentran varios parientes de De la Vega. “Tiene contratados a hartos familiares en la gestión, se ha ido descubriendo que son todos una red de familiares y con sueldos bastante buenos”, detalla una fuente cercana a la municipalidad. Desde el 6 de diciembre el alcalde asumió acompañado de su de su jefa de gabinete y cuñada, Carolina Lissette Báez Manríquez. Su sueldo correspondía a $2.924.295 más horas extras, y en un par semanas se convirtió en una de las personas menos queridas del círculo de René de la Vega dentro de la municipalidad. Sin embargo, desde que el consejo municipal mostró preocupación frente a esto, el propio alcalde fue quien envió Báez a la Corporación de Salud y Educación (Coresam) de Conchalí, sin cargo alguno, pero ganando la misma suma. Báez luego de unos meses habría presentado su renuncia. Por otro lado, se encuentra Valeria Karina Contreras Baez, prima hermana de la esposa del alcalde, quien sin título profesional, se ha desempeñado como “técnico en alcaldía” recibiendo un sueldo de $ 1.131.023. Brenda Estefanía Báez Báez, otra prima de la esposa, también trabaja en la municipalidad y recibe un sueldo de 1.429.300. Durante la investigación de este reportaje, Báez Báez se encontraba con licencia. Además el concuñado del cantante, el programador informático, Claudio Muñoz Julio era quien estaba a cargo del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas en la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores (Coresam), y recibía un sueldo de $2.543.510. Sin embargo, antes del cierre de este reportaje la Contraloría lo destituyó del cargo. Pero para sorpresa de muchos dentro del municipio, René de la Vega decidió disponer el cargo a su cuñada, es decir, a la esposa de Muñoz. Cabe mencionar que hasta el cierre de esta nota, El Mostrador intentó comunicarse con el alcalde René de la Vega, pero finalmente no hubo respuesta. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/01/las-denuncias-que-enfrenta-rene-de-la-vega-a-ocho-meses-de-asumir-como-alcalde/
  20. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/319359-concentracion-de-medios-la-doble-concesion-de-tv-que-vulnero-la-legalidad-en-el-gobierno-de-pinera-y-se-consolido-con-bachelet/?hl=%2Btelecanal 07 Agosto 2017 Colegio de Periodistas respalda denuncia al CNTV contra dueño de La Red y Telecanal "Una vez más comprobamos que la institucionalidad fiscalizadora en Chile es insuficiente", advirtió la presidenta de la orden profesional, Javiera Olivares. A través de una carta entregada esta mañana al Consejo Nacional de Televisión, comunicadores y académicos de distintas escuelas de periodismo demandaron al organismo la revisión de la denuncia interpuesta por el abogado Luis Cuello contra el empresario mexicano Ángel González, dueño de La Red, por presuntas irregularidades en la compra de Telecanal realizadas en 2010 y 2012, segunda señal del magnate que contraviene la ley 18.838 del mismo organismo, que prohíbe a un concesionario tener dos señales en la misma zona de servicio y que habría sido adquirida a través de mecanismos fraudulentos para sortear prohibiciones en materia de concentración. La orden profesional tomó cartas en el asunto después que a fines de julio El Mostrador diera cuenta de esta irregularidad. Es así como la misiva, firmada por la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares; el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Raúl Rodríguez, el académico de la Universidad de Santiago, Claudio Avendaño; y el director del Observatorio de Comunicación y Medios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pedro Santander, denuncia “El incumplimiento de las atribuciones regulatorias del CNTV” frente a la compra de la señal de Telecanal por parte del empresario mexicano. "Una vez más comprobamos que la institucionalidad fiscalizadora en Chile es insuficiente. Peor aún, vemos la voluntad política evidente del señor Herman Chadwick de amparar la concentración de dos canales de TV en manos de un consorcio mexicano, bajo el total silencio de la Fiscalía Nacional Económica. Esto fortalece el discurso único y dificulta el necesario pluralismo de toda democracia", manifestó Javiera Olivares. La operación, según expone la denuncia –que cuenta con distintos documentos y pruebas- habría sido ejecutada utilizando sociedades constituidas en paraísos fiscales por testaferros con el objeto de ocultar los intereses ya existentes en La Red, la primera señal de Albavisión, conglomerado de Remigio Ángel González. El abogado Luis Cuello asegura que "estamos en presencia de una situación con rasgos graves de ilegalidad que está siendo cometida por un grupo económico trasnacional, un conglomerado mediático que está liderado por Remigio Ángel González. Creemos que el CNTV tiene que tomar cartas en el asunto y proceder a la brevedad a revisar este requerimiento y eventualmente a declarar la caducidad de alguna de las concesiones, ya que hoy esta empresa concentra un poder de mercado por sobre lo que la ley autoriza". Uno de los conflictos que surge a raíz de la revelación de este caso son los efectos negativos que este tipo de acciones ilegales provocan en el sistema de medios, esta vez particularizado en el medio televisivo, aumentando la concentración y afectando al pluralismo que toda democracia requiere. Frente a lo anterior, el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile afirma que "es grave la operación de compra venta de Telecanal, más aún con una nueva ley de televisión digital, estos operadores con derecho preferente incrementarían su participación en el mercado televisivo nacional". La empresa en cuestión ha sido además acusada de corrupción en Guatemala, siendo una de las accionistas de La Red y perteneciente a Albavisión buscada por la justicia y que cuenta con el ex presidente de dicho país, Otto Pérez Molina en calidad de detenido. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/07/colegio-de-periodistas-respalda-denuncia-al-cntv-contra-dueno-de-la-red-y-telecanal/
  21. 04 Agosto 2017 Virginia Reginato presenta denuncia por agresión contra paramédico que golpeó a su pareja embarazada La alcaldesa de Viña del Mar llegó hasta el Tribunal de Garantía de esa ciudad, para presentar la acción judicial en contra del funcionario del área de salud de la corporación municipal. Hasta el Tribunal de Garantía llegó la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, para presentar una denuncia en contra de Sebastián Herrera (30), el paramédico del Sapu Gómez Carreño que fue captado agrediendo brutalmente a su pareja embarazada en un pasillo de la Clínica Valparaíso. La edil había anunciado durante la jornada de ayer que se presentaría esa acción judicial, además de informar que el funcionario ya había sido apartado de sus labores. Herrera, será formalizado el próximo 4 de septiembre. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/virginia-reginato-presenta-denuncia-agresion-paramedico-golpeo-pareja-embarazada/
  22. 04 Agosto 2017 Interponen denuncia por presuntos sobornos en licitación en Maipú “Hay funcionarios municipales que siguen en la cultura de corrupción, que venía de la administración anterior", dijo el diputado Joaquín Lavín. La empresa KDM afirmó que no participó en el nuevo proceso de licitación en Maipú. El diputado Joaquín Lavín (UDI) se reunió hoy con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para entregarle una denuncia contra todos quienes resulten responsables por presuntos sobornos en la actual licitación por el retiro de basura domiciliaria en Maipú. Un tema sensible en la comuna que dirige la alcaldesa Cathy Barriga, pues la administración municipal anterior, encabezada por Christian Vittori, fue llevada a tribunales por irregularidades en la asignación de un contrato por el retiro de residuos domiciliarios, conocido como el Caso Basura, que es indagado por la Fiscalía Occidente. “Hay funcionarios municipales que siguen en la cultura de corrupción, que venía de la administración anterior, y están tratando de incidir para que esta licitación de basura fracase para favorecer a KDM, que hoy día tiene el contrato, y así la municipalidad pueda extender ese contrato”, comentó el parlamentario. El abogado penalista Sergio Rodríguez, quien representa a la empresa KDM, manifestó que la compañía no participó en este nuevo proceso de licitación. Respecto al termino del contrato, el jurista señaló que “hasta ahora la municipalidad tampoco ha pedido una prórroga, entiendo que por contrato ello no es posible y la empresa no está obligada. Según me ha dicho su gerencia, no hay intención de continuar y por eso no se participó”, subrayó el profesional. El abogado, además, criticó el actual proceso de licitación. “Creemos como compañía que todo esto es parte de la negligencia demostrada por la administración municipal, porque ninguna empresa puede, en el tiempo que le queda a la actual gestión de recolección, poner en marcha un plan sin ni siquiera estar todavía designado”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/interponen-denuncia-presuntos-sobornos-licitacion-maipu/
  23. 12 Julio 2017 Michelle Bachelet presenta denuncia ante fiscalía por usurpación de nombre El 6 de abril pasado, un inusual e intimidante correo electrónico fue recibido en la oficina de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de Coquimbo. El e-mail contenía una carta con los logos oficiales de la Presidencia y firmada por la Mandataria Michelle Bachelet. En esta misiva, la máxima autoridad del país pedía que dicha dependencia otorgara una pensión de invalidez para su “sobrina y ahijada”, de iniciales M.L.T.Y. (51). La comunicación, además, advertía que este beneficio debía otorgarse en el breve plazo y esperaba no tener que repetir esta solicitud. Sin embargo, había detalles de esta carta que levantaban sospechas: reiteradas faltas de ortografía y algunas falencias en la redacción. La dirección de correo electrónico tampoco parecía cuadrar. Esto, porque fue enviada a través de una cuenta de Gmail, con nombre de usuario “pres.chile.gob”. Por esta razón, los funcionarios decidieron contactarse con Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la Presidenta, para verificar si efectivamente el correo había sido enviado por la Mandataria. Ante esta consulta, según fuentes conocedoras de la causa, Uriarte respondió que Bachelet no había enviado tal documento. Por esto, solicitó a los funcionarios de la Compin de Coquimbo que le informaran si en el futuro llegaban otros e-mails de similares características. Y así fue. Con el transcurrir de las semanas llegaron nuevos correos electrónicos, uno de ellos firmado por la misma Ana Lya Uriarte, en el cual se le exigía al Compin acelerar los trámites de la pensión de invalidez que presuntamente la Presidenta había pedido para la “sobrina y ahijada”. De no cumplir con esto, serían desvinculados de sus puestos de trabajo. Con todos estos antecedentes en mano, Michelle Bachelet decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte, por usurpación de nombre. Esta acción se hizo efectiva el 18 de mayo. En paralelo, la Superintendencia de Salud -que también tenía conocimiento de las misivas- presentó una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos. Esta causa fue catalogada bajo el delito de falsificación. La indagatoria quedó a cargo del fiscal Marcelo Carrasco, quien ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) y a personal especializado de Cibercrimen de la PDI realizar las pericias correspondientes para determinar la identidad y paradero de la persona que suplantó la identidad de la Mandataria. Ahora, todas las sospechas apuntan a que la persona que estaría tras esta falsificación sería M.L.T.Y., quien sería beneficiada de la pensión que se solicitaba en los e-mails. Las primeras indagatorias de la policía civil determinaron que la persona que suplantó la identidad de la Mandataria sacó de internet el logo oficial de la Presidencia, así como la firma de Bachelet, las cuales pegó en la carta que estaba adjunta en el correo que envió a la Compin. Además de la cuenta de correo pres.chile.gob, esta persona creó varias más. Una de ellas era [email protected] Consultada la PDI, indicaron que están trabajando en el caso. Desde Presidencia señalaron que “es efectiva la denuncia. La fiscalía dispuso la investigación correspondiente y los hechos delictivos han sido aclarados”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/michelle-bachelet-presenta-denuncia-ante-fiscalia-usurpacion-nombre/
  24. 04 Julio 2017 [VIDEO] Camila Vallejo denuncia despido de carabinera con fuero maternal La diputada pidió oficiar al Ministerio del Interior y a la Contraloría General de la República, para que representen la ilegalidad de la normativa interna de Carabineros de Chile, respecto a las normas de protección a la maternidad y la paternidad de sus trabajadores. Este martes la jefa de bancada del Partido Comunista, Camila Vallejo, denunció el caso de Andrea Neira, quien hoy sobrevive vendiendo maquillaje en la calle con su hijo tras ser desvinculada mientras estaba embarazada. La parlamentaria denunció hoy en la Cámara de Diputados la desvinculación de Andrea Neira, ex oficial de Carabineros de Chile que contaba con fuero maternal al momento de su despido. “La Comisión médica central de Carabineros, tras un largo proceso, determinó la baja temporal de Andrea, dejándola sin sueldo, sin pago de previsión de salud, vulnerando absolutamente su fuero maternal. Nacido su hijo, a Andrea se le negó el derecho a sala cuna y tampoco permitieron que su esposo, también funcionario de Carabineros, lo hiciera efectivo. Con estas acciones, Carabineros de Chile no sólo está vulnerando los derechos de madres y padres, sino el derecho de los niños y niñas”, señaló la diputada en su intervención. Vallejo acusó también hostigamientos a la funcionaria y su esposo, lo que finalmente causó la separación de ambos. La diputada relató que estando Andrea sin sueldo y sin previsión, perdió su departamento y todos sus bienes fueron embargados. “Quedé con mi cama, mi refrigerador y la cuna de mi hijo”, contó la ex funcionaria que hoy vende maquillaje en la calle junto a su hijo de dos años para poder subsistir. La jefa de bancada del partido comunista señaló que este no es un caso aislado, sino que se trata de una práctica recurrente al interior de la institución, que no estaría velando por el respeto a los derechos de las mujeres, las madres y los padres. “Existen muchos antecedentes que muestran cómo Carabineros de Chile utiliza la Comisión médica para desvincular a mujeres embarazadas y vulnerar su derecho a fuero maternal, lo que atenta directamente con los derechos laborales actualmente vigentes en Chile”. Por esta razón, la diputada pidió oficiar al Ministerio del Interior y a la Contraloría General de la República, para que representen la ilegalidad de la normativa interna de Carabineros de Chile, respecto a las normas de protección a la maternidad y la paternidad de sus trabajadores. “Pero, en especial, solicito también que se de copia al Alto Mando de Carabineros de Chile, con la finalidad que sea la misma institución la que modifique estas normas arbitrarias a la brevedad posible”. La diputada además agregó que “las mujeres no pueden vivir con el miedo de que un embarazo o un hijo será considerado “un problema” por parte de los empleadores y ninguna institución puede estar por sobre las leyes que hemos establecido para procurar el bienestar de las trabajadoras y trabajadores”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/04/video-camila-vallejo-denuncia-despido-de-carabinera-con-fuero-maternal/
  25. 17 Junio 2017 Comunidad judía presenta denuncia por amenazas e “insultos racistas” sufridos en Club Palestino Hechos se habrían dado durante un partido de fútbol amateur entre equipos de ambas nacionalidades. Antecedentes fueron entregados al persecutor Manuel Guerra, jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El Club Palestino también realizó una denuncia tras la aparición de rayados "xenófobos y racistas" en el exterior del recinto. Una denuncia por el delito de amenazas interpuso ayer la Comunidad Judía de Chile en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, a raíz de la “situación de violencia” ocurrida durante un partido de la “Superliga” de fútbol amateur, que enfrentó a un equipo de esa comunidad contra el Club Palestino, y que fue realizado en el Estadio Palestino, ubicado en la comuna de Las Condes. Según la denuncia, dirigida “contra todos quienes resulten responsables”, los hechos ocurrieron el día jueves 8 de junio y según consigna el escrito, durante el evento deportivo, “devino en un preparado y premeditado intento de un grupo cercano a 200 personas por agredir a los deportistas del Estadio Israelita Maccabi (EIM), siendo estos no solo objeto de cánticos e insultos racistas y xenófobos, sino que de violentas amenazas y agresiones que pusieron en serio riesgo su integridad física”. Además, el documento señala que “los seguidores del equipo del Estadio Palestino fueron convocados por redes sociales con el propósito de hostilizar al equipo del Estadio Israelita”. Entre los antecedentes entregados al fiscal regional Manuel Guerra, se relatan de manera textual los cánticos y dichos que fueron catalogados como “antisemitas” por el presidente de la entidad judía, Shai Agosin. “En un partido de este tipo nunca hay público y aquí habían más de 150 personas con alcohol en la mano, con bengalas y una actitud tremendamente agresiva, con gritos xenófobos y antisemitas, e incluso con golpes hacia los jugadores y hacia el árbitro”, afirmó. Asimismo, agregó que “hay que tratar de erradicar esta escalada de violencia y no importar el conflicto que existe en Medio Oriente”. Además, la denuncia se acompaña del informe del árbitro del partido, donde se describen parte de los incidentes. A través de un comunicado, el Club Palestino manifestó que “los incidentes ocurridos no reflejan nuestros valores como club, por ello se ha llevado a cabo un sumario interno para aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los socios que se vieron involucrados”. Asimismo, agregan que “el revuelo público y extradeportivo que se ha generado a raíz de este partido de fútbol no refleja la realidad de las ligas interclubes de Chile, en las que cuando ocurre algún tipo de incidente de indisciplina, estos se resuelven en la cancha o bien a través del tribunal de disciplina”. Finalmente, el club dice “lamentar” “la injerencia y presión que ha ejercido la Comunidad judía (…) Se ha intentado sacarle provecho político a esta situación a través de los medios de comunicación y redes sociales, difundiendo un relato de los hechos que escapa totalmente a la realidad”. También informaron de la aparición de “rayados xenófobos y racistas” en el exterior de las dependencias del Estadio Palestino. El fiscal Manuel Guerra, en tanto, dijo que “vamos a desarrollar las acciones tendientes a determinar quiénes están detrás de estos hechos (…) No queremos que esto sea una escala que haga que dos comunidades que han vivido en paz y han contribuido al progreso de país vivan divididas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/comunidad-judia-presenta-denuncia-amenazas-e-insultos-racistas-sufridos-club-palestino/
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