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  1. 09 Octubre 2019 Corte de Apelaciones ratificó condena contra ex frentista por crimen de Jaime Guzmán Tribunal de alzada capitalino confirmó los 10 años de prisión para Marcela Mardones Rojas, ex pareja del "comandante Emilio". La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena de 10 años y un día de cárcel para la ex frentista Marcela Mardones Rojas, como autora del delito de atentado terrorista con resultado de muerte por el crimen del senador de la UDI Jaime Guzmán, ocurrido en abril de 1991. La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó de forma unánime el fallo que ya había dictado el ministro en visita Mario Carroza. La ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez tenía la chapa "Ximena", fue ex pareja de Raúl Escobar Poblete, "el comandante Emilio", otro importante dirigente del FPMR y quedó detenida el 9 de junio de 2017 cuando ingresó a Chile por la zona sur con un pasaporte falso. La ex frentista aún tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir esta condena en su contra. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/frentistas/corte-de-apelaciones-ratifico-condena-contra-ex-frentista-por-crimen-de/2019-10-09/162148.html
  2. 23 Abril 2019 Justicia redujo condena de Lula da Silva: Podría lograr el arresto domiciliario en septiembre El ex mandatario deberá cumplir ocho años y 10 meses de cárcel y no los 12 años estipulados inicialmente. El caso se refiere a la primera condena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero. La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil acordó este martes reducir a ocho años, diez meses y veinte días la pena de doce años de cárcel dictada por una corte inferior contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión, adoptada en forma unánime por los cuatro miembros de la sala, supone que el ex mandatario, en la prisión desde el 7 de abril de 2018, podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos. La reducción de pena fue planteada por el juez Félix Fischer, instructor de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, y apoyada por los otros magistrados, en una audiencia en la que fueron analizadas nuevas apelaciones formuladas por la defensa del ex presidente (2003-2010). Entre otros asuntos, la defensa pedía en realidad la anulación del juicio en primera instancia y, por ende, la de la condena que fue dictada por un tribunal de alzada, que le condenó a doce años de cárcel, ahora reducidos a ocho años y diez meses. El caso se refiere a la primera condena dictada contra Lula en la segunda instancia, por corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras. Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y no aún confirmada en la segunda. En caso de que se ratificara esa pena en la segunda instancia, lo que podría ocurrir durante el primer semestre de este año, pudiera verse frustrada la posibilidad de que el ex mandatario pase a cumplir lo que resta de su primera condena en su domicilio. Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente en un edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación Lava Jato contra la corrupción, por la que fue condenado. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/brasil/lula-da-silva/justicia-redujo-condena-de-lula-da-silva-podria-lograr-el-arresto/2019-04-23/172326.html
  3. 25 Octubre 2018 Chadwick condena a carabineros vinculados a banda delictual y dice que se aplicará “el máximo rigor de la ley” El ministro del Interior detalló la participación que tenían los ex uniformados con la banda que fue detenida hoy por la Policía de Investigaciones. “Ha sucedido un hecho muy grave”, dijo hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de sostener una reunión con el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, el alto mando de Carabineros y el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez, luego de que durante esta jornada la Policía de Investigaciones detuviera a una banda delictual, que tenía como integrantes a seis uniformados. El secretario de Estado detalló que hasta el momento a la banda -dedicada al robo con intimidación, robo en lugar habitado y con posibles vinculaciones con un homicidio en Colina- se le tienen comprobados 19 delitos. “Esta banda lamentablemente tenía vinculaciones con funcionarios de Carabineros de la sexta comisaría de Recoleta. Han sido detenidos seis funcionarios, tres de ellos en razón de tener vínculos con la banda que les permitía darles protección, avisarles de las situaciones de investigación que había en contra de ellos e incluso fingir detenciones”, precisó el ministro. Además, indicó que los otros tres efectivos fueron detenidos porque en la investigación se pudo determinar acciones de corrupción e irregularidades. Por este motivo, Chadwick aseguró que “se aplicará el máximo rigor de la ley por haber transgredido a sus deberes y por haber genero desconfianza” en la población. “Esto es inaceptable y tiene por parte del Presidente Piñera y del gobierno la más enérgica condena y rechazo”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/chadwick-condena-carabineros-vinculados-banda-delictual-dice-se-aplicara-maximo-rigor-la-ley/375682/
  4. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/341402-diversidad-sexual-movilh-denuncia-que-gobierno-elimino-sitios-web-estatales-con-informacion-sobre-matrimonio-igualitario-y-lig/?hl=%2Bdiversidad+%2Bsexual&do=findComment&comment=23864465 01 Agosto 2018 Tribunal condena a Catedral Evangélica a pagar $ 5 millones por “daño moral” tras dichos de pastor contra el Movilh La información fue dada a conocer por el organismo de la diversidad sexual. En el fallo condenatorio se indica que "el ejercicio legítimo de un derecho no puede consistir en la lesión de otro derecho". “Con este fallo se marca y un después para los derechos LGBTI en Chile, pues se ha sentado un precedente para que nunca más queden impunes las acusaciones homofóbicas y transfóbicas contra los movimientos de la diversidad sexual y de género”. De esta manera, Rolando Jiménez, dirigente del Movilh reaccionó al fallo del 25 Juzgado Civil de Santiago que condenó a la Catedral Evangélica y al pastor Cristian Nieto a pagar la suma de $ 5 millones, por concepto de “daño moral” por dichos que este último realizó en el templo de la entidad religiosa. Los dichos que el Movil cuestiona a Nieto correspondieron a una intervención realizada en el marco de un culto evangélico realizado el 12 de noviembre. “Se intentó derogar el artículo 365, está en eso, ese intento, y ¿qué es el artículo 365, que nosotros debemos defender con estos diputados cuando salgan electos. El artículo 365 pretende despenalizar las la ley conocida como la ley sodomítica, es decir, el Movilh está pidiendo que una relación sexual entre un adulto y un niño menor de 14 años sea consentida¿y qué significa ser consentida?, que un niño diga ‘sí, yo tengo ganas de estar con este señor’ (…). Pero ¿ustedes se imaginan lo que es un niño abandonado en una calle, debajo de un puente, que le ofrezcan un par de zapatillas Nike o un polerón que él desea, por mantener una relación sexual con ese adúltero, o ese pecador, comprándose a ese niño?”, declaró en dicha oportunidad el pastor. Frase que motivó la acción penal. Carolina Etcheverry, abogada del Movilh, declaró que “el Tribunal puso límites a la libertad de creencia y de opinión. Así lo señaló en su considerando decimoctavo, que los dichos del señor Nieto no se encuadran dentro de la libertad de creencia, ni dentro de la libertad de opinión, señalando que el ejercicio legitimo de un derecho no puede implicar lesionar otros derechos. Por tanto, se establece un límite a la libertad de creencia y de opinión, que está dada por el respeto a los derechos de los demás. En este caso se consideró dañada la imagen y honra de Movilh, independiente de que dicho discurso haya sido dado en un contexto religioso”. El falloEn el documento pronunciado por la magistrada Susana Rodríguez Muñoz, causa rol: C-3354-2018, se indica que los dichos de Nieto no se pueden respaldar bajo el argumento de opiniones vertidas bajo la libertad de culto. “Del contenido de las declaraciones que motivan el pleito, se desprende que éstas se refieren a aspectos de connotación pública, de carácter político y legislativo, por lo cual no se relacionan con el contenido de la libertad de creencias, que invocan los demandados”, se detalla. En el documento también se abordó los riesgos de la libertad de emitir opinión: “Las ventajas de este derecho a exteriorizar lo que de otro modo permanece en el fuero interno resultan evidentes, aunque poco o nada se dice respecto de sus peligros, toda vez que existe, asimismo, el derecho a no ser lesionado injustamente por causa del contenido de nuestras expresiones, por lo que no todo lo que se dice constituye siempre, por el solo hecho de estar contenido a través del lenguaje, una libertad protegida por la libertad de expresión. El ejercicio legítimo de un derecho no puede consistir en la lesión de otro derecho”. Finalmente, el texto señala que “de tal manera que la emisión de dichas opiniones, emitidas ante el público de una ceremonia de culto y divulgadas públicamente en Internet, inciden en la imagen pública de la organización demandante, toda vez que se la está asociando, por la vía de una opinión y no de una información objetiva, a la promoción de un delito de carácter sexual contra menores de edad, y es evidente que, en la vida en sociedad, proceder a asociar, por medio de opiniones, las actividades de una organización legalmente constituida con actividades delictuales, puede traer consecuencias negativas en la imagen pública de ésta ante los demás partícipes de la sociedad”. Eso sí, la jueza desestimó la solicitud del Movilh en cuanto a que se pidieran disculpas públicas por los dichos de Nieto.Además, desde el organismo están atentos ante una posible apelación del fallo por parte del organismo religioso en los tribunales correspondientes. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/tribunal-condena-catedral-evangelica-pagar-5-millones-dano-moral-tras-dichos-pastor-movilh/265481/
  5. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/328581-caso-corpesca-reformalizan-por-videoconferencia-a-jaime-orpis/?hl=%2Bcaso+%2Bcorpesca 15 Marzo 2018 La más alta condena para un político: Fiscalía pide 21 años de cárcel para Orpis Contardo y Chong, anunciaron que presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, además de los fraudes reiterados al fisco que se le atribuyen por “asesorías parlamentarias” que contrató y que luego llegaron de vuelta a su bolsillo. A primera hora de hoy, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo Escobar, junto a la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, presentaron ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la acusación en que se solicita la más alta pena que se ha pedido en un caso de corrupción en el actual sistema: 21 años de presidio efectivo para el ex senador UDI Jaime Orpis Bouchon. La solicitud -según constató La Tercera PM- se da esta nueva fase del único juicio oral que se realizaría en los denominados casos de financiamiento ilegal de la política. En particular, la causa de Orpis está dentro del Caso Corpesca que se inició hace tres años, luego que un asesor de la ex diputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera del grupo Angelini. El escrito de más de 900 páginas ya está en poder del tribunal y es el puntapié inicial para que se agende la preparación de un juicio oral. La pena solicitada para el desaforado parlamentario –quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016- se desagrega en los tres delitos por los cuales los fiscales Contardo y Chong enjuiciarán al ex parlamentario. Por el cohecho se solicitó 6 años de cárcel, por delitos tributarios reiterados 3 años y 1 día, y por fraude al fisco reiterado 12 años de cárcel. En total, la condena solicitada suma 21 años de presidio efectivo. Orpis, quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016, fue desaforado por la Corte Suprema el 29 de abril de 2016, tras lo cual el Ministerio Público lo formalizó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. La imputación de la Fiscalía se basa en que la investigación arrojó que entre los años los años 2009, 2010 y 2013, el senador estando en ejercicio en el Congreso –según expuso ante tribunales el ente perseguidor penal- solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico consistente en la entrega regular de distintas sumas de dinero. El pretexto, según la Fiscalía expuso en audiencias, habría sido obtener financiamiento de su campaña electoral de senador por la UDI y para pagar deudas derivadas de la misma campaña. A cambio, acusa la Fiscalía, el parlamentario comprometió favorecer los intereses de la referida empresa mediante el desempeño de sus labores como senador, usando actos propios de su cargo para influir en la tramitación de la Ley de Pesca a favor de los intereses de la aludida empresa de propiedad del grupo Angelini. Esos aportes, que en total suman más de $233 millones, (en promedio con pagos mensuales de $4 millones 500 mil) fueron solicitados y otorgados al margen del régimen legal de financiamiento de campañas políticas previsto en la ley. El fiscal regional Contardo y la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Chong, anunciaron que presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, además de los fraudes reiterados al fisco que se le atribuyen por “asesorías parlamentarias” que contrató y que luego llegaron de vuelta a su bolsillo. Arista descubierta en el marco de la investigación. Como penas accesorias, el Ministerio Público pidió que se inhabilite de por vida a Orpis a ejercer cargos públicos. 7 años para Marta Isasi Para la ex diputada UDI, Marta Isasi, se solicitó por cohecho y delitos tributarios 7 años de cárcel (4 por el primer delito, 3 y 1 por la infracción ante el SII); mientras que para el ex ejecutivo de Corpesca se solicitó la misma condena, 7 años de cárcel, acusado de sobornar a un parlamentario y por los delitos tributario asociados a la petición de boletas falsas e incorporación a la contabilidad de esos documentos fraudulentos. Como se trató de un caso que involucró el soborno por parte de un gerente, la investigación también apunta a la empresa Corpesca contra quien se solicita –por responsabilidad de la persona jurídica- una pena de 20.000 UTM ($946.620.000, como multa fiscal), 5 años de prohibición de celebrar actos con el Estado y la pena accesoria de publicar en un diario de circulación nacional la sentencia contra la empresa de ser hallada culpable en juicio. A Carolina Gacitúa, ex asesora del parlamentario que emitió boletas por servicios inexistentes, se pidieron en su contra 8 años de presidio efectivo. Para la arquitecta Lorena Lara, quien aparecía recibiendo asignaciones de Orpis sin haber trabajado para el Congreso, la Fiscalía pidió 3 años y un día por fraude al fisco, y 3 años y un día por delitos tributarios. Ambos ilícitos en carácter de reiterados. Para Georgio Carrillo y Raúl Lobos, otroras asesores, se pidieron condenas de 541 días y 3 años y un día respectivamente. Ahora el tribunal deberá preparar el juicio que se vislumbra como histórico, pues será la primera vez que un político chileno en el actual sistema penal, arriesgue efectivamente una condena tras las rejas. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-mas-alta-condena-para-un-politico-fiscalia-pide-21-anos-de-carcel-para-orpis/100676/
  6. 26 Junio 2018 Familia de Eduardo Lara por condena contra seis acusados: “Nosotros lo pasamos mal durante dos años, ahora le toca a ellos” Luis Lara, hijo del trabajador fallecido dijo sentir "bastante tranquilidad por la resolución". La familia de Eduardo Lara, fallecido el 21 de junio de 2016 durante una marcha por Valparaíso, valoraron la sentencia condenatoria contra seis acusados por la muerte del del trabajador municipal porteño. Los magistrados establecieron que los acusados, Miguel Ángel Varela Veas, Felipe Ríos Henríquez, Constanza Gutiérrez Salinas, Hugo Barraza Araya, Nicolás Bayer Monnard y Rodrigo Araya Villalobos eran responsables, como coautores, del delito de incendio con resultado de muerte. Además, se condenó a Varela como autor del delito de porte de bomba incendiaria. Luis Lara, hijo del trabajador fallecido dijo tras la audiencia sentir “bastante tranquilidad por la resolución”. “Lo bueno es que los seis imputados fueran acusados por el delito que causó la muerte de mi papá”, declaró. Agregó que “noté en las caras de estas personas que el tema ya está cambiando. Nosotros lo pasamos mal durante dos años, ahora le toca pasarlo mal a ellos, lamentablemente. Toda acción tiene su consecuencia”. La muerte de Lara se produjo luego de que un grupo de personas iniciaran un incendio en una farmacia, el cual se propagó hacia el edificio que era resguardado por la víctima. El fiscal Cristián Andrade también valoró la decisión adoptada por el tribunal porteño. “Existe una conformidad que se haya reconocido que la muerte de Eduardo Lara fue producto de este incendio, más que la pena eso es para nosotros un aliciente, porque fue un caso muy lamentable”, indicó. El persecutor explicó que en el caso de Varela y Ríos se solicitaron penas mayores a la de los otros condenados “porque fueron los que causaron el incendio. En el caso del señor Varela con el lanzamiento de la bomba incendiaria, y en el caso del señor Ríos cuando lanza el acelerante y eso determina el aumento en la intensidad del fuego”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/familia-eduardo-lara-condena-seis-acusados-lo-pasamos-mal-dos-anos-ahora-le-toca/221371/
  7. 21 Junio 2018 Corte Interamericana de DD.HH. condena a Chile por violar acceso a la salud de adulto mayor La sentencia declara por unanimidad que nuestro país "no garantizó a Vinicio Antonio Poblete (76) su derecho a la salud, sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes con relación a su situación especial de vulnerabilidad". La situación derivó en la muerte del anciano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este jueves al Estado de Chile por no garantizar el derecho a la salud básico y urgente de un adulto mayor, de 76 años, lo cual derivó en su muerte. La sentencia declara por unanimidad que nuestro país “no garantizó a Vinicio Antonio Poblete su derecho a la salud, sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes con relación a su situación especial de vulnerabilidad como persona mayor”. La Corte además explica que el Estado chileno vulneró los derechos a la vida e integridad personal, así como el derecho de obtener el consentimiento informado y al acceso a la información en materia de salud, en perjuicio de Poblete y sus familiares. Los hechos El caso se relaciona con la atención brindada durante los meses de enero y febrero de 2001 en el Hospital Sótero del Río a Poblete. Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su primer ingreso al establecimiento asistencial se le practicó una intervención cuando el paciente se encontraba inconsciente, sin el consentimiento de su familia y se le dio de alta de manera temprana sin mayores indicaciones. Posteriormente en su segundo ingreso al mismo hospital se le negó el tratamiento que requería, derivando en su fallecimiento en el mismo hospital el 7 de febrero de 2001. “La Corte concluyó de manera general que el Estado chileno es responsable internacionalmente por la falta de garantía de los derechos a la salud, vida, integridad personal, libertad, dignidad y acceso a la información, en perjuicio del señor Poblete Vilches, en relación con las obligaciones de no discriminación”, cita la sentencia. El caso también se relacionó con las investigaciones y acciones judiciales que se realizaron para esclarecer su muerte y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes, así como las posibles afectaciones que sufrieron sus familiares. Sobre este tema, los jueces declararon al Estado de Chile como responsable por la falta de debida diligencia y plazo razonable en la investigación de los hechos. Asimismo, se acreditaron ciertas afectaciones que repercutieron en el seno familiar y en el desarrollo de sus planes de vida. Reparación La Corte ordenó como medidas de reparación integral brindar medidas de rehabilitación para los familiares, implementar programas de educación en derechos humanos, fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría, así como otorgar las indemnizaciones correspondientes a daños materiales e inmateriales. La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado chileno haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La Corte es un tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/corte-interamericana-dd-hh-condena-chile-violar-acceso-la-salud-adulto-mayor/216002/
  8. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/331375-caso-cheyre-los-abogados-del-caso-caravana-de-la-muerte-se-enfrentan/?hl=%2Bcheyre&do=findComment&comment=23236380 10 Junio 2018 La hora decisiva de Cheyre: Juez Carroza alista su condena entre 5 y 10 años de cárcel tras acreditar complicidad en caso “Caravana” El juez Mario Carroza se apronta a condenar al excomandante en jefe del Ejército -quien fue el primer jefe militar en pedir perdón a nombre de la institución por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen del general Pinochet- a una pena de entre cinco y 10 años de cárcel por el episodio “La Serena” de la denominada Caravana de la Muerte. Miró por la ventana y estuvo varias horas en silencio… pensativo. La mañana del 7 de julio de 2016, Juan Emilio Cheyre se había levantado temprano, como acostumbraba, para asistir a un reunión en la Cancillería del Consejo Asesor de la Defensa de Chile ante La Haya por la demanda marítima boliviana, rol que el excomandante en jefe del Ejército desempeñaba a la par de su cargo como consejero del Servicio Electoral. A solo cuatro cuadras del Ministerio de Relaciones Exteriores, ese día, en los pasillos del Palacio de Tribunales había un movimiento inusual. Funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI sacaban desde el despacho del juez Mario Carroza ocho órdenes de detención en contra de igual número de procesados en la investigación por el asesinato de 15 presos políticos en el Regimiento Arica, de La Serena, uno de los episodios de la denominada Caravana de la Muerte. Con ello se vivía un hito relevante en una emblemática causa por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, la que en las próximas semanas está a punto de concluir. Uno de esos ocho procesados era Cheyre, a quien se le atribuyó calidad de cómplice de homicidio calificado, dando un giro a una trayectoria reconocida desde hace al menos 12 años, cuando como comandante en jefe del Ejército se erigió como el general del “nunca más”, al pedir perdón en nombre de la institución por las violaciones a los derechos humanos del régimen militar. Ese 7 de julio -hace casi ya dos años-, tras finalizar la actividad, Cheyre salió raudo del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya había sido advertido por sus abogados de lo que estaba ocurriendo. Horas más tarde, el exjefe militar se entregaría a la PDI y sería trasladado al Batallón de Policía Militar, en Peñalolén, donde estaría preso hasta que lo liberaran bajo fianza. “No habló mucho ese día, estaba noqueado, igual que todos, miraba por la ventana, estaba en silencio”, recordó uno de los procesados que –junto a Cheyre- luego fue acusado, el 26 de abril del año pasado. El episodio “La Serena” del caso Caravana de la Muerte entró en su recta final, luego de que esta semana el juez Carroza certificara el término probatorio, es decir, la fase de recopilación de pruebas. El 18 de mayo se dieron por concluidos los 20 días de plenario, la etapa de juicio del antiguo sistema penal en que los investigados deben intentar desvirtuar los cargos que se imputan en su contra y, por otra parte, presentar testigos de conducta que puedan rebajar su condena. Cheyre había propuesto al expresidente Ricardo Lagos, sin embargo, Carroza desechó su testimonio, porque no estaba relacionado con los hechos investigados. La defensa de Cheyre lo intentó. En su respuesta a la acusación, el penalista Jorge Bofill -quien ha calificado la imputación a Cheyre como “una persecución política infame”- aseguró en un escrito que respecto del excomandante en jefe del Ejército se ha generado una “situación de indefensión”. Esto, debido a que -según denuncia- el juez Carroza al dictar la acusación “no explicita la conducta que se atribuye a don Juan Emilio Cheyre Espinosa”, con lo que se estarían afectando garantías constitucionales del exuniformado. El vínculo del general ® con esta indagatoria surgió en junio de 2016, cuando dos víctimas de tortura lo identificaron como uno de los uniformados a cargo del Regimiento de Artillería N°2 Arica, de La Serena. A ese lugar arribó el 16 de octubre de 1973, y por solo unas horas, un helicóptero “Puma” que trasladaba al general Sergio Arellano Stark, líder de la Caravana de la Muerte, comitiva del Ejército mandatada por Augusto Pinochet para acelerar los juicios sumarios a opositores del régimen. Según la indagatoria del ministro Mario Carroza, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre era el ayudante del jefe del regimiento, el teniente coronel Ariosto Lapostol, quien también hoy está acusado por estos homicidios calificados, aunque como autor. La comitiva enviada por Pinochet pasó por 16 ciudades, iniciando la ejecución de dirigentes políticos 19 días después del golpe de Estado. Primero fue al sur del país y luego al norte, sumando un total de 97 prisioneros políticos desaparecidos y asesinados. Quince de ellos fueron “ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos” -según sostiene la acusación de Carroza- en el polígono de tiro del mencionado recinto militar en La Serena. La presión de “Calama” Por estos días, en el despacho del ministro Mario Carroza, ubicado en un edificio en diagonal al Palacio de Tribunales, en pleno centro de Santiago, los actuarios trabajan a contrarreloj. Impresoras entregando documentos, hojas de los expedientes que son revisados por abogados, una secretaria que conversa con un compañero en voz baja, un funcionario que lleva documentos para firmar al ministro y toca la puerta de su despacho, apenas entreabierta. Los sonidos se mezclan en el cuarto piso de los tribunales de calle Compañía. Ha sido un año duro y Carroza y sus ayudantes no han parado. Esta semana, el juez entró en el estudio de la sentencia por los secuestros calificados de la Operación Cóndor, otro emblemático caso por violaciones a los derechos humanos, temática a la cual el magistrado está abocado por mandato de la Corte Suprema. Solo en mayo dictó cinco fallos por estas materias: la desaparición de un estudiante de biología; el homicidio de un campesino en Palmilla y secuestros y asesinatos en la casa de la cultura de Barrancas, entre otros. Certificada la fase de recopilación de pruebas, ya están dispuestos los expedientes del Rol N° 2182-98 “A” Episodio Caravana de la Muerte: La Serena para que ingresen a la oficina de Carroza y sean revisados por el juez que -según sostienen en tribunales- está redactando más de un fallo a la vez para cumplir con los plazos estipulados en su cronograma anual. El futuro de Cheyre y los otros ocho procesados en esta causa está vinculado al análisis que el ministro ha hecho de testimonios y pruebas allegadas al proceso, pero una sentencia dictada en el “episodio Calama” de la misma Caravana de la Muerte, instruida por su par de la Corte de Santiago, ministro Hernán Crisosto, puso una inesperada presión al fallo que debe dictar Carroza. En el aludido dictamen, emitido el 24 de abril, se sentencia la desaparición y homicidio de 26 víctimas que fueron fusiladas el 19 de octubre de 1973 por la misma comitiva del oficial delegado del comandante en jefe de la Junta de Gobierno, Sergio Arellano Stark, tres días después de su paso por La Serena. Crisosto condenó a 10 años y un día de presidio efectivo a quienes había acusado como cómplices de estos homicidios, Emilio Robert de la Mahotiere y Luis Felipe Polanco. Ambos están en una situación procesal parecida a la del excomandante en jefe del Ejército. Si bien cada magistrado define las penas por sí mismo y en la justicia chilena se resuelve “caso a caso”, en tribunales ha pasado a ser comentario obligado que esta situación podría incidir en la pena que Carroza imponga a Cheyre. Crisosto, también designado especialmente por el máximo tribunal del país para investigar causas de DD.HH., decidió en el “episodio Calama” rechazar cualquier amnistía y prescripción alegadas por las defensas. “Existe reiterada jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la inadmisibilidad de la amnistía cuando aquella pretende impedir la investigación y sanción de las violaciones graves a los DD.HH., tales como las desapariciones forzadas o la muerte de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona (…), no resulta aplicable conforme al Derecho Internacional de los DD.HH., que prohíben la autoamnistía tratándose de delitos de lesa humanidad, no cabe sino concluir que a los delito sub-lite no les son aplicables las normas de la Ley de Amnistía, ni las normas sobre prescripción de la acción penal”, sostuvo Crisosto. La única diferencia entre el “episodio Calama” y el “episodio La Serena” de la Caravana de la muerte es la cantidad de víctimas de cada caso y la decisión en manos de Carroza de aplicar o no la hipótesis de media prescripción, dado que los hechos sucedieron en 1973. Quienes conocen los análisis que ha hecho el magistrado durante estos meses sostienen que evalúa dictar condena entre 15 a 20 años a los autores de estos crímenes, mientras que contra Cheyre -quien tiene calidad de cómplice- se evalúa una pena de cinco años, lo que le permitiría cumplir su castigo en libertad. Sin embargo, aún no se descarta la opción de una condena de 10 años de presidio y, en ese caso, sería de cárcel efectiva. Todo dependerá si Carroza decide -contrario a lo que hizo el juez Crisosto- aplicar o no la media prescripción, que rebajaría la condena de Cheyre. Aunque ahí tendría la oposición del abogado querellante por las víctimas Cristián Cruz; el del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Javier Contreras, y por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el abogado Rubén Salas, quienes han instado por el carácter de delitos de lesa humanidad para no dar luz verde a atenuantes. “Tiempos de guerra” Apenas pisó suelo serenense, Arellano Stark se entrevistó con Lapostol. Pidió las fichas del fiscal militar, Cazanga Pereira, para elegir del listado de detenidos quiénes serían ejecutados. Mandó a trasladarlos desde la Cárcel Pública de La Serena al regimiento. En paralelo, un oficial fue hasta el cementerio de la ciudad para inspeccionar la capacidad de las fosas comunes. En solo minutos y en el polígono de tiro, 15 presos políticos fueron ejecutados. Solo 25 años después, en 1998, aparecerían los restos de estas víctimas. “Se ordenó la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin haberse realizado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de militares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común”, se lee en la acusación de Carroza. Asimismo, apunta a que “una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en un medio de comunicación un bando militar en que se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado a 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por tribunales militares en tiempos de guerra, lo que tanto el comandante del regimiento como su ayudante y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y se les había ajusticiado sin juicio, por la sola circunstancia de su ideología”. La complicidad de Cheyre, asegura en el proceso el querellante, se establecería al haber actuado -como ayudante de Lapostol- en la redacción del comunicado en que dan cuenta de la ejecución de supuestos “delincuentes” tras juicios de tribunales militares. En la contestación de la acusación, el defensor Jorge Bofill aseguró que “debe descartarse que don Juan Emilio Cheyre conociera a la llegada (de la Caravana) el objetivo de la comitiva de Arellano Stark, es decir, que lo que aparentaba ser una revista no informada era, en realidad, uno más de los sangrientos capítulos de la Caravana de la Muerte”. Es más, el abogado de Cheyre asegura que “la acusación judicial omite considerar que el único episodio en que un miembro de la comitiva era simultáneamente un alto oficial del regimiento visitado fue, precisamente, el de La Serena”, y explica que en esa fecha el mayor Marcelo Moren Brito era el segundo comandante del Regimiento Arica y que al aterrizar ahí, el “solo hecho de su presencia” quedó como segundo a mando tras Lapostol, dejando muy por debajo en el organigrama del cuartel al entonces ayudante militar, el teniente Cheyre. Es así como la hipótesis de defensa del excomandante en jefe apunta a la figura de Moren Brito, quien “coordinó e instruyó todo lo sucedido el 16 de octubre de 1973”, en relación al traslado de presos, custodia del polígono de tiro, anillos de seguridad y ejecución de las víctimas. En esa línea, se establece en los descargos de la defensa de Cheyre que Moren no solo fue el responsable de haber llevado a cabo todas las acciones que terminaron en la ejecución de los dirigentes de izquierda, sino que tampoco pudo ordenarle nada a Cheyre, pues este no estaba en su línea de mando. Bofill, además, sostiene que los medios de comunicación de esa época eran controlados por el régimen y que siempre este tipo de hechos cuando se informaban “eran completamente tergiversados en su origen”. La convicción de la supuesta complicidad de Cheyre en estas ejecuciones no se desvirtuó tras la etapa de plenario. Lo que marcará el fallo de Carroza será la cuantía de la pena. Aun así, todos quienes participan de este juicio saben que, como en todos estos casos, la última palabra la tendrá la Corte Suprema. Fuente: http://www.latercera.com/reportajes/noticia/la-hora-decisiva-cheyre-juez-carroza-alista-condena-5-10-anos-carcel-tras-acreditar-complicidad-caso-caravana/198769/
  9. 08 Marzo 2018 Fallece general ® de la FACH que cumplía condena en Punta Peuco Se trata de Freddy Enrique Ruiz Bunger, quien padecía de cáncer multisistémico y que se encontraba internado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile. La tarde de este jueves se confirmó el deceso del general ® de Brigada Aérea Freddy Enrique Ruiz Bunger, quien se encontraba cumpliendo condena en Punta Peuco por asociación ilícita y secuestro calificado. Ruiz Bunger de 93 años, padecía de un cáncer terminal multisistémico, por lo que estaba internado en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile hace casi cinco meses. Según había trascendido, sus abogados habían presentado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para que se le concediera el derecho a morir con dignidad en su domicilio junto a sus seres queridos”, ya que la justicia chilena le habría negado el beneficio. Este hecho se da luego de que en la presente semana, tras una entrevista de la Presidenta Michelle Bachelet a Canal 13, resurgieran las dudas respecto de un eventual cierre del recinto penitenciarioantes de que asuma la presidencia Sebastián Piñera. Teniendo en cuenta aquello, el abogado que representa a 80 de los internos del penal, Raúl Meza, indicó a La Tercera que tienen “la profunda convicción que la muerte del general llega como una señal muy potente en favor de los reos ancianos enfermos crónicos y terminales que cumplen condena en el penal de Punta Peuco, especialmente en momentos en que la Presidenta sigue pensando la posibilidad de cerrarlo, a 3 días de dejar el poder”. “Presidenta Bachelet le hacemos un suplicante llamado humanitario para que permita que reos ancianos, muchos con enfermedades crónicas y terminales sigan cumpliendo con dignidad su pena en el penal de Punta Peuco. Queremos que no se sigan violando los derechos humanos de reos mayores de edad, y se respete la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, el cual usted suscribió durante su gobierno”, planteó. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/fallece-general-r-la-fach-cumplia-condena-punta-peuco/92208/
  10. 08 Diciembre 2017 Ezzati por fin de condena de Precht: “No extingue el mal hecho” Arzobispo de Santiago se refirió al caso del sacerdote sancionado por el Vaticano por cometer “conductas abusivas con menores y mayores de edad”. El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, en el Santuario de la Inmaculada Concepción, ayer. “No se extingue el mal hecho. No es que terminar una pena signifique que lo que fue malo comience a ser bueno”, sentenció ayer el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, para referirse al caso del sacerdote Cristián Precht, quien el 5 de diciembre cumplió la condena canónica dictada por el Vaticano por cometer “conductas abusivas con menores y mayores de edad”. El ex vicario de la Solidaridad, tras una investigación eclesiástica, fue sancionado en 2012 por la Congregación para la Doctrina de la Fe a no ejercer el ministerio sacerdotal por un lapso de cinco años. Ayer, tras una misa que congregó a cientos de fieles en la cumbre del cerro San Cristóbal por el Día de la Inmaculada Concepción, la máxima autoridad eclesiástica señaló que “la pena se da en vista de unas irregularidades, de unos delitos que se han cometido. Aquí se dio la pena y terminó su periodo. Lo que no termina es la actitud penitencial y de conversión que siempre tenemos que tener en la vida”, afirmó. Ezzati, además, aseguró que Precht podrá oficiar misas en público. “La persona que, como en este caso termina el periodo de su pena, vuelve a lo que es su ejercicio fundamental de los derechos que tiene como presbítero”. El arzobispo de Santiago recordó el estado de salud por el que atraviesa Precht -quien sufre de una ceguera incipiente- y que a sus 77 años le corresponderá al obispo de la diócesis a la que pertenece designarle o no una tarea pastoral, lo que en este caso no ha sido asignado. Eventual traslado Una vez cumplida la condena del sacerdote Cristián Precht, fue el obispo vicario apostólico de Aysén, Luis Infanti, quien dijo que “aquí hay mucha gente que es acogida y que quiere venir a rehacer su vida o a darle un nuevo rumbo. Llámese como se llame, sea Cristián Precht o quien sea”. Así, dejó abierta la posibilidad del traslado del sacerdote a esa región. Sin embargo, Ezzati ayer descartó esta posibilidad: “Eso ha sido todo una fantasía que nació simplemente porque el padre en alguna oportunidad estuvo allá un tiempo”, dijo. El arzobispo de Santiago explicó que para esto se necesita, en primer lugar, el consentimiento del obispo de cuya diócesis sale, y que este se ponga de acuerdo con el obispo que lo acogerá: “Y en este caso no ha habido ninguna iniciativa concreta ni de parte del obispo de Aysén ni de parte del arzobispo de Santiago”, aclaró. Durante la misa en el Santuario de la Inmaculada Concepción, durante la homilía, el cardenal Ricardo Ezzati destacó el significado de las próximas elecciones presidenciales, la acogida al Papa Francisco en su próxima visita y la integración de los migrantes. También, manifestó su preocupación por el consumo de drogas y el uso de armas, luego de haber visitado la población La Legua el jueves pasado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ezzati-fin-condena-precht-no-extingue-mal-hecho/
  11. 17 Noviembre 2017 Condenan por primera vez a civil a pena efectiva de cárcel por causas de DD.HH. Juan Luzoro Montenegro, expresidente del sindicato de dueños de camiones de Paine, fue sentenciado a 20 años de prisión por cuatro asesinatos perpetrados el 18 de septiembre de 1973. La Corte Suprema confirmó hoy una sentencia de 20 años de presidio en contra de Juan Luzoro Montenegro, expresidente del sindicato de dueños de camiones de Paine, en calidad de autor de cuatro homicidios calificados. El abogado Nelson Caucoto, querellante en representación de las familias de las víctimas, destacó el carácter “histórico” del fallo, pues es la primera vez en que un civil cumplirá pena efectiva de cárcel en una causa de derechos humanos en Chile. “El era el jefe de los civiles que, al interior de Paine, se organizaron en torno a la comisaría de esa localidad para ejercer la represión”, explicó Caucoto a los periodistas. Según fuentes judiciales, la segunda sala del máximo tribunal en un fallo dividido, confirmó la condena dictada el pasado 31 de marzo pasado por la ministra en visita (juez especial), Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel. A Luzoro Montenegro se le sentenció por los asesinatos de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres, todos ellos perpetrados el 18 de septiembre de 1973, siete días después del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet. También en la condena se le acusa por homicidio frustrado de Alejandro Bustos González, en el sector de Colipeumo, de la comuna de Paine. En el aspecto civil, la Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 2.210 millones de pesos a los familiares de las víctimas, tras acoger el recurso de casación e incluir a nueve hermanos y a la conviviente de uno de ellos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/condenan-primera-vez-civil-pena-efectiva-carcel-causas-dd-hh/
  12. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/315639-caso-nabila-rifo-resolucion-por-recurso-de-nulidad-se-conocera-el-11-de-julio/?hl=%2Bcaso+%2Bnabila&do=findComment&comment=22404265 09 Julio 2017 Corte Suprema acuerda rebajar la condena al agresor de Nabila Rifo Aunque mantuvo la condena en su contra, la Sala Penal de la Corte Suprema acogió parte del recurso de nulidad presentado por la defensa de Mauricio Ortega, ex pareja de Nabila Rifo. Por cuatro votos a uno, los jueces acordaron desestimar que la agresión ocurrida en Coyhaique fuera un “femicidio frustrado”, acusándolo solo por las lesiones graves y por la mutilación de sus ojos, lo que rebajará su pena. El martes 11 se dará a conocer el fallo. La decisión no fue inmediata. Tras escuchar dos días de alegatos, los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema -cuatro ministros encabezados por Milton Juica- se retiraron el miércoles 21 de junio del Palacio de Tribunales sin haber adoptado un acuerdo respecto del recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública, organismo que optó por acudir ante el máximo tribunal para modificar la condena de 26 años de Mauricio Ortega Ruiz. Los jueces quedaron de estudiar los antecedentes. El desabollador y pintor, de 42 años, fue condenado el 2 de mayo por el Tribunal Oral de Coyhaique como autor de una brutal agresión en contra de la madre de sus dos hijos y ex conviviente, Nabila Rifo Ruiz, de 28 años, ocurrida la madrugada del 14 de mayo de 2016. El caso se transformó para la Fiscalía de Aysén, el Ministerio de la Mujer y una serie de agrupaciones pro derechos femeninos en un emblema de la violencia de género: según se estableció en la condena de primera instancia, durante la agresión Ortega no sólo golpeó con piedras en reiteradas ocasiones a Rifo, quien estaba en el suelo, sino que, además, la dejó abandonada en el lugar, ubicado a escasos metros de su hogar, y regresó con un objeto cortopunzante con el que extrajo los globos oculares de la joven, dejándola ciega. Incluso, la propia Presidenta Michelle Bachelet fue a visitar a Rifo a la Posta Central, en Santiago, donde había sido trasladada debido a la gravedad de sus lesiones, y volvió a reunirse con ella tras el juicio oral, en Coyhaique. Poco después de dictarse la condena en el Tribunal Penal de Coyhaique -en un voto dividido-, Ortega contraatacó. El 15 de mayo su defensa presentó ante la Corte Suprema un recurso de nulidad para dejar sin efecto el juicio oral y volver a iniciar de cero el caso. De no producirse esta última situación se solicitaba -en su defecto- modificar la condena de 26 años por la agresión a su ex pareja. El próximo martes, a las 13 horas, se conocerá en Santiago la sentencia. Así lo dejó establecido el ministro Milton Juica cuando terminó la presentación de la defensa de Ortega y la fiscalía. El magistrado, además, tiene por misión redactar el esperado fallo. Baja de condena La complejidad del caso Rifo y el interés público que ha generado motivaron a Juica y los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm a estudiar durante dos semanas los descargos de la defensa de Ortega y del Ministerio Público, que se opone a modificar la sentencia. A comienzos de esta semana, la Sala Penal del máximo tribunal volvió a reunirse y -según conocedores de la causa- acordó el futuro del emblemático caso. Las mismas fuentes señalaron a Reportajes que la Corte Suprema no va a acoger la petición de la defensa del acusado de anular el juicio oral por vicios constitucionales y, por tanto, no ordenará que se realice otro. Sin embargo, hará una modificación sustancial en la condena de primera instancia a Ortega, que en voto de mayoría (un juez estuvo por absolver) decidió condenar al acusado a 541 días por violación de morada (en un episodio de violencia intrafamiliar anterior) y establecer dos condenas adicionales de 12 años y 180 días cada una (que suman casi 25 años). Nabila Rifo ante el Tribunal Oral de Coyhaique. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/corte-suprema-acuerda-rebajar-la-condena-al-agresor-nabila-rifo/
  13. 21 Junio 2017 Fiscalía de Ñuñoa pide condena de 300 días para Javiera Parada La ex agregada cultural de Chile en EE.UU. chocó en estado de ebriedad el pasado 16 de marzo. Ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía de Ñuñoa presentó un requerimiento para realizar un procedimiento simplificado para la ex agregada Cultural de Chile en Estados Unidos, Javiera Parada, "para los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando daños". La actriz, hija de María Estela Ortíz, amiga íntima de la Presidenta Michelle Bachelet, y de José Manuel Parada, miembro de la Vicaría de la Solidaridad asesinado en 1985 como parte del denominado "Caso Degollados", protagonizó un accidente vehícular el pasado 16 de marzo en Condell con Santa Isabel, en Providencia. Los persecutores incluyeron la alcoholemia aplicada a Parada que arrojó 1,83 gramos de alcohol en la sangre. El Ministerio Público pidió una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, que podría ser remitido, consigna La Segunda. Esto, porque la ex funcionaria gubernamental tiene la posibilidad de acceder a una suspensión condiciomal del procedimiento al no tener antecedentes previos. El vespertino señala que para optar a esto, Parada debería cumplir dos condiciones: quedar sin licencia de conducir por dos años y pagar los daños al tercero afectado en el accidente. El tribunal fijó la audiencia para el 14 de julio. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/21/fiscalia-de-nunoa-pide-condena-de-300-dias-para-javiera-parada/
  14. 16 Junio 2017 Krassnoff recibe nueva condena de siete años por homicidio calificado de Eulogio Fritz Monsalvez La misma pena recibió el agente de la DINA Basclay Zapata, mientras que otros dos ex integrantes del organismo represivo, Teresa Osorio Navarro y José Fuentes Torres, fuerobn condenados a cuatro 4 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. El ministro en visita Mario Carroza condenó a cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el homicidio calificado de Eulogio Fritz Monsalvez, ocurrido el 21 de febrero de 1975 en la región Metropolitana. El magistrado condenó a Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes a la pena de siete años de presidio por su responsabilidad como autores de homicidio calificado. Asimismo el magistrado se condenó a Teresa Osorio Navarro y José Fuentes Torres a la pena de 4 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. Eulogio del Carmen Fritz Monsalvez, conocido como el "Duro Pablo" y también como "Víctor Hugo", era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), y contaba en esa fecha 21 de febrero de 1975, con 30 años de edad, manteniéndose desde el 11 de septiembre de 1973 en la clandestinidad, al ser intensamente buscado por los agentes de seguridad. De acuerdo a lo que pudo establecer el magistrado, los integrantes de la Agrupación Caupolicán de la DINA, particularmente del grupo Halcón, que estaba encargado de la represión al MIR, lograron dar con su paradero gracias a "información recabada bajo apremio de otro militante del mismo movimiento". Fue así como lo sorprendieron en la calle Bascuñán de Estación Central, hasta donde llegó para reunirse con otros militantes del MIR: Claudio Alfredo Zaror Zaror y José Hernán Carrasco Vásquez. Cuando Fritz se dio cuenta de la irrupción de los agentes "resuelve huir y corre por la vía pública, por lo que es seguido por sus captores, entre ellos el agente Basclay Zapata Reyes, quien premunido de un arma de fuego de largo alcance le dispara una ráfaga por la espalda, impactándole una de las balas en su cuerpo y le ocasiona una herida toraco-cardio-pulmonar con salida de proyectil , que es la que finalmente le causa la muerte por anemia aguda". Carroza determinó que "la citada acción de los agentes de seguridad, es presenciada por el detenido Zaror Zaror y por Carrasco Vásquez, y en ella participan además de Basclay Zapata, los agentes Teresa del Carmen Osorio Navarro y José Enrique Fuentes Torres, que eran sus acompañantes en el vehículo que conducía el autor del disparo;" y que "dada la manera en que se desarrollaron los hechos y la planificación previa de su detención por los agentes del grupo operativo liderado por el aquel entonces oficial de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, se estima que la muerte de la víctima pudo haberse evitado, atendido los medios y el personal dispuesto para el operativo". Finalmente, se indicó que en el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 200 millones de pesos a los familiares de la víctima. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/16/krassnoff-recibe-nueva-condena-de-siete-anos-por-homicidio-calificado-de-eulogio-fritz-monsalvez/
  15. 15 Mayo 2017 Corte Suprema condena al fisco a pagar indemnización por muerte de diputado UDI Juan Lobos El fallo determina que "en septiembre de 2005, esto es, antes del accidente de tránsito materia de la demanda, se elaboró el Volumen N° 6 del Manual de Carreteras denominado "Seguridad Vial", cuyo punto 6.103.4 señala que los inspectores fiscales fiscalizan los caminos públicos y el punto 6.203.705 considera como elemento de seguridad vial los cercos que sirven como una barrera para evitar el ingreso a la faja vial de un camino" La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) a la pareja de un conductor que murió en abril de 2011 luego de que el vehículo que conducía embistiera a un caballo que ingresó a una vía no concesionada. En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Arturo Prado- estableció la responsabilidad del Fisco por falta de servicio al no establecer medidas de seguridad para evitar que animales ingresen a la carretera Q 50, vía en que murió el diputado Juan Lobos Krause, pareja de la demandante Sandra Rodríguez Durán. "Que las disposiciones legales y reglamentarias referidas deben ser interpretadas en su conjunto, de modo que el régimen jurídico de responsabilidad por daños producidos en carreteras sea visto de modo orgánico. En esa línea argumental, la responsabilidad del Fisco de Chile puede apreciarse en este caso tratándose de una vía pública no concesionada, que no contaba con cercos que impidieran el ingreso de animales a la vía, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1° y 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, recayendo en el Ministerio de Obras Públicas los deberes del planeamiento, estudio, proyección, construcción, mejoramiento y defensa de la obra pública fiscal en cuestión. En otras palabras, el Fisco es responsable de los daños causados por deficiencias viales que derivan de la omisión de esos deberes", dice el fallo. Agrega que: "si bien a la luz del artículo 160 N°11 de la Ley N°18.290, se establece la responsabilidad de los dueños u ocupantes de predios colindantes con accesos a las vías públicas, quienes deberán mantener en condiciones las cercas o puertas para evitar la salida del ganado, lo cierto es que en este juicio lo que se persigue es la responsabilidad por falta de servicio del Fisco de Chile y si se aprecia la regulación de los deberes del Ministerio de Obras Públicas que se ha expuesto en los motivos precedentes, se infiere que esa preceptiva tiene por primera finalidad suprimir las causas que originen peligrosidad a los usuarios de las obras. Esto deriva del deber de seguridad que tiene el ente fiscal de adoptar medidas para precaver daños a la vida y a la integridad física de las personas. Luego, para determinar exactamente cómo se traduce este deber en reglas concretas, corresponde examinar en este caso las disposiciones reglamentarias y técnicas sobre la materia. En particular, se dará cuenta de las normas que contiene el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, que es un documento elaborado con el objeto de establecer las políticas y uniformar los procedimientos e instrucciones en las áreas técnicas en que ésta se desenvuelve, para cumplir su función de planificar, diseñar, construir, conservar y operar las carreteras y caminos que componen la red vial del país de su tuición, junto con velar por la seguridad vial y protección ambiental". Además se afirma que: "en lo relativo a este último aspecto es necesario tener en cuenta que en septiembre de 2005, esto es, antes del accidente de tránsito materia de la demanda, se elaboró el Volumen N° 6 del Manual de Carreteras denominado "Seguridad Vial", cuyo punto 6.103.4 señala que los inspectores fiscales fiscalizan los caminos públicos y el punto 6.203.705 considera como elemento de seguridad vial los cercos que sirven como una barrera para evitar el ingreso a la faja vial de un camino, distinguiéndose en el Volumen N°3 del Manual el tipo de cerco en zona rural y zona urbana, el riesgo potencia de fauna animal y la categoría de camino de que se trata, especificándose el tipo de cerca fiscal, ordinariamente de alambre de púa para la zona rural". La sentencia del máximo tribunal establece además que: "en el análisis en concreto del estándar de conducta exigible al Ministerio de Obras Públicas, debe tenerse en consideración el nivel de riesgo de accidentes viales en la circulación de los vehículos por una zona rural, en la que el cruce de animales tiene una alta probabilidad (…) es inequívoco que pesaba sobre el Fisco de Chile el deber de seguridad en el diseño, mejoramiento, mantenimiento y defensa de la ruta, traducido en la especie en la implementación de los cierres perimetrales, considerado el riesgo de accidentes atendidos los factores que se han expuesto, obligación que como se ha visto nace de los artículos 1 y 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 en correspondencia con las pautas normativas y técnicas entregadas en el Manual de Carreteras" Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/15/corte-suprema-condena-al-fisco-a-pagar-indemnizacion-por-muerte-de-diputado-udi-juan-lobos/
  16. 18 Febrero 2017 Exlíder de Colonia Dignidad cumplirá condena en Colina 1 Desde este 18 de febrero, Karl Van Den Berg pasará 5 años y 1 día al interior del recinto penal por los vínculos entre el asentamiento alemán y la DINA. El antiguo jerarca de Colonia Dignidad, Karl Van Den Berg, ingresó a Colina 1 durante este sábado para cumplir los 5 años y 1 día de presidio efectivo dictado por la Corte Suprema, bajo el delito de asociación ilícita. Según concluyó la investigación, el asentamiento alemán y la DINA mantuvieron nexos durante la dictadura basados en un sistema de información “de archivo político, intento de intervención de los sistemas clasificados de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, registro de personas, determinadamente de detenidos políticos, algunos de los cuales fueron interrogados dentro de la ex Colonia Dignidad”. Luego de acoger el recurso de casación presentando por el Consejo de Defensa del Estado, el máximo órgano jurisdiccional también elevó las penas de cuatro años a cinco años y un día a los alemanes Kurt Schnellenkamp Nelaimischkies, Gerhard Mücke Koscchitze y a los miembros en retiro del Ejército, Fernando Gómez Segovia y Pedro Espinoza Bravo. Todos los mencionados desempeñaron labores en el enclave ubicado en la Región del Maule, fundado en 1961 por el exmilitar nazi Paul Schäfer. Fuente: http://www.theclinic.cl/2017/02/18/exlider-colonia-dignidad-cumplira-condena-colina-1/
  17. Diputados aprueban proyecto de ley que condena publicidad machista La Cámara de Diputados aprobó por 81 votos a favor y 4 abstenciones de los parlamentarios, Gustavo Hasbún (UDI), Roberto Poblete (INDP), Ernesto Silva (UDI) y Arturo Squella (UDI), el proyecto que busca sancionar la publicidad que contiene estereotipos machistas hacia la mujer. En un principio se había establecido una multa a quienes cometan estos actos según la ley que regula los derechos del consumidor, sin embargo luego de se decidió que la norma más precida es la ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, ya que permitiría sancionar un espectro más amplio de conductas. Un ejemplo de la promoción de estereotipos machistas es la publicidad de Clorox en que se asocia el uso y la compra de útiles de limpieza como “la pareja perfecta para la mujer”. También el caso de la marca Virutex, que hasta llegó a publicitar con frases del tipo “Mi marido trapea el piso conmigo y me encanta”. Frases condenables que sólo podrían hasta presentar una justificación a la violencia de género. Quienes impulsaron este proyecto son las diputadas UDI Claudia Nogueira, María José Hoffmann, Andrea Molina y Marisol Turres, RN Paulina Núñez y Marcela Sabat, y la independiente Karla Rubilar. A pesar de que la mayoría son de la UDI, las abstenciones son principalmente de ese partido. Con respecto al proyecto declararon que “no contribuye en nada a avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y menos a generar un cambio cultural para lograr en Chile una verdadera corresponsabilidad en la crianza y en las tareas del hogar, las que no son resorte exclusivo para las mujeres, entendiendo además que la publicidad de aseo no es para las mujeres sino para el hogar y su limpieza es responsabilidad de todos”. Esto representa un mínimo avance hacia una cultura menos machista, ya que este tipo de publicidad no debería ser admitida bajo ningún punto de vista y ni siquiera debió llegar a ser publicada. Cabe cuestionarse la ética de ciertos publicistas y la mirada indiferente que tienen las empresas al problema del machismo que vivimos actualmente. El proyecto modificaría la ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, señalando que “el que por cualquier medio de comunicación social, promueva a través de uno o más mensajes publicitarios, estereotipos destinados a degradar, menoscabar, vejar o discriminar a la mujer, será sancionado con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales”. Fuente : http://www.elciudada...cidad-machista/
  18. Corte confirma condena que ordenó al fisco a indemnizar a víctimas del 27-F Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/01/18/840598/Corte-confirma-condena-que-ordeno-al-fisco-a-indemnizar-a-victimas-del-27F.html El tribunal de alzada ratificó la sentencia dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil que condenó al Estado de Chile a pagar $1.840.000.000 a 74 familiares de 20 víctimas del tsunami. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $1.840.000.000 a 74 familiares de 20 víctimas del tsunami que azotó la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010. En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Fernando Carreño y Patricia González– confirmó la sentencia recurrida que condenó al fisco a pagar entre $7.500.000 y $30 millones a familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé. La sentencia del tribunal de alzada, asimismo, descarta infracción de ley en el fallo dictado por el juez Pedro García, que en abril del año pasado estableció la responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) por falta de servicio durante la emergencia. De acuerdo a la resolución de primera instancia, tanto la Onemi como el SHOA tuvieron responsabilidad en la tragedia al incumplir con los protocolos establecidos. Según detalló, el primero debió haber decretado Alerta Roja luego de haber recibido la alerta de maremoto por parte de la Armada, enfatizando que no es posible establecer que la información que se disponía en ese minuto era precaria o confusa. "Por una parte, se tenía la propia alerta de tsunami transmitida al C.A.T., y por otra, se tenía como respaldo el primer boletín del Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que alertaba de un posible tsunami en las costs chilenas, recibido en la sala SNAM a las 03:48 horas, documento que había sido remitido por el PTWC a las 06:46, hora internacional, 03:46 hora de Chile", agrega el fallo del juez Pedro García. Y enfatiza que con dichos antecedentes la Onemi debió haber emitido Alerta Roja y haberla comunicado a quienes por protocolo estaba obligada, entre ellos, a Carabineros apostados en la zona afectada. "Todo ello con la finalidad de impedir la pérdida de vidas humanas y bienes, lo que en definitiva no hizo", siendo ello una gravísima infracción a sus deberes legales. Asimismo, establece que si SHOA y la Onemi hubieran cumplido con las obligaciones que les impone la Ley, las víctimas podrían haberse salvado, lo que se traduce como falta de servicio por parte del Estado de Chile. Además, enfatiza que los hechos ocurridos esa madrugada y la serie de errores cometidos, demuestran negligencia en el actuar a las autoridades de ese entonces.
  19. 16 Diciembre 2016 Justicia española rebaja la condena a los chilenos que atentaron contra la Basílica del Pilar El Tribunal Supremo consideró este viernes que los hechos cometidos por Francisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero en Zaragoza en octubre del 2013 no deben castigarse como delitos de lesiones y de daños terroristas, sino como uno solo. Este viernes el Tribunal Supremo de España tomó la decisión de rebajar la condena de doce años a cuatro años y medio la pena de los dos chilenos terroristas, Francisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero, tras el atentado contra la Basílica de El Pilar de Zaragoza que cometieron en octubre del 2013, según afirma el portal ABC.es. Esto tras considerar que los hechos no deben castigarse como dos delitos de lesiones y de daños terroristas, sino como uno solo, aceptando el recurso de uno de los condenados. De esta manera, la justicia española tomó en cuenta que los hechos ya comprobados, debe ser un castigo por ser los autores de un solo delito en concurso ideal que compromete a los dos chilenos, además de tomar en cuenta los daños provocados por el atentado no afectaron de manera grave la Basílica. Francisco y Mónica cometieron este atentado hace aproximadamente tres años en Zaragoza, donde pusieron una bomba de butano, dos kilos de pólvora y un reloj activador que estalló y causó daños al oído de una mujer. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/justicia-espanola-rebaja-la-condena-los-chilenos-atentaron-la-basilica-del-pilar/
  20. 15 Diciembre 2016 Villa Grimaldi: Corte Suprema confirma condena por secuestro y desaparición de dirigentes sindicales en 1976 Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia recurrida que condenó a 10 años y un día de presidio a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wederoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires. Mientras que el Estado de Chile deberá pagar una indemnización total de $700 millones de pesos a los familiares de las víctimas. La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a cinco agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los dirigentes sindicales Jorge Corvalán Valencia, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976, en Santiago. En fallo dividido se confirmó la sentencia recurrida que condenó a penas de 10 años y un día de presidio a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wederoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires, todos ellos pertenecientes a la Brigada "Caupolicán". En la etapa de investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos logró establecer que los hechos ocurrieron en el centro de detención clandestino conocido como "Cuartel Terranova" o "Villa Grimaldi", ubicado en Avenida José Arrieta Nº 8200 de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana. Allí operaba un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo Director era el Coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, bajo cuya dependencia jerárquica se encontraban varios oficiales y otros funcionarios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, así como también algunos civiles. Todos ellos -ordenaron algunos y ejecutaron otros- capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas. Los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974 a Villa Grimaldi y en enero de 1975 pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago. A los detenidos se les mantenía todo el tiempo vendados, con deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento, el que no recibían durante los primeros tres días. Los lugares más característicos donde se mantenía a los detenidos se denominaban "La Torre", "Casas Chile" y "Casas Corvi". "Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción", se lee en la resolución. El Estado de Chile deberá pagar una indemnización total de $700 millones de pesos a los familiares de las víctimas. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/15/villa-grimaldi-corte-suprema-confirma-condena-por-secuestro-y-desaparicion-de-dirigentes-sindicales-en-1976/
  21. 13 Diciembre 2016 Corte Suprema condena agentes de la DINA por secuestro de menores en 1974 Se condenó a cinco años de presidio a César Manríquez Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González, Alejandro Molina Cisternas y Risiere Altez España. La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a siete agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su participación en el delito de sustracción de Claudio Venegas Lazzaro, ilícito perpetrado a partir del 10 de septiembre de 1974 en la región Metropolitana. La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia recurrida que condenó a penas de 5 años de presidio, sin beneficios, a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) César Manríquez Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González, Alejandro Molina Cisternas y Risiere Altez España. Asimismo, ratificó que los agentes Manuel Rivas Díaz y Hugo Hernández Valle deberán purgar 4 años de presidio, sin beneficios. En la etapa de investigación, el ministro en visita Mario Carroza determinó que el 10 de septiembre de 1974, el adolescente Claudio Venegas Lazzaro caminaba junto a Luis Olivares Toro por el centro de Santiago. "Ambos militantes del Partido Socialista fueron privados de libertad, sin existir orden emanada de autoridad legítima y competente que la justificase, por sujetos que vestidos de civil los condujeron hasta el Cuartel Central de Investigaciones de Chile, donde fueron interrogados, y los mantuvieron hasta el día 16 de septiembre de 1974, oportunidad en que junto con otros siete militantes de una cédula encubierta del Partido Socialista, son retirados por un funcionario de Carabineros, quien actuando por la DINA firmó la correspondiente acta de entrega de detenidos y les trasladó hasta un centro clandestino de detención, ubicado en calle Irán N° 3037, esquina calle Los Plátanos, de la actual comuna de Macul". En dicho cuartel, "(…) conocido como "Venda Sexy" o "Discoteque" por los vejámenes sexuales que allí se cometían o por encontrarse permanentemente con música a alto volumen, recinto donde además de privársele de libertad de forma ilegítima, fueron sometidos a interrogatorios y tortura, y en algunas oportunidades trasladados para recuperarlos hasta los centros de detención "Tres y Cuatro Álamos" y una vez recobrados, devueltos al centro de detención "Venda Sexy" para continuar con las interpelaciones, en fechas indeterminadas". "Desde ese momento se ignora el paradero de Venegas Lazzaro, así como la suerte que ha corrido en su salud física y síquica e integridad corporal, sin que desde su detención haya tomado contacto con familiares o amigos, ni registra salidas o entradas al país ni tampoco consta su defunción", se lee en la resolución. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/13/corte-suprema-condena-agentes-de-la-dina-por-secuestro-de-menores-en-1974/
  22. Suprema ratifica condena a ABCDIN por mantener en Dicom a clientes con deudas renegociadas Además de las indemnizaciones, la justicia declaró nulas aquellas cláusulas que le permitían a la compañía mantener en los registros de morosos a los consumidores que han renegociado sus deudas. SANTIAGO.- Tras un demanda colectiva presentada por el Sernac en febrero de 2012, la Corte Suprema ratificó la condenaa la empresa de Créditos Organización y Finanzas S.A. (COFISA), actual administradora de la tarjeta de crédito de ABCDIN, a indemnizar a los clientes que fueron mantenidos en los registros de Dicom, pese a que habían renegociado sus deudas. La multitienda justificó esa medida debido a que los consumidores firmaron un convenio de pago en el que aceptaron la repactación y/o renegociación de la deuda sin que sus antecedentes comerciales y/o financieros fueran eliminados del sistema hasta el pago de la última cuota. Tras rechazar los recursos judiciales presentados por la empresa, el máximo tribunal confirmó que infringió la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Además de las indemnizaciones para los consumidores afectados, la justicia declaró nulas aquellas cláusulas que le permitían a la compañía mantener en los registros de morosos a los consumidores que habían renegociado sus deudas, ordenó a la empresa eliminar de los registros de morosidades y protestos a los consumidores afectados y determinó el pago de una multa de 240 UTM (cerca de $11 millones). El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, valoró la determinación de la justicia, agregando que se trató de una lucha judicial que se extendió por más de cuatro años. "Cuando un consumidor repacta una deuda rigen nuevas condiciones y plazos, por lo que no se justifica que se mantenga al consumidor en ningún registro de morosidad, lo que ha quedado demostrado en esta decisión de la justicia y en otros que se han fallado recientemente", enfatizó. El Sernac detalló que para que las personas afectadas por estas medidas puedan saber si les corresponde la indemnización, la empresa deberá publicar la información en diversos medios de comunicación de alcance nacional, o llamando al call center del Sernac. www.emol.com
  23. 16 de septiembre del 2016 / 16:27 Hrs Ex senador Jorge Lavandero pide a la Corte Suprema revisar su condena Máximo tribunal evacuó traslado al Ministerio Público y decidió tramitar el caso. En su recurso, el otrora militante DC aseguró: "Estoy libre, en la tranquilidad de mi hogar, esta presentación es revivir un calvario, pero la necesidad de ser escuchado es más fuerte". La segunda sala penal de la Corte Suprema decidió tramitar un recurso de revisión presentado por el ex senador Jorge Lavandero, quien a más de una década de ser condenado por abuso sexual de menores, solicitó al máximo tribunal que anule el procedimiento abreviado en el que fue sentenciado (pena que ya está cumplida) y se realice un juicio oral en que pueda demostrar su inocencia. Según la resolución, el máximo tribunal del país proveyó la presentación del abogado Rodrigo Ávila en representación del otrora militante DC y evacuó traslado al Ministerio Público, para que respondan ante el requerimiento de Lavandero quien aseguró haber sido víctima de presiones para aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado. “Estoy libre, en la tranquilidad de mi hogar, esta presentación es revivir un calvario, pero la necesidad de ser escuchado es más fuerte”, dice en su recurso el ex parlamentario —quien actualmente tiene 85 años— y que en mayo de 2008 salió de la cárcel luego de recibir el beneficio de libertad condicional. En el líbelo de revisión de condena, Lavandero sostiene a la Suprema que en 2005 fue condenado “sin que existiera un juicio propiamente tal, sino mediante la salida alternativa del procedimiento abreviado”. En efecto, el ex parlamentario fue condenado a 5 años de presidio efectivo. A juicio de él y su defensa existen antecedentes nuevos y pese a que la condena ya está ejecutoriada y ya es “cosa juzgada”, asegura que necesita corregir por su honra la sentencia definitiva que existe a su respecto y que lo marcó de por vida. Consultado por La Tercera por la resolución de la Sala Penal que da inicio a la tramitación de esta revisión, su abogado Roberto Ávila aseguró: “Esto viene en abrir paso a una legítima aspiración del ciudadano Lavandero a ser sometido a un juicio. Él fue condenado en un procedimiento abreviado, en donde no pudo defenderse de las acusaciones, procedimiento legal, pero que él nunca consintió, por lo cual se cometió una monumental injusticia”. No quiere morir con esta sentencia “Soy una persona de 85 años, como se aprecia, la mayor parte de mi vida ya ha transcurrido. Pasé años en prisión, fui objeto del escarnio público bajo la imputación de uno de los delitos más deleznables que se pueda concebir, el abuso sexual de niños y se me privó de mi membresía en el parlamento chileno que tuve por ocho periodos”, parte diciendo en su recurso. En ese sentido, Lavandero explica que “los mayores sufrimientos que pudiera acarrear una situación como la que me ha tocado vivir ya forman parte del pasado. Todo debería indicarme la pasividad junto a mi familia, pero vuelvo a un tribunal, con todas las inquietudes y zozobras que ello implica, en la esperanza de la justicia; es imposible para quien ha sufrido una injusticia de esta magnitud mantener la pasividad de espíritu y resignarse a morir con un injusto baldón a cuestas”. El propósito, asegura el ex senador, es limpiar su nombre. “Soy completamente inocente de aquello por lo cual se me condenó. En estricto rigor nunca fui sometido a un juicio, un proceso contradictorio donde pudiera exponer mis argumentos y pruebas y valorar la de los que me acusan. Fui condenado, contra mi voluntad y en ausencia en un procedimiento abreviado, que es una salida alternativa y no un juicio. Esta salida alternativa es legítima pero con el asentimiento libre e informado del imputado, cosa que no ocurrió”. En ese sentido, Lavandero acusa que su entonces abogado Matías Balmaceda le insistió que aceptara un procedimiento abreviado a cambio de una pena más baja.“Yo quería un juicio donde aún un abogado sin mayor destreza y a partir de la realidad de lo ocurrido podía obtener mi absolución. Se pidió por el fiscal y se aceptó por la juez una suspensión de audiencia de preparación con el evidente fin que se me convenciera del procedimiento abreviado. Esto da cuenta del interés de la fiscalía por el procedimiento abreviado, el único que quería juicio oral era yo”, dice. Según él siempre se mantuvo firme en que se negaría al procedimiento abreviado. “A pesar que prensa me acorralaban de un modo feroz poniendo cualquier muestra de solidaridad o consejo bien intencionado bajo amenaza. El día 20 de junio de 2005 mi abogado Matías Balmaceda fue a mi departamento para que compareciéramos a una audiencia que era continuación de otra que se había convocado como audiencia de preparación del juicio oral. La anterior no se había podido realizar porque mi abogado no tenía clara sus pruebas. Me encontraba en un estado de desesperación, pero firme en no aceptar hechos que no he cometido”, asegura. Entonces recuerda, “cuando la juez me interrogó si aceptaba el procedimiento libre y voluntariamente le señalé en tres oportunidades que estaba bajo presión, incluso se debatió sobre que se entendía por presión. Era evidente que había una voluntad de condenarme, pues se siguió adelante”. Y asegura: “en ningún tribunal chileno un procedimiento sigue adelante con esa respuesta, es más hay magistrados que incluso interrogan al imputado sobre que les explicó su abogado de este procedimiento, y estas preguntas que irrumpen en la intimidad de la relación abogado/cliente son justificadas por el bien infinitamente superior que una persona no este aceptando una responsabilidad, que lo llevara a la categoría de delincuente, sin estar actuando libre, consciente y voluntariamente”. Ahora será la fiscalía de Temuco la que deberá responder a la Suprema respecto a las ilegalidades que denuncia el ex senador. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/09/674-696934-9-a-una-decada-de-su-juicio-el-ex-senador-lavandero-pide-a-la-suprema-revisar-su.shtml
  24. 17 de agosto del 2016 / 09:20 Hrs Caso Pisagua: dictan condena contra siete ex uniformados Los militares en retiro fueron condenados por el secuestro calificado de tres personas y el homicidio de otras ocho. Este miércoles, el ministro en vista Mario Carroza dictó condena contra siete militares en retiro, en el marco del denominado caso Pisagua. Los ex uniformados fueron declarados culpables por el secuestro calificado de tres personas y el homicidio de otras ocho. Se trata del secuestro de los prisioneros políticos, Miguel Nash Saez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal y los homicidio calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa. En esa línea, el magistrado condenó a Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autores de los 3 delitos de secuestros calificados y los 8 delitos de homicidio calificado. En tanto Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron condenados a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres delitos de secuestros calificados y los homicidios calificados de las víctimas Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi. Además Miguel Aguirre Álvarez fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres casos de secuestros calificados, cometidos a partir del 29 de septiembre de 1973. En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de $ 510.000.000, por el daño moral producido a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas. Aca pueden ver condena: http://static.latercera.com/20160817/2324224.pdf Fuente: http://foros.fotech.cl/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=18
  25. 12 de agosto del 2016 / 15:55 Hrs Asesinan con varios disparos a concejal oficialista en Venezuela Shelley Guilarte, de 43 años, fue abordada la noche del jueves por un hombre armado que ingresó a su vivienda en la localidad de Cagua. Una concejal oficialista murió tras recibir varios disparos en su vivienda en el estado venezolano de Aragua, informaron el viernes las autoridades. La concejal Shelley Guilarte, de 43 años, fue abordada la noche del jueves por unhombre armado que ingresó a su vivienda en la localidad de Cagua y le disparó en varias oportunidades, indicó la Fiscalí­a General en un comunicado que difundió en su página de internet. Guilarte falleció poco después en un hospital de la ciudad central de Maracay, en Aragua. El Ministerio Público y la policí­a judicial iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento detalles sobre el móvil del asesinato. Venezuela es uno de los paí­ses más violentos del mundo con una tasa de homicidios que según registros de la Fiscalí­a General cerró 2015 en 58 por cada 100.000 habitantes, pero que de acuerdo con estimaciones de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia alcanzó una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/08/678-692385-9-asesinan-con-varios-disparos-a-concejal-oficialista-en-venezuela.shtml
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