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  1. 04 Julio 2018 El acoso sexual no está tipificado como delito en Chile Según abogados, el acoso sexual no existe jurídicamente en la legislación chilena, la que solo contempla penas en casos de abuso sexual. El acoso solo está restringido al ámbito laboral, que lo sanciona con indemnizaciones, despidos o autodespidos. La diferencia entre uno y otro está marcada por el contacto físico. En octubre de 2017 las denuncias en contra de Harvey Weinstein por acoso y abuso sexual desataron el movimiento #MeToo (Yo También), para denunciar esos hechos, fenómeno que en Chile ha tenido dos episodios similares: Herval Abreu y Nicolás López, este último a quien ocho actrices lo acusan de acoso y abuso sexual. López se defendió y a través de un video minimizó su conducta, afirmando que solo se trató de un “descriterio”. Pero las penas en contra del acoso sexual es algo que recién se consideró a mitad de la década de los 70 en EE.UU., primer país en legislar sobre el tema. En los 80, otros países promulgaron leyes que lo sancionaban. En Chile, recién en 2005 la legislación contempló la definición y disposiciones sobre el acoso sexual, pero solo en el ámbito del trabajo (Ley N° 20.005). La norma definió acoso sexual como una acción en que una persona -hombre o mujer – realiza en forma indebida y por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona afectada -hombre o mujer- y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. No se encuentra limitado a acercamientos o contactos físicos. Se entiende, legalmente, como cualquier requerimiento de carácter sexual indebido, el que puede ser por cualquier medio e incluye propuestas verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales. La diferencia con el abuso sexual es que este sí está tipificado como delito, explica Joanna Heskia, de Espinoza y Heskia Abogados, “Es un delito perseguible por vía del Ministerio Público y tribunales penales”, dice. Y aquí, a diferencia del abuso, “se requiere de fuerza o intimidación o de que la víctima esté privada de sentido”, aunque reconoce que a veces es muy difícil de probar. La pena es de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, entre cinco años y un día a 10 años, mientras que la violación va de los 10 años a los 15 años. En el caso del acoso, explica María Elena Santibáñez, directora del Departamento de Derecho Procesal de la U. Católica, “solo se trata de conductas sancionadas por el Código del Trabajo, que contempla un protocolo para denuncias que da lugar a indemnizaciones o despido si es por parte de otros pares, o puede haber indemnizaciones en el caso de que sea de parte de un jefe, que puede dar lugar a un autodespedido y que se le indemnice con creces”. Mailen Parodi, abogada de Corporación Humanas, explica que se reconoce como acoso sexual vertical cuando es un superior el que la ejerce, y se habla de horizontal cuando es entre compañeros. “Por el sistema patriarcal, la mayor cantidad de víctimas son mujeres”, dice. El actual ordenamiento jurídico considera esas conductas constitutivas de delito solo en el ámbito laboral, dice Santibáñez. “Hay un vacío respecto de acoso sexual que no tienen lugar en ese espacio, por eso hay un proyecto sobre el acoso callejero”. En marzo de 2015 se presentó al Congreso el proyecto de ley de respeto callejero, y desde el año 2016 está en segundo trámite constitucional en el Senado. Un criterio para entender el acoso, agrega Parodi, es que este no implica un contacto corporal entre acosador y acosado, y el abuso sí. “Pero el acoso sexual no existe jurídicamente hablando, por lo que no se pueden establecer legalmente las diferencias, dependería de si existiera una figura legal que lo definiera”. A la hora de denunciar el acoso sexual, el Código del Trabajo establece que la persona afectada puede recurrir al empleador directamente o bien a la Inspección del Trabajo. En el primer caso, el empleador puede iniciar una investigación interna que no podrá extenderse más allá de 30 días, o bien, dentro de los cinco días remitir los antecedentes a la Inspección. Si esta última se hace cargo, en el mismo plazo, debe comprobar la veracidad de los hechos y establecer. Finalizada la investigación, las conclusiones son notificadas al empleador, al denunciante y al denunciado, y se establece la sanción. En el caso de un delito sexual, la denuncia se puede realizar en Carabineros, PDI y en las fiscalías del país. Por eso, en el caso de las denuncias de Abreu y López, la Fiscalía Oriente determinó investigar, pues hay sospechas de que no se trata solo de acoso sexual, sino que puede haber abuso, que sí es constitutivo de delito. Denunciar Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica de la U. Diego Portales, indica que el acoso y el abuso sexual no es igual si se da por parte de un conocido a si viene de un desconocido. Cuando es un desconocido, se trata de algo abrupto, en cambio, cuando es de un conocido, se genera una aproximación gradual, “en la que el agresor poco a poco va traspasando los límites y genera una interacción dudosa para la víctima”. No es fácil entonces distinguir cuándo empieza una práctica abusiva, sostiene la psicóloga. “Genera muchos cuestionamientos en la víctima y hacia su propia percepción, que puede pensar que está malinterpretando una situación que para muchas es normal, y temen ser tildadas de exageradas y ser marginadas de proyectos laborales”, dice. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/acoso-sexual-no-esta-tipificado-delito-chile/229908/
  2. 10 Junio 2018 Cohecho: el esquivo delito de los casos de platas políticas De las cuatro investigaciones por financiamiento irregular, dos irán a juicio por el presunto soborno a políticos: SQM y Corpesca. En el caso de las pesqueras, el CDE ya descartó querellarse contra la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe. El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, termina su periodo en julio. El investigador lidera el “caso Asipes”, una de las cuatro investigaciones por presunto cohecho que surgieron de los casos por financiamiento irregular de la política que desde hace cinco años investiga la fiscalía. Antes de dejar el Ministerio Público, el fiscal Contardo se propuso decretar algunos términos judiciales. Uno de ellos, y quizás el más esperado, es respecto a una línea investigativa que involucró a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. La parlamentaria fue investigada luego de que se encontraran correos intercambiados con Luis Felipe Moncada, entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), en que este último sugería indicaciones en plena tramitación de la ley de excepción de la pesca del jurel, en 2014. Respecto de la parlamentaria y el exdirectivo de Asipes, la fiscalía no perseverará e incluso podría pedir sus sobreseimientos definitivos tras establecer que sus conductas no son constitutivas del delito de cohecho. En la misma línea, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -tras analizar los antecedentes- ya decidió que no se querellará en el caso. El principal motivo es la exigencia del tipo penal de cohecho en Chile. Tras un análisis de movimientos financieros, realizados a las cuentas corrientes en esa causa -conseguido con alzamientos del secreto bancario decretados por tribunales-, se estableció que no existen pagos ni de Moncada ni de la organización gremial a Van Rysselberghe simultáneos a su periodo como senadora y presidenta de la Comisión de Pesca. Quienes analizaron estos antecedentes sostienen, además, que de haber existido intercambios de dinero o aportes, estos fueron antes de que la timonel UDI llegara al Congreso. Como el tipo penal exige que el beneficio económico sea en la misma época en que dicho funcionario público presuntamente favoreció al particular que le pagó, no se configura el delito y -por ende- no hay forma de formalizar o seguir adelante con el tipo penal actual. Este fue el análisis realizado por el CDE para desestimar hacerse parte en el caso. La renuncia al cohecho El primero en desestimar el delito de cohecho fue el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Y lo hizo en la causa que dio origen al resto de estas investigaciones, el denominado caso Penta, acordando con las defensas recalificar el delito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito. Para el miércoles 13 está agendada la audiencia en que se reformalizará el delito imputado al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quien hace tres años fue formalizado por el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán por cohecho. Esto, debido a los pagos mensuales que siguió recibiendo del grupo Penta tras ser nominado en la cartera de gobierno. A esto, según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios, uno de ellos supuestas gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según se establece en correos incautados en la indagatoria. El exfiscal que indagó este caso, Carlos Gajardo, dijo el viernes 8 que “el fiscal Guerra no cumple su rol de persecución penal”, luego de que La Tercera diera a conocer reparos de la Fiscalía Nacional a la recalificación de los hechos indagados. Sin embargo, pese a la decisión del fiscal Guerra, será el juez de garantía que revise el acuerdo quien finalmente determinará si los hechos dan cuenta del delito de cohecho o enriquecimiento ilícito. Sin acuerdo Tanto el caso SQM, liderado por el fiscal regional Pablo Gómez, y el caso Corpesca, indagado por la fiscal Ximena Chong, serán las investigaciones que sin posibilidad de acuerdo llegarán a juicio oral. Es decir, por primera vez en la Reforma Procesal Penal en Chile se sentará en el banquillo de los acusados a dos altos personeros políticos, como los exsenadores de la UDI Pablo Longueira y Jaime Orpis. Respecto de este último, la fiscalía pidió un total de 21 años de cárcel, seis de ellos por el cargo de cohecho reiterado de la empresa Corpesca y ya está en camino la preparación de juicio oral. En cuando al exsenador Longueira, el equipo de Gómez ya está listo para presentar acusación los primeros días de julio. Conocedores del escrito aseguran que ya van más de 500 páginas del libelo con el que se formalizará ante la justicia la pretensión del Ministerio Público de llevar el caso a juicio oral. Para Longueira, la pena rondará entre los 541 días y los tres años de cárcel. Las negociaciones para una salida alternativa o procedimiento abreviado, en este caso, están cerradas y la indagatoria irá a juicio oral. El martes 12 será clave en el Congreso para que en el futuro se eleven las penas de cohecho en Chile debido a que ese día sesionará la comisión mixta -presidida por el senador DC Francisco Huenchumilla- constituida para zanjar las diferencias existentes entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que eleva las penas en casos de cohecho y soborno. Esta es la iniciativa que más ha avanzado en su tramitación de los proyectos que han buscado legislar este tema y fue presentada por un grupo de senadores en 2016, casi un año después de las conclusiones de la Comisión Engel y como parte de la batería de proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno de Michelle Bachelet. Será la primera vez que sus integrantes -senadores y diputados- revisen las diferencias entre el Senado y la Cámara, principalmente referidas al aumento de sanciones a ambos delitos, que en el caso de los diputados son inferiores a las aprobadas en el Senado. Desde ya, el diputado Leonardo Soto (PS) junto al senador Alfonso de Urresti (PS) han transmitido su intención de proponer a la comisión que se agregue al proyecto la figura de la delación compensada, junto con otorgar penas de crimen a las figuras más graves de cohecho y soborno. Además, el senador Felipe Harboe (PPD) planteará la propuesta de proyecto que recibió de parte de los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y que -entre otros aspectos- aumenta el plazo de prescripción de estos delitos y crea nuevas figuras para la configuración del cohecho. Fuente: http://www.latercera.com/reportajes/noticia/cohecho-esquivo-delito-los-casos-platas-politicas/198982/
  3. 15 Marzo 2017 Diputados de Chile Vamos piden al SII acelerar investigación contra Guillier por presunto delito tributario Los parlamentarios solicitaron al organismo que no exista "doble estándar" y se investigue el caso del senador con el mismo criterio que se indagó el caso Penta. Hasta el Servicio de Impuestos llegaron esta mañana los diputados de Chile Vamos Paulina Núñez(RN), Nicolás Monckeberg (RN) y José Manuel Edwards (Ind) pera reunirse con el director del organismo y solicitarle celeridad en la investigación contra el senador Alejandro Guillier por presunto delito tributario. La causa se inició hace dos meses cuando medios de comunicación revelaron que el precandidato presidencial habría creado una sociedad junto a su esposa mediante la cual habría recibido remuneraciones vía facturas durante su carrera televisiva, fórmula que podría constituir una infracción tributaria. En este contexto, los parlamentarios pidieron al SII que no exista “doble estándar” y que el hecho se indague con los mismos criterios con los que se abordó el caso Penta. “Le hemos dicho al director que confiamos en que aquí no hayan dobles estándares, acá hay un criterio muy parecido a lo que ocurrió en el caso Penta y por lo tanto esperamos que el SII actúe con la misma agilidad que se llevó a cabo ese proceso. El primer compromiso del director hacia nosotros es que va a solicitar a la dirección regional que es donde esta radicado este proceso, que se agilice esta investigación y se resuelva si existe un mérito para iniciar una fiscalización administrativa o se pronuncie de una forma distinta”, dijo Paulina Nüñez. Asimismo, la diputada recalcó que “aquí hay antecedentes de sobra para tener claridad de que esta cuestión no debió nunca haber procedido así (…) que se investigue para ver si procede una reliquidación de impuestos tendrá que pagar lo que correspondaal SII y al Estado”. Por su parte, Edwards sostuvo que “todo indica que Guillier que tenía un sueldo millonario, no pagaba los impuestos que correspondían durante 20 años. No queremos que exista un doble estándar en los criterios que aplica el SII ni que se transforme en un brazo armado para garantizar impunidad en este caso a Alejandro Guillier”. En tando, Nicolás Monckeberg manifestó que “aquí se requiere transparencia y ecuanimidad. Los mismos criterios que se han utilizado para investigar ciertas infracciones tributarias no pueden guardarse en un cajón cuando se trate de otras personas, mucho menos cuando son senadores”. “Pedimos al SII que aplique los mismos criterios, que investigue con la misma celeridad y que no aplique impunidad para algunos y castigo para otros”, finalizó el legislador. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/diputados-chile-piden-al-sii-acelerar-investigacion-guillier-presunto-delito-tributario/
  4. 09 Octubre 2016 Solange Huerta: “No volvamos a decir que un niño que comete un delito es un delincuente” La jefa del organismo abordó las carencias que encontró al asumir el cargo, en que destaca la falta de coordinación con otros ministerios. Debido a los problemas para recabar información dentro de la entidad, solicitó la renuncia del jefe de la Unidad de Estudios. “Urgente”. Esta palabra aparece en la mayoría de los documentos que Solange Huerta, directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), tiene en su despacho. Los archivadores, que suman más de 50, se apilan en su mesa de reuniones, en su escritorio, en las ventanas y en la mesa de centro. “Tengo que ordenar, pero, como ve, hay hartas cosas que hacer”, dice la ex fiscal Regional Metropolitana Occidente. Antes de asumir su actual cargo, el 16 de julio, tuvo un paso por la Fiscalía Nacional como jefa de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Huerta tomó las riendas del Sename en medio de una verdadera crisis, que se desató al conocerse la muerte de Lissette, una menor de 11 años que estaba en una residencia del servicio. En paralelo, la ex fiscal tenía que responder a la solicitud de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que pidió conocer la cantidad de fallecidos en los centros. A dos meses y medio de su nombramiento, Huerta concluyó el catastro: 243 fallecimientos en 11 años. Antes, eso sí, tuvo que pasar por una serie de dificultades en la recopilación de la información, las que aborda, entre otras cosas, en entrevista con La Tercera. ¿Con qué se encontró al asumir el cargo? Una de las primeras cosas que vimos, después de solicitar información para ir conociendo el trabajo que se hace acá, es que había un tema de carencias. Yo lo he planteado: es como que la modernización del Estado no entró a la estructura del Sename. La ley orgánica es del año 1979 y no tiene impacto en varias áreas, por ejemplo, la que dice relación con la información, con la calidad y la prontitud con que se requiere. Por otra parte, también falta una estructura orgánica que dé cuenta de las necesidades que tiene este servicio. En cuanto al trabajo con los niños, ¿qué detectó? En nuestros centros hay carencias importantes que dicen relación con asegurar derechos, pero además tener la certeza de qué derechos se están prestando. Una de las primeras cosas que me llamó la atención era que no había claridad en rescatar la información que nos permitiera saber en qué estado de salud estaban los niños de las residencias. Esto no es porque no hayan recibido atenciones, sino porque nuestro sistema con el Ministerio de Salud no conversa, ni hay interoperabilidad. Esta cartera desconoce cuáles son los niños que están en centros y, por ende, nosotros no tenemos acceso a saber si los niños en residencias están recibiendo las prestaciones adecuadas. Esa fue una de las primeras cosas que a nosotros nos hizo ruido, en términos de generar esta base de datos, donde el Ministerio de Salud tuviera la información de los menores en residencias, y a través de esa vía nosotros poder tener el control de las atenciones prestadas. Nuestros niños, que son los niños del Estado, son invisibles para las otras instituciones públicas. Esto obedece a que nuestros sistemas no conversan. Nuestro propósito ha sido ir generando convenios y decir que estos son nuestros niños y estas son sus necesidades. En cuanto al proceso de levantar información, ¿cómo funcionaba el sistema? ¿Cómo se verificó la cantidad de fallecidos? Cuando revisamos las dificultades, para poder entregar la información, dada la sensibilidad del tema, empezamos a ver qué problemas tenía el sistema. Cuando se señaló que había 185 niños fallecidos, fuimos detectando distintas cuestiones. Una de ellas era que ingresando el Código Niño (verificador de identidad del menor), el sistema no requería obligatoriamente la cédula de identidad. Nosotros sabemos que la forma de identificar identidad es a través de la cédula, entonces, claro, podías tener los nombres, los apellidos, pero sin la cédula tenías que hacer el proceso de verificar nombres y fecha de nacimiento. A veces, tenías la cédula de identidad, los nombres, apellidos, pero no tenías la fecha de nacimiento. ¿Cree que esto derivó en que los anuarios del Sename no tuvieran la información exacta sobre la cantidad de niños fallecidos? La base de información que tienen los anuarios estadísticos, efectivamente, surgen de esta plataforma informática. Desde mi perspectiva, toda la información que se fue trabajando en los boletines obedecía a lo que estaba en Senainfo (servicio de información del Sename), y recién en el año 2014 se incorporó información de los ámbitos de protección en relación a los fallecidos. Ahora, lo que hay que decir es que ningún sistema informático es infalible. El que se haya entregado información errónea, a través de los anuarios, ¿trajo consigo la apertura de algún sumario administrativo? Desde mi mirada, no hay una responsabilidad administrativa o alguna infracción de las tareas funcionarias, porque el sistema tenía estos inconvenientes. Sin embargo, a propósito de lo que pasó con los anuarios estadísticos, yo le solicité la renuncia a la persona que estaba a cargo de esa división dentro del servicio, de la Unidad de Estudios. Si yo estoy sacando una información hacia la comunidad y a la opinión pública, debo tener la certeza de que lo que estoy entregando es correcto. Y desde nuestra mirada, había muchas cosas que no se habían hecho bien, ya que no solamente hay responsabilidades desde lo administrativo. Todo esto estaba bajo la responsabilidad de alguien y no se hizo adecuadamente. Ya con los datos sobre la mesa en los casos identificados: 243 fallecidos, lugares en que ocurrieron los decesos y causas de las muertes, ¿qué conclusiones han podido sacar? Un tema que a mí me llama poderosamente la atención es el tema de las causas de muerte no concluyentes, como es el paro cardiorrespiratorio. Ese es un llamado a los médicos. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes fallecidos. El poner como causa de muerte paro cardiorrespiratorio no me parece como suficiente. Eso para nosotros implica transparentar esta información al Ministerio de Salud y también al gremio. Estos casos, donde la causa de muerte no es concluyente, son situaciones que nos llaman la atención y que ahora tenemos que ir avanzando para que esto no vuelva a ocurrir. Cuando uno revise un certificado de defunción, tiene que existir la claridad del motivo del fallecimiento. La mayoría de las muertes ocurrieron en centros colaboradores. ¿Se ha solicitado, en su administración, el cierre de alguna de estas residencias? Eso efectivamente se ha hecho. No tengo cifras concretas, pero sí, a propósito de los requerimientos e información de la fiscalía, se han solicitado intervenciones y cierres de centros. En este período, lo que nos ocurrió fue que un juez, por resolución autónoma, encargó que el servicio se hiciera cargo de una residencia, por lo que en este lapso tuvimos que tomar la administración. Y también pasó que pedimos el cierre de un centro, pero nos fue mal en tribunales, ya que la Corte rechazó la solicitud de clausura. Esto ocurrió en la Sexta Región. ¿Cómo se explica que de las 33 muertes en el área de justicia juvenil, todas estén asociadas a un hecho violento? En los centros de administración directa, de detención de adolescentes, lo que se establece es que las 33 muertes no están asociadas a patologías base, ni enfermedad, sino que a situaciones de intervención de terceros, accidentes y a suicidios (…) Es llamativo y es un tema para poner el foco, pero también hay que ver cómo está este número en relación a la población adulta detenida, tanto en Chile como en otros países. Sería muy importante tener esta información para poder tener un nivel de comparación, porque ahí se producen riñas, en situaciones de encierro y, particularmente, en ciertas fechas se generan más hechos de violencia. Es parte de la realidad que ocurre en los centros de reclusión adolescente. ¿Cuál es su posición respecto de bajar o mantener la edad de imputabilidad en los menores infractores? Creo que hay que hacerse cargo como Estado de los inimputables, es decir, de los niños menores de 14 años que están cometiendo delitos. Yo no creo que la solución sea transformarlos en imputables penales, sino más bien entender que si un niño que tiene 10 años está cometiendo delitos, es porque hay motivos relacionados con lo social, con situaciones de abandono, muchas veces de estar viviendo en la calle. Esto explica el que esté cometiendo infracciones. ¿Entonces no cree en una cárcel para menores? Desde la convención para los derechos, es cuestionable. Acá la ley marco debiese resolver esas discusiones, pero pongámonos de acuerdo en cómo trataremos a los niños. ¿Vamos a tener la mirada que son delincuentes o que hemos fracasados como sociedad, y tenemos niños de 12 años consumiendo droga y cometiendo delitos? No volvamos a decir que un niño que comete un delito es un delincuente. O son inimputables, porque tienen menos de 14 años y no se les aplica la responsabilidad penal adolescente, o son infractores de ley. Esos son los conceptos que se pueden aceptar, lo otro es estigmatizar. ¿En ese sentido, el sistema de adopción es un desafío? En que nos tenemos que plantear nuevos desafíos y uno de éstos son los procesos de adopción, ya que hay que asegurar el derecho de vivir en familia. Nuestro éxito no es que nuestros niños queden en las residencias. Al anunciarse el plan Sename, surgieron críticas. Se dijo que la separación del organismo es un proyecto o una intención de hace casi 15 años. La Presidenta Bachelet, de forma muy clara, lo dijo en la semana. Este gobierno ha avanzado con un paquete de medidas legislativas en cuanto a la infancia. La mirada de esto sólo se ha centrado en separar el Sename y eso, desde mi punto de vista, no abarca la complejidad del tema. Ese es un primer punto, porque hay otras iniciativas en discusión: la Subsecretaría de la Infancia, la Ley de Adopción, la Ley de Entrevista Videograbada, y también el proyecto de violencia al interior de la familia. Entonces, son una serie de iniciativas que están en etapa legislativa, y tal como lo indicó la Presidenta, el apoyo de los parlamentarios es fundamental para que salgan lo antes posible. No se trata sólo de separar el Sename. Eso no es lo que va a cambiar el fondo. Lo trascendente tiene que ver con este paquete de reformas, y en que también se hizo un llamado a agilizar esta tramitación. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/solange-huerta-no-volvamos-decir-nino-comete-delito-delincuente/
  5. 10 de agosto del 2016 / 20:39 Hrs Fiscal Montes critica "desfase" del Banco Unificado de Datos Persecutor jefe de Fiscalía Centro Norte señaló que "hoy no está disponible la información necesaria para aplicar el sistema". En el marco de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, realizó críticas al funcionamiento del Banco Unificado de Datos (BUD). Este proyecto, impulsado por el Ejecutivo, busca que los organismos del sistema de persecución penal compartan información. Montes explicó que “no hay ninguna objeción de fondo hacia la existencia del BUD, porque es clave para la persecución de delitos que la información esté en línea, y que cada institución sepa lo que tiene otra entidad es trascendental”. El persecutor añadió que “no obstante la afirmación que hemos hecho, hoy no está disponible la información necesaria para aplicar el sistema, ya que está desfasada”. Según el jefe de la Fiscalía Centro Norte, “hay temas que funcionan, como la consulta de entradas y salidas del país. Tenemos posibilidad de consultar por RUT y es un avance. El resto los ámbitos están desactualizados y no son adecuados”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-692177-9-fiscal-montes-critica-desfase-del-banco-unificado-de-datos.shtml
  6. IMPUTADOS DE CASOS LA POLAR, CNA y PENTA SE HAN BENEFICIADO Lavado de activos: Cómo se cocinó el cambio legal que eliminó el riesgo de cárcel para el delito de cuello y corbata Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación En febrero de 2015 se promulgó la ley que bajó las penas para quienes cometen delitos económicos o de corrupción y son acusados de lavado de activos. Ya se beneficiaron los autores del fraude de La Polar, pronto lo harán los imputados por acreditaciones universitarias dolosas y podría favorecer también al ex subsecretario Pablo Wagner. Siete años estuvo en el Congreso el proyecto que buscaba otorgar “proporcionalidad” en las penas, pero cuyo detalle se selló en una “cocina” sin parlamentarios. Actor clave fue el penalista Juan Domingo Acosta, quien negoció con el Ministerio Público y la UAF. El ex subsecretario de Minería Pablo Wagner es por lejos el más complicado de los políticos imputados en la investigación por los pagos irregulares del Grupo Penta: enfrenta una acusación triple por delito tributario, cohecho y lavado de activos. Pero podría ser peor. Si no hubiera sido por un cambio legal que entró en vigencia en febrero de 2015, poco antes de que lo formalizaran, probablemente arriesgaría penas de cárcel efectiva. No tanto por el uso de boletas falsas o el supuesto soborno que recibió del holding controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos delitos con muy bajas sanciones en el ordenamiento jurídico chileno, sino que por el lavado de dinero. La pena partía en los cinco años y un día y podía extenderse hasta los 15 años de cárcel. Entonces, de haber resultado culpable, la libertad vigilada no habría sido para él una opción. Pero el Congreso aprobó una modificación de las penas y abrió una puerta de salida a todos los imputados por delitos económicos y casos de corrupción que además cargan con una acusación por blanquear las ganancias obtenidas ilícitamente. Pablo Wagner El lavado de activos se define como el uso de distintos mecanismos para ocultar o disimular ingresos originados en actividades ilegales e introducirlos en el sistema económico y financiero (ver definición). Pero no cualquier ganancia ilícita puede derivar en lavado. Al menos no en la legislación chilena. La ley establece un catálogo limitado de delitos que sirven de base para el blanqueo de activos. Ahí están el narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas, además de algunos delitos vinculados a hechos de corrupción, como el cohecho y otros asociados a las leyes que regulan el mercado de valores y el sistema bancario (ver ley). Con la modificación de comienzos de 2015, esa lista se amplió. Qué nuevos delitos serían incluidos fue uno de los principales rounds que se dieron en el Congreso durante la larga tramitación de la nueva ley. Al final, se agregaron la asociación ilícita, la trata de personas, la pornografía infantil, el contrabando, la piratería (propiedad intelectual) y el que es considerado como el más grave de los delitos tributarios: la devolución fraudulenta de impuestos. Mientras que algunos de los delitos en la lista tienen penas muy altas, en otros las sanciones son bajísimas. Es el caso de varios delitos económicos y de corrupción. Por eso fue que en el Congreso se agregó también un nuevo párrafo que estableció una regla de proporcionalidad que cambiaría en adelante cómo se sanciona el blanqueo de capitales en Chile: la pena por lavado no podrá superar la sanción máxima del delito base que le precede. Fue esa modificación la que hizo que las sentencias que pedía la Fiscalía Centro Norte para los tres ex ejecutivos de La Polar –Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno–, principales responsables de uno de los mayores fraudes corporativos de la última década, se fueran desinflando hasta el punto en que prácticamente se esfumaron las posibilidades de que cumplieran penas efectivas de cárcel (ver reportaje de CIPER). Ese mismo cambio legal fue el pilar de las negociaciones que lideró el fiscal José Morales para acordar un juicio abreviado que permitió que los tres fueran condenados, aun cuando no pisen ni un solo minuto la cárcel: el acuerdo fue una pena de cinco años que Alcalde, Farah y Moreno cumplirán en libertad. Un efecto similar está teniendo sobre la investigación que llevan adelante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por la entrega fraudulenta de acreditaciones universitarias (ver reportaje de CIPER). Tanto el ex presidente interino de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, como los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, enfrentan acusaciones por cohecho y lavado de activos. Por ese último delito, en diciembre de 2014 la fiscalía pidió para cada uno una pena de cinco años y un día (ver acusación). Tres meses después cambió la norma y la petición se desinfló. Ahora, como mucho, arriesgan una sentencia que en su versión más severa podría alzarse hasta los tres años, pero lo más probable es que llegue a los 541 días en el caso de Díaz, quien también enfrenta una acusación de fraude tributario. Lo mismo corre para Zúñiga y Maulén, aunque en su caso hay posibilidades de que la pena sea incluso menor, de apenas 61 días. Fue así que se allanó el camino a una negociación aún en curso para acordar un juicio abreviado. La idea de cambiar la norma partió tras la evaluación que el capítulo sudamericano del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (GAFISUD) realizó en 2006 sobre cómo en Chile se perseguía el lavado de dinero (ver informe). El resultado fue lapidario: el país no cumplía los estándares, y si quería ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tendría que hacer algo al respecto. La legislación chilena no contemplaba todos los delitos base recomendados por los organismos internacionales, no existía una normativa que previera el decomiso de bienes de origen ilícito ni había mecanismos de coordinación eficaces entre las distintas instituciones encargadas de perseguir el lavado. Más deficientes todavía eran los canales de cooperación con jurisdicciones extranjeras. El secreto bancario aún era un impedimento para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la entidad que depende del Ministerio de Hacienda y que está encargada de “prevenir e impedir la utilización del sistema” para lavar activos y financiar el terrorismo, pudiera acceder sin trabas a información confidencial. El número de entidades públicas y privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas aún era limitado, todavía no existía la responsabilidad penal de personas jurídicas y no había datos fehacientes que permitieran medir la efectividad de la institucionalidad vigente para perseguir penalmente estos delitos. Ángel Maulén, Luis Eugenio Díaz y Héctor Zúñiga el día de su formalización. Sobre las sanciones penales, el GAFISUD sólo recomienda que sean proporcionales, ya que cada país condena de forma distinta los diferentes delitos base. Por eso, la fórmula que finalmente se aplicó en Chile con el detalle de qué delitos serían incluidos en el catálogo y qué penas se aplicarían, fue de factura 100% nacional. Para algunos abogados consultados por CIPER, lo que resultó de ese proceso terminó estableciendo dos categorías para castigar el lavado de dinero: la de los narcos que pagan con cárcel y la del delincuente de cuello y corbata que cumple su sentencia en libertad. Otros dicen que no es tan así, y que lo que se promulgó fue la única vía para hacer que el sistema judicial accediera a aplicar condenas en este tipo de casos y así mejorar su persecución, facilitando la incautación de bienes, independiente de si la condena termina o no enviando al imputado a la cárcel. Varios aseguran también que respecto a las sentencias, el problema no está tanto en la ley de lavado, sino que en las bajas penas de los delitos base. En lo que todos sí están de acuerdo, es en que los jueces siguen reacios a fallar contra los acusados de blanquear activos originados en juicios de corrupción y delitos económicos, porque entre ellos aún está radicada la cultura de que el lavado es un delito sólo de traficantes. LA VIEJA ESCUELA DEL LAVADO Al principio, el lavado de activos era un delito asociado exclusivamente al narcotráfico. Apareció tipificado recién en 1995 como parte de la antigua Ley de Drogas. Pero no hubo ninguna condena en esa primera etapa. Cinco años después, Chile se hizo parte del GAFISUD y en 2003 se promulgó la ley que dio origen a la UAF, ampliando también el catálogo a otros delitos base, siguiendo la tendencia internacional. El lavado ya no era sólo algo de narcos, sino también de traficantes de armas, terroristas, pedófilos, proxenetas, secuestradores, infractores de las leyes de mercado de valores y de bancos, así como funcionarios públicos corruptos. No eran todos los delitos recomendados por los organismos internacionales, pero era un inicio. Para todos corría la misma sanción: desde cinco años y un día hasta 15 años de prisión. Aun así, en los dos años que siguieron ningún juez sentenció a nadie por lavado de activos: la estadística de condenados por la justicia antigua por blanqueo de dinero quedó en cero. La Reforma Procesal Penal vino aparejada de un aumento en las causas que perseguían el lavado de activos. También comenzaron a aparecer condenas. La primera fue en 2007, por un caso de tráfico de drogas que investigó José Morales cuando era fiscal jefe de Los Vilos. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta también fueron por delitos asociados al tráfico de estupefacientes. Lo mismo con la gran mayoría de las sentencias que vinieron en los años siguientes: la concepción del lavado como un delito de narcos nunca desapareció. Son 81 las condenas que el Poder Judicial ha dictado entre 2007 y 2015 por lavado de dinero. De ellas, el 78% fue por tráfico de drogas. Por casos de corrupción sólo ha habido 12 sentencias y apenas una por infringir la Ley de Mercado de Valores: la que involucra a los tres ex ejecutivos de La Polar. Lo que más llama la atención es que todas las que han tenido como base la malversación de fondos públicos, el fraude al Fisco, el cohecho o cualquier otro delito económico o de corrupción, han sido obtenidas a través de juicios abreviados. Es decir, producto de una negociación entre las fiscalías y las defensas de los imputados. Ninguno puso un pie en la cárcel. Más que sentencias, son acuerdos entre persecutores y perseguidos que luego son ratificados por el tribunal. Si no hay acuerdo, se van a juicio oral. Y cada vez que eso ha ocurrido, los acusados han terminado absueltos. Mauricio Fernández –Si se le pregunta a cualquier juez oral de Chile si está dispuesto a condenar a cinco años y un día por lavado a un imputado que cometió un delito base que tiene una pena máxima de 541 días, o incluso de tres años, ninguno dirá que sí. Es más, no hay ni un solo fallo que demuestre que eso haya ocurrido. Simplemente no se ha dado. Si propusimos una norma de proporcionalidad, fue después de analizar lo que estaba pasando: fue una estrategia para fomentar que otros delitos sean investigados por lavado, sobre todo los económicos, y que efectivamente puedan terminar en condena –dijo a CIPER Mauricio Fernández, director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional. Más de 13 años lleva Fernández a cargo de esa unidad, y fue desde esa posición que se convirtió en uno de los principales promotores de los cambios a la ley que persigue el lavado de activos. Él representó al Ministerio Público durante los nueve años que se tramitó el proyecto en el Congreso. Participó en las comisiones parlamentarias y en las reuniones de coordinación con el Ejecutivo. De hecho, fue clave para destrabar el muñequeo más duro que se dio en todo el proceso: llegar a un acuerdo sobre qué delitos serían incluidos en el catálogo y en cómo solucionar la disparidad entre las penas del lavado y las del delito base. LA MODIFICACIÓN ENTRA AL HORNO El diputado Juan Bustos (PS) fue el primero en notar que tras la redacción, tal como estaba, había un gran riesgo. Era el 12 de diciembre de 2007, y en esa sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se discutía el contenido del texto que el gobierno de Michelle Bachelet poco antes había ingresado al Congreso para su tramitación. Cuando llegaron a la parte en que el Ejecutivo proponía limitar las penas por lavado de activos para equipararlas a las de cada delito base, a Bustos, que era penalista, no le gustó y pidió aplazar la votación para buscar una fórmula alternativa. El parlamentario –quien murió ocho meses después– consideró que el nuevo párrafo propuesto podría “crear un problema de confusión conceptual, ya que podría darse el caso de defraudaciones importantes cuya pena límite será la establecida para el delito base”. Juan Bustos En todo caso, el proyecto no partió con el texto del Ejecutivo, sino que como una moción que un grupo de siete parlamentarios presentó en agosto de 2006 con la única intención de levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado (ver historia de la ley). El proyecto original era simple y acotado: con dos artículos, pretendía que los fiscales pudieran investigar movimientos financieros y sortear la confidencialidad de la información bancaria con la sola autorización de un juez de garantía. Exactamente lo mismo que el Tribunal Constitucional (TC) había echado abajo ese mismo año en la tramitación de un proyecto previo por falta de quórum (ver sentencia del TC). Fue en esa moción que la primera administración de Bachelet vio la oportunidad de incluir una reforma mucho mayor que extendiera los límites de la UAF y el Ministerio Público para prevenir y perseguir el blanqueamiento de capitales, tal como lo recomendaba GAFISUD. Por eso, en 2007 presentó una “indicación sustitutiva total” que cambió por completo la iniciativa (ver recuadro). Fue entonces que aparecieron por primera vez sobre la mesa los nuevos delitos base y la regla de penas proporcionales. Las riendas de la tramitación las tomó el Ministerio de Hacienda a través de su entonces asesora y posterior jefa de la UAF, Tamara Agnic, actual superintendenta de Pensiones, hoy fuertemente cuestionada por permitir que Cuprum y Provida crearan AFPs de papel para fusionarse y así obtener millonarios beneficios tributarios (ver reportaje de CIPER). Tres años demoró el proyecto en pasar al Senado. Para cuando eso ocurrió, en agosto de 2009, la Cámara había aprobado dos cambios sustanciales. Primero, incluir al catálogo de delitos base todas las infracciones contempladas en la Ordenanza de Aduanas y en las leyes de propiedad intelectual e industrial, además de todas las estafas del Código Penal y las asociaciones ilícitas. Se ampliaba así enormemente el campo de acción para la fiscalía y la UAF. Pero lo segundo fue lo más importante: la fórmula más “flexible y diferenciada” que propusieron los diputados Juan Bustos, Jorge Burgos (DC, hoy ministro del Interior) y Cristián Monckeberg (RN) para reemplazar la regla de proporcionalidad planteada inicialmente por el gobierno. La nueva fórmula ya no limitaba las penas del lavado según la sanción del delito base. En cambio, lo que la Cámara aprobó fue una nueva pena única que podía variar entre los 541 días y los cinco años cuando el delito que precede el lavado no tuviera pena de crimen. A eso se sumaba una multa de 200 hasta 1.000 UTM. Así quedaban establecidas dos penas distintas para el lavado de dinero: para los delitos base con sanciones sobre los cinco años se mantenía el castigo original, de hasta 15 años, mientras que la nueva pena se aplicaría para todos los delitos sancionados con menos de cinco años. Una propuesta que el Ministerio Público y el gobierno apoyaron inicialmente porque respetaba la proporcionalidad y mantenía la autonomía del lavado de activos sin disminuir tanto las penas, como habría ocurrido al limitarlas según las del delito base. Ninguno de esos acuerdos sobreviviría a su paso por el Senado ni a la implacable podadora del asesor externo que definió el futuro del proyecto. ACOSTA Y SU PODADORA Más de un año demoró la Comisión de Constitución del Senado en aprobar en general el proyecto tal cual salió de la Cámara. Y aunque hubo senadores que señalaban lo imperativo que era terminar 2010 con la ley aprobada para cumplir con las exigencias de la OCDE, a partir de noviembre de ese año, cuando el texto volvió a manos de la comisión para su discusión en particular, en vez de apurarse todo se puso más lento. La ralentización coincidió con el cambio de timón que trajo la administración de Sebastián Piñera. Según cuenta a CIPER un abogado que trabajó esos años en el Ministerio de Hacienda, la decisión del nuevo gobierno “fue quitarle las riendas del tema a la UAF, la que empezó a participar cada vez menos debido a una discrepancia respecto de los delitos base que se estaban incluyendo. Agnic quería agrandar la lista con todas las recomendaciones de GAFISUD, una institución que ella incluso llegó a presidir durante 2012. Pero el gobierno de Piñera, al contrario, intentaba achicar la lista”. Juan Domingo Acosta En 2011 la comisión del Senado sólo discutió el tema una vez, en una sesión de enero, y el trabajo no se retomó sino hasta agosto de 2012. Después de siete sesiones en que se revisó el proyecto, a fines de octubre de ese año el texto quedó a la espera de nuevas indicaciones del Ejecutivo, las que demoraron otros siete meses en llegar. Para entonces, ya había intervenido el influyente asesor externo que provocó un profundo recorte en el catálogo de delitos base y que propuso echar abajo la fórmula de los diputados para la proporcionalidad de las penas: el abogado Juan Domingo Acosta. Este reputado penalista defendió a los ejecutivos de Farmacias Cruz Verde en el juicio por colusión de precios y ha representado a la familia de Carlos Alberto Délano y los intereses de Minera Dominga en la investigación contra el ex subsecretario Pablo Wagner por supuesto cohecho y el consecuente lavado de activos. Acosta todavía era socio en su estudio de abogados con el senador Alberto Espina (RN) cuando intervino en octubre de 2012 ante la comisión de Constitución del Senado, de la cual Espina es miembro. El tercer socio era el fallecido abogado Carlos Zepeda, un cercano consejero del entonces Presidente Sebastián Piñera, quien lo nombró presidente del directorio de TVN. Espina, Zepeda & Acosta llegó a ser llamado “el estudio de abogados preferido de La Moneda”. Pese a la presencia de su socio Espina en la comisión, Acosta aseguró a CIPER que no fue el senador quien lo invitó a participar en el análisis de los cambios legales: dice que asesora tanto a esa como a otras comisiones legislativas ad honorem por ser su “responsabilidad como profesor de Derecho”. Acosta convenció a los senadores de que las penas que proponía el proyecto seguían siendo “inusualmente altas” y que además era inconveniente incluir tantos delitos base. Decía que no tenía sentido meter en el catálogo todas las infracciones de las leyes de Aduanas, de propiedad intelectual e industrial y la gama completa de estafas incorporadas en el Código Penal, por la desproporción entre las sanciones de esos delitos y las del lavado. Había entonces que recortar lo que ya se había aprobado. Quienes más apoyaron a Acosta en la comisión fueron el senador Espina y su par Hernán Larraín (UDI). Una postura muy distinta a la que planteaban la Fiscalía Nacional y la UAF, que aspiraban a incluir la mayor cantidad de delitos a la lista. Los representantes de esas dos últimas instituciones tuvieron que sentarse a negociar una propuesta final al proyecto. Pero no con los senadores, sino con Acosta. Como se ha vuelto habitual en los temas complejos, la “cocina” salía del Congreso. –Mi informe fue bastante crítico y obviamente no coincidía con varias de las cosas que planteaban el Ministerio Público y la UAF. La comisión nos propuso que nos reuniéramos los tres para ponernos de acuerdo en lo posible, y en efecto, llegamos a un acuerdo –dice Acosta. Fue en esa negociación que Mauricio Fernández, el director de la ULDDECO del Ministerio Público, cumplió un rol clave para destrabar la discusión. “Si queríamos incluir delitos con penas bajas para que puedan ser perseguidos por lavado de dinero, teníamos que acceder a tener una regla de proporcionalidad”, dice a CIPER. De hecho, él fue quien propuso en el Senado volver a limitar las penas del lavado a las del delito base, algo que Acosta respaldó y que la comisión votó a favor. A cambio, acordaron incluir al catálogo sólo uno de los delitos incluidos en cada una de las normativas cuestionadas por el asesor externo de la comisión. De la Ordenanza General de Aduanas, quedó sólo el contrabando. De las leyes por propiedad intelectual, la piratería. Y de las estafas, sólo aquellas por más de 400 UTM (casi $18 millones). Así finalmente salió aprobado el proyecto del Senado en abril de 2014. Pero aún quedaba un detalle por afinar. EL ROUND DEL DELITO TRIBUTARIO Uno de los puntos fuertes de la nueva ley, según Mauricio Fernández, es que obliga al Servicio de Impuestos Internos (SII) a informar a la UAF cada vez que detecte una operación sospechosa. Eso estaba explicando en la Cámara de Diputados cuando surgió el tema de los paraísos fiscales. El diputado Leonardo Soto (PS) fue el primero que los mencionó como una vía para blanquear dinero sucio. El guante lo recogió el abogado Javier Cruz, sucesor de Tamara Agnic a la cabeza de la UAF. Dijo que en efecto son muy importantes para las empresas a la hora de tomar decisiones tributarias, que sí son usados para transferir dineros de origen ilícito a pesar de que ha aumentado sobre ellos la fiscalización y, lo más importante, que los delitos tributarios no habían sido incluidos como base para el lavado de activos en el proyecto que estaban discutiendo. -¿Qué puede hacer la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si se efectúan importantes alertas de movimientos de dinero hacia paraísos fiscales? –le preguntó Soto. –La UAF no puede iniciar investigaciones fuera de los delitos señalados en los artículos 27 y 28 (delitos base) –respondió Cruz. Javier Cruz Así fue que cobró fuerza la idea de incluir al catálogo los delitos tributarios. Fernández dijo que si se aprobaba, podrían indagar sin tener que esperar que el SII resuelva si perseguirá al contribuyente infractor por la vía administrativa o penal. Es decir: el Ministerio Público podría investigar un lavado de dinero asociado a un delito tributario “saltándose” al SII. Los diputados después votaron lo que envió el Senado. Aprobaron mantener lo de las penas proporcionales, pero rechazaron el catálogo de delitos base para llevarlo a una comisión mixta y tratar allí de meter en la nómina los delitos asociados a la evasión de impuestos. La comisión mixta emitió su informe a mediados de octubre de 2014. Por esos días ya se empezaban a conocer los detalles de los alcances que tenía la máquina que había montado Penta para evadir impuestos y cómo se había ramificado al financiamiento de la política (ver reportaje de CIPER). Juan Domingo Acosta fue nuevamente invitado. Él es de la idea de que el delito tributario no tenía que incluirse: “En la evasión tributaria no hay tal cosa como un botín delictual previo”, argumentó. Eso sí, dijo que si había que incluir alguno, correspondía hacerlo con el más grave: la devolución fraudulenta de impuestos. Y además, que el SII debería tener la atribución exclusiva de perseguir el lavado originado en un delito de ese tipo. Una posición muy similar a la que planteó otro abogado invitado a la comisión: Sebastián Guerrero, entonces socio del estudio Guerrero, Olivo, Novoa y Errázuriz, del que fue fundador Jovino Novoa. Mientras Novoa renunció en enero de 2015, en medio del caso Penta, Sebastián Guerrero dejó el estudio en diciembre pasado. Hubo un tercer abogado invitado esta vez: Gonzalo Medina. Aunque dijo estar de acuerdo con Acosta en la atribución exclusiva del SII, se manifestó a favor de incluir los delitos tributarios como base para el lavado de activos, porque así lo “acoge la teoría moderna”. La comisión tomó parte de la propuesta de Acosta e incorporó sólo el fraude para obtener la devolución indebida de impuestos, pero sin restringir la acción penal sólo al SII. Apenas un par de semanas después de que Medina interviniera a favor de incluir el delito tributario como base para el lavado de activos, se revelaron los pagos irregulares del Grupo Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Medina asumió su defensa y la de su cuñada, Carolina De la Cerda, quien emitió las boletas falsas a solicitud de Wagner. Los dos enfrentan hoy una querella del SII por el delito tributario que Medina ayudó a incluir como delito base para el lavado de activos (ver querella). Pero como Wagner también está acusado de cohecho, la disminución de penas para igualarlas al delito base de todos modos lo beneficia, tal como ya sacaron provecho los ex ejecutivos de La Polar y podrían hacerlo quienes participaron en la venta de acreditaciones universitarias. Mauricio Fernández asegura que a pesar de la reducción en las penas, la modificación legal no implica un real beneficio para los delincuentes de cuello y corbata acusados por lavado de activos. Dice que el problema no está en la nueva ley, sino que en las bajas penas de los delitos base, que en el caso del cohecho, llega a ser “una vergüenza”. Y agrega: –El problema es que nunca ha habido pena de cárcel efectiva para el corrupto. Ni antes ni después de esta ley. Si se suben las penas de esos delitos base, ahí mismo se acaba esta discusión. Ese es el verdadero debate de fondo que se tiene que dar. LOS OTROS CAMBIOS QUE TRAJO LA NUEVA LEY La “indicación sustitutiva total” que presentó el gobierno de Bachelet en 2007 no se restringió sólo a ampliar el catálogo de delitos base y reducir las penas para el lavado asociado a delitos de cuello y corbata. Fue mucho más allá, con el objetivo de mejorar las atribuciones que tienen tanto la UAF como el Ministerio Público para perseguir el blanqueo de activos. El texto que entró en vigencia en febrero de 2015 amplió el campo de acción de la UAF para “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica” no sólo para el lavado de dinero, sino también para el financiamiento del terrorismo. Aumentó también el número de entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, sumando a la lista todas las bolsas de valores y productos reguladas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), las organizaciones deportivas profesionales, las cooperativas de ahorro y crédito, las representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores, además de todas las entidades públicas que forman parte de la administración del Estado, desde ministerios a municipalidades, e incluyendo a la Contraloría, el Banco Central y las Fuerzas Armadas. Todas ellas deberán mantener registro de su información por al menos cinco años. Los cambios también facilitaron el acceso a información financiera secreta o reservada al reducir la burocracia en la Corte de Apelaciones para obtener un permiso judicial. Por otro lado, se estableció que un imputado por lavado de activos sólo podrá pedir al juez de garantía que limite el secreto de la investigación una vez que sea formalizado y que los bienes decomisados podrán ser destinados total o parcialmente a la persecución de dicho delito. También se señala que se podrán incautar bienes equivalentes a los obtenidos por el delito, tanto a solicitud del fiscal como de alguna autoridad extranjera cuando se trate de investigaciones que contemplen cooperación internacional. La nueva ley establece además un registro público que debe mantener la UAF con toda la información de las entidades privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas, sean o no reguladas por alguna superintendencia. Y para los funcionarios públicos que no denuncien algunos de los delitos contemplado en la nueva normativa, se establecieron penas que pueden llegar a los tres años y multas que se alzan hasta las 400 UTM (unos $18 millones). Fuente: http://ciperchile.cl/2016/01/12/lavado-de-activos-como-se-cocino-el-cambio-legal-que-elimino-el-riesgo-de-carcel-para-el-delito-de-cuello-y-corbata/
  7. Según Ernesto Silva el delito de cohecho no aplica a los parlamentarios Una polémica declaración hizo el diputado gremialista, Ernesto Silva, al sostener que la figura legal de cohecho sólo es aplicable a los funcionarios con roles administrativos y que “no existe el cohecho respecto a la votación de los parlamentarios”. Silva hizo estas declaraciones para criticar la iniciativa que promueve el PC y que busca anular la Ley de Pesca, ya que a juicio de los comunistas, dicha ley carece de legitimidad por las acusaciones de cohecho que recaen sobre Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi y que están siendo investigadas por la justicia. Pese a lo planteado por el ex presidente de la UDI, al senador Orpis, que ya fue desaforado, la Fiscalía le imputa los cargos de cohecho, lavado de activos, facilitación de boletas falsas y delito tributario. Específicamente, el caso del delito del cohecho, la Fiscalía acusa que el senador recibió financiamiento para su campaña por parte de la empresa Corpesca, en el mismo periodo en el que se votaba la Ley de Pesca, la que afectaba directamente a la empresa de Angelini. En entrevista con CNN Chile, Silva comentó que “la votación en el Congreso siempre es una articulación de intereses” y que en ningún caso un parlamentario debería votar mandatado por un tercero, sino siguiendo sus propias convicciones. También tuvo palabras para defender a Jaime Orpis, Silva insistió en que cree en la libertad de conciencia con que habría votado el senador Orpis en la ley de pesca, mientras recibía dineros de Corpesca. “La figura jurídica que aplica para estos casos no es la misma que para los funcionarios”, recalcó, apelando a que existen otras sanciones por faltar al principio de probidad, como la pérdida del cargo. www.theclinic.cl
  8. Cámara aprueba proyecto que tipifica como delito el maltrato a adultos mayores La iniciativa, que ahora pasará al Senado, sanciona a quien ejerza violencia física o psíquica en un adulto mayor que se encuentre a su cuidado. Por 93 votos a favor la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que tipifica como delito el maltrato a adultos mayores, y que ahora pasará a ser analizado por el Senado. El texto, presentado por la diputada Karla Rubilar, modifica el Código Penal, para introducir un nuevo párrafo, denominado "Del maltrato de los adultos mayores". En él se establece que el que ejerza cualquier tipo de violencia física o psíquica en un adulto mayor que se encuentre a su cuidado de forma voluntaria o remunerada, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará la pena asignada por la ley a éste. Asimismo, se aplica una pena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua de ejercer esa profesión, empleo u oficio respecto de las señaladas personas. La misma sanción se aplicará a los directores y trabajadores de centros de días y establecimientos de larga estadía que ejerzan violencia física o psíquica, en los adultos mayores que en ellos residan. Al respecto, la diputada Marcela Sabat (RN) señaló que “ya la semana pasada despachamos un proyecto de ley que va en la misma línea, esto es ajustar las sanciones al maltrato de adultos mayores a estándares internacionales. No es posible que sigamos viendo agresiones que quedan en la más absoluta impunidad porque no son constitutivas de lesiones”. Ya agregó que “coincidentemente con estas iniciativas parlamentarias que se vienen trabajando por meses, hemos tomado conocimiento de recientes agresiones que son aberrantes frente a la opinión pública y que de haber estado en vigencia esta normativa, los responsables hubiesen sido condenados de manera más severa”. www.latercera.com
  9. Miércoles 18 noviembre 2015 | 15:44 Actualizado: 16:28 Ezzati llegó a Tribunales por controvertida herencia de fundador de Soprole Publicado por Daniel Medina | La Información es de Erik López Por segunda vez en menos de dos semanas el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, llegó hasta el Palacio de Tribunales en el marco de la demanda que Ana María Fernánez, la viuda del fundador de Soprole Juan Luis Undurraga, interpuso en el marco de la millonaria herencia que este último dejó tras su muerte en 1990. Archivo (Pablo Rojas | Agencia UNO) La demanda busca disolver la Fundación de Beneficencia Isabel Anitat Echazarreta, que creó Undurraga y que mantiene la propiedad de más del 13% de Prolesur, socia de Soprole. Ante la ministra de fuero de la Corte de Apelacioens de Santiago, Maritza Villadangos, se realizó la diligencia de absolución de posiciones donde participó el arzobispo, quien se retiró sin efectuar declaraciones. Su abogado, Álvaro Ortúzar, solo señaló que se retiraban conformes. El empresario nacido en 1924 contaba con la propiedad de Soprole en una cifra superior al 42%. Esta, junto a la totalidad de sus bienes, los legó a la citada fundación vinculada al Arzobispado de Santiago y que fue creada en 1986 por el sacerdote Sergio Valech, con quien Undurraga compartía una estrecha relación de amistad. Según los representantes de Ana María Fernández, la fundación no cuenta con validación legal ya que su creación está regida por las normas del Derecho Canónico. La demanda, en tanto, asciende a los 210 millones de dólares. Adicionalmente, la acción de la viuda de Undurraga apunta a actos irregulares entre la fundación y otra sociedad que el empresario creó, como donaciones y contratos de renta vitalicia simulados para restar participación en la herencia a Ana María Fernández y al hijo de ambos. Fuente: http://www.biobiochile.cl/2015/11/18/ezzati-declara-en-tribunales-por-controvertida-herencia-de-fundador-de-soprole.shtml
  10. El Parlamento de Islandia despenaliza la blasfemia La Iglesia luterana, mayoritaria en el país, está de acuerdo | Las minorías religiosas que se oponen representan el 5% de la población | El Partido Pirata promovió el cambio tras el atentado contra 'Charlie Hebdo' | El artículo del código penal hoy derogado databa de 1940 y se aplicaba muy poco Internacional | 25/07/2015 - 02:16h | Última actualización: 25/07/2015 - 07:56h Vista aérea del parlamento islandés Ulrich Baumgarten / GETTY Gloria Moreno Blasfemar ya es legal en Islandia. Hasta hace pocos días, quienes se burlaran públicamente de la doctrina o costumbres de una determinada religión podían ser condenados a una multa o a hasta tres meses de prisión. El artículo del código penal se remontaba a 1940 y el Parlamento lo acaba de derogar por considerarlo anacrónico y contrario a la libertad de expresión. La iniciativa la tomó el pasado febrero el Partido Pirata, que tras el atentado yihadista contra la sede del semanario francés Charlie Hebdo presentó una propuesta para acabar con esta antigua ley. La modificación fue aprobada por el hemiciclo islandés a principios de julio. La mayoría alcanzada fue aplastante. Tan sólo un diputado votó en contra y tres se abstuvieron. Los cuatro, de la coalición de centroderecha que actualmente gobierna el país. Era una ley que se utilizaba muy poco. Pero los partidarios del cambio sostienen que su mera existencia desafiaba los principios democráticos y la libertad de expresión. "Para una sociedad libre, es fundamental que los ciudadanos puedan expresarse sin temor a ser castigados, tanto por las autoridades como por la gente", reza el texto aprobado. Los miembros del Partido Pirata están exultantes y celebran "el importante mensaje que emite el Parlamento de que la libertad no se inclinará ante ataques sangrientos". Más allá de abolir una ley que muchos consideran retrógrada, el cambio confirma la creciente influencia política de esta joven formación. Con sólo tres diputados, es una de las fuerzas más pequeñas de la cámara legislativa. Sin embargo, en los últimos meses sus simpatizantes se han multiplicado exponencialmente en las encuestas, hasta el punto de que si las elecciones se celebraran hoy probablemente se convertiría en el partido más votado. Ahora, su liderazgo en la abolición de la ley anti blasfemia, en la que muchos ven un vestigio de los privilegios que en el pasado tuvo la religión, refuerza todavía más su imagen de partido capaz de renovar la política y romper con los antiguos esquemas. El cambio cuenta con la aprobación de la iglesia luterana de Islandia, mayoritaria en el país. Sólo una pequeña parroquia, en el este de la isla, se ha desmarcado de la postura oficial, con la preocupante reflexión de que los periódicos que publicaron las caricaturas de Mahoma "se lo tendrían que haber pensado dos veces antes de insultar al islam". El cambio tampoco les ha hecho ninguna gracia a algunas de las otras confesiones cristianas, como la católica, que considera que "para la gente de fe, la religión y la imagen de Dios son aspectos importantes de su existencia, identidad y dignidad y esto debería estar protegido por ley". "Una libertad de expresión sin límites ni restricciones, sin ningún sentido de responsabilidad o reserva social, puede llevar al abuso psicológico de individuos y grupos", aseguran. También se han opuesto los pentecostales, que destacan que abolir esta ley "es como legalizar la incitación al odio". Estas iglesias representan junto con las demás minorías religiosas menos del 5% de la población. Sin embargo, sus consideraciones reflejan el debate que este tema sigue despertando. Quienes defienden la antigua ley argumentan que ésta no prohibía la libertad de expresión o el derecho a criticar la religión, sino la parodia, la burla, el insulto. Algo a lo que los partidarios del cambio responden señalando que el código penal ya contiene artículos que penalizan la incitación al odio. Lo cierto es que son varios los países occidentales que todavía penalizan de alguna manera a los blasfemos. No con la pena capital o castigos físicos, como los que se practican en una parte del mundo musulmán, pero sí con sanciones económicas e incluso la cárcel. En España, por ejemplo, el artículo 525 del Código Penal persigue a quienes ofendan públicamente los sentimientos de una determinada confesión religiosa, haciendo "escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias". El artículo también persigue a quienes ofendan de este mismo modo a los ateos o a todo aquel que no profese una religión determinada. Es el eterno debate de hasta dónde llega la libertad y dónde empieza el respeto. Fuente: http://www.lavanguardia.com/internacional/20150725/54433597107/parlamento-islandia-despenaliza-blasfemia.html#ixzz3h2Ti9tOK
  11. ¡Esto es indignante!: Tribunal absuelve a los acusados de colusión del caso Farmacias 23/06/2015 | El caso explotó en 2008 tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). En 2012, el TDLC multó por unos US$20 millones a Cruz Verde y Salcobrand, en tanto FASA colaboró con la investigación y llegó a un acuerdo conciliatorio en 2009. En fallo dividido, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los 10 ejecutivos de cadenas farmacéuticas y laboratorios acusados por el Ministerio Público de colusión de precios. La resolución fue adoptada con el voto en contra del juez José Flores, quien expuso que la Fiscalía sí logró acreditar la comisión del delito. Los votos a favor de la absolución corrieron por cuenta de la presidenta del tribunal María Inés Collin, y la jueza Laura Assef. El caso explotó en 2008 tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). En 2012, el TDLC multó por unos US$20 millones a Cruz Verde y Salcobrand, en tanto FASA colaboró con la investigación y llegó a un acuerdo conciliatorio en 2009. Ese año se abrió la arista penal del caso, y en el desarrollo del proceso, la Fiscalía acusó a ejecutivos de Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde de alzar concertadamente desde noviembre de 2007 el precio de 220 medicamentos hasta en un 134%, alterando el precio natural que habrían tenido. El Ministerio Público presentó un centenar de correos electrónicos que dan cuenta de la coordinación de los ejecutivos de las tres cadenas, que cubren más del 90% del mercado farmacéutico. Sin embargo, para la jueza Collin, la coordinación de la que hablan los correos no prueba que se trate de aumento fraudulento en el precio de los fármacos sino simplemente tiene que ver con la manera cómo se entiende la industria con los laboratorios. La sentencia será dictada el 28 de julio. Los ejecutivos absueltos son Roberto Leopoldo Belloni, Ramon Ávila Silva, Mehilin Velazquez Chau, Claudia Fanny Carmona Zuñiga, y Judith Margarita Carreño Oteiza, todos ligados a Salcobrand. También los ejecutivos Sergio Purcell Robinson, Ricardo Ewertz Munchmeyer, relacionados con Farmacias Ahumada y los ejecutivos Ricardo Iván Valdivia Kloques, y Cristián Marcelo Catalán López, ligados a Cruz Verde. El décimo absuelto es Mario Zemelman Riveros, de Laboratorio Medipharm. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150623/pags/20150623114941.html
  12. Caso Leopard: Corte de Santiago absuelve a miembros del Ejército por malversación La resolución modifica la sentencia dictada que había determinado la absolución de los acusados, pero aplicando la figura de la prescripción. A. Baeza. / 23/06/2015 - 10:10 La Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a los miembros del Ejército ® Luis Iracabal y Gustavo Latorre de responsabilidad en el supuesto delito de malversación de caudales públicos en la compra de 200 tanques Leopard, en junio de 1998. En fallo dividido, la Sexta Sala del tribunal de alzada dictó sentencia absolutorio del ex director y ex gerente de Fábricas de Maestranzas del Estado (Famae), al no configurarse el delito. La resolución modifica la sentencia dictada en primera instancia por la ministra en visita Teresa Figueroa Chandía, quien había determinado la absolución de los acusados, pero aplicando la figura de la prescripción. La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra González, quien fue partidaria de revocar la decisión de primera instancia y condenar a los acusados por el delito de malversación de caudales públicos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/06/680-635635-9-caso-leopard-corte-de-santiago-absuelve-a-miembros-del-ejercito-por-malversacion.shtml
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