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  1. 28 Mayo 2018 Cadem: Un 55% aprueba la forma en que el gobierno está gestionando las demandas feministas Un 68% dijo estar de acuerdo con las movilizaciones feministas y la ministra de la Mujer y Equidad de Género aumentó su nivel de conocimiento entre los sondeados. De acuerdo a la última medición de la encuesta Cadem, un 55% aprueba la forma en que el gobierno está gestionando las demandas feministas, mientras que un 40% lo desaprueba. Esto en el marco de las movilizaciones feministas y del anuncio por parte del gobierno de la Agenda Mujer que hizo la semana pasada. En dicho contexto, un 68% dijo estar de acuerdo con las movilizaciones, un 69% con las marchas por la Alameda, y un 71% desaprobó que las mujeres marcharan en topless. En relación a su gabinete, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, aumentó su nivel de conocimiento entre los sondeados, subiendo de 6 puntos a 49%, siendo una de las caras más visibles del gobierno durante la semana pasada. Respecto al ministro de Educación, Gerardo Varela, se mantiene como el peor evaluado con un 33% de aprobación y un 64% de aprobación, a quien de hecho los estudiantes le exigen la renuncia. En la cuarta y última semana de mayo, un 57% aprueba y un 26% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, cerrando así el mes con un 56% de aprobación, sin presentar diferencias significativas con respecto a los meses de marzo o abril. https://es.scribd.com/document/380362920/Track-PP-228-Mayo-S4-VF-1#from_embed Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/cadem-55-aprueba-la-forma-gobierno-esta-gestionando-las-demandas-feministas/182238/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/324447-corfo-sqm-joe-lowry-las-palabras-de-eduardo-bitran-parecen-una-vendetta-emocional/?hl=%2Bcorfo&do=findComment&comment=22910693 24 Noviembre 2017 Corfo pide que árbitro de caso SQM rechace dos demandas de la minera Estatal presentó escrito en que pide que el arbitraje no abarque todas las demandas, para apurar así su trámite. Gerente general de la minera, Patricio de Solminihac, dijo que prevé que el fallo podría tomar todo el próximo año. El equipo de SQM, liderado por el gerente general Patricio de Solminihac, y el de Corfo, encabezado por Eduardo Bitran, en la fallida conciliación de octubre. Un nuevo capítulo se está escribiendo en el marco del arbitraje entre Corfo y SQM por discrepancias en los contratos de arrendamiento de pertenencias en el Salar de Atacama, zona donde la minera genera prácticamente la mitad de los ingresos de la empresa controlada por Julio Ponce. Inserto en el proceso que se sigue adelante ante la Cámara de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), y que encabeza el árbitro Héctor Humeres, la defensa de la agencia estatal presentó un escrito denominado excepción de falta de jurisdicción o competencia, en el que pide que el mediador se declare incompetente y no conozca dos libelos, ambos interpuestos por SQM como contrademandas a los requerimientos originalmente presentados por Corfo. Fuentes de la defensa de Corfo confirmaron a La Tercera la existencia de este requerimiento, el que, señalaron, tiene como objetivo apurar la revisión de la causa, alivianando el trabajo del árbitro Humeres y en ningún caso dilatar. “Hay tres demandas de SQM y dos de Corfo. Las presentadas por SQM son en respuesta a las demandas de Corfo. Y al ser respuestas, estimamos que no procede que el árbitro las conozca y, por tanto, debe rechazarlas desde ya. No es una inhabilitación del árbitro, no tiene nada que ver con la calidad de este. Es una excepción de incompetencia, presentada sólo en contra de las demandas de SQM contra Corfo. Jamás hemos pretendido que el árbitro no siga conociendo las demandas”, señaló una fuente ligada a la agencia estatal que encabeza Eduardo Bitran. La misma fuente aclaró que las dos demandas cuestionadas obedecen a requerimientos “de mera certeza”, en que SQM habría sostenido que el árbitro se debía declarar incompetente en el caso. Efecto práctico Por estos motivos, el caso ahora está en pausa, mientras el árbitro Humeres resuelve el escrito, lo que no ocurrirá antes de diciembre. Este procedimiento es parte del modelo de resolución de discrepancias de la CAM, pues es justamente el mismo árbitro el que debe resolver respecto de su propia inhabilidad para conocer determinadas causas. Así está planteado en el reglamento de esa entidad. Sin embargo, al mismo tiempo significa que el resto de las acciones -el proceso está en etapa probatoria, luego que las partes no llegaran a un acuerdo conciliatorio a mediados de octubre- quedan detenidas hasta que se resuelva el escrito. No obstante, otras fuentes ligadas al caso ven más amplio el efecto del requerimiento de Corfo y señalan que el escrito podría retrasar todo el proceso, el que ya acumula varios tomos, pues se obligaría la separación de las causas. Además, cualquier resolución que tome el árbitro podría ser apelada. De esta manera, fuentes ligadas al caso ven que el fallo no será dado a conocer antes del cambio de gobierno, en marzo de 2018. En cualquier escenario, todos los consultados coinciden en que el fallo definitivo no se vislumbra en el corto plazo. De hecho, el propio gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, señaló ayer en conferencia con inversionistas que “estamos confiados de que tenemos argumentos y habrá una resolución positiva para nosotros, pero esto podría tomar todo el próximo año. Lo que pensamos es que por nuestra parte, estamos disponibles para tratar de encontrar una solución negociada con Corfo antes que eso”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/corfo-pide-arbitro-caso-sqm-rechace-dos-demandas-la-minera/
  3. Funcionarios de Gendarmería movilizados aseguran que ministro de Justicia "es peor que Pinochet" El reclamo se realizó en un video en el que denuncia a Jaime Campos de no querer acceder a sus demandas, en particular sobre la carrera funcionaria y los denominados "jubilazos". SANTIAGO.- "Usted con su actitud es peor que Pinochet". La cita es parte de un video en el que los gendarmes de Arica y Parinacota reclaman al ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se ha negado a abordar sus peticiones sobre carrera funcionaria y corregir las irregularidades cometidas con los denominados "jubilazos", señalando que parta eso está el director nacional de la institución, Jaime Rojas. Según publica hoy La Segunda, en las imágenes los funcionarios penitenciarios de la puerta norte del país, agregan que "lo único que ha hecho Campos es andar paseando y dando discursos de un verdadero dictador". La acción es parte de una movilización nacional liderada por la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), quienes acusan a la autoridad y al director nacional del organismo de tener "actitudes matonescas". El video se suma a la acción realizada esta mañana por un grupo de gendarmes que se tomaron el acceso de los internos del Centro de Justicia durante una hora. Asimismo, la movilización se realiza a una semana de que se intentaran tomar le ingreso al Ministerio de Justicia, a pasos del Palacio de La Moneda. Preocupación del Poder Judicial Este miércoles el presidente de la Corte de Apelaciones Miguel Vázquez, se refirió a la situación que está viviendo la institución penitenciaria y manifestó su preocupación. "Preocupa porque la seguridad de cada tribunal depende de Gendarmería y es un tema de relevancia. Por eso preocupa al Poder judicial", aseguró. www.emol.com
  4. 09 Junio 2017 Isapres: usuarios demandaron 26 atenciones el año pasado, 10 más que en 2006 Exámenes impulsan alza. Médicos afirman que riesgo de mala praxis y presión de pacientes incide. Superintendencia dice que modelo inflacionario debe cambiar. Sector añade que trabaja en contener uso. Una crítica frecuente de los pacientes de más edad es que en el pasado una consulta médica terminaba en un diagnóstico y una receta de fármacos o terapia. Ahora, reclaman, estas atenciones logran pocas veces un cierre inmediato, pues se suelen ordenar numerosos exámenes y un nuevo control. Si bien se trata de percepciones, las estadísticas de 2016 de la Superintendencia de Salud revelan que no están lejos de la realidad. Ello, pues las cifras muestran que el último año cada usuario del sistema isapre requirió un total de 26 prestaciones en promedio, es decir, 63% más que las 16 que se demandaban en 2006 y un 160% más que las 10 de 1996. El alza está fuertemente impulsada por los exámenes de diagnóstico. Esto, pues mientras en 10 años las consultas médicas anuales por usuario subieron de 4 a 4,3, los exámenes de laboratorio pasaron de 5,1 a 7,9 y los de imagenología de 1,1 a 1,4 (ver infografía). Al respecto, el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, plantea que el mayor uso de prestaciones es una tendencia mundial, asociada a una mayor tecnología y envejecimiento de la población, además de cambios en el paciente. “Esto va a seguir pasando. La tecnología ha avanzado y el paciente está empoderado: sabe lo que quiere que le hagan y lo pide. Asimismo, para evitar problemas legales, muchas veces el médico quiere estar 100% seguro de lo que diagnostica, así es que ordena más exámenes”, dice Paris. El profesional añade que la brevedad de la consulta también influye. “Estamos insistiendo en que el médico debe gastar más tiempo en el examen físico y en conversar con los pacientes, para pedir estrictamente los exámenes necesarios, pero pasa que en muchos sitios se obliga al profesional a atender muy rápidamente, lo que los fuerza a pedir pruebas para certificar un diagnóstico”. El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, coincide en esta apreciación: “incide el riego de mala praxis. Si un médico equivoca por no requerir exámenes, el diagnóstico puede ser errado y verse amenazado”. Sobre la duración de las consultas, Clínicas de Chile dice que no hay límite fijado. “Cada especialista ocupa el tiempo necesario para diagnosticar y/o controlar a sus pacientes”, y que “el requerimiento o no de exámenes es una prerrogativa que está en manos del médico, no de la clínica”. El superintendente de Salud, Sebastián Pablovic, afirma que el aumento del gasto en salud es un “mal” de los países desarrollados, donde a mayor poder adquisitivo, más atenciones se demandan. “Pero en Chile esto también refleja imperfecciones en el funcionamiento del sistema de salud, donde los incentivos están puestos en el sobreconsumo y no en el mecanismo de contención de costos a nivel de prestadores”. La autoridad añadió que falta un equilibrio “entre las ventajas de la tecnología y el uso de exámenes sanitariamente justificados. Para eso, el desafío es alinear los incentivos para que se use lo que realmente se necesita y de forma eficiente, conteniendo el gasto, pero con buen impacto sanitario y manteniendo la satisfacción usuaria”. Caviedes, además, dice que el alza de precio que aplican las isapres está directamente relacionada con la mayor demanda de prestaciones y el alza del gasto por usuario que reflejan las cifras. “Los costos de la salud aumentan por un uso mas intensivo y frecuente de la medicina. Ello se debe al cambio epidemiológico de una población más envejecida que presenta las enfermedades degenerativas de un país desarrollado, con altos costos en sus diagnósticos y tratamientos.” Caviedes añadió que esto afecta tanto al seguro privado como al público y que “las isapres deben traspasar a precios estos fenómenos y personas que no entienden este proceso inflacionario van a tribunales”. Con todo, dice que el sector trabaja en “cambiar el pago por cada prestación a mecanismos de contención de costos como la compra de paquetes de prestaciones, pagando por egreso hospitalario, diagnóstico y tratamiento terminado. La tendencia moderna apunta a pagar por resultado, donde prestadores asuman parte del riesgo”. Fuente; http://www.latercera.com/noticia/isapres-usuarios-demandaron-26-atenciones-ano-pasado-10-mas-2006/
  5. 03 Mayo 2017 Más de 1.200 personas se suman a demandas colectivas contra el CAE Iniciativa busca anular ciertas cláusulas de los contratos que, según los beneficiados, son abusivas. De acuerdo al abogado patrocinante, se podría llegar a un acuerdo con los bancos para cobrar “lo que corresponde”. Seis demandas colectivas se presentaron contra los bancos Scotiabank, Falabella, BancoEstado, Bci y Santander por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y cinco ya fueron declaradas admisibles por los respectivos juzgados civiles que las recibieron. En ellas, hasta el momento, participan 1.200 personas en calidad de demandantes, las que fueron asesoradas por el grupo Deuda Educativa. ¿Qué buscan con esta acción judicial? “Ellos demandaron a los bancos por cláusulas abusivas, de acuerdo a lo que señala la ley del Sernac financiero y de protección de derechos del consumidor”, señaló Juan Pablo Rojas, coordinador nacional de Deuda Educativa, asociación que desde hace años busca la condonación de los créditos estudiantiles. De acuerdo a Rojas, las demandas buscan que se declaren abusivas algunas cláusulas del CAE, ya que no fueron adaptadas a lo que señala la nueva normativa del Sernac financiero. “Los bancos tuvieron un plazo para reformar sus contratos a las nuevas leyes y no lo hicieron. Por eso, es posible que al banco se le caiga el derecho que tiene de usar el contrato como instrumento de cobro y que, en definitiva, no pueda cobrar el préstamo”, dijo Rojas, quien explicó que una de las presuntas cláusulas abusivas de contrato es, por ejemplo, que “el contrato contiene mandatos en blanco que luego el banco llena. Y en los contratos de adhesión eso está prohibido. Esto contiene un vicio de contrato que contiene ilegalidades”. El abogado patrocinante de los demandantes, Belisario Prats, sostuvo que la cláusula mencionada por Rojas significa que cuando una persona deudora del CAE incurre en morosidad, “el banco puede completar el pagaré por montos que pueden ser hasta por el triple. La mayoría de las personas demandadas por los bancos, sus pagarés se llenan por el triple del monto originalmente autorizado”, explicó Prats, quien agregó que su estudio jurídico busca que “se anulen las cláusulas abusivas y llegar a un acuerdo con los bancos para que se cobre lo que corresponde”. Respecto de las demandas, la diputada Camila Vallejo (PC) señaló que es importante que se consideraran admisibles. “El CAE contiene cláusulas leoninas y se ha visto en la práctica el abuso que se ha generado por parte de la banca privada”, dijo la parlamentaria, quien valoró que la demanda se haga de forma colectiva ,“ya que así se puede avanzar más en soluciones como condonar o en última instancia renegociar”. Por otro lado, Jaime Bellolio (UDI) remarcó que durante el gobierno de Sebastián Piñera ya se hicieron esfuerzos para alivianar la deuda. En ese sentido, el parlamentario sostuvo la tesis de Prats respecto de las cláusulas abusivas, lo que “va en la línea de lo que propuso Piñera, que aligeró el CAE por encontrar condiciones difíciles de cumplir”. En esa línea, Bellolio señaló que si se prueba que las cláusulas son abusivas, “la renegociación más factible sería la propuesta de Sebastián Piñera: rebaja de intereses y de la cuota de pago” CAE Ayer, en la Comisión de Educación de la Cámara, la Confech abordó nuevamente la temática de los préstamos estudiantiles. En la instancia, los dirigentes señalaron que se debe eliminar el CAE: “Exigimos un plazo claro para eliminar el Crédito con Aval del Estado, que se nos dé a conocer un plan concreto”, dijo Daniel Andrade, presidente de la Fech y vocero de la Confech. El dirigente agregó que el “Estado incentivó el CAE entre los estudiantes, quienes fueron engañados pensando que era similar a una beca y nunca dimensionaron el enorme interés y deuda que les generaría”. Esto se suma al debate que se ha generado en las últimas semanas en torno a si se puede condonar la deuda del crédito estudiantil. La demanda, también realizada por la Confech, fue rechazada por el Ejecutivo. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que es casi imposible terminar con la deuda por razones económicas. A pesar de esto, la secretaria de Estado ya comprometió la presentación de un proyecto para modificar el préstamo y retirar la participación de la banca para el segundo semestre. Pero según Rojas esto no es suficiente: “La lucha de la asociación es por la condonación de todos los créditos, incluyendo el CAE, el Fondo Solidario y el Corfo, y como eso no ha ocurrido por la vía legislativa, estamos buscando el camino judicial”, dijo Rojas, quien agregó que la idea es que no se pueda usar el contrato como instrumento de cobro. En esa línea, Prats explicó que al anularse cláusulas del contrato “también aspiramos a que el contrato entero se anule. La ley del consumidor dice que si se derogan cláusulas, hay que evaluar si la nulidad de esos términos genera la nulidad el contrato completo. Así, no hay deuda. Pero son etapas”. Los bancos Falabella y Bci fueron consultados por La Tercera respecto de este tema, pero declinaron referirse a la situación. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mas-1-200-personas-se-suman-demandas-colectivas-cae/
  6. 13 Enero 2017 Hasta $1400 millones podría pagar el Estado en indemnización por cada trabajador a honorarios despedido En los últimos meses, las demandas por despidos de este tipo de trabajador han aumentado, sobre todo frente al 90 por ciento de éxito que éstas tienen en tribunales. La cantidad de trabajadores que inicien acciones legales podría aumentar explosivamente, en medio de las desvinculaciones que han comenzado a realizar los municipios recién asumidos. Semanas atrás, un funcionario que llevaba 35 años trabajando en un servicio del Estado fue desvinculado. Tenía una remuneración mensual de 3 millones 500 mil pesos; sin embargo, se fue con las manos vacías. ¿El problema? Era trabajador a honorarios, como otros 305 mil que trabajan para el servicio público bajo esa modalidad. Buscando asesoría frente a este hecho, llegó al abogado laboral Giorgio Marino -de SoyHonorario.cl-, con quien definió iniciar una demanda amparada en que él tuvo una relación de dependencia y subordinación por más de tres décadas, por lo que no era un trabajador a honorarios, sino que correspondía el contrato y los pagos que eso conlleva, tal como lo establece el Código del Trabajo. Los primeros cálculos de la demanda los sorprendieron: incluyendo las cotizaciones no pagadas durante los 35 años, calculando la indemnización, aplicando las tasas de corrección fijadas por la Superintendencia de Pensiones, las leyes laborales no pagadas, multas e intereses, el monto final superaba los 1400 millones de pesos. Finalmente, el trabajador decidió no continuar. Argumentaba que no quería “traicionar al servicio” donde había trabajado por décadas, por lo que desistió en demandar. Marino afirma que varios los que deciden no continuar con estos procesos lo hacen pensando en eso y en que después no serán contratados, pero que a la vez lo que hacen es profundizar más la precarización laboral. La Corte Suprema ha fallado al menos 60 veces en favor de los trabajadores a honorarios y centenares de veces los restantes tribunales, que establece que todo trabajador -bajo la modalidad que sea- que desarrolle labores no accidentales y habituales, con subordinación de dependencia, deben ser considerados como contratados, bajo todas las obligaciones que dicta la ley. Este abogado lleva hoy más de 400 casos en todo el país -con 70 nuevos que se iniciarán en los próximos días en Punta Arenas, Arica y Los Andes-, donde casos como el descrito se repiten por montones. “Lo que la gente tiene que entender es que es un derecho tener un contrato laboral y que el empleador, siendo el Estado, incumple la ley. Por lo tanto, hay dos vías para solucionarlo: por la buena o la judicialización”, explica. Hoy, el 90% de las causas terminan con resultados positivos para los demandantes, ya que se ha fijado jurisprudencia respecto a estas causas, pensando en que es una situación grave porque la mayoría de los trabajadores a honorarios llevan años en esa calidad, sin cotizaciones de salud ni para las pensiones y con poca seguridad sobre sus empleos. El difícil momento para los Municipios Uno de los casos que lleva Marino es emblemático. En noviembre de 2015, Gabriel Pineda (67) fue despedido de la Subsecretaría de Transportes donde trabajó casi por un poco más de 15 años. Durante todo ese tiempo fue funcionario a honorarios de ese ministerio con un sueldo de 890 mil pesos mensuales, por lo que al momento del despido también se fue con las manos vacías. Pineda sí inició acciones judiciales. Luego de diez meses -lo que duran normalmente estas causas-, la Justicia falló a su favor y el fisco debió pagar lo correspondiente a la desvinculación de un trabajador que tenía un contrato indefinido. En total, con todo lo adeudado, multas e intereses, Pineda se llevó más de 180 millones de pesos. Hoy, los municipios viven momentos complejos de cara a las desvinculaciones y términos de relaciones laborales con los miles de funcionarios que se encuentran a honorarios. En Maipú, días atrás, se terminó el contrato a honorarios de 470 personas aludiendo a contratos fantasmas, pese a que muchos de ellos eran trabajadores activos. Hoy eso se está reevaluando. Según Marino, si de las casi 500 personas que fueron despedidas solo 80 llegaran a judicializar el proceso, el monto que debiera desembolsar el municipio sería escandaloso. Usando como referencias los datos del perfil del trabajador a honorarios de sindicato de ese municipio -4,5 años de antigüedad y 500 mil pesos de sueldo promedio-, cada trabajador debiera recibir 40 millones como indemnización. Por el total de demandantes serían 3200 millones de pesos. “El futuro de esto es la asociación de los trabajadores. Es necesario dejar de lado el exceso de individualismo laboral, porque como trabajadores a honorarios no tienen conciencia en común por sus derechos y exigir lo que corresponde”, dice Marino. Otro camino por el que han optado los trabajadores a honorarios es ingresar por la vía judicial “solicitudes declarativas” para acreditar frente a la Justicia que son trabajadores de planta, y ser regularizados como tales, de acuerdo a lo que indica el Código del Trabajo. Hoy se calcula que este año podrían levantare entre 2 mil y 3 mil casos nuevos en todo el territorio nacional, entre los más de 305 mil que se encuentran a honorarios. Si los tres mil judicializan y ganan en tribunales -con un 90% de posibilidad éxito, aseguran- el Fisco debiera desembolsar casi 70 mil millones de pesos, una cantidad irrisoria aunque “pagable”, explica el mismo abogado. “Eso el Estado lo puede costear, pero si los 300 mil trabajadores a honorarios se dieran cuenta de que pueden regularizar sus situaciones o conseguir indemnizaciones por años o décadas de irregularidades, la cantidad de dinero a pagar sería realmente inalcanzable”, concluye Marino. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/01/13/hasta-1400-millones-podria-pagar-el-estado-en-indemnizacion-a-trabajaders-a-honorarios-despedidos/
  7. 01 Diciembre 2016 Cargadores bloquean Zona Franca pidiendo demandas laborales Entre otras cosas, piden que se establezca una relación con la administración, contratos y acceso al sistema previsional. Poco más de 500 cargadores mantienen una paralización indefinida y bloquearon los accesos a la Zona Franca de Iquique demandando una relación laboral con la administración del sistema, contratos de trabajo y acceder al sistema previsional. Danilo Labra, presidente del sindicato, señaló que se trata de trabajadores eventuales que han realizado labores de carga y descarga para las empresas instaladas en el sistema franco de Iquique. “Se les paga por día, pero hay algunos que llevan 20 años en la misma función. Lo que estamos pidiendo es tener una relación laboral formal con los administradores de la Zona Franca de Iquique, poder contar con contratos de trabajo, beneficios y además, previsión de salud, pues se registran muchos accidentes ligados a las faenas que ejecutamos, pero no tenemos ninguna garantía ni protección”, adujo. Mientras los cargadores impiden el acceso de trabajadores, empresarios, transportistas y clientes al recinto amurallado de Zona Franca y al mall comercial, la situación ha generado el enojo de grupos de usuarios. En las últimas horas, un grupo de empresarios chinos intentó derribar una de las puertas de acceso a la zona comercial y se enfrentaron con los manifestantes. “La situación se ha salido de las manos. Las pérdidas son cuantiosas, más en una época en que estamos comprometidos a entregar mercadería a los clientes y las protestas dañan gravemente la imagen del sistema. El gobierno debe poner un freno a este tipo de hechos”, aseguró Issa Jafaar, presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Franca, quien calculó que han dejado de percibir ingresos por más de US$40 millones en los dos días de movilización. En tanto, el presidente (i) de Zona Franca, Julio Ruiz, formuló un llamado a deponer los bloqueos y medidas de presión. “Hemos actuado como puente para establecer espacios de diálogos entre los actores involucrados, esto es cargadores, usuarios y gobierno. Ello, con la finalidad de aportar a las mejoras de las condiciones laborales de los cargadores. Las manifestaciones afectan la actividad económica de todo un sistema que se ha transformado en el motor de la economía de la región”, subrayó. De no encontrarse soluciones, los cargadores amenazan con agudizar las protestas. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/cargadores-bloquean-zona-franca-pidiendo-demandas-laborales/
  8. 14/08/2016 Encapuchados: Violentistas se toman las calles y restan visibilidad a demandas sociales Rechazados por los líderes de las marchas y hasta por los propios manifestantes sociales, han llegado a tal nivel de agresividad que ni la muerte de inocentes los han detenido. Por primera vez se les apresa e identifica. Tras un trabajo de inteligencia policial se seguimiento a personas que aparecen individualizadas en las cámaras de vigilancia dispuestas por el municipio de Santiago y por la Unidad de Control de Tránsito, y con miles de horas de revisión retrospectivas, se logró -por primera vez, según la policía-, identificar a cerca de treinta sujetos que habrían participado de los hechos de violencia del pasado 9 de junio en las intersecciones de Alameda con Cummings y que culminaron con la destrucción de imágenes religiosas sustraídas de la iglesia de la Gratitud Nacional. Hasta el momento son ocho los formalizados por robo, disturbios, ultraje a objetos de culto y daños, entre ellos cinco menores de edad y tres adultos. "Tomé el Cristo y lo saqué sin motivación, actué por impulso, no pensé que a alguien le podría molestar, porque es sólo una figura de yeso. Lo saqué por euforia, como un animal de horda", dijo en su declaración judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Bairon Pilquinao Lorca (18), uno de los detenidos por el ataque a la Iglesia. En esa oportunidad, los encapuchados se introdujeron por la fuerza al templo intentando quemar sus puertas con bombas molotov y sacaron del lugar una gran imagen de Cristo crucificado y luego la rompieron en medio de la Alameda. También lanzaron artefactos incendiarios al interior de la Gratitud Nacional y destruyeron otros bienes, sustrayendo un número indeterminado de especies. Penas irrisorias Pilquinao, uno de los adultos formalizados, es estudiante del Internado Nacional Barros Arana (INBA), y se le considera uno de los autores de los daños a la iglesia y el ultraje de objeto de culto, quedando con arresto domiciliario total, al igual que los otros dos adultos implicados. Los menores de edad J.J.S.V. (14) y S.I.V.M. (15), también fueron formalizados, pero por desórdenes públicos (lanzar piedras a carabineros), quedando con prohibición de acercarse a la iglesia y de asistir a marchas. Algo más gravosas fueron las medidas que se tomaron en contra del menor M.T.M.S. (17), a quien se formalizó por daños a monumento nacional (rayado del exterior de la iglesia) y la rotura de la puerta, y contra M.I.A.L. (16), por ultraje a objeto de culto -sacar el crucifijo desde el recinto y romperlo-. Ambos quedaron con sujeción y vigilancia del Servicio Nacional de Menores, prohibición de acercarse a la iglesia y de concurrir a manifestaciones. Además, se levantaron cargos contra otros dos adultos: Marlon Fuenzalida Vega (20), formalizado por daños a la iglesia y ultraje de objeto de culto, y Eduardo Gutiérrez Montano (22), por daños, quedaron con arresto domiciliario total. Claro que según la policía aún hay otras 23 personas ya individualizadas vinculadas al caso y cuya detención ya habría sido decretada por el Juzgado de Garantía, tribunal que dio un plazo de investigación de 120 días. Para el abogado defensor de cinco de ellos, Washington Lizana, "estas medidas cautelares tan gravosas no están conforme con los antecedentes y con los delitos que eventualmente pudieron haberse cometido. Las faltas bajo ningún aspecto ameritaban la medida cautelar intensiva que afectara la libertad de mis representados". Arriesgan una pena que va de 61 a 541 días. ¿Qué motiva a los encapuchados? La respuesta que resulta más evidente señala que somos un país donde la primera violencia emana de la fuerte y brutal desigualdad social existente, que se expresa en una tremenda falta de oportunidades para la gran mayoría, que no percibe como propios los altos índices económicos que arrojan las estadísticas económicas y que se rebela en contra de aquellos que, debiendo servir el bien común, aprovechan sus cargos en propio beneficio. A ello se suma las expectativas frustradas tras el regreso de la democracia, cambios que jamás llegaron, mantención del poder por aquellos que dejaron de usar las armas de militares para ahora imponerse con el poder del dinero. Esto, señalan, solo perfeccionó el modo de depredar, pero los mismos continúan abusando. Se coluden, cocinan las leyes que les aseguran pingües ganancias, mercantilizan salud, servicios básicos, educación etc. Bajo ese argumento arremeten en contra de todo. Solo que el resultado, lejos de ser el buscado en el discurso -igualdad social, oportunidades, justicia-, termina siendo la desnaturalización del movimiento social y las prebendas que enarbolan las comunidades en educación, salud, vivienda, trabajo, previsión, etcétera. La gente termina asociando la violencia al movimiento o marcha en la que se origina y, así, el movimiento estudiantil termina criminalizado en encuestas, donde la gente solo ve a una cincuentena de encapuchados destruyendo y no a las decenas de miles demandando educación gratuita y de calidad. ¿Ojo por ojo? Frente a la desigualdad social y a la violencia institucional, quemar un edificio con gente adentro, como ocurrió el 21 de mayo en Valparaíso, o destruir una imagen religiosa ante las cámaras o atacar locales comerciales de personas de escasos recursos, no parece ser la manera de responder. Tampoco apedrear a diestra y siniestra a cuanto auto o persona pase por la calle. Los detenidos por del ataque a la iglesia de la Gratitud Nacional, no parecen ser "justicieros enmascarados", sino más bien un grupo de desadaptados o, derechamente, delincuentes. El psicólogo Giorgio Agostini señaló a Cambio21 que "en nuestro país se ha ido rebajando el autocontrol. Se ha ido perdiendo el temor a las consecuencias de la conducta, en que las sanciones son bastante disminuidas y hay una sensación de permisividad" Agrega que "eso hace que pequeños grupos agresivos en las manifestaciones, donde en parte hay lumpen, aprovechen estas circunstancias para expresar allí todas las frustraciones y la rabia acumulada desde su casa o entorno y que lo manifiestan en contra de la sociedad, haciéndola responsables por lo que a ellos les pasa. Sienten que tienen derecho a agredir y además como no hay consecuencia, sienten que pueden agredir libremente". El psicólogo Marco Antonio Grez expresó a nuestro medio que "cuando un sujeto o una persona, por distintos motivos se siente amenazada en su dignidad o integridad, tiende en su repertorio de respuestas a reaccionar con fuerza o bien huyendo. Hoy somos testigos en Chile de esa primera respuesta, cuando existen grupos que, a propósito de cualquier motivo, aunque sean festivos como el triunfo de una selección, utilizan esa instancia para poder expresar su frustración, su rabia por sentirse excluidos, que no tienen participación". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160812/pags/20160812232942.html
  9. Viernes 01 de Julio de 2016 Estudiantes levantan campamento frente a La Moneda para protestar por demandas sociales El objetivo de esta particular manifestación es “unir todas las luchas” y demostrar su descontento frente a diferentes iniciativas del Gobierno. Un grupo de estudiantes universitarios, secundarios y algunas familias instalaron un campamento en pleno Paseo Bulnes, en el centro de Santiago, para protestar por diferentes demandas sociales. El campamento “Renacer”, como lo han acuñado los manifestantes, está ubicado frente a La Moneda y ahí los manifestantes se instalaron con varias carpas. El objetivo de esta particular manifestación es “unir todas las luchas” y demostrar su descontento frente a diferentes iniciativas del Gobierno. En ese sentido, en las pancartas señalan que están “indignados” frente a proyectos como la reforma laboral, educacional, la corrupción política, las negligencias ambientales, la represión y el terrorismo de estado, el abuso de las Afps, y la indiferencia del Gobierno. Según han manifestado, en el campamento realizarán diversas manifestaciones artísticas y culturales, como talleres de serigrafía, bailes y expresión corporal, además, hasta el momento se han alimentado con una olla común. Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/estudiantes-levantan-campamento-frente-a-la-moneda-para-protestar-por-demandas-sociales/xIQpgb!8mZ4dZ23kCSc/ __________________ Los usuarios que quieran ver la historia http://foros.fotech.cl/topic/290851-ofensiva-estudiantil-video-puro-chile-pais-aterrado-la-provocadora-version-del-himno-nacional-de-los-estudiantes-de-musica-uc/page-1
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