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  1. 27 Diciembre 2017 Gobierno informa que mantener a un preso cuesta $ 724 mil al mes Cifra generó debate entre los expertos, considerando que el Estado gasta menos de la mitad en los niños del Sename. El costo que tiene para el Estado de Chile mantener a un preso alcanza los $ 724 mil mensuales. Esta cifra es parte del contenido del oficio que el Ministerio de Justicia envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, el pasado 30 de noviembre. El documento contiene el detalle del gasto que genera para el Fisco mantener a una persona privada de libertad e indica que entre enero y julio “Gendarmería de Chile señala que el gasto mensual por interno en el subsistema cerrado tradicional para el primer semestre del año 2017 fue de $ 724.152”. Tomando en cuenta que al 30 de noviembre la cifra de personas privadas de libertad alcanzó las 41.496, el costo mensual por parte del Fisco en esta materia es cerca de $ 30.049 millones. Esta cifra despertó distintas lecturas entre los expertos, en que para algunos fue considerada elevada. Esto, tomando en cuenta que no siempre se logra la reinserción y que en los niños del Servicio Nacional de Menores (Sename) el Estado desembolsa $ 294 mil mensuales. Para el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Felipe Harboe (PPD), “este es el costo que se debe realizar para mantener a los presos. El punto es si esa cantidad que está invirtiendo el Estado genera condiciones de dignidad a los internos y mi percepción es que eso no es así”. El parlamentario añadió que “se está pagando una cantidad de plata que no garantiza la dignidad de los reos, ni tampoco su reinserción laboral y social. Lo que se requiere hoy día es tener, definitivamente, un plan de infraestructura carcelaria, para terminar con el déficit que hay y así establecer que cada interno tenga un espacio determinado”. Según explicó el Ministerio de Justicia en el oficio, la cifra dada a conocer incluye todos los gastos que el Fisco realiza en esta materia, incorporando lo desembolsado por Gendarmería en materia de custodia; el Ministerio de Educación en el caso de las subvenciones de enseñanza; el Ministerio de Salud, cuando se trata de prestaciones médicas a la población penal, entre otros. El defensor nacional, Andrés Mahnke, indicó que el dinero gastado en esta materia es elevado. “Tenemos cerca 47 mil internos en nuestras cárceles de adultos. Lo problemático es que estamos hablando de una cantidad importante de recursos. Por eso, nosotros hemos sostenido que no estamos en contra de la privación de libertad por dogma, buscamos que se haga un uso racional de esta”, explicó. En tanto, desde Gendarmería señalaron que “el gasto está destinado a todo el ámbito penitenciario, dado que corresponde a la distribución del total de la ejecución presupuestaria del servicio, en relación a la población penal con que cuenta cada una de las cárceles. Más específicamente, gastos en recursos humanos, operacionales (alimentación, alojamiento, seguridad, entre otros) e inversiones”. Además, explicaron que esta cifra corresponde a un promedio nacional dentro de los penales tradicionales. “Por lo tanto, no cuesta lo mismo un reo en la Cárcel de Alta Seguridad que uno de la prisión de Valparaíso, ya que la información analiza el gasto de cada establecimiento en relación a su población recluida y cantidad de personal a cargo”, aseguraron. Sename La diferencia del gasto en menores del Sename y reos es otro foco de crítica por parte de los expertos. El senador Harboe sostuvo que “es evidente que no hay proporción entre lo que se gasta por preso versus lo que ocurre con un niño en el Sename. Se requiere reestructurar por completo el modelo de protección y de reinserción social juvenil con especialistas y hacer una evaluación del gasto en función del resultado”. En tanto, Marcelo Sánchez, gerente de Fundación San Carlos de Maipo, manifestó que “el gasto mensual por un interno en la cárcel más que duplica la subvención promedio del Sename y, en ambos casos, no se están logrando los objetivos de rehabilitación, protección y reinserción. Lo que corresponde es avanzar hacia invertir con enfoque preventivo”. Sánchez agregó que “es necesario cambiar radicalmente el enfoque de las políticas públicas, para invertir más en prevención y así evitar que nuestra infancia sea dañada y así sean adultos prosociales”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-informa-mantener-preso-cuesta-724-mil-al-mes/
  2. 16 Octubre 2017 Parlamentarios cuestionan alto costo de la construcción de colegios municipales En los últimos cuatro años, más de $ 9.700 millones se han invertido en promedio en cada proyecto, según informó la ministra de Educación. Cuando este lunes la ministra de Educación, Adriana Delpiano, daba cuenta del gasto sectorial en materia de infraestructura escolar pública, llamó la atención de los parlamentarios presentes en la sesión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos que en promedio la construcción de un colegio municipal cuesta $ 9.798 millones. Según el senador socialista Carlos Montes esto sería el triple de lo que en realidad debería costar esa obra. “Yo conozco algunos colegios importantes cuyo costo ha sido tres mil, máximo cuatro mil millones de pesos y acá está saliendo más de nueve mil, hay algo que no me calza”, afirmó el parlamentario. Durante la sesión, Montes dijo que “aquí tenemos un problema, no podemos seguir construyendo de esa manera porque está saliendo muy caro. O sea si llega un nuevo gobierno va a pasar lo mismo que pasó con los hospitales en Salud”. La ministra de Educación respondió que “claramente trabajar con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) es más caro, son otros estándares”. La senadora de la UDI, Ena von Baer, sostuvo que “nos llama la atención el alto costo y nos gustaría que la ministra nos explicara en detalle por qué se llega a estos valores”. El diputado Daniel Farcas (PPD) también cuestionó los altos costos de construcción: “Me parece que los costos no pueden ser distintos a lo que cuesta en el sector privado”. Farcas también criticó que para la construcción de jardines se estén destruyendo espacios deportivos y recreativos: “En Recoleta, una de las comunas con menor tasa de áreas verdes por metro cuadrado, su alcalde decidió terminar con un parque para construir un jardín infantil y creo que la Junta Nacional de Jardines Infantiles debiera tener una política para eso”. Más antecedentes Sobre el costo de construcción de los recintos educacionales, el presidente de Conacep, organización que agrupa a los colegios particulares subvencionados, Hernán Herrera, planteó que “no se puede criticar la cifra del gobierno si no se conocen todos los antecedentes como la cantidad de alumnos y los metros cuadrados del establecimiento”. Herrera recordó que en la Ley de Inclusión se consideró el pago de 110 UF por alumno para la compra de establecimientos, lo que sería apróximadamente $ 3 millones por niño. Bajo esa lógica, dijo, si un colegio tiene una matrícula de tres mil alumnos podría tener un costo de construcción de $ 9 mil millones. Otro antecedentes que debería considerarse, según el presidente de Conacep, es el costo de construcción del metro cuadrado de acuerdo al lugar donde se emplazará el colegio. “No es lo mismo construir en Antofagasta que en Santiago”, manifestó Hernán Herrera. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/parlamentarios-cuestionan-alto-costo-la-construccion-colegios-municipales/
  3. Chile tiene la televisión por cable más cara de América Latina Según un estudio, acá se invierte el 2,7% de los ingresos per cápita (US$55,1) en adquirir este servicio. Chile es el país de América Latina con la televisión paga más costosa de la región, según datos presentados por la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI). Los chilenos invierten 2,7% de su ingreso per cápita (US$55,1) en adquirir este servicio. Le siguen los usuarios de Paraguay, donde la gente da 7% de sus ingresos (US$54,7) y Argentina con 2,6% de lo que ganan (US$50). Según el estudio, la estimación se realiza al mirar el ingreso mensual promedio por abonado (Impa) de televisión restringida en la región (que mide los datos de Iberoamérica y EE.UU.) expresado en paridad de poder adquisitivo (PPA). Lo anterior, a su vez, debe compararse con la proporción del PIB per cápita que los consumidores destinan al servicio de televisión paga. Así las cosas, al comparar los datos de Chile con los de México, donde representa 1,6% del PIB per cápita, con lo que llega a US$26, convierte a este país en el más barato de la región. Esto, según el documento de la OTI, significa que la "asequibilidad del servicio de televisión restringida en términos de precios explica en gran medida el nivel de Impa y, consecuentemente, el gasto mensual promedio por abonado". Lo anterior, agrega la entidad, quiere decir que entre mayor sea el ingreso mensual promedio por abonado hay más facilidad de adquirir un servicio de televisión por cable. En el caso colombiano, que quedó relegado al octavo lugar según los datos que preparó la OIT, se invierte 3,7% del PIB per cápita en televisión cerrada por ingreso, lo que significa un costo de US$43. Es decir, que es uno de los países donde se paga menos por el servicio de cable dentro de la región. Además del costo, cabe resaltar el impacto de la penetración que tiene la televisión paga en los diferentes países de América Latina. En Chile esta ha aumentado 2,64 puntos porcentuales, según datos consultados en el Latin American Multichannel Advertising Counsil (Lamac). "Brasil, Chile y Perú todavía no tienen los niveles de penetración. Todavía hay capacidad para ofrecer el producto. Las oportunidades son muy grandes", expresó a LR Juan Andrés Lozano, director de ventas publicitarias de Turner para Colombia, Centroamérica y Venezuela. www.df.cl
  4. 22 Mayo 2017 Costo para el Estado por cierre de la Universidad del Mar alcanzaría a $ 46.000 millones El término de funcionamiento definitivo del plantel está fijado para febrero de 2018. Para este año se destinó un presupuesto de más de $ 5 mil millones para becas de apoyo. Han pasado cinco años desde que se decretó el cierre de la U. del Mar (UDM) y entre 2013 y 2016 el Estado ha destinado más de $ 40.000 millones a dicho proceso. A esto se suman otros $ 5.189 millones, gasto incluido en el presupuesto de este año para becas y otras ayudas financieras destinada a los alumnos que siguen ligados al plantel. En total, y de acuerdo a la información obtenida vía Transparencia por La Tercera, el Estado invertirá más de $ 46.000 millones en subsidios hasta que se produzca el cierre del plantel, programado para febrero de 2018. La clausura de la institución, que se decretó luego de que una investigación del Mineduc confirmara la existencia de irregularidades que ponían en riesgo la formación de sus alumnos, llevó a un largo proceso de reubicación. Según la información del Mineduc, en 2012 existían más de 16.000 matriculados en 86 carreras a lo largo de Chile. De todos los fondos que el Fisco ha destinado al cierre, lidera el gasto la Beca de Reubicación, que alcanza los $ 24.422 millones, mientras que la Beca de Apoyo involucra otros $ 5.739 millones. Además, se entregaron $ 10 mil millones en aportes para nivelación de estudiantes y a través del Fondo de Desarrollo Institucional. Esta última línea de financiamiento, en el caso de la U. del Mar, se destinó a las instituciones que recibieron a los alumnos para apoyar la contratación de profesores y la nivelación de los alumnos para poder acoger a los estudiantes de la UDM. Para este año se presupuestó un gasto de otros $ 5 mil millones, tanto en becas de arancel como de apoyo. El Mineduc explicó que “con el objetivo de evitar la deserción académica de los estudiantes de la UDM, desde el momento en que se decretó el cierre de esta institución, el Ministerio inició un plan de apoyo, acompañamiento y convenios con otras instituciones que pudieran asegurar su continuidad de estudios”. En ese contexto, la cartera añadió que el plan -que sigue en curso- “permitió que más de siete mil jóvenes pudieran matricularse en otras 26 instituciones”. El ministerio advirtió que el presupuesto 2017 de la UDM incluye exclusivamente los montos para las becas de reubicación y es el máximo proyectado en la Ley de Presupuestos, por lo que se podría gastar menos de esa cifra. “Este monto no está aún ejecutado por lo que no puede sumarse a los años anteriores”, precisan el Mineduc. A la UC del Maule llegaron más de 1.400 alumnos y 200 aún cursan sus estudios allí. En tanto, a la UC Silva Henríquez llegaron 318 jóvenes, de los cuales quedan siete por titularse. Según el rector de este último plantel, Jorge Baeza, la experiencia “ha tenido aspectos positivos y negativos. Valoro cómo se les integró. Lo negativo es el prejuicio contra estos estudiantes, que terminó convirtiéndolos en culpables cuando eran víctimas”. El rector de la UC del Maule, Diego Durán, reconoció que el plan de reubicación “no fue simple. Hay alumnos del área de la salud que nunca lograron reubicarse, ya que ningún plantel se podía hacer cargo de la formación que traían”. Casos Una de ellas fue Carolina Nieto, quien alcanzó a estudiar tres años Enfermería. “Nos llamaron de la U. de Viña del Mar diciendo que nos podíamos reubicar ahí, pero no nos dieron la Beca de Reubicación. Me convalidaron 11 ramos de 22 que había hecho”, dijo Nieto, quien, luego de un semestre en la U. de Viña del Mar, tuvo que abandonar sus estudios: “No tenía cómo pagar las mensualidades ni la deuda que tenía”, dijo Nieto. La joven hoy trabaja en la bodega de una cadena de farmacias y tiene dos hijos. “Espero algún día volver a estudiar”, comentó. Pero hubo otros alumnos que sí lograron titularse, como lo hizo Raúl Soto, en la U. de Playa Ancha, en la carrera de Kinesiología. “Hice mi internado en un consultorio, luego en el Instituto de Seguridad del Trabajo. Ahora soy independiente y estoy haciendo un diplomado”. Hasta diciembre de 2015 se habían titulado 5.684 alumnos y la mayoría de ellos obtuvo el certificado de la UDM. Según Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED), el amplio presupuesto que ha destinado al Estado a este grupo de estudiantes se debe a que “muchos alumnos fueron reubicados y para eso se crearon becas y ayudas estudiantiles especiales, ya que necesitaban apoyo adicional”. Originalmente, el cierre de la U. del Mar estaba contemplado para 2015, pero se tuvo que prorrogar, “porque había situaciones no resueltas”, explicó Montt, quien agregó que, “en teoría, no se debiese postergar nuevamente el término. En algún momento tienes que cerrar los casos de todos los estudiantes que quedan pendientes y esto partió en 2012, ya son varios años”. ¿Puede replicarse este gasto en los procesos de cierre de otras instituciones, como en el caso de la Universidad Arcis? Según Montt, “cada plan de cierre tiene que contemplar un cronograma ordenado de la conclusión de estudios de todos los alumnos, y las correspondientes ayudas que se les tenga que entregar para eso. Lo que pasa es que la escala de estudiantes es distinta, la U. del Mar tenía muchísimos alumnos, más que los que ahora tiene la U. Arcis”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/costo-estado-cierre-la-universidad-del-mar-alcanzaria-46-000-millones/
  5. 03 Abril 2017 Gobierno gastó $ 44 mil millones en control de megaincendio Consultado sobre cómo evalúa el gobierno su actuar frente a la emergencia, señaló que según organismos internacionales, fue calificada de “óptima”. Al 10 de marzo, el gobierno ha destinado $ 44.214 millones sólo en el control de la emergencia durante el último megaincendio que afectó el centro-sur del país, sin considerar la reconstrucción. Estos dineros fueron transferidos a las distintas instituciones que participaron en el control de los siniestros, según detalló hoy el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en su informe a la comisión especial investigadora sobre este tema. Consultado sobre cómo evalúa el gobierno su actuar frente a la emergencia, señaló que según organismos internacionales, fue calificada de “óptima”, y aclaró que la responsabilidad de decidir si se aceptan donaciones internacionales, relacionadas a las aeronaves, como el SuperTanker y los helicópteros, es del Ministerio del Interior, y no de Cancillería, “ya que hay recursos involucrados que sopesar”. Agregó que el gobierno está disponible para entregar toda la información, reforzar la institucionalidad y trabajar en la coordinación público-privada. La comisión oficiará al Ejecutivo para conocer cada una de las ofertas de aeronaves internacionales. Para las próximas sesiones citará a alcaldes, gobernadores e intendentes por separado para conocer cómo se enfrentó la emergencia desde el inicio. La instancia, presidida por el diputado Celso Morales (UDI), tiene plazo hasta el 7 de agosto para emitir sus conclusiones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-gasto-44-mil-millones-control-megaincendio/
  6. 13 Febrero 2017 Aerolínea lanza viajes nacionales e internacionales a muy bajo costo Sky Airlines publicó ofertas de viajes a destinos en Chile y el extranjero a un valor más reducido del normal. Los vuelos pueden realizarse desde el 6 de marzo al 30 de junio. La aerolínea en Chile, Sky Airlines dio a conocer una inédita oferta para vuelos tanto nacionales como internacionales. En un comienzo, más de un usuario calificó los precios como “una broma”, lo cual fue desmentido por la empresa aérea, que en su página web dice “aunque parezca broma estos son nuestros precios”. Por ejemplo, un vuelo entre Santiago y Arica ida y vuelta costaría $40.616 incluyendo tasas de embarque. Por un viaje a La Serena se puede pagar desde $28.616 la ida y vuelta. Destinos en el sur del país están disponibles desde $42. 877 para Valdivia y $44.616 para Punta Arenas, también de ida y regreso. En el caso de los vuelos internacionales, la promoción contempla destinos como Lima a $124.354, Buenos Aires a $126.277, Mendoza por $67.305 y Montevideo por $97.432, todos ida y vuelta. La compra de estos vuelos se puede realizar solo entre el 13 y el 17 de febrero de este año, y los viajes se podrán realizar entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 2017. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/aerolinea-lanza-viajes-nacionales-e-internacionales-costo/
  7. 18 Febrero 2017 Informe de Isapres advierte que costos de la salud en Chile continuarán en alza Envejecimiento de la población, junto a avances en tecnologías médicas son algunas de las causas. El reporte agrega que el aumento de las licencias también impactará en el sistema. El gasto médico y las brechas que existen en salud, dependen en gran medida de los cambios sociodemográficos y los avances en las tecnologías médicas. Así resalta el informe Indicadores sanitarios Chile-OCDE publicado este mes por Isapres de Chile, organismo que agrupa a estas instituciones en el país, y que subraya cómo la presión sobre los costos de la salud en Chile continuará progresivamente en alza. El análisis compara los indicadores nacionales con los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y destaca que la esperanza de vida en los últimos 10 años ha aumentado dos años (79 años), cerca del promedio de la OCDE (80,9 años) Chile además, es uno de los países que más ha avanzado en reducir la mortalidad infantil, con el menor índice en Latinoamérica (7 de cada 1000 nacidos). Sin embargo, dice el informe, “estos buenos resultados no se replican en materia de atención, tales como recursos humanos e infraestructura para el cuidado de la salud, ni en la realización de procedimientos clínicos, lo que lleva a déficits en entrega de atenciones de salud”. Una de los fenómenos que en Chile implican un mayor gasto sanitario, destaca el estudio , es el envejecimiento de la población. “En la vejez no sólo se demandan más prestaciones, sino que ellas son por enfermedades más complejas, se vive más años con enfermedades crónicas”. Otro aspecto que implica una mayor presión en los costos, dice Isapres de Chile, es el subsidio por incapacidad laboral proveniente de las licencias médicas originadas por enfermedades comunes. “Gasto que se ha elevado fuertemente por el mayor uso de licencias médicas y un aumentos de las remuneraciones y topes imponibles de los trabajadores”. Pero no es sólo el elemento demográfico el que presiona, la incorporación de nuevas tecnologías médicas, también incide en el aumento. Nuevos medicamentos, intervenciones más sofisticadas, implementos, exámenes y equipos, entre otros, “pueden inferir en cerca de la mitad del aumento del costo en prestaciones de salud”. Envejecimiento Las alzas en los costos de la salud y el sistema sanitario, ya son una realidad, destaca Alejandra Fuentes, académica de la Escuela de Salud Pública de la U. De Chile. “La presión ya existe y la estamos viendo especialmente en el sistema de salud público, que atiende a la mayor cantidad de población, y es una población que tiene condiciones de salud más precarias que la de las isapres, que tiene un perfil distinto de la población que esta Fonasa”. No sólo hay mayor porcentaje de población mayor de 60 años, producto del alza en la expectativa de vida (en 1950 la expectativa de vida al nacer eran 55 años, según datos INE, en 2016 fue de 79,19 años para ambos sexos). Además, “hay un envejecimiento de la vejez”, dice Fuentes. Datos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, en a la cifras del Observatorio Demográfico 2012 de la Cepal, indican que hoy 6.130 personas tienen cien o más años. Las proyecciones para 2050, hablan de 37 mil. Chile ha tenido además transformaciones en los estilos de vida. “Han cambiado los hábitos alimenticios, la forma de trasladarnos, de entretenernos, lo que implica mayor sedentarismo, una dieta con alimentos procesados”. El resultado son cambios epidemiológicos, obesidad y enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer e hipertensión. Fortalecer la atención primaria y atender el déficit de profesional médico, dice Fuentes permiten mitigar esos costos. Pero la salud de la población no sólo depende de lo que ocurra con la atención en salud, aclara. “Influyen los niveles de ingreso, educación, las condiciones laborales. El sistema sanitario es sólo uno de los factores que afecta la salud, no se puede olvidar eso”. Chile tiene un déficit importante en indicadores de salud, concluye el informe de Isapres de Chile, “en recursos humanos e infraestructura para el cuidado de la salud, como en procedimientos clínicos; lo que unido a factores de riesgo para la salud elevados, llevará a un deterioro del estado de la salud de nuestra población si no se hace nada”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/informe-isapres-advierte-costos-la-salud-chile-continuaran-alza/
  8. 27 de junio del 2016 / 04:00 Hrs Informe del Congreso estima en $ 15 mil millones anuales aumento de legisladores Último estudio de la Biblioteca del Congreso detalla costos de 47 nuevos parlamentarios que se eligen en 2017. Documento proyectó actuales dietas y asignaciones, sin incluir otros costos, como nuevas instalaciones. Para el domingo 19 de noviembre de 2017, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, está fijado el debut del nuevo sistema electoral proporcional, mecanismo que -tras la reforma aprobada en enero de 2015- reemplazó al binominal, reorganizando el mapa electoral y aumentando el número de legisladores. En total, serán 47 los nuevos parlamentarios, pasando de 120 a 155 diputados y de 38 a 50 senadores, según el proyecto de ley impulsado por el gobierno y aprobado en enero de 2015. Frente a esto, la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) elaboró un nuevo informe -fechado el 17 de junio de 2016- sobre los gastos estimados del incremento de legisladores. Esto, pese a que, según el informe financiero asociado al proyecto, se indicaba que esta ley “no irrogará un mayor gasto fiscal en lo que respecta a la composición del Parlamento”. Así, considerando la dieta y las asignaciones parlamentarias actuales, el documento estima que el gasto que provocará el aumento de 47 escaños será de casi $ 15 mil millones anuales. “Bajo los supuestos de que las asignaciones parlamentarias se mantienen sin variación en términos per cápita, y de que dichas asignaciones son utilizadas en su totalidad cada año, el costo anual de incrementar en 12 el número de senadores sería de $4.510.602.152. Para la Cámara de Diputados, el costo anual del incremento de 35 diputados sería de $ 10.360.434.769. Por tanto, sumando ambas cifras se obtiene que el gasto total sería de $ 14.871.036.921”, señala el informe de la BCN. El texto entrega el detalle en términos mensuales y anuales. Así, señala que cada nuevo diputado tendría un costo estimado en $ 25 millones al mes, lo que en un año significarían $ 296 millones, mientras que un nuevo senador costaría $ 31,5 millones mensuales, y cerca de $ 375 millones al año. El informe agrega que los costos asociados al aumento de escaños podría ser incluso superior a $ 15 mil millones, ya que para esta estimación sólo se incluyeron dietas y asignaciones, excluyendo otros cálculos más complejos “como por ejemplo la compra de activos, acondicionamientos y mantenimientos de nuevas instalaciones en el edificio del Congreso, viajes al extranjero o el incremento del consumo de diferentes insumos en el Congreso”. Proyecto de ley Si bien actualmente el Congreso se encuentra trabajando en una serie de propuestas que buscan conseguir recursos para los nuevos parlamentarios sin tener que aumentar el gasto público, desde la oposición apuntan a otras soluciones. Así, el senador Baldo Prokurica (RN) señala que es posible establecer un sistema proporcional sin tener que aumentar los parlamentarios. Para ello, el legislador hizo un llamado al gobierno a agilizar la tramitación de un proyecto de ley de su autoría -suscrito por los también senadores Manuel José Ossandón (RN) y Alejando García Huidobro (UDI)-, ingresado en mayo de 2015, que deja en 120 el número de diputados y en 40 los senadores, manteniendo el distritaje actual (que para las elecciones de 2017 cambiará producto de la reforma electoral). “No conozco ningún país que esté aumentando el número de parlamentarios. Por eso le pido al gobierno que le ponga urgencia a este proyecto que cambia el binominal sin aumentar los parlamentarios”, afirmó el senador. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/06/674-686624-9-informe-del-congreso-estima-en--15-mil-millones-anuales-aumento-de-legisladores.shtml
  9. Error en sitio web de American Airlines deja pasajes a Miami por 167 mil pesos Desde la compañía señalaron que van a respetar el precio a las personas que lograron comprar los pasajes. Una nueva falla en el sitio web de American Airlines permitió a los usuarios comprar pasajes a Estados Unidos por un muy bajo precio. Según un comunicado oficial de la compañía, todavía desconocen el por qué del bajo precio, aunque indicaron que respetaran el precio del pasaje a aquellas personas que alcanzaron a comprar pasajes. El "descuento" se viralizó por las redes sociales, en donde usuarios reportaban que habían logrado obtener pasajes a Miami por sólo $167.000 pesos chilenos. Al detectar el problema, la compañía arregló su sitio, sin embargo muchos usuarios lograron obtener los pasajes con el precio erróneo. Esta no es la primera vez que el sitio de American Airlines tiene este problema. El año pasado otro fallo permitió la compra de pasajes a $50.000 pesos www.latercera.com
  10. Estudio revela que a Chile le cuesta US$ 3.889 millones combatir la delincuencia Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó el costo anual en anticiparse, combatir y atender a víctimas de delitos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respondió una duda que ronda en muchas personas y autoridades: ¿Es posible medir el costo que genera la comisión de un delito y un hecho de violencia a un país? A través de un informe de 111 páginas titulado “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe”, expertos del organismo respondieron esta inquietud. Para dicha medición, publicada a fines de octubre y encabezada por el académico de la Universidad de Santiago (Usach), Mauricio Olavarría, se analizaron, entre otros aspectos, gastos asociados a atenciones de salud y costos producto de la violencia intrafamiliar. También los montos destinados a prevenir delitos -tanto en el área pública como privada- y los gastos ligados al sistema de justicia penal. “El foco del estudio son los costos, valorados monetariamente, que generan el crimen y la violencia a la sociedad. Más específicamente, esta perspectiva de análisis engloba los costos, gastos, pérdidas e inversiones que realizan los hogares, empresas y el Estado en relación al fenómeno de la delincuencia”, dice el informe. Uno de los aspectos que analizó el estudio reveló que Chile destina el 2,42% de su Producto Interno Bruto (PIB) en aspectos vinculados a la delincuencia y violencia. En el detalle de las cifras, obtenidas de datos de 2010, los investigadores determinaron que en la prevención de delitos, las consecuencia que esto causa a las víctimas y en obtener una respuesta judicial a estos hechos, el país destina US$ 3.889 millones anuales, es decir, cerca de 2,7 billones de pesos. El estudio también abordó lo que ocurre con Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay. En la comparación, Chile es el que más gasta. Lo sigue Uruguay (US$ 895 millones), Paraguay (US$ 763 millones), Honduras (US$ 704 millones) y Costa Rica (US$ 684 millones). Sin embargo, en comparación al PIB, Honduras prácticamente duplica a Chile. Prevenir y lamentar El informe detalla que el costo privado para anticiparse a la ocurrencia de un delito (como la instalación de cámaras, alarmas, personal de vigilancia, entre otros) llegó a los US$ 1.475,30 millones. En tanto, la prevención desde la esfera pública alcanzó los US$ 70,8 millones, según el análisis del BID. Los montos derivados de la ocurrencia de un ilícito como los robos, hurtos, homicidios, sustracción de vehículos y la atención de salud de las víctimas, bordea los US$ 1.259 millones. La violencia intrafamiliar fue otro punto en el estudio internacional. Según el documento, en Chile, por concepto de atención a víctimas en casas de acogida e ingresos no percibidos, el costo llega a los US$ 1.130,4 millones. “La violencia intrafamiliar (VIF) ha sido un delito de creciente preocupación en Chile (...). Más del 4% de las mujeres recibieron, con mucha frecuencia, prohibición de trabajar de parte de sus parejas. Así, la estimación del ingreso no percibido por VIF en Chile, para el año 2010, es de US$ 1.119 millones. Las estimaciones muestran que casi el 99% del costo de la violencia intrafamiliar corresponde al ingreso no percibido”, aclara el documento. Las atenciones de afectados por delitos sexuales llegó a los 12.670 casos en 2010, lo que representó un costo per cápita de US$ 35,6, es decir, un monto cercano a los $ 25.422 por persona atendida. Para el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, las políticas antidelincuencia implementadas en Chile han mostrado un avance en los últimos años. Sin embargo, dijo que “aún falta mucho. Ojalá que no gastemos $ 1 de cada $ 10 en seguridad y prevención, sino que $ 2 o $ 3 de cada $ 10. Pasamos de $ 35 mil millones a $ 62 mil millones, por lo que estamos casi duplicando los recursos en prevención”. Según la autoridad, “empecemos a darnos cuenta que cuando se comete el delito y llegamos a la reacción y basamos la respuesta (del Estado) en eso, la chance que tenemos para generar un impacto es mucho menor al que tendríamos si trabajamos antes”. Para el senador RN Alberto Espina, las cifras reveladas en el estudio del BID no sorprenden. Indicó que “los recursos que se dedican a prevención son bajísimos. Mientras no se haga esta inversión en prevenir y reinsertar dirigidos a los menores infractores de ley y a los presos que son primerizos, entonces esta va a ser una lucha imposible de ganar”. El parlamentario añadió que “más que un problema de recursos, es un problema de hacer bien el trabajo. La falla que tiene Chile es multisistémica porque aún no se logra un trabajo coordinado y en equipo que involucre a la comunidad a través del alcalde, las organizaciones sociales, a las policías y los fiscales para que elaboren estrategias de persecución penal y prevención en conjunto”. Gabriel Silber, diputado DC y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, añadió que “deberíamos gastar $ 3 en prevención y $ 1 en reacción, y en Chile estamos lejos de esas cifras, si nos comparamos con países de la OCDE”. Según el legislador, en el ámbito de la prevención “hay una cifra negra que, a mi juicio, no hemos podido sincerar, que es el gasto privado en seguridad ciudadana. Aún está en el Senado la regulación de este sector, lo que va a permitir sincerar lo que invierten los privados en seguridad y, en segundo término, elevar los estándares sustantivamente de un sector cuya fuerza es mayor al que dispone Carabineros y la PDI juntos”. El diputado RN Gonzalo Fuenzalida, miembro de la misma instancia, dijo que es necesario “distinguir que lo que se gasta en prevenir es distinto a lo que se gasta en perseguir un delito ya cometido”. A su juicio, “los recursos están mal distribuidos y hay poca capacidad de saber si esas platas sirven para algo y si reducen los delitos o no. Todos los años se aumenta el gasto, pero no necesariamente ese gasto va aparejado a una disminución del delito”. www.latercera.com
  11. Cuentas de la luz bajarían hasta 10% desde 2020, luego de competitiva licitación eléctrica El precio promedio del proceso fue de US$ 79,34 MWh, 40% menor que los US$ 130 MWh de 2013. Se adjudicó el 100% de lo subastado. La última licitación eléctrica marcó una tendencia en precios que podría favorecer a hogares y pymes (clientes regulados) en el mediano plazo. O por lo menos eso estima el gobierno, luego de que ayer dieran a conocer los resultados de un proceso que subastó 1.200 GWh-año, a un precio promedio de US$ 79,34 MWh. La cifra, dicen en el gobierno y parte de la industria, es alentadora pues baja en 40% respecto a los US$ 130 MWh promedio que arrojó el proceso de 2013. Y si esa tendencia se consolida en la licitación eléctrica de abril próximo, en la que se licitarán otros 12.500 GWh-año, la boleta que pagan hogares y pymes podría experimentar una reducción cuando las empresas comiencen a inyectar dicha energía. “Espero que la próxima licitación, que es muy grande y viene en abril del próximo año, (el precio) sea similar o inferior al que vimos hoy”, dijo ayer el ministro de Energía, Máximo Pacheco. “Si esta tendencia se consolida, podemos pensar en que de aquí a unos tres o cuatro años vamos a lograr detener las alzas de las cuentas de la luz y ahí comenzar a bajarlas”, agregó. ¿En cuánto podrían bajar concretamente las cuentas? Andrés Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), explicó que “el precio de la energía representa el 70% del costo de una cuenta final. Si vemos los precios que hoy se están pagando en promedio, estamos disminuyendo en el precio de la energía un poco más del 10%”. De este modo, agregó, “eso tendría una incidencia de 7% a 10% en una cuenta final”. Lo anterior, sin embargo, siempre que la próxima licitación de abril sea igual o más competitiva. Esto, pues los 1.200 GWh-año que recientemente subastó el gobierno responden al 3% del total de la demanda nacional, por lo que su incidencia en todo el sistema es acotada. Los 12.500 GWh-año que se licitarán en abril en cambio, representan cerca del 33% de la demanda, por lo que es precisamente ahí donde el gobierno buscará mantener los precios. “Los contratos de esta licitación comienzan a estar vigentes el año 2017; y los de la licitación de abril de 2016, en los años 2020 y 2021”, explicó Rodrigo Castillo, presidente de la asociación gremial Empresas Eléctricas, agregando que si los precios se mantienen en el próximo proceso, los “frutos concretos” en las cuentas se verán a partir de 2020. Los ganadores Este proceso de licitación, enfocado en los clientes regulados del Sistema Interconectado del Norte Grande (Sing) y del Sistema Interconectado Central (SIC), dejó una gran sorpresa para la industria: ninguna de las tres grandes empresas generadoras que operan en el país tuvo éxito. En efecto, pues Colbún fue retirada del concurso el viernes pasado por presentar un problema administrativo en su postulación, mientras que Endesa Chile y AES Gener perdieron la subasta porque sus ofertas fueron poco competitivas. “El conjunto de ofertas que presentaron los actores pequeños y medianos, todos de ERNC, fue más competitivo que las ofertas que presentaron Endesa y AES Gener”, explicó Andrés Romero, quien detalló que las compañías que se adjudicaron los contratos fueron Alea Generación, Abengoa, Ibereólica, SCB II Spa y Almunche Solar. Entre los grandes generadores, sin embargo, la apreciación sobre el proceso tiene sus matices. Primero, explica una fuente de una de esas grandes empresas, la subasta era pequeña, por lo que no significa un gran impacto para su negocio. A ello, agrega, las bases del proceso eran más favorables para generadores solares, pues la energía que deben inyectar será demandada entre las 11.00 horas y las 18.00 horas, un bloque horario que evita su intermitencia y que no está sujeto a mayor demanda. Ayer, en tanto, Sergio del Campo, gerente general de Aela, una de las ERNC que ganó el proceso, aseguró que la compañía “cuenta con productos flexibles y competitivos para entregar soluciones a sus clientes, sobre la base de un portafolio de proyectos geográficamente diversificados”. www.latercera.com
  12. Estudio cifra en $ 324 mil millones el costo fiscal para terminar con listas de espera Si prestaciones las hiciera el sector privado, monto subiría $ 836 mil millones, por mayores aranceles. Un total de $ 324 mil millones es el costo que tendría para el Estado terminar con las listas de espera Auge y no Auge, que incluye cirugías y consultas médicas pendientes en todo el país. Así lo plantea un análisis del economista Ricardo Bitrán -quien ha realizado desde sus inicios los estudios financieros del plan Auge-, considerando las casi 10 mil garantías retrasadas, los poco más de 1 millón 600 mil casos que requieren una atención de especialidad y más de 230 mil cirugías en espera, contabilizadas al 30 de junio pasado (ver tablas). El trabajo plantea que, de cumplir estas prestaciones a precios del arancel Fonasa, el Fisco pagaría $ 324.566 mil millones. En tanto, al calcular el costo que tendrían las prestaciones para el sector privado, en valores promedio de centros médicos y clínicas, el monto sube a $ 836.043 mil millones. Este último costo es el que las isapres temen que deberán asumir en caso de que la reforma al sector -que el gobierno enviará al Congreso este año- ponga fin a la declaración de salud que aplican las aseguradoras para seleccionar a sus afiliados. Bitrán explicó que, de suprimirse este “filtro”, los usuarios de Fonasa se cambiarían masivamente de seguro para resolver sus patologías y evitar las largas esperas. Añadió que se trata de un costo importante pues, considerando los valores de Fonasa, la cifra “es 15 veces superior a las utilidades de las isapres en 2014 (es decir, $ 26 mil millones)”, dijo. El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, dijo que estos datos serán analizados en el marco de los estudios que se realizan para el diseño del proyecto de ley. Aseveró, además, que no hay una proyección exacta de cuántas personas migrarían desde el sector público, pero que la eliminación de la declaración de salud se hará en forma gradual, partiendo por el sector privado, lo que beneficiaría a las personas que actualmente están afiliadas a isapres, postergando a las adscritas a Fonasa. "La idea es terminar con la declaración de salud en el sistema privado y generar las condiciones para que, en un plazo mediano, la selección de riesgos se termine, porque no está en la lógica de la seguridad de social". Pedro Barría, abogado de usuarios de isapres, explicó que la migración hacia las isapres “podría ocurrir, porque muchas personas esperan hace años que le resuelvan su problema de salud”. Sistema integrado La ministra de Salud, Carmen Castillo, confirmó la gradualidad de la reforma y añadió que con ella se buscará, además, integrar los sistemas público y privado. “Avanzar hacia la integralidad en dos etapas: primero, definiendo un conjunto de prestaciones universales, que puedan financiarse con una combinación de recursos contributivos y no contributivos; y segundo, establecer condiciones para beneficiar a los afiliados del sector público, Fonasa, con una estrategia que incluya una mejor calidad de prestaciones”, sostuvo. El presidente de la Asociacón de Isapres, Rafael Caviedes, planteó que “estamos dispuestos a aceptar el desafío de crear un sistema integrado de salud, en el entendido de que éste considera un sistema multiseguro, con un mecanismo de compensación de riesgos y libertad de elección. Esa es la única forma de integrar los sistemas”. Caviedes, además, añadió que para esto el Estado tendría que subsidiar a las personas, y ellas tomar las decisión respecto al sistema que elijan. Desde el momento que hay un mecanismo de compensación de riesgo, todos los recursos se mexclan en este fondo y eso permite la movilidad, tarifas planas y evitar la discriminación. Ese mecanismo aplican hoy casi 20 países”. www.latercera.com
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